Junto al duro trabajo y a las arbitrarias palizas, otra de las pesadillas del centro era la escasa alimentación, que les hacía pasar un hambre atroz y constante: “ lo peor era la comida, batatas enraizadas, arroz con gorgojos, un pan pequeño para todo el día. (…) Vi hombres allí que entraban con 87 kilos y se quedaban en 45”.

En una ocasión apareció por el centro un sacerdote para una ceremonia católica. Muchos presos no tenían educación religiosa y, al realizar el cura algunas preguntas, a Octavio se le ocurrió responder. Lo hizo acertadamente y al día siguiente lo llamaron y lo nombraron maestro de religión. Esa fue su salvación. A partir de ahí no trabajó más en la cantera, ni cargó más agua, estaba bien mirado y considerado.

Pero el paso por la prisión lo dejó marcado de por vida. Tras su salida y luego de algunos trabajos, se fue de Canarias y sólo hasta hace unos años fue capaz de contar su historia. En el año 2009 el Gobierno español aprobó la concesión de indemnizaciones a las personas homosexuales o transexuales que hubieran sido encarceladas durante el franquismo. Octavio García recibió 12.000 euros por sus dieciséis meses de cautiverio. La Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía cerró por Orden del Ministerio de Justicia de 21 de julio de 1966, “en atención al reducido número de penados sancionados por el Tribunal de Vagos y Maleantes, en la que actualmente existen siete reclusos, los cuales pasarán a la Prisión de Santa Cruz de La Palma”, según informaba El Eco de Canarias de 26 de agosto de 1966.

La Palma: la reclusión de Manuel Alfonso

Manuel Alfonso nació en 1946, en el barrio de Guanarteme de Las Palmas de Gran Canaria, junto a la playa de Las Canteras. Su padre trabajaba en la Compañía Transmediterránea. Su madre se dedicó a las tareas de hogar hasta que se separó de su padre y comenzó a trabajar en las factorías de pescado ubicadas en el mismo barrio en el que residía.

Desde su infancia estuvo marcado por sus ademanes femeninos que lo convirtieron en víctima de habituales insultos por parte de sus compañeros, que, como él mismo cuenta, habitualmente le gritaban: “ ¡maricón, que eres un maricón!” Manuel, en ocasiones, respondía a los insultos de manera agresiva, porque, como explica “me daba mucho coraje que me llamaran maricón. Aunque yo sabía que lo era”.

La primera vez que estuvo en comisaría tenía 15 años, porque la policía se equivocó con su edad y le pusieron dos años más. Con esa edad estuvo una semana en la prisión de Barranco Seco. Las detenciones e idas y venidas a la comisaría eran frecuentes, por el mero hecho de exponerse en las calles:

“ Nos poníamos en una esquina dos, tres o cuatro a hablar de nuestras cosas (…) en ese momento estábamos descuidados, como era de noche, a oscuras (…) paraban justo delante de nosotros, estábamos tranquilos y descuidados, paraban y venga, carnet de identidad y palante para la comisaría, y en comisaría una semana, tres días a la cárcel, diez días, quince días, y así pero un montón de entradas y salidas que tuve yo y, bueno, como yo, montones de amigos de la época aquella”.

“ El periodo más largo que tengo – explica Manuel – fue el que me pegué, cuando la policía se cansó de cogerme una y otra vez… había un juez (…) de vagos y maleantes al que si eras pudiente y le llevabas un buen anillo de oro o un sobre con dinero, diez o quince mil pesetas, ese señor te quitaba la ley de vagos y maleantes y no ibas a prisión. Aunque fueras el chorizo más grande del mundo o el maricón más grande del mundo. Pero a las personas humildes como mi madre que no tenía dos o tres mil pesetas en un sobre para darle, no te digo dos o tres mil sino diez o quince mil pesetas, si no tenías para darle te enviaba a prisión. Y mi madre llorando, ¡Ay, no me metas a mi hijo tanto tiempo allá arriba!”.

En la prisión eran habituales los abusos de los funcionarios, también los sexuales. Manuel cuenta que “ en la prisión de Barranco Seco por la noche iba algún funcionario abría la puerta y si había algún mariconcillo joven como yo que le gustaba, lo sacaban afuera y con la excusa de “hacerles el cuarto”, tenían que mantener relaciones sexuales con él. Me ocurrió a mí en la prisión de allí”.

En su expediente constan cuatro detenciones e ingresos en prisión en el año 1963, con 17 años, por delito de conducta atentatoria contra la moral. En 1964 es detenido y finalmente declarado en estado peligroso por su condición Homosexual, según consta en el Expediente nº 62/63 del Juzgado Especial de Vagos y Maleantes del Archipiélago Canario. Tras esta declaración es recluido en la prisión de Gran Canaria, luego trasladado a la de Tenerife y, posteriormente a La Palma. Como expresa con humor: “ yo hice una “turné”, como la que va de gira”. Entre esas tres prisiones cumplió un año de condena.

En la prisión de La Palma los homosexuales estaban separados del resto de reclusos, según obligaba la ley. Esto implicaba estar la mayor parte del tiempo encerrados en una celda: “ estábamos en la celda 22 horas encerrados al día. La celda constaba de un baño pequeñito, un lavabo en una esquina y tres literas. Allí cumplíamos seis personas. (…). Cuando subían los machos del patio salíamos los maricones”.

Había que taponar los baños para que no salieran las ratas de la letrina. “Nosotros limpiábamos la celda, lavábamos la ropa y la tendíamos en la misma celda (…). Donde mismo hacíamos las necesidades, lavábamos la ropa y comíamos. (…)”.

Las ocupaciones en la prisión eran fundamentalmente de limpieza: lavar ropa de otros presos, limpiar cristales, incluso desde el exterior de la prisión… “ nos tenían entretenidos”, explica. Había un funcionario mayor que les hacían limpiar los pasillos de la prisión con ceniza, con cepillos de mano, de rodillas en el suelo. “Decía que la ceniza purificaba”.

No obstante, para un joven de apenas 18 años, la experiencia carcelaria, la separación de su familia y la sensación de aislamiento y estigma que significaba el estar separados de los demás presos eran situaciones difíciles de afrontar: “ en aquella época, como era joven, lloré mucho, lo pasé muy mal, pero siempre con la ilusión de que iba a salir. Mi madre fue a verme a Tenerife (…) después también fue a verme a La Palma, aprovechando que mi padre trabajaba en el barco y se quedaba en él por la noches. (…) Las cartas de mi madre me daban fuerzas para luchar y seguir adelante. Yo decía que ya llegaría mi tiempo de salir a la calle”.

De la prisión de La Palma salió en 1965. En 1966 fue trasladado a la comisaría de Policía “ por haber sido detenido en la vía pública por llevar a cabo actos de ostentación Homosexual”. Fue condenado a una multa de cinco mil pesetas e ingresó para cumplir 30 días de prisión. Por sus diferentes pasos por prisión fue indemnizado con una cuantía de 8.000 euros.

Como a todos los que sufrieron la represión del régimen, su experiencia le marcó profundamente: “ yo no puedo olvidar que una persona me diera un porrazo sin yo hacerle daño. Que yo estuviera en una esquina con dos amigos, hablando, y que llegaran unos señores vestidos con un uniforme, representando a la ley de España y que esos señores me maltrataran y me pegaran. (…) Yo no lo entendía y no lo entenderé así viva cien años”.

Patologización y momentos de cambio

Si, como decíamos al comienzo de este artículo, la Iglesia fue un pilar ideológico y referente moral del franquismo, una segunda institución social vino a reafirmar, con el aval de la ciencia – o pseudo-ciencia al servicio del régimen -, el tratamiento represivo de las disidencias sexuales: la institución médica y, especialmente, la psiquiatría. La condición patológica de la homosexualidad fue asumida por la psiquiatría oficial del régimen franquista, disciplina médica que se apoyó en tal condición para adaptarse sin remordimientos a las exigencias morales del nacional-catolicismo.

Esta visión patologizante de las disidencias sexuales se pone en evidencia en artículos como el publicado en el diario Falange, editado en Las Palmas de Gran Canaria, el 4 de junio de 1956, en el que el Dr. Laforet comenta el libro titulado Sodomitas, de Mauricio Carlavilla, un panfleto agresivamente homófobo publicado ese año. En su comentario, titulado Un grito de alarma, el doctor Laforet califica de “ valentía viril” el hecho de “ atacar al crimen nefando dondequiera que se encuentre y a quienquiera que lo pueda defender”.

“ Ya era hora”, expone el doctor, “ de que se hablase claro y decididamente sobre un contagio psíquico tan pernicioso”, con el fin de evitar que “ entre en la morada de la mente de los adolescentes ese aliado del demonio que es el pederasta. (…) El sodomita es un monstruo peligroso por su proselitismo y porque odia, rencoroso, todo lo que va mostrando a cada paso la inicuidad (sic) de sus crímenes contra la naturaleza y contra Dios. (…) La sodomía”, ultima el galeno, “no tiene ni puede tener justificación científica, como no la tiene la lujuria del heterosexual”.

Con una mezcolanza de ideas pseudo-científicas y prejuicios religiosos el autor muestra una imagen demonizada y psíquicamente perversa de la homosexualidad. Su publicación en el único diario de la época, controlado por el régimen, facilita la difusión del estigma, con la consecuente influencia en las actitudes fóbicas de una sociedad ya vigilada hasta en sus más profundos pensamientos. También la institución médica, como vemos, fue un instrumento útil para profundizar en el trato humillante a las disidencias sexuales durante el franquismo.

Sin embargo, y a pesar de la modificación de la ley en 1954, la homosexualidad no pareció ser una especial preocupación del régimen durante las primeras décadas de vigencia. Las memorias de la Fiscalía General del Estado de 1959 lo expresan de la siguiente manera:

“El balance del año judicial de 1957 (…) nos ofrece saldo positivo y un panorama satisfactorio y alentador en esenciales aspectos: el índice de criminalidad dolosa clásica (…), acusa una tendencia, más que estacionaria, regresiva, en relación con el incremento demográfico; sin que parezcan motivos de preocupación problemas candentes en otros países, tales como actividades terroristas, delincuencia juvenil y extensión y alarde de prácticas homosexuales”.

Pero algo estaba cambiando sustancialmente en la sociedad española. La sustitución de la desastrosa política autárquica de las primeras décadas, cuyos frutos habían sido hambre y miseria para el pueblo, por una política más aperturista, más las ayudas internacionales que Franco obtuvo gracias al apoyo incondicional a Estados Unidos, propiciaron un cambio socio económico que traería abundantes divisas y el inicio de una época caracterizada por el denominado desarrollismo económico.

La mejora de la economía se reflejó en un notable proceso de industrialización y la subsiguiente aparición de fenómenos como el éxodo rural a las ciudades. La llegada del turismo y cierta apertura de los medios de comunicación, no obstante su cercana vigilancia por las autoridades, colaboraron en el proceso. Estos ingredientes facilitaron un incipiente cambio de mentalidad en la sociedad que comenzó a resquebrajar, aunque fuera de manera superficial, la sólida estructura ideológica y moral impuesta durante las primeras décadas de la dictadura.

La influencia del turismo

La industria turística fue un elemento clave en el desarrollo de la economía de las Islas Canarias a partir de los años 60. El clima insular atrajo a un turismo masivo de sol y playa que se tradujo en un “boom” económico que implicó, además, un importante cambio sociológico en el archipiélago. La tradicional población rural comenzó a trasformar su economía y sus costumbres; el desarrollo de los núcleos urbanos costeros con atracción turística atrajo a la población del interior; los sectores de la construcción y de servicios sustituyeron rápidamente a la agricultura y se impusieron como los principales motores de las economías insulares, especialmente en las islas mayores.

El turismo europeo, con mentalidades más abiertas y de amplia cultura democrática, no sólo influyó en el aspecto puramente económico sino también impulsó un cambio de mentalidad de la sociedad. “ El espectáculo de libertad que inundó las playas y discotecas españolas, las nuevas pautas de actuación social, moral y cultural y, en suma, el acercamiento a las formas de vida de las sociedades educadas bajo sistemas democráticos provocaron una auténtica revolución en las mentalidades, sobre todo entre los sectores más jóvenes (2)”.

Estas nuevas ideas y formas de vida que empezaron a afectar a la sociedad no eran en absoluto del agrado del régimen. Los cambios de mentalidad comenzaron a influir en las actitudes de la ciudadanía, especialmente en el ámbito urbano, en el que el anonimato y cierta libertad social permitieron una mayor visibilización de las disidencias sexuales, aún a pesar de su persecución.

Esta visibilidad dio al régimen la sensación de un aumento de la homosexualidad que los informes de la Fiscalía del Tribunal Supremo pusieron de manifiesto. Así, el fiscal de Barcelona, en el informe del año 1962 manifiesta cierta alarma ante la “ creciente ola de homosexualismo” que el “dique de la Ley de Vagos parece insuficiente para contener”, por lo que “considera preciso tipificar como delito tan nefando vicio, hijo muchas veces de la vida fácil y licensiosa (sic)”.

La sensación de la existencia de una ola de homosexualismo, se expone a lo largo de diferentes informes con expresiones como “ aumento constante del homosexualismo” o “ el aumento de los delitos de escándalo público, principalmente el homosexualismo”, según manifiesta la Fiscalía de Tenerife en su informe del año 1967.

Es precisamente la influencia del turismo una de las causas a las que el régimen atribuye tal tsunami homosexual. Obviamente Canarias no fue ajena a esta influencia extrajera. El Fiscal de Las Palmas, en el informe del año 1971, consideraba que contribuye “al aumento de prácticas homosexuales (…) una clase especial y degenerada de turistas extranjeros. El fenómeno deriva en aumento de la delincuencia contra la propiedad al inducir a los jóvenes que se dedican a dichas prácticas a hacerse pago por sus propios medios de los “servicios” prestados y a desvalijar a veces a los “ clientes”.

“ La proliferación de estas conductas en algunos lugares muy determinados y perfectamente conocidos, que van alcanzando ya renombre internacional y que son frecuentados especialmente por gran número de extranjeros habituales, exigiría medidas extraordinarias de represión”, concluye al respecto el informe de la Fiscalía General del Estado de ese año. Sin nombrarlos la Fiscalía pone de manifiesto un fenómeno que, a pesar de sus intentos de represión, sería imparable y, efectivamente, daría renombre internacional a algunas zonas del país, entre ellas Canarias: las mecas del turismo homosexual, de las que Sitges y Torremolinos fueron precursoras.

El diario El Eco de Canarias reflejaba este fenómeno en un artículo titulado El subproducto del turismo, publicado el 17 de marzo de 1972. El autor llamaba la atención sobre determinados establecimientos, cuya ubicación no especifica (3) y, según cuenta, “ cuya finalidad, y tal vez negocio, es la corrupción de la gente joven”.

“ La señal de alarma – narra el periodista –, se ha dado con el cierre nada menos que de cuatro establecimientos que se identificaban “Para homosexuales” e incluso se hacían publicidad en este sentido en los países de origen de los posteriores visitantes”.  Estos hechos ponen de manifiesto, a su juicio, “la tragedia que sobre nuestra juventud se está echando como una de las más vergonzosas plagas de la humanidad”.

Tras vincular tales hechos con el tráfico de drogas y la trata de blancas, el periodista termina su artículo clamando por una “investigación hasta las “raíces” en todo lo que huela a esta nueva (?) invasión social organizada que afecta e infecta a nuestra querida y, hasta hace bien poco, cándida isla”.

La connivencia de la prensa con la ideología profundamente lgtb-fóbica del régimen, a través del control institucional y la censura, convertía a los medios de comunicación en portavoces de la moral nacional-católica oficial. La difusión de la ideología lgtb-fóbica por parte de los medios facilitó y expandió la estigmatización de las disidencias sexuales y su consecuente rechazo social. La publicación de artículos como los citados difundía con facilidad la imagen perversa del homosexual. A la condena penal se añadía la propaganda injuriosa realizada a través de los medios, directamente controlados por el régimen. Sin duda, la represión era ejercida por el sistema a través de todos los medios a su alcance.

Afeminados y peligrosos

Mientras otros países europeos habían despenalizado las relaciones homosexuales en la década de los sesenta, en España el régimen de Franco decidió actualizar la Ley de Vagos y Maleantes y, en 1970, fue aprobada la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. El artículo segundo de la ley establecía que “ serán declarados en estado peligroso y se les aplicarán las correspondientes medidas de seguridad, quienes: […] b) se aprecie en ellos una peligrosidad social”. Entre los “supuestos de estado peligroso se encontraba el de aquellos que realicen actos de homosexualidad”.

Esta nueva ley, a diferencia de la de vagos y maleantes, exigía expresamente la comisión de “ actos de homosexualidad” y, por tanto, la realización de prácticas sexuales de carácter homosexual y no la mera condición de homosexual. Siendo esto un “ avance”, pongámoslo entre comillas, la realidad de la práctica de la ley fue muy diferente. Numerosos testimonios de los represaliados indican que la mera expresión de la ruptura de los códigos de género, es decir, el afeminamiento o la pluma, era suficiente para ser detenido y pasar varios días en un calabozo de la comisaría. Y si esto ocurría en varias ocasiones era muy probable que el juez acabara aplicando la ley y condenando al reo al internamiento en un centro de reeducación.

En este sentido, es significativa la percepción social de la necesidad de reprimir incluso por la vía penal el afeminamiento, especialmente el masculino, ya que la mujer estaba prácticamente ausente del debate represivo desde el punto de vista legal (4). La columna titulada Mirador, publicada en El Eco de Canarias de 4 de noviembre de 1969, aludía al inicio del proceso de aprobación de la Ley de Peligrosidad social. “ Dentro de la nueva Ley parece que se trata de incluir como factor grave de peligrosidad social el afeminamiento en la indumentaria masculina (…), ciertas bandas, pandillas y todos aquellos persistentes en contrarias a la normal convivencia social. En suma, continuaba el artículo, ese “narcisismo” imperante en la juventud, favorecida por el afeminamiento en el uso de indumentarias y el sentido hedonista y materialista de la vida, los ebrios, la prostitución, etc”.

“ Y todo esto que hoy bulle en la mente de selectas clases rectoras parece deducirse del establecimiento diferencial entre hechos delictivos y conductas antisociales. (…) La peligrosidad que se deriva de la conducta de muchos jóvenes necesita adecuados remedios y a ello tienen las modificaciones (…), restablecer las buenas costumbres en la juventud”.

Si bien el texto final de la ley no fue tan restrictivo como para considerar peligroso el afeminamiento en la indumentaria masculina, no deja de llamar la atención que al articulista le resultara normal, y hasta conveniente, el condenar a un centro de reeducación a una persona exclusivamente por la posible ambigüedad de su vestimenta. Este hecho da una medida clara del rígido sistema de roles de género impuesto por el régimen que fue asumido con naturalidad por la sociedad de la época.

La tramitación de la Ley de Peligrosidad Social tuvo amplia repercusión en la prensa del régimen. Ya en la portada de El Eco de Canarias del 11 de octubre de 1969 el titular más destacado rezaba: El Consejo de Ministros ha pasado a las Cortes el proyecto Ley de Peligrosidad Social. Reforma la de vagos y maleantes. En el interior, el artículo resaltaba que la nueva ley no consistía en “ un nuevo ordenamiento de los estados peligrosos, sino meramente en edición actualizada de la ley de 4 de agosto de 1933”.

Según el artículo “ se aspira a sustituir el título de “Vagos y Maleantes” (…) por el más cabal, menos vejatorio y más concretamente comprensivo de las diversas conductas que interesan, de “ Peligrosidad Social”. Asimismo aspiraba la ley a “dotar al sistema de efectividad (…) evitando que las medidas de seguridad se conviertan en corrientes penas privativas de libertad y que se frustren el propósito ellas”, para lo cual “se crean los establecimientos especiales precisos, de custodia, trabajo, colonias agrícolas, reeducación, preservación y templanza (…)”.

Más allá de las intenciones de la ley, la realidad es que en Canarias, al igual que en el resto del Estado, no se ejecutaron en absoluto las previsiones de la ley en cuanto a infraestructuras destinadas a aplicar las medidas de seguridad. La arbitrariedad en su aplicación fue tan habitual como en la Ley de Vagos y Maleantes. Algunos estudios determinan que, a nivel nacional, fueron más de cinco mil los disidentes sexuales que fueron víctimas de la represión por esta ley, aunque su número real no está aún contabilizado.

La muerte del dictador en 1975 y la aprobación, en diciembre de 1978, de la Constitución española permitieron la reforma de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, por ser incompatible con los principios democráticos. Esta ley se modificó en 1978, mediante una reforma legal en la que se eliminaron varios artículos de la misma, entre ellos los que hacían referencia a los actos de homosexualidad.

Conclusiones