Gutxienez 50 lagun hil dituzte homosexualak biltzen diren lokal bati eraso eginda, Orlandon

Goizaldean, lokalean dantzan eta festan ari zirenei tiroka ekin die erasotzaileak, eta ondoren han bertan gotortu da. Hasieran hildakoak 20 direla esan duten arren, azken zenbaketaren ostean 50 direla berri eman dute. Poliziak jakinarazi du erasotzailea ere hil dela, tiroketan.

MAN05. Orlando (United States), 12/06/2016.- A handout photograph made available by Univision Florida Central showing a view of the general scene of a shooting at Pulse Nightclub in Orlando, Florida, USA, 12 June 2016. Orlando Police state there are multiple injuries with reports stating that the attacker is still inside the club and has taken hostages. (Estados Unidos) EFE/EPA/UNIVISION FLORIDA CENTRAL / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Homosexualak elkartzen diren lokal batera sartu, eta festan zebiltzanen kontra tiro egin du gizonezko batek, rifle bat eskuetan. Zaurituak daudela zabaldu dute berri agentziek, baina ez dute esan zenbat. Orduek aurrera egin ahala, “gutxienez 20 hildako” daudela berri eman du Poliziak. Geroago esan dute hildakoak 50 direla. Zaurituak ere asko dira.

Poliziak ere tiro egin du, eta jakinarazi du erasotzailea hilda dagoela. “Poliziarekin izandako tiroketan hil da”, esan du John Mina poliziaburuak. “Gutxienez bederatzi polizik hartu dute parte tiroketan”.

Lekukoen arabera, anbulantzia asko eta suhiltzaileak izan dira diskotekan, eta hainbat zauritu eraman dituzte bertatik. 20 zaurituri buruz hitz egin dute hasieran, baina 40 aipatu ditu WFTV telebistak.

“Leherketa kontrolatu bat” ere izan dela esan du poliziak bere twitterreko kontuan. Ez dute esan leherketa hori nork eragin duen, baina erasotzaileak lehergailuak zeuzkala uste du Poliziak.

Eraso homofoboa

Poliziak 20 urteko gizonezko bat egin du erasoaren susmagarri nagusi. Ustezko erasotzailearen aitak homofobia jo du erasoaren hipotesi nagusitzat. Bere arabera, joan zen hilean bere onetik aterata ibili zen Miamin bi homosexual muxuka ikusi zituenean.

“Barkamena eskatzen dugu. Ez genekien halako ezer prestatzen ari zenik. Ahoa bete hortz gaude, gainerako guztiak bezala”, esan du NBC News-en.

Las empresas carecen de un protocolo para expatriar a un empleado LGTB a un país donde la homosexualidad es delito

El presidente de Uganda firmó una ley que castiga la homosexualidad con cadena perpetua

El presidente de Uganda firmó una ley que castiga la homosexualidad con cadena perpetua EFE

“Es inconcebible forzar a alguien a ir a un país donde sus semejantes son condenados por su condición”. Es una de las frases con las que Laurent exige a través de una petición en Change.org que los empleados LGTB de Air France puedan decidir si trabajan en los vuelos a Irán. El miedo a viajar a Teherán tiene fundamento, ya que el país, castiga la homosexualidad con la pena de muerte.

Según la ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) y a fecha de mayo, en 13 países todavía se contempla la pena de muerte para castigar la homosexualidad, y en otros 75 estados no ser heterosexual conlleva penas de prisión incluso de cadena perpetua. Países como Irán, Arabia Saudí o Mauritania son de lo más implacables contra la comunidad LGBT, pero en otros como Rusia la homosexualidad está muy perseguida.

De ahí que uno de los debates tenga que ver con estos países, y con los empleados LGBT que por motivos laborales deban trabajar en estados que persiguen la homosexualidad para castigarla. El caso de los empleados de Air France pone el foco en una situación que obliga a las empresas a conocer la orientación sexual de sus trabajadores antes de ponerles en riesgo viajando a países que restringen la homosexualidad. Ernst & Young es de las pocas empresas a nivel mundial que sí tienen en cuenta la orientación sexual a la hora de hacer cualquier movimiento con un empleado. Por ejemplo, un portavoz de la compañía explicó a Bloomberg como a un empleado gay que iban a mandar a Rusia terminaron enviándolo a París, manteniendo así la opción de que desarrollara su carrera en el extranjero, sin que fuera cancelada por ese motivo. No obstante, ¿se cumple esto en las empresas españolas? ¿Existe algún protocolo de actuación al respecto?

Mapa de ILGA sobre la penalización de la homosexualidad en el mundo

Mapa de ILGA sobre la penalización de la homosexualidad en el mundo

Las empresas españolas no lo contemplan

En España tener una orientación sexual no hetero sigue sin estar normalizado y tiene su eco en el ámbito laboral. Una denuncia generalizada del colectivo LGBT es que cuando se cambia de trabajo, muchas personas “vuelven al armario” hasta volver a estar seguros de poder mostrar su condición. De hecho, un estudio determinó que el 60% de las personas LGBT había sufrido discriminación en el trabajo en los dos años anteriores a la publicación del trabajo. Y esta homofobia se produce en un país donde otro estudio que resalta a España como el país que mayor aceptación tiene de la homosexualidad en el mundo.

Pero los destinos a los que puede ir un trabajador de una empresa española expatriado son los que generan las dudas sobre cómo proteger a los empleados si por ejemplo tienen que ir a desempeñar sus funciones a Iran. Allí la homosexualidad está castigada con la pena de muerte, pero no son pocas las multinacionales que no se resisten a los yacimientos petrolíferos en la zona, como Repsol. Preguntados por si conocen la orientación sexual de sus empleados, desde la española responden que “nosotros no nos metemos en la intimidad de los empleados, no sabemos su orientación sexual ni les preguntamos por ello”. Añaden que “nosotros tenemos una política de diversidad global, que incluye a todo el mundo. No tenemos una política específica hacia el colectivo LGBT, sino que hacemos inclusión en general”. Respecto a los trabajadores LGBT que van a trabajar fuera, los denominados expatriados, aseguran que “antes de ir les proporcionamos todo tipo de información de integración cultural, lo que incluye datos, costumbres, valores, legislación, normas de comportamiento del lugar, para que puedan valorarlo todo bien”.

Otra nación de mentalidad similar es Arabia Saudí. Con la construcción del AVE a la Meca, Renfe ha pasado a tener importantes intereses en uno de los países más intolerantes con la homosexualidad. Pero sobre ello, la compañía considera que la orientación sexual “es algo que no preguntamos a nuestros empleados, no se nos pasa por la cabeza”. Y en el caso de tener empleados expatriados homosexuales, comentan que “si surgiera la situación, la valoraríamos individualmente”.

Rusia es otro de los países hostiles hacia el colectivo LGBT. Si bien no llega a castigar con la muerte a los homosexuales, desde 2013 existe una ley que no permite a los LGBT manifestar en público su condición, a riesgo de sufrir represalias a nivel institucional. A día de hoy son varias las empresas españolas con intereses en el país de Vladimir Putin, como Inditex, con 485 tiendas en Rusia a finales de 2015. Cuestionados sobre si es un factor tenido en cuenta antes de enviar trabajadores a Moscú, responden que “ Inditex pone a disposición de todos sus empleados en todo el mundo múltiples canales para que puedan transmitir cualquier situación relacionada con el respeto a la diversidad y la tolerancia cero de la compañía hacia cualquier clase de discriminación”. Otra de las compañías con intereses en Rusia es la fabricante de material ferroviario CAF, pero fuentes de la empresa admiten que no tienen “una política específica para el colectivo LGBT”.

Persecución penal a personas LGTB: crimen de lesa humanidad

76 PAÍSES PENALIZAN LA HOMOSEXUALIDAD Y 6 DE ELLOS LO ELEVAN A LA PENA MÁXIMA: LA MUERTE

El Parlamento de Canarias se convierte en la primera cámara legislativa del mundo en reconocer la persecución penal de personas por su orientación sexual o identidad de género como crimen contra la humanidad.

protesta yemen

Canarias ha dado un paso importante e histórico en la defensa de los derechos humanos del colectivo LGTB. El Parlamento autonómico ha respaldado por unanimidad de todos sus grupos una iniciativa legislativa que reconoce la persecución penal de las personas por su orientación sexual o identidad de género como crimen de lesa humanidad. Se trata de la primera Cámara legislativa de España y del mundo entero que reclama a la comunidad internacional medidas de protección a este colectivo y que marcará sin duda un precedente histórico.

La Proposición no de Ley, a la que ha tenido accesoNuevatribuna, insta al Gobierno de España, como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a impulsar una resolución “para que cese la inhumana persecución penal de todos estos seres humanos en razón de su mera orientación sexual o identidad de género, así como para promover su más completa protección ante otros actos de persecución igualmente inhumanos por parte de otros actores no estatales”, reza el texto.

La iniciativa, bajo la dirección letrada del experto en derecho penal internacional y derechos humanos Miguel Ángel Rodríguez Arias (*) ha sido respaldada por todos los grupos del Parlamento autonómico (PP, PSOE, Podemos, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Grupo Mixto) y por colectivos como People Love People. Otras organizaciones LGTB valoran su adhesión como Kik-Kif (iguales), cuyo portavoz Samir Bargachi considera que existen suficientes elementos para considerar estos crímenes como crímenes contra la humanidad. “Hay muchos países que a un sector poblacional concreto o por su condición innata nos criminalizan, nos encarcelan, nos cuelgan en grúas”, señala.

PAÍSES DE MAYORÍA MUSULMANA

isis ejecuciones de gays

Samir, un joven de origen marroquí, dirige esta ONG, nacida en España en 2008 y con presencia también en otros países europeos, con el objetivo de apoyar, orientar y dar cobijo a refugiados y migrantes que huyen de sus países por miedo a ser castigados por su condición sexual o identidad de género. La mayoría provienen de naciones de mayoría musulmana. En pleno siglo XXI, 76 países penalizan la homosexualidad y la transexualidad con penas de cárcel e incluso con la pena máxima: la muerte. La pena de muerte se incluye en los códigos penales de 6 de esos países: Sudán, el norte de Somalia, el norte de Nigeria, Yemen, Arabia Saudí e Irán; también en Mauritania, aunque en la práctica no se aplica, explica Samir en declaraciones a Nuevatribuna. En países como Marruecos, el delito está tipificado en el artículo 489 del Código Penal con penas que oscilan entre los 3-6 meses y hasta 2-3 años de prisión, o multas económicas. En otros lugares está tipificado en diferentes preceptos que aunque no hablan concretamente de homosexualidad, sí se aplican como “actos licenciosos o contra natura” o de moralidad pública, como es el caso de Egipto.

LA BRUTALIDAD DEL ISIS

En el autodenominado Estado Islámico (ISIS), la situación se ha recrudecido para estas personas. La brutalidad con la que actúan los seguidores de Daesh es atendida en la ONU donde en uno de sus últimos informes cifra en 15 asesinatos durante 2015 de personas LGTB, un número que a ojos de Kif-Kifse queda corto: “Hay vídeos de cómo tiran a personas desde edificios, como queman a personas, nunca hemos visto nada tan salvaje”, relata Samir. Con la crisis de refugiados, la actividad de estas ONG se ha incrementado y profundizado en la política de asilo: en 2015, España concedió derecho de asilo a 77 personas y otras tantas esperan los centros de acogida una respuesta del Gobierno para escapar de horror. “Con la crisis de refugiados, en los últimos 2-3 años se ha dado protección a muchas personas de origen musulmán que en tiempos pasados solo se daban en casos muy contados”, afirma Samir.

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La situación de miles de personas en el mundo perseguidas por su condición sexual o identidad de género otorga a la iniciativa legislativa impulsada en el Parlamento de Canarias una importancia aún mayor. Se trata de una llamada de atención a los organismos internacionales para que tomen cartas en el asunto y promuevan políticas que erradiquen estas prácticas. Pero también promueve la investigación de esos delitos, en el marco de los derechos humanos, como crimen de lesa humanidad. La PNL insta al Ejecutivo central “para que haciendo uso efectivo de las facultades que le confiere el artículo 14 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional promueva ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, una investigación oficial e independiente respecto el crimen de persecución de lesa humanidad del que vienen siendo objeto miles de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales en distintos lugares del mundo”. Porque “amar no puede ser un delito y cuando una persona es perseguida, encarcelada y ejecutada por su mera orientación sexual o identidad de género se hiere la conciencia de la entera humanidad, y se atenta contra la dignidad consustancial de todo ser humano”, resalta el texto.

PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA

“La homofobia, lesfobia, transfobia y la bifobia continúan siendo formas de discriminación todavía presentes en el día a día de nuestras sociedades, y de la existencia de miles de seres humanos que todavía hoy continúan siendo perseguidos, encarcelados y condenados a trabajos forzados, castigos físicos e incluso a la pena de muerte en razón de su mera orientación sexual o identidad de género”, señala la exposición de motivos de la PNL.

Esta iniciativa legislativa basa sus fundamentos en el artículo 7.1h del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional por el que se entenderá por crimen de lesa humanidad el ataque generalizado o sistemático contra una población civil en los actos de “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional”.

La iniciativa se basa en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, pero también los Principios de Yogyakarta: Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género.

17 DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL

La PNL también incluye declarar el 17 de mayo como Día contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Transfobia y la Bifobia, que en el ámbito internacional se viene celebrando desde fechas recientes coincidiendo con la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 17 de Mayo de 1990.

El debate y posterior aprobación de esta iniciativa se celebrará previsiblemente a finales de junio coincidiendo con la celebración del Día del Orgullo Gay (28 de junio 2016).


(*) Miguel Ángel Rodríguez Arias | Experto en Derecho Penal Internacional
-Autor de las primeras investigaciones jurídicas de los crímenes del franquismo y ‘bebés robados’
-Actualmente dirige la causa contra ETA en la Audiencia Nacional y en Argentina

La ONU rebaja sus compromisos para acabar con el sida en grupos clave como el LGTB

El director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, interviene en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el sida en su sede de Nueva York, Estados Unidos, este 8 de junio de 2016.

El director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, interviene en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el sida en su sede de Nueva York, Estados Unidos, este 8 de junio de 2016. EFE

2016 es un año clave para los acuerdos internacionales sobre VIH. El pasado septiembre los países miembros de la ONU suscribieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la nueva estrategia mundial para combatir la pobreza y la desigualdad. Entre los objetivos, los países pusieron fecha de caducidad a la epidemia del sida: el año 2030. Las Naciones Unidas celebraban esta semana en Nueva York la primera gran cita para caminar hacia ese reto y la sociedad civil ya ha sufrido una fuerte desilusión. Varios colectivos clave afectados por el virus, como los transexuales y los consumidores de drogas, han quedado excluidos de los compromisos más firmes, que han quedado diluidos respecto al borrador inicial del encuentro.

El  borrador cero de la Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas para Poner Fin al Sida, celebrada entre el 8 y el 10 de junio en Nueva York, había generado expectativas entre los colectivos que luchan contra el sida. Había algunas menciones sobre grupos especialmente vulnerables al VIH que consideraban básicas para acabar con la pandemia dentro de 14 años. Son los trabajadores del sexo, transexuales, homosexuales, presos y consumidores de drogas, entre otros. Pero las mayores apuestas se han caído del texto final de la Declaración Política. El motivo: el rechazo de varios países como Rusia, Camerún, Arabia Saudí e Irán, cuyos gobiernos tienen políticas y leyes discriminatorias con esta población.

“Estamos desolados por cómo se ha apartado a la población clave en el compromiso que se ha redactado en Nueva York. Mientras no tengamos un enfoque de derechos y seamos sensibles a las poblaciones más vulnerables, no acabaremos con el sida en 2030”, lamenta el presidente de Cesida (Coordinadora estatal de VIH y sida), Juan Ramón Barrios.

La misma crítica comparte Vanessa López, directora de la ONG Salud Por Derecho. La representante de la organización ha estado presente en la reunión en Nueva York, en la que ha visto cómo el lenguaje sobre los colectivos más vulnerables perdía fuerza. “En cambio, estamos más satisfechos por los compromisos adquiridos y el lenguaje utilizado con las mujeres y niñas, teniendo en cuenta la violencia de género”, indica.

Veto a 22 ONG de colectivos vulnerables

Una de las menciones que ha desaparicido del texto final, por ejemplo, es la de “eliminar las leyes, políticas y prácticas punitivas que impiden el acceso a los servicios de VIH”. Ha sido sustituida por “promover leyes, políticas y prácticas que permitan acceder a los servicios de VIH y acabar con el estigma y discriminación”. En la versión del documento cero había en este caso una enumeración expresa de los colectivos vulnerables que desaparece en el documento suscrito por los estados.

Las críticas por discriminación en la cumbre de la ONU comenzaron antes de que la propia reunión empezara. Un total de 22 ONG, muchas representantes de colectivos LGTB y de usuarios de drogas, fueron vetadas por varios países, los mismos que muestran reticencias y tienen políticas discriminatorias hacia esta población. La intermediación del presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Mogens Lykketoft, intermedió para reducir esa cifra de las 49 a las 22, según explicó a The New York Times. “Nosotros hemos hecho todo para incluir al mayor número de ONG posibles”, indicó y recordó la posibilidad de estos estados de impedir la asistencia de ciertas organizaciones, según las normas de la ONU.

Vanessa López afirma que, ante el resultado final del documento y la prohibición de asistencia de estas organizaciones, “varios países han reconocido que el lenguaje se ha quedado muy flojo para estos colectivos, por ejemplo Australia, Canadá, Estados Unidos y la UE”. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, también mencionó a estos grupos en su discurso. “Cualquier persona afectada debe tener acceso a servicios de VIH completos, sin discriminación: jóvenes, migrantes, mujeres y niñas, trabajadores sexuales, hombres que practican sexo con hombres, personas que se inyectan drogas, transexuales y presos”, enumeró el diplomático surcoreano.

El presidente de Cesida es más crítico. “Es que estamos muy enfadados con el resultado, porque aunque la declaración de la UE vaya en este sentido, la declaración es otra”, lamenta Juan Ramón Barrios. Las consecuencias de un lenguaje poco claro, argumentan en Salud Por Derecho, es que “estas personas cuando vuelvan a sus países de origen y no haya tratamientos para ellos o existan políticas que los discriminen, no podrán sujetarse a una recomendación expresa de la ONU”.

Acabar con la pandemia en 2030

López señala varios puntos que, por el contrario, sí han contado con una buena recepción en la organización. “Destacamos el objetivo de que los 30 millones de personas que viven con VIH tengan acceso a tratamiento para el año 2020 y también el objetivo 90–90–90 para 2020”. Este compromiso pretende que el 90% de las personas que viven con VIH conozcan su estado serológico, que el 90% de las personas que sí lo conocen reciban tratamiento y que el 90% de las personas que ya lo reciben supriman la carga viral. “En materia de financiación también es importante revalidar el compromiso de llegar a una inversión en 2020 de 26.000 millones de dólares anuales”, añade Vanessa López.

La pretensión de poner fin a la pandemia del sida en 2030 es, según Salud Por Derecho, Cesida y el secretario general de Naciones Unidas, “posible”. “Eso no se imaginaba hace años. Sabemos ahora que es posible y ahora la cuestión es ver cómo hacemos el sprint final”, dice López. En el camino hay que combatir ciertos obstáculos, como la falta de acceso a medicamentos en algunos países, entre las que destacan África Occidental y Central, recuerdan en Médicos Sin Fronteras. La cobertura mundial del tratamiento antirretrovírico alcanzó el 46% a finales de 2015, según ONU Sida. En 2014, la cifra de personas afectadas por el sida era de 36,9 millones, recoge la OMS.

Sanidad no envía a ningún representante

La cumbre también ha sido el reflejo de “la falta de interés y de voluntad política” del Gobierno de España en este tema, indica el presidente de Cesida. El Ministerio de Sanidad no ha enviado a ningún representante a la reunión internacional, como  adelantó la Cadena Ser. Según fuentes oficiales consultadas por eldiario.es, la razón es “una cuestión de agenda, como ocurre con otras reuniones internacionales”. La reunión pretendía señalar el camino para los próximos años para acabar con la pandemia. Las anteriores reuniones de este tipo tuvieron lugar en 2006, 2008 y 2011. Según Vanessa López, presente en todas ellas, siempre han asistido los ministros de Sanidad o técnicos especialistas del Ministerio.

Ante las preguntas sobre cuál es la postura que ha defendido el Gobierno de España en este encuentro –al que ha asistido el embajador en la ONU–, estas mismas fuentes del Ministerio de Sanidad afirman que “lo desconocen” puesto que no son la misión que ha asistido a la reunión.

Las organizaciones sociales recuerdan que en la anterior legislatura todos los partidos, incluido el PP, apoyaron una PNL (proposición no de ley) para aumentar la inversión en la luha contra el sida. España rebajó hasta cero la cantidad que invertía en el Fondo Mundial contra el Sida. No aporta ni un euro desde 2011; en 2009, la inversión era de más de 180 millones de dólares anuales. “Lo que le pedimos a este gobierno o al que venga tras las elecciones es que se redima en septiembre, en la Conferencia de Reposición de Fondos del Fondo Mundial”, dice Vanessa López. Como ejemplo, Italia que también anuló sus contribuciones y ha vuelto a destinar recursos a esta partida.

Antes, en julio, tendrá lugar la Conferencia Internacional del Sida, que se celebra cada dos años. Otra oportunidad para participar en la estrategia mundial contra el VIH. Los pasados años en la lucha contra el sida han demostrado que algunas apuestas e inversiones funcionan: las condiciones de vida de las personas contagiadas mejora, han bajado las infecciones, se alarga la vida de los enfermos. Todavía queda muchopor hacer: 1,1 millones de personas murieron en 2015 a causa del virus.

La revolución de la familia

Los hogares están sufriendo una metamorfosis de puertas adentro. Año tras año crecen las familias monoparentales, las homoparentales, las parejas del mismo sexo, las de hecho, los nacimientos extramatrimoniales…

UN REPORTAJE DE MARTA MARTÍNEZ – Domingo, 12 de Junio de 2016

Imagen de una familia paseando por la calle

Imagen de una familia paseando por la calle. Foto: Jose Mari Martínez

ITZIAR decidió ser madre en solitario hace dos años. “Es algo que he tenido claro siempre. Con 33 años me vi preparada y con muchas ganas y se dio la circunstancia de que en esos momentos no tenía pareja, pero no me pareció un obstáculo, así que me puse a ello”, explica esta bilbaina. Un año y medio después nació su hijo, “lo más grande que he hecho nunca”. Itziar, profesora de instituto, es miembro de la Asociación de Madres Solteras por Elección (MSPE), que cuenta con medio centenar de socias en Euskadi. Están organizadas, realizan actividades de ocio con sus hijos “para que las madres compartan sus experiencias y para que los niños jueguen entre ellos y conozcan a otros niños en las mismas circunstancias que ellos”, pero también reclaman su espacio en la sociedad. “Cada vez más mujeres deciden ser madres en solitario y queremos que se nos tenga en cuenta. Este último año nos hemos reunido con partidos políticos para exponerles nuestra situación, porque nos damos cuenta de que ni siquiera se percatan de esta realidad. Están empezando a enterarse de que existimos”, sostiene esta mujer bilbaina.

El número de familias monoparentales crece año tras año; actualmente rozan los dos millones en el Estado español, uno de cada diez hogares. Sin embargo, Itziar se queja de que “todavía no ha calado del todo que los modelos de familia están cambiando y que ya no todo se ajusta a ese patrón de dos adultos y uno, dos o tres niños”. Y pone un ejemplo, “un pequeño detalle que no lo es tanto”: “En los polideportivos no puedo beneficiarme del típico abono familiar, porque contempla la familia como compuesta por dos adultos”.

Itziar sostiene que “el hecho de tener cierta seguridad económica me animó a lanzarme a la aventura”. Cuenta, además, con el apoyo de sus padres para conciliar vida laboral y familiar. Sin embargo, no todos los hogares monoparentales son por elección o no todas las personas que desean tener descendencia en solitario pueden asumir el coste que supone la crianza de un hijo. Y es ahí donde las políticas públicas juegan un papel fundamental. En este sentido, Save the Children alertó el año pasado de que el 38% de los núcleos familiares monoparentales vive por debajo del umbral de la pobreza.

Al igual que las familias monoparentales, crece también el número de hogares homoparentales, las personas que viven solas, las parejas del mismo sexo, las parejas de hecho, los hijos nacidos fuera del matrimonio y las familias reconstituidas -compuestas por dos adultos que forman un nuevo núcleo familiar, en el que uno de los miembros, o los dos, aporta hijos de una relación anterior-. La diversidad gana terreno a lo que hasta hace unos años se consideraba la familia tradicional, es decir, el matrimonio heterosexual con hijos, una metamorfosis que se viene gestando en los hogares desde hace 40 años.

“Todo empieza en los años 70, cuando empieza a haber menos control por parte de la Iglesia. La gente empieza entonces a organizar su vida con criterios propios, empieza a elegir si quiere casarse o no, si quiere tener hijos o no, cuándo los quiere tener, cosas que antes no se elegían porque venían dadas por las normas culturales y sociales. A partir de entonces, ese control empieza a relajarse”, explica Joseba Zalakain, director del SIIS Centro de Documentación y Estudios. Según el sociólogo, las políticas públicas “siempre van por detrás de los cambios”, por lo que su adaptación a esta nueva realidad social es lenta. “Las políticas han respondido con bastante rapidez a los cambios que tienen que ver con derechos civiles como en el caso de las parejas de hecho, las uniones de personas del mismo sexo, pero en el terreno de los derechos sociales han ido más despacio. Probablemente lo que más les ha costado es adaptarse a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, ahí han respondido bastante mal”, explica Zalakain.

MENOS MATRIMONIOS Emili, de 33 años, y Guille, de 41, esperan su primera hija para agosto. Inmersos en los preparativos del parto, la llegada del bebé a sus vidas y los planes para adquirir una vivienda propia, el matrimonio no entra en sus planes. “La opción tradicional de matrimonio no representa lo que somos o lo que son las parejas ahora. Una pareja se supone que se basa en el amor y el apoyo mutuo, dos personas con un proyecto de vida en común, ¿por qué tenemos que jurar nuestro amor eterno ante un ayuntamiento?”, asegura Emili. “Porque de la Iglesia ni hablamos”, aclara.

“Antes, una de las dos personas, tradicionalmente la mujer, dependía económicamente del marido y si no estabas casada con ese señor no te quedaba pensión. Pero a día de hoy la situación ha cambiado. Nosotros trabajamos los dos, tenemos independencia económica y solvencia. Ahora mismo estamos pensando en comprarnos una casa, en cómo va a ser el parto y cómo va a ser nuestra hija, está tan claro que Guille y yo somos pareja… ¿De verdad tengo que demostrarlo?”, reflexiona. “Puede que el matrimonio esté en desuso y que actualmente haya otra manera de unirse. Además, que no es tan sencillo, no es cosa de un día. Tienes que elegir fecha en el ayuntamiento, y a ver para cuándo te dan, tienes que llevar testigos y tienes que pagar”, continúa. Emili aboga por simplificar las cosas: “A mí me vale con firmar en un registro, más que nada para tener derechos sobre él en caso de que le pasara algo y al revés”.

Las cifras corroboran que esta opinión está en auge. Así, de los 17.000 matrimonios anuales que tenían lugar en 1975 en Euskadi, se pasó a 10.000 apenas seis años después. Actualmente, la cifra se sitúa en 7.500. De ellos, además, una aplastante mayoría, el 76,5% son civiles. El número de matrimonios decrece cada año, mientras que aumenta el de parejas de hecho. Los hijos extramatrimoniales también son una tendencia al alza. En Euskadi representan cuatro de cada diez nacimientos anuales.

Otra realidad que ha cambiado con el paso del tiempo es el de la maternidad. Hoy en día, la media de edad en que las mujeres tienen hijos en Euskadi está en 32,6 años. Asimismo, la tasa de fecundidad de la población vasca se sitúa en 1,38 hijos. “Se ha producido un retraso en la emancipación y esto ha dado lugar a un retraso en la edad de tener hijos. Y cuanto más tarde empiezas con el primer hijo más difícil es tener dos o tres”, explica Zalakain. Las estadísticas señalan que el número de hogares aumentó el año pasado, pero su tamaño se redujo una vez más. En Euskadi, los hogares están compuestos por una media de 2,39 personas, por debajo de la estatal (2,51).

FAMILIAS RECONSTITUIDAS Otro de los tipos contemporáneos de hogares es el de las familias reconstituidas. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 2,3 millones de personas en el Estado español son separadas o divorciadas -en 2014, se produjeron siete rupturas por cada diez matrimonios-. Asimismo, en diez años (2001-2011), los núcleos reconstituidos con hijos menores de 18 años aumentaron en el Estado más de tres puntos porcentuales y ahora representan el 7,4% del total de las parejas.

La versión más habitual de familia reconstituida es la conformada por una mujer que aporta en exclusiva los hijos al nuevo hogar -el 71%-, mientras que en el 25,6% de los hogares reconstituidos son del hombre en exclusiva. Las familias en las que los dos miembros de la pareja han aportado hijos propios suponen el 3,4%. Los sociólogos denuncian la invisibilidad estadística de estas nuevas familias, que influye en su escaso reconocimiento. Cada vez más, señalan, los hijos comparten temporalmente dos hogares reconstituidos a su vez, en una fórmula que llaman “familia constelación” y que resulta indetectable en el censo dada la imposibilidad de inscribir a un menor en dos hogares.

Advertir contra el “imperio gay” es libertad de expresión de Cañizares, según la Conferencia Episcopal

“Hay que reivindicar el derecho de todos los ciudadanos a poder expresar lo que opinan”, según el vicesecretario de Asuntos Económicos

El arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares

Antonio Cañizares, arzobispo de València EFE

El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y presidente del grupo COPE, Fernando Giménez Barriocanal, ha reivindicado el derecho a la libertad de expresión de todos los ciudadanos en relación a las palabras del arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, que advertían del “imperio gay”.

Así se ha manifestado Barriocanal al responder a la pregunta de si teme que declaraciones como las de Cañizares contra el “imperio gay” y los movimientos feministas y por preguntarse si los refugiados  “eran trigo limpio” puedan condicionar a los contribuyentes españoles a la hora de marcar la casilla de la Iglesia católica a la hora de hacer la declaración de la renta.

“Hay que reconocer la libertad expresión de todo el mundo y a partir de ahí cada uno hace sus composiciones de lugar, creo que hay que reivindicar el derecho de todos los ciudadanos a poder expresar lo que opinan”, ha subrayado durante la rueda de prensa de presentación de la Memoria de actividades de la Iglesia católica.

Ha reconocido que cada contribuyente “hace su juicio de valor” y ha agradecido la generosidad de los 7,3 millones de contribuyentes que marcaron la casilla de la Iglesia en 2014.

No obstante no todos comparten este mismo punto de vista, especialmente los colectivos objetivo de críticas del purpurado. Así el colectivo LGTB Lambda presentó la semana pasada una denuncia contra el arzobispo Cañizares en la Fiscalía por “odio y homofobia”. Por su parte la  Red Española del Refugiado también emprendió acciones legales contra el obispo por sus declaraciones de tinte xenófobo.

La condena de ser gay… también en Senegal

Un proyecto de ley impulsado por una asociación islámica pretende endurecer aún más la persecución que ya sufren los homosexuales

Fatou Sow y Djamil Bangoura

Fatou Sow y Djamil Bangoura. JOSÉ NARANJO

“Estamos peor, mucho peor que antes”. Djamil Bangoura, presidente de la asociación senegalesa de defensa de los homosexuales Prudence, no tiene ninguna duda. Senegal es un país que destaca en el contexto africano por su sólida democracia, así como por su hospitalidad, tolerancia, pacifismo y respeto de los Derechos Humanos, con ejemplos significativos como el reciente juicio contra el ex dictador chadiano Hissène Habré. Sin embargo, en lo que atañe a la homosexualidad las noticias no son buenas: intentos de linchamiento, estigma, agresiones o penas de prisión siguen siendo moneda corriente para los gays y lesbianas en un país en el que, aunque ya existe una disposición legal que penaliza los “actos contra natura”, está sobre la mesa un proyecto de ley para prohibir el hecho de ser homosexual.

El pasado 24 de diciembre de 2015 una pareja gay decidió celebrar una boda (no permitida por la ley) en un colegio de Kaolack, para lo que invitaron a sus amigos venidos de distintos puntos del país. “Sobre las dos de la madrugada irrumpió la policía”, relata Cherif Ndiaye, presidente de la asociación Alerte Action de lucha contra el sida de Kaolack, “había más de cuarenta personas presentes en el lugar pero solo pudieron detener a once”. Al día siguiente, tras correrse la noticia, decenas de personas enfurecidas se congregaron delante del cuartel de Policía con la intención de linchar a los jóvenes. Sin embargo, en una controvertida decisión, las autoridades decidieron ponerles en la calle asegurando que no habían cometido ningún delito.

La liberación se produjo en un lugar apartado a cinco kilómetros de la ciudad por temor a la reacción popular. Aún así, los jóvenes han tenido que huir de la ciudad, unos a Dakar y otros incluso al extranjero, dejando atrás sus vidas y sus puestos de trabajo. La tienda de la familia de uno de los jóvenes fue saqueada y quemada y la habitación en la que residía otro, totalmente arrasada. “La policía grabó un vídeo con sus rostros y llegó a las redes sociales, con lo cual ya estaban señalados. Lo peor es que durante las semanas posteriores hubo agresiones y amenazas a homosexuales por todas partes, porque en cuanto sale algo así en los medios de comunicación todos estamos en peligro”, añade Bangoura.

En otro nivel, las iras se dirigieron contra el fiscal que decidió no inculpar a los once jóvenes así como contra el ministro senegalés de Justicia, Sidiki Kaba, quien destacó que la ley senegalesa no persigue a los homosexuales por el hecho de serlo, sino las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo (artículo 319 del Código Penal que prevé penas de cárcel de entre uno y cinco años así como una multa de hasta 2.300 euros). Tras estas declaraciones, la asociación islámica Jamra, muy presente como parte de un lobby de presión homófobo desde hace años en Senegal, ha decidido dar un paso más allá y promover una ley contra la homosexualidad como tal.

El pasado 8 de mayo, a instancias de Imam Massamba Diop, el mediático líder de Jamra, el diputado Mberry Sylla, miembro de la Alianza por la República (APR), el partido en el poder, presentaba un proyecto de ley para prohibir la homosexualidad. Y al menos 80 diputados de distinta ideología y adscripción política han firmado ya a favor de esta iniciativa. El Gobierno senegalés se encuentra entre la espada y la pared de unos acuerdos internacionales de respeto a los Derechos Humanos y una sociedad en la que la homosexualidad se percibe como algo satánico, de lo que casi ni se puede discutir con sosiego, así que sabe que manifestarse claramente en contra de esta iniciativa puede suponerle un enorme desgaste interno. “Si se aprueba esta ley será una catástrofe para nosotros”, asegura Bangoura.

El debate está presente en la sociedad senegalesa desde hace años, aunque muchos que piensan “allá ellos” y que se muestran más tolerantes con la sexualidad de los gays, “siempre que sea en privado”, no hablan demasiado por temor. Durante la campaña electoral de 2012, el actual presidente Macky Sall se vio obligado a desmentir públicamente que pretendiera despenalizar la homosexualidad tras una virulenta campaña que le vinculaba a “lobbys pro gay”. De no haberlo hecho seguramente no habría ganado las elecciones. En 2013, durante la visita del presidente Barack Obama a Dakar los periodistas estadounidenses le volvieron a preguntar. Y Macky Sall dijo su famosa frase de que “la sociedad senegalesa no está preparada” para esa hipotética despenalización.

Más aún. Durante el reciente referéndum constitucional del pasado 20 de marzo, los partidarios del no aseguraron que la reforma de la Carta Magna escondía un intento de legalizar la homosexualidad, lo que no era cierto, e incluso algunos se negaron a votar alegando que las papeletas eran rosas. “Cada vez que hay una cita con las urnas sufrimos”, añade el presidente de la asociación de homosexuales Prudence, “los políticos usan la homofobia para ganar votos o para criticar a su rival”. Los medios de comunicación tampoco contribuyen a calmar las cosas. “Amplifican el mensaje de quienes quieren arrojarnos piedras porque piensan que eso les da lectores, cada vez que sacan el tema venden todos los ejemplares”.

Fatou Sow es presidenta de la asociación Kiraay que pretende dar protección y cobijo a las lesbianas senegalesas. Obligada a casarse cuando apenas era una niña y por fin divorciada, hoy oculta su verdadera identidad sexual de las miradas indiscretas. “Efectivamente, Senegal ha firmado acuerdos internacionales, pero el sistema de Naciones Unidas no ejerce la suficiente presión para que se respeten dichos compromisos”, explica. Jolie Niang, también miembro de Kiraay, fue violada y se quedó embarazada cuando era adolescente. “Yo solo quería estar con chicas, nunca me gustaron los hombres. Tenía una novia, pero mi madre se enteró y me echó de casa. Ahora no tengo domicilio fijo, voy de un piso a otro allí donde me dan acogida”, asegura.

Hace unos meses, decenas de estudiantes de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar grabaron en vídeo cómo agredían y humillaban a un joven al que acusaban de haber intentado ligar con otro chico en un vestuario. “A los homosexuales hay que apedrearlos hasta la muerte”, asegura Moustapha, un joven profesor de español que recuerda el día en que junto a un grupo de amigos desenterró el cadáver de un gay que había muerto de sida y lo arrojó a un vertedero. “Esas personas no deben compartir espacio sagrado con el resto de los ciudadanos. Están malditos, incluso pisar donde pisan da tres años de mala suerte”, añade.

Y, sin embargo, no siempre fue así. “La homosexualidad no es algo nuevo. Recuerdo cuando era pequeña la presencia de los gordjiguene (hombre-mujer, en wolof) en las casas. Estaban con las mujeres, cocinaban, participaban incluso en las ceremonias. Nadie les pegaba, no había problemas con ellos”, asegura Fatou Sow. Para Djamil Bangoura, el incremento de la homofobia tiene que ver con dos aspectos, la penetración del radicalismo religioso y las nuevas tecnologías. “Antes no estaba en la cabeza de la mayoría de la población que dos hombres pudieran tener sexo entre ellos y losgordjiguene eran tolerados, incluso como algo simpático. Pero desde hace unos quince años con la llegada de Internet muchos han visto fotos en páginas porno de lo que puede ocurrir entre dos hombres y ha surgido un mayor rechazo”, explica.

Senegal es sólo una muestra del incremento de la homofobia en el continente africano, algo que ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional. Pero incluso así no es el peor rincón de África para ser gay o lesbiana. En países como Mauritania, Gambia, Sudán o Somalia existe pena de muerte y en otros como Uganda, Nigeria o Liberia la legislación se ha endurecido en los últimos años. Esta tónica general sólo se rompe en países como Sudáfrica, donde, a pesar de que se siguen produciendo agresiones homófobas, es el único estado africano que permite las uniones gays, mientras en otros lugares como Cabo Verde, Isla Mauricio o Seychelles se percibe una mayor tolerancia.

Para Djamil Bangoura y Fatou Sow, que pertenecen a asociaciones legales bajo la cobertura de la lucha contra el sida y la exclusión social, la lucha contra la homofobia pasa por la visibilidad pese a los riesgos que esto conlleva. “En Senegal tiene mucho peso la religión, pero Macky Sall es el presidente de todos los senegaleses y, por tanto, debe defender también a las minorías”, dice Bangoura. “Sabemos que no veremos un cambio de la situación con nuestros ojos, quizás nuestros hijos o nietos sí, pero no vamos a arrojar la toalla. Merecemos poder salir a la calle sin miedo”, remata Sow. Ambos activistas estarán durante unos días de gira por España para recabar apoyos y tejer una red de solidaridad internacional. Saben que el camino es largo y que está lleno de espinas.