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Naciones Unidas examina hoy las políticas de Igualdad del último lustro en España, que no han logrado acabar “con la cultura machista, ni han reducido el nivel de violencia”
La desaparición de Educación para la Ciudadanía es una medida «retrógrada» que dificulta la enseñanza de los «derechos humanos de la mujer como parte inalienable de la ética cívica de los estados.Esa asignatura es una herramienta esencial». Lo dice el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación a la Mujer, ante el que el Gobierno pasa hoy un examen fin de lustro. ¿Qué se ha hecho desde 2010 en empleo, salud, migración, discapacidad, educación o violencia machista?
A juzgar por los informes de Naciones Unidas, poco. A juzgar por las respuestas del Gobierno, mucho.
Y es que tras más de dos años de preguntas y respuestas cruzadas entre el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW en inglés) y el Ejecutivo, el último documento de la CEDAW sostiene que el «impresionante conjunto de leyes, políticas y planes» para integrar a las mujeres en la vida política, pública y económica y erradicar la violencia de género «no ha hecho mella en la cultura machista, ni ha reducido el nivel de violencia, ni ha eliminado las raíces de la discriminación que están en las actitudes patriarcales».
De hecho, la ONU afirma que esas causas «no han sido diagnosticadas y abordadas adecuadamente». «La voluntad política no ha garantizado que la igualdad de género destaque en la educación, la formación, la sensibilización de los servicios asistenciales y el acceso a la Justicia».
Tendrán trabajo hoy los 21 miembros de la Fiscalía del Estado; los Ministerios de Exteriores, Justicia, Interior, Empleo,Sanidad y Educación, y la MisiónPermanente ante Naciones Unidas que defenderán las políticas de Igualdad firmadas por España.
Porque el último informe de la CEDAW, fechado el 17 de junio, habla de «recortes presupuestarios», «reducción de la visibilidad en materia de género en las instituciones», «retroceso en el empoderamiento social y económico de las mujeres», «brechas salariales sin explicación», «preocupantes estereotipos discriminatorios a mujeres rurales, discapacitadas, pobres, migrantes y lesbianas» o «formación no adecuada con perspectiva de género en jueces, policías y trabajadores sociales».
Además de su asegurar que los «libros de texto con estereotipos de género siguen sin revisarse» o de criticar que en Secundaria sólo se matricule el 40% de las niñas gitanas y en Bachillerato el 2%, el CEDAW opina que haber convertido Educación para la Ciudadanía en una asignatura distinta y optativa a Religión «a discreción de los padres» es una «medida retrógrada respecto a los esfuerzos para eliminar los estereotipos de género, y no tiene en cuenta que enseñarmateria de género en Ciencias Sociales y de la Naturaleza es la solución adecuada». «La asignatura de Ciudadanía es una herramienta esencial y necesaria para educar a niños y niñas para que entiendan que los Derechos Humanos de las mujeres son una parte inalienable de la ética cívica de todos los Estados, y que la violencia de género es una violación de los Derechos Humanos, prohibida por el derecho internacional y el español».
En sus deberes para hoy, el Gobierno indica que habrá «tratamiento transversal sobre igualdad en el currículo» y que el alumnado de 6 a 12 años «aprenderá contenidos de igualdad y violencia de género».
Naciones Unidas pide que se recupere el Instituto de la Mujerporque «se ha reducido la especialización en materia de género de las instituciones». El Gobierno contesta que la integración del Instituto en la Dirección General de Igualdad de Oportunidades «no le resta identidad, sino que refuerza sus objetivos».
El CEDAW dice que la brecha salarial persiste: 21% en el sector privado y 13% en el público, y que el paro femenino se ha duplicado desde 2008. El Gobierno expone la Estrategia de Activación de Empleo 2014-16, dice que hay bonificaciones en ocupaciones donde las mujeres están menos representadas y cita varios planes para empleo femenino.
La ONU subraya que la formación con perspectiva de género de trabajadores sociales, policías o los más de 5.000 jueces que hay en España «no es adecuada» y que los servicios de protección de las víctimas «se están deteriorando». Y cita el caso de Ángela González, que perdió a su hija a manos de su ex marido durante una visita y cuyo caso generó una condena de la ONU a Españadespués de que Women’s Link Worldwide demostrara que el Estado no protegió a la menor al permitir un régimen de visitas al padre maltratador. El Gobierno contesta que sí hay cursos para jueces: «En 2014, 137 jueces» la recibieron. Y argumenta que no debe indemnizar a Ángela porque no hay base jurídica para ello, pero que las últimas leyes españolas impedirán a maltratadores condenados un régimen de visitas.
