Un lobby cristiano proporciona ayuda legal a los negocios que rechacen a parejas gays en Australia

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La organización Human Rights Law Alliance, fundada por el Lobby Cristiano Australiano, busca contribuciones privadas para un ‘fondo de lucha’ que costee los casos judiciales de quienes discriminen a los matrimonios homosexuales

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Imagen de archivo de una concentración por los derechos de las parejas homosexuales EFE

Una organización fundada por el Lobby Cristiano Australiano planea financiar la defensa en demandas contra de dueños de negocios que se nieguen a proporcionar servicios a parejas homosexuales si se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La organización Human Rights Law Alliance, creada el mes pasado en Canberra con la financiación inicial del Lobby Cristiano Australiano, está buscando contribuciones privadas para un “fondo de lucha” con el objetivo de llevar los casos judiciales que puedan surgir si se aprueba la ley de matrimonio en Australia.

El director de la organización, Martyn Iles, ha asegurado que “solo se apoyarán casos en los que la gente tenga objeción de conciencia a la hora de participar en una boda del mismo sexo”.

“ No apoyaríamos a nadie que discrimine a otra persona por su forma de ser, es decir, por ser gay”, cuenta Iles a the Guardian.

“ Tiene que ser una creencia religiosa o de conciencia sincera y tiene que ser expresada de buena fe. Hay algunos requisitos, por lo que uno tiene que demostrar que esto es efectivamente lo que uno cree”, señala Iles. “ No sería una situación arbitraria o en la que uno reivindica las creencias religiosas porque no le gusta un cliente”, apunta.

El comisario antidiscriminación del Estado de Queensland, Kevin Cocks, supone que la mayoría de los dueños de negocios que rechacen a parejas del mismo sexo como clientes no serán explícitos con sus razones, por lo que será difícil obtener las pruebas por una denuncia de discriminación.

Iles reconoce que en el caso de quienes rechacen a clientes de boda por razones religiosas será más fácil sostener una denuncia por discriminación, ya que el dueño del negocio tendría que dar razones para ese rechazo.

El grupo Human Rights Law Alliance está llevando a cabo un crowdfunding de 107.000 euros para lanzar, junto a contribuciones “por encima” de esta cifra, una red de abogados voluntarios que ayuden en el trabajo de los casos legales que puedan surgir.

“La justicia en este país es cara y si tienes varios casos en marcha te puedes gastar mucho dinero muy rápido. Todo depende de lo que la gente esté dispuesta a dar y el éxito que tengamos al establecernos”, señala Iles.

Registro como organización benéfica

Human Rights Law Alliance, que de momento es una rama del Lobby Cristiano Australiano, buscará registrarse de forma independiente como una organización benéfica.

Iles indica que no está claro si las futuras donaciones serán deducibles a nivel de impuestos, dado que está por determinar si la organización obtendrá el estatus de receptor de donaciones deducibles.

“Esta es una cuestión de futuro. Una vez que tengamos en marcha el trabajo, entonces buscaremos constituirnos de forma separada y obtener el estatus de ente benéfico y el de receptor de donaciones deducibles”, indica.

En una declaración pública pidiendo donaciones, el director del Lobby Cristiano Australiano, Lyle Shelton, afirmó: “Este equipo de abogados cristianos luchará para proteger vuestra libertad religiosa y derechos fundamentales en los juzgados de Australia”.

“Como sabéis, se está haciendo cada vez más duro para los cristianos vivir con nuestras convicciones más fundamentales en la vida pública y social. Hay un plan para silenciar nuestra voz”, añadió Shelton.

Shelton afirmó el mes pasado que había “una larga lista de gente en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá que han sido multados, arrastrados a los tribunales y demonizados en sus puestos de trabajos por su creencia de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer”.

“Pasteleros, floristas, propietarios de capillas de bodas y fotógrafos están entre las muchas personas contra las que se han llevado a cabo acciones legales”, señaló.

Probar la discriminación

El comisario Cocks apunta que la dificultad de probar la discriminación de los dueños de negocios con motivo de la orientación sexual es similar a probar la discriminación por edad contra los candidatos en puestos de trabajo, donde casi siempre se dan otras razones del rechazo de los candidatos.

“Puede que haya algunos negocios que rechacen a parejas del mismo sexo buscando servicios matrimoniales, pero no creo que dejen que se sepa por qué los rechazaron”, sostiene Cocks.

“Dirán que están completos, que no trabajan ese fin de semana o ‘simplemente no podemos serviros porque ya tenemos unos pedidos en marcha’”, apunta el comisario.

Una denuncia por discriminación suele requerir una declaración explícita del propietario del negocio en la que se afirme que la orientación sexual del cliente es la razón por la que fue rechazado, explica el comisario.

Los propietarios de negocios que oculten sus razones “tendrán que ser un poco cuidadosos, por supuesto”, ya que podrían ser cazados dando el mismo servicio a parejas heterosexuales tras rechazar a parejas del mismo sexo, añade.

“Eso podría pasar pero las parejas del mismo sexo querrán que su boda sea un momento feliz y los hombres de negocio inteligentes buscarán hacer negocio. Personalmente no creo que quieran demostrar sus convicciones”.

Para Cocks, está en manos del gobierno –”de tendencia conservadora”– aprobar una ley que permita este tipo de rechazos con el argumento de una oposición personal a la igualdad matrimonial.

En defensa de la libertad religiosa

Entre los 12 o más casos actualmente financiados por Human Rights Law Alliance está la defensa de una activista antiabortista de Melbourne y madre de 13 hijos, Kathy Clubb, que fue acusada en agosto bajo las nuevas leyes australianas que prohíben las protestas en las inmediaciones de clínicas abortistas.

La organización está también involucrada en casos de “objeción de conciencia de doctores” ante la Junta Médica de Australia, así como en negociaciones extrajudiciales sobre supuestos casos de discriminación religiosa en lugares de trabajo y en la universidad.

Iles se negó a comentar si la organización había obtenido la asistencia de los alrededor de cinco abogados que trabajan en sus casos de forma gratuita o a un precio reducido. “Quedará claro exactamente a quién ayudamos porque esos casos saldrán a la luz”, apunta.

Iles asegura que la organización llena un vacío dejado por la Comisión de Derechos Humanos de Australia y los centros legales de derechos humanos, y sostiene que Australia ha fracasado a la hora de defender la libertad religiosa, de expresión, de conciencia y de asociación.

La agenda de la organización ha generado escepticismo de otros defensores de derechos humanos, con el abogado Duncan Fine acusando a la organización de creer “que la peor discriminación imaginable es restringir su derecho a discriminar”.

Iles dice que el grupo “no está aquí para promover la discriminación o promover en exceso la libertad religiosa, sino para encontrar un balance”.

“Creemos en el derecho a la no discriminación, creemos en el derecho a la igualdad pero creemos que el derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y religión o creencia no está apropiadamente balanceado respecto a los derechos a la igualdad y a la no discriminación”, añade Iles. Y concluye: “Lo interesante es que tiene que ser demostrado en el juzgado. Finalmente [un juez] tiene que decidir donde está ese balance”.

Traducción de  Javier Biosca Azcoiti

PSOE y Podemos pugnan por la izquierda con dos leyes iguales contra la homofobia

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Los dos grupos de izquierdas, incapaces de consensuar sus propuestas pese a existir un 80% de coincidencias, arrastran en su pugna por la iniciativa política a los colectivos LGTBI, también divididos.

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La secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en una de las sesiones del Parlamento andaluz. JULIO MUÑOZ / EFE

SEVILLA.- El Parlamento andaluz será escenario este miércoles de una situación inédita en el panorama político español: dos partidos de izquierdas, PSOE y Podemos, han traído a la Cámara por separado dos leyes muy similares que abordan el mismo problema, con un nivel de coincidencia del 80%, según admiten ambos grupos, y que serán debatidas de forma conjunta. Como si fuesen lo mismo, pero sin serlo. Se trata de dos proyectos de ley contra la violencia y la discriminación que sufre el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTBI). Ambas contemplan por primera vez sanciones económicas contra comportamientos homófobos. Andalucía es la comunidad donde más casos de agresiones por orientación sexual se registran al año (en cabeza Sevilla y Cádiz), con un 44% en 2013 y un 37% en 2014, según datos del Ministerio de Interior.

Pese a las coincidencias, los morados rechazan la norma del PSOE y los socialistas abominan del proyecto de Podemos. No sólo no han sido capaces de consensuar un texto común, sino que ambos se acusan mutuamente de intentar robarles la iniciativa política, de haber copiado parte de su ley y de agilizar la tramitación para llegar primero y antes que el otro al Parlamento. La pugna entre ambas formaciones ha terminado arrastrando a los colectivos LGTBI, que se han dividido, unos más próximos al proyecto del partido morado, y otros con el socialista. Las asociaciones Arcoiris, ATA, De Frente, Andalucía por la Diversidad y Crisalis defienden que el texto de Podemos es “más concreto y ambicioso”, mientras que la entidad Adriano Antinoo apoya la norma contraria.

“Nos llamó la atención que el PSOE presentase una segunda ley en el tiempo de descuento sin consensuarla con el colectivo afectado. Además ésta tiene un lenguaje obsoleto”, dice Gonzalo de las Heras, de Arcoiris. “La ley socialista deja fuera los derechos de los transexuales”, se queja Mar Cambrollé, presidenta de ATA, “y en todo caso me parece pueril que usen los derechos de las personas LGTBI para la confrontación política y partidista, en vez de ponerse de acuerdo”.

La trayectoria en paralelo de las dos leyes ha sido ésta: Hace un año, en octubre de 2015, el PSOE presentó dos proposiciones no de ley en el Parlamento que fueron aprobadas por unanimidad: una para impulsar una ley de igualdad de trato y en contra de la discriminación al colectivo LGTBI y otra para revisar la Ley andaluza de Transexualidad, aprobada con el consenso de toda la Cámara hace dos años. Los socialistas se remiten a estas dos propuestas para demostrar que su iniciativa fue anterior a la de su rival. Sin embargo, Podemos fue el primero en registrar su proyecto de ley contra la violencia homófoba en el Parlamento: lo hizo el pasado 25 de julio, después de haber trabajado con las asociaciones del colectivo y de haber recopilado normas similares ya aprobadas o tramitándose en otras comunidades, como Extremadura, Murcia o Madrid (es llamativo que tanto PSOE como Podemos coincidan en beber de la norma extremeña, “la más avanzada”, y que fue aprobada por un Gobierno del PP).

Hace dos semanas, el proyecto de ley de Podemos Andalucía llegó al Consejo de Gobierno, que votó en contra alegando dudas jurídicas y, sobre todo, anunciando que el PSOE ya estaba trabajando en una ley similar, con más seguridad jurídica. El equipo de Teresa Rodríguez se preguntó entonces por qué los socialistas, en vez de unirse a su iniciativa y enriquecerla con enmiendas, decidieron presentar una ley distinta sobre el mismo asunto. El partido morado había registrado su proyecto tres meses antes, pero se estancó en el trámite parlamentario, porque el presidente de la Cámara, el socialista Juan Pablo Durán, exigió un informe jurídico específico, no obligatorio según el reglamento interno. Este receso permitió al proyecto socialista alcanzar a la iniciativa de Podemos (obviamente contó con el visto bueno de la Junta) y, como resultado, ambas han llegado a la vez al pleno del Parlamento.

Ahora el debate conjunto debe dirimir si las dos leyes siguen adelante con su trámite parlamentario y confluyen en la Comisión de Igualdad, o si una de las dos se estanca. El PSOE cuenta con los votos de Ciudadanos, su socio de Gobierno, por lo que previsiblemente sacará adelante su texto. Pero está por ver si permite que la norma de Podemos avance (mediante la abstención), o si vetan el texto alternativo para que el tema de la violencia homófoba use únicamente como punto de partida la propuesta socialista.

¿En qué se diferencian las dos leyes?

Al margen de la lucha por llevar la voz cantante de la izquierda en el Parlamento, ¿qué es lo que diferencia la ley de Podemos de la del PSOE? ¿Dónde chocan? La portavoz de Igualdad del PSOE, Soledad Pérez, sostiene que el escollo grave está en el artículo 13.2 de la norma del partido morado, según el cual “los menores transexuales tendrán derecho a recibir tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad” y a “recibir tratamiento hormonal cruzado en la pubertad (…) a fin de propiciar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios deseados”. “Este artículo es una barbaridad”, dice Pérez, que acusa a Podemos de “usar de tabardillo este proyecto para modificar la Ley de Transexualidad, que se aprobó por consenso de todos”.

El asunto de la hormonación y de los inhibidores de crecimiento a menores transexuales fue de los más espinosos que abordó aquella ley. En aras del consenso, se decidió no convertir la hormonación en un derecho para los menores -y en una obligación para los médicos- sino regular un protocolo de actuación que analizaría caso a caso el tratamiento que debían seguir los transexuales menores de 14 años. Lo contrario, dice el PSOE, “nos habría llevado a un recurso de inconstitucionalidad que habría paralizado la ley, y además habría roto el consenso político y social”.

“Nuestra Ley de Transexualidad ya aborda este tema y la modificación que plantea el texto de Podemos genera incertidumbre y miedo tanto en las personas que están siendo tratadas como en la comunidad sanitaria”, dice Pérez. El otro punto de la norma que más rechaza el PSOE es el que establece una reserva de plazas de empleo público para transexuales, algo que “vuelve a patologizar la transexualidad, porque pide un cupo especial como el que existe para personas discapacitadas”.

Por su parte, el diputado de Podemos Jesús Romero cree que las diferencias más notables son tres: Los órganos de participación, los que van a revisar el cumplimiento de la ley, el partido morado quiere que lo conformen miembros del colectivo LGTBI, y que no sea personal de la Administración; en segundo lugar defienden que su proyecto es una ley integral, más concreta que la del PSOE, y por último, acusan a los socialistas de haber excluido al colectivo transexual. La propuesta de Podemos, al plantear la creación de una estructura nueva con cuatro órganos administrativos, cuenta con una memoria económica mayor que la socialista: 625.000 euros, frente a los 325.000 de la segunda ley.

El Pentágono costeará los cambios de sexo de los soldados de EEUU

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La ex soldado de EEUU Chelsea Manning (dcha.), antes conocida como Bradley Manning (izda.) EL MUNDO

Desde este martes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pagarán los costes de las operaciones de cambio de sexo de sus soldados y también correrán con buena parte del coste de tratamientos similares para las familias de éstos. Es un cambio drástico en una institución que, hasta hace justo cinco años, no admitía a homosexuales en sus filas, y que hasta hace apenas cuatro meses atrás no toleró la presencia de personas que han cambiado de sexo. Y una distinción más entre los militares, que reciben tratamiento médico pagado por el contribuyente, y el resto de la población, que se lo tiene que pagar.

Desde el punto de vista presupuestario, la medida es apenas una gota en un océano: el Pentágono estima que el coste del programa será de alrededor de 8,4 millones de dólares (7,5 millones de euros) en un presupuesto que ronda los 600.000 millones de dólares (más de medio billón de euros), cuando se suman partidas como la NASA (que destina la mitad de su gasto a misiones militares) o el Departamento de Energía (cuya principal misión es el mantenimiento de bombas atómicas), la CIA (que gasta ella sola tres veces lo que España en defensa). Cada cirugía de cambio se sexo cuesta entre 7.000 y 50.000 dólares (de 6.200 a 44.000 euros), según la prensa estadounidense.

La clave está en el simbolismo de la decisión. Y, ahí, paradójicamente, el Departamento de Defensa de EEUU se las ha arreglado para enfadar a todo el mundo. Por un lado, asociaciones como el Centro para la Preparación Militar y laAlianza de Capellanes Militares por la Libertad Religiosahan criticado la normativa como un uso de dinero del contribuyente en una materia que no tiene absolutamente nada que ver con la defensa. Sin embargo, el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero ha calificado el cambio como insuficiente, dado que no financia el 100% de los cambios de sexo de los familiares de los soldados.

La primera beneficiada por la noticia ha sido una persona que fue condenada a 35 años de cárcel en un consejo de guerra y que no saldrá de prisión hasta 2048, cuando tenga 61 años de edad: Chelsea Manning, antes conocido como Bradley Manning, que filtró a la organización Wikileaks cerca de medio millón de documentos internos del Departamento de Defensa, además de varios vídeos de operaciones en Irak y Afganistán.

Manning anunció en septiembre que las autoridades estadounidenses iban a pagarle su operación de reasignación sexual (así es como se denomina en EEUU al procedimiento). El 28 de julio, Manning protagonizó un intento de suicidio que su defensa atribuye a su deseo de cambiar de sexo.

La decisión también muestra cómo los militares estadounidenses -que votan republicano en una proporción de cuatro a uno y se oponen mayoritariamente a la reforma sanitaria de Barack Obama- son, curiosamente, los ciudadanos de ese país que disfrutan de mejor atención médica y, encima, pagada por el contribuyente.

Los civiles estadounidenses tienen que contratar seguros médicos muy caros (con unas pólizas mínimas de 500 dólares mensuales que, por ejemplo, no cubren quimioterapia) que, además, no incluyen operaciones de cambio de sexo, ya que consideran cirugía plástica a este tipo de procedimientos, que suelen incorporar tratamiento psicológico y terapia con hormonas.

Quién está detrás de los lobbies ultracatólicos que arremeten contra las mujeres y el colectivo LGTBI

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Están presentes en todas las demandas contra grupos proabortistas, organizan manifestaciones a favor de la familia –la compuesta por madre, padre e hijos– o recogen firmas a través de Internet para presionar mediáticamente. Son las asociaciones homófobas y neoconservadoras que, desde hace algo más de una década, hacen campaña contra los homosexuales, las mujeres o los derechos sexuales y reproductivos.

HazteOir, CitizenGo, Profesionales por la Ética, Centro Tomás Moro, Abogados Cristianos, Más Libres, Instituto para la Política Familiar, Organización del Bien Común… Son los lobbies ultracatólicos, que cuentan con el apoyo más o menos directo de una parte de la Conferencia Episcopal Española. Pero, ¿quién está detrás de ellos?

“Son muy pocos, pero están en todas partes, hacen mucho ruido y tienen engañada a mucha gente, también en la Iglesia”, apunta el experto Santiago Mata, autor de la primera investigación sobre El Yunque en España. Esta organización secreta ultraconservadora está detrás de todas esas asociaciones, cuyos líderes surgen de centros de formación de movimientos eclesiales conservadores, como los Legionarios de Cristo, Comunión y Liberación o los Kikos, aunque sin el apoyo del todopoderoso Opus Dei.

La presencia de El Yunque en España arrancó a finales de los noventa y tuvo su apogeo en torno a 2005. Ese año, grupos como HazteOir, Derecho a Vivir o Profesionales por la Ética lograron que los obispos se manifestaran contra el matrimonio igualitario aprobado por Zapatero. Desde entonces, y coincidiendo con el momento de mayor poder del cardenal Rouco Varela, estos grupos consiguen congregar cada Navidad a decenas de miles de personas en las llamadas “misas de las familias de Colón”.

La igualdad LGTBI como diana

Aunque oficialmente no está reconocido por la Iglesia, los obispos más ultraconservadores (el de San Sebastián, Munilla; los de Alcalá y Getafe, Reig y López de Andújar; o el de Córdoba, Demetrio Fernández) acuden a sus actos, firman sus manifiestos y se sirven de sus aparatos para atacar sin descanso a las mujeres y al colectivo LGTBI.

Estas ramificaciones de El Yunque han activado su maquinaria llegando a amenazar, en el caso de HazteOir,  a El Corte Inglés o a la cadena de restaurantes Vips por hacer publicidad de familias homoparentales o parejas homosexuales. “Los niños tienen derecho a un padre y una madre”, afirmaba en una de estas campañas la organización, fundada y dirigida por Ignacio Arsuaga, sobrino de Rodrigo Rato.

Entre sus “últimos retos conseguidos” se adjudican la retirada de la publicidad de muchas empresas de un espacio de Telecinco que, según los ultras, “fomentaba el incesto” y se han apuntado el tanto de la retirada del anuncio de El Corte Inglés en el que aparecía una familia homoparental formada por dos padres mientras la compañía alega otros motivos.

Destacan, además, maniobras de agitación como la defensa a ultranza de la carta de los obispos de Alcalá y Getafe, que tachan la ley madrileña contra la LGTBfobia de “contradicción con la ley natural” o la denuncia del “linchamiento”, según sus palabras, contra Antonio Cañizares, cardenal de Valencia, por sus declaraciones sobre el “imperio gay” o la “dictadura de género”.

“El Yunque es mucho más que una secta, es una organización secreta anticristiana, una sociedad que divide a los católicos”, afirma Mata, que señala, junto a Arsuaga, al periodista Luis Losada Pescador como uno de los líderes del entramado, así como a Gador Joya, portavoz de Derecho a Vivir; Eduardo Hertfelder, fundador del Instituto de Política Familiar; Jaime Urcelay, responsable de Profesionales por la Ética; o Leonor Tamayo, actual presidenta de esta última asociación, respaldada por medios de comunicación ultraconservadores, como el Grupo Intereconomía de Julio Ariza.

Una larga lista de procesos judiciales

La defensa de Cañizares fue uno de los objetivos del Centro Jurídico Tomas Moro, que también arremetió contra la ley de identidad de género de Madrid afirmando que pretende “manipular a los menores para fomentar entre ellos el cambio de sexo”. La organización presume en su web de haber impulsado una larga lista de procesos judiciales entre los que se encuentra la protesta de Rita Maestre en la capilla, caso en el que ejerció de acusación popular.

Otras de las de las acciones del grupo, presidido por el abogado de familia Javier María Pérez Roldán, han sido la querella contra las Juventudes Socialistas por la campaña contra el sida que incluía frases como “que no te den una hostia, ponte un condón” y “bendito condón que quitas el sida del mundo” o la querella en 2011 contra los convocantes de la “procesión atea” de Jueves Santo y las múltiples denuncias contra varias clínicas abortivas.

Muchos de los casos judiciales emprendidos por estas organizaciones, entre las que destaca la Asociación Española de Abogados Cristianos, se han impulsado  en el marco del artículo 525 del Código Penal, que recoge el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Es de lo que la organización acusó a las participantes en la “procesión del coño insumiso” celebrada en Sevilla en 2014 a modo de manifestación,  caso que ha acabado archivando la jueza. 

Es también el denominador común de la denuncia, ya archivada, que interpuso Abogados Cristianos contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la poetisa Dolors Miquel por recitar un “padrenuestro feminista” el 15 de febrero en la entrega de los premios de cultura Ciutat de Barcelona. El poema, tildado por la organización de “blasfemo”, reivindica el cuerpo de la mujer con versos como “Madre nuestra que estás en el cielo, santificado sea vuestro coño, la epidural, la comadrona”.

Utilizan el entramado de la Iglesia

Abogados Cristianos también promovió la retirada de la declaración de utilidad pública de la Federación de Planificación Familiar Estatal tras una denuncia ante Interior y fue acusación particular en el juicio que sentó en el banquillo por primera vez en España a Femen. El colectivo representaba a la Asociación Enraizados en Cristo y pedía siete años de prisión para las activistas, que fueron absueltas, por interrumpir una marcha antiaborto convocada por Derecho a Vivir.

Muchas de las actividades de propaganda y agitación de este último y demás grupúsculos tienen lugar en espacios cedidos por parroquias o en actividades de las distintas diócesis aprovechando que la Conferencia Episcopal no ha desautorizado públicamente su pertenencia a una sociedad secreta como El Yunque.

Aunque el Episcopado encargó un informe privado sobre la existencia e implantación de El Yunque en instituciones eclesiales, la profunda división entre los obispos acerca de este tema –para muchos prelados, los miembros de estos grupos son parte activa de su feligresía y fuente de financiación– permite que este lobby de presión y agitación de la ultraderecha pueda continuar utilizando el entramado de la Iglesia católica para seguir llevando a cabo su misión.

El Papa afirma que Jesús nunca abandonaría a un transexual

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El Papa a las monjas de clausura: “No utilicéis Internet para evadiros”

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El papa Francisco en la iglesia de San Simeón Bar Sabbae en Tiflis, Georgia. EFE

El Papa Francisco explicó que Jesús nunca abandonaría a un homosexual o a un transexual y que se les tiene que acompañar acoger, durante la rueda de prensa del vuelo de regreso de su viaje a Georgia y Azerbaiyán.El pontífice contestó hoy a las preguntas de los 70 periodistas, que le acompañaron en su regreso desde Bakú y entre ellas se le interrogó sobre qué opinaba de las personas transexuales, de aquellas con disfunciones hormonales o aquellas que cambiaban de sexo porque no aceptaban su cuerpo de hombre o mujer.”Cuando una persona con esta condición llega delante de Jesús, nunca le dirá vete porque eres homosexual”, dijo y agregó: “Las personas hay que acompañas como hace Jesús siempre”.

Los ultracatólicos presumen de haber tumbado el anuncio de El Corte Inglés con dos padres gays

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Los anuncios de la serie que El Corte Inglés lanzó para publicitar la vuelta al cole y que circulaban por redes sociales bajo el hashtag #VueltaAlCole han sido retirados en medio de la polémica con el grupo ultracatólico Hazte Oír. El colectivo había iniciado una campaña de recogida de firmas contra uno de los cortos en el que aparecía una familia homoparental formada por dos padres intentando forrar los libros de texto.

Los siete anuncios ya no aparecen en el canal de Youtube de la compañía, que asegura haberlos eliminado porque “la campaña tiene unos derechos musicales y de imagen que son temporales y por eso se han retirado”. El Corte Inglés, que afirma gestionar cada campaña “de una manera determinada”, insiste en este motivo sin aportar ejemplos de otras con las que haya ocurrido lo mismo y se hayan retirado del canal.

En el otro lado de la balanza, Hazte Oír, que se apunta el tanto apoyándose en las más de 21.000 firmas que recogió desde el pasado 18 de septiembre en la campaña titulada “El Corte Inglés propone quitar derechos a los niños”. “La publicidad en la que El Corte Inglés olvidaba que la familia es 1 padre + 1 madre y sus hijos ya no se emite. Y además ECI ha borrado este tipo de vídeos de sus canales en Internet”, afirman los ultracatólicos.

Hazte Oír felicita a los firmantes y agradece que “con tu movilización has conseguido que una empresa tan poderosa como El Corte Inglés tome en consideración a la familia en sus mensajes”. El pasado viernes Ignacio Arsuaga, presidente del colectivo, entregó las firmas en las oficinas centrales de la compañía, que declara que “cuando vinieron les dijimos que se retiraba por los motivos de fin de derechos”.

Un trabajador de la empresa que atiende llamadas de particulares asegura a este diario que en las últimas semanas unas diez llamadas al día “se referían a quejas homófobas por el anuncio” tachándolo, dice, de “vergüenza y antinatural. ‘Eso no es una familia’, dicen muchos”. El empleado declara que “algunos son más escuetos, otros más alterados” y “la cosa fue bajando la última semana, el miércoles pasado, por ejemplo, no tuvimos ninguna”.

El anuncio desató la homofobia de Hazte Oír, que lo señalaba como “una forma de quitar derechos a los niños” porque “promociona una idea extraordinariamente grave: que los niños no tengan derecho a un padre y una madre”.Todos los estudios rigurosos demuestran que los niños necesitan un padre y una madre para desarrollarse de manera armónica y completa”, aseguraba.

El pasado mes de febrero El Corte Inglés retiró su campaña publicitaria de San Valentín debido a la polémica que generó uno de sus cortos por identificar el amor con el control de parejal. “Respetamos las críticas y pensamos que la mejor decisión es que deje de circular”, sentenció la empresa, que admitió que la había retirado por las críticas.

El Obispado de Sigüenza prohíbe a un hombre dirigir una cofradía por ser homosexual

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Este vecino del municipio guadalajareño de Brihuega ha denunciado que el párroco, con autorización del Obispado, le ha vetado para formar parte de la directiva de la Cofradía de la Virgen de la Peña porque “no vive acorde con la moral cristiana”.

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Guillermo Domínguez, cofrade y vecino de Brihuega, ha sido vetado por el párroco del municipio, Mariano Marco, para formar parte de la directiva de la Cofradía de la Virgen de la Peña. ¿La razón? Su orientación sexual.

En un comunicado, Domínguez asegura que el cura le ha prohibido dirigir esta institución católica porque “no vive acorde con la moral cristiana”, una decisión que, según afirma, ha tomado con la autorización el Obispado de Sigüenza, todo ello a pesar de haber sido aprobada su candidatura el pasado agosto por el resto de la directiva, tras un primer intento de veto por parte del párroco a nivel individual.

Sobre este asunto se ha pronunciado la asociación WADO LGTBI de Castilla-La Mancha, que ha manifestado no tolerar esta actuación que han calificado como “desprecio e intolerancia”.

El presidente del colectivo, Ignacio de la Iglesia, ha considerado “una aberración que este tipo de actos queden impunes”, y ha señalado que si vetar a alguien por su orientación sexual es ya un caso grave de discriminación “no entendemos que, además, desde la Iglesia se puedan hacer estos vetos en organizaciones seglares”.

Además, desde la asociación han pedido al párroco que se retracte y pida perdón al vecino de Brihuega,  instando también a los ayuntamientos de Guadalajara y Azuqueca de Henares a quesancionen sin subvención pública, colaboración económica o partidas publicitarias al Obispado de Sigüenza, cumpliendo así con unas mociones aprobadas en ambos consistorios, pues en las resoluciones se contemplaban medidas contra “las personas jurídicas que no respeten la diversidad afectivo sexual”.

Explicación del Obispado

Por su parte, el vicario de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara, Agustín Bugeda, ha justificado en algunos medios de comunicación que el veto al cofrade no es por su orientación sexual, sino porque “no respeta las normas de la Iglesia” y que sería igual si fuera heterosexual viviendo en pareja sin tener el sacramento del matrimonio.

Tras esto, el presidente de WADO ha afirmado no creer que “no haya en alguna cofradía de Guadalajara ninguna persona en la directiva que sea soltera, viva en pareja o que esté divorciada”.

“Si fuéramos realistas y estrictos según se postulan, incluso aquellas personas que vivan en matrimonio y lleguen a usar métodos anticonceptivos en sus relaciones sexuales tampoco podrían formar parte porque la Iglesia considera que el sexo solo tiene un objetivo: la procreación”, ha agregado.

De la Iglesia ha considerado que estas palabras “son debidas a que desde la Diócesis han visto la metedura de pata al respecto y están intentando limpiarse las manos” y ha concluido que “el problema es que el daño, no sólo del cofrade, sino de cualquier persona que se sienta identificada con él, está ya hecho”.