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Fiscalía y acusación particular rebajan la pena al contable Jon Alonso de cuatro a dos años de cárcel por el delito de cooperador necesario en la malversación y el Ministerio Publico resalta que ha “contribuido con su confesión al esclarecimiento de los hechos”
El juicio que se ha seguido esta semana en la Audiencia de Bizkaia contra el delegado de Vivienda en Bizkaia en la etapa del consejero Javier Madrazo(Ezker Batua-IU), José María Gonzalo, y contra Jon Alonso, contratado por el propio Gonzalo para realizar labores de contable en la citada Cámara de la Propiedad, ha puesto de manifiesto el descontrol que se vivió en el uso del dinero de este organismo durante el proceso de liquidación de la cámara, iniciado en febrero de 2006.
El caso es relativamente sencillo: el entonces consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, nombró en 2006 como delegado liquidador de la Cámara de la Propiedad de Bizkaia a su entonces responsable de Vivienda en ese territorio, José María Gonzalo. Pero entre los años que duró ese proceso -en el que se trataba de inventariar los bienes, integrar los trabajadores de la cámara en la Administración pública y proceder a liquidarla definitivamente- se produjeron una serie de gastos que la Fiscalía y la acusación particular en nombre del Gobierno vasco consideran malversación de fondos o, en su caso, apropiación indebida por los que el Ministerio Público pide para Gonzalo una pena de 5 años y 9 meses de prisión, además de inhabilitación absoluta por 9 años y medio. En concreto, José María Gonzalo autorizó unas obras de rehabilitación del edificio que albergaba la Cámara en Bilbao, desvió fondos de la cuenta de la Cámara -en la que solo él tenía autorización como liquidador- a la asociación Aukeratu -de la que era administrador único- para financiar la película de temática gay ‘Ander’ y también otra cantidad de dinero al contable de la Cámara, al margen de la nómina que ya cobraba Alonso por su trabajo en la citada institución.
La Fiscalía sostiene que Gonzalo “transfirió 106.653 euros desde la cuenta de la Cámara de la Propiedad a la cuenta de Jon Alonso” en ingresos sucesivos desde el 23 de junio de 2008 hasta el 8 de julio de 2009. Asegura que con el mismo ánimo lucrativo, “transfirió desde la misma cuenta a la de una asociación de la que era administrador 420.000 euros” [Aukeratu] también entre 2008 y 2009 y pagó con cargo a la Cámara de la Propiedad gastos por importe de 34.681 euros, además de compras destinadas a la rehabilitación del edificio, adquisición del mobiliario y enseres incurriendo “en unos gastos totales de 1.815.584 euros”. Y todo lo hizo fuera de los cometidos del “proceso de liquidación” en marcha y “actuando al margen de los órganos competentes para estas contrataciones y de cualquier procedimiento administrativo”.
El hecho de que Jon Alonso haya admitido los hechos, devolviera en 2008 cerca de 50.000 euros de los 106.653 euros que le dio Gonzalo y, según el informe final de la Fiscalía, haya “contribuido con su confesión al esclarecimiento de los hechos”, ha dejado a Gonzalo en una situación más que comprometida. Su abogado, el penalista Javier Beramendi, que ya se preguntó al principio de la vista oral si no se había producido un acuerdo entre el abogado defensor de Alonso y la Fiscalía a tenor de las declaraciones del acusado, este viernes comprobó sus sospechas al ver cómo Alonso conseguía una rebaja en las penas que, de hecho, le libran de la cárcel (dos años le piden ahora fiscal y la acusación en nombre del Gobierno vasco, frente a los cuatro que solicitaban ambos inicialmente como cooperador necesario en la malversación). “Había pacto cerrado en el que se debía implicar al señor Gonzalo”, ha clamado Beramendi.
“La contabilidad de la Cámara era un caos”
El perito encargado por el Gobierno vasco para auditar la situación de la Cámara tras la liquidación, Jesús María Marín, ha ofrecido al tribunal de la Audiencia de Bizkaia un testimonio demoledor sobre las cuentas en la etapa de Gonzalo y Alonso, sobre todo a partir de 2007. “La contabilidad era un caos, no cuadraba nada”, ha asegurado, al tiempo que cuestionaba el trabajo como contable de Alonso. “No tenía mucho conocimiento práctico de contabilidad”, “aquello era una contabilidad caótica” y, en todo caso, había gastos que “no eran propios de un proceso de liquidación”, ha sostenido Marín en su declaración este viernes.
A los 106.653 euros de la cámara que fueron a parar a las manos de Alonso, hay que sumar los 420.000 que fueron a la asociación Aukeratu para pagar la película ‘Ander’ y otros 34.600, que según el relato de la acusación en nombre del Ejecutivo vasco, sirvieron para pagos muy variados. Entre ellos, el agua, el gas y la luz de un piso de la cámara ocupado por el exportavoz de Ezker Batua-IU Serafín Llamas, que había sido realojado allí después de separarse de su pareja, el hermano de José María Gonzalo. O los gastos de un viaje a un festival de cine en Montevideo. U otros 28.700 euros en mobiliario para el edificio de la Cámara. Y todo ese movimiento de dinero fue ordenado y autorizado por José María Gonzalo, que ha sido definido por las acusaciones como una persona que se creía con libertad total para actuar en su cargo de liquidador de la Cámara de la Propiedad de manera “personalista”, arbitraria, a “capricho” y “como si fuera el gestor de una empresa privada”, en palabras utilizadas por el fiscal en su informe final. Ajeno a cualquier control. El propio consejero Madrazo reconoció en la vista que Gonzalo no tenía que darle cuenta sobre todo lo relacionado con los “fondos, patrimonio y personal” del proceso de liquidación.
El letrado del Gobierno vasco, que ejerce la acusación particular, Mikel Casas, ha hablado en su informe de “barra libre” para definir cómo se había empleado el dinero de la cuenta de la Cámara de la Propiedad y como se había actuado por parte de Gonzalo en todo el proceso de liquidación de dicha entidad. “La función que tenía Gonzalo no podía ser otra que la de liquidar la Cámara (…) Y nada legitima ni justifica el desmadre”, apuntó. “Ese dinero ha desaparecido y Gonzalo no tenía capacidad para hacer lo que hizo”, añadió Casas, para sostener su acusación de malversación de fondos públicos. “Los dos sabían [Gonzalo y Alonso] que se habían metido en un lío”, del que el contable ha querido sacar la pata en el último momento admitiendo los hechos y pactando con las acusaciones.
Y, pese a todo, el abogado de Gonzalo ha puesto todo este relato en cuarentena en su alegato final. Javier Beramendi ha apuntado que su defendido tenía cobertura legal para actuar como lo hizo porque el decreto por el que se declaraba extintas a las cámaras le confería “todas las facultades de los órganos de Administración de las Cámaras”. Ha negado en todo momento el carácter público de esos organismos, para cuestionar así la viabilidad los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y ha cuestionado que las órdenes de los pagos las realizara su defendido. “De los 40 cheques, 24 no se le pueden atribuir al señor Gonzalo”, ha asegurado Beramendi.
En el turno final de palabra que el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Bizkaia ha concedido a los dos acusados ambos se han enzarzado en un cruce de acusaciones. Primero ha tomado la palabra José María Gonzalo, quien ha calificado de “falso e injusto” lo dicho por Jon Alonso, al tiempo que ha lamentado su “ensañamiento contra mí”. Después se ha acercado al micrófono el contable, quien ha afirmado que “todo es verdad” y ha reconocido que “aceptar el dinero [los 106.000 euros] fue malo por mi parte”. Confesó que tuvo una conversación antes del juicio en el que Gonzalo le dijo textualmente en relación a esa cantidad de dinero: “Ese es tu problema, a mí no me metas”. Y sin mirar para atrás, donde se encontraba Gonzalo, ha concluido diciendo: “A mi sí que me duelen puñaladas traperas de este tipo”.
El juicio ha quedado visto para sentencia.
