La gruesa línea que une al obispo de Alcalá con Santiago Abascal y la asociación homófoba HazteOír

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Santiago Abascal, el obispo de Alcalá e Ignacio Arsuaga (dcha) en la gala de premios HazteOir 2012 CONTANDO ESTRELAS

El 4 de diciembre de 2012, la asociación ultracatólica HazteOír (conocida por sus postulados homófobos y los autobuses tránsfobos) concedía al obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, su premio anual por su “defensa de la dignidad humana” y como una de las voces “más libres y contundentes sobre la verdad de la familia”. Un galardón que llegaba pocos meses después de la polémica homilía de Viernes Santo, retransmitida por La2, en la que el prelado arremetía contra los homosexuales que “encuentran el infierno”.

Poco después, Reig recibía el galardón de manos del presidente de HazteOír, Ignacio Arsuaga, en una gala a la que acudieron, entre otros, el entonces portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, y el hoy presidente de Vox, Santiago Abascal. La relación entre el sector de la Iglesia donde se adscribe Reig, la plataforma HazteOír, presidida por Ignacio Arsuaga, y la extrema derecha política viene de lejos.

En concreto, de 2007, cuando la Iglesia de Madrid, liderada por el cardenal Rouco Varela, anunció una convocatoria por la “dignidad de las familias” que, con el tiempo, acabó convirténdose en un mítin anual contra las políticas de José Luis Rodríguez Zapatero.

El cardenal Rouco nombró responsable de las jornadas al obispo de Alcalá, y éste hizo un llamamiento a todas las asociaciones de familia y movimientos de la Iglesia católica, que respondieron en masa, especialmente los ultracatólicos kikos, los Legionarios de Cristo y, en menor medida, el Opus Dei.

Durante ocho años, y hasta la llegada de Carlos Osoro (hombre del papa Francisco) al arzobispado de Madrid, las manifestaciones por la familia cristiana fueron un clásico de fin de año en Madrid, siempre bajo el auspicio de Reig Pla y con el beneplácito de Kiko Argüello. El iniciador del Camino Neocatecumenal se encargó de llenar, cada año, las plazas de Colón y Lima, con el apoyo de otros grupos pro familia, como el Instituto de Política Familiar (dirigido por Eduardo Hertfelder, a quien distintas investigaciones colocan como uno de los líderes de El Yunque); el Foro de la Familia; o HazteOír y sus organizaciones aledañas (Derecho A vivir o Abogados Cristianos, la plataforma que ha denunciado recientemente una obra de teatro)

Tras el éxito de las primeras convocatorias, Reig y Rouco dieron un paso más, y con la colaboración de Arsuaga y varios políticos del PP -entre ellos, Santiago Abascal, que aún no había abandonado la formación- urdieron la convocatoria de una gran manifestación contra la aprobación del matrimonio igualitario. Por primera vez en la historia de la democracia, más de media docena de obispos (capitaneados por Rouco) acudían a una manifestación, que tuvo continuidad varios meses después con otra concentración en contra de Educación para la Ciudadanía. Como confesaban varios ministros de la época, durante la primera legislatura de Zapatero “la Iglesia fue la verdadera oposición al Gobierno”.

Acumulación de poder

Avivados por el éxito de las convocatorias, la capacidad de maniobra de HazteOír se fue incrementando, hasta el punto de provocar una quiebra en el movimiento pro familia católico. Instituciones como el Foro de la Familia llegó a quejarse del excesivo protagonismo de la organización de Arsuaga, y algunos obispos comenzaron a recibir un informe que cuestionaba los valores cristianos de HazteOír, así como su vinculación con la sociedad secreta ultracatólica El Yunque.

En 2011, un documento interno de la Conferencia Episcopal instaba a los obispos a pedir a los responsables de HazteOír que se desvincularan de su pertenencia a una sociedad secreta, y diócesis como Toledo o Getafe (posteriormente, también Madrid) impidieron que la asociación de Arsuaga utilizara sedes parroquiales o diocesanas para sus intervenciones. Uno de los obispos que defendió, con uñas y dientes, a HazteOír, fue Reig Pla. Después, fue premiado por la asociación en una gala en la que también homenajeado Santiago Abascal, en 2012, por “su elocuente y tenaz compromiso con la libertad de los españoles frente al terrorismo y el separatismo” y su labor al frente de Denaes y “por su difusión de los valores de un patriotismo desacomplejado”.

Desde entonces, y hasta ahora, los vínculos entre los grupos ultracatólicos y algunos obispos se han ido afianzando, y la aparición de Vox hizo que estos sectores vieran en la formación de Santiago Abascal -bendecido y apoyado por HazteOír– el tan ansiado partido católico que defendiera las esencias del catolicismo que venían auspiciando desde hacía décadas. Un catolicismo contra la “ideología de género”, por la “familia tradicional” y la “educación diferenciada”, un partido que guardara las esencias de la unidad de España, que los obispos calificaron en su día como “un bien moral”.

Un partido que, sin embargo, no tenía cantera. Ahí es donde entran algunos grupos ultracatólicos, especialmente el Camino Neocatecumenal -aunque también existe una importante presencia de miembros del Opus Dei-, en Vox. Como ejemplo, el juez Serrano, número 1 de Vox en Andalucía y miembro del Camino Neocatecumenal. O Lourdes Méndez, miembro del Opus Dei, que durante décadas perteneció al PP (fue su portavoz de Asuntos Sociales en el Congreso), y que hoy forma parte de la formación de Abascal. O como el exgeneral Rossety, número 1 de Vox por Cádiz y que todavía hoy es delegado diocesano de Fundaciones de la diócesis de Cádiz-Ceuta, dirigida por Rafael Zornoza (uno de los grandes apoyos de Reig Pla en el Episcopado).

Una pareja de lesbianas planta cara a Vox en Valladolid y convierte su beso en un símbolo contra la homofobia

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No es la primera vez que Vox se ha pronunciado sobre el colectivo LGTBI. Ni es la primera, ni va a ser la última. Los derechos del colectivo han sido una de las grandes dianas del partido ultraderechista liderado por Santiago Abascal. De hecho, las ideas de la formación sobre el aborto, la homosexualidad, la violencia de género y la inmigración han acaparado los grandes titulares de los principales medios de comunicación cada vez que uno de los miembros de la formación ha abierto la boca para manifestar su opinión.

Lo que jamás se imaginaban es que en plena campaña electoral, en uno de los ya clásicos mítines en Valladolid bajo el amparo de una carpa informativa, una pareja de lesbianas iba a dar rienda suelta a su amor. Y que, además, iban a inmortalizarlo.

La instantánea pertenece a la usuaria @vickygonzalo, que se colocó delante del puesto informativo, le plantó un beso “como dios manda” a su pareja y lo compartió en Twitter. Una imagen que ya ha sido calificada por los seguidores de la red social como “la foto de la semana“. Lo que no sabemos -o creemos- es si Vox piensa lo mismo.

Y es que, al tiempo que estas dos mujeres convierten su beso en un símbolo contra la homofobia, el partido propone la promulgación de una ley “de protección de la familia natural”. Es más, Fernando Paz, ex número uno en las listas de Vox al Congreso en la provincia de Albacete -antes de que presentara su renuncia a la candidatura hace apenas dos semanas-, fue uno de los fieles defensores de esta idea. Fue Paz quién aseguró que “una pareja gay con un niño o una madre soltera que adopta un hijo no es una familia natural”. Y fue al mismo Paz al que tampoco le tembló la voz cuando afirmó que, de tener un hijo gay lo ayudaría, pues “hay terapias para reconducir su psicología“.

Hasta el mismísimo líder de la formación ha asegurado que “el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer”. Incluso Twitter le sirvió de herramienta para dar su más polémica visión a través de un hilo en el que se podían leer declaraciones como “gays en la cama, españoles de bien en la calle”. Porque, según Abascal, cada uno en su casa puede hacer lo que quiera, pero en su casa. Por lo tanto, la propuesta es clara: se puede ser gay… pero en la intimidad. Nada de serlo en la calle y que lo vea la gente.

Una idea que, sin embargo, no comparten las más de 15.000 personas que han apoyado el gesto con su like y que, con sus comentarios, han roto una lanza en pro de la igualdad sexual, que no es más que la opción de que cada quién decida ser lo que le dé la gana.

Suspendido un sacerdote holandés que se declara homosexual

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Pierre Valkering ha sido obligado a “reflexionar” tras revelar su inclinación y haber publicado una autobiografía donde explica sus escapadas a saunas y su afición al porno

El sacerdote Pierre Valkering, en una entrevista en una televisión holandesa.

Pierre Valkering, un sacerdote católico holandés de 57 años que anunció este domingo a sus feligreses en Ámsterdam que era homosexual, acaba de recibir la orden de apartarse de sus funciones por parte del obispado de Haarlem. La diócesis incluye la capital de Holanda. El religioso quería celebrar sus 25 años de labor pastoral compartiendo el secreto de su inclinación íntima, pero Jos Put, el prelado, le ha contestado que “debe tomarse un periodo de reflexión con carácter inmediato”.

Valkering ha publicado una autobiografía, que llega a las librerías esta semana, cuyo título en neerlandés es un juego de palabras: Ontkleed niet naakt staan (algo así como Al descubierto no estás desnudo). En la tapa, aparece él mismo levantado un poco la casulla y muestra unos pantalones deportivos y unas botas. Lleva también el pelo recogido en una coleta. En la solapa del libro explica que de pequeño le gustaban las casas de muñecas, vestirse de San Nicolás y los ritos eclesiásticos. Cuando dijo que quería ser sacerdote, sorprendió a todos. Le ordenaron a los 33 años, “y ahora, 25 años después, es el momento de salir del armario y revelar que es homosexual”. Añade la presentación que “da cuenta de sus relaciones sexuales y su adicción al porno, las saunas y los locales nocturnos”. Responde, a su vez, a preguntas sobre “si la homosexualidad es una experiencia pecaminosa”, y “el precio que deberá pagar por decirlo”. Jos Punt, el obispo de Haarlem, aprecia “su sinceridad, pero no puede hacer otra cosa que apartarlo temporalmente”, según ha dicho.

Tanto el anuncio de su homosexualidad como la publicación de libro han sido preparados con cuidado. El sacerdote ha concedido a su vez una entrevista a Gaykrant, la publicación más conocida del colectivo en el país, donde recuerda su infancia en el seno de una familia católica y el descubrimiento de sus prefencias sexuales “al final de la escuela secundaria”. “Leí una entrevista en una revista donde se hablaba de ello y todo encajó. Entendí por qué me interesaban mis compañeros de clase”. Cuando le preguntan cómo pudo ordenarse sacerdote y llevar una vida célibe, responde: “La voz del Señor me dio la fuerza para seguir adelante (…) y el sacerdocio era también una vía de escape para no tener que vivir la homosexualidad (…) aparte del aspecto teatral de la liturgia que es muy atractivo”. “Esa misma voz del Señor me ha ayudado a contarlo ahora”, asegura.

Valkering no ahorra críticas a la Iglesia, “que pierde fieles y tiene mala imagen por culpa de los abusos sexuales, su trato a la mujer y la homofobia”. “Muchos clérigos son homosexuales y no quieren que nadie lo sepa. Por eso se revuelven contra ello”. De momento, el obispado le ha obligado a dejar la Iglesia de la Libertad, de Ámsterdam, donde predicaba. “Ha dicho en público que no ha respetado el celibato y se ha dejado llevar por otras libertades sexuales. Todo ello es incompatible con la Iglesia Católica”, ha añadido el obispado de Haarlem. El sacerdote suspendido decidió vestir para su confesión pública una casulla rosa.

El obispado de Alcalá celebra cursos ilegales y clandestinos para ‘curar’ la homosexualidad

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El obispado de Alcalá de Henares imparte terapias ilegales y clandestinas para ‘curar’ la homosexualidad. Haciéndose pasar por un joven que quiere cambiar su orientación, este periodista ha asistido a la primera sesión de una de estas pseudoterapias, que tuvo lugar el 21 de marzo en el Centro de Orientación Familiar Regina Familiae, un servicio que pertenece a la diócesis de Alcalá y que está dentro del mismo complejo religioso. Este tipo de sesiones están prohibidas en la Comunidad de Madrid y quienes las imparten pueden enfrentarse a multas de más de 45.000 euros, según el artículo 70.4.c de la Ley de Protección Integral contra la LGTBfobia de la Comunidad. El obispado confirma por escrito a eldiario.es que el centro es suyo y que se hacen las terapias, aunque niega que sean “terapias reparativas” y explica que se trata de formación “educativo-sexual (educación en el amor)”.

No solo se trabaja en persona, también desde una dirección de correo corporativa del obispado se realizan envíos con materiales (imagen arriba). Uno de esos materiales es el libro titulado ‘Terapias Reparativas’, del psiquiatra estadounidense Joseph Nicolosi, cuya lectura recomienda la supuesta profesional, que colabora con Reig Pla desde hace años. En 2006, cuando él era obispo de Cartagena, B. V. fue nombrada también directora del Centro de Orientación Familiar de dicha diócesis, desde donde trabajaba.

“Una herida que puede curarse”

Según los documentos enviados antes de la sesión, la homosexualidad se produce por no haber despertado o cultivado suficientemente la masculinidad debido a un trauma que puede ir desde una mala relación con tus padres a abusos sexuales. “A lo largo del proceso de maduración personal ha habido relaciones, hechos, ausencias, sufrimientos, traumas… Que han producido heridas en nuestro ser. Habrá complejos, carencias y experiencias que te han hecho estar buscando y comparándote con otros chicos”, dice B. V. nada más iniciar la sesión. Esa herida, aseguran sus tesis homófobas, puede repararse mediante psicoterapia y asesoramiento pastoral. “LGTBfobia cognitiva”, bautiza a la sesión sin ningún criterio científico.

Según las fichas de trabajo a las que ha tenido acceso eldiario.es, el proceso para dejar la homosexualidad es lento y debe compaginarse con psicoterapia, lecturas y tareas que completar en casa. La primera recomendación durante la reunión es dejar de consumir pornografía y masturbarse menos, para deshacerse del refuerzo positivo que supone haber recibido estímulos visuales. “Tú ya tienes un hábito muy arraigado. Para tener una relación con una chica tienes que controlarte”, explica B. V. La cita para la segunda sesión fue concertada el 23 de abril e iba a tener lugar en el mismo Palacio Arzobispal. “Atendemos también en el obispado. Tenemos un despacho allí”, confirma la pseudoterapeuta a eldiario.es. Una cita que ya no se producirá.

Rechazo de la aceptación

Uno de los documentos que se envía desde este centro del obispado considera la homosexualidad como indeseable: “La mentira gay y la desinformación sobre este tema está llevando a muchos adolescentes y jóvenes a pensar que han de aceptarse y por lo tanto, se les está condenando a una vida de sufrimiento, de mentira, de degradación y de muerte. En lugar de ayudarles a descubrir y madurar su verdadera identidad, la masculinidad, se les condena a vivir una falsa identidad”. Se habla de falsa identidad porque quienes llevan a cabo estos tratamientos consideran que la homosexualidad ni siquiera existe.

El trauma que sufrieron las personas con tendencias homosexuales ha provocado lo que en el obispado de Alcalá llaman AMS y PMS: atracción y proyección hacia las personas del mismo sexo. “La AMS es el grito, la alarma, la fiebre que te avisa de que algo en ti necesita madurar, ser cultivado. Si la Mentira/Manipulación Gay no hubiera inundado todos los rincones de nuestro mundo y por el contrario fuéramos capaces de responder con prontitud y verdad a esta llamada del corazón de los adolescentes, sería muy sencillo y rápido madurar la personalidad y la masculinidad y superar la atracción hacia el mismo sexo”, reza uno de los documentos entregados a los jóvenes.

Este mismo vocabulario homofóbico aparece en la web oficial del Obispado de Alcalá de Henares. Desde donde hace varios años se define la homosexualidad como una inclinación que se puede cambiar mediante “una terapia apropiada”. En la página del Obispado existe incluso un directorio desde el que acceder a todo tipo de material homofóbico. Entre las webs recomendadas aparece esposiblelaesperanza.com, la misma asociación que pone en contacto a este periodista con la terapeuta.

No es nuevo que las instituciones religiosas que dirige José Antonio Reig Pla mantengan tesis que rechazan y denigran a los homosexuales. En 2012 demandó que los padres que tuviesen hijos con conductas homosexuales, buscasen “la ayuda de personas expertas y calificadas para proporcionarles todo el apoyo posible”. En 2008, cuando era obispo de Cartagena, trató de poner en marcha patrullas informativas para promover la virginidad, rechazar el aborto y el matrimonio homosexual.

Fuentes de la Conferencia Episcopal rechazan hacer comentarios ya que “este no es un órgano jerárquico de las diócesis, sino un órgano que les da servicio”.

Si has sido víctima de una de estas terapias y quieres contar tu caso, puedes escribirnos a nuestro mail pistas@eldiario.es

Fuentes oficiales del obispado de Juan Antonio Reig Pla, conocido por sus polémicas homófobas, puntualizan que se trata de “acogida y acompañamiento de personas que acuden a nosotros”. Sin embargo, eldiario.es ha comprobado en primera persona que tanto el contenido de los materiales enviados por correo como la primera sesión de pseudoterapia (impartida por una persona sin formación) están enfocados a que la persona deje de ser homosexual, algo que los expertos del Consejo General de la Psicología de España consideran anticientífico y peligroso, “porque suelen derivar en problemas de ansiedad, depresión y suicidio”. La ley madrileña lo califica directamente de ilegal, ya que prohíbe “la promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género”, independientemente de si las personas acuden voluntariamente o no, y las considera una infracción muy grave que puede conllevar la retirada de subvenciones públicas.

La supuesta terapeuta, B. V., dice ser doctora en biología y, como confirma el Colegio de Psicólogos de la Comunidad de Madrid a eldiario.es, no está colegiada y por tanto no tiene habilitación para hacer terapia de ningún tipo. En el obispado tiene un cargo en la sección madrileña del Pontificio Instituto Juan Pablo II, un centro de estudios que en España dirige el obispo de Alcalá de Henares y que imparte el “Máster para las Ciencias del Matrimonio y la Familia”, según el obispado.

Aunque la diócesis niega que sean terapias de reversión, la propia pseudoterapeuta lo admite en una grabación en una de estas sesiones ilegales y asegura que conoce bien el riesgo y la ley que lo prohíbe: “Explicarte por qué sientes lo que sientes y cómo dejar de sentirlo se considera homofobia. Yo sé que esto puede tener consecuencias. Esto es un acto LGTBfóbico cognitivo. Podrían llegar incluso a cerrarnos el centro”, dice al periodista, que se hace pasar por un chico confundido con su sexualidad. “Estoy teniendo contigo un acto homofóbico. O sea, yo te estoy intentando ayudar. Yo sé que esto puede tener consecuencias, hasta tal punto que yo podría ir a la cárcel”. También le pide que no se lo cuente a nadie, ni siquiera a sus amigos, y le avisa de que si lo hace habrá problemas para todos los que acuden y además le intentarán convencer para que no vuelva a una sesión.

De castigos a reconversiones: así fue la barbarie franquista contra las personas LGTBI

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Con el fin de la Guerra Civil española hace 80 años, el colectivo LGTBI sufrió la persecución de la dictadura que primero los trató como delincuentes, después como enfermos y los consideraba una amenaza.

El dictador Francisco Franco, en una de sus asistencias bajo palio a una celebración de la Iglesia católica. EFE

“La dictadura nos persiguió porque éramos algo que hubiera debilitado al régimen. Nos alejábamos del modelo social que la cruzada franquista propugnaba. Para ese movimiento hercúleo de hombres forjados en la potencia ‘éramos lo peor’, como decía Pedro Zerolo”. La activista Boti García Rodrigo explica con estas palabras las torturas y la cacería legal que sufrieron las personas LGTBI con la llegada de la dictadura de Francisco Franco, que se instauró en todo el país el 1 de abril de 1939, tras el final de la Guerra Civil hace ya 80 años.

No obstante, la represión había comenzado antes, tal y como remarca Ramón Martínez, historiador especializado en la realidad LGTBI: “El asesinato de Lorca fue un primer aviso importante para mucha gente de lo que se avecinaba con el gobierno ilegítimo”. El poeta granadino fue “fusilado y abandonado” en una cuneta el 18 de agosto de 1936 “por rojo y maricón”, según relataron su delator, Ramón Ruiz Alonso, y su ejecutor, Juan Luis Trescastro. Sus testimonios los ha recogido el periodista Marcos Paradinas en su libro El fin de la homofobia.

“Desde el comienzo, la homosexualidad se consideró una afrenta al régimen franquista. Es aterrador ver cómo las cuatro décadas de dictadura sirvieron para perfeccionar una sanguinaria maquinaria estatal con la que erradicar las heterodoxias”, recalca el historiador. Aun así, durante los primeros 15 años de la dictadura, Franco “estaba bastante ocupado con la aniquilación de los rivales políticos”, señala Pardinas, y no fue hasta pasada “esa purga” que decidió ir a por las personas LGTBI con la modificación en 1954 de la Ley republicana de Vagos y Maleantes.

No obstante, usar estas siglas en el marco de la dictadura no es del todo correcto ya que supone ser infiel a la forma en la que el régimen entendía la diversidad y porque por aquel entonces aún no se había organizado el movimiento LGTBI que conocemos hoy en día. “El denominador común del franquismo es que todos eran maricones. No supo distinguir entre orientación sexual e identidad de género. Las mujeres trans eran consideradas travestis u homosexuales”, incide Raúl Solís, autor del libro La doble transición donde recoge la vida de ocho mujeres trans durante estos años de totalitarismo. “Trans, homosexuales y bisexuales iban al mismo saco conceptual de los ‘desviados’”, apunta Martínez.

Como expuso Fernando Olmeda en su libro El látigo y la pluma, con la dictadura se implementó en la sociedad española una idea muy concreta de masculinidad y de lo que debía ser un hombre. Martínez coincide con el periodista y especifica que al varón se le aplicaba “la versión más férrea de los roles de género. Cualquiera que lo incumpliera no solo era un traidor a su sexo, sino también un traidor a la patria, que necesitaba ‘hombres de verdad’ para fecundar mujeres que dieran a luz a españoles de bien. Hay textos que incluso se plantean si los hombres no heterosexuales son recuperables o no para la causa de la propagación de la raza”. Solís lo sentencia así: “En un sistema patriarcal lo que se privilegia es la copia del patriarca. Las personas LGTBI cuestionaban la columna vertebral del nacionalcatolicismo. Por eso nos perseguían”.

Una condena disfrazada de precaución

La Segunda República había descriminalizado la homosexualidad en el Código Penal de 1932, pero tampoco se puede afirmar que fuera “una buena aliada”: “Solo Gregorio Marañón empatizaba un poco porque consideraba la homosexualidad un problema médico, no un delito. Hoy nos parece algo inaceptable, pero fue posiblemente el mayor avance hasta la fecha. Un jurista como Jiménez de Asúa, que fue presidente de la República en el exilio, protestó firmemente cuando la dictadura de Primo de Rivera persiguió penalmente la homosexualidad y estuvo detrás de la despenalización al llegar la República”.

Si bien es cierto que el régimen franquista tardó tres lustros en legislar contra las personas LGTBI, el Tribunal Superior se pronunció al respecto el 15 de octubre de 1951. En una sentencia que recoge el escritor Arturo Arnalte en su obra Redada de violetas, el órgano judicial dictó que “la homosexualidad es ‘vicio repugnante en lo social, aberración en lo sexual, perversión en lo psicológico y déficit en lo endocrino’”. Tres años más tarde, el 15 de julio de 1954, Franco retocó el texto de la Ley de Vagos y Maleantes para “convertirlo en una norma que perseguía la diversidad y que reconocía a las personas homosexuales como posibles delincuentes”, manifiesta Martínez.

“La idea que subyacía es que alguien por el simple hecho de no ser heterosexual está más cerca de cometer un delito y que, por ello, debe ser detenido”, narra el historiador. Por su parte, Pardinas remarca en El fin de la homofobia que las medidas no se establecían como “penas”, sino como “medidas de seguridad”. “La aberración era triple: se persigue la identidad y no el acto sexual, se establece una persecución ‘preventiva’ y se prescinde la necesidad de prueba alguna para hostigar a los sospechosos”, resalta.

Por culpa de esta Ley “existieron auténticos campos de concentración para homosexuales en nuestro país durante al menos dos décadas. La colonia agrícola de Tefía, en Fuerteventura, es un ejemplo de aquel horror”, cuenta Martínez. Según un informe de Amnistía Internacional de 2015, allí sometían a los presos a “condiciones inhumanas, trabajo hasta el agotamiento, palizas y hambre”. El testimonio más revelador fue el de Octavio García Hernández, que falleció el año pasado.

Un tardofranquismo corrector

Las mujeres lesbianas y bisexuales no llegaron a sufrir esta persecución tan dura porque “legalmente no se las perseguía”, puntualiza Martínez. Boti Garcia Rodrigo lo recuerda así: “Para la dictadura no existíamos. No podían imaginar que hubiera mujeres que prescindieran del varón para hacer su vida. Ellos sufrieron torturas y humillaciones pero nosotras terminábamos en el convento, en matrimonios forzados o en el psiquiatra. No sé si es mejor que te peguen o que ni te vean ni te hagan persona. Estábamos condenadas a la invisibilidad más absoluta, a la no existencia”, explica la que fuera presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB).

Sin embargo, las medidas contra las identidades LGTBI se endurecieron con la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970, que Martínez ha descrito en su libro Lo nuestro sí que es mundial como “la barbarie antihomosexual más descarnada”. El objetivo de esta ley era reeducar y reinsertar a los hombres homosexuales con prácticas de reconversión que iban desde los electroshocks y las terapias de psicoanálisis hasta las lobotomías. Con este texto, y según señala Pardinas, “ya no son delincuentes a los que castigar, sino enfermos a los que curar”.

Martínez aclara que aunque en teoría buscaban devolver a los homosexuales (y también a las personas trans) al camino de la sexualidad correcta, el objetivo era otro: “Querían erradicarnos. Nos decían que iban a reeducarnos porque decir que pretendían exterminarnos recordaba a otra cosa, que era precisamente la que intentaban hacer”. Además, se construyó una prisión en Badajoz para los homosexuales pasivos, otra en Huelva para los activos y se destinaron a muchos otros junto con mujeres trans a las cárceles de Carabanchel y de la Modelo (Barcelona).

El ejemplo de la represión más cruel reside en Lorca, pero también fueron víctimas de esta opresión otros nombres como Antonio Ruiz, expreso valenciano que lideró la lucha de la eliminación de las fichas policiales; el cantante de copla Miguel de Molina, que sufrió una paliza casi mortal; la poeta Gloria Fuertes a la que se la encasilló como una escritora para niños; y el dramaturgo Agustín Gómez Arcos que terminó en el exilio.

A pesar de esta barbarie, gais, lesbianas, bi y trans siguieron reuniéndose en la clandestinidad, se armaron para levantar el movimiento LGTBI español y pelear por sus derechos. “Estoy muy orgullosa de mi colectivo porque hemos buscado nuestra libertad como seres humanos. Somos unos resistentes”, concluye García Rodrigo.

Ahora, cuando se cumplen 80 años del final de la Guerra Civil, el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Ada Colau, interpuso una querella contra varios jueces de la dictadura por sus sentencias homófobas. La Justicia, sin embargo, ha rechazado investigar estos casos ya que se ajustaban al orden legal cuando fueron dictadas. 

El Gobierno de Pedro Sánchez cuestiona la Ley LGTBI de Mónica Oltra

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El Ejecutivo central plantea una comisión bilateral, que es el paso previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad

Mónica Oltra, en el centro, el día que se aprobó la ley LGTBI en las Cortes. EFE

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha puesto en cuestión una de las leyes bandera de la Conselleria de Mónica Oltra. Se trata en concreto de la ley de igualdad de personas LGTBI, sobre la que se ha planteado la apertura de una comisión bilateral de cooperación entre la Administración general del Estado y la Generalitat, que es el paso previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra una ley si ambas administraciones no resuelven sus discrepancias.

El DOGV da cuenta este jueves del inicio de las negociaciones para resolver las dudas del Gobierno central sobre dos artículos en cuestión: el 26, referido a las medidas en el ámbito del empleo y de la responsabilidad social para la igualdad de trato y oportunidades de las personas LGTBI, y el 60, en el que se detallan las infracciones administrativas aplicables.

Fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas han manifestado a este diario su estupefacción por el paso dado por el Gobierno central contra una ley aprobada en las Cortes sin ningún voto en contra (el PP se abstuvo) y, por tanto, con el beneplácito y apoyo del PSPV. “Lamentamos que no se note la diferencia del cambio de Gobierno en cuanto a recurrir leyes del Botànic”, criticaron las mismas fuentes, en referencia a la cascada de recursos con que amenazó el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El Gobierno central duda de la legalidad de cuestiones como la obligación de las empresas de respetar la igualdad de trato, de condiciones y oportunidades de las personas LGTBI. No porque se considere que entra en contradicción con la legislación estatal, sino porque va más allá de las competencias autonómicas en esta materia.

El mismo argumento es de aplicación al artículo 60 que hace referencia a sanciones a actuaciones como la implantación, el impulso o la tolerancia a las prácticas discriminatorias en el ámbito laboral, que la ley LGTBI tipifica como sanción grave. El Gobierno central considera que el procedimiento sancionador corresponde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

COMPROMÍS LO VE INCOMPRENSIBLE

El portavoz de Compromís en las Cortes, Fran Ferri, ha mostrado la “estupefacción” de su formación tras conocer que el Gobierno central cuestiona la ley valenciana. A su juicio, es “incomprensible” que se ponga en entredicho una norma que “se aprobó en Les Corts sin ningún voto en contra”.

Según ha señalado Ferri, les sorprende que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez “haga lo mismo que hacía el de Mariano Rajoy, amenazando con llevar a los tribunales las leyes sociales valencianas”. “Es una ley que solo busca acabar con la discriminación y garantizar la igualdadentre todas las personas sean como sean, y amen a quien amen”, ha subrayado.

Ferri ha destacado que estos cuatro años el Botànic ha situado a la Comunidad “al frente de las políticas de igualdad, lo que contrasta con la inacción de los diferentes gobiernos de Madrid que no han aprobado ni la Ley trans ni la ley LGTBI a nivel estatal“.

Por ello, ha reclamado: “Lo que pedimos es que si no tienen la capacidad o las ganas para llevar adelante estas leyes, como mínimo que no pongan palos en las ruedas a las leyes que hemos aprobado aquí”.

Ser mujer trans en un país donde su esperanza de vida es de 33 años

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La activista Bianka Gabriela Rodríguez lucha por los derechos LGTBi en El Salvador, uno de los lugares más peligrosos de Latinoamérica

Bianka Gabriela Rodríguez, en Valencia. PEPE OLIVARES

Bianka Gabriela Rodríguez, mujer transexual y activista salvadoreña de 25 años, mantiene durante la entrevista un tono amable que acompaña regularmente con una sonrisa. El gesto solo se le ensombrece al final, ante la pregunta de cómo es que parece optimista después de haber recordado una infancia que hubiera doblegado a muchos, los asesinatos atroces de dos compañeras de lucha por los derechos del colectivo LGTBi, un amplio catálogo de violencias y discriminaciones cotidianas y el escalofriante dato de que la esperanza de vida de las mujeres trans en El Salvador es de 33 años, 40 menos que para la población general del país, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Siempre digo que aunque haya marea alta al final tiene que bajar, pero es triste que muchas mujeres trans hayan tenido que morir para conseguir los derechos que tenemos ahora, los pocos”, contesta.

La conversación tiene lugar el primer miércoles de febrero en la antigua estación de trenes del barrio de Benalúa, en Alicante, sede de Casa Mediterráneo, una institución promovida por el Ministerio de Asuntos Exteriores a la que Rodríguez ha sido invitada a participar junto a otras 18 mujeres latinoamericanas, del África Subsahariana y el Magreb, además de españolas, en un debate sobre la violencia contra las mujeres en zonas de conflicto y los liderazgos femeninos en la construcción de la paz. Una jornada organizada por la Generalitat valenciana con la colaboración de la Fundación Mujeres por África y la entidad anfitriona.

El Salvador forma, con Guatemala y Honduras, el triángulo norte centroamericano, la región más peligrosa de Latinoamérica para las personas LGTBi, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La principal amenaza, afirma Rodríguez, presidenta de la asociación Comunicando y Capacitando Mujeres Trans (Comcavis Trans), son las maras –las pandillas juveniles altamente organizadas que controlan amplias zonas del territorio– y lo que describe como “grupos de exterminio” vinculados a la extrema derecha. “Muchas mujeres trans se ven empujadas al trabajo sexual al no haber podido estudiar ni tener acceso a empleos formales. En la calle, las maras las asedian, las golpean, abusan de ellas y tienen que pagarles una cuota para que les dejen trabajar en las cuadras”. La policía, añade, constituye normalmente otra fuente de extorsión y el nivel de esclarecimiento de los crímenes de que son objeto es ínfimo: “Desde 2015 se han registrado 40 asesinatos de mujeres trans que siguen en la impunidad”.

Entre los homicidios sin resolver figura también el de la activista Tania Vásquez, que desapareció tras salir de una reunión de la asociación que dirige Bianka Rodríguez hace seis años. Vásquez fue hallada al día siguiente en un parque de San Salvador envuelta en un plástico negro y atada de pies y manos. Había sido torturada y violada, le habían cortado los genitales y se los habían colocado a la altura de los pechos. En mayo de 2015, otra activista LGTBi, Francela Méndez, integrante de la Red Salvadoreña de los Derechos Humanos fue asesinada a golpes en el municipio salvadoreño de Sonsonate. El autor o los autores del crimen le cortaron el cabello con un machete.

La discriminación persigue con frecuencia a estas mujeres después de la muerte. Rodríguez explica que la familia de Tania Vásquez no quiso reconocer el cuerpo ni hacerse cargo del entierro, y fueron sus compañeras de Comcavis Trans las que compraron el féretro. “Hay muchos casos de asesinadas en los que la familia no quiere hacerse responsable. Y si lo hacen, suelen enterrarlas con el género masculino; les cortan el pelo, no las maquillan, las visten con ropa de hombre”.

Huérfana de padre, la madre de Rodríguez reprimió desde niña su identidad encerrándola días enteros en una habitación. “La escuela era la única vía de libertad que yo tenía. Cuando cumplí 15 años, como todas las niñas, empecé a usar brillo en los labios y un poco de polvo. Una maestra la mandó llamar y mi madre me dijo enfrente de toda mi escuela que no me podía aceptar porque ella había tenido un niño, no una niña, y que para ella yo era una aberración”. Poco después, Rodríguez se fugó de casa. Encontró trabajo en una panadería, donde la explotaban y dormía sobre los sacos de harina y azúcar. A los 18, su abuela materna la acogió, la animó a retomar los estudios y le permitió desarrollarse como mujer.

Para explicar la discriminación institucional que padecen las mujeres trans en El Salvador, Rodríguez abre el bolso y saca el pasaporte, en el que al lado de su foto figura un nombre masculino. “Cada vez que voy a la dirección de migración para salir del país, al verlo los agentes se codean, se burlan. Y eso, además de incomodar, es una forma de violencia. Lo mismo pasa con el Documento Único de identidad. Tenemos muchos problemas para acceder a trabajos porque no se nos reconoce el derecho a que aparezca en él nuestro nombre y nuestra identidad”.

El prejuicio que da por sentado que todas las mujeres trans tienen el VIH y la discriminación adicional que sufren las personas portadoras del virus también les cierra el paso a las consultas médicas y a la atención sanitaria, afirma Rodríguez. “Nuestra organización ha tenido que intervenir ante las instituciones de salud porque hay mujeres trans que llegan a los centros apedreadas, acuchilladas o con heridas de bala y no son atendidas porque el personal se niega a tocarlas”.

DOS ASESINADAS AL DÍA

Las mujeres trans son un colectivo especialmente vulnerable en el triángulo norte de Centroamérica, donde el nivel general de violencia es muy alto y la que sufre el conjunto de las mujeres resulta de vértigo. En Guatemala, un país de 17 millones de habitantes, cerca de 700 mujeres son asesinadas al año, casi dos al día, señala Mercedes Hernández, que ha estudiado el feminicidio en la región.

Presidenta de la Asociación Mujeres de Guatemala e invitada al encuentro celebrado en Casa Mediterráneo, en Alicante, Hernández afirma que entre las maras y otros grupos criminales formados por hombres predomina una cultura en la que matar y violar mujeres les permite acreditar méritos entre sus iguales. “Dentro de la función política que tiene la violencia”, prosigue, “el expolio del cuerpo y la vida de las mujeres es una manera de demostrar quién tiene más capacidad de letalidad, de crueldad, de venganza y por tanto de poder”.

CIUDADANOS EN LA MANIFESTACIÓN DE LAS DERECHAS

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“Pinkwashing de libro”: los tuiteros analizan la foto de Albert Rivera con banderas LGTB en Colón

Según Wikipedia, “Pinkwashing” (lavado rosa o lavado de imagen rosa) es una palabra para referirse, en el contexto de los derechos LGTB, “a la variedad de estrategias políticas y de marketing dirigidas a la promoción de instituciones, países, personas, productos o empresas apelando a su condición de simpatizante LGBT con el objetivo de ser percibidos como progresistas, modernos y tolerantes”. En otras palabras, aprovechar tu supuesto apoyo a los derechos LGTB con el objetivo de lavar tu imagen.

Así ha sido calificada en las redes la imagen buscada ayer por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, hablando ante los medios flanqueado por banderas LGTB, en medio de una manifestación contra el Gobierno en la que participaban junto partidos ultraderechistas y homófobos como Vox.

Una de las críticas ha venido del diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Eduardo Rubiño:

Por su parte, Albert Rivera retuiteó hoy un mensaje de Pablo Sarrión, miembro del equipo de comunicación de Cs, en el que este dice sentirse tan representado por la bandera arcoíris como por la española.

Las redes, la imagen ha despertado el debate y muchos han analizado por qué ha sido este el contexto elegido por Casado para hacerse la foto en cuestión.

Hazte Oír recurre la retirada de su condición de utilidad pública por considerarla “persecución ideológica”

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La asociación HazteOír ha anunciado que va a recurrir la revocación de su condición de utilidad pública debida a su campaña transfóbica en un autobús, al considerar que se trata de “una persecución ideológica y política en toda regla”, y ha asegurado que sacarán otro autobús con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

El presidente de HazteOir, Ignacio Arsuaga, ha rechazado este miércoles el fallo del Ministerio del Interior, en el que se alega que su polémica campaña suponía una falta de respeto y un menosprecio a otras opciones que no comparten sus ideas.

Para Arsuaga, el único argumento de la resolución “injusta y antijurídica” es que sacaron a la calle “un autobús cuyos mensajes solo afirmaban lo que dice la biología, y está recogido en todos los libros de texto de las escuelas, que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva“.

Ha mostrado su extrañeza porque el propio ministro, Fernando Grande-Marlaska, haya firmado la resolución y ha opinado que se debe a que el Gobierno quiere mostrar que es “un adalid de las ideas progresistas” mientras ni saca los Presupuestos adelante ni aprueba ninguna ley.

“¿Por qué la Felgtbi, los golpistas de Ómnium y la Fundación de Bildu pueden faltar al respeto a mis ideas y de muchos españoles y siguen manteniendo su estatus de utilidad pública?” y reciben dinero de público “en cantidades considerables, cosa que HazteOír no ha hecho nunca”, se ha preguntado Arsuaga.

Ha recalcado que están preparando ya su próxima campaña con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, cuando pondrán en marcha un autobús, en este caso contra el “feminismo radical” y que intentarán que PP, Ciudadanos y Vox se comprometan de cara a las elecciones de mayo a derogar las leyes de género.

HazteOir anuncia ahora un nuevo autobús “contra el feminismo radical”

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DE CARA A LA HUELGA DEL 8 DE MARZO

El autobús de HazteOir con mensajes transfóbicos, retenido en un aparcamiento de Madrid. (EFE)

MADRID. La asociación HazteOir.org ha anunciado que recurrirá la revocación de utilidad pública por parte del Ministerio del Interior en las próximas dos semanas, pedirán una medida cautelar de urgencia para que se paralice la resolución que consideran “injusta y antijurídica” y, en torno al 8 de marzo, día de la huelga feminista, pondrán en circulación un autobús “contra el feminismo radical y la ideología de género” con un mensaje “impactante”.

“La revocación de utilidad pública es un capítulo más en una serie de agresiones promovidas por el poder para acallar a los ciudadanos que no comulgan con sus dogmas. Estamos ante una persecución ideológica y política en toda regla. España es un país democrático donde no puede cuestionarse la libertad de expresión al estilo de los regímenes bolivarianos como el venezolano”, ha denunciado el presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, este miércoles 6 de febrero en rueda de prensa.

Así se ha pronunciado después de que este martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, revocara la utilidad pública a la asociación, al considerar que “faltan al respeto” con campañas como la del autobús a “otras opciones distintas” a las defendidas por la entidad.

Por su parte, el presidente de la asociación ha defendido el mensaje de aquella campaña: ‘Los niños tienen pene;las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo. No permitas que manipulen a tus hijos en el colegio’;y ha indicado que es “lo que dicen los libros de biología”.

Por ello, ha adelantado que la asociación recurrirá en dos semanas a los tribunales y solicitará en el recurso que se adopte una medida cautelar con carácter de urgencia para que se paralice la aplicación de la resolución.

La revocación de utilidad pública afectará en la práctica a los socios de HazteOir.org que ya no podrán desgravarse por los donativos que hacen a la asociación, según ha explicado Arsuaga. No obstante, ha precisado que no les afecta en cuanto a subvenciones porque “jamás” han recibido una, sino que se financian “exclusivamente” con las cuotas de los socios y las aportaciones de los donantes;ni en lo que se refiere a la exención del IBI porque, según ha dicho, no tienen ningún inmueble en propiedad.

En respuesta a esta resolución, HazteOir.org también pondrá a circular por Madrid y otras ciudades españolas, en torno al 8 de marzo, un nuevo autobús “para denunciar el feminismo radical, el supremacismo feminista y la ideología de género”. Arsuaga no ha querido revelar el lema que aparecerá en el vehículo aunque ha asegurado que será “impactante”.

Este autobús forma parte de una campaña más amplia que vienen desarrollando desde hace unas semanas y que se prolongará hasta finales de mayo, cuando se celebran las elecciones europeas, municipales y autonómicas. El objetivo de la misma es convencer a Ciudadanos, PP y Vox, con los que dicen estar “en contacto”, para pedirles que deroguen “las leyes de género”, en concreto, “la ley de violencia de género” pues creen que “no consigue parar la violencia contra las mujeres” y “discrimina al hombre”.