Recuerdos del ‘gulag gay’ de Rusia: “Cada día me decían cómo me iban a matar”
El horror que padecen algunos homosexuales en Rusia ya tiene un rostro, con nombres y apellidos. Maxim Lapunov, de 30 años, asegura haber estado detenido 12 días en una oscura celda con manchas de sangre por el suelo. Fue golpeado con palos, amenazado y humillado por la policía en Chechenia, una república del sur de Rusia. “Apenas podía gatear cuando me soltaron”, recuerda. Su madre estuvo esperando una llamada para ir a recoger su cadáver.
Su testimonio llega seis meses después de la aparición de informaciones que hablaban de una “cacería de gays” por la cual hombres homosexuales estaban siendo detenidos ilegalmente y torturados en Chechenia.
Lapunov trabajó en Chechenia dos años hasta que, una noche del pasado mes de marzo pasado, fue detenido por unos presuntos agentes vestidos de paisano. Fue interrogado y golpeado en una comisaría. “Entraban cada 10 o 15 minutos gritando que yo era gay y que me iban a matar”, recordó hace unos días en una rueda de prensa en Moscú convocada por activistas de derechos humanos: “Me pegaban con un palo durante mucho tiempo”.
El caso ha horrorizado a muchos rusos, generalmente ajenos a los problemas de los gays. “Cada día me aseguraban que me iban a matar y me decían cómo”, narra su testimonio. Su historia coloca al gobierno ruso en una posición difícil. Aunque en Rusia impera una ley que proscribe la propaganda de la homosexualidad, el Gobierno siempre ha explicado que los gays, mientras estén callados, viven con normalidad en Rusia. Slava, activista LGTB afincada en San Petersburgo que rechaza dar su nombre real por razones de seguridad, es pesimista respecto a si pueden cambiar las cosas a partir de estas revelaciones: “Investigar este crimen sería admitir que todo lo que se ha dicho antes es falso”. O peor, reconocer la falta de control de Moscú sobre lo que pasa en Chechenia, que según la oposición es el rancho privado de Ramzan Kadyrov, el ‘virrey’ de Vladimir Putin en la zona.
A Lapunov lo soltaron después de que su familia denunciara su desaparición y sus amigos colocaran carteles buscándolo. Pero antes tuvo que firmar un documento donde declaraba su homosexualidad y prometía no hablar de lo sucedido. A pesar de haber informado a las autoridades, su abogado dice que no se ha abierto una investigación.
Las revelaciones del ‘gulag’ gay de Chechenia empezaron gracias al periódico ruso ‘Novaya Gazeta’, que publicó en febrero un artículo sobre la detención de al menos 100 “sospechosos de ser homosexuales”. Al menos tres de ellos fueron asesinados, según les confirmaron fuentes policiales.
La noticia de redadas a la caza de homosexuales ha despertado la preocupación de líderes extranjeros como la canciller alemana, Angela Merkel, o el presidente francés, Emmanuel Macron. Por eso en mayo, el presidente ruso, Vladimir Putin, pidió a las fuerzas de seguridad que apoyasen a la defensora de los derechos humanos en lo que llamó “rumores” de abusos en Chechenia.
“Si permitimos esto, puede pasar en cualquier región. Y nadie sabe quien será el siguiente”, concluye Lapunov. Según la BBC, 27 homosexuales con experiencias similares han escapado de esta república del Cáucaso desde el día en el que se informó de su violenta persecución en la prensa rusa. Algunos de los que escaparon han recibido asilo en el extranjero. En su evasión cuentan con el apoyo de un colectivo ruso llamado Red-LGTB. Su líder, Igor Kochetkov, recuerda que “hay otros gais que han denunciado torturas”, pero sólo Lapunov estaba dispuesto a declarar públicamente: “La diferencia es que él no tiene familia en Chechenia”. Con frecuencia los familiares de los gays chechenos son amenazados por las autoridades, pero también por otros vecinos debido al asfixiante código de honor que impera en esa sociedad.
De hecho en algunos casos las familias colaboran para que los gays amenazados salgan del país, pero otras veces los parientes son los primeros en vengarse. Algunos de los ‘exiliados’ han narrado cómo fueron torturados con descargas eléctricas. “La excusa de las autoridades hasta ahora era que las víctimas no habían declarado”, dice Tanya Lokshina, de la ONG Human Rights Watch: “Ahora por fin ya tienen una”.