El obispado de Alcalá celebra cursos ilegales y clandestinos para ‘curar’ la homosexualidad

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El obispado de Alcalá de Henares imparte terapias ilegales y clandestinas para ‘curar’ la homosexualidad. Haciéndose pasar por un joven que quiere cambiar su orientación, este periodista ha asistido a la primera sesión de una de estas pseudoterapias, que tuvo lugar el 21 de marzo en el Centro de Orientación Familiar Regina Familiae, un servicio que pertenece a la diócesis de Alcalá y que está dentro del mismo complejo religioso. Este tipo de sesiones están prohibidas en la Comunidad de Madrid y quienes las imparten pueden enfrentarse a multas de más de 45.000 euros, según el artículo 70.4.c de la Ley de Protección Integral contra la LGTBfobia de la Comunidad. El obispado confirma por escrito a eldiario.es que el centro es suyo y que se hacen las terapias, aunque niega que sean “terapias reparativas” y explica que se trata de formación “educativo-sexual (educación en el amor)”.

No solo se trabaja en persona, también desde una dirección de correo corporativa del obispado se realizan envíos con materiales (imagen arriba). Uno de esos materiales es el libro titulado ‘Terapias Reparativas’, del psiquiatra estadounidense Joseph Nicolosi, cuya lectura recomienda la supuesta profesional, que colabora con Reig Pla desde hace años. En 2006, cuando él era obispo de Cartagena, B. V. fue nombrada también directora del Centro de Orientación Familiar de dicha diócesis, desde donde trabajaba.

“Una herida que puede curarse”

Según los documentos enviados antes de la sesión, la homosexualidad se produce por no haber despertado o cultivado suficientemente la masculinidad debido a un trauma que puede ir desde una mala relación con tus padres a abusos sexuales. “A lo largo del proceso de maduración personal ha habido relaciones, hechos, ausencias, sufrimientos, traumas… Que han producido heridas en nuestro ser. Habrá complejos, carencias y experiencias que te han hecho estar buscando y comparándote con otros chicos”, dice B. V. nada más iniciar la sesión. Esa herida, aseguran sus tesis homófobas, puede repararse mediante psicoterapia y asesoramiento pastoral. “LGTBfobia cognitiva”, bautiza a la sesión sin ningún criterio científico.

Según las fichas de trabajo a las que ha tenido acceso eldiario.es, el proceso para dejar la homosexualidad es lento y debe compaginarse con psicoterapia, lecturas y tareas que completar en casa. La primera recomendación durante la reunión es dejar de consumir pornografía y masturbarse menos, para deshacerse del refuerzo positivo que supone haber recibido estímulos visuales. “Tú ya tienes un hábito muy arraigado. Para tener una relación con una chica tienes que controlarte”, explica B. V. La cita para la segunda sesión fue concertada el 23 de abril e iba a tener lugar en el mismo Palacio Arzobispal. “Atendemos también en el obispado. Tenemos un despacho allí”, confirma la pseudoterapeuta a eldiario.es. Una cita que ya no se producirá.

Rechazo de la aceptación

Uno de los documentos que se envía desde este centro del obispado considera la homosexualidad como indeseable: “La mentira gay y la desinformación sobre este tema está llevando a muchos adolescentes y jóvenes a pensar que han de aceptarse y por lo tanto, se les está condenando a una vida de sufrimiento, de mentira, de degradación y de muerte. En lugar de ayudarles a descubrir y madurar su verdadera identidad, la masculinidad, se les condena a vivir una falsa identidad”. Se habla de falsa identidad porque quienes llevan a cabo estos tratamientos consideran que la homosexualidad ni siquiera existe.

El trauma que sufrieron las personas con tendencias homosexuales ha provocado lo que en el obispado de Alcalá llaman AMS y PMS: atracción y proyección hacia las personas del mismo sexo. “La AMS es el grito, la alarma, la fiebre que te avisa de que algo en ti necesita madurar, ser cultivado. Si la Mentira/Manipulación Gay no hubiera inundado todos los rincones de nuestro mundo y por el contrario fuéramos capaces de responder con prontitud y verdad a esta llamada del corazón de los adolescentes, sería muy sencillo y rápido madurar la personalidad y la masculinidad y superar la atracción hacia el mismo sexo”, reza uno de los documentos entregados a los jóvenes.

Este mismo vocabulario homofóbico aparece en la web oficial del Obispado de Alcalá de Henares. Desde donde hace varios años se define la homosexualidad como una inclinación que se puede cambiar mediante “una terapia apropiada”. En la página del Obispado existe incluso un directorio desde el que acceder a todo tipo de material homofóbico. Entre las webs recomendadas aparece esposiblelaesperanza.com, la misma asociación que pone en contacto a este periodista con la terapeuta.

No es nuevo que las instituciones religiosas que dirige José Antonio Reig Pla mantengan tesis que rechazan y denigran a los homosexuales. En 2012 demandó que los padres que tuviesen hijos con conductas homosexuales, buscasen “la ayuda de personas expertas y calificadas para proporcionarles todo el apoyo posible”. En 2008, cuando era obispo de Cartagena, trató de poner en marcha patrullas informativas para promover la virginidad, rechazar el aborto y el matrimonio homosexual.

Fuentes de la Conferencia Episcopal rechazan hacer comentarios ya que “este no es un órgano jerárquico de las diócesis, sino un órgano que les da servicio”.

Si has sido víctima de una de estas terapias y quieres contar tu caso, puedes escribirnos a nuestro mail pistas@eldiario.es

Fuentes oficiales del obispado de Juan Antonio Reig Pla, conocido por sus polémicas homófobas, puntualizan que se trata de “acogida y acompañamiento de personas que acuden a nosotros”. Sin embargo, eldiario.es ha comprobado en primera persona que tanto el contenido de los materiales enviados por correo como la primera sesión de pseudoterapia (impartida por una persona sin formación) están enfocados a que la persona deje de ser homosexual, algo que los expertos del Consejo General de la Psicología de España consideran anticientífico y peligroso, “porque suelen derivar en problemas de ansiedad, depresión y suicidio”. La ley madrileña lo califica directamente de ilegal, ya que prohíbe “la promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género”, independientemente de si las personas acuden voluntariamente o no, y las considera una infracción muy grave que puede conllevar la retirada de subvenciones públicas.

La supuesta terapeuta, B. V., dice ser doctora en biología y, como confirma el Colegio de Psicólogos de la Comunidad de Madrid a eldiario.es, no está colegiada y por tanto no tiene habilitación para hacer terapia de ningún tipo. En el obispado tiene un cargo en la sección madrileña del Pontificio Instituto Juan Pablo II, un centro de estudios que en España dirige el obispo de Alcalá de Henares y que imparte el “Máster para las Ciencias del Matrimonio y la Familia”, según el obispado.

Aunque la diócesis niega que sean terapias de reversión, la propia pseudoterapeuta lo admite en una grabación en una de estas sesiones ilegales y asegura que conoce bien el riesgo y la ley que lo prohíbe: “Explicarte por qué sientes lo que sientes y cómo dejar de sentirlo se considera homofobia. Yo sé que esto puede tener consecuencias. Esto es un acto LGTBfóbico cognitivo. Podrían llegar incluso a cerrarnos el centro”, dice al periodista, que se hace pasar por un chico confundido con su sexualidad. “Estoy teniendo contigo un acto homofóbico. O sea, yo te estoy intentando ayudar. Yo sé que esto puede tener consecuencias, hasta tal punto que yo podría ir a la cárcel”. También le pide que no se lo cuente a nadie, ni siquiera a sus amigos, y le avisa de que si lo hace habrá problemas para todos los que acuden y además le intentarán convencer para que no vuelva a una sesión.

“Tenemos que seguir luchando por los derechos adquiridos del colectivo LGTBI”

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Udane HerFer, Eider Pérez, Cristina Rueda y Amparo Villa, durante la jornada celebrada en Bizkaia Aretoa.Foto: Oskar M. Bernal

BILBAO– “Hace dos años estábamos en las calles protestando por un autobús naranja y ahora resulta que personas que defienden lo mismo podrían llegan al poder”, aseguró ayer Udane HerFer, una de las autoras de la investigación llevada a cabo por la asociación Aldarte en relación a las estrategias para hacer frente a los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género. El polémico mensaje tránsfobo de HazteOír, que incluso llegó a Bilbao, solo fue un avance de la paradoja a la que se expone el colectivo, que tras décadas de reivindicación para combatir la discriminación teme un posible retroceso: “Tenemos que seguir luchando por los derechos adquiridos del colectivo LGTBI porque no son permanentes. Igual que los hemos logrado nos los pueden quitar”, añadió HerFer.

A su lado, Eider Pérez, Cristina Rueda y Amparo Villar, integrantes del equipo que ha llevado a cabo la investigación, asentían. “Había cosas que la gente pensaba pero no las decía. Eso estaba llevando a extinguir ciertas ideas que ahora los políticos, sin pensar en la responsabilidad que tienen, las ponen encima de la mesa. Tienen mucha prensa, se les recibe en todas partes y se está pactando con ellos”, reveló, por su parte, Pérez. “Si los políticos encienden el discurso de odio y proporcionan impunidad, echando leña al fuego… esto va a arder”, pronosticó Rueda, quien ve con temor la “efervescencia de la violencia”. Sin embargo, ante esta situación, HerFer abogó por centrarse en el posicionamiento que se toma desde el colectivo, y no solo el LGTBI, sino también desde otras comunidades, como las que luchan contra el racismo, por ejemplo.

Las investigadoras expusieron estas reflexiones en el marco de la jornadaRetos para afrontar los delitos de odio por diversidad sexual y de géneroorganizado ayer por Aldarte en Bizkaia Aretoa, donde se constató que las vulneraciones que sufre el colectivo son más cotidianas de lo que parece. ¿Pero qué dicen los números al respecto? “Según el Ministerio de Interior, a nivel del porcentaje de la población, Euskadi está en el tercer puesto entre las comunidades donde más delitos de odio se dan. Por provincias, Bizkaia es la cuarta y Gipuzkoa, la séptima. Siendo territorios pequeños, que haya ese nivel de denuncia constata que es una problemática importante”, expuso Cristina Rueda. Sin embargo, consideró que el hecho de que haya más denuncias -que también se recogen en la red Eraberean o en las propias asociaciones- prueba, asimismo, que “hay más sensibilización y herramientas que en otros sitios”.

En ese sentido, Pérez mencionó que es importante que la sociedad sepa identificar lo que es un delito de odio, para “que no se normalice y se saque del plano de lo natural”. A pesar de ello, las investigadoras son conscientes de que denunciar no siempre es fácil. “Implica visibilizarse y muchas veces no se hace por eso mismo”, reveló HerFer, a lo que Rueda agregó: “Requiere de un empoderamiento. El colectivo LGTBI tiene esa violencia muy interiorizada. Cuando la abogada de la asociación pregunta ¿Es la primera vez que has sufrido una agresión?,es común que la respuesta empiece por un no”. En cualquier caso, Villar defendió que “el foco de los delitos y las violencias no tendría que estar en los números, sino en visibilizar lo que está pasando”.

Aunque haya habido casos a nivel mundial que han sido sobrecogedores por su brutalidad, reconocen que en Euskadi no ha habido sucesos que hayan trascendido tanto. Mencionan el asesinato Vicente Badillo, un travesti de Errenteria, ocurrido hace cuarenta años. “Hizo que todo el mundo saliera a la calle”, evocó HerFer. Villar también rememoró el caso de Mikel, que fue agredido por las fuerzas de seguridad durante un congreso del PP: “Era una persona pública, fueron a por él”. En relación a esto, Cristina Rueda señaló que “uno de los problemas del colectivo es que tiene muy poca memoria histórica. Si las agresiones son habituales, ¿por qué trascienden unas y no otras?”.

VULNERACIONESComo comunidad heterogénea que es, las vulneraciones que sufren son muy diferentes. “Cuanto más te alejes de la norma -hombre blanco, adulto joven, heterosexual-, más fácil es que padezcas violencia”, declaró Udane HerFer. “En Latinoamérica se podría decir que las mujeres trans son las que más violencia sufren. Mientras tanto, los hombres trans son los más invisibilizados”, explicó Rueda, quien remarcó que incluso “dentro del propio colectivo hay violencia derivada de cuestiones como el racismo o el machismo”. En ese sentido, además de generar espacios seguros con redes afines, Eider Pérez mencionó la importancia de combatir “el capitalismo y el heteropatriarcado, diferentes constructos que cruzan estas violencias”.

Y, además, no hay ningún ámbito social en el que no estén presentes. “El miedo atraviesa todos los contextos pero los espacios de mayor vulnerabilidad suelen ser la escuela, el trabajo y la familia”, afirmó HerFer, quien recordó el caso de una persona que participó en el estudio: “Comentaba que hasta que no consiguió su plaza de funcionario, no se atrevió a nombrar el hecho de que era gay. Tenía miedo de que le pudieran echar”. De esa forma, expuso que los delitos de odio no se limitan a “los casos más extremos presentes en el imaginario” y no solo se desarrollan estrategias de supervivencia “por un peligro de muerte sino por no ser aceptado”.

¿Cómo abordar esta problemática? ¿La vía judicial es la única forma? “Esa es una de las preguntas que quedan abiertas en la investigación. Es una vía necesaria para no encontrarnos con los niveles de impunidad de otros países, pero la transformación social tiene que venir de otro lado”, aseguró Eider Pérez durante la jornada en la que también se pudieron escuchar las experiencias de varios países latinoamericanos. “Los contextos que más abogan por la ley son aquellos que menos leyes tienen”, añadió HerFer. Como ejemplo, Cristina Rueda citó el Día Internacional del Orgullo: “Aquí, cuando se ha avanzado a nivel de protección hasta un punto, salir a la calle a celebrarlo no se entiende tanto, o se critica, porque podemos vivir como personas del colectivo LGTBI a diario. Sin embargo, en un contexto donde no puedes movilizarte, como en Nicaragua o Guatemala, tener un día para reivindicarte es importante”.

De castigos a reconversiones: así fue la barbarie franquista contra las personas LGTBI

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Con el fin de la Guerra Civil española hace 80 años, el colectivo LGTBI sufrió la persecución de la dictadura que primero los trató como delincuentes, después como enfermos y los consideraba una amenaza.

El dictador Francisco Franco, en una de sus asistencias bajo palio a una celebración de la Iglesia católica. EFE

“La dictadura nos persiguió porque éramos algo que hubiera debilitado al régimen. Nos alejábamos del modelo social que la cruzada franquista propugnaba. Para ese movimiento hercúleo de hombres forjados en la potencia ‘éramos lo peor’, como decía Pedro Zerolo”. La activista Boti García Rodrigo explica con estas palabras las torturas y la cacería legal que sufrieron las personas LGTBI con la llegada de la dictadura de Francisco Franco, que se instauró en todo el país el 1 de abril de 1939, tras el final de la Guerra Civil hace ya 80 años.

No obstante, la represión había comenzado antes, tal y como remarca Ramón Martínez, historiador especializado en la realidad LGTBI: “El asesinato de Lorca fue un primer aviso importante para mucha gente de lo que se avecinaba con el gobierno ilegítimo”. El poeta granadino fue “fusilado y abandonado” en una cuneta el 18 de agosto de 1936 “por rojo y maricón”, según relataron su delator, Ramón Ruiz Alonso, y su ejecutor, Juan Luis Trescastro. Sus testimonios los ha recogido el periodista Marcos Paradinas en su libro El fin de la homofobia.

“Desde el comienzo, la homosexualidad se consideró una afrenta al régimen franquista. Es aterrador ver cómo las cuatro décadas de dictadura sirvieron para perfeccionar una sanguinaria maquinaria estatal con la que erradicar las heterodoxias”, recalca el historiador. Aun así, durante los primeros 15 años de la dictadura, Franco “estaba bastante ocupado con la aniquilación de los rivales políticos”, señala Pardinas, y no fue hasta pasada “esa purga” que decidió ir a por las personas LGTBI con la modificación en 1954 de la Ley republicana de Vagos y Maleantes.

No obstante, usar estas siglas en el marco de la dictadura no es del todo correcto ya que supone ser infiel a la forma en la que el régimen entendía la diversidad y porque por aquel entonces aún no se había organizado el movimiento LGTBI que conocemos hoy en día. “El denominador común del franquismo es que todos eran maricones. No supo distinguir entre orientación sexual e identidad de género. Las mujeres trans eran consideradas travestis u homosexuales”, incide Raúl Solís, autor del libro La doble transición donde recoge la vida de ocho mujeres trans durante estos años de totalitarismo. “Trans, homosexuales y bisexuales iban al mismo saco conceptual de los ‘desviados’”, apunta Martínez.

Como expuso Fernando Olmeda en su libro El látigo y la pluma, con la dictadura se implementó en la sociedad española una idea muy concreta de masculinidad y de lo que debía ser un hombre. Martínez coincide con el periodista y especifica que al varón se le aplicaba “la versión más férrea de los roles de género. Cualquiera que lo incumpliera no solo era un traidor a su sexo, sino también un traidor a la patria, que necesitaba ‘hombres de verdad’ para fecundar mujeres que dieran a luz a españoles de bien. Hay textos que incluso se plantean si los hombres no heterosexuales son recuperables o no para la causa de la propagación de la raza”. Solís lo sentencia así: “En un sistema patriarcal lo que se privilegia es la copia del patriarca. Las personas LGTBI cuestionaban la columna vertebral del nacionalcatolicismo. Por eso nos perseguían”.

Una condena disfrazada de precaución

La Segunda República había descriminalizado la homosexualidad en el Código Penal de 1932, pero tampoco se puede afirmar que fuera “una buena aliada”: “Solo Gregorio Marañón empatizaba un poco porque consideraba la homosexualidad un problema médico, no un delito. Hoy nos parece algo inaceptable, pero fue posiblemente el mayor avance hasta la fecha. Un jurista como Jiménez de Asúa, que fue presidente de la República en el exilio, protestó firmemente cuando la dictadura de Primo de Rivera persiguió penalmente la homosexualidad y estuvo detrás de la despenalización al llegar la República”.

Si bien es cierto que el régimen franquista tardó tres lustros en legislar contra las personas LGTBI, el Tribunal Superior se pronunció al respecto el 15 de octubre de 1951. En una sentencia que recoge el escritor Arturo Arnalte en su obra Redada de violetas, el órgano judicial dictó que “la homosexualidad es ‘vicio repugnante en lo social, aberración en lo sexual, perversión en lo psicológico y déficit en lo endocrino’”. Tres años más tarde, el 15 de julio de 1954, Franco retocó el texto de la Ley de Vagos y Maleantes para “convertirlo en una norma que perseguía la diversidad y que reconocía a las personas homosexuales como posibles delincuentes”, manifiesta Martínez.

“La idea que subyacía es que alguien por el simple hecho de no ser heterosexual está más cerca de cometer un delito y que, por ello, debe ser detenido”, narra el historiador. Por su parte, Pardinas remarca en El fin de la homofobia que las medidas no se establecían como “penas”, sino como “medidas de seguridad”. “La aberración era triple: se persigue la identidad y no el acto sexual, se establece una persecución ‘preventiva’ y se prescinde la necesidad de prueba alguna para hostigar a los sospechosos”, resalta.

Por culpa de esta Ley “existieron auténticos campos de concentración para homosexuales en nuestro país durante al menos dos décadas. La colonia agrícola de Tefía, en Fuerteventura, es un ejemplo de aquel horror”, cuenta Martínez. Según un informe de Amnistía Internacional de 2015, allí sometían a los presos a “condiciones inhumanas, trabajo hasta el agotamiento, palizas y hambre”. El testimonio más revelador fue el de Octavio García Hernández, que falleció el año pasado.

Un tardofranquismo corrector

Las mujeres lesbianas y bisexuales no llegaron a sufrir esta persecución tan dura porque “legalmente no se las perseguía”, puntualiza Martínez. Boti Garcia Rodrigo lo recuerda así: “Para la dictadura no existíamos. No podían imaginar que hubiera mujeres que prescindieran del varón para hacer su vida. Ellos sufrieron torturas y humillaciones pero nosotras terminábamos en el convento, en matrimonios forzados o en el psiquiatra. No sé si es mejor que te peguen o que ni te vean ni te hagan persona. Estábamos condenadas a la invisibilidad más absoluta, a la no existencia”, explica la que fuera presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB).

Sin embargo, las medidas contra las identidades LGTBI se endurecieron con la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970, que Martínez ha descrito en su libro Lo nuestro sí que es mundial como “la barbarie antihomosexual más descarnada”. El objetivo de esta ley era reeducar y reinsertar a los hombres homosexuales con prácticas de reconversión que iban desde los electroshocks y las terapias de psicoanálisis hasta las lobotomías. Con este texto, y según señala Pardinas, “ya no son delincuentes a los que castigar, sino enfermos a los que curar”.

Martínez aclara que aunque en teoría buscaban devolver a los homosexuales (y también a las personas trans) al camino de la sexualidad correcta, el objetivo era otro: “Querían erradicarnos. Nos decían que iban a reeducarnos porque decir que pretendían exterminarnos recordaba a otra cosa, que era precisamente la que intentaban hacer”. Además, se construyó una prisión en Badajoz para los homosexuales pasivos, otra en Huelva para los activos y se destinaron a muchos otros junto con mujeres trans a las cárceles de Carabanchel y de la Modelo (Barcelona).

El ejemplo de la represión más cruel reside en Lorca, pero también fueron víctimas de esta opresión otros nombres como Antonio Ruiz, expreso valenciano que lideró la lucha de la eliminación de las fichas policiales; el cantante de copla Miguel de Molina, que sufrió una paliza casi mortal; la poeta Gloria Fuertes a la que se la encasilló como una escritora para niños; y el dramaturgo Agustín Gómez Arcos que terminó en el exilio.

A pesar de esta barbarie, gais, lesbianas, bi y trans siguieron reuniéndose en la clandestinidad, se armaron para levantar el movimiento LGTBI español y pelear por sus derechos. “Estoy muy orgullosa de mi colectivo porque hemos buscado nuestra libertad como seres humanos. Somos unos resistentes”, concluye García Rodrigo.

Ahora, cuando se cumplen 80 años del final de la Guerra Civil, el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Ada Colau, interpuso una querella contra varios jueces de la dictadura por sus sentencias homófobas. La Justicia, sin embargo, ha rechazado investigar estos casos ya que se ajustaban al orden legal cuando fueron dictadas. 

El Gobierno de Pedro Sánchez cuestiona la Ley LGTBI de Mónica Oltra

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El Ejecutivo central plantea una comisión bilateral, que es el paso previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad

Mónica Oltra, en el centro, el día que se aprobó la ley LGTBI en las Cortes. EFE

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha puesto en cuestión una de las leyes bandera de la Conselleria de Mónica Oltra. Se trata en concreto de la ley de igualdad de personas LGTBI, sobre la que se ha planteado la apertura de una comisión bilateral de cooperación entre la Administración general del Estado y la Generalitat, que es el paso previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra una ley si ambas administraciones no resuelven sus discrepancias.

El DOGV da cuenta este jueves del inicio de las negociaciones para resolver las dudas del Gobierno central sobre dos artículos en cuestión: el 26, referido a las medidas en el ámbito del empleo y de la responsabilidad social para la igualdad de trato y oportunidades de las personas LGTBI, y el 60, en el que se detallan las infracciones administrativas aplicables.

Fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas han manifestado a este diario su estupefacción por el paso dado por el Gobierno central contra una ley aprobada en las Cortes sin ningún voto en contra (el PP se abstuvo) y, por tanto, con el beneplácito y apoyo del PSPV. “Lamentamos que no se note la diferencia del cambio de Gobierno en cuanto a recurrir leyes del Botànic”, criticaron las mismas fuentes, en referencia a la cascada de recursos con que amenazó el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El Gobierno central duda de la legalidad de cuestiones como la obligación de las empresas de respetar la igualdad de trato, de condiciones y oportunidades de las personas LGTBI. No porque se considere que entra en contradicción con la legislación estatal, sino porque va más allá de las competencias autonómicas en esta materia.

El mismo argumento es de aplicación al artículo 60 que hace referencia a sanciones a actuaciones como la implantación, el impulso o la tolerancia a las prácticas discriminatorias en el ámbito laboral, que la ley LGTBI tipifica como sanción grave. El Gobierno central considera que el procedimiento sancionador corresponde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

COMPROMÍS LO VE INCOMPRENSIBLE

El portavoz de Compromís en las Cortes, Fran Ferri, ha mostrado la “estupefacción” de su formación tras conocer que el Gobierno central cuestiona la ley valenciana. A su juicio, es “incomprensible” que se ponga en entredicho una norma que “se aprobó en Les Corts sin ningún voto en contra”.

Según ha señalado Ferri, les sorprende que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez “haga lo mismo que hacía el de Mariano Rajoy, amenazando con llevar a los tribunales las leyes sociales valencianas”. “Es una ley que solo busca acabar con la discriminación y garantizar la igualdadentre todas las personas sean como sean, y amen a quien amen”, ha subrayado.

Ferri ha destacado que estos cuatro años el Botànic ha situado a la Comunidad “al frente de las políticas de igualdad, lo que contrasta con la inacción de los diferentes gobiernos de Madrid que no han aprobado ni la Ley trans ni la ley LGTBI a nivel estatal“.

Por ello, ha reclamado: “Lo que pedimos es que si no tienen la capacidad o las ganas para llevar adelante estas leyes, como mínimo que no pongan palos en las ruedas a las leyes que hemos aprobado aquí”.

Morir por ser gay: el mapamundi de la homofobia

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Once países aún castigan las relaciones homosexuales con la muerte. En uno de cada tres son ilegales

FUENTE: ILGA

Hay un mapa del mundo que se divide básicamente en dos colores. Uno impregna 70 países, donde ser gay o lesbiana es ilegal, incluso letal. Otro tiñe las 123 naciones donde mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo no está castigado. La mayor asociación de defensa del colectivo LGTBI del mundo dibuja este croquis periódicamente que muestra cómo decrecen los lugares donde se persigue a las personas por su orientación sexual y emergen nuevas amenazas, como la llegada al poder de líderes homófobos.

En el informe Homofobia de Estado 2019 de la Asociación Internacional de Gais, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA), difundido este miércoles, se han borrado del atlas de la infamia India, Trinidad y Tobago y Angola desde la última revisión, de 2017. Se han sumado al matrimonio igualitario Australia, Malta, Alemania y Austria, siendo ya 26 los países en el podio de la equiparación de derechos. La organización destaca también como símbolo de una mayor protección que nueve naciones hayan incluido en su constitución la mención explícita de que la orientación sexual no debe ser motivo de discriminación. Entre ellos Portugal, Ecuador, Bolivia o Sudáfrica, una isla de igualdad en el panorama africano.

El extenso trabajo de ILGA, de más de 500 páginas, revisa la legislación en todos los países miembros de la ONU. La 17ª edición se ha presentado durante la reunión anual de la federación, en Aotearoa (Nueva Zelanda). Su autor es el abogado argentino Lucas Ramón Mendos.

El peligro de morir por mantener relaciones homosexuales no ha disminuido respecto al último informe. Seis países lo castigan con la pena capital: Arabia Saudí, Irán, Yemen, Sudán, 12 Estados que conforman Nigeria y parte de Somalia. Además, un gay puede ser condenado a muerte en Mauritania, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Pakistán y Afganistán. El informe resalta que aunque Irak ha desaparecido de la lista “por la eliminación del Estado Islámico, queda como un país que criminaliza de factodebido a que persigue a los homosexuales utilizando leyes de escándalo público, prostitución y otras”.

En otros 26 la condena máxima por estos actos varía entre 10 años de prisión y cadena perpetua. En 31 se castiga con hasta ocho años. En resumen, en uno de cada tres países (35%) es peligroso mostrarse como miembro de la comunidad LGTBI. En 68 naciones, señala el estudio, “hay leyes que explícitamente prohíben los actos sexuales consensuados entre personas del mismo sexo y dos más los criminalizan de facto. Además, jurisdicciones que no pertenecen a Estados miembros de la ONU también castigan estas conductas, como Gaza, las Islas Cook y ciertas provincias de Indonesia”.

La muerte y la prisión son los casos extremos de una violencia que, desde la cumbre del poder, se inflige con las leyes. Al menos 32 países, recalca el informe, han impulsado medidas para limitar la libertad de expresión (incluidas leyes de propaganda que prohíben la promoción de la homosexualidad o las relaciones sexuales “no tradicionales”). En 41 naciones se imponen trabas a las organizaciones LGTBI para ser legalizadas o trabajar, “lo que incrementa el peligro al que se exponen los activistas”.

La situación de Chechenia se califica de “crítica” y refleja las torturas y persecuciones infligidas por las autoridades a gais y lesbianas. El pasado enero los activistas denunciaron que dos personas habían muerto y 40 más permanecían detenidas en otra purga. También las regresiones y amenazas forman parte del panorama que dibuja el informe. Horas antes de la presentación, el general Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, declaraba en Washington tras encontrarse con su nuevo aliado en tantas cosas, Donald Trump: “Respetamos a la familia tradicional, somos temerosos de Dios, en contra de la ideología de género, de lo políticamente correcto y de las fake news”.

Aunque más lento que lo deseado, señalan los miembros de ILGA, también se producen progresos. Quizá lo más evidente sea, como se destaca en la edición de este año, que India, un país de gran envergadura e influencia, haya acabado con una ley victoriana que prohibía las relaciones homosexuales, castigadas con una pena máxima de cadena perpetua. Tal medida ha supuesto que baje dramáticamente el número de personas sometidas a leyes homófobas, hasta el 27% de la población mundial.  Desde septiembre de 2018, 1.300 millones de ciudadanos indios no están en ese grupo.

Veintiséis países reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo y 27 han regulado las uniones civiles, 72 naciones tienen leyes que protegen a los homosexuales y lesbianas de ser discriminados en el trabajo. 39 poseen normas que castigan la incitación al odio, la discriminación o la violencia contra una persona por razón de orientación sexual y 28 permiten adoptar a gais y lesbianas.

Hazte Oír recurre la retirada de su condición de utilidad pública por considerarla “persecución ideológica”

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La asociación HazteOír ha anunciado que va a recurrir la revocación de su condición de utilidad pública debida a su campaña transfóbica en un autobús, al considerar que se trata de “una persecución ideológica y política en toda regla”, y ha asegurado que sacarán otro autobús con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

El presidente de HazteOir, Ignacio Arsuaga, ha rechazado este miércoles el fallo del Ministerio del Interior, en el que se alega que su polémica campaña suponía una falta de respeto y un menosprecio a otras opciones que no comparten sus ideas.

Para Arsuaga, el único argumento de la resolución “injusta y antijurídica” es que sacaron a la calle “un autobús cuyos mensajes solo afirmaban lo que dice la biología, y está recogido en todos los libros de texto de las escuelas, que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva“.

Ha mostrado su extrañeza porque el propio ministro, Fernando Grande-Marlaska, haya firmado la resolución y ha opinado que se debe a que el Gobierno quiere mostrar que es “un adalid de las ideas progresistas” mientras ni saca los Presupuestos adelante ni aprueba ninguna ley.

“¿Por qué la Felgtbi, los golpistas de Ómnium y la Fundación de Bildu pueden faltar al respeto a mis ideas y de muchos españoles y siguen manteniendo su estatus de utilidad pública?” y reciben dinero de público “en cantidades considerables, cosa que HazteOír no ha hecho nunca”, se ha preguntado Arsuaga.

Ha recalcado que están preparando ya su próxima campaña con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, cuando pondrán en marcha un autobús, en este caso contra el “feminismo radical” y que intentarán que PP, Ciudadanos y Vox se comprometan de cara a las elecciones de mayo a derogar las leyes de género.

HazteOir anuncia ahora un nuevo autobús “contra el feminismo radical”

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DE CARA A LA HUELGA DEL 8 DE MARZO

El autobús de HazteOir con mensajes transfóbicos, retenido en un aparcamiento de Madrid. (EFE)

MADRID. La asociación HazteOir.org ha anunciado que recurrirá la revocación de utilidad pública por parte del Ministerio del Interior en las próximas dos semanas, pedirán una medida cautelar de urgencia para que se paralice la resolución que consideran “injusta y antijurídica” y, en torno al 8 de marzo, día de la huelga feminista, pondrán en circulación un autobús “contra el feminismo radical y la ideología de género” con un mensaje “impactante”.

“La revocación de utilidad pública es un capítulo más en una serie de agresiones promovidas por el poder para acallar a los ciudadanos que no comulgan con sus dogmas. Estamos ante una persecución ideológica y política en toda regla. España es un país democrático donde no puede cuestionarse la libertad de expresión al estilo de los regímenes bolivarianos como el venezolano”, ha denunciado el presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, este miércoles 6 de febrero en rueda de prensa.

Así se ha pronunciado después de que este martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, revocara la utilidad pública a la asociación, al considerar que “faltan al respeto” con campañas como la del autobús a “otras opciones distintas” a las defendidas por la entidad.

Por su parte, el presidente de la asociación ha defendido el mensaje de aquella campaña: ‘Los niños tienen pene;las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo. No permitas que manipulen a tus hijos en el colegio’;y ha indicado que es “lo que dicen los libros de biología”.

Por ello, ha adelantado que la asociación recurrirá en dos semanas a los tribunales y solicitará en el recurso que se adopte una medida cautelar con carácter de urgencia para que se paralice la aplicación de la resolución.

La revocación de utilidad pública afectará en la práctica a los socios de HazteOir.org que ya no podrán desgravarse por los donativos que hacen a la asociación, según ha explicado Arsuaga. No obstante, ha precisado que no les afecta en cuanto a subvenciones porque “jamás” han recibido una, sino que se financian “exclusivamente” con las cuotas de los socios y las aportaciones de los donantes;ni en lo que se refiere a la exención del IBI porque, según ha dicho, no tienen ningún inmueble en propiedad.

En respuesta a esta resolución, HazteOir.org también pondrá a circular por Madrid y otras ciudades españolas, en torno al 8 de marzo, un nuevo autobús “para denunciar el feminismo radical, el supremacismo feminista y la ideología de género”. Arsuaga no ha querido revelar el lema que aparecerá en el vehículo aunque ha asegurado que será “impactante”.

Este autobús forma parte de una campaña más amplia que vienen desarrollando desde hace unas semanas y que se prolongará hasta finales de mayo, cuando se celebran las elecciones europeas, municipales y autonómicas. El objetivo de la misma es convencer a Ciudadanos, PP y Vox, con los que dicen estar “en contacto”, para pedirles que deroguen “las leyes de género”, en concreto, “la ley de violencia de género” pues creen que “no consigue parar la violencia contra las mujeres” y “discrimina al hombre”.

Interior retira la condición de “utilidad pública” a la asociación Hazte Oír

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El autobús de Hazte Oír que recorrió las calles españolas durante 2017 BERNARDO DÍAZ

El Ministerio del Interior ha retirado la condición de “utilidad pública” a la asociación Hazte Oír. Esta retirada no conlleva su prohibición ni la exclusión del registro de asociaciones del Ministerio, pero sí que elimina los privilegios que conlleva estar registrada como asociación en este tipo de categoría.

A finales del año pasado se abrió un expediente por parte del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska contra esta asociación, como adelantó la cadena SER y han confirmado fuentes de Interior a este periódico. Ese expediente se abrió como consecuencia de la campaña contra los transexuales que la asociación llevó a las calles a través de un autocar serigrafiado con lemas como “Las niñas tienen vagina. Los niños tienen pene. Que no te engañen”, que se convirtió en viral a través de las redes sociales y que produjo incidentes en algunas de las ciudades por las que circuló como Pamplona.

El análisis del expediente ha concluido que el ataque al colectivo transexual no puede ser compatible con la condición de utilidad pública, y después de varios trámites administrativos se decidió retirar esa condición.

La pérdida de la utilidad pública de Hazte Oír tiene como consecuencia inmediata la pérdida de ciertos privilegios fiscales y otro tipo de los que se benefician las asociaciones registradas dentro de esa categoría.

Tras bloquear el polémico autobús el Ayuntamiento de Madrid, a falta de un pronunciamiento de la Fiscalía, el vehículo volvió a circular en junio de 2017 con el lema “Lo dice la biología: los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. No al adoctrinamiento de género” por las calles de la capital.

Hazte Oír recibió la declaración de utilidad pública en el año 2013 cuando Jorge Fernández Díaz era ministro del Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy.

El Gobierno retira la declaración de utilidad pública a HazteOir

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  • Interior ha tomado esta decisión alegando que sus mensajes son “incompatibles con cualquier reconocimiento público”
  • Este departamento no considera que esta acreditación sea compatible con un colectivo que “denigra o minusvalora otras concepciones sobre la familia”
  • Iniciaron este procedimiento porque incluyeron la polémica campaña del autobús tránsfobo en sus cuentas del 2017

El nuevo autobús de HazteOir circula por Madrid / MB

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido retirar la declaración de utilidad pública al grupo ultracatólico HazteOir. El Ministerio del Interior, del que dependen las concesiones y revocaciones de este beneficio, ha tomado esta decisión porque consideran que los mensajes difundidos en su polémica campaña del autobús tránsfobo “se pueden considerar atentatorios contra determinadas personas, colectivos y entidades, incompatibles con cualquier reconocimiento público”,  según ha adelantado la Cadena Ser y ha podido confirmar esta redacción.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha tomado esta decisión emitiendo una resolución de doce páginas y firmada por el ministro en la que determinan que la actuación de este colectivo ultracatólico es “incompatible con la utilidad pública la promoción de las propias ideas de la forma extralimitada en que lo hizo Hazteoir, faltando al respeto y a la dignidad de las personas o colectivos que en nuestra sociedad tienen una concepción distinta en materia de orientación sexual”.

“Lo que resulta incompatible con la condición de utilidad pública, aunque esté amparado por las libertades ideológica y de expresión, es que una asociación que goza de este beneficio legal, más allá de sostener con sus actividades los fines estatutarios que fundamentan su existencia, realice actuaciones que, aunque no fuera ésta la intención, producen objetivamente el efecto de denigrar o minusvalorar otras concepciones sobre la familia, la identidad de género, la educación de la infancia, etc., cada vez más presentes en nuestra sociedad abierta, plural y diversa”, reseñan en la resolución emitida.

Campaña tránsfoba en 2017

La campaña que lanzó esta organización fue difundida con el lema Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo. Según explican fuentes del Ministerio, se ha tomado esta decisión después de que este colectivo incluyese esta actuación entre las actividades que realizaron en 2017 y que figuran en las cuentas que depositó en el mes de agosto.

La Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior considera que estos mensajes “implica objetivamente un menosprecio de otras opciones dignas del mismo respeto que las que postula Hazteoir”. El 23 de agosto el departamento de  Grande- Marla ska acordó iniciar el procedimiento de revocación de la declaración de utilidad pública.  Según recoge el escrito, este colectivo llegó a admitir en sus alegaciones que la citada campaña “pudo resultar ‘ofensiva’  y ‘desacertada'”. Aunque insisten en que “el polémico lema tiene pleno amparo en la libertad de expresión”.

Antes de emitir la resolución final, Interior recabó las opiniones de la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia del Ministerio de Sanidad, así como de la Dirección General para la Igualdad de Trato y la Diversidad del Ministerio de Presidencia. Este último organismo determinó que las actividades de esta organización “no parecen alinearse con la promoción de los valores constitucionales, antes bien, podrían situarse en un plano de enfrentamiento con la promoción y respeto del valor superior de la igualdad y el respeto del derecho fundamental a la igualdad de trato y no discriminación”.

Obtuvo la acreditación en 2013

El Gobierno del PP  declaró de utilidad pública a HazteOir en mayo de 2013 cuando ocupaba la cartera de ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que firmaba la disposición del BOE en la que se oficializaba este beneficio que permite exenciones fiscales y justicia gratuita. En aquel momento, el grupo ultracatólico destacaba por su firme oposición al aborto y estaba inmerso en una intensa campaña para exigir a Alberto Ruiz Gallardón, entonces ministro de Justicia, que acabara con la ley de plazos de interrupción voluntaria del embarazo.

Unos años después la organización volvió a los titulares informativos al poner a circular, primero en la ciudad de Madrid, un autobús naranja con el mensaje “los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo”. El anuncio móvil formaba parte de una campaña contra las leyes LGTBI que ya había dado comienzo con la difusión de folletos homófobos a más de 16.000 centros educativos. Posteriormente, pusieron en marcha otro autobús contra la Ley estatal de protección del colectivo. “Van a por tus hijos”, alertaba el mensaje.

El autobús fue inmovilizado un tiempo en Madrid – la Audiencia Provincial levantó después esta medida–, pero recorrió otras ciudades españolas entre la indignación social y de los colectivos LGTBI. Meses después un juzgado de Madrid dictó que los mensajes tránsfobos del autobús no son mensaje de odio y archivó la denuncia de la Fiscalía.

Interior retira la condición de “utilidad pública” a la asociación Hazte Oír

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Interior retira la condición de “utilidad pública” a la asociación Hazte Oír INTERIORNOTICIA PABLO HERRAIZ Madrid Compartir en Facebook Compartir en Twitter Enviar por email 5 FEB. 2019 14:21 El autobús de Hazte Oír que recorrió las calles españolas durante… El autobús de Hazte Oír que recorrió las calles españolas durante 2017 BERNARDO DÍAZ

 

 

El Ministerio del Interior ha retirado la condición de “utilidad pública” a la asociación Hazte Oír. Esta retirada no conlleva su prohibición ni la exclusión del registro de asociaciones del Ministerio, pero sí que elimina los privilegios que conlleva estar registrada como asociación en este tipo de categoría.

A finales del año pasado se abrió un expediente por parte del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska contra esta asociación, como adelantó la cadena SER y han confirmado fuentes de Interior a este periódico. Ese expediente se abrió como consecuencia de la campaña contra los transexuales que la asociación llevó a las calles a través de un autocar serigrafiado con lemas como “Las niñas tienen vagina. Los niños tienen pene. Que no te engañen”, que se convirtió en viral a través de las redes sociales y que produjo incidentes en algunas de las ciudades por las que circuló como Pamplona.

El análisis del expediente ha concluido que el ataque al colectivo transexual no puede ser compatible con la condición de utilidad pública, y después de varios trámites administrativos se decidió retirar esa condición.

La pérdida de la utilidad pública de Hazte Oír tiene como consecuencia inmediata la pérdida de ciertos privilegios fiscales y otro tipo de los que se benefician las asociaciones registradas dentro de esa categoría.

Tras bloquear el polémico autobús el Ayuntamiento de Madrid, a falta de un pronunciamiento de la Fiscalía, el vehículo volvió a circular en junio de 2017 con el lema “Lo dice la biología: los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. No al adoctrinamiento de género” por las calles de la capital.

Hazte Oír recibió la declaración de utilidad pública en el año 2013 cuando Jorge Fernández Díaz era ministro del Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy.