• La inscripción de los recién nacidos en el Registro Civil aún genera agravios comparativos

• Las parejas de lesbianas que tienen descendencia necesitan casarse para regularizar su situación

Ana Zatón, coprotagonista de esta historia, posa en su domicilio de Gasteiz con su pequeño de cinco meses, cuyo reconocimiento como hijo tanto suyo como de su pareja o su inscripción en el Registro Civil han destapado muchas de las carencias del sistema. Con todo, ahora toca también disfrutar

GASTEIZ – El Estado español cuenta con una de las legislaciones más avanzadas del planeta en materia de reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI, pero a día de hoy son todavía numerosos los agravios comparativos con los que acostumbran a toparse sus integrantes. Un buen ejemplo lo representan las gasteiztarras Ana Zatón y su pareja Ainara, recientes madres de un niño, que durante los últimos meses han sufrido en primera persona los rigores de una burocracia aún inadaptada a las nuevas realidades sociales.

Al igual que sucede con todas las parejas de mujeres que deciden someterse a un tratamiento de reproducción asistida para tener descendencia, Ainara y Ana tuvieron que contraer matrimonio para que, una vez llegado su pequeño al mundo, pudieran inscribirlo en el Registro Civil como hijo de ambas. A partir de ese día tan especial, las dificultades para regularizar su nueva situación han sido también permanentes, al igual que las quejas presentadas por la pareja ante numerosas instituciones por el empleo de lenguaje sexista en los formularios.

La aprobación de la Ley 03/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres supuso un nuevo punto de inflexión hacia la equiparación de derechos de las parejas heterosexuales con otras como la formada por estas dos gasteiztarras, ya que recogió por fin la posibilidad de inscribir a sus descendientes como hijos de ambas en el Registro Civil, no solo de la madre gestante. Siempre, eso sí, que estuviesen casadas previamente, un derecho reconocido dos años atrás con la Ley 13/2005 de matrimonio igualitario. Antes, la madre no biológica o no gestante debía iniciar un proceso de adopción, lo cual ya suponía un claro agravio comparativo.

Sin embargo, tanto tiempo después de la aprobación de esta norma, las quejas presentadas por parejas de mujeres lesbianas o bisexuales han sido constantes a la hora de inscribir a sus hijos en los juzgados debido al desconocimiento de estas novedades por parte del funcionariado, por la constante falta de información y por la vulneración de los derechos que esto supone para las familias. Ainara y Ana, que por fin pueden disfrutar de la compañía de su hijo tras haber superado multitud de obstáculos, solo esperan ahora que las nuevas realidades sociales y la burocracia dejen de estar tan desacompasadas. “No quiero que me pidan perdón, sino que ninguna pareja que venga después tenga que pasar por lo que hemos pasado nosotras. Que todo el mundo pueda ir al Registro Civil sin preocupaciones y disfrutar del nacimiento de su hijo y después centrarse solo en su educación. Que no se nos pida ni un requisito ni un papel más que a otra pareja”, sintetiza Ana.

El primer paso obligado que ambas tuvieron que dar fue casarse en el año 2015. Básicamente, como reconoce Ainara, “para poder tener al niño”. Después del viaje de novias, ambas visitaron una clínica privada de reproducción asistida de Bilbao para informarse sobre los pasos que tenían que dar en adelante y, a partir de ahí, todo fue muy rápido. El niño nació hace ahora cinco meses, pero no pudieron inscribirlo en el flamante registro con el que cuentan los hospitales vascos. “No se nos dio ninguna explicación desde la administración del hospital, solo que ni las parejas homosexuales ni extranjeras podían registrar a sus hijos”, expone Ana.

La pareja presentó una queja y, solo dos días después, Ana acudió al Registro Civil para completar el trámite, pero tampoco fue posible. Según el juzgado, porque debían haber manifestado formalmente ante un juez con anterioridad al parto “su voluntad de reconocer su filiación respecto del hijo o hija de su cónyuge”, así como haber presentado la documentación del centro de reproducción asistida en el que constase “el consentimiento” de las dos integrantes de la pareja de iniciar dicho tratamiento. El primero de estos requisitos, por ejemplo, fue eliminado tras la aprobación de la Ley 03/2007. “Salí llorando del juzgado por la falta de reconocimiento de mis derechos y las trabas impuestas por la legislación”, asegura Ana.

Las situaciones discriminatorias se han sucedido con posterioridad, como el hecho de que Ainara, al no ser la madre gestante, tuvo que solicitar la baja y la prestación por paternidad, con p. Las quejas de la pareja ante la Seguridad Social, el Ararteko o el Defensor del Pueblo español, más allá de buenas palabras, no han dado sus frutos hasta el momento. “¿Nadie se ha quejado de esto en once años?”, se pregunta Ana. El debate llegará próximamente al Pleno de las Juntas Generales de Araba.