Mariano Rajoy convierte la boda de Maroto en la gran cita social del PP

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El alcalde de Vitoria, Javier Maroto (i) pasea con su novio Josema Rodríguez (d) por el parque del Prado en Vitoria.

Javier Maroto y su pareja José Manuel Rodríguez caminan por el Paseo de La Senda de Vitoria. ARABA PRESS

El presidente del Gobierno Marino Rajoy y su esposa Elvira Fernández serán dos de los 270 invitados que participarán el próximo viernes día 18 a partir de las 20.00 horas en el enlace matrimonial entre el vicesecretario general del PP y ex alcalde de Vitoria Javier Maroto y su pareja José Manuel Rodríguez. Maroto, que planificó en primavera esta ceremonia como un encuentro prácticamente familiar, ha visto como su designación como vicesecretario sectorial del PP ha desbordado todas sus previsiones iniciales y la confirmada presencia del presidente Mariano Rajoy dará un cariz totalmente distinto a esta ceremonia. El concejal Miguel Garnica, en delegación del alcalde de la ciudad Gorka Urtaran, y el senador Jorge Ibarrando serán los encargados de dirigir una ceremonia que se celebrará en el Ayuntamiento de Vitoria.

El ex alcalde de Vitoria Javier Maroto intentará mañana jueves cerrar los últimos flecos del enlace que el próximo viernes congregará a Vitoria a casi 300 invitados primero en el salón de ceremonias del Consistorio vitoriano y, posteriormente, en el restaurante El Caserón ubicado en el alto de Armentia. La confirmación de la presencia del presidente del Gobierno Mariano Rajoy y de su esposa, del ministro de Sanidad Alfonso Alonso junto y de los ya confirmados dirigentes nacionales del PP Pablo Casado y Andrea Levy más un importante número de miembros del PP vasco como Arantza Quiroga, Nerea Llanos,Iñaki Oyarzábal y todo el grupo municipal convertirán el enlace en la gran cita del PP al margen de sus compromisos políticos.

Una boda civil que se desarrollará el viernes después de que el propio Javier Maroto hubiera reservado esta fecha y comunicado al actual alcalde Gorka Urtaran con posterioridad la conveniencia de evitar que el enlace condicionara el desarrollo de las bodas que cada sábado tanto durante la mañana como por la tarde se realizan en el Consistorio vitoriano. Alrededor de 250 enlaces se ofician en Vitoria y en ellos intervienen tanto los concejales o el propio alcalde como funcionarios municipales y un grupo de cuatro txistularis. La contratación de todo el servicio tiene un coste por ceremonia de 150 euros aunque en el caso de la boda de Javier Maroto y de su pareja los servicios de protocolo y de seguridad tendrán que aumentarse ante el número de invitados, la presencia de medios de comunicación y de curiosos.

El Consistorio vitoriano tendrá, además, que habilitar espacios complementarios para seguir una ceremonia en la que se prevé la participación de amigos y familiares de una pareja que durante los últimos 19 años han convivido con normalidad pero cuya relación ha centrado el interés mediático y público tras el anuncio realizado el 6 de junio por Javier Maroto de que se casaría con José Manuel Rodríguez tras el verano.

La presencia de Rajoy y su esposa en Vitoria se limitará a este acto dentro de su agenda privada y no está previsto ningún encuentro con el lehendakari Iñigo Urkullu que sí que acogió al presidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara en el palacio de Ajuria Enea el pasado 29 agosto aprovechando que el ‘barón’ socialista también viajó a Euskadi para acudir a la boda de un familiar. Rajoy y Urkullu no se reúnen desde el 15 de septiembre de 2014.

El PP no sabe explicar por qué Rajoy asiste a una boda gay

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Mariano Rajoy, junto a Javier Maroto.

Mariano Rajoy, junto a Javier Maroto.

Una década de ataque contra la legalización del matrimonio homosexual han convertido en paradójico, polémico y hasta simbólico que Mariano Rajoy acuda a lo que es una boda como cualquier otra. Una boda que, sin embargo, si Rajoy hubiera tenido éxito en su recurso ante el Tribunal Constitucional, su vicesecretario Javier Maroto no podría haber celebrado.

“Espero que este asunto no tenga recorrido mediático. Lo deseo como ciudadano, representante público y miembro del PP”. Tres días antes de casarse, Maroto expresaba su deseo de que su boda quedara como “un asunto doméstico” y no provocara polémica. Pero la historia pesa y la polémica ha surgido hasta dentro de su propio partido, en el que algunos miembros del Gobierno opinaron que era mejor que el presidente no asistiera.

“Que no lo llamen matrimonio” era el mantra con el que el PP trataba de explicar su oposición a la ley promovida por José Luis Rodríguez Zapatero. Los conservadores insistían por entonces en que el problema era el término y no la equiparación de derechos entre heterosexuales y homosexuales que el Congreso aprobó en junio de 2005 con los votos del PP en contra. Solo Celia Villalobos se desmarcó de la disciplina de su partido y votó sí a la modificación del Código Civil.

Desde el equipo de Maroto en Génova se aseguraba este martes que el novio se había enterado “por un medio de comunicación” de que finalmente Rajoy asistiría al enlace junto a su esposa. Las mismas fuentes explicaron que el exalcalde de Vitoria no quería hacer ninguna declaración sobre el asunto ni confirmar o desmentir la lista de invitados. El propio Maroto confesó tener “la cabeza un poco mareada” por el asunto, pero insistió en que ese debate está superado. “Si no hubiese estado de acuerdo con la ley, el PP la habría modificado con su mayoría absoluta. Y si no lo ha hecho es porque considera que esa ley se ajusta a derecho y es asumida y reconocida”, defendió el dirigente del PP.

Cuando el PP presentó el recurso, en septiembre de 2005, lo firmaron 72 diputados. Fueron 22 más de los necesarios. El tribunal no sentenció hasta 2012 que el matrimonio gay respetaba la Constitución. En ese lapso de siete años, la posición de Rajoy fue variando. En 2010, a la pregunta de si mantendría la ley si llegaba al poder aunque el TC la avalara, Rajoy contestó tajante: “No”. La discusión interna sobre cómo se percibiría la iniciativa obligó a Rajoy a asumir personalmente la decisión política: “Entre la ley y el oportunismo político, yo siempre estaré con la ley”

Tres años antes, en abril de 2007, Rajoy tuvo que contestar sobre este tema en el programa Tengo una pregunta para usted. Un ciudadano le preguntó si se sentiría orgulloso de su hijo en el caso de que fuera gay y quisiera casarse. “Si mi hijo fuera homosexual, asistiría a su boda, pero le aconsejaría una unión de hecho”, contestó.

Ángeles Álvarez, portavoz parlamentaria del PSOE en materia de Igualdad, calificó de “impúdico” pero también de “pedagógico” el hecho de que Rajoy vaya a asistir al enlace. La diputada tuiteó lo contradictorio que le parece que el presidente “celebre en público lo que persigue en privado”.

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Otra socialista, Trinidad Jiménez, celebró que el presidente “disfrute de las bodas a través de leyes que ha hecho posible el PSOE”. Del PP, el presidente del Congreso, Jesús Posada, declaró que le parece “muy bien” que asista el presidente porque “cada uno va a las bodas de sus amigos que le parecen adecuadas”. Celia Villalobos calificó de “miserable que el PSOE y algunos medios utilicen la boda”. Otro de los invitados al enlace, Pablo Casado, se negó a comentarlo y lo redujo a un “asunto personal”.

Los 10 estereotipos más aceptados en la adolescencia

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Informe sobre identidades de género en la adolescencia

¿Qué es ser chico y qué ser chica? ¿Cómo debe comportarse cada uno? ¿Cómo influyen los roles preconcebidos en las relaciones personales y sociales? En la adolescencia, cuando las personas están construyendo su identidad, los estereotipos y los tópicos marcan los noviazgos, las amistades y la vida en general.

El informe ‘¿Fuertes como papá? ¿Sensibles como mamá? Identidades de género en la adolescencia’, realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, un centro privado creado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), entre 2.514 jóvenes de entre 14 y 19 años, desvela cuáles son los roles y los referentes estereotipados asumidos por este grupo de población.

Estos son algunos de los estereotipos más asumidos entre los jóvenes, tanto por ellos como por ellas:

  1. Las chicas son sensibles, tiernas, responsables, trabajadoras y preocupadas por la imagen. Los chicos son dinámicos, activos, autónomos, emprendedores, posesivos y superficiales.
  2. Revisar el móvil de la pareja es normal.
  3. Ellas son más capaces de comprender a los demás, de dar cariño y de reflexionar, además de más espirituales. Ellos son mejores para el deporte, más decididos, más hábiles con la tecnología y máscapaces de enfrentar problemas.
  4. Los adolescentes consideran que las relaciones entre chicas son más conflictivas. La amistad entre chicos es más sincera y leal.
  5. Con las chicas se comparten mejor los intereses más afectivos (amorosos, sexuales y familiares) Con los chicos se comparten preocupaciones generales (amigos, estudio, trabajo…)
  6. En cuanto a las relaciones, la mayoría (59,4%) piensa que el chico debe proteger a la chica.
  7. La fidelidad es lo más importante en la pareja
  8. Ellas relacionan el sexo con el afecto. Ellos con diversión y con su “naturaleza”. Los jóvenes de ambos sexos piensan que ellos siempre quieren.
  9. El machismo está presente en otras generaciones, pero no en ellos.
  10. De cara al futuro, lo más importante es tener ingresos propios y formar la propia familia.

La boda de Maroto entra en campaña electoral

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La asistencia o no de Rajoy al enlace del dirigente alavés, que se casa con su novio este viernes en Vitoria, genera revuelo en el PP. De momento, el entorno de Maroto no lo confirma

Javier Maroto y Mariano Rajoy, en un acto electoral.

Javier Maroto y Mariano Rajoy, en un acto electoral.

Javier Maroto asiste con una indisimulada sensación de agobio a la “desproporcionada” expectación mediática que está levantando su boda con Josema Rodríguez, su pareja en los últimos 19 años. El entorno más cercano del exalcalde de Vitoria se confiesa abrumado por la sucesión de noticias sobre el enlace, fijado para el próximo viernes 18 en la capital alavesa en una ceremonia privada pese a la relevancia de algunos invitados. Entre ellos, representantes de la plana mayor de su partido, el PP, encabezados por Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal.

Precisamente, la asistencia de Rajoy se ha convertido en motivo de especulación política. El presidente del Gobierno, invitado al enlace el pasado mes de julio, ya trasladó a Maroto desde el primer momento que su presencia estaba condicionada por la campaña electoral de Cataluña, que llega a su ecuador en las fechas de la boda. Y que, por tanto, su traslado en Vitoria dependerá de que pueda hacer un hueco en su “complicada” agenda. El periódico El Mundo publica este martes que el presidente sí acudirá, pero el entorno más cercano a Maroto ha señalado a elcorreo.com que no tienen aún confirmación de la asistencia,.

Muy a su pesar, Javier Maroto, de 43 años, ha visto cómo su boda ocupa páginas y titulares. El vicesecretario Sectorial del PP, que se convertirá en el primer alto cargo de la formación conservadora que se acoge a la ley del matrimonio homosexual, teme incluso que la cita termine por picar la curiosidad de la prensa rosa. Pese a su empeño por dar la máxima normalidad al enlace, afronta la “incómoda” tesitura de tener que dar explicaciones sobre un acontecimiento que, siendo de su más estricta esfera personal, ha entrado de lleno en campaña.

Llamada de Cospedal

Al parecer, la oportunidad de la asistencia o no de Rajoy se habría llegado a debatir en algunos círculos del Gobierno y del partido, según ha sostenido el diario El Mundo, aunque fuentes del PP lo han puesto en duda. Algunos ministros como el del Interior se habrían opuesto a la participación del presidente en la boda al considerarlo una contradicción con la posición política del PP por haber recurrido la ley de matrimonio homosexual que había puesto en marcha el PSOE. Jorge Fernández Díaz negó en redondo que se haya producido esa discusión y dijo sobre Maroto: “Es un buen amigo, pero no he sido invitado”.

Cospedal desmintió también cualquier debate sobre esta cuestión en la dirección nacional. De hecho, ha llamado por teléfono a Maroto como señal de respaldo. Pero lo cierto es que el círculo de confianza del dirigente alavés del PP teme que la bola de nieve ya esté lanzada y que finalmente la asistencia o no de Rajoy se interprete con criterios políticos y no de agenda. Si acude, como un gesto oportunista e incoherente. Si no lo hace, como una cesión a los sectores más reaccionarios del partido.

Todo un “disparate” que Maroto trató de zanjar en los últimos días en una entrevista en Cope. Insistió en que la presencia de Rajoy dependerá únicamente de su actividad en la campaña catalana, en la que también intervendrá el propio vicesecretario Sectorial del PP. “Ni nos vamos a querer más o menos, ni nos vamos a apreciar más o menos por la decisión que tome”, advirtió el exalcalde, partidario de dar la máxima “normalidad” a su enlace para que bodas de esta naturaleza “dejen de ser noticia en España”. “En el año 2015 es natural que lo que es normal en la calle sea normal en la ley”, subrayó.

Maroto dio por superado el debate interno sobre la ley entre personas del mismo sexo y subrayó que, en la actualidad, el PP “asume” el matrimonio homosexual, pese al malestar que aún suscita entre los sectores más conservadores. El exalcalde de Vitoria ha tratado de enfocar su enlace con la máxima “naturalidad”, invitando a la cita a alrededor de 200 familiares, amigos y compañeros de partido, desde concejales de la capital alavesa a nuevos colegas en la dirección nacional de la calle Génova y cargos de la ejecutiva vasca que lidera Arantza Quiroga. Ha recibido numerosas muestras de apoyo, entre ellas, la del ministro de Sanidad, el alavés Alfonso Alonso. Hasta el PSOE le felicitó, aunque con algo de sorna. Se declaró “orgulloso” de que sus leyes, en alusión a la del matrimonio homosexual, “hagan felices a tantas personas”.

Mariano Rajoy sí irá a la boda de Javier Maroto y su novio ‘Josema’

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Maroto y Rajoy, en Vitoria durante la campaña de las elecciones municipales

Javier Maroto y Mariano Rajoy, durante un acto el mayo pasado. REUTERS

El presidente del Gobierno será testigo del ‘sí, quiero’ de Javier Maroto,vicesecretario sectorial del Partido Popular, y José Manuel Rodríguez, su pareja desde hace 19 años, el próximo viernes 18 de septiembre en el Ayuntamiento de Vitoria. Fuentes cercanas manifiestan a LOC que Mariano Rajoy no se ha planteado en ningún momento la posibilidad de no acudir a la boda a pesar de que, según publicó EL MUNDO, hay un sector de su partido que habría presionado para que no lo hiciera.

Al parecer, algunos compañeros de filas piensan que su presencia resultaría incoherente ya que fue su grupo el que presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 13/2005 que permite el matrimonio homosexual. “Esa ley está asumida y reconocida en el PP”, ha dicho esta semana Maroto quitándole relevancia a la polémica. Parece que así es.

“Hay que tener en cuenta que está en mitad de la campaña de las elecciones catalanas, pero hay un 99 % de posibilidades de que el presidente se presente a las ocho de la tarde en el consistorio de la capital alavesa, salvo que pase algo de suma urgencia o completamente imprevisto. Javier es más que un compañero, es un gran amigo…”, desliza la misma fuente. El único acto programado el día de la ceremonia civil en la agenda de Mariano Rajoy es la presidencia de la reunión del Consejo de Ministros.

Acompañado de ‘Viri’

Si todo sucede según lo planeado, al finalizar dicha reunión, el jefe del Ejecutivo pondrá rumbo junto a su esposa, Elvira Fernández, a Vitoria. El acto de unión civil de Maroto y su novio, trabajador del ayuntamiento de Durango, será oficiado por el edil popular Miguel Garnica. El convite posterior tendrá lugar en el restaurante El Caserón, situado en el pueblo de Armentia, un área residencial situada a apenas dos kilómetros del centro de Vitoria.

Tal y como ha podido saber LOC, el presidente y ‘Viri’, como es conocida su mujer, agasajarán a los recién casados con un regalo de lo más especial: una obra de un joven fotógrafo español. Es habitual que, en las bodas, el matrimonio regale arte, a poder ser español.También lo hicieron este verano con motivo del enlace de Montserrat Gomendio y José Ignacio Wert. Pero Rajoy no será la única cara visible del Partido Popular en la boda. También se espera la asistencia de Alfonso Alonso, ministro de Sanidad; Pablo Casado, vicesecretario de comunicación; Andrea Levy, vicesecretaria general de estudios; Arantza Quiroga, presidenta del PP vasco, o Iñaki Oyarzábal, secretario de Justicia, Derechos y Libertades.

Javier Maroto, quien declaró hace unos meses que no le gustan los guetos gays ni los del PP, mantendrá su agenda política sin ningún cambio y, tras el enlace matrimonial, se incorporará el lunes, día 21, a la intensa campaña electoral en Cataluña. El noviazgo entre Javier y ‘Josema’ se inició en Bilbao, en uno de los encuentros de ex alumnos propiciados por la Universidad de Deusto. El flechazo fue inmediato. Dos décadas después, ha llegado el momento del ‘sí, quiero’. El amor no entiende de polémicas.

La ‘fecundación interruptus’ de Tania y Verónica

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Verónica y Tania, que sólo se llaman así para el público que sepa hoy de su historia porque desean preservar su identidad, acusarán esta mañana en un juzgado de Madrid al Ministerio de Sanidad, laConsejería de Salud y el Hospital Fundación Jiménez Díaz devulnerar sus derechos fundamentales y discriminar su derecho a la maternidad biológica al excluirles de un proceso de reproducción asistida por carecer de pareja masculina.

La culpa la tiene una orden ministerial del 31 de octubre de 2014 que autoriza los tratamientos de fertilidad en la sanidad pública a quienes, entre otras cosas, no puedan quedarse embarazadas «trasun mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginalsin empleo de métodos anticonceptivos». Es decir, con hombre de por medio.

El párrafo lleva 10 meses incendiando los planes de lesbianas que no quieren demostrarle al Estado su infertilidad tras un año de sexo con quien no quieren. Y 10 meses de incendio según dónde, porque la orden ministerial no la cumplen todas las comunidades autónomas. Otras sí. Castilla-La Mancha, Madrid, Cataluña, Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana deniegan el tratamiento a mujeres solas y a lesbianas, según Women’s Link Worldwide, la ONG que se ha hecho cargo de la acusación y que hoy argumentará ante el juez lo que considera una «vulneración de derechos fundamentales».

«El Estado tiene la obligación de respetar las decisiones reproductivas de las mujeres. Es inadmisible que el acceso a los tratamientos de reproducción asistida dependa de la orientación sexual, de si se tiene pareja o no, o del lugar en el que se viva, ya que no todas las CCAA están aplicando la orden del Ministerio», cuenta Carmen Miguel, abogada de las demandantes y directora legal regional de Women’s Link Worldwide.

Según el relato de esta organización internacional de defensa de los Derechos Humanos especializada en la lucha por avances legislativos en igualdad de género, Verónica y Tania entraron en elprograma de reproducción asistida de la Fundación Jiménez Díaz en abril de 2014. A finales de octubre de ese año, Sanidad emitió aquella orden ministerial y pocos días después personal médico del hospital informó oralmente a la pareja que quedaba excluidadefinitivamente del proceso. Un mes después, en diciembre, las dos mujeres pidieron el expediente de su caso y una explicación por escrito. Y en enero, el director de la Jiménez Díaz les envió una cartaen la que aseguraba que «esta nueva ley afecta, entre otros, a los tratamientos de reproducción asistida a mujeres sin pareja masculina». Esa misma tarde, Verónica y Tania iniciaron las acciones legales que se estrenan hoy en el Juzgado de lo Social Número 8 de Madrid.

Y nacen aunque en medio del proceso haya habido un cambio. Porque en mayo, cinco meses después de la redacción de la demanda y seis de la interrupción del tratamiento, la Fundación Jiménez Díaz citó a ambas para reanudar la fecundación in vitro: «Se están reevaluando todos los casos de pacientes que han sido atendidos en nuestra Unidad a la espera de recibir instrucciones sobre la adaptación de la cartera de servicios por parte de la Comunidad de Madrid».

Pero Tania y Verónica, que llevan desde mayo reenganchadas al proceso de fertilización -sin suerte, por cierto-, han decidido proseguir con la demanda judicial contra el Estado. «Quieren continuar con la batalla judicial, no sólo para que ellas puedan ser madres, sino para que ninguna otra mujer que opta por la maternidad sea discriminada por el sistema de salud», sostiene la abogada de la pareja.

En un caso similar conocido la primavera pasada, la Consejería dijo que cumple la orden «estrictamente» porque es una «normativa básica nacional». Según la sanidad madrileña, y también la estatal, «el principio de esta orden es estrictamente médico». Y, como dijoAna Mato cuando era ministra de Sanidad y el espíritu de la orden ya estaba en ciernes, «la falta de varón no es un problema médico».

Sin embargo, años después de aquella frase de la hoy ex ministra, Verónica y Tania fueron excluidas por falta de varón y luego readmitidas, una fecundación interruptus que hoy empieza a gestarse en los tribunales.

Su lucha viene apoyada en la demanda por dos peritajes científicos. El firmado por la doctora Verónica Juan y por el ex ministro de Sanidad y director del Departamento de Células Troncales y Reprogramación Celular del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa de Sevilla, Bernat Soria, sostiene que «no existen razones de tipo médico o biológico para excluir a las parejas de mujeres de los procesos de fertilización in vitro» y que el nivel de éxito de tratamiento es similar en parejas homosexuales que heterosexuales «por lo que no se pueden argumentar razones de coste-efectividad».

El informe cuenta que se llegaron a transferir dos de cinco ovocitos fecundados, pero que posteriormente, «sin mediar circunstancia de tipo médico», se interrumpió el tratamiento «sin renuncia expresa del paciente, lo que es contrario a la ley». «Cualquier retraso puede producir un daño irreparable», afirma el documento, que sentencia: «Proponer como única solución el coito vaginal con pareja del otro sexo por la que no se siente atraída supone una violencia sexual inaceptable y una violación de los derechos fundamentales de la mujer».

El otro peritaje es de Santiago Barambio, ex presidente de la Sociedad Catalana de Contracepción y fundador de la Sociedad de Endoscopia Ginecológica Española, que asegura que la orden ministerial contraviene pactos aceptados y ratificados en conferencias internacionales». «Se observa falta de equidad ysituación discriminatoria (…) Para tener acceso a la prestación, la solicitante debe contravenir la forma de vivir la sexualidad que siente como propia».

Barambio escribe que la pérdida de la oportunidad de ejercer una reproducción que es posible, especialmente si es por un acto de discriminación, puede perjudicar la estabilidad de la salud psíquicade quien sabe que tiene la potestad de ser madre (…) La negación del acceso a la fertilidad no puede justificarse en base al estado civil uorientación sexual».

El informe concluye que todas las mujeres cuya capacidad de gestar dependa en exclusiva de estas técnicas «deben tener el mismo derecho a acceder a las técnicas de reproducción que las que sí disponen de la posibilidad de un coito».

División en el PP y el Gobierno sobre si Rajoy debe ir a la boda gay de Maroto

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Su presencia se ha debatido en distintas reuniones y algunos ministros aconsejan que no vaya

Maroto y Rajoy, en Vitoria durante la campaña de las elecciones municipales

Maroto y Rajoy, en Vitoria durante la campaña de las elecciones municipales. Vincent West REUTERS

El PP ha debatido en distintas reuniones si Mariano Rajoy debe asistir o no a la boda del vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, que el 18 de septiembre se casa en Vitoria con su novio. Algunos ministros han opinado que no sería coherente con el recurso que se presentó al Constitucional.

El presidente está invitado a este enlace y su presencia aún no ha sido confirmada. Pese a que se trata de una decisión personal de Rajoy, que afecta a su ámbito privado, la asistencia a la boda de Javier Maroto presenta importantes derivadas políticas por la posición que el PP ha mantenido en contra del matrimonio gay.

Según confirman fuentes del partido, el asunto se ha discutido intensamente en reuniones de la cúpula del PP y ha sido objeto de debate entre los miembros del Gobierno. Entre quienes se han pronunciado en contra de la asistencia a la boda figura, según fuentes populares, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. El argumento esgrimido de quienes se oponen es que resultaría incoherente con el recurso que el PP presentó ante el Tribunal Constitucional contra la ley de Zapatero, que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Un recurso que ya dividió al PP en ese momento y que Rajoy asumió personalmente, tras las críticas públicas de algunos de los suyos.

La relación de Rajoy con Maroto, ex alcalde de Vitoria, se ha estrechado desde que el presidente le llamara en junio pasado paraformar parte de la nueva dirección popular, con el encargo de potenciar el perfil social del partido. La boda estaba planificada de antemano y han sido invitados el resto de miembros de la cúpula del PP, compañeros del día a día en Génova de Javier Maroto.

La presencia del presidente carecería de repercusión y no se produciría ninguna discusión interna ni se le recomendaría que no acuda sino fuera porque evidencia la tensión entre las dos almas que coexisten en el PP -la más conservadora y la más de centro-, cuya convivencia no es siempre cordial. Tampoco el debate sería tan intenso si en diciembre no fueran a celebrarse elecciones generales. Y Rajoy necesita a todo su espectro ideológico de votantes para repetir en La Moncloa. En Génova nadie oculta que todas las decisiones que se adoptan tienen una única motivación: los próximos comicios.

El PP se enfrenta a la paradoja de ser percibido en estos momentos por los ciudadanos como un partido muy escorado a la derecha (en el último sondeo del CIS en julio se le ubicaba en el 8,26, siendo el 0 la izquierda y el 10 la derecha [consulte el documento en PDF]), justo cuando ha consumado en esta legislatura el divorcio con su votante más conservador, a propósito de algunos temas. Los popularessufrieron un severo desgaste en 2012 con la excarcelación del etarra Bolinaga y, posteriormente, con la aplicación de la doctrina Parot, que supuso la puesta en libertad de centenares de terroristas. En 2014, la decisión del Gobierno de renunciar a una nueva ley del aborto, que derogara la ley de plazos actual –recurrida como el matrimonio gay al TC– produjo también un importante rechazo del votante más tradicional del PP, hasta el punto de que diputados y senadores han votado en contra o se han abstenido ante la reforma que se planteó en compensación.

En este clima de distanciamiento del PP con su suelo de votantes más devoto, agravado por la corrupción y la aparición de nuevos partidos, se enclava la decisión del presidente de ir o no al enlace del ex alcalde de Vitoria. Hacerlo, al margen del gesto personal, le puede granjear simpatías entre el electorado más de centro y, en cambio, irritar a quienes se consideran más de derechas.

Y, por supuesto, entra en juego también la cuestión de la coherencia. El PP siempre ha defendido, y en ello basó su recurso de inconstitucionalidad, que la ley desnaturaliza «la institución básica del matrimonio». «Entre la ley y el oportunismo político, siempre estaré con la ley. Y si me equivoco, lo siento muchísimo», dijo Rajoy sobre la presentación del recurso, después de que Esperanza Aguirre lo rechazara porque ponía al PP en contra del colectivo homosexual.

Violaciones correctivas, el castigo para “curar” a lesbianas en Perú

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Segunda marcha por la la igualdad en Lima / Amnistía Internacional Perú

“Quería ‘curarme’ a la fuerza. Lo entendí así pues me decía que no estaba bien ‘ser como eres’ y que ‘una mujer que llora por otra, no es correcto’. Nunca más quise saber de él. Tenía miedo, mucho miedo”.

Así empieza el relato de una de tantas jóvenes lesbianas que en Perú son víctimas de las llamadas ‘violaciones correctivas’. Una práctica machista no aislada que se basa en forzar sexualmente a aquellas mujeres que se atreven a mostrar en público que aman a otras mujeres.

Esta joven, que protege su identidad bajo el pseudónimo C. Lesbiana, fue violada por un vecino y amigo de la familia a quien hasta el momento había tratado como a un pariente. “Sucedió que, un día, mientras estaba llorando en mi cama, sola, la puerta estaba sin seguro, así que entró. Se acercó a mi cama y me preguntó si estaba bien. Le contesté que sí, que vaya a la sala, que me alistaba en un momento. El resto es historia”. Una historia que terminó en embarazo.

Ella no es más que otra víctima de un sistema que somete a estas mujeres con la intención de forzar a la heterosexualidad. Se trata de situaciones de violencia sexual basadas en tocamientos indeseados, que en los casos más extremos pueden desembocar en violación. Expertos y activistas explican que son castigos correctivos que causan daños físicos y psicológicos irreversibles en la víctima, y que en algunos casos se ejecutan de manera repetida si la joven no accede a “curarse” a la primera y acepta públicamente su cambio de condición sexual acatando las normas que dicta una parte de la sociedad que sigue pensando que la homosexualidad es una enfermedad.

Los crímenes que no se denuncian

Las secuelas psicológicas de estos abusos, y el sentimiento de que no son “capaces de curarse”, llevan a muchas mujeres al suicidio, cuenta Ruth Moreno, activista del Movimiento Homosexual de Lima. “Normalmente los agresores suelen ser los tíos, los primos o algún amigo cercano de la víctima”, prosigue, y asegura que aunque a través de los talleres de apoyo a colectivos LGTBI se conocen casos como estos, “nadie llega a denunciar”.

“En radio Yaraví, dos conductores de un programa narraron cómo una persona conocida había contratado a un hombre para violar a su hija lesbiana. Ella tuvo un hijo y, según ellos, logró curarse. Entre burlas y risas, comentaron sobre este delito que ha quedado impune”, cuenta una joven lesbiana de Arequipa en otro de los testimonios recogidos en el Informe sobre Derechos Humanos de Personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales en el Perú 2014 – 2015.

“Los hombres consideran que el acto penetrativo es un acto de corrección, lo hacen porque creen que ellas son lesbianas porque no conocen nada más”, explica Brenda Álvarez, asesora legal del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) y especialista en temas de feminismo.

Según los colectivos de defensa de los derechos LGTBI peruanos, estos actos de violencia extrema son la culminación de repetidas amenazas a las que las mujeres lesbianas se ven sometidas. En la calle se enfrentan de manera constante a comentarios homófobos y humillantes. Críticas que conforman un recuerdo público y constante de su condición sexual y que casi siempre van acompañadas de una oferta: “Probar a un buen varón”.

Aquí, la discriminación está en todos lados, explica Moreno. En las familias “es común que las encierren en sus habitaciones, que les roben el celular y les corten la ropa ancha para obligarlas a llevar vestimenta femenina”. Incluso “las obligan a tener novio o a ponerse falda aunque a ellas no les guste”, añade Brenda Álvarez.

Las leyes peruanas dan la espalda al colectivo

Este informe, elaborado por Promsex y la Red Peruana TLGB, alerta de que la mayor parte de los casos no son denunciados y, en el caso de serlo, la víctima no especifica que se trate de abusos de intención ‘correctiva’. Según datos de Promsex, solo el 5% de los casos de violaciones a mujeres en Perú son denunciados, de los cuales no se sabe cuántos son castigos correctivos.

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Segunda marcha por la igualdad en Lima / Amnistía Internacional Perú

Perú, cuyo Gobierno no ha respondido a las preguntas de eldiario.es, no cuenta con una política nacional contra la discriminación por la orientación sexual y la discriminación de género. Así como no tiene tipificados los crímenes de odio hacia la población LGTB, causa por la que lleva años luchando Amnistía Internacional en el país. A pesar de esto, según datos de Promsex, el 90% de la población admite que existe discriminación hacia este colectivo, una percepción que no se refleja en las políticas.

En julio de 2013 el Congreso rechazó sancionar de manera explícita los crímenes de odio motivados en la orientación sexual e identidad de género y en julio de 2014 aprobó un decreto que censuraba toda mención a las personas y comunidades LGTBI. Así, según señala un informe del Movimiento Homosexual de Lima, cada semana se produce en el país un crimen de odio contra personas de este colectivo que no queda debidamente registrado y tipificado como tal.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú, Marina Navarro, advierte de la necesidad de “adecuar la legislación nacional con los estándares internacionales y tipificar los crímenes de odio contra las personas LGTBI” y denuncia que en el país “existe impunidad en los crímenes hacia personas LGTBI”. Resalta que a veces este tipo de crímenes “no son debidamente investigados y juzgados”.

La funcionaria de Kentucky que se negó a dar licencias de matrimonio a parejas gays sale de prisión

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Kim Davis, aclamada a su salida de prisión por una gran multitud

Kim Davis, aclamada a su salida de prisión por una gran multitud. AFP

Un juez federal de EEUU ordenó hoy liberar a la funcionaria del estado de Kentucky encarcelada durante cinco días por negar licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo alegando que su religión le impedía obedecer al Tribunal Supremo, que legalizó en junio pasado estas uniones en todo el país.

En la orden de liberación, a la que tuvo acceso Efe, el magistrado David L. Bunning determinó que la funcionaria Kim Davis debe ser liberada con la condición de que “no interfiera de ninguna forma, directa o indirecta, en los esfuerzos de otros funcionarios para emitir licencias de matrimonio”.

La liberación de Davis, que se producirá en las próximas horas, coincide con una marcha de protesta contra el encarcelamiento de la funcionaria convocada por grupos de presión cristianos conservadores y a la que asisten los precandidatos presidenciales republicanos Mike Huckabee y Ted Cruz.

“Si la acusada Davis interfiere de alguna forma en la emisión de licencias de matrimonio, eso se considerará una violación de la orden de esta corte y se considerarán las acciones adecuadas”, advirtió el juez Bunning, de la Corte del distrito Este de Kentucky, que puso entre rejas a la funcionaria el pasado jueves.

Un icono de la oposición al matrimonio gay

Kim Davis, convertida en un símbolo de oposición al matrimonio homosexual por motivos religiosos, dejó de emitir cualquier licencia de matrimonio a homosexuales en junio, cuando el Supremo convirtió en un derecho constitucional el matrimonio entre las personas del mismo sexo y legalizó estas uniones en todo el país.

Esta decisión histórica obliga a los trece estados que entonces todavía lo prohibían, entre ellos Kentucky, a permitir que las personas del mismo sexo puedan casarse.

Cuando el gobernador de Kentucky, el demócrata Steve Beshear, ordenó a los juzgados emitir licencias de matrimonio a los homosexuales, Davis decidió interponer una demanda en una corte federal, con el argumento de que sus creencias religiosas debían excluirla de tener que cumplir con esa obligación.

El caso de Davis llegó hasta el Supremo, que ordenó a la funcionaria que, de manera inmediata, comenzara a emitir licencias matrimoniales a todo tipo de parejas, homosexuales y heterosexuales, orden que ella desobedeció y que la ha hecho permanecer entre rejas los últimos días.

Aunque algunos funcionarios expresaron su oposición a la decisión del Supremo, esta es la primera vez que uno de ellos es encarcelado por negar a parejas del mismo sexo su derecho a casarse, un tema que sigue dividiendo a la sociedad estadounidense a pesar del creciente apoyo que ha ganado el matrimonio gay en los últimos años.

Kim Davis, símbolo de la lucha contra el matrimonio homosexual

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La funcionaria de Kentucky fue liberada este martes tras pasar seis días en prisión

El candidato republicano Mike Huckabee (Izda.) junto a Kim Davis (tercera por la izquierda) nada más ser liberada

El candidato republicano Mike Huckabee (Izda.) junto a Kim Davis (tercera por la izquierda) nada más ser liberada. / @GOVMIKEHUCKABEE (TWITTER)

Una funcionaria demócrata de uno de los estados más conservadores de Estados Unidos se ha convertido en la última protagonista de la batalla contra el matrimonio homosexual. Apenas tres meses de que el Tribunal Supremo legalizase estas uniones en todo el país, Kim Davis, secretaria de un condado de Kentucky, es el nuevo rostro de la batalla entre los defensores de la igualdad y la derecha religiosa más conservadora.

En teoría, este es el caso de una funcionaria que se ha negado a cumplir con las obligaciones de un cargo que juró ella misma. Pero en la práctica, en plena campaña electoral por la presidencia de EE UU, con casi una veintena de candidatos republicanos necesitados del electorado más conservador, el paso de Davis por prisión puede ser sólo el primer episodio de una pugna para medir la libertad religiosa que según los conservadores está amenazada por el avance del matrimonio igualitario.

Cuando Davis fue liberada este martes, después de pasar seis días en prisión por negarse a conceder licencias de boda, alzó los brazos al cielo junto a Mike Huckabee, candidato a la presidencia en 2016. Ted Cruz, líder del Tea Party y rival de Huckabee en el extremo más conservador del espectro republicano, también había anunciado su presencia en la manifestación -reflejada en las redes sociales– a favor de la funcionaria y “para que ningún americano que quiera vivir su fe sea víctima de la persecución del gobierno”, en palabras de su portavoz.

Huckabee ha sido el más agresivo en su rechazo al matrimonio homosexual y ha reiterado en varias ocasiones que el Supremo no está por encima de la “autoridad de Dios” y que su fallo representaba “la criminalización del Cristianismo en América”. Ahora Davis le ha concedido el ejemplo que necesitaba para poner un rostro a sus argumentos. A pesar de que funcionarios de Alabama, Florida, Mississippi y Texas también se han opuesto a firmar licencias a parejas del mismo sexo, ella es la primera en pasar casi una semana encarcelada por ello.

Un manifestante lee la Biblia durante la concentración a favor de Kim Davis

Un manifestante lee la Biblia durante la concentración a favor de Kim Davis. / TIMOTHY D. EASLEY (AP)

Davis fue asistente de su madre durante casi tres décadas antes de ocupar este cargo el año pasado y clama que su causa personal no es un asunto “de gais y lesbianas”, sino “una decisión entre el Cielo y el Infierno”. La funcionaria, que tomó posesión tras ganar en las elecciones del condado por el Partido Demócrata, tenía pocas opciones: cumplir con la ley y firmar las licencias de matrimonio o dimitir de su cargo.

El incidente ha llevado a algunos conservadores a equiparar a Davis con Rosa Parks, la activista afroamericana que se negó a ceder su asiento a un pasajero blanco en un autobús y que al pagar su gesto con la cárcel también escenificó la defensa de unos ideales. Parks quería acabar con la discriminación contra los negros en pleno movimiento por los derechos civiles. Davis quiere que el Gobierno no le obligue a violar sus derechos religiosos. Pero, según The Washington Post, “Davis no es Rosa Parks” y “su demanda es el caso equivocado para luchar por la protección de la libertad religiosa”.

Los abogados de Davis han tratado de que su caso camine de la mano del argumento de los derechos religiosos hasta el Supremo para reclamar que no se le puede obligar a ejercer su cargo si esto viola sus creencias. El primer intento fracasó la semana pasada. Davis preguntó a la máxima autoridad judicial del país si tiene derecho a negarse a firmar licencias de matrimonio. Los jueces contestaron que no, sin estudiar el caso más detenidamente. Ahora Davis todavía puede perder su puesto por la vía electoral o si el juez mantiene cargos por desobediencia.

La funcionaria se ha negado a conceder licencias matrimoniales desde que el Supremo emitió su fallo en junio. Para evitar que se le acusara de discriminación, negó las peticiones de parejas homosexuales como heterosexuales, citando siempre la “autoridad divina” y su creencia de que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Sus seis asistentes -entre ellos, su hijo- también se negaron. Durante los seis días que ha pasado encarcelada, el juez le ha ofrecido la opción de que no sea ella quien concede los permisos, sino un subordinado, pero también se negó porque su firma sigue presidiendo las licencias matrimoniales. Este martes el juez le ha dejado en libertad porque confía en que Davis “no interferirá” con las licencias que concede su oficina.