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A pesar de los avances en la ley, no existen garantías para el acceso a los derechos que evidencian la igualdad

Un anuncio de página entera en un diario nacional los tildaba de enfermos, decía que eran abusadores de niños y que estaban propagando el sida en el país. El aviso, pagado por un grupo religioso y algunos políticos de la derecha de Colombia, originó que a principios de los años 2000, el movimiento LGTB se consolidara en el país. Se unieron para defenderse y buscar garantías ante la ley.

Desde el 2004 el país empezó a vivir avances importantes en materia de igualdad, aunque el mismo Estado ha dificultado el acceso a los derechos que la Corte Constitucional ha amparado. “La legislación es maravillosa, pero hacemos un reclamo para que se cumpla”, dice Marcela Sánchez, de la ONG Colombia Diversa, una de las organizaciones que trabaja por el respeto de las garantías en pro de la igualdad.

Colombia ha sido pionera en aprobar derechos patrimoniales y de pensión de sobrevivientes a parejas del mismo sexo, así como dar vía libre al matrimonio y la adopción gay. Sin embargo, abundan los casos que quedan solo en el papel. Las demandas para que el Estado cumpla con lo que le corresponde parecen ir en aumento a medida de que se aprueba una nueva ley a favor del movimiento LGTB. El desconocimiento de la normativa jurídica por parte de los empleados públicos y la presión de la Iglesia e instancias como la Procuraduría han hecho que a la hora de la verdad, sea difícil hacer valer lo que se ha ganado en la legislación. Estos son algunos casos.

La primera pareja con aval para adoptar no ha podido hacerlo

Desde 2014, Ana Elisa Leiderman y Verónica Botero están esperando que se cumpla la decisión de la Corte Constitucional que les permite adoptar a los dos hijos biológicos de una de ellas. Su caso fue catalogado como “histórico” y aunque la justicia reiteró que la condición sexual de una pareja no es motivo para negar el derecho a adoptar, ellas siguen luchando contra un sistema que se opone a reconocerlas como familia.

Los dos niños, de ocho y seis años, nacieron a través de inseminación artificial. Ana Elisa fue la encargada de llevarlos en el vientre, pero las dos son las mamás. “Tenemos la vida de una familia normal. Los llevamos al colegio, a vacaciones, no les falta nada”, dice Verónica, que para la ley es una desconocida para sus propios hijos. Ana Elisa y Verónica, que formalizaron su relación fuera del país, ahora batallan contra una petición elevada desde la Procuraduría que exige que para que el proceso se dé, deben encontrar al padre biológico de los menores.

“Ahora nos piden que busquemos al donante para que reconozca a los niños como suyos y nos entregue la patria potestad. Nuestro caso abrió la puerta para que otras parejas pudieran adoptar, pero nosotras seguimos sin poder hacerlo”, lamenta Verónica, que recuerda que la decisión del Constitucional reiteró que el derecho de los menores a tener una familia está por encima del deseo de las parejas de tener hijos. “Toda esta pelea es por los niños, necesitamos darles garantías jurídicas”, dice Ana Elisa.

Si llegara a faltar la mamá biológica, los niños quedarían en manos del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), una instancia del Estado en donde en la actualidad al menos 4.000 menores abandonados esperan por una familia que los adopte. “No los podría tener yo, a pesar de que he asumido el papel de mamá desde que nacieron”, señala Verónica.

Se unieron como pareja, pero siguen siendo “solteras”

Tatiana Peláez y Viviana Jordan, de 31 y 27 años, conviven desde hace tres años bajo la figura de unión marital de hecho. Algo así como una “etapa más que un noviazgo, pero menos que un matrimonio”, dicen ellas. Después de que en 2013, la Corte Constitucional encargó al Congreso legislar sobre las uniones de parejas del mismo sexo, quienes querían formalizar sus relaciones se tropezaron con un limbo jurídico. Algunas lograron que los jueces y notarios las casaran, pero otras solo encontraron como opciones la unión marital de hecho y la unión solemne, documentos que no les garantizaban los mismos derechos que un matrimonio civil.

“Llamábamos a pedir información en las notarías y el tono de quienes nos atendía cambiaba cuando le decíamos que éramos dos mujeres que queríamos casarnos”, cuenta Viviana. “La primera solicitud fue rechazada porque la Procuraduría intervino para decir que un matrimonio solo podía darse entre un hombre y una mujer”, relata Tatiana. Hicieron dos intentos más hasta que firmaron la unión marital de hecho, una figura que no es reconocida en todo el mundo y que no tiene los mismos efectos civiles que un matrimonio, un derecho al que sí pudieron acceder decenas de parejas durante el vacío jurídico que hubo desde el año 2013.

“Yo no estoy en contra del matrimonio de las personas del mismo sexo, pero sé que a los jueces que los han celebrado, la Procuraduría los acosa”, recuerda Tatiana, cuando habla de una de las respuestas que le dio un juez. Ahora, que el Constitucional se pronunció de nuevo sobre el tema y señaló que los jueces y notarios están en obligación de celebrar matrimonios a parejas del mismo sexo, Tatiana y Viviana esperan decir muy pronto que están casadas. “No queremos seguir dando explicaciones sobre esa figura que firmamos y que nadie entiende, ni que nuestro estado civil siga siendo el de solteras”, insiste.

“Que el sistema de salud reconozca nuestra identidad”

Laura Weins ha asumido su identidad como transexual para llevar el liderazgo de esta población, a través del Grupo de acción y apoyo a personas trans (GAAT). Aunque habla de los logros que han tenido en la ley, como la posibilidad de cambiar de nombre y de género en el documento de identidad, ve con preocupación cómo otras garantías, que también están en el papel, no se cumplen. Menciona el cambio de sexo o los tratamientos hormonales que el sistema de salud les debería conceder. También denuncia la violencia de la que son víctimas y la falta de oportunidades laborales. “Mientras algunos luchan por casarse y adoptar, nosotros solo pedimos que nos respeten la vida y que nos den oportunidades laborales”.

Weins dice que la edad promedio de vida de los transexuales en Colombia es de 30 años y cuenta que un alto porcentaje de los que sobreviven a la violencia termina en la prostitución. Asegura que mientras la mayoría de esfuerzos se han destinado a la lucha de parejas del mismo sexo, a los trans los tienen en el olvido. “Ya es hora de que piensen en nosotras”, reclama.

Batallando por sus derechos hasta el final

Amanda se refiere a “su compañera de vida” cuando evoca a Amparo, su esposa. A sus casi sesenta años recuerda lo difícil que era hasta hace un par de décadas reconocer que era lesbiana. “Si una mujer soltera con hijos era mal vista, imagínese lo que pensaban de nosotras”, cuenta. Cuando quisieron garantizar la seguridad patrimonial de Amanda ante el cáncer que padecía su pareja, se encontraron con un Estado que no las quería reconocer, a pesar de llevar más de 30 años de convivencia.

“Con la enfermedad, aumentó la preocupación por lo que podría pasar ante la ley si ella faltara”, cuenta. Estuvieron más de un año intentando hacer trámites para garantizar los derechos pensionales, hasta que meses antes de la muerte de Amparo lograron que un juez en la costa colombiana aceptara casarlas. “Todos nos daban excusas y ella ya se sentía muy enferma. Al final encontramos un lugar en donde había un funcionario dispuesto a ayudarnos”.

Al poco tiempo Amanda quedó viuda y tras esperar varios meses pudo obtener los derechos que le correspondían. “Hay gente que sigue creyendo que solo pueden existir las parejas de hombres y mujeres. No entienden que las familias son diversas y que todos tenemos derecho a amar”, dice.