LOS MAYORES NO QUIEREN VOLVER AL ARMARIO

Una fundación lucha por levantar residencias geriátricas para homosexuales. Dicen que en los asilos se recibe un trato vejatorio. «Nos sentiríamos igual que un ateo en una iglesia»

Voluntarios de la Fundación 26 de Diciembre en la sede de la entidad, donde se atiende a homosexuales mayores. / ÓSCAR DEL POZO

Cuando tenía 17 años, a Federico Armenteros le denunciaron por homosexual en una comisaría. Conocía muy bien a su denunciante: era su madre. Se salvó por los pelos de ser arrestado porque huyó y apenas un mes después, en diciembre de 1979, se derogó la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que le hubiera llevado al calabozo y después a ser curado de su mal. Para buscar esa normalidad que le hiciera ser aceptado por la sociedad intentó vestir los hábitos. «Pero me echaron antes. No me quisieron en la congregación religiosa, la de los Hijos de la Pequeña Obra de la Divina Providencia. Luego me enamoré de una mujer, me casé, tuve una hija. Pero tras doce años de matrimonio no podía más. Estuve con una psicóloga y por fin quemé el armario». Ahora Armenteros se dedica a atender a los gais y lesbianas mayores, muchos de los cuales pasan dificultades económicas, cuando no están al borde de la exclusión social. Hasta ahora se ha dado de bruces con la Administración cada vez que ha reivindicado la creación de centros geriátricos para homosexuales.

Armenteros, de 58 años, preside la Fundación 26 de Diciembre, que ayuda a los más viejos del colectivo LGTB. Según el dirigente de la entidad, entre los gais y lesbianas mayores hay muchos autónomos que no han podido cotizar o lo han hecho con aportaciones muy bajas. Así, cuando llegan a la jubilación sufren una caída brusca de sus ingresos. En la fundación se presentan personas cuyas parejas han muerto y a las que, en puridad, no les corresponde heredar nada porque no han estado casadas. «A veces, con la defunción, los familiares entran como lobos a disputarle la herencia al que debía ser su legítimo legatario».

Una sociedad que mira hacia otro lado cuando se trata de cuidar a los ancianos heterosexuales no es precisamente pródiga en atenciones a los gais, lesbianas y transexuales que ya peinan canas. Y eso que en ocasiones han soportado cargas familiares con estoicismo. «No es raro el caso dehomosexuales que han atendido a sus padres, una tarea que recae siempre en las mujeres salvo que exista un homosexual en la familia».

La Fundación 26 de Diciembre gestiona cinco pisos cedidos por el Ayuntamiento de Madrid, en los que se alojan homosexuales a punto de engrosar las listas de la marginación. La vida no ha sido fácil para ellos. Transexuales que se han dedicado a la farándula y ahora les miran raro cuando van al hospital, gais que viven en la calle, gentes solas, con dolencias graves y que ya no se valen por sí mismas. Ingresar en una residencia geriátrica no es la mejor opción para ellos. «Supondría volver al armario. Un gay en un centro de día o un asilo de ancianos se siente como un ateo en una iglesia».

Al lado de proxenetas

La sociedad envejece y con ella el colectivo LGTB, un grupo de población que tiende a caer en la trampa del mito de la eterna juventud. Algunas estimaciones cifran entre 630.000 y 800.000 los gais y lesbianas mayores de 65 años. Son invisibles porque a su edad ya no frecuentan los locales de moda. Tampoco interesan demasiado, dado que con sus parcas rentas no consumen como antes. Viven en las orillas, fuera del foco, y eso que muchos de ellos padecieron una persecución cruel. Durante la dictadura franquista ser homosexual era un delito. Unos mil pisaron la cárcel entre 1970 y 1979 por culpa de la aplicación de la ley de Peligrosidad Social. Aun así, esta norma era más tolerante que la Ley de Vagos y Maleantes, que les consideraba unos indeseables, al lado de proxenetas, rufianes y borrachos.

Federico Armenteros, activista gay. / O. P.

Antonio Sánchez, de 70 años, enfiló el camino a París ante la hostilidad que sentía en la España de los sesenta. Su padre, militar, nunca llevó bien eso de tener un hijo «invertido». Imbuido de los libros del psiquiatra Juan José López Ibor, mandó a su hijo a que le aplicaran electrochoques para curar lo que consideraba una enfermedad. Sánchez se hizo mayordomo y ejerció de cocinero en la capital francesa. En 1976 regresó a España y se ganó la vida de portero en una comunidad de propietarios. «El mayor error que cometí fue no haberme hecho ciudadano francés», dice Sánchez, que ahora vive en Aranjuez. Cobra una pensión de 860 euros y otros 190 euros que le da la Seguridad Social gala.

Su salud se resiente de dos infartos, una colitis ulcerosa y un cáncer de próstata. «Casi no puedo hacer la cama», dice Sánchez, que resopla de cansancio al contarlo. Contrató a una asistenta para que le ayudara en las tareas de la casa, pero hubo de prescindir de ella porque su pensión no daba para más. «Me llevo mal con mi hermana. Es lo que pasa cuando se mete el dinero por medio», asegura Antonio, que a pesar de vivir en Aranjuez, a 50 kilómetros de Madrid, se desplaza dos o tres días a la semana a la fundación, donde puede comer por cuatro euros con los amigos.

La entidad es considerada por sus promotores un primer paso. El siguiente proyecto es levantar un conjunto residencial de apartamentos para el colectivo LGTB. De hecho ya se intentó hace años, en 2010, pero la crisis económica y el escepticismo hicieron que la cosa no cuajara. Se necesitaba reunir 14 millones de euros y 200 socios, pero apenas se inscribieron en la cooperativa unos 20.

La fundación incluye en sus actividades el acompañamiento de personas asediadas por la soledad. Blas Bonete, de 48 años, es uno de los voluntarios que visitan una residencia geriátrica para realizar esta labor. «Es muy grato. Vamos a ver a un señor que sufre párkinson y demencia senil en fase avanzada. Nos cuenta sus cosas y se siente escuchado y atendido», dice Bonete, quien el resto de la semana se pone el mandil y cocina para los demás.

Con esta iniciativa de acompañar al enfermo se intenta reducir el absoluto abandono y soledad en que mueren algunos homosexuales. «Alguno nos ha llegado a decir que lo peor para él sería que la gente se enterara de su desaparición por el mal olor que despide su cadáver», señala Armenteros.

Blas Bonete tuvo su primera pareja a los 21 años. Se fueron a vivir juntos, pero su compañero murió en un accidente de tráfico. «Mis padres no se plantearon que su hijo era homosexual. Viendo lo dura que se volvió mi vida, se volcaron todos conmigo y me ayudaron muchísimo. No hubo salida del armario, sino apertura natural y nada provocada», cuenta el cocinero. Como otros socios de la organización, Blas Bonete no comulga con el «mercantilismo de Chueca», el barrio gay de la capital, donde se celebra cada año el Día del Orgullo. «Eso parece una trata de esclavos, se exhibe la carne y la gente va a mirar».

Bonete padece una espondilitis degenerativa, una forma de artritis que afecta a las articulaciones de la columna vertebral. «Hace que la columna esté como una piedra. Me puedo quedar como el Quijote», apunta mientras se yergue. «Aún no me ha pasado nada, aunque me dijeron que a los 50 años me quedaría postrado en una silla de ruedas. De momento aquí estoy». Pese a su grave dolencia, no se muestra aprensivo y ha superado una depresión. Teme el dolor y el sufrimiento, pero sobre todo le espanta la idea de que le separen de su pareja por cualquier circunstancia. Porque Blas ha rehecho su vida.

María Sánchez Aguilera, de 58 años, se declara pansexual. No elige a su pareja en función de que sea hombre o mujer, sino por su afinidad y los sentimientos que le transmita. Además es dominante y sádica, gustos que no oculta y que lleva muy a gala. «Estuve casada. Como el sexo con mi marido no me satisfacía del todo, pensé que era lesbiana o frígida, pensé de todo, hasta que me di de cuenta de que lo mío no era el sexo convencional, que yo llamo ‘sexo vainilla’. Aquí he encontrado a mi familia, la que he elegido yo», asegura María, quien viste una camiseta negra de Iron Maiden, muñequeras y una gorra. Hace un año se compró una moto eléctrica en la que se desplaza. Y es que desde hace 27 María usa muletas debido a la artritis reumatoide que sufre, una patología que le ha deformado los dedos.

El primer paseo que se dio con el vehículo fue para ir a la manifestación del Orgullo Gay. Se lo pasó estupendamente, pero la vuelta fue aterradora. Más de una vez los viandantes la tuvieron que ayudar para levantar la moto, porque las latas y las botellas de plástico quedaban atrapadas entre el chasis y las ruedas. Quedó extenuada por el esfuerzo y los nervios.

«Yo no puedo acompañar a enfermos porque no me puedo comprometer, no sé cómo voy a amanecer», aduce María, quien gracias a la pensión de viudedad lleva una vida sin aprietos, aunque en ocasiones tiene que hacer «algún ajuste».

Si a Antonio Sánchez le aplicaron corrientes eléctricas en el cerebro es porque hasta no hace mucho la homosexualidad era considerada una enfermedad mental. La Organización Mundial de la Salud (OMS) esperó hasta 1990 para excluir esta orientación sexual del catálogo de patologías psiquiátricas. De ahí que los prejuicios no sean fáciles de erradicar. Muchos gais y lesbianas se han contaminado de tantos prejuicios que son reacios a utilizar los servicios sociales, incluidos los albergues para pobres y los servicios de teleasistencia. Por eso las residencias ‘ad hoc’ se presentan como la solución. En España no existe ni un solo centro geriátrico para la comunidad homosexual. «No se trata de crear guetos, sólo queremos estar tranquilos», dice el presidente de la Fundación 26 de Diciembre.

Psiquiatrico o cinco años de prisión

La Fundación 26 de Diciembre lleva ese nombre por el día en que desapareció de facto la Ley de Peligrosidad Social. La norma, que consideraba a gais y lesbianas elementos antisociales, se derogó parcialmente en 1979. Con este paso se liquidó un cuerpo jurídico que establecía castigos que iban desde multas hasta penas de cinco años de internamiento en cárceles o centros psiquiátricos para la «rehabilitación» de los individuos. Federico Armenteros, presidente de la entidad, se rebela contra la imagen de los gais que proyecta el barrio de Chueca. Detesta esa adoración por el cuerpo y la juventud que exalta el barrio, icono y refugio de la homosexualidad. El activista no oculta que hay una cierta brecha entre el actual movimiento LGTB y sus dirigentes históricos. Entiende que se ha hecho tabla rasa y que la desmemoria y la ingratitud han hecho caer en el ostracismo a los viejos luchadores. Por eso reivindica la palabra ‘maricón’. «A mí nunca me han llamado ‘gay’, siempre me han insultado». Educador social, aboga por los valores humanos dentro de una comunidad demasiado volcada en el consumismo y la moda. «Son precisos mucha pedagogía y un discurso, porque sin eso el orgullo se convierte en un parque temático».

Getxo Kirolak pone en marcha medidas para facilitar la práctica deportiva a los transexuales

Un joven agita la bandera LGTBI en el Día del Orgullo. / AGENCIAS

Propiciar que los transexuales hagan ejercicio físico en las instalaciones municipales en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos es una de las pretensiones del Ayuntamiento. Para conseguirlo, una resolución orienta, sensibiliza, asesora y forma a la comunidad deportiva y al personal de Getxo Kirolak.

El documento recoge orientaciones a la hora de actuar ante las personas abonadas transexuales en los servicios deportivos municipales, al efecto de evitar el abandono de la práctica deportiva, garantizar sus derechos y evitar situaciones de transfobia o exclusión. Además, tras recibir la comunicación de que no coinciden la identidad sexual y el sexo asignado al nacer, la dirección del organismo identificará las necesidades deportivas y organizativas, garantizará su derecho de intimidad y, en el caso de personas menores, si se estima conveniente, se les asignará una persona de apoyo. Además, se respetará el derecho a utilizar el nombre que elijan y se adecuará la documentación administrativa a su elección.

La Justicia cierra tres meses un bar de ambiente gay del Casco Viejo por funcionar como discoteca

Los jueces dan la razón al Ayuntamiento de Bilbao en la batalla legal que mantenía con el Modesto. Las partes estudian ahora cuándo y de qué forma ejecutarán la sentencia

 

Cientos de personas se manifestaron en el verano de 2015 en Barrenkale en apoyo del Modesto y del Pin Up. / PEDRO URRESTI

 

Los jueces han dado finalmente la razón al Ayuntamiento de Bilbao y han avalado la orden municipal de tres meses de cierre contra el bar Modesto por funcionar como discoteca, superar el aforo máximo autorizado y ofrecer espectáculos en directo sin contar con licencia para ello. Ubicado en el Casco Viejo, el establecimiento está considerado uno de los símbolos culturales del movimiento LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales) en la capital vizcaína. En el verano de 2015, el castigo impuesto por el Consistorio suscitó una fuerte polémica y despertó una ola de solidaridad. Cientos de personas se concentraron delante de su puerta para protestar contra la clausura.

Hasta la fecha, los dueños del local habían podido evitar la sanción al haber elevado el caso a los tribunales. Los magistrados aceptaron su petición inicial de dejar en suspenso el precinto, como medida cautelar hasta que se resolviera el litigio. Pues bien, desde hace unas semanas, el fallo es firme y pone fin a una larga batalla legal que se ha prolongado más de dos años.El Ayuntamiento y los propietarios del bar mantuvieron ayer una primera reunión para tratar de abordar cuándo y de qué manera se ejecutará la sentencia. En este tipo de situaciones, las autoridades municipales suelen ser flexibles y ponen sobre la mesa varias opciones o dejan al hostelero elegir el momento en el que cumplirá el castigo. Por ahora no hay nada decidido.

El caso, que llegó a suscitar incluso duras críticas políticas por una parte de la oposición, vuelve de nuevo al primer plano de la actualidad, en un momento en el que la sensibilidad vecinal por los ruidos derivados de la actividad hostelera nocturna en Bilbao está a flor de piel. Los residentes en la zona de Rodríguez Arias llevan tiempo denunciando la actividad de la sala de fiestas Moma. El negocio ha vuelto a ser clausurado recientemente por exceso de ruido, tras cumplir una primera sanción de cuatro semanas.

El Modesto fue expedientado al mismo tiempo que el Pin Up, otro local de ambiente gay ubicado a escasos metros de distancia, en la misma calle (Barrenkale). En el primero de los casos se impuso un cierre de tres meses, mientras que en el segundo se dejó en dos: no había constancia documental de que se hubiera superado el aforo máximo permitido. La Policía Municipal presentó pruebas de que en ambos establecimientos se estaban realizando actuaciones en vivo sin permiso. Al tiempo, se observó que había celebrado «una actividad de baile». La actuación de la guardia urbana se había producido a raíz de la queja de un vecino y poco después de que algunos residentes hubieron iniciado una cruzada contra los ‘after’ que funcionaban en el barrio. Denunciaban ruidos, molestias, el uso de la vía pública como urinario y el consumo, a plena luz del día, de sustancias estupefacientes.

Los propietarios de ambos negocios decidieron pedir amparo a los jueces. Sin embargo, el recorrido que han seguido los dos recursos han sido diametralmente opuestos. El Pin Up –que acabó cerrando sus puertas hace unos meses para abrir como cantina mexicana– obtuvo una primera sentencia favorable. Los magistrados consideraron que la instrucción del expediente por parte de Seguridad Ciudadana no fue correcta y estaba repleta de contradicciones. Sin embargo, hace unas semanas, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco revisó el fallo y acabó dando la razón al Consistorio, al considerar que el Pin Up incumplió la normativa vigente. Con todo, le conmutó el castigo de cierre por dos multas de 900 euros.

El exceso de aforo, clave

La decisión sorprende, sobre todo, porque contrasta con la que se ha acabado por dictar contra el Modesto. En la sentencia del otro bar de ambiente gay de Barrenkale, los mismos magistrados del TSJPV han considerado proporcional el castigo impuesto por el Consistorio, un escarmiento que prevé un mes de cierre por cada una de las faltas: abrir como discoteca, actuaciones en directo y superar el aforo máximo permitido. Las dos primeras violaciones de la ordenanza son idénticas a las cometidas por el Pin Up. Los jueces habrían dado más importancia, en el Modesto, a que el exceso de aforo detectado (57 personas en su interior para una capacidad de 40)supone «un riesgo» para los presentes. Esa es la principal diferencia entre ambos supuestos.

Un decisión «proporcionada» y basada en informes «claros»

En su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dictamina que la sanción de tres meses de cierre impuesta por el Ayuntamiento de Bilbao al Modesto es «proporcionada». Una de las líneas de defensa de su abogado fue alegar una excesiva dureza en el castigo. Los magistrados no sólo avalan la decisión municipal sino que advierten de que la orden de clausura podría haberse prolongado «por periodo de un año, según estipula la ley».

Las otras dos alegaciones que guiaron el recurso de los propietarios del bar se basaban en que el expediente abierto generó indefensión y que se cuestionó su presunción de inocencia. El TSPJV descarta todos estos argumentos. Sostiene que las inspecciones giradas por la guardia urbana fueron ajustadas a derecho y que sus informes resultaron «claros e inequívocos». También han valorado el hecho de que el Modesto hubiera publicitado sus espectáculos con anuncios en los que se vendía la presencia de un DJ en el bar.

En su contexto

57 personas

    • halló la Policía en el Modesto el día de la inspección. Su aforo máximo está fijado en 40 clientes. Polémica en el pleno

Polémica en el pleno

    • . El cierre del Modesto y el Pin Up se convirtió en una cuestión municipal de primer orden durante varias semanas. EH Bildu, UdalBerri y Goazen Bilbao dirigieron duras críticas al equipo de gobierno. Calificaron las órdenes de clausura de «fraude» y tildaron de «inadmisible» la actitud mantenida por el Gabinete de Juan María Aburto. Los tres partidos enviaron un escrito conjunto al regidor en el que demandaban «otras alternativas correctoras». El alcalde respondió asegurando que la actuación municipal no respondía a «ningún tipo de prejuicio».

27 meses

    han tardado los jueces en resolver la batalla judicial que ha enfrentado al Modesto y al Pin Up con el Consistorio.

Un homosexual ruso denuncia persecución y atroces torturas sufridas en Chechenia

Maxim Lapunov, de 30 años de edad, se ha atrevido a narrar públicamente el calvario padecido

Dos policías detienen a participantes en una concentración LGTB en Moscú. / SERGEI ILNITSKY (EFE)

Después de que las autoridades rusas y chechenas negaran durante meses las informaciones del rotativo ruso, Nóvaya Gazeta, sobre muertes, desapariciones, torturas y arrestos masivos de homosexuales en la república norcaucásica de Chechenia, una de las víctimas, Maxim Lapunov, de 30 años de edad, se ha atrevido a narrar públicamente el calvario padecido. Ha sido el único por el momento, pese a las amenazas recibidas. Lo hizo el lunes a través del canal de televisión de Nóvaya Gazeta en una comparecencia en compañía de defensores de los derechos humanos y entrevistado por la periodista Elena Miláshina.

“Me apalearon durante mucho tiempo con pesadas porras de goma mientras me daban patadas y golpeaban con los puños”, cuenta Lapunov refiriéndose al primer día de arresto en un lúgubre sótano en la que, según sus impresiones, debió ser la Dirección General de la Policía de Chechenia en Grozni. “Pude oír los gritos de dolor de otros detenidos”, aseguró. A él no le aplicaron descargas eléctricas, pero, según su testimonio, sí a otros que allí se encontraban.

Lapunov, natural de la ciudad siberiana de Omsk, se trasladó hace dos años a Chechenia por motivos de trabajo y todo iba bien hasta que, el 16 de marzo pasado, fue detenido por dos agentes cuando se encontraba en un centro comercial. El joven asegura que no llevaba una vida abiertamente homosexual, por lo que no relacionó el arresto con tal circunstancia.

Sin embargo, ya en las dependencias policiales, fue increpado por ser gay. “No deberían existir personas como tú en el mundo (…) no merecéis la consideración de ser humano”, cuenta Lapunov que le espetaron sus torturadores durante el interrogatorio. El suelo de aquella cámara de los horrores, añadió, “estaba encharcado de sangre (…) los detenidos llegaban sin cesar”.

“Me acusaron de haberme instalado en la república con la idea de seducir a chicos chechenos y me conminaron a que identificase a mis amigos y a todos los que pudieran tener vínculos con homosexuales”, declaró. El martirio se prolongó por espacio de 12 días y luego fue liberado bajo la advertencia de que lo pasaría “muy mal” si contaba a alguien lo sucedido. “Cuando salí de allí no podía andar, me movía casi arrastrándome”, cuenta Lapunov. Según sus palabras, “tuve que estampar mis huellas dactilares en una pistola”, forma de intimidación para hacer creer que con el arma será asesinado alguien y él terminará siendo acusado del crimen.

Nóvaya Gazeta publicó la pasada primavera varios artículos sobre casos de persecución a homosexuales en Chechenia, república rusa de mayoría musulmana, incluyendo tres supuestas ejecuciones extrajudiciales y la existencia de cárceles secretas para recluirlos y torturarlos. La cerrazón de las autoridades chechenas impidió a la prensa hacer sus averiguaciones mientras que la investigación judicial ordenada por Putin insiste en que no hay pruebas de tales atrocidades.

Las organizaciones rusas LGTB opinan los contrario y aseguran que por lo menos 40 gais han tenido que ser sido evacuados de Chechenia y enviados al extranjero. Human Rights Watch (HRW) ha acusado en un informe a la Policía de Chechenia de detener, torturar, golpear y humillar a decenas de hombres homosexuales y bisexuales en un intento por “excluirles” de la sociedad.

La defensora del pueblo, Tatiana Moskalkova, estuvo el mes pasado en Chechenia para investigar los hechos. Se reunió con el líder de la república, Ramzán Kadírov, quien siempre ha negado las denuncias de desapariciones, ajusticiamientos sumarísimos y persecución de miembros de las minorías sexuales, pese a que tachó una vez de “demonios” a los gais. Moskalkova dijo que llevaría el caso al Comité de Instrucción, pero no hay todavía en curso ninguna nueva investigación judicial al respecto.

El pasado mes de junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dictaminó que la ley vigente en Rusia contra la “propaganda homosexual” entre los menores es “discriminatoria” y “alienta la homofobia”.

El Gobierno vasco registra 141 delitos de odio contra inmigrantes, gitanos y colectivos gais

Constata un descenso de los casos, aunque llama a los ciudadanos a sacarlos a la luz

Varias personas participan en una manifestación en Berlín. / E. C.

En Euskadi se registraron 141 incidentes considerados como delito de odio el año pasado. El ejercicio anterior fueron 201, lo que supone 60 menos. Es una buena noticia que, sin embargo, no debe hacer olvidar que muchos actos de discriminación y conductas hostiles no trascienden, no son denunciados y a menudo son silenciados por las propias víctimas. Así lo afirmó ayer Beatriz Artolazabal, consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, que animó a sacar a la luz este tipo de casos durante la presentación del último informe anual de la red Eraberean.

Esta entidad, explicó Artolazabal, es una red impulsada por el Ejecutivo autónomo y que está formada por organizaciones que «trabajan en el ámbito de la inmigración, la promoción del pueblo gitano y de los colectivos LGTBI -lesbianas, gais, transexuales…-, y constituyen una herramienta para luchar contra la discriminación por origen racial, étnico, orientación e identidad sexual o de género». Comenzó a actuar hace dos años, por lo que la memoria presentada ayer es la segunda.

Eraberean tiene una labor doble: «Por una parte, trabaja en la prevención, formación y sensibilización; y por otra asesora y asiste» a las víctimas, «con atención especial a aquellos casos que incluyen discriminación múltiple». Según recoge el informe, la mayor parte de los 141 delitos de odio registrados en Euskadi durante el año pasado fueron incidentes de racismo y xenofobia (63 casos), seguidos por los de ideología (39), los de orientación e identidad sexual (30), y el resto discriminación por discapacidad, creencias religiosas y aporofobia u odio al pobre. Más de las dos terceras partes (105) tuvieron lugar en Bizkaia, mientras que en Álava hubo 20 y en Gipuzkoa 16.

«No debemos olvidar que algunos de estos delitos no se comentan y no se llegan a denunciar» en los tribunales, subrayó la consejera. Y fue este mismo aspecto el que destacaron los representantes de las tres organizaciones que forman parte de Eraberean y cuyas ‘miradas’ recoge el informe. Así, Ramón Motos, de la entidad Kale dor Kayiko, explicó que «en la comunidad gitana prevalecen prejuicios hacia las instituciones o se llega a asumir como normal, como parte de ser gitano, el sufrir discriminación».

Desde la agrupación Errespetuz, Xabier Lozano alertó de que muchas agresiones que sufre el colectivo LGTBI no son denunciadas y en algunos casos «son incluso las propias víctimas las que solicitan a la asociación que no emprenda ningún tipo de acción por miedo a las represalias». En cuanto a la xenofobia, Rosabel Argote, de CEAR Euskadi, destacó los casos de discriminación que padecen los extranjeros en el acceso a pisos de alquiler, «un problema que tampoco acaba plasmado en ninguna denuncia» y alertó sobre conductas islamófobas que se están dando en Euskadi, «como impedir el acceso de una mujer a un comercio por llevar niqab».

«Euskadi está un paso por delante en los derechos de los transexuales»

Sarah Spatz es de Brasil y ha solicitado asilo en España por razones de identidad sexual. Aunque vive en Madrid desde hace nueve meses, quiere instalarse en el País Vasco

Sarah Spatz.

A sus 40 años, la vida de Sarah Spatz es de esas que daría para hacer una película. O dos. En la misma habría que situarse en diferentes localizaciones, desde Brasil a Portugal, pasando por Donostia y acabando en Madrid, donde vive en régimen de asilo desde hace meses. Un trayecto vital lleno de pasajes oscuros, marcado por la lucha por los derechos del colectivo LGTBI y con un futuro incierto que espera resolver en Euskadi, donde sueña con ‘echar el ancla’.

Sarah nació siendo un niño en Sao Paulo. A pesar de la insistencia de su madre en recordarle su condición masculina, ella siempre tuvo claro que ese no era su verdadero yo. «Mis primeros recuerdos de la infancia son de mi madre diciéndome que yo no podía ser como era, que yo era un niño», cuenta. Con 17 años, uno de los hechos más tristes de su vida se convirtió a su vez en el punto de partida hacia un nuevo futuro. «Mi madre murió. Fue una tragedia, pero también una liberación, porque ya no tendría que preocuparme de lo que mi familia pensase de mí, porque ya no me quedaba nadie».

Cambió de nombre y dejó de esconderse. Sin embargo, el rechazo que sufrió en casa también lo encontró fuera de ella. «En Brasil hay muchísima represión hacia los gays y los transexuales, que son tratados con muchísima violencia, tanto verbal como física», afirma. En la calle, le decían que era una «abominación a los ojos de Dios». Ella descubrió, gracias a internet, que no padecía ninguna enfermedad y pronto se convirtió en un miembro activo de diferentes asociaciones brasileñas que luchaban por los derechos del colectivo LGTBI.

Su valentía y su condición, sin embargo, estuvieron a punto de costarle la vida. «Un día salí de casa para ir a comprar al supermercado, y pasé por delante de una iglesia de una comunidad de cristianos evangélicos. Había unos chicos y uno de ellos se dio cuenta de que era transexual y comenzó a insultarme y a animar al resto a que me pegaran». La paliza fue brutal. Le dieron con palos y piedras, le acuchillaron y hasta le pegaron un tiro. «Estuve cinco horas tirada en la calle desangrándome hasta que apareció un coche de Policía y me llevaron al hospital». Pasó siete días en coma inducido a causa de las fracturas craneales que sufrió. Cuando abandonó el hospital tenía claro que también debía salir de Brasil.

En busca del sueño europeo

El de Sarah no es un caso aislado. Un informe de la ONG CEAR pone voz al drama de las personas perseguidas por su orientación sexual o identidad de género. Vivir marginados de la familia, ser encarcelados, incluso condenados a la pena de muerte o escondiendo su orientación sexual para evitar represalias son algunas de las formas que cobra la violencia ejercida contra las personas homosexuales, transexuales, bisexuales o intersexuales en todo el mundo, miles de las cuales deciden huir por la ausencia de libertad. No emigran por una cuestión económica. De hecho, suelen tener un perfil socioeconómico alto, con estudios y una situación acomodada en su país de origen, como Sarah.

 

u primer destino cuando salió de Brasil fue Lisboa. Allí trabajó durante nueve años como activista de diferentes colectivos LGTBI, pero nunca llegó a legalizar su situación. El Gobierno portugués le instó a abandonar el país, y decidió partir hacia París, donde residen amigos suyos. Recorrió los 610 kilómetros entre Lisboa y Vigo en bicicleta, y de allí cogió el autobús que le llevaría hasta Francia. Pero sus planes se truncaron al tratar de cruzar la frontera en Irun. Los atentados terroristas de Niza habían intensificado los controles de la Policía, que, al descubrir que no tenía más documentación que un pasaporte brasileño, le impidió continuar el viaje.

Pasó la noche en el calabozo de una comisaría, «pero como no tenía antecedentes y era solicitante de asilo me dejaron en libertad y me llevaron a San Sebastián, donde me pusieron en manos de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado)», señala Sarah. Una amiga de Portugal le recomendó que acudiera a la asociación Gehitu para recibir asesoramiento. «Nadie me había explicado hasta entonces cuáles eran mis derechos y en qué consistía la petición de asilo», reconoce. Finalmente, el Ministerio del Interior le adjudicó una plaza en Madrid, donde vive desde hace nueve meses.

Convivencia difícil

Los inicios en la capital no fueron fáciles para Sarah. Durante cinco meses vivió en un piso compartido con otras ocho personas refugiadas, que no aceptaban su condición. «Me rechazaban y lo pasé muy mal. Tuve que pedir que me trasladaran, y ahora vivo en un piso con otro brasileño que es gay y con tres chicas su-damericanas que han sido víctimas de violencia de género». Desde CEAR alertan de que estas personas sufren una doble discriminación, «la de ser persona LGTBI y ser migrante o refugiada».

Sarah no ha perdido el tiempo y trabaja de forma activa en el centro LGTBI Madrid de la Confederación Colega, como dinamizadora en actividades socioculturales dirigidas a la comunidad transexual. Sin embargo, sus planes de futuro tienen la vista puesta en Gipuzkoa. «En noviembre termina el periodo de asilo y tendré que buscarme una habitación por mi cuenta, pero yo quiero vivir en Gipuzkoa». La razón, asegura, es que «me han demostrado ser gente mucho más seria que en el resto de ciudades en las que he estado. Cuando se comprometen con algo, lo cumplen». Asimismo, afirma que Euskadi «va un paso por delante que el resto de comunidades en el servicio y el trato que se ofrece a personas transexuales, en todos los niveles».

El informe de CEAR indica que una vez superado el trámite administrativo de asilo –lo cual puede llevar años–, la acogida no siempre garantiza un camino fácil para los refugiados. «Es un reto para las sociedades de acogida trabajar en la eliminación de los prejuicios y estereotipos sobre las personas que migran por motivos de orientación sexual e identidad de género, con el fin de avanzar hacia una sociedad igualitaria, solidaria, intercultural y libre de discriminación», reflexionan desde CEAR.

Aunque España está considerado el país con mayor porcentaje de aceptación de la homosexualidad, los migrantes LGTBI se siguen enfrentando a situaciones de discriminación, advierten. Miedo, vergüenza o temor a que su experiencia llegue a oídos de algún compatriota favorecen en ocasiones sentimientos de rechazo y frustración, y de censura de sus propias vidas.

Sarah afirma que España no es el país abierto y liberal que esperaba encontrar. «La diferencia con Brasil es que no existe violencia, pero el rechazo es el mismo». Uno de los ejemplos que más le duele es que en su tarjeta de refugiada le han obligado a poner su nombre de nacimiento, y por tanto consta como hombre. «Es muy frustrante, porque no hay voluntad para cambiar estas situaciones. Queda mucho camino por recorrer para los transexuales», afirma Sarah, cuyo nombre e identidad seguirá defendiendo ante cualquier persona, en cualquier país. «A pesar de todo el sufrimiento, de lo único de lo que me arrepiento es de haber estado escondida tanto tiempo. Nunca más voy a vivir una mentira para ser socialmente aceptada».

La odisea de un crucerista gay tras atracar en Getxo: una semana vagando a la intemperie

El hombre de 72 años, que tenía la intención de visitar un día San Sebastián, perdió su autobús de regreso al ‘Celebrity Silhouette’

 

El viaje en el crucero ‘Celebrity Silhouette’, dirigido al público homosexual, no fue precisamente una fiesta para un crucerista estadounidense de 72 años. Más bien una odisea. Y es que no solo se perdió las más de 50 fiestas que se celebraron a bordo, sino que estuvo perdido y a la intemperie una semana fuera del barco. Lo encontraron siete días después en San Sebastián.

El hombre, que había desembarcado junto a 2.700 pasajeros el pasado día 7 en Getxotenía la intención de pasar una jornada en Bilbao. Una visita exprés. Sin embargo, en el último momento optó por dirigirse a San Sebastián. Allí perdió su autobús de regreso al crucero ‘Silhouette’, que zarpó hacia La Coruña sin él.

La naviera Celebrity Cruises presentó al día siguiente una denuncia por la desaparición de uno de sus pasajeros. A partir de ese momento, se iniciaron las pesquisas policiales para su localización, entre ellas, gestiones con centros sanitarios, hoteles y medios de transporte, sin conseguir localizarle.

El varón, que no habla español, no tuvo éxito para contactar con la compañía encargada del viaje. En ese momento comenzó su periplo por las calles de San Sebastián. Día y noche por la capital guipuzcoana, a la intemperie.

Tras una semana deambulando por las calles de San Sebastían, se dirigió a la Policía Municipal, desde donde se pusieron en contacto con la Ertzaintza para informales de la presencia de una «persona muy desorientada». Agentes de la Sección Central de Investigación Criminal y Policía Judicial que, una vez confirmado que se trataba del desaparecido, organizaban su traslado al hospital de Cruces, para realizarle una revisión médica, así como los posteriores trámites para su repatriación a cargo de la empresa responsable del crucero.

El hombre, que ya ha regresado a a Estados Unidos, ha querido agradecer a los agentes el trato recibido. A ellos se ha referido como ‘Sus ángeles de la guarda’.

AGENTE NARANJA El bus de HazteOír tuvo lo que quería: lío

El bus de HazteOír tuvo lo que quería: lío

PABLO MARTÍNEZ ZARRACINA

 

Situado a su manera entre la psicodelia y el escalofrío, el autobús naranja de HazteOír es como la ‘Mistery Machine’ de Scooby-Doo, pero sin gracia. Ayer el vehículo llegó a Bilbao con su escándalo portátil. Y aparcó en la plaza Euskadi, dejando ver esas serigrafías locas suyas. Que si los de Podemos van a por tus hijos, que si lo de los penes y las vulvas. Hay quien cree que Cataluña vive «bajo el asedio» y quien cree que en los colegios se obliga a los chiquillos a ser homosexuales. El país vive un momento inigualable. Cuela alguien una idea sensata por la aduana y no descarten que la reacción termodinámica haga que vuele todo por los aires.

En un ejercicio de primero de agitprop, el autobús de HazteOír recorre España buscando camorra. Ayer en Bilbao fue recibido por un montón de gente abucheante, otro montón de policías y un tercer montón de cámaras. He ordenado los montones de mayor a menor. También andaba por allí Nacho Toca, presidente de Nuevas Generaciones de Bizkaia, aunque desapareció pronto. Doy por hecho que él no iba a abuchear. ¿Quién no ha sido un loco maravilloso cuando tenía veinte años?

Durante el tiempo que estuvo en Bilbao, el autobús de Hazte Oír acogió una actividad muy intensa. De él se bajaron dos personas, dos, a hacer declaraciones y sacar fotos. Y a él se subió una persona, una, que igual quería donar sangre o preguntar por lo de la fibra óptica.

Eso fue todo. O sea, nada. El resto, un exceso de énfasis ante una trampa extravagante. «No se trata de libertad de expresión», se leía en la pancarta principal de la contramanifestación. Y me temo que se trata precisamente de eso. La indiferencia es en estos casos mucho más lapidaria que la furia.

Ayer, por cierto, fue irse el agente naranja y volverse la furia contra la Ertzaintza. De pronto hubo insultos («perros»), un amago de detención y los lemas antihomofóbicos dejaron paso al nombre de Íñigo Cabacas. En plena bronca, un joven se fue para un agente: «¡Maricón!» A su alrededor, se abrió un paréntesis incrédulo. Había manifestantes que no sabían si atizarle a él o a la policía. El chico se quería morir, daba a entender que con la emoción… «No, hombre, no», decía una activista soltándole patadas al suelo por no soltárselas al compañero. ¿Les he dicho que el país vive un momento inigualable?

El autobús de HazteOír llega a Bilbao entre gritos y silbidos

Centenares de personas se manifiestan contra el vehículo ultracatólico, que hace campaña contra la nueva ley de derechos LGTBI

El autobús de HazteOír, estacionado en la plaza Euskadi de Bilbao. / IÑAKI ANDRÉS

El autobús de HazteOír ha llegado esta mañana a la plaza Euskadi y ha sido recibido con silbidos, gritos y lemas de rechazo por varios centenares de personas. El vehículo ultracatólico circula desde el martes por todo el país con el objetivo de «luchar» contra la ley de derechos LGTBI -que el Congreso ya ha admitido a trámite-, tal y como reflejan en el lema rotulado sobre el bus: «Podemos y su Ley Mordaza LGTBI: ¡Van a por tus hijos!»

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento, Tomás del Hierro, ha aclarado que el vehículo había pedido permiso a la Ertzaintza para estacionar de doce a una del mediodía. «Podía hacerlo porque una sentencia en Madrid ya ha dictaminado que sus mensajes no son delito de odio. El autobús se ha convocado de la misma manera que la manifestación que lo rechaza».

Al grito de «¡qué viene!» centenares de personas se han concentrado en la plaza, entre los que se encontraban varios representantes municipales como la concejala de Udalberri Amaia Arenal o el concejal de EH Bildu Bruno Zubizarreta. Durante la media hora que ha estado estacionado el autobús, no ha habido ni un solo momento en el que se hayan dejado de escuchar los silbidos y gritos de protesta. «Yo soy hetero y respeto los derechos de todo el mundo. Es lamentable que se les permita entrar con estos mensajes. Que nos dejen vivir en paz», reivindicaba Igone, una manifestante de 66 años. Aunque la mayoría de los asistentes era público joven. «Se quejan de que la ley es adoctrinadora, pero ellos son los que generan ideología. Los que les conceden el permiso de estar aquí los están apoyando indirectamente», criticaban otro joven de veinte años.

Después de que el autobús de HazteOír se haya marchado, se han vivido momentos de tensión cuando un agente de la Ertzaintza ha reducido a uno de los manifestantes. Según la versión oficial de la policía autonómica, el individuo en cuestión trató de golpear a uno de sus agentes, «por lo que se ha identificado y abierto un expediente por hechos contra la ley de Seguridad Ciudadana, que acabará en una multa». Los asistentes han criticado y vituperado duramente la actuación policial hasta que el multado se ha ido por su propio pie y los manifestantes se han disuelto.

GRITO INEQUÍVOCO DE LIBERTAD

La proposición de ley sobre los derechos de las personas LGTBI supone un avance en el quehacer cotidiano de estos colectivos y una mayor protección legal

AITZOLE ARANETA, MIEMBRO DEL CCE DE PODEMOS; DAVID BRAVO; PABLO IGLESIAS, SECRETARIO GENERAL DE PODEMOS; Y SOFÍA CASTAÑÓN, SECRETARIA DE FEMINISMOS INTERSECCIONAL Y LGTBI

 

Unidas Podemos defendió ayer en el Pleno del Congreso la ley de derechos de las personas LGTBI propuesta por los colectivos expertos en la materia. Los escalofriantes datos no hacen sino confirmar la pertinencia de esta ley, valiente y pionera a nivel internacional: son 236 las agresiones registradas en una única comunidad, Madrid, en un único año, 2016, los que demuestran que el ser percibido como LGTBI es aún, en 2017, motivo de burla, estigma, discriminación y agresión. Que, aún hoy, las mujeres lesbianas reciben una atención desigual en la sanidad pública. Que hasta un 90% de las mujeres trans está en paro, que las personas trans en su conjunto son negadas y patologizadas por parte de la sociedad o en su contacto con los servicios de salud, que tener pluma puede ser peligroso si tienes intención de salir a la calle, o que ser LGTBI es el motivo citado como más frecuente en los llamados «crímenes de odio»; son motivos más que suficientes para registrar esta propuesta de ley. Ojalá no hubiera necesidad de esos diecinueve capítulos que la componen y que van acompañados de un repaso histórico y geopolítico de la lucha LGTBI en su preámbulo, junto con las disposiciones transitorias, adicionales, derogatorias y finales correspondientes.

Como estamos orgullosas de la proposición de ley que esta semana defendemos en Pleno, mentamos al elefante dentro de la habitación justo para decir que ya no hay elefante tal. Hablamos de la ley de derechos de las personas LGTBI y del polémico artículo que abría la puerta a la sanción administrativa en casos de expresiones ofensivas o vejatorias, que hace unos meses acaparó la atención y que hoy nuestro grupo parlamentario enmienda sin detrimento del espíritu y valentía de la ley propuesta por los colectivos.

Radica la polémica en dos cuestiones: primero, en la posibilidad de que un órgano administrativo –y no un juez– pueda destruir, borrar o inutilizar libros, archivos, documentos o artículos que considere que contienen expresiones que infringen esa ley. Segundo, que un órgano administrativo –y no un juez– pueda imponer multas por expresiones que considere no amparadas por la libertad de expresión y que entienda que son ofensivas contra las personas LGTBI.

Sobre la primera cuestión hay poco debate: es sencillamente inconstitucional. El artículo 20.5 de la Constitución Española establece claramente que «sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones» en virtud de orden judicial. Teniendo en cuenta que esa cuestión se dio por muerta el mismo día de su nacimiento, es a la segunda a la que se ha prestado mayor atención y la que ha causado revuelo. Algo comprensible, teniendo en cuenta que pretende que la Administración pueda decidir qué es libertad de expresión y qué es ofensa. El riesgo de que sea este órgano quien pueda tener la facultad de trazar la línea que separa la libertad de expresión de la ofensa y de imponer multas según sus propios criterios es evidente. Se trata de una herramienta que rompe el equilibrio de fuerzas entre los distintos poderes hasta el punto de ser intrínsecamente peligrosa, incluso para las personas a las que dice proteger y que hoy se sitúan detrás de la línea de tiro.

No está en debate la necesidad de una ley que proteja los derechos de las personas que forman parte del colectivo LGTBI. Tampoco está en duda que no existe el derecho al mero insulto, menos aún cuando éste tiene su base en la orientación sexual, la identidad sexual/de género, la expresión de género o las características sexuales de una persona. La única cuestión que se señala es el error de creer que ahora es aceptable este atajo de sustraer a los jueces competencias en materia de libertad de expresión –que deben ser exclusivamente suyas– porque, esta vez, es fácil caer en el error de creer que el fin sí justifica los medios.

Es un error porque entonces se abrirían órganos administrativos para la protección de otros colectivos con los que ya no simpatizaremos tanto y será incoherente adoptar otra postura. Es un error porque mañana las compañeras de la procesión del coño insumiso estarán discutiendo ante un órgano administrativo para la protección de las convicciones de las personas religiosas si lo suyo es un insulto o no lo es. Es un error porque mañana Zapata no estará en la Audiencia Nacional sino ante el órgano administrativo creado por el PP para la protección del honor de las víctimas del terrorismo. Es un error porque, en democracia, no se debe ser juez y parte.

Una vez manifestada la convicción de Unidas Podemos de retirar las sanciones administrativas en relación a la expresión de este proyecto de ley, no cabe sino alegrarse por el avance que puede suponer esta iniciativa en el cotidiano de muchas personas, en cosas tan sencillas como el ir con más tranquilidad por la calle o tener una mayor protección legal si lo que te toca es ser la parte excluida de ese conjunto de reglas no escritas que aún rigen nuestro mundo. No cabe sino alegrarse de que todo el tejido asociativo LGTBI abrace ya ese grito de despatologización conjunto que hace diez años exigían los colectivos más alternativos y menos oficialistas del activismo LGTBI y trans. Porque el grito unívoco de libertad que expresa este proyecto de ley es ya una batalla ganada, antes incluso de iniciar su tramitación parlamentaria.