La Guardia Civil impide que una agente lesbiana sea condecorada

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A Vanesa Fraga, que intentó suicidarse por el acoso homófobo que sufría tras casarse, se le concedió una medalla por su actuación en un accidente de rally, pero sus mandos han frenado el proceso, forzando que la distinción recaiga en su general

Palmarés final del Rally de Carral, en el que en el lugar de Vanesa Fraga, aparece su general como ganador de la Mención especial.

Palmarés final del Rally de Carral, en el que en el lugar de Vanesa Fraga, aparece su general como ganador de la Mención especial.

MADRID.- El 5 de septiembre de 2015 uno de los vehículos participantes en el Rally de Carral (Galicia) se salió del recorrido, atropellando a más de una veintena de personas. Siete de ellas murieron, incluyendo dos niñas y una mujer embarazada de nueve meses. Pese a la magnitud de la tragedia, ésta pudo ser aún mayor de no ser por la actuación de las fuerzas de seguridad y los servicios de asistencia, que lograron que 16 personas heridas de gravedad fueran trasladadas rápidamente al hospital.

Una de las que ayudaron a las víctimas fue la agente de la guardia civil Vanesa Fraga. Su actuación en el accidente le valió ser propuesta para recibir una mención especial de la Federación Gallega de Automovilismo, que le fue concedida. Sin embargo, Vanesa no recibirá dicha medalla.

En diciembre de 2015 Vanesa denunció en Twitter que estaba siendo sometida a un acoso insoportable en el cuerpo por su condición de homosexual. La agente se había casado recientemente con su mujer, mudándose a un pabellón de su cuartel que habían reformado. El 8 de diciembre Vanesa no aguantó más la presión y se pegó un tiro en el pecho. Sobrevivió.

Palmarés de la Mención especial del Rallie de Carral, concedida por la Federación Gallega de Automovilismo, en el que aparece concedida a Vanesa.

Palmarés de la Mención especial del Rallie de Carral, concedida por la Federación Gallega de Automovilismo, en el que aparece concedida a Vanesa.

Sus denuncias por el acoso homófobo que sufrió y su presencia en la prensa debido a su intento de suicidio no han rebajado la presión que sufre por parte del cuerpo. Más bien al contrario: los altos mandos de al guardia civil intentan transformar su carrera y hacerla pasar por una mala agente.

Prueba de ello son las presiones a los organizadores del Rally de Carral, para que le retiraran la condecoración que iba a recibir por su actuación en el accidente que tuvo lugar el año anterior. La organización había llegado a publicar la lista oficial de ganadores de la mención, que incluía a Vanesa.

Sin embargo, la Guardia Civil ha forzado que la medalla recaiga sobre un superior, en concreto el general José Feliz Cadenas. Este alto mando ni siquiera estaba presente en el accidente, pero recibirá la mención Presidente, que se entregará el próximo 13 de febrero.

Una condecoración de la Guardia Civil, también olvidada

El equipo médico del Rally de Carras, Team Medical Sport, también hizo un esfuerzo para que Fraga fuera reconocida por la ayuda que prestó en la crisis que generó el accidente. Por ello, envió un comunicado a la Comandancia de la Guardia Civil para que otorgara a la agente algún tipo de mención honorífica.

Durante la convalecencia de Vanesa en la UCI tras su intento de suicidio, algunos altos mandos de la Guardia Civil transmitieron a su familia su intención de concederle también la medalla que había sido propuesta por Team Medical Sport. Sin embargo. esa voluntad también ha caído en saco roto.

Lanza ONU sellos postales para promover derechos de comunidad LGBT

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Publicado en El Siglo de Torreón

La ONU pondrá a la venta a partir de este viernes una serie de sellos postales que, por primera vez, promoverá la defensa de los derechos de la comunidad LGBT y celebrará la diversidad sexual.

Los dibujos de los sellos son obra del artista Sergio Baradat, uno de los diseñadores de la UNPA

La serie, que fue lanzada hoy en la sede central de la ONU en un acto al que participaron embajadores y altos funcionarios de Naciones Unidas, utiliza el lema “Libres e Iguales”, el mismo de una campaña que viene promocionando Naciones Unidas.

La idea es, según la ONU, “despertar globalmente la conciencia frente a la violencia homofóbica y transfóbica y frente a la discriminación”.

La serie, con seis diseños, son puestos a la venta por la Administración Postal de la ONU (UNPA, en inglés), que vende sellos en dólares, en francos suizos y en euros, con equivalencias de acuerdo con los valores en la divisa estadounidense.

Los dibujos de los sellos son obra del artista Sergio Baradat, uno de los diseñadores de la UNPA.

Barcelona impedirá oficiar matrimonios a concejales que se opongan a casar a parejas del mismo sexo

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La concejala de ciclo de vida, feminismos y LGTBI, Laura Pérez

La concejala de ciclo de vida, feminismos y LGTBI, Laura Pérez EFE

El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido que los concejales que expresan su objeción a casar a parejas del mismo sexo no puedan celebrar ningún tipo de boda. La decisión, anunciada este jueves por la concejala de Ciclo de Vida, Feminismos y LGTBI, Laura Pérez, y comunicada el lunes de la semana pasada a los concejales por la alcaldesa Ada Colau, responde a una situación producida en el año 2014. El entonces concejal del PP Óscar Ramírez se negó a casar a una pareja de mujeres. El caso llegó al Síndic de Greuges que lo consideró una violación de sus derechos.

El Consejo LGTBI de la ciudad llegó a la misma conclusión que el Síndic: que “la objeción de conciencia ante la celebración de un matrimonio de personas del mismo sexo constituye una vulneración de los derechos de los colectivos LGTBI”. Por eso la alcaldesa, que es quien delega la potestad de oficiar ceremonias de matrimonio, la retirará a aquellos concejales que manifiesten objeción a casar a parejas del mismo sexo para garantizar los derechos de este colectivo.

Este jueves se ha reunido el Consejo LGTBI para constituir un grupo de trabajo de la aplicación de la ley contra la LGTBIfòbia aprobada la pasada legislatura en el Parlament. “Hay que acompañar a las entidades que han trabajado para que se aprobara esta ley”, ha remarcado Laura Pérez, que ha explicado que actualmente están analizando desde el ayuntamiento el trabajo realizado en este sentido por el gobierno Trias y haciendo formación específica a los trabajadores municipales.

Impulso al Centro municipal de recursos LGTBI

El Ayuntamiento ha decidido destinar un local de 1.314 metros cuadrados para ubicar el Centro Municipal de Recursos LGTBI en respuesta a las medidas recogidas en el Plan Municipal LGTB 2010-2015. El proyecto se ha trabajado con el Casal Lambda, el Frente de Liberación Gay de Catalunya (FAGC), la Asociación de Padres y Madres de Gays, Lesbianas y Transexuales (AMPGIL), la Asociación de Familias Lesbianas y Gays, y Gays Positius, y ahora se abre a un proceso participativo.

Madrazo se desliga de la gestión de su exsubordinado en Bizkaia

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Gonzalo Casal, principal acusado en la causa de la Cámara de la Propiedad, apela a su inocencia

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BILBAO – Javier Madrazo, exconsejero vasco de Vivienda y Asuntos Sociales, aseguró ayer ante la Sección Segunda de la Audiencia de Bizkaia desconocer las supuestas irregularidades cometidas por el ex delegado territorial de Bizkaia de Vivienda, José María Gonzalo Casal, cuando en febrero de 2006 fue designado para liquidar la Cámara de la Propiedad Urbana de este territorio. En el juicio iniciado ayer, la fiscalía acusa a Gonzalo Casal de malversación de fondos al atribuirle el gasto de 1,5 millones de euros en obras realizadas en la sede de la Cámara, en la calle Henao de la capital vizcaina, cuando su cometido era liquidar dicha sociedad. Asimismo, se le acusa de contratación de personal y de desviar fondos de la Cámara de la Propiedad para la financiación de la película Ander. Junto a Gonzalo Casal se sentó también en el banquillo de los acusados Jon Alonso Hornes, contable contratado por Gonzalo Casal, a quien se le acusa de apropiarse de 106.000 euros. Para Gonzalo Casal hay una petición fiscal 5 años y 9 meses de prisión, además de 9 años y medio de inhabilitación absoluta, mientras que Alonso Hornes se enfrenta a una pena de 4 años y 9 meses de cárcel y 9 años de inhabilitación absoluta.

En su declaración en calidad de testigo de la acusación, Madrazo aseguró que encomendó esta tarea a Gonzalo Casal en función de la “profesionalidad y eficacia” que había demostrado como delegado territorial de Vivienda. El exconsejero aseguró que no era su cometido estar al tanto de las obras realizadas en la sede de la Cámara de la Propiedad, así como de la contratación de personal, pero dejó claro que sí era consciente del mal estado en el que se encontraba el edificio, así como del “déficit de personal con el que debía enfrentarse”. No obstante, aseguró que en su función como consejero de Vivienda no constaba el estar al corriente de las obras.

Con respecto a la película Ander, Madrazo reconoció que había un acuerdo entre el Gobierno vasco y la asociación sin ánimo de lucro Aukeratu para la financiación del filme, y que su departamento aportó 60.000 euros para la financiación de la película, pero desconocía si se habían desviado fondos de la Cámara para este fin o que José María Gonzalo Casal figurara como productor ejecutivo de la película y que Jon Alonso fuera el ayudante de producción. Además, afirmó que en lo relacionado a fondos, patrimonio y personal, Gonzalo no rendía cuentas a su departamento sino a Hacienda, área que, según afirmó, “me consta que estaba informada”.

OBRAS NECESARIAS El principal acusado, Gonzalo Casal, negó todas las acusaciones que pesan sobre su persona. Con respecto a la contratación de Jon Alonso como contable, aseguró que cuando le encomendaron la labor de liquidar la Cámara de la Propiedad se encontró con una total falta de personal para acometer esta labor. Afirmó, asimismo, que conocía a Alonso Hornes “solo de vista” y tras entrevistarse con él le contrató primero para un periodo de pruebas y más tarde, una vez superado este periodo, para ejercer las labores de contable. A este respecto, al de contratación de personal de forma directa y sin publicidad, aseguró que la Cámara era una entidad privada y que, por tanto, no estaba sometida a un régimen de contratación pública.

Gonzalo Casal aseguró en su declaración que esperaba que el cometido que le habían encomendado, la liquidación de la Cámara de la Propiedad, se llevara a cabo en un breve periodo de tiempo, lo que sí ocurrió con las cámaras de Gipuzkoa y Araba, cuyo proceso de liquidación se acometió con diligencia, pero causas ajenas a su voluntad retrasaron el proceso en Bizkaia. Con respecto a las obras, aseguró que fueron “necesarias” porque en el edificio “había cables por el suelo, no disponía de medidas de seguridad ni de accesibilidad, ni casi de instalación para internet, a lo que había que añadir que el inmueble está considerado patrimonio cultural y hubo que restaurar algunos elementos”. Sobre la película Ander, Gonzalo Casal explicó que era un encargo del Gobierno vasco y que únicamente “se adelantó una cantidad” hasta que se cobraran las aportaciones de las distintas administraciones.

UN MANDADO Por su parte, el otro acusado, Jon Alonso Hornes, aseguró en todo momento que él era un simple mandado que cumplía las órdenes de Gonzalo Casal, quien dijo que era el que manejaba todos los pagos y gastos. En su declaración, reconoció que ejercía labores de contable tanto para la Cámara de la Propiedad como para Aukeratu y por ello recibía una remuneración extra.

Así, según afirmó, Gonzalo Casal le abonó diversos ingresos, aparte de la nómina, al considerar que realizaba “trabajo extra sin remunerar”. Alonso reconoció haber recibido 106.000 euros, de los que afirmó que había devuelto la mitad. “Se lo comenté a una amiga y me dijo que no era normal los ingresos que me estaban dando, me pareció que la cosa se estaba desmadrando y devolví la mitad del dinero que me habían pagado de más, porque el resto ya me lo había gastado”, afirmó.

Acusan al delegado de Vivienda con Madrazo de repartir pisos por amiguismo

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El juicio contra Txema Gonzalo y Jon Alonso por su gestión en la Cámara de la Propiedad descubre una supuesta red de complicidades políticas, personales y económicas

Txema Gonzalo y Jon Alonso, ayer, en la sala de vistas

Txema Gonzalo y Jon Alonso, ayer, en la sala de vistas. / I. PÉREZ

El exportavoz de Ezker Batua (EB), Serafín Llamas, vivió durante una larga temporada de manera presuntamente irregular en uno de los pisos de la extinta Cámara de la Propiedad en Bilbao, que fue rehabilitado y amueblado con fondos del organismo a pesar de que en ese momento se encontraba ya en proceso de liquidación. ¿Por qué vivía en un edificio que había pasado a ser de titularidad pública? «Porque se había separado recientemente» de su pareja, el hermano de Txema Gonzalo, que era el exdelegado territorial de Vivienda en Bizkaia en la época en la que Javier Madrazo dirigía ese departamento, su compañero de filas en EB y, en último término, la persona que había recibido el encargo de liquidar la Cámara de la Propiedad Urbana de Bizkaia como corporación de derecho público -proceso iniciado en febrero de 2006- para integrar sus bienes en la Administración.

Esta fue una de las principales revelaciones que dejó ayer el inicio del juicio que se sigue en la Sección Segunda de la Audiencia de Bizkaia contra el propio Txema Gonzalo y contra Jon Alonso -un trabajador contratado por el primero- a raíz de las numerosas irregularidades de gestión detectadas por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP). Los testimonios recabados en la vista pública de ayer dejaron al descubierto una supuesta red de complicidades de carácter personal, político y económico que se tejieron al calor del proceso de liquidación de la Cámara y que fue la base de las supuestas irregularidades que se juzgan ahora.

La Fiscalía pide para Gonzalo 5 años y 9 meses de prisión -además de una inhabilitación absoluta por 9,5 años- por unos supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. En el caso de Alonso, que fue contratado como contable, el Ministerio Público pide 4 años y 9 meses de prisión -y 8 años de inhabilitación absoluta- por cooperación en la malversación.

Según la auditoría del Tribunal de Cuentas -adelantada por EL CORREO-, durante el proceso de liquidación se gastaron 4,3 millones de euros. Según sus cálculos, no deberían haberse desembolsado más de 1,7 millones ya que, sobre el papel, su función debía limitarse a realizar la gestiones oportunas para que el patrimonio de la entidad pasase directamente a engrosar las arcas de la Hacienda vasca. Sin embargo, durante su gestión se realizaron contrataciones sin respetar las normas de la función pública y se aprobaron «multitud de gastos e inversiones» que ahora, diez años después, han llevado a Gonzalo y Alonso al banquillo de los acusados. Entre los numerosos gastos que la acusación considera «ajenos al proceso de liquidación» se encuentran los 1,7 millones desembolsados para «rehabilitar» y «amueblar» un edificio de la calle Henao de Bilbao, el convenio suscrito con la asociación Aukeratu para financiar la película de temática gay ‘Ander’, un viaje a un festival de cine a Montevideo y la contratación de una agencia de detectives.

En este contexto, la declaración de Jon Alonso supuso un auténtico vuelco en el proceso. El extrabajador, que conocía de «vista» a Gonzalo, confesó haber cometido diversas irregularidades. Admitió que percibió en su cuenta corriente 106.000 euros de los fondos de la Cámara al margen de su nómina, que rondaba los 1.500 euros netos. Según dijo, estos pagos fueron autorizados por Gonzalo por los trabajos contables que realizó para Hegoak -una organización sin ánimo de lucro que trabaja por los gays y lesbianas-, para Aukeratu -la entidad que recibió el encargo de gestionar Berdindu, el servicio del Departamento vasco de Asuntos Sociales de apoyo a los homosexuales- y para la película ‘Ander’. El imputado aseguró que, «cuando las cosas empezaron a desmadrarse», pidió consejo a una amiga, que le dijo que aquellos pagos eran una «bomba», que eran «ilegales». Y decidió reintegrar a la Cámara «lo que tenía» en ese momento: unos 53.000 euros.

Desde Uruguay a Miribilla

El declarante aseguró que Gonzalo era quien «decidía todo» y el único que tenía «firma» para autorizar los pagos. También le responsabilizó de las contrataciones de personal de «amigos del partido» (EB) para trabajar en la Cámara. A preguntas de las acusaciones, Alonso confesó que Serafín Llamas residía en una de las viviendas y aseguró que Gonzalo invitó a venir a Bilbao a un ciudadano uruguayo con doble nacionalidad -J. A. García Casal- para trabajar en Berdindu y vivir en un piso del Gobierno vasco en el barrio de Miribilla. Las facturas de esta vivienda pública -dijo- también se abonaban con cargo a los fondos de la extinta Cámara de la Propiedad. Y afirmó que Madrazo «estaba al tanto» de lo que ocurría en la entidad.

Las confesiones de Alonso fueron de tal calibre que el letrado de Gonzalo preguntó si había llegado a algún pacto con las acusaciones para rebajar la pena. Txema Gonzalo, por su parte, aseguró que las obras en el inmueble fueron «totalmente necesarias» por las carencias que sufría y por la necesidad de trasladar allí parte de los servicios públicos que ofrecía su departamento. También dijo que envió un informe sobre la remodelación al Departamento de Hacienda -entonces dirigido por Idoia Zenarruzabeitia (PNV)- y que «en ningún momento se le notificó» que hubiera irregularidades. Sobre el hecho de que se fichase a seis personas «de forma directa y sin publicidad», el imputado aseguró que la Cámara era una entidad privada y, por tanto, no estaba sometida a las leyes de contratación pública. Además, aseguró desconocer cómo llegaron los 106.000 euros a la cuenta bancaria de Alonso y deslizó la responsabilidad sobre el otro imputado. Las declaraciones se retomarán el viernes.

Madrazo asegura que su exdelegado no debía informarle sobre las obras en la Cámara

El exconsejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, Javier Madrazo, insistió ayer en que Txema Gonzalo no le tenía que dar cuenta sobre los temas relacionados con los «fondos, patrimonio y personal» del proceso de liquidación, aunque sí conocía las obras de remodelación del edificio. Eso era -dijo- responsabilidad del Departamento de Hacienda. Madrazo explicó que sufrían «problemas por falta de personal» y dijo desconocer que se habían repartido pisos de forma irregular.

Autorizan a una niña transexual de 4 años cambiar de nombre

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A partir de ahora constará como Lucía. Se trata del primer caso en Gipuzkoa y del segundo en la Comunidad Autónoma Vasca.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Tolosa ha autorizado el cambio de nombre a una niña de cuatro años transexual registrado a partir de ahora como Lucía. Se trata del segundo caso en el País Vasco, después de que en 2013 se aprobara otra petición en un Juzgado de Vitoria-Gasteiz.

En un comunicado, la asociación de familias de menores transexuales Chrysalis Euskal Herria ha indicado que el juzgado ha autorizado la petición de cambio de nombre para esta niña transexual de cuatro años, en la línea de un auto de 2013 que autorizaba a otra menor alavesa a cambiar su nombre registral por su nombre femenino de uso habitual.

“A Lucía sus padres le pusieron erróneamente un nombre masculino atendiendo a sus genitales, pero ella en el momento que pudo expresarse comenzó a manifestar que era una niña”, ha explicado.

Las mismas fuentes han indicado que desde el 28 de octubre de 2015 el nombre en su documentación corresponde a su sexo sentido, al nombre que usa habitualmente desde los tres años.

La asociación ha indicado que en el Estado hay unos “30 autos favorables al cambio de nombre para menores en situación de transexualidad, pero no existe un criterio común y la decisión queda en manos de cada juez”.

“Ya está, ya no volverán a llamarme otra vez Luken”

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Un juzgado de Tolosa autoriza el cambio de nombre a una niña transexual de 5 años

DONOSTIA – Lucía cumplió 5 años el pasado 20 de diciembre, pero su regalo llegó con antelación el 28 de octubre de 2015, cuando un Juzgado de Tolosa le autorizó cambiar su nombre original de Luken por el de Lucía por motivos de transexualidad, convirtiéndose en la primera menor guipuzcoana en lograrlo y la más joven de todo el Estado. “Ella no sabía nada, tampoco sus hermanos, pero cuando se lo dijimos, se echó a llorar y dijo: Ya está, ya no volverán a llamarme otra vez Luken”, recuerda su madre, Abi Labaien.

Para entonces, la pequeña llevaba ya un año viviendo con normalidad bajo el nombre que se correspondía con su verdadera identidad sexual. En la escuela de Asteasu, donde vive la familia, el médico, sus amigos y su familia, todos se dirigían a ella como Lucía, pero todavía había situaciones que escapaban a su control. Por ejemplo, el nombre que aparecía en las recetas, lo que le producía “intranquilidad, a ella y a sus hermanos que no lo terminaban de entender”.

La familia “no tenía intención” de dar el paso para cambiar el nombre del registro civil, ya que Lucía se mostraba satisfecha con el hecho de que se le hubieran adecuado en el perchero de la escuela. Pero, quizá, no era suficiente. “Un amigo nos preguntó qué pasaría en un aeropuerto cuando Lucía apareciera vestida de mujer pero en su carné tuviera la foto de un chico de cuatro años llamado Luken…; y eso nos hizo reflexionar”, recuerda su madre.

Así, decidieron dar el paso el 24 de septiembre sin decir nada a Lucía ni a sus hermanos Bingent, de 7 años; Karan, de 6, y Kerman, de 3. “Al principio, la Fiscalía nos dio una negativa. Nos decía que estaba abierto a estudiar el caso cuando tuviera más edad, pero la resolución pasó a la jueza y estimó que Lucía solo podía desarrollarse en un entorno seguro con su nuevo nombre”, explica Labaien.

Los 15 días que la Fiscalía tenía de plazo para recurrir el auto judicial fueron “eternos” para esta familia asteasuarra, aunque, finalmente, lograron su visto bueno. “Cuando se echó a llorar, ves que sí que le estaba causando cierto sufrimiento, aunque no le afectara en su día a día”, rememora emocionada su madre.

Lucía tuvo que esperar todavía un tiempo para tener en sus manos el nuevo DNI. El 30 de diciembre fue a renovarlo, pero como se trataba de un cambio de nombre, el documento no se expide en el momento, sino que tiene que pasar antes por Madrid. Ya en su manos, cuando la funcionaria le preguntó si quería mantener el antiguo DNI, Lucía respondió rotundamente que no. “Yo lo quería guardar, no sé por qué, pero fue con su padre y como dijo que no, pues allí mismo lo rompieron”, explica Labaien.

EL PROCESO DE CAMBIO Lucía nació con genitales masculinos, pero como detallan sus padres, desde pequeña solía usar cosas de niñas. Al principio, creían que era “un juego”, pero poco a poco Lucía fue expresando de un modo u otro su identidad sexual. “Fue paulatino, pero con tres años y medio comenzó a hablar en castellano para referirse a ella en femenino”, relata su madre. A partir de ahí, decidieron acudir a la Asociación de Familias de Menores Transexuales Chrysallis, donde obtuvieron mucha información que les sirvió de guía para actuar. “Parece ser que la identidad sexual está establecida entre los 2 y los 5 años de edad y no siempre se adecua con los genitales”, reflexiona. Fue entonces cuando a Lucía le surgió una pregunta. “¿Puedo ser una niña con pene?”. A los primeros silencios ante la sorpresa y el no saber qué hacer, le siguieron una respuesta afirmativa y, poco a poco, se fue reafirmando en su identidad. Así, las Navidades de 2014, su hermano mayor le propuso el nombre de Lucía cuando hacían una tormenta de ideas sobre cómo podía llamarse y a ella “le encantó”. Pero ese mismo día, 15 minutos después, su madre trató de comprobar si realmente ese iba a ser el apelativo que debían usar a partir de entonces, pero Lucía respondió: “Bueno, mejor no, que soy una niña con pene”.

Sin embargo, un mes después sorprendió a sus padres cuando les pidió un favor al que no se pudieron negar. “Quiero que vayáis a la escuela y pidáis que me llamen Lucía, que ya estoy preparada para hacer frente a todas las burlas”, repite Labaien las palabras que pronunció en euskera Lucía. “Qué potente tiene que ser el sentimiento para ir a por ello de esa manera, esa es la fuerza que transmite Lucía a todo aquel que está a su alrededor”, admite su madre orgullosa.

Pero la lucha de estos padres no ha terminado. “Sí, en su DNI pone que es Lucía, pero el género sigue siendo masculino”, lamenta Labaien. Tanto los padres de Lucía como la Asociación de Familias de Menores Transexuales Chrysallis reclaman al Estado un cambio regulativo en esta materia.

Los menores transexuales pueden cambiar su nombre pero no su sexo

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A sus cuatro años (hoy cinco), Lucía se ha convertido en la niña más pequeña que consigue cambiarse el nombre en el Registro Civil por transexualidad, después de que una sentencia del juzgado de Tolosa así lo haya reconocido. La menor ha recibido un DNI con el nombre que utiliza habitualmente y es acorde a la identidad sexual que manifiesta.

Sin embargo en el Registro Civil no podrá cambiar el sexo, dado que la actual legislaciónsolo permite tal modificación a los mayores de edad, a los que además exige el cumplimiento de dos requisitos: que exista un informe médico que acredite que existe disforia de género (disonancia entre el sexo morfológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante o el sexo psicosocial), y que la persona solicitante lleve al menos dos años de tratamiento “para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado”.

Según ha informado la Asociación de Familias de Menores TransexualesChrysallis, unos 30 menores han conseguido hasta el momento el cambio de nombre por su condición transexual, y piden cambios legales que permitan también cambiar el sexo en el Registro.

“El cambio de nombre y sexo en la documentación es una herramienta clave para la plena integración en el tejido social, como por ejemplo evitar el acoso escolar por transfobia, evitando situaciones como la de pasar lista con un nombre que no se corresponde con el sexo sentido de la persona“, explica a EL MUNDO Carla Antonelli, diputada del PSOE en la Comunidad de Madrid y activista transexual, y una de las promotoras de la Ley Integral de Transexualidad que actualmente se está tramitando en la Asamblea de Madrid, que, según la parlamentaria, “será la más avanzada de España”.

La legislación andaluza reconoce el derecho de “autodeterminación de género” y permite por ejemplo a los alumnos transexuales usar ropa, aseos y vestuarios acordes a la identidad de género que manifiesten.

Los principales partidos, salvo el PP, contemplan en sus programas electorales la reforma de la Ley 3/2007 para eliminar los requisitos del diagnóstico de disforia de género y los dos años de tratamiento hormonal, además de ampliar los beneficiarios de la misma (por ejemplo, a los menores y a personas extranjeras en sus tarjetas de residencia), así como otras medidas. Esta norma data de 2007 e implicó eliminar el requisito de que hubiera una cirugía de genitales para que las personas transexuales pudieran acceder al cambio de los datos registrales, y fue referencia en el resto de países de habla hispana.

Acusan al delegado de Vivienda con Madrazo de repartir pisos por amiguismo

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El juicio contra Txema Gonzalo y Jon Alonso por su gestión en la Cámara de la Propiedad descubre una supuesta red de complicidades políticas, personales y económicas

Txema Gonzalo y Jon Alonso, ayer, en la sala de vistas

Txema Gonzalo y Jon Alonso, ayer, en la sala de vistas. / I. PÉREZ

El exportavoz de Ezker Batua (EB), Serafín Llamas, vivió durante una larga temporada de manera presuntamente irregular en uno de los pisos de la extinta Cámara de la Propiedad en Bilbao, que fue rehabilitado y amueblado con fondos del organismo a pesar de que en ese momento se encontraba ya en proceso de liquidación. ¿Por qué vivía en un edificio que había pasado a ser de titularidad pública? «Porque se había separado recientemente» de su pareja, el hermano de Txema Gonzalo, que era el exdelegado territorial de Vivienda en Bizkaia en la época en la que Javier Madrazo dirigía ese departamento, su compañero de filas en EB y, en último término, la persona que había recibido el encargo de liquidar la Cámara de la Propiedad Urbana de Bizkaia como corporación de derecho público -proceso iniciado en febrero de 2006- para integrar sus bienes en la Administración.

Esta fue una de las principales revelaciones que dejó ayer el inicio del juicio que se sigue en la Sección Segunda de la Audiencia de Bizkaia contra el propio Txema Gonzalo y contra Jon Alonso -un trabajador contratado por el primero- a raíz de las numerosas irregularidades de gestión detectadas por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP). Los testimonios recabados en la vista pública de ayer dejaron al descubierto una supuesta red de complicidades de carácter personal, político y económico que se tejieron al calor del proceso de liquidación de la Cámara y que fue la base de las supuestas irregularidades que se juzgan ahora.

La Fiscalía pide para Gonzalo 5 años y 9 meses de prisión -además de una inhabilitación absoluta por 9,5 años- por unos supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. En el caso de Alonso, que fue contratado como contable, el Ministerio Público pide 4 años y 9 meses de prisión -y 8 años de inhabilitación absoluta- por cooperación en la malversación.

«Decidles que ya soy Lucía, estoy preparada para que se rían o aguantar lo que sea»

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«Empiezas a ver el día a día y ves que tiene sus inquietudes de niña», afirma el padre de una menor de cuatro años en situación de transexualidad en Gipuzkoa y a la que un juzgado ha autorizado su cambio de nombre

 

Agustín Arandia, padre de una menor de cuatro años en situación de transexualidad al que un Juzgado de Tolosa ha autorizado el cambio de nombre por otro femenino (de Luken a Lucía), ha reconocido que ni él ni su mujer tenían ni idea sobre la transexualidad de su hija cuando ésta manifestó las primeras actitudes, ya que pensaban que esto solo se daba en personas adultas.

«En infancia no lo veías. Aunque nos enteramos luego, cuando nos informamos, de que la sexualidad se fija entre los dos, tres o cuatro años. Ahí se fija, y uno ya se siente niño o niña, hombre o mujer. Y, después, a veces, tiende a dar esa confusión de orientación sexual. Eso ya viene con las hormonas y es cuando se decide si te atrae un tipo de persona u otro, hombre o mujer, pero la identidad sexual a los dos, tres, cuatro años está decidido», ha explicado.

Arandia ha afirmado que su hija, que ha pasado de llamarse Luken a ser Lucía, era una menor normal que empezó a preferir juegos y juguetes femeninos. «Entendíamos que era un juego y no había ningún impedimento, ningún problema. Pero fue curioso cuando empezó a hablar en euskara, en euskera los adjetivos son neutros; y ella se pasó muy rápidamente al castellano, sobre todo para referirse a ella misma, como guapa, alta, lo que sea. Al principio, le correjías, aunque te mosqueabas, y empezamos a pensar que detrás había algo», ha señalado.

«Una niña con pene»

Tras consultar con varias asociaciones, empezó a encajarles «el tema» por las preguntas que hacía y cómo explicaba que se sentía. Finalmente, le plantearon la posibilidad de que igual tenían «una niña con pene». «Nos encajó, y a ella justo le tocó el momento en que la escuela les explicaban lo que eran niños y niñas, la diferenciación entre pene y vulva. A ella algo no le encajaba y preguntó: Yo tengo pene, ¿pero puedo ser una niña?. Hablamos y fue la conclusión», ha asegurado.

Arandia ha recordado que Lucía siempre tendía a lo que socialmente se entiende como femenino, «rosas, princesas, todo ese tipo de cosas», y que, tras confirmarse la noticia, fue un choque para él y su mujer, -«ante lo desconocido, siempre el miedo»-, pero rápidamente vieron lo que hay que hacer. «Empiezas a ver el día a día y ves que es una niña más, que tiene sus inquietudes de niña. ¿En un futuro qué va a tener?, pues, bueno, ya veremos los problemas que le van a venir. Y en nuestro caso, lo tenemos claro, lo que tenemos que hacer es el acompañamiento, informarle, darle herramientas, el que se quiera, que ni estás en un cuerpo equivocado, ni tienes nada mal. Estás en una situación que no es la más habitual, es rara, pero existe y tú eres perfectamente una mujer», ha sentenciado.

Fue Lucía la que primero pensó en cambiar su nombre, que fue elegido por su hermano mayor. «Dijo: sólo llamadme Lucía en casa, solo en casa. Fuera seguiré siendo una niña, pero seguiré llamándome Luken», aseguró. Al cabo de un mes, ha recordado su progenitor, volvió a dirigirse de nuevo a ellos y les explicó: «Ahora, por favor, id a la escuela, a donde Lourdes, la profesora, y le decís, que ya soy Lucía, que estoy preparada para que se rían, o aguantar lo que sea».

Ese nombre ya no existe

No obstante, la documentación oficial seguía llamándola Luken, por lo que iniciaron los trámites para cambiar definitivamente de nombre. «En el pediatra, en la escuela, en el pueblo, se la trataba como niña, pero, a la hora de recetarle un antibiótico, aparecía su nombre antiguo. Y a ella le chirriaba; a ella y al hermano mayor, que leía, y decía ¡pero este nombre ya no existe!. Ya es Lucía ahora», ha recordado.

Arandia se ha felicitado por la aceptación que ha tenido su hija entre los otros menores de la localidad, a quienes les chocaba más «el cambio de nombre que el decir que era una niña», porque entre los niños ha sido algo «muy natural». «Ya sabemos los crueles que pueden ser o no. Los niños son unos lienzos en blanco que están absorbiendo. Prejuicios tenemos más los adultos que los niños», ha aclarado.

Preguntado sobre si la menor hablar de que se va a cambiar de sexo en el futuro, ha dicho que «habla porque lo vé», sin conocimiento de causa, y dice que «yo igual me quito el pitilín», o habla de «cuando me salgan las tetas». Arandia ha subrayado que Lucía no sabe todavía lo que son estas cosas, como «quitarte el pitilín, que es una operación quirúrgica muy potente».