La Audiencia Nacional anula la sanción a Intereconomía por homofobia

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El tribunal considera que la multa impuesta por el Gobierno vulnera la libertad de expresión y el derecho de crítica del medio. La cadena asegura que se criticó la asistencia a un acto festivo, no la identidad sexual.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha declarado nula la sanción del Ministerio de Industria que condenaba a Intereconomía a pagar 100.000 euros por la emisión de un spot promocional que cuestionaba que el Día del Orgullo Gay fuese subvencionado con fondos públicos. El vídeo, que fue emitido 273 veces entre julio y septiembre de 2009, reproduce imágenes de homosexuales junto al eslogan “Un día del orgullo gay. 364 de orgullo de la gente corriente”.

La denuncia formulada por el Consejo Audiovisual de Andalucía fue admitida a trámite por Industria, que consideró “ilícita” la campaña por considerar que va en contra de lo que establece la ley, donde se afirma que “la publicidad televisiva no puede atentar contra el debido respeto a la dignidad de las personas o a sus convicciones religiosas y políticas ni discriminarlas por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad y opinión”.

Intereconomía recurrió asegurando que “el anuncio de autopromoción suponía únicamente una crítica a un preciso acto festivo que no resulta ser representativo de la totalidad de los homosexuales, sino de un grupo de personas que está enfrentado con otros en lo que se refiere a la celebración del Día del Orgullo Gay”, según explica en su página web.

Esta nueva sentencia prima “el carácter prioritario que ostenta la libertad constitucional de opinión y más aún cuando es formulada por un medio de comunicación” apoyándose en el artículo 20 de la Constitución. La Audiencia sostiene que “no toda crítica o percepción negativa entraña por sí sola discriminación” y añade que si el Estado de Derecho acepta este precepto, “los contenidos de la libertad de expresión y el derecho a la crítica quedarían reducidos hasta su virtual desaparición”.

Intereconomía ha considerado esta resolución como el “triunfo de la libertad de expresión”. Juan José Aizcorbe, el director general jurídico de la cadena, ha reconocido que su principal preocupación no eran los 100.000 euros de multa, sino que dentro de las concesiones de las cadenas de televisión, tener una sanción puede implicar la no renovación de la licencia. “No hemos vulnerado ningún derecho y reseñamos que por encima de una decisión política ha sobrevenido una decisión con todo el peso de la ley”, ha defendido Aizcorbe. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales ha expresado en un comunicado que “la Justicia ha actuado desproporcionalmente, con una arbitrariedad clara, cuando antepone el derecho a la libertad de expresión de esta televisión privada pero no el de las personas”. La organización ve un clara discriminación por orientación sexual e incitación a través de las imágenes y mantienen que Intereconomía desprestigia a su colectivo.

Los transexuales se manifiestan en Barcelona contra su discriminación

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La Vanguardia

La marcha coincide con el primer Congreso de Identidad de Género y Derechos Humanos que se celebra en la ciudad

Las transexuales piden que se les deje de considerar enfermas

Las transexuales piden que se les deje de considerar enfermas – Esta es la reivindicación que ha unido en una manifestación a activistas de todo el mundo. La protesta ha sido organizada por la Red Internacional por la Despatologización de Identidades Trans. Leer más: http://www.lavanguardia.com/vida/20100605/53940165884/los-transexuales-se-manifiestan-en-barcelona-contra-su-discriminacion.html#ixzz3d9UtXdop Síguenos en: https://twitter.com/@LaVanguardia | http://facebook.com/LaVanguardia

Barcelona. (EFE).- Unas 200 personas, según la Guardia Urbana, han participado  en una manifestación contra la “patologización” de la transexualidad, coincidiendo con la celebración en Barcelona del primer Congreso de Identidad de Géneor y Derechos Humanos.

Transexuales de todos los continentes y representantes de países en los que la transexualidad se castiga con la pena de muerte, como Uganda o Kenia, han participado esta semana en Barcelona en el Primer Congreso Internacional sobre Identidad de Género y Derechos Humanos. Human Rights Watch y los ministerios de Igualdad y Asuntos Exteriores de España, Francia, Reino Unido, Países Bajos y Noruega han estado presentes en esta primera conferencia mundial promovida por personas transexuales con el objetivo de reunir y dar voz a un colectivo escasamente representado en la sociedad.
La activista transexual y miembro de la Red Internacional por la despatologización de la transexualidad, Juana Ramos, ha recordado: “con la Ley de Identidad de Género dimos un gran paso adelante, pero todavía se nos discrimina a la hora de acceder al empleo y también para acceder a la vivienda”.

La manifestación formaba parte de la campaña para que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) dejen de considerar la transexualidad como una enfermedad. Asimismo, exigen al gobierno español la eliminación del diagnóstico de “disforia de género” y la medicalización como requisitos para acceder al cambio de nombre y mención de sexo legal, regulado en la ley de identidad de género aprobada en 2007.

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Cuatro jóvenes son juzgados por insultar y amenazar a un transexual y a su novio

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Noticia publicada en La Opinión Coruña

“Me llamaron maricón y travesti de mierda”, declaró la joven . “Puede ser que le dijese ‘Manolo’ por si se llamaba así, pero no me acuerdo”, alegó uno de los acusados en la vista

Un transexual y su novio aseguran que tuvieron que soportar todo tipo de insultos y amenazas cuando hace un año pasaron delante de un grupo de adolescentes que estaban con sus motos en la calle Europa, en la zona de Os Mallos. Dos de los cuatro acusados, que no conocían a la pareja, reconocieron que profirieron insultos, pero negaron las amenazas. “Pasó por allí y alguien le dijo ‘Manolo’. Fue uno de nosotros, pero lo hizo con voz de burla, por eso no sé quién fue”, declaró uno de los sospechosos durante el juicio, celebrado ayer

 TANIA SUÁREZ | A CORUÑA “El único problema que tienen conmigo es que soy transexual. No los conozco de nada. Ese día salí a pasear con mi novio y cuando estábamos llegando a una tienda me empezaron a insultar. Me llamaron maricón, travesti de mierda, me dijeron que tenía el culo abierto…”, contó ayer durante el juicio una joven transexual que denunció a cinco adolescentes, entre ellos una chica, por perseguirla a ella y a su pareja, amenazarlos e insultarlos el año pasado en la calle Europa, en el barrio de Os Mallos.

En el banquillo de los acusados solo se sentaron los cuatro chicos sospechosos de agredir verbalmente a la joven y a su novio. Dos de ellos admitieron que insultaron a las víctimas, mientras que los otros negaron los hechos. “Pasó por allí y alguien la insultó, le dijo ‘Manolo’. Fue uno de nosotros, pero lo hizo con voz de burla, por eso no sé quién fue”, reconoció unos de los acusados.

“¿Por qué le llamaron así? Está acreditado que no se llama así y en su DNI no figura. No consta en ningún documento que obedezca a semejante término. Me explica qué significa”, le dijo al imputado la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña. “Una falta de respeto, supongo. Fue un nombre de hombre”, respondió el denunciado, que contó que le había llamado “travesti”, “maricón de mierda” y “cosas así”, pero negó que la amenazase con “rajarla”. El adolescente afirmó que se fue antes de que llegase la policía para evitar “problemas”.

Otro de los imputados afirmó que llegó al lugar de los hechos cuando estaban los agentes y que no recordaba nada. “Si hubiese estado allí puede ser que le dijese ‘Manolo’, pero no me acuerdo. Lo dije por si se llamaba así”, indicó el adolescente. La víctima aseguró que le pidió a la dependienta de la tienda delante de la que presuntamente sucedió la trifulca que acudiese como testigo al juicio, pero que prefirió no hacerlo. “Me dijo que los dejara, que no me metiera en problemas porque siempre andaban metidos en follones y que no los daba sacado de allí”, declaró la perjudicada, quien indicó que el día de los hechos los jóvenes estaban con sus motos en la puerta del establecimiento. “Estaban como si fuese un botellón, pero de día”, aseguró.

La víctima afirmó que los acusados provocaron un gran revuelo en el barrio. “La gente se asomó a las ventanas para mirar del follón que había”, relató al tiempo que recalcó que los adolescentes la persiguieron. “No volví a esa tienda por miedo. Venían todos como una avalancha. Uno me dijo que tenía antecedentes y que como llamase a la policía y sus padres no lo dejasen salir por la noche me iba a rajar”, señaló.

Uno de los sospechosos testificó que la policía los paró y los registró “como muchas veces”. El imputado, que está en un centro de menores, dijo que los agentes suelen “parar” a su pandilla de amigos “por rutina”.

El novio de la víctima aseguró que él también sufrió los insultos de los acusados. “Me dijeron maricón, que tenía el culo abierto y que me iban a rajar. Nosotros cogimos y nos fuimos, pero como veíamos que la cosa se agravaba, por miedo, llamamos a la policía”, relató el denunciante.

“Les insulté, vale, pero eso que dice que fui hacia ella a pegarle es mentira”, indicó uno de los adolescentes. Dos de ellos negaron haber participado en los hechos, mientras que los otros solo admitieron los insultos, no las amenazas. Al finalizar el juicio uno de los acusados utilizó su derecho a la última palabra y dijo: “Lo de las amenazas es una gilipollez”.

“Lo de la gilipollez se lo guarda. Utilice otros términos”, le interrumpió la juez, que constantemente tuvo que llamar la atención de los sospechosos porque no respetaban el turno de palabra. “Si nos mira o nos conoce sabría que jamás le diríamos si llama a la policía mi mamá me va a pegar. Eso no es normal. No es normal que denuncie a cuatro personas por llamarle ‘Manolo”, subrayó el joven en tono burlesco, por lo que fue, una vez más, llamado al orden por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña.

Los denunciantes solicitaron la condena de los cuatro acusados, mientras que los adolescentes pidieron su absolución. Ninguna de las partes acudió con abogado al juicio, celebrado ayer por la mañana en Instrucción 3.

¿El primer homosexual prehistórico?

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Hallado en la República Checa

En la República Checa han descubierto el cuerpo de un hombre -que se remonta al 2.900 ó 2.500 antes de Cristo- en una forma normalmente reservada a las mujeres de la cultura de la cerámica, que vivieron durante la etapa de la Edad del Cobre.

El esqueleto fue encontrado en un suburbio de Praga, en la República Checa, con la cabeza apuntando hacia el este y rodeado de utensilios domésticos, un ritual que anteriormente sólo se había descubierto en tumbas femeninas.

“Por la historia y la antropología sabemos que las personas de este período se tomaban los rituales funerarios muy en serio por lo que es muy probable que no se trate de un error el hecho de encontrarle en esa posición” ha dicho la coordinadora del equipo de arqueólogos que ha realizado el descubrimiento, Kamila Remisova Venisova, en declaraciones recogidas por el diario británico ‘The Telegraph’.

“Lo más probable es que se tratara de un hombre con una orientación sexual diferente, un homosexual o un transexual”, añadió.

De acuerdo con la cultura de la cerámica, que comenzó en la tardía Edad de Piedra y culminó en la Edad de Bronce, los hombres eran tradicionalmente enterrados hacia el lado derecho, con sus cabezas apuntando hacia el oeste, y las mujeres hacia su lado izquierdo con sus cabezas apuntando hacia el este. Ambos sexos colocados en posición de cuclillas.

El Supremo investiga la gestión de EB por un «agujero patrimonial» de 14 millones

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Exdirigentes de la Cámara de la Propiedad de Bizkaia denuncian la actuación del anterior Gobierno Vasco

Dirigentes de la extinta Cámara de la Propiedad Urbana de Bizkaia denuncian que las irregularidades del proceso de disolución del organismo superan «con creces» las anomalías desveladas hasta ahora. En concreto, subrayan que el proceso de liquidación que ejecutó el Departamento de Vivienda del anterior Gobierno Vasco -que se desarrolló durante tres años- coincidió con una «brutal descapitalización» de la entidad, que pasó de disponer de un «patrimonio propio de unos 13,8 millones de euros» en 2006 -momento en el que fue intervenida por la consejería que dirigía Javier Madrazo junto a las cámaras guipuzcoana y alavesa- a contar con unas pérdidas que rondaban el medio millón de euros. Es decir, un «desfase contable» que ronda los 14 millones de euros. Los antiguos gestores del organismo han llevado el caso a los tribunales y están a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo.
La Cámara vizcaína contaba en 2005, a efectos contables, con un patrimonio superior a los 7 millones de euros, según un informe pericial al que ha tenido acceso este periódico. Dentro del apartado de activos figuraban cuentas financieras de unos 6 millones de euros y los edificios que formaban parte de los bienes de la sociedad. Entre estos últimos, figura la histórica sede del organismo, de casi 2.500 metros cuadrados. Situado en pleno centro de Bilbao, la Cámara valoró el inmueble en términos de contabilidad en unos 500.000 euros, pero su valor de mercado puede rondar los 10 millones de euros.
En marzo de 2007, una nueva auditoria elevó el patrimonio conjunto de la sociedad hasta los 8 millones, que se convertían en 17 millones en función de los valores de mercado. El conflicto se desató a la hora de delimitar los bienes propios de la Cámara -que «deberían corresponder al conjunto de los vizcaínos» aunque fuesen gestionados por el Gobierno Vasco una vez liquidada la institución- y los activos que debían pasar automáticamente a engrosar las arcas de la Hacienda general vasca.
Historia centenaria
El anterior Ejecutivo autonómico estableció que la entidad arrastraba pérdidas en sus fondos propios de 500.000 euros y, en este sentido, decretó que todos los activos -valorados en 15 millones- debían ser transmitidos directamente al Ejecutivo, ya que entendía que habían sido generados a cargo de las cuotas obligatorias que abonaron los ciudadanos. Absolutamente «perplejos» por aquella decisión, los exdirigentes de la Cámara decidieron recurrir a los tribunales. Consideran que 13,8 de esos 17 millones forman parte de los fondos propios generados por el organismo durante su centenaria historia.
A la hora de denunciar la «descapitalización de la entidad», los antiguos gestores protestaron por una serie de gastos realizados entre 2006 y 2007 -cuando el exdelegado de Vivienda Txema Gonzalo estaba al frente de la liquidación- que «no se deberían haber imputado» a las arcas de la Cámara. Entre los mismos citaron pérdidas de 1,5 millones de euros que se produjeron por nuevas contrataciones de personal como la de Jon Alonso, que fue fichado por Gonzalo para ocuparse de la «gestión administrativa» de una entidad teóricamente extinta y en cuya cuenta han aparecido más de 100.000 euros.
También denuncian pagos «injustificados», como los complementos salariales realizados al fondo de pensiones Biharko cuando «ya habían sido abonados antes de la intervención». Y censuran que el informe encargado por Vivienda incluye la sede de la asociación dentro de las propiedades adquiridas con cargo a las aportaciones obligatorias, cuando «fue donado en 1903 por los López de Letona». «Es absolutamente injusto que el resultado de una actuación pública repercuta en el patrimonio de la Cámara», concluyen.

Gonzalo excusó el cierre de la Cámara de Vizcaya en vacaciones y deudas domiciliadas

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La existencia de “débitos domiciliados” en la cuenta de la Cámara de la Propiedad Urbana de Vizcaya fue una de las razones o excusas aducidas por José María Gonzalo para mantener operativa esa entidad más de tres años después de que un decreto del Gobierno al que representaba estableciera su extinción. Gonzalo era delegado territorial del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales en Vizcaya y en su condición de tal fue comisionado por el consejero Javier Madrazo para finiquitar la Cámara.

Lejos de ello, se embarcó en una operación que nadie entiende, ni quienes le conocen y le atribuyen una honestidad fuera de duda, ni quienes, conociéndole o no, consideran que su condición de jurista -es letrado del Gobierno- le hacía conocedor de lo que estaba haciendo y de sus eventuales consecuencias. Todos dan por hecho que no se ha lucrado personalmente, y fuentes vinculadas entonces a EB dan por hecho que los responsables de la organización y del departamento debieron extrañarse del modo en que se estaba financiando una película producida por un servicio del Gobierno, Berdindu. Por ejemplo, de que no hubiera recurrido a las ayudas que ofrece el Departamento vasco de Cultura y más tratándose de un rodaje en euskera.

Según consta en la documentación que obra en el Gobierno, Gonzalo envió a finales de abril de 2009 -el decreto de extinción data de enero de 2006- un escrito al director de Finanzas del Ejecutivo, dependiente del Departamento de Hacienda, que dirigía la también vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia. En él expresaba la “imposibilidad” de cerrar la cuenta corriente y prometía enviar “en breve” una información “más detallada y precisa (…) con vistas al cierre definitivo (…)lamentando habernos retrasado en su elaboración da causa del paréntesis vacacional”. Gonzalo respondía a un requerimiento de principios de ese mismo mes, uno después de celebradas las elecciones autonómicas que originaron el relevo del Gobierno tripartito de Juan José Ibarretxe. En él se le pidió el cierre de las cuentas y el traspaso de los saldos a la Tesorería General del País Vasco. Con anterioridad, el delegado de Vivienda en Vizcaya había sido ya emplazado desde la Oficina de Control Económico (OCE) en dos comunicaciones distintas para que liquidara la Cámara y enviara a la OCE relaciones de cobros y pagos, extractos bancarios y otra documentación.

A la llegada del nuevo Gobierno de Patxi López, en mayo de 2009. y con la exploración de los departamentos para su reorganización el responsable de Vivienda se encontró con la Cámara sin liquidar y la de Empleo y Asuntos Sociales con una nómina que se pagaba a un empleado en ella. El 10 de noviembre el Ejecutivo destituyó a Gonzalo y encargó la auditoría.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Viernes, 1 de abril de 2011

Txema Gonzalo evitó cerrar la cuenta en la que operaba aunque se lo exigió el Gobierno

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Txema Gonzalo, el ex alto cargo del departamento de Vivienda encabezado por Javier Madrazo implicado en un presunto desvío de fondos públicos procedentes de la liquidación de la extinta Cámara de la Propiedad Urbana de Vizcaya, mantuvo abierta la cuenta bancaria de la entidad de derecho público a pesar de haber recibido hasta tres requerimientos por escrito del director del la Oficina de Control Económico (OCE) del Gobierno vasco y del responsable de Finanzas del Ejecutivo para que procediera a su cierre y al traspaso de los fondos a la Tesorería General del País Vasco.
En una auditoría posterior, la OCEdescubrió un ‘agujero’ de casi 450.000 euros en ese depósito, de los cuales más de 100.000 aparecieron en poder de Jon Alonso –un trabajador contratado por Gonzalo para la gestión del organismo que debía liquidar– y otros 330.000 se destinaron a pagos sin destinatario conocido. Gonzalo, actual asesor jurídico del Ejecutivo aunque con un expediente disciplinario en curso, aseguró a la OCEque las cantidades ‘extraviadas’ se destinaron a financiar la película ‘Ander’, que también contaba con la subvención de Berdindu, el servicio público de apoyo a gays y lesbianas que él mismo dirigía desde la adjudicataria Aukeratu. No obstante, la OCEha acreditado la realización de obras en la sede bilbaína de la Cámara, ubicada en la esquina de Colón de Larreátegui con Ercilla, y, según desveló ayer ELCORREO, Gonzalo cargó a esa cuenta el coste de un viaje para dos personas al Festival de Cine de Diversidad Sexual que se celebró en Montevideo (Uruguay) en 2006.
Los apremios del director de la OCEa Gonzalo para que consumase la liquidación del patrimonio de la Cámara y cerrase sus cuentas se remitieron el 29 de enero y el 19 de febrero de 2009, sin obtener respuesta, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. El 8 de abril del mismo año el responsable de Finanzas insistió en la petición. El 22 de abril el delegado de Madrazo asegura que le ha sido imposible cerrar la libreta de la BBK «por la existencia de débitos domiciliados» y se excusa por no haber enviado «una información más detallada y precisa del estado de situación (…) con vistas al cierre definitivo del proceso de liquidación» debido «al paréntesis vacacional» de Semana Santa.

Un excargo de Madrazo usó fondos públicos para viajar a Montevideo

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Txema Gonzalo, que se ha dado de baja de EB, utilizó 2.500 euros de la Cámara de la Propiedad en un viaje a Uruguay a un festival de cine gay

Serafín Llamas y Txema Gonzalo, en el festival.

Serafín Llamas y Txema Gonzalo, en el festival.

El delegado en Vizcaya del Departamento de Vivienda del anterior Gobierno Vasco, Txema Gonzalo, usó unos 2.500 euros del patrimonio de la Cámara de la Propiedad Urbana vizcaína para viajar con otra persona a Montevideo (Uruguay), donde acudió en septiembre de 2006 a un festival de cine sobre la diversidad sexual y de género denominado ‘Llámale H’. Un certamen que se prolongó durante una semana y al que también acudió como invitado Serafín Llamas, actual portavoz de la Presidencia de Ezker Batua vinculado al sector afín al exconsejero Javier Madrazo. Gonzalo comunicó ayer a Ezker Batua su «baja voluntaria» en el partido «como militante de base» hasta que se aclaren las supuestas irregularidades que se le atribuyen.
Según un documento al que ha tenido acceso este diario, Gonzalo remitió una factura a la Cámara de la Propiedad de Vizcaya -en un momento en el que formaba parte del organismo público, que se encontraba en fase de liquidación, como delegado del Departamento de Vivienda- por 2.539,92 euros en concepto de «gastos de viaje personal». Para justificar el libramiento de fondos, aportó un escrito de una agencia de viajes en el que aparecen algunos de los gastos realizados. Entre los mismos figuran billetes de avión para dos personas con el trayecto Bilbao-Montevideo, con una escala intermedia en Madrid. Cada uno de estos boletos, fechados el 6 de septiembre, costó más 975 euros. En la misma factura se incluye la estancia, en concepto de alojamiento y desayuno, en una habitación de hotel para dos personas por 422 euros, además de una serie de pequeños gastos de gestión.
En el propio programa del festival de cine celebrado en Montevideo, en el que se proyectaron 12 largometrajes, 27 cortos y 10 documentales, se incluye a Gonzalo y a Llamas dentro del grupo de «invitados extranjeros». Al primero se le presenta como «licenciado en Derecho, delegado territorial de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco» en Vizcaya y director de Berdindu, «el servicio vasco de atención a lesbianas, gays y transexuales». Respecto al currículo de Llamas, los organizadores citan su licenciatura en Ciencias de la Información. Subrayan que forma parte de la junta directiva de la asociación de apoyo al colectivo homosexual Hegoak -una de las más representativas de Euskadi – y recuerdan que es «responsable de la comisión Zinegoak», el festival internacional de cine gay-lesbo-trans de Bilbao.
El cargo realizado por Gonzalo a las arcas de la Cámara de la Propiedad vizcaína se realizó en un momento en el que el organismo se encontraba en fase de liquidación, en virtud del decreto 15/2006. De hecho, Gonzalo fue nombrado por Javier Madrazo como delegado del Departamento de Vivienda en la propia Cámara. Su función se limitaba a liquidar el patrimonio de la entidad pública, que debía pasar a engrosar de forma automática las arcas de la Hacienda general vasca.
Investigación judicial
Se da la circunstancia de que los actuales gestores del Ejecutivo autonómico han remitido a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia un informe interno que revela supuestas irregularidades en la liquidación de la Cámara de la Propiedad. Estas anomalías en la gestión fueron desveladas por una auditoría encargada de oficio por la Oficina de Control Económico (OCE) sobre el proceso de extinción del organismo.
Los auditores hallaron un ‘agujero’ de 444.345 euros. De esta cantidad, 332.826 euros se han destinado a pagos sin destinatario conocido y 106.653 euros han aparecido de forma injustificada, según ha acreditado la BBK, en la cuenta de bancaria de un trabajador -Jon Alonso- contratado por Gonzalo, que también autorizó gastos no atribuibles a la Cámara. Entre los mismos, se financió ‘Ander’, una película de temática homosexual que también recibió fondos de Berdindu.

El Gobierno contrató a Aukeratu al mes de asumir Gonzalo su dirección

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ETB y Vizcaya subvencionaron el film al que presuntamente derivó fondos

El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del último gobierno tripartito contrató a la asociación asistencial Aukeratu para que prestara para el servicio Berdindu las labores de asesoramiento a homosexuales apenas un mes después de colocarse al frente de la misma el delegado provincial del departamento en Vizcaya, José María Gonzalo Esnal. La junta directiva de esa asociación adoptó el acuerdo de designarle en febrero de 2007 y poco después Aukeratu -constituida apenas un año antes- fue elegida por el Gobierno como adjudicataria de los servicios de Berdindu.

Tanto Gonzalo como Jon Alonso Hornes, la segunda persona a la que menciona el Ejecutivo vasco en el informe enviado a la fiscalía por el supuesto desvío de los fondos de la extinta Cámara de la Propiedad Urbana de Vizcaya acudieron ayer a sus puestos de trabajo con normalidad, pese a la comunicación hecha el día anterior por la consejera y portavoz, Idoia Mendia, sobre la la apertura de un expediente disciplinario a cada uno. A una cuenta de Alonso fueron 106.000 euros de los 440.000 desaparecidos.

Este empleado público excusó ofrecer su versión de los hechos en conversación telefónica con este periódico. “No voy a hacer ninguna declaración ni ningún comentario”, sobre los distintos datos que constan en la denuncia del Gobierno a la fiscalía, indicó, siguiendo, según dijo también, el consejo de su abogado, en cuyas manos afirmó haber dejado todo el asunto.

Tampoco fue posible hablar con el ex consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, ni con el director de servicios del departamento, y actual parlamentario, Mikel Arana. Este último se remitió al comunicado que Ezker Batua hizo público. En él se informó de que Gonzalo remitió ayer mismo por la mañana una carta a la organización dándose de baja voluntariamente en ella en tanto se aclaran los hechos que se le atribuyen. EB aclaró también que Jon Alonso Hornes no ha pertenecido ni está actualmente afiliado a la formación, por lo que no ha mantenido ninguna vinculación con ella. En relación con los hechos denunciados por el actual Gobierno, Ezker Batua apeló al respeto a la presunción de inocencia, desde el respeto a la presunción de inocencia, y dejó manifiesto su convencimiento de que “la honestidad y la transparencia deben ser siempre los ejes de la actividad pública”. Por ello, pidió también a la Justicia que investigue los hechos denunciados por el Ejecutivo y “depure, si ese fuera el caso, las responsabilidades que puedan derivarse de los mismos”.

En relación con la financiación de la película, esta contó con subvenciones y ayudas de ETB y de la Diputación de Vizcaya. La televisión vasca, en un contrato suscrito por su anterior director, Bingen Zupiria, compró a la producción los derechos de emisión de la película durante de diez años. Por ese concepto se añadieron 55.000 euros a su financiación. La Diputación de Vizcaya puso otros 20.000 desde la dirección de Igualdad y Derechos ciudadanos, según confirmaron fuentes oficiales de la institución.

La película tuvo, al parecer, un presupuesto modesto, algo por encima del medio millón d euros, lo que lleva a suponer que el resto de los pagos pudieran haberse efectuado con cargo al saldo de la cuenta de la Cámara de la Propiedad Urbana que Gonzalo tenía orden de liquidar e ingresar en las arcas de la Hacienda del Gobierno. En lugar de ello, suscribió un contrato para adelantar dinero para la película a Aukeratu, para su posterior devolución, siendo él mismo el responsable tanto de la entidad que ponía el dinero como de la que lo recibía. Y ejerciendo además como productor ejecutivo del film, una tarea para la que no tenía preparación alguna, algo que acusó la producción, según personas conocedoras de ella.

Sorprendentemente, la película no recibió un solo euro del Departamento de Cultura, según aseguraron fuentes oficiales, pese a que es el encargado de otorgar las subvenciones al cine. Más aún tratándose de una de las escasas películas que se ruedan en euskera. También el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales aseguró que no proporcionó financiación alguna a la producción.

ÓRDENES IGNORADAS

– Enero de 2006. El Gobierno decreta la extinción de las Cámaras de la Propiedad Urbana vascas y fija sus condiciones, con un cambio parcial en ellas en 2007. Ambos decretos llevan las firmas preceptivas del lehendakari, Juan José Ibarretxe, la consejera de Hacienda, Idoia Zenarruzabeitia, y el consejero de Vivienda, Javier Madrazo.

– Octubre de 2007. Acaba el inventariao de bienes y en mayo de 2008 lo aprueba Idoia Zenarruzabeitia. Ordena a su vez al director de Patrimonio y Contratación, dependiente de Hacienda, y a los delegados de Javier Madrazo en las Cámaras que procedan a “la inscripción, titulación o ingreso de los bienes y derechos” de estas en favor de la Administración vasca

El Gobierno acusa a altos cargos de Madrazo de malversar medio millón

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El Ejecutivo traslada la auditoría realizada a la fiscalía y al Tribunal de Cuentas

Casi un año después de que saliese a la luz el caso Margüello, las supuestas irregularidades en adjudicaciones de Osakidetza, el Gobierno acordó ayer remitir a la fiscalía y al Tribunal de Cuentas otra actuación del tripartito de Juan José Ibarretxe, esta vez relativa a la Cámara de la Propiedad Urbana de Vizcaya. Una auditoría externa ha descubierto que durante su proceso de extinción desapareció cerca de medio millón de euros.

Un decreto aprobado en enero de 2006 abrió el proceso de liquidación de estas entidades, que se encargó de realizar el Departamento de Vivienda, a cuyo frente estuvo Javier Madrazo, entonces también coordinador general de EB, durante los dos últimos Ejecutivos de Ibarretxe.

Madrazo comisionó para ello a los tres delegados provinciales de la consejería, cargo que ocupaba José María Gonzalo Casal en Vizcaya. En Álava y Guipúzcoa el proceso se completó con diligencia, pero el encargado de la liquidación de Vizcaya operó en sentido opuesto. La auditoría concluye que contrató personal, realizó obras en la sede de la Cámara -en la esquina de las calles de Ercilla y Henao, en el centro de Bilbao- y trasladó allí los servicios de Berdindu -atención a gais, lesbianas, bisexuales y transexuales- que el Ejecutivo había subcontratado con la sociedad asistencial Aukeratu. El delegado de Vivienda en Vizcaya era además el administrador y tenía autorización total para operar con la cuenta bancaria de esta entidad, con la que mezcló a la Cámara vizcaína.

En lugar de liquidarla, Gonzalo contrató para su gestión al otro sospechoso, según la información facilitada ayer por el Gobierno, de haber incurrido en la supuesta malversación, Jon Alonso Hornes, a la vez encargado de la gestión administrativa de Berdindu en la consejería. El contrato se realizó en junio de 2006, cinco meses después de que se decretase la extinción legal de las Cámaras y cuatro después de que Madrazo le confiase la misión.

El Gobierno socialista se encontró a su llegada al poder en 2009, más de tres años después de disueltas las Cámaras, con la de Vizcaya sin liquidar y el contrato de Alonso en vigor. En ese momento se puso en marcha una actuación de oficio de la Oficina de Control Económico del Ejecutivo y se encargó una auditoría que ha arrojado los datos ahora remitidos a la fiscalía y la Tribunal de Cuentas al apreciarse indicios de malversación.

El análisis de las cuentas, realizado por ABM Auditores y Consultores, concluye que la Cámara vizcaina realizó operaciones ilógicas en un proceso de liquidación, en el que debería haberse limitado a transferir sus bienes y derechos a las arcas públicas. “Se han realizado importantes inversiones, se ha contratado nuevo personal y se han realizado gastos operativos no atribuibles a la Cámara, sino a servicios del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales”, indica. Y faltaba una contabilidad que mereciera tal nombre de la gestión de Gonzalo.

El balance económico constata la desaparición de 444.345 euros, provenientes de las cuotas que pagaban a la Cámara los titulares de inmuebles que seguían cotizando a la misma. Un total de 111.519 euros han sido encontrados, de ellos 106.653 en una cuenta de Alonso. El destino de los otros 332.826 se desconoce, aunque averiguaciones realizadas este mismo año apuntan a que se emplearon para financiar la película Ander, dirigida por Roberto Castón y estrenada en 2009. El rodaje del filme, una reflexión sobre la homesexualidad, fue impulsada por Berdindu. Gonzalo y Alonso trabajaron en ella, el primero como productor ejecutivo y el segundo como su ayudante, tarea por la que ambos fueron remunerados.

El actual Gobierno exigió explicaciones a los dos tras el resultado de la auditoría y las conclusiones de la Oficina de Control Económico, pero, según reza el acuerdo aprobado ayer por el Gabinete, “no dieron cumplida respuesta acerca de la información requerida”. En la documentación que remitió Gonzalo en febrero pasado incluyó un convenio entre la Cámara y la asociación Aukeratu para adelantar el dinero con destino a la película.

Esa asociación encargada de los servicios de Berdindu llegó a dar de alta en la Seguridad Social a una de las actrices del film. Tanto Gonzalo como Alonso siguen trabajando en el Gobierno: el primero, funcionario de carrera, como asesor jurídico en Vivienda; el segundo, como contratado laboral indefinido en Empleo, tras haber tenido el Gobierno que readmitirle tras recurrir su despido. Alonso consiguió el puesto gracias a su contratación en 2006, ya que el Ejecutico estaba obligado a hacerse cargo del personal de las Cámaras. A ambos se les ha abierto un expediente disciplinario.