Los dos grupos de izquierdas, incapaces de consensuar sus propuestas pese a existir un 80% de coincidencias, arrastran en su pugna por la iniciativa política a los colectivos LGTBI, también divididos.

La secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en una de las sesiones del Parlamento andaluz. JULIO MUÑOZ / EFE

SEVILLA.- El Parlamento andaluz será escenario este miércoles de una situación inédita en el panorama político español: dos partidos de izquierdas, PSOE y Podemos, han traído a la Cámara por separado dos leyes muy similares que abordan el mismo problema, con un nivel de coincidencia del 80%, según admiten ambos grupos, y que serán debatidas de forma conjunta. Como si fuesen lo mismo, pero sin serlo. Se trata de dos proyectos de ley contra la violencia y la discriminación que sufre el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTBI). Ambas contemplan por primera vez sanciones económicas contra comportamientos homófobos. Andalucía es la comunidad donde más casos de agresiones por orientación sexual se registran al año (en cabeza Sevilla y Cádiz), con un 44% en 2013 y un 37% en 2014, según datos del Ministerio de Interior.

Pese a las coincidencias, los morados rechazan la norma del PSOE y los socialistas abominan del proyecto de Podemos. No sólo no han sido capaces de consensuar un texto común, sino que ambos se acusan mutuamente de intentar robarles la iniciativa política, de haber copiado parte de su ley y de agilizar la tramitación para llegar primero y antes que el otro al Parlamento. La pugna entre ambas formaciones ha terminado arrastrando a los colectivos LGTBI, que se han dividido, unos más próximos al proyecto del partido morado, y otros con el socialista. Las asociaciones Arcoiris, ATA, De Frente, Andalucía por la Diversidad y Crisalis defienden que el texto de Podemos es “más concreto y ambicioso”, mientras que la entidad Adriano Antinoo apoya la norma contraria.

“Nos llamó la atención que el PSOE presentase una segunda ley en el tiempo de descuento sin consensuarla con el colectivo afectado. Además ésta tiene un lenguaje obsoleto”, dice Gonzalo de las Heras, de Arcoiris. “La ley socialista deja fuera los derechos de los transexuales”, se queja Mar Cambrollé, presidenta de ATA, “y en todo caso me parece pueril que usen los derechos de las personas LGTBI para la confrontación política y partidista, en vez de ponerse de acuerdo”.

La trayectoria en paralelo de las dos leyes ha sido ésta: Hace un año, en octubre de 2015, el PSOE presentó dos proposiciones no de ley en el Parlamento que fueron aprobadas por unanimidad: una para impulsar una ley de igualdad de trato y en contra de la discriminación al colectivo LGTBI y otra para revisar la Ley andaluza de Transexualidad, aprobada con el consenso de toda la Cámara hace dos años. Los socialistas se remiten a estas dos propuestas para demostrar que su iniciativa fue anterior a la de su rival. Sin embargo, Podemos fue el primero en registrar su proyecto de ley contra la violencia homófoba en el Parlamento: lo hizo el pasado 25 de julio, después de haber trabajado con las asociaciones del colectivo y de haber recopilado normas similares ya aprobadas o tramitándose en otras comunidades, como Extremadura, Murcia o Madrid (es llamativo que tanto PSOE como Podemos coincidan en beber de la norma extremeña, “la más avanzada”, y que fue aprobada por un Gobierno del PP).

Hace dos semanas, el proyecto de ley de Podemos Andalucía llegó al Consejo de Gobierno, que votó en contra alegando dudas jurídicas y, sobre todo, anunciando que el PSOE ya estaba trabajando en una ley similar, con más seguridad jurídica. El equipo de Teresa Rodríguez se preguntó entonces por qué los socialistas, en vez de unirse a su iniciativa y enriquecerla con enmiendas, decidieron presentar una ley distinta sobre el mismo asunto. El partido morado había registrado su proyecto tres meses antes, pero se estancó en el trámite parlamentario, porque el presidente de la Cámara, el socialista Juan Pablo Durán, exigió un informe jurídico específico, no obligatorio según el reglamento interno. Este receso permitió al proyecto socialista alcanzar a la iniciativa de Podemos (obviamente contó con el visto bueno de la Junta) y, como resultado, ambas han llegado a la vez al pleno del Parlamento.

Ahora el debate conjunto debe dirimir si las dos leyes siguen adelante con su trámite parlamentario y confluyen en la Comisión de Igualdad, o si una de las dos se estanca. El PSOE cuenta con los votos de Ciudadanos, su socio de Gobierno, por lo que previsiblemente sacará adelante su texto. Pero está por ver si permite que la norma de Podemos avance (mediante la abstención), o si vetan el texto alternativo para que el tema de la violencia homófoba use únicamente como punto de partida la propuesta socialista.

¿En qué se diferencian las dos leyes?

Al margen de la lucha por llevar la voz cantante de la izquierda en el Parlamento, ¿qué es lo que diferencia la ley de Podemos de la del PSOE? ¿Dónde chocan? La portavoz de Igualdad del PSOE, Soledad Pérez, sostiene que el escollo grave está en el artículo 13.2 de la norma del partido morado, según el cual “los menores transexuales tendrán derecho a recibir tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad” y a “recibir tratamiento hormonal cruzado en la pubertad (…) a fin de propiciar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios deseados”. “Este artículo es una barbaridad”, dice Pérez, que acusa a Podemos de “usar de tabardillo este proyecto para modificar la Ley de Transexualidad, que se aprobó por consenso de todos”.

El asunto de la hormonación y de los inhibidores de crecimiento a menores transexuales fue de los más espinosos que abordó aquella ley. En aras del consenso, se decidió no convertir la hormonación en un derecho para los menores -y en una obligación para los médicos- sino regular un protocolo de actuación que analizaría caso a caso el tratamiento que debían seguir los transexuales menores de 14 años. Lo contrario, dice el PSOE, “nos habría llevado a un recurso de inconstitucionalidad que habría paralizado la ley, y además habría roto el consenso político y social”.

“Nuestra Ley de Transexualidad ya aborda este tema y la modificación que plantea el texto de Podemos genera incertidumbre y miedo tanto en las personas que están siendo tratadas como en la comunidad sanitaria”, dice Pérez. El otro punto de la norma que más rechaza el PSOE es el que establece una reserva de plazas de empleo público para transexuales, algo que “vuelve a patologizar la transexualidad, porque pide un cupo especial como el que existe para personas discapacitadas”.

Por su parte, el diputado de Podemos Jesús Romero cree que las diferencias más notables son tres: Los órganos de participación, los que van a revisar el cumplimiento de la ley, el partido morado quiere que lo conformen miembros del colectivo LGTBI, y que no sea personal de la Administración; en segundo lugar defienden que su proyecto es una ley integral, más concreta que la del PSOE, y por último, acusan a los socialistas de haber excluido al colectivo transexual. La propuesta de Podemos, al plantear la creación de una estructura nueva con cuatro órganos administrativos, cuenta con una memoria económica mayor que la socialista: 625.000 euros, frente a los 325.000 de la segunda ley.