Dos obispos atacan la ley madrileña contra la LGTBfobia: “Se halla en contradicción con la moral natural”
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Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares y López de Andújar, de Getafe, atacan la ley contra la LGTBfobia de Madrid que, en su opinión, agrava “la confusión” que “sufren” algunas personas “sobre su propia identidad”
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Ambos fueron denunciados en abril por el Observatorio Español contra la LGTBfobia por afirmar que la Ley de Transexualidad madrileña “retuerce la naturaleza humana”
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“Hay que ser hipócrita para hablar sobre imposición de ideologías cuando la Iglesia Católica lleva dos milenios imponiendo la suya”, afirma Paco Ramírez, presidente del observatorio
Los obispos de los municipios madrileños de Alcalá de Henares y Getafe, Juan Antonio Reig Pla y Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo, han vuelto a la carga. Su nuevo objetivo es la Ley de protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género,aprobada por unanimidad el pasado 14 de julio en la Asamblea de Madrid. “Inspirada en una antropología no adecuada que niega la diferencia sexual varón-mujer […] esta ley se haya en contradicción con la moral natural, acorde con la recta razón”, afirman en una nota hecha pública este lunes.
Los dos ya suscribieron una carta tras la aprobación en marzo de la madrileña Ley de Transexualidad en la que concluían que la libre determinación de la identidad de género es un “supuesto derecho” y afirmaban que esta legislación “pretende abolir cualquier norma moral” y “retuerce la naturaleza humana”. Palabras por las que fueron denunciados por el Observatorio Español contra la LGTBfobia por considerar que constituyen un supuesto delito de incitación al odio.
El colectivo ha vuelto a reaccionar y ha puesto en conocimiento de la Fiscalía especializada en delitos de odio la nota titulada “Tiempo de sanación, no de lamentaciones” publicada en la página web del Obispado de Alcalá de Henares. En ella, ambos obispos aseguran que la ley agrava “la confusión” que “sufren” algunas personas “sobre su propia identidad”, a las que califica de “víctimas reales de nuestra cultura del relativismo”.
“Este nuevo discurso vuelve a destilar odio y humillación contra las personas LGTB”, asegura Paco Ramírez, presidente del observatorio en un comunicado. El colectivo destaca otras de las referencias de la misiva como que la norma que pretende proteger al colectivo LGTBI impone una “ideología de género” y “un pensamiento único que anula la libertad y el coraje de buscar la verdad de la persona humana”.
“Hay que ser hipócrita para hablar sobre imposición de ideologías cuando la Iglesia Católica lleva dos milenios imponiendo la suya”, responde Ramírez, que insiste en que “hablan de un pensamiento único cuando eso es precisamente lo que imponen con su visión fundamentalista de la moral católica, sin abrirse a sus propios feligreses y encontrándose lejos de la inmensa mayoría de la sociedad española”, concluye.
Los obispos de Alcalá y Getafe consideran que la ley es “un atentado a la libertad de expresión, a la libertad de cátedra, a la libertad de los científicos y profesionales en la búsqueda de la verdad, y a la libertad de las personas para orientar su vida o para pedir ayuda, incluso religiosa, en aquello que crean necesitar”. Además, sostienen que constituye “un ataque y censura al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias creencias y convicciones”.
Para finalizar hacen un llamamiento para “promover una acción conjunta de las familias y de las asociaciones católicas” con el objetivo, dicen, de “defender la libertad religiosa y de conciencia, la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus propias creencias y convicciones, la libertad de enseñanza y los demás derechos fundamentales que, creemos, se conculcan gravemente en esta Ley”.
La norma, impulsada por el Gobierno regional (PP) y modificada a través de 138 enmiendas de la oposición a partir de las demandas de diferentes colectivos, contempla entre sus medidas obligar a los centros educativos al tratamiento específico de la diversidad sexual en las aulas. También la creación de un Consejo LGTBI que permita la participación de las entidades de la sociedad civil en las políticas públicas referidas a esta materia.