Ondarroa limpia la pintura arrojada sobre el monolito en recuerdo de Ekai

Concentración en la plaza del Ayuntamiento de Ondarroa en recuerdo de Ekai (EFE)

ONDARROA. Pese a que no dejaron escrito ningún mensaje, el acto ha sido interpretado por el Consistorio y la familia como una reacción de odio hacia las personas transexuales, según ha dicho hoy a Efe un portavoz municipal.

El joven Ekai Lersundi se quitó la vida cuando estaba en espera de recibir tratamiento hormonal en la Unidad de Género del Hospital de Cruces.

Después de que desconocidos mancharan con pintura el monolito levantado por el Ayuntamiento en su recuerdo, el Consistorio de Ondarroa ha condenado con contundencia estos hechos, ha expresado de nuevo su apoyo a la familia de joven y ha dicho que continuará trabajando en favor de la igualdad y contra la discriminación.

Arrancan la placa en homenaje a ‘La Veneno’ una semana después de su colocación en Madrid

La placa en homenaje a ‘La Veneno’ es arrancada una semana después de su colocación. TWITTER @RUBENLODI

Así lo ha denunciado en la red social Twitter Rubén López, director del Observatorio Madrileño contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia y miembro de la ejecutiva de Arcópoli, asociación que junto a la Junta Municipal de Distrito de Moncloa-Aravaca, llevaron a cabo la inauguración de la placa en homenaje a ‘La Veneno’ el pasado lunes 8 de abril, hace tan solo una semana. Anteriormente, Arcópoli ya había colocado en el mismo parque placas en honor a Ortiz antes de que la oficial llegara la semana pasada.

En el mensaje que ha difundido López, ha asegurado que denunciarían el acto vandálico al Ayuntamiento de Madrid y que exigirían su reposición. “Si alguien se cree que por arrancar la placa de Cristina Ortiz, La Veneno, va a dejar de estar ahí, lo llevan claro”, ha declamado en honor a la homenajeada.

La placa fue inaugurada el pasado lunes 8 de abril en el madrileño Parque del Oeste, donde ella ejerció la prostitución, más de dos años después de su muerte. ‘En memoria de Cristina Ortiz, La Veneno, mujer transexual visible en los años 90’ es la frase que se había incluido en la placa, que estaba ubicada entre la calle Francisco y Jacinto Alcántara y el Paseo de Camoens.

Cristina Ortiz fue una actriz y vedette transgénero muy popular en la década de los 90 en televisión y falleció en 2016 tras pasar cuatro días en coma en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital La Paz de Madrid, a la que llegó después de ser encontrada en su casa con un golpe en la cabeza.

HOMOFOBIA : La ola de agresiones homo-transfóbicas que sacude a la comunidad LGBTI de Chile

“A Brenda la mataron de forma brutal. Quiero justicia para ella, que se sepa quién la mató de esta manera, que este hecho no quede impune, que las autoridades ayuden en esto, por favor”. Fueron las palabras desesperadas de Gloria Vallejos, madre de Brenda, asesinada cerca de su casa el lunes pasado en Valparaíso, en la zona central de Chile.

Personas sostienen paraguas arco iris para celebrar el Día Internacional contra la Homofobia frente al edificio del Parlamento rumano en Bucarest. DANIEL MIHAILESCU / AFP

“A Brenda la mataron de forma brutal. Quiero justicia para ella, que se sepa quién la mató de esta manera, que este hecho no quede impune, que las autoridades ayuden en esto, por favor”. Fueron las palabras desesperadas de Gloria Vallejos, madre de Brenda, asesinada cerca de su casa el lunes pasado en Valparaíso, en la zona central de Chile.

Brenda Plaza tenía 41 años y era una mujer trans que vivía en Iquique, al norte del país, pero aterrizó hacía dos meses al litoral para visitar a su madre. Hasta ahora no se han encontrado los responsables del crimen, pero familiares y activistas criticaron que la policía hablara de ella como “una persona de sexo masculino vestida de mujer”. “Hasta el último momento trataron a Brenda como hombre. Así que no podemos esperar que los malos dejen de matarnos, ni mucho menos podemos esperar respeto de los demás, si la misma policía no nos respeta”, espetó la concejala trans de la ciudad porteña, Zuliana Araya.

El asesinato de Brenda se suma a una larga lista de agresiones y ataques que se han registrado en el país suramericano en el último tiempo. Según el XVII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), en 2018, en Chile se denunciaron 698 casos de violencias y abusos basados en la orientación sexual o la identidad de género de las personas. En comparación a 2017, se registró un aumento de un 44%, la cifra más alta que se ha registrado en los últimos 17 años. El documento también revela que por tercera vez en este período, la población trans acumuló el mayor número de vulneraciones, con el 39% del total, correspondiente a 273 casos, el más alto conocido hasta ahora.

Hasta el 15 de marzo, se registraron en el país sudamericano 13 casos de violencia física por diversidad sexual, un 85% más que el promedio de años anteriores entre enero y marzo. En este recuento no se consideró el homicidio de Brenda ni tampoco la agresión que sufrieron un grupo de mujeres trabajadoras sexuales trans, que fueron apuñaladas a finales del mes pasado.

Entre los últimos casos que han conmocionado la sociedad chilena hay la “violación correctiva” de un hombre a su hijastra por ser lesbiana; o el ataque a la joven Carolina Torres, que quedó herida con riesgo vital tras ser golpeada con un palopor dos hombres mientras paseaba de la mano de su novia y otra amiga.
Precisamente, este jueves, después de dos meses de búsqueda, los presuntos agresores de Carolina fueron detenidos y, tras pasar a disposición del juez, quedaron en prisión preventiva mientras dure la investigación. El magistrado consideró que existe riesgo de fuga y que representan un peligro para la víctima y para la sociedad. No tuvieron la misma suerte las familias de María Pía Castro y Nicole Saavedra, asesinadas en 2008 y 2016 respectivamente, por ser lesbianas. Ambas muertes siguen impunes hasta el día de hoy.

“Efecto rebote” y ultraderecha

Érika Montecinos, directora de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, vincula la ola de agresiones de los últimos meses a la irrupción de los discursos de odio de los sectores “fundamentalistas y ultraconservadores” que han aparecido en todos los medios y la sociedad en general. “Es un acoso que nosotres vivenciamos diariamente, sobre todo aquellas personas que tienen una expresión o identidad de género diversa, como las lesbianas camionas o las personas trans”, explica.

Coincide con ella el encargado de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD), Franco Fuica, que apunta que los logros de la comunidad LGBTI se convierten en “razones para ser más odiados” por parte de los sectores más reaccionarios. “Hay un efecto rebote”, afirma.

De hecho, los avances en la tramitación de la Ley de Identidad de Género, que se promulgó el noviembre pasado, y el triunfo de la película Una Mujer Fantástica en los Oscar de 2018 provocaron la ira y el rechazo homo-transfóbico de varios grupos y personas que se movilizaron para boicotear la norma o para ofender a la protagonista del film, Daniela Vega. Concretamente, del total de casos de discriminación del 2018, 15 fueron dirigidos contra la actriz y 218 para boicotear la ley, según el Informe Anual.

Para Montecinos no se puede pasar por alto las consecuencias que tienen hasta hoy las dictaduras que en los 70 acecharon los países de América del Sur. Según ella, los grupos vinculados a los asesinatos y desapariciones no han desaparecido totalmente y resurgen ahora “con discursos neofascistas”. Opina que en los gobiernos de derecha “no hay mano dura ni políticas efectivas” que condenen los discursos de odio que incitan a la violencia. Y añade: “Se normalizan y relativizan detrás de una errada interpretación de la libertad de expresión”.

Fuica considera que lo que ocurre en Chile tiene relación directa con el auge de la extrema derecha a nivel global y el “mal manejo de los gobiernos socialistas”. Según él, los partidos conservadores “han empoderado a estos grupos que habían estado en la sombra y ahora aparecen sin temor, vergüenza ni pudor”.

Políticas a debate

Chile tiene varios pendientes en materia de políticas antidiscriminatorias. En 2012 se promulgó la Ley Antidiscriminación, más conocida como Ley Zamudio, en homenaje al joven Daniel Zamudio, víctima mortal de una agresión homofóbica perpetrada por un grupo neonazi. Sin embargo, las organizaciones LGBTI reclaman una revisión de la normativa porque la consideran insuficiente. “No tiene sanciones contra quien discrimina, excepto una multa que además tiene un beneficio fiscal; y hay que cambiar la carga de la prueba: no debería ser la víctima quien demuestre la discriminación, sino que tendría que ser el agresor quien debiera probar que no lo hizo”, lamenta Franco Fuica.

El gobierno de Sebastián Piñera anunció para marzo la convocatoria de una consulta ciudadana para evaluar la efectividad de la ley, pero de momento no ha habido avances al respecto y el anuncio quedó en meras palabras al viento.
Ante el aumento de la violencia y desprotección, el Ejecutivo también decidió establecer una mesa de trabajo abierta a las organizaciones sociales. Sin embargo, algunas de las entidades fueron excluidas de la convocatoria y quedaron sin representatividad. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, indicó que el incremento de agresiones contra mujeres lesbianas y trans, requiere “un trabajo especializado” y “una protección especial” porque la violencia que afecta a estos grupos de mujeres “tiene unas características especiales”. Sin embargo, tampoco en eso ha habido avances.

Érika Montecinos considera que hasta ahora las políticas públicas dirigidas a la comunidad LGBTI “han sido débiles” y no han abordado la “violencia estructural que niega derechos, por ejemplo, a las familias diversas, o que impide el matrimonio igualitario”. Por eso, desde su organización reclaman leyes “más severas que sirvan para combatir la incitación y crímenes de odio”. Como mujeres lesbianas y trans, exigen que se las incluya en las leyes integrales de violencia contra la mujer: “Queremos que se considere la violencia a las mujeres por su orientación sexual e identidad de género, que se busque una mirada más amplia y no heteronormativa”, sostiene.

Desde OTD, Fuica redunda esa mirada y añade la importancia de transformar desde la educación: “Es el pilar fundamental para el cambio social hacia la igualdad verdadera”, concluye.

El Constitucional aparca el debate sobre el derecho de menores transexuales a registrar su cambio de sexo por el 28A

El TC estudia la constitucionalidad de la ley que prohíbe a los menores registrar su cambio de sexo

El Tribunal Constitucional  ha dado este miércoles una muestra más de sus reticencias a abordar cualquier cuestión que pueda estar en la agenda política en tiempo de elecciones. El Pleno del Alto Tribunal ha decidido aplazar el debate sobre la constitucionalidad de la ley que impide a los menores de edad registrar su cambio de sexo y hacerse con un DNI acorde con su identidad sexual.

El asunto estaba en la agenda de cuestiones a abordar en el Pleno convocado para este miércoles y, por acuerdo de los magistrados, se ha guardado en el cajón ante el temor a que su decisión pueda tener incidencia en la campaña electoral, según reconocen a eldiario.es fuentes del Constitucional.

El debate ha llegado al tribunal después de que el Supremo se preguntase si es constitucional impedir a un menor cambiar sus registros para hacerlos acordes con su identidad sexual. En 2016, el Supremo decidió plantear la posible inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley que regula el cambio registral relativo al sexo, en el que se obliga a ser mayor de edad para acometer cualquier cambio de sexo en un registro público.

Ese artículo de la ley señala que “toda persona de nacionalidad española, mayor de edad y con capacidad suficiente para ello, podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”.

La duda del Supremo surgió en 2016 tras las reclamación recibida por la familia de un menor que en ese momento tenía 14 años y que “al nacer fue inscrito con sexo y nombre de mujer pero que desde muy pequeño se sintió varón y prefirió usar un nombre masculino”. En la demanda, presentada por los padres del menor, se relatan episodios que le provocan sufrimiento y humillación. La Sala que abordó la demanda valoró en su momento que se trataba de un joven con suficiente madurez y que realizaba una petición seria por encontrarse en una situación estable de transexualidad.

La cuestión planteada por el Supremo ha llegado a la agenda del Constitucional a pocas horas del inicio de una campaña electoral en la que la que Vox ha hecho bandera de sus posturas contra los derechos del colectivo LGTBI denunciando la existencia de un “yihadismo de género“.

Fuentes del Constitucional reconocen que la presencia de Vox en el escenario electoral y su empeño por incluir las cuestiones de género en la agenda ha motivado su decisión de aparcar el debate para no inmiscuirse en el cruce de mensajes que se podría producir en caso de abordar una decisión firme.

Mientras tanto, la resolución ha quedado aparcada en un cajón sin que se produzca ningún movimiento sobre el derecho de un menor transexual a dotarse de una identidad y un nuevo nombre. La familia del joven que llegó hasta el Tribunal Supremo en su demanda tendrá que seguir esperando. El principal implicado tiene ya 17 años.

Una web española ofrece “un método de sanación integral” para la homosexualidad

La asociación Arcópoli va a denunciar ante la Comunidad de Madrid esta página porque considera que se “una aberración impropia del siglo XXI en nuestro país” y que, además, es dañina para los jóvenes. 

Esta web ofrece “terapias reparativas” de la homosexualidad y recomiendan la lectura de libros sobre este asunto

La asociación Arcópoli va a denunciar ante la Comunidad de Madrid una página web que ofrece “itinerarios de maduración integral” que persiguen, entre otras cosas, “terapias reparativas” de la homosexualidad y recomiendan la lectura de libros sobre este asunto. “Hemos sido creados para amar y ser amados. Como varones y mujeres, para poder vivir este misterio de amor desde un amor de comunión y de donación, de esponsalidad”, se lee en la página www.esposiblelaesperanza.com.

“El lunes presentamos una denuncia contra el Arzobispado de Alcalá de Henares y ahora presentamos otra contra esta web porque nos han llegado testimonios de que a través de esa página se apuntan a terapias” para curar la homosexualidad, ha explicado el portavoz de Arcópoli, Rubén López. Con la denuncia, avanzada por la Cadena Ser, la asociación pretende que la Comunidad de Madrid actúe y haga cumplir la ley porque estos cursos son “una aberración impropia del siglo XXI en nuestro país”.

Según López, se deriva a personas del colectivo LGTB a “presuntas terapias de curación de la homosexualidad”. “Confiamos en que la Comunidad de Madrid actúe sobre estos focos, los elimine y dé un mensaje contundente a la sociedad porque es dañino para los más jóvenes“, ha añadido el portavoz de la asociación. Arcópoli ha insistido en Twitter en que estas supuestas terapias deben ser sancionadas por “el daño que causan al libre desarrollo de la personalidad”.

En la página web denunciada se indica que se trata de una comunidad de “varones con masculinidad y mujeres con feminidad” y que “solo desde ahí” se puede “amar de verdad”: “Esta es la entusiasmante y hermosa tarea que tenemos entre manos y que queremos vivir en esta página”. La web ofrece talleres de “maduración integral” en los que se recomienda la lectura de libros como “Terapia reparativa de la homosexualidad masculina”, “Homosexualidad y esperanza” o “El proceso de auto-identificación homosexual” de Aquilino Polaino.

Además, se redirecciona a los jóvenes a otra página en la que se sostiene que se puede curar la homosexualidad y que “las personas que se sienten atraídas por personas del mismo sexo sufren de un desorden emocional condicionado por distintas razones“, entre ellas un padre violento o ausente, una madre sobreprotectora o con trastornos emocionales o abuso sexual o violación.

Arcópoli también denunció esta semana al Arzobispado de Alcalá de Henares, por unos supuestos cursos de curación de la homosexualidad, y hace dos años y medio otra página web que también ofrecía recursos para esto mismo.

HazteOir presiona al PP para que derogue la ley que prohíbe las terapias para ‘curar’ la homosexualidad

Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír, delante del bus tránsfobo de la organización. EFE

La asociación ultracatólica y homófoba HazteOir ha lanzado este jueves una campaña con la que pretende presionar al PP para que retire la ley de la Comunidad de Madrid que prohíbe las supuestas terapias para ‘curar’ la homosexualidad como los cursos que celebra el obispado de Alcalá de Henares que esta semana sacó a la luz eldiario.es.

Estas informaciones han provocado, a juicio de HazteOir, que “la izquierda y los lobbies LGTBI” vuelvan “a la cacería mediática, política e ideológica contra monseñor Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares, a quien están tratando como un delincuente”.

La organización ultracatólica asegura que es “falso” que el obispado imparta cursos “para revertir la homosexualidad”. Pero acusa a este diario de ampararse “en las leyes LGTBI regionales promovidas por el Partido Popular” para pedir que se castigue a Pla “con una multa y se le humille públicamente”.

“Pídele a los responsables del PP en la Comunidad de Madrid que han causado con sus leyes este lamentable linchamiento contra un prelado (sea Ángel Garrido, o Pedro Rollán, que le sucederá en el cargo en los próximos días), que paralicen esta nueva ‘caza de brujas’ contra monseñor Reig Pla”, apunta HazteOir en su página web, en la que incluso ha habilitado un formulario para firmar una carta dirigida a Garrido en ese sentido.

A juicio de la organización ultracatólica “el obispado no ofrece ningún curso, ni taller, ni charla pública para revertir la homosexualidad. Sencillamente, siguiendo su pastoral, acoge y acompaña a las personas que libremente llaman a su puerta”, señala.

“Mientras tanto, la misma ley que le persigue (promovida por el PP) consiente y permite, sin el expreso consentimiento de los padres, que los niños reciban ‘talleres de visibilidad lésbica’ como en el IES Anselmo Lorenzo de San Martín de la Vega o de ‘formación en la diversidad’ en el IES Virgen de la Paz de Alcobendas”, lamenta.

Advierte, además, de que “la Comunidad de Madrid subvenciona el cambio de sexo de cualquier persona que lo solicite y sus respectivos y carísimos tratamientos hormonales”. “Sin embargo si un ciudadano, libremente, decide que quiere recibir ayuda o consejo sobre su homosexualidad, la multa para quien escucha las inquietudes de esa persona, puede llegar a los 45.000 euros si se interpreta que se quiere “tratar de modificar la orientación sexual del individuo”.

La edil de Cs en Hellín acusa al partido de apartarla por ser transexual y los afiliados se marchan en bloque

  • El ‘dedazo’ ha provocado también la dimisión del 90 por ciento de los militantes de la agrupación que el partido tiene en esta localidad albaceteña, así como de su Junta Directiva.

La ya exconcejal de Ciudadanos en la localidad albaceteña de Hellín, María Jesús López. ARCHIVO

ALBACETE.- “Transfobia” es la única razón que encuentra la ya exconcejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Hellín, María Jesús López, para que la formación naranja haya decidido no presentarla como candidata a la Alcaldía de esta ciudad albaceteña en las elecciones del próximo 26 de mayo, donde la dirección provincial del partido ha impuesto a la agrupación local al actor Mario Artesano como cabeza de lista.

La ahora edil no adscrita en el Consistorio hellinero ha hecho pública esta denuncia a través de un comunicado difundido en sus redes sociales el sábado, tras haber presentado su solicitud de baja en el partido.

Acusación que llegaba justo después de que el pasado jueves se confirmara lo que había venido siendo un rumor en la localidad: Ciudadanos había decidido “prescindir de Hellín, de las personas de Hellín, de las mujeres que hemos trabajado día a día por un Hellín más grande”, señalaba López. “De las mujeres que transmitíamos la ilusión de que un Hellín distinto es posible, matando con ello la ilusión del cambio, al imponer con criterios partidistas y claramente misóginos un candidato y una lista desde fuera“, y criticando que “desde la organización no se ha contado con el equipo propuesto por la mayoría de afiliados de esta agrupación local de Hellín”.

Un comunicado en el que López recordaba cómo en abril de 2015 presentó la candidatura de Ciudadanos para el Ayuntamiento de Hellín, “las personas y el proyecto” para cambiar la localidad, “ponerla en el mapa” y para “revertir la espiral destructiva” en la que estaba inmersa.

Desde entonces asegura haber aprendido muchas cosas y haber visto el “sufrimiento” de muchas personas “que no entendía por qué Hellín está como está”.

Se cumplía así lo que ya le habían vaticinado que ocurriría cuatro años antes, que el partido le pediría que hiciera cosas contra Hellín, a lo que ella habría respondido que antes dejaría el partido. “Hellín y su gente es mucho más importante que un partido”, asegura la concejala, y por ello desde hace una semana dejaba la formación naranja.

López está convencida de que “Ciudadanos no quiere que Hellín tenga una alcaldesa”, al “despreciar” una candidatura “liderada por mujeres y que representa la normalización de la diversidad”.

Asimismo, considera que la formación liderada por Albert Rivera “desprecia el esfuerzo, el mérito y la capacidad”; no cree en el municipalismo, en la cercanía y el trabajo con los problemas de las personas, como tampoco cree “en los proyectos compartidos”.

En este sentido, subrayaba cómo ese desprecio hacia las mujeres y a la diversidad no solo ha sido contra su persona, sino también a todas aquellas que creen en el proyecto que representan, “mujeres diversas, mujeres con el único propósito de cambiar un poco el mundo empezando por Hellín”. En definitiva, “mujeres libres a las que hay que parar”.

Junto a ellas hombres, “feministas convencidos”, apunta López, que “creen con igual firmeza en los valores de igualdad que representa el proyecto en el que nos hemos embarcado durante estos cuatro años”.

Un proyecto que no están dispuestas a parar hasta conseguir “transformar Hellín”, de modo que sea “un referente para el mundo”. Un proyecto que “sigue intacto”, apostillaba. De esta manera, ha desvelado que a partir de ahora empieza a reunir firmas para que sea la ciudadanía, y no un partido, “la que decida si tenemos derechos a presentarnos para llevar a delante nuestro proyecto”, por lo que intentará constituir una agrupación de electores para concurrir a los comicios locales.

Para la edil hellinera Ciudadanos “solo busca la sumisión”, que ha de pasar “por encima de las personas y sus principios”, y “solo cree en la diversidad como eslogan político, sin ningún compromiso real”.

De lo sucedido responsabiliza a la secretaria de Organización de Cs en Albacete, Francis Rubio, así como a la ahora candidata a la Presidencia de la Junta, Carmen Picazo, puesto que ya en las pasadas elecciones habrían intentado evitar que encabezase la candidatura hellinera, intentando una revocación de afiliación de cara a las primarias.

Desde el partido de Rivera niegan que la condición de transexual de María Jesús López haya tenido algo que ver en la configuración de la lista a la Alcaldía de Hellín, atribuyen su dimisión a “una pataleta” y consideran que esto demuestra que “no estaba con Ciudadanos” sino que únicamente le mueven “intereses personales”.

Argumentan que también en otras localidades se han producido estos cambios en las candidaturas, enmarcados en la estrategia nacional del partido. Así sucedía por ejemplo en Talavera de la Reina, donde también se optaba por una candidata de fuera para competir por la Alcaldía, causando la dimisión de nueve miembros de la junta directiva.

Pero la de María Jesús López no fue la única dimisión que se produjo el pasado viernes en Hellín, puesto que junto a ellla lo hizo el 90 por ciento de la agrupación local de Ciudadanos, entre ellos quien hasta entonces había sido su coordinadora, Laura Tomás.

Una dimisión en bloque que han secundado no solo los miembros de la Junta Directiva, sino también este mismo porcentaje de afiliados que, según ha asegurado la ya exconcejala de Cs, le han adelantado que se van a marchar del partido.

Morir por ser gay: el mapamundi de la homofobia

Once países aún castigan las relaciones homosexuales con la muerte. En uno de cada tres son ilegales

FUENTE: ILGA

Hay un mapa del mundo que se divide básicamente en dos colores. Uno impregna 70 países, donde ser gay o lesbiana es ilegal, incluso letal. Otro tiñe las 123 naciones donde mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo no está castigado. La mayor asociación de defensa del colectivo LGTBI del mundo dibuja este croquis periódicamente que muestra cómo decrecen los lugares donde se persigue a las personas por su orientación sexual y emergen nuevas amenazas, como la llegada al poder de líderes homófobos.

En el informe Homofobia de Estado 2019 de la Asociación Internacional de Gais, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA), difundido este miércoles, se han borrado del atlas de la infamia India, Trinidad y Tobago y Angola desde la última revisión, de 2017. Se han sumado al matrimonio igualitario Australia, Malta, Alemania y Austria, siendo ya 26 los países en el podio de la equiparación de derechos. La organización destaca también como símbolo de una mayor protección que nueve naciones hayan incluido en su constitución la mención explícita de que la orientación sexual no debe ser motivo de discriminación. Entre ellos Portugal, Ecuador, Bolivia o Sudáfrica, una isla de igualdad en el panorama africano.

El extenso trabajo de ILGA, de más de 500 páginas, revisa la legislación en todos los países miembros de la ONU. La 17ª edición se ha presentado durante la reunión anual de la federación, en Aotearoa (Nueva Zelanda). Su autor es el abogado argentino Lucas Ramón Mendos.

El peligro de morir por mantener relaciones homosexuales no ha disminuido respecto al último informe. Seis países lo castigan con la pena capital: Arabia Saudí, Irán, Yemen, Sudán, 12 Estados que conforman Nigeria y parte de Somalia. Además, un gay puede ser condenado a muerte en Mauritania, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Pakistán y Afganistán. El informe resalta que aunque Irak ha desaparecido de la lista “por la eliminación del Estado Islámico, queda como un país que criminaliza de factodebido a que persigue a los homosexuales utilizando leyes de escándalo público, prostitución y otras”.

En otros 26 la condena máxima por estos actos varía entre 10 años de prisión y cadena perpetua. En 31 se castiga con hasta ocho años. En resumen, en uno de cada tres países (35%) es peligroso mostrarse como miembro de la comunidad LGTBI. En 68 naciones, señala el estudio, “hay leyes que explícitamente prohíben los actos sexuales consensuados entre personas del mismo sexo y dos más los criminalizan de facto. Además, jurisdicciones que no pertenecen a Estados miembros de la ONU también castigan estas conductas, como Gaza, las Islas Cook y ciertas provincias de Indonesia”.

La muerte y la prisión son los casos extremos de una violencia que, desde la cumbre del poder, se inflige con las leyes. Al menos 32 países, recalca el informe, han impulsado medidas para limitar la libertad de expresión (incluidas leyes de propaganda que prohíben la promoción de la homosexualidad o las relaciones sexuales “no tradicionales”). En 41 naciones se imponen trabas a las organizaciones LGTBI para ser legalizadas o trabajar, “lo que incrementa el peligro al que se exponen los activistas”.

La situación de Chechenia se califica de “crítica” y refleja las torturas y persecuciones infligidas por las autoridades a gais y lesbianas. El pasado enero los activistas denunciaron que dos personas habían muerto y 40 más permanecían detenidas en otra purga. También las regresiones y amenazas forman parte del panorama que dibuja el informe. Horas antes de la presentación, el general Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, declaraba en Washington tras encontrarse con su nuevo aliado en tantas cosas, Donald Trump: “Respetamos a la familia tradicional, somos temerosos de Dios, en contra de la ideología de género, de lo políticamente correcto y de las fake news”.

Aunque más lento que lo deseado, señalan los miembros de ILGA, también se producen progresos. Quizá lo más evidente sea, como se destaca en la edición de este año, que India, un país de gran envergadura e influencia, haya acabado con una ley victoriana que prohibía las relaciones homosexuales, castigadas con una pena máxima de cadena perpetua. Tal medida ha supuesto que baje dramáticamente el número de personas sometidas a leyes homófobas, hasta el 27% de la población mundial.  Desde septiembre de 2018, 1.300 millones de ciudadanos indios no están en ese grupo.

Veintiséis países reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo y 27 han regulado las uniones civiles, 72 naciones tienen leyes que protegen a los homosexuales y lesbianas de ser discriminados en el trabajo. 39 poseen normas que castigan la incitación al odio, la discriminación o la violencia contra una persona por razón de orientación sexual y 28 permiten adoptar a gais y lesbianas.

Ser mujer trans en un país donde su esperanza de vida es de 33 años

La activista Bianka Gabriela Rodríguez lucha por los derechos LGTBi en El Salvador, uno de los lugares más peligrosos de Latinoamérica

Bianka Gabriela Rodríguez, en Valencia. PEPE OLIVARES

Bianka Gabriela Rodríguez, mujer transexual y activista salvadoreña de 25 años, mantiene durante la entrevista un tono amable que acompaña regularmente con una sonrisa. El gesto solo se le ensombrece al final, ante la pregunta de cómo es que parece optimista después de haber recordado una infancia que hubiera doblegado a muchos, los asesinatos atroces de dos compañeras de lucha por los derechos del colectivo LGTBi, un amplio catálogo de violencias y discriminaciones cotidianas y el escalofriante dato de que la esperanza de vida de las mujeres trans en El Salvador es de 33 años, 40 menos que para la población general del país, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Siempre digo que aunque haya marea alta al final tiene que bajar, pero es triste que muchas mujeres trans hayan tenido que morir para conseguir los derechos que tenemos ahora, los pocos”, contesta.

La conversación tiene lugar el primer miércoles de febrero en la antigua estación de trenes del barrio de Benalúa, en Alicante, sede de Casa Mediterráneo, una institución promovida por el Ministerio de Asuntos Exteriores a la que Rodríguez ha sido invitada a participar junto a otras 18 mujeres latinoamericanas, del África Subsahariana y el Magreb, además de españolas, en un debate sobre la violencia contra las mujeres en zonas de conflicto y los liderazgos femeninos en la construcción de la paz. Una jornada organizada por la Generalitat valenciana con la colaboración de la Fundación Mujeres por África y la entidad anfitriona.

El Salvador forma, con Guatemala y Honduras, el triángulo norte centroamericano, la región más peligrosa de Latinoamérica para las personas LGTBi, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La principal amenaza, afirma Rodríguez, presidenta de la asociación Comunicando y Capacitando Mujeres Trans (Comcavis Trans), son las maras –las pandillas juveniles altamente organizadas que controlan amplias zonas del territorio– y lo que describe como “grupos de exterminio” vinculados a la extrema derecha. “Muchas mujeres trans se ven empujadas al trabajo sexual al no haber podido estudiar ni tener acceso a empleos formales. En la calle, las maras las asedian, las golpean, abusan de ellas y tienen que pagarles una cuota para que les dejen trabajar en las cuadras”. La policía, añade, constituye normalmente otra fuente de extorsión y el nivel de esclarecimiento de los crímenes de que son objeto es ínfimo: “Desde 2015 se han registrado 40 asesinatos de mujeres trans que siguen en la impunidad”.

Entre los homicidios sin resolver figura también el de la activista Tania Vásquez, que desapareció tras salir de una reunión de la asociación que dirige Bianka Rodríguez hace seis años. Vásquez fue hallada al día siguiente en un parque de San Salvador envuelta en un plástico negro y atada de pies y manos. Había sido torturada y violada, le habían cortado los genitales y se los habían colocado a la altura de los pechos. En mayo de 2015, otra activista LGTBi, Francela Méndez, integrante de la Red Salvadoreña de los Derechos Humanos fue asesinada a golpes en el municipio salvadoreño de Sonsonate. El autor o los autores del crimen le cortaron el cabello con un machete.

La discriminación persigue con frecuencia a estas mujeres después de la muerte. Rodríguez explica que la familia de Tania Vásquez no quiso reconocer el cuerpo ni hacerse cargo del entierro, y fueron sus compañeras de Comcavis Trans las que compraron el féretro. “Hay muchos casos de asesinadas en los que la familia no quiere hacerse responsable. Y si lo hacen, suelen enterrarlas con el género masculino; les cortan el pelo, no las maquillan, las visten con ropa de hombre”.

Huérfana de padre, la madre de Rodríguez reprimió desde niña su identidad encerrándola días enteros en una habitación. “La escuela era la única vía de libertad que yo tenía. Cuando cumplí 15 años, como todas las niñas, empecé a usar brillo en los labios y un poco de polvo. Una maestra la mandó llamar y mi madre me dijo enfrente de toda mi escuela que no me podía aceptar porque ella había tenido un niño, no una niña, y que para ella yo era una aberración”. Poco después, Rodríguez se fugó de casa. Encontró trabajo en una panadería, donde la explotaban y dormía sobre los sacos de harina y azúcar. A los 18, su abuela materna la acogió, la animó a retomar los estudios y le permitió desarrollarse como mujer.

Para explicar la discriminación institucional que padecen las mujeres trans en El Salvador, Rodríguez abre el bolso y saca el pasaporte, en el que al lado de su foto figura un nombre masculino. “Cada vez que voy a la dirección de migración para salir del país, al verlo los agentes se codean, se burlan. Y eso, además de incomodar, es una forma de violencia. Lo mismo pasa con el Documento Único de identidad. Tenemos muchos problemas para acceder a trabajos porque no se nos reconoce el derecho a que aparezca en él nuestro nombre y nuestra identidad”.

El prejuicio que da por sentado que todas las mujeres trans tienen el VIH y la discriminación adicional que sufren las personas portadoras del virus también les cierra el paso a las consultas médicas y a la atención sanitaria, afirma Rodríguez. “Nuestra organización ha tenido que intervenir ante las instituciones de salud porque hay mujeres trans que llegan a los centros apedreadas, acuchilladas o con heridas de bala y no son atendidas porque el personal se niega a tocarlas”.

DOS ASESINADAS AL DÍA

Las mujeres trans son un colectivo especialmente vulnerable en el triángulo norte de Centroamérica, donde el nivel general de violencia es muy alto y la que sufre el conjunto de las mujeres resulta de vértigo. En Guatemala, un país de 17 millones de habitantes, cerca de 700 mujeres son asesinadas al año, casi dos al día, señala Mercedes Hernández, que ha estudiado el feminicidio en la región.

Presidenta de la Asociación Mujeres de Guatemala e invitada al encuentro celebrado en Casa Mediterráneo, en Alicante, Hernández afirma que entre las maras y otros grupos criminales formados por hombres predomina una cultura en la que matar y violar mujeres les permite acreditar méritos entre sus iguales. “Dentro de la función política que tiene la violencia”, prosigue, “el expolio del cuerpo y la vida de las mujeres es una manera de demostrar quién tiene más capacidad de letalidad, de crueldad, de venganza y por tanto de poder”.

El Gobierno retira la declaración de utilidad pública a HazteOir

  • Interior ha tomado esta decisión alegando que sus mensajes son “incompatibles con cualquier reconocimiento público”
  • Este departamento no considera que esta acreditación sea compatible con un colectivo que “denigra o minusvalora otras concepciones sobre la familia”
  • Iniciaron este procedimiento porque incluyeron la polémica campaña del autobús tránsfobo en sus cuentas del 2017

El nuevo autobús de HazteOir circula por Madrid / MB

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido retirar la declaración de utilidad pública al grupo ultracatólico HazteOir. El Ministerio del Interior, del que dependen las concesiones y revocaciones de este beneficio, ha tomado esta decisión porque consideran que los mensajes difundidos en su polémica campaña del autobús tránsfobo “se pueden considerar atentatorios contra determinadas personas, colectivos y entidades, incompatibles con cualquier reconocimiento público”,  según ha adelantado la Cadena Ser y ha podido confirmar esta redacción.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha tomado esta decisión emitiendo una resolución de doce páginas y firmada por el ministro en la que determinan que la actuación de este colectivo ultracatólico es “incompatible con la utilidad pública la promoción de las propias ideas de la forma extralimitada en que lo hizo Hazteoir, faltando al respeto y a la dignidad de las personas o colectivos que en nuestra sociedad tienen una concepción distinta en materia de orientación sexual”.

“Lo que resulta incompatible con la condición de utilidad pública, aunque esté amparado por las libertades ideológica y de expresión, es que una asociación que goza de este beneficio legal, más allá de sostener con sus actividades los fines estatutarios que fundamentan su existencia, realice actuaciones que, aunque no fuera ésta la intención, producen objetivamente el efecto de denigrar o minusvalorar otras concepciones sobre la familia, la identidad de género, la educación de la infancia, etc., cada vez más presentes en nuestra sociedad abierta, plural y diversa”, reseñan en la resolución emitida.

Campaña tránsfoba en 2017

La campaña que lanzó esta organización fue difundida con el lema Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo. Según explican fuentes del Ministerio, se ha tomado esta decisión después de que este colectivo incluyese esta actuación entre las actividades que realizaron en 2017 y que figuran en las cuentas que depositó en el mes de agosto.

La Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior considera que estos mensajes “implica objetivamente un menosprecio de otras opciones dignas del mismo respeto que las que postula Hazteoir”. El 23 de agosto el departamento de  Grande- Marla ska acordó iniciar el procedimiento de revocación de la declaración de utilidad pública.  Según recoge el escrito, este colectivo llegó a admitir en sus alegaciones que la citada campaña “pudo resultar ‘ofensiva’  y ‘desacertada'”. Aunque insisten en que “el polémico lema tiene pleno amparo en la libertad de expresión”.

Antes de emitir la resolución final, Interior recabó las opiniones de la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia del Ministerio de Sanidad, así como de la Dirección General para la Igualdad de Trato y la Diversidad del Ministerio de Presidencia. Este último organismo determinó que las actividades de esta organización “no parecen alinearse con la promoción de los valores constitucionales, antes bien, podrían situarse en un plano de enfrentamiento con la promoción y respeto del valor superior de la igualdad y el respeto del derecho fundamental a la igualdad de trato y no discriminación”.

Obtuvo la acreditación en 2013

El Gobierno del PP  declaró de utilidad pública a HazteOir en mayo de 2013 cuando ocupaba la cartera de ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que firmaba la disposición del BOE en la que se oficializaba este beneficio que permite exenciones fiscales y justicia gratuita. En aquel momento, el grupo ultracatólico destacaba por su firme oposición al aborto y estaba inmerso en una intensa campaña para exigir a Alberto Ruiz Gallardón, entonces ministro de Justicia, que acabara con la ley de plazos de interrupción voluntaria del embarazo.

Unos años después la organización volvió a los titulares informativos al poner a circular, primero en la ciudad de Madrid, un autobús naranja con el mensaje “los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo”. El anuncio móvil formaba parte de una campaña contra las leyes LGTBI que ya había dado comienzo con la difusión de folletos homófobos a más de 16.000 centros educativos. Posteriormente, pusieron en marcha otro autobús contra la Ley estatal de protección del colectivo. “Van a por tus hijos”, alertaba el mensaje.

El autobús fue inmovilizado un tiempo en Madrid – la Audiencia Provincial levantó después esta medida–, pero recorrió otras ciudades españolas entre la indignación social y de los colectivos LGTBI. Meses después un juzgado de Madrid dictó que los mensajes tránsfobos del autobús no son mensaje de odio y archivó la denuncia de la Fiscalía.