Los transexuales podrán cambiarse de sexo en Cataluña sin diagnóstico psiquiátrico

El nuevo modelo pretende acabar con la consideración de que la transexualidad es una enfermedad

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Un grupo de transexuales. / Efe

La Consejería de Salud de Cataluña ha impulsado un nuevo modelo de atención a las personas transexuales “pionero” en Europa que elimina el diagnóstico psiquiátrico para poder acceder a los tratamientos de cambio de sexo, el cual se articulará a través de la atención primaria y comunitaria con la Unidad Trànsit, situada en la calle Manso de Barcelona.

En rueda de prensa este lunes, el consejero de Salud, Toni Comín, ha presentado el nuevo modelo de atención a la salud de las personas transexuales, junto a la directora de Atención Sanitaria del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), Cristina Nadal, la directora general de Planificación en Salud, Pilar Magrinyà, y representantes del colectivo TransForma la Salut.

El nuevo modelo, que se enmarca en el Plan de Salud 2016-2020 y se ha elaborado de forma consensuada con entidades y sociedades científicas, busca la “despatologización” del modelo de atención al colectivo transexual, es decir, quiere dejar de considerar la transexualidad como una enfermedad.

Hasta ahora, para poder acceder al tratamiento hormonal y quirúrgico, las personas eran atendidas desde la Unidad de Identidad de Género (UIG) del Hospital Clínic de Barcelona, que determinaba un diagnóstico de disforia de género, si bien con el nuevo sistema se redefinirá la función de esta unidad, ya que la vía de acceso se ha trasladado a atención comunitaria.

La Unidad Trànsit, que funciona desde 2012 con un ginecólogo, un médico de primaria, una enfermera, un psicólogo, un trabajador social y una persona de administración, se reforzará con 258.000 euros más, una inversión que se suma al “plan de choque” de 274.000 euros de este año para reducir las listas de espera quirúrgicas.

Según datos de salud, actualmente existen entre dos y tres meses para acceder al tratamiento hormonal y seis meses para intervenciones quirúrgicas, con una lista de espera de unos 150 pacientes para vaginoplastia y de 92 para mastectomía.

Funciones de la unidad

Este servicio atenderá la demanda de asesoramiento, el deseo de iniciar el proceso de transición y los problemas de salud derivados de este proceso, y contará los médicos de familia, pediatras y enfermeras se encargarán de hacer el seguimiento. Además, tendrá la función de formar y sensibilizar a los profesionales de la salud de otros equipos de atención primaria (EAP) para que se pueda desplegar progresivamente en el territorio; participar en el despliegue territorial; dar respuesta a las consultas virtuales a dudas de otros profesionales de la salud, y realizar cursos, talleres y actividades para estos profesionales.

Cada año, 93 personas en Cataluña inician esta transición y la cifra total de personas que están en cualquier fase del proceso se eleva a 437, según el departamento, que pronosticó un “claro efecto llamada”, porque hasta ahora mucha gente acudía a la privada, ha estimado Cristina Nadal.

En concreto, el modelo plantea acaba con la necesidad de justificar la identidad de género y de comunicar las preferencias sexuales; da autonomía para tomar decisiones y consentimiento informado, y entiende la transición como opcional y marcada por la persona -cuando y hasta donde decida-.

Salud ha implantado el nuevo modelo tras detectar incongruencias entre demanda y oferta sanitaria: “Se trata de que tengamos la identidad que tengamos, el sistema sanitario nos trate como personas”, ha defendido Nadal.

El sistema también incluye la atención a la salud de menores transexuales con equipos multidisciplinares, por lo que se velará para permitir la expresión de la identidad de género del pequeño; ayudar al proceso de transición; promover un entorno social y familiar respetuoso; el bienestar integral del menor, y permitir el acceso al tratamiento bloqueante y hormonal.

Disculpas del Clínic

En la rueda de prensa, el director del Hospital Clínic, Josep Maria Campistol, que ocupa el cargo desde hace nueve meses, ha pedido disculpas al colectivo transexual por si se han sentido ofendidos en la atención recibida; ha calificado el nuevo plan de “paso adelante”, y ha ofrecido su máxima colaboración al Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) y al departamento.

Según Lina Moreno, portavoz de TransForma la Salut, el modelo vigente hasta ahora era “inaceptable” y ha reivindicado el derecho a la autodeterminación del género sentido; y Nac Bremon -también miembro de la entidad- ha aplaudido que el nuevo planteamiento considera la transexualidad como camino vital y no como enfermedad y ha reclamado el cierre de la UIG.

Reino Unido indultará a 65.000 condenados por ser homosexuales

Los 15.000 que siguen vivos deberán solicitar acogerse a la llamada ‘ley Turing’

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Alan Turing, de joven.

Reino Unido indultará a decenas de miles de hombreshomosexuales y bisexuales británicos condenados por mantener relaciones con personas del mismo sexo; una práctica considerada delito en Inglaterra y gales hasta 1967. A través de una enmienda a la legislación promovida por el Gobierno, se exonerará a más de 50.000 hombres; la mayoría ya fallecidos. Quienes ya no estén con vida, recibirán automáticamente el indulto póstumo y el delito desaparecerá de su historial de antecedentes penales. Sin embargo, los alrededor de 15.000 penados que aún están vivos sólo podrán obtener el perdón formal tras enviar una solicitud al Ministerio de Interior, que estudiará cada caso.

La medida, iniciada tras una campaña liderada por los liberal-demócratas, es consecuencia de la llamada Ley Turing, que hace referencia al caso de Alan Turing (1912-1954), el genio matemático que descifró el código Enigma utilizado por los nazis en sus comunicaciones. Considerado entonces un héroe nacional por haber contribuido a la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, fue condenado en 1952 por atentar contra la moral pública por su relación con un hombre de 19 años. Turing declinó defenderse y se sometió a castración química para evitar la cárcel. Dos años después se suicidó en su laboratorio tras morder una manzana con trazas de cianuro, según la investigación oficial.

El 24 de diciembre de 2013, la reina Isabel II promulgó un edicto que concedió a Turing el indulto a título póstumo. Un hecho que el entonces primer ministro David Cameron celebró en un tuit: “Me alegro de que Alan Turing haya recibido un indulto real. Al descifrar el código Enigma en la Segunda Guerra Mundial jugó un papel fundamental en la salvación de este país”. En seguida comenzaron a elevarse voces que exigían que la medida se extendiera a los miles de homosexuales, famosos o anónimos, perseguidos en el pasado por su orientación sexual. La protesta popular cristalizó en una campaña que en 2015 logró reunir casi 640.000 firmas y que contó con el apoyo de figuras públicas como Stephen Hawking o el actor Benedict Cumberbatch, que interpretó a Turing en la película The imitation game.

El diputado liberal demócrata John Sharkey, que fue quien impulsó la iniciativa legal que consumó el perdón a Turing, aplaudió el acuerdo que permitirá cambiar la ley: “Es un día trascendental para miles de familias en todo el Reino Unido que han estado haciendo campaña por este asunto durante décadas”. El conservador Sam Gyimah, un alto cargo del Ministerio de Justicia, señaló: “Es enormemente importante que indultemos a las personas condenadas por delitos sexuales pasados que hoy serían consideradas inocentes de cualquier crimen”.

Para otros, sin embargo, la enmienda se queda corta. Paul Twocock, de la organización Stonewall, que defiende los derechos de la comunidad de gais, lesbianas, transexuales, bisexuales e intrsexuales (LGTBI), considera que la medida “no llega lo suficientemente lejos”. En declaraciones a la BBC, el escritor y activista George Montague, que fue condenado en 1974, exigió una disculpa en lugar de un indulto: “Aceptar un indulto significa que aceptas que eras culpable. Yo no fui culpable de nada; sólo de estar en el lugar incorrecto en el momento inoportuno”.

Por su parte, el diputado John Nicolson ha propuesto que el indulto general se aplique también a los vivos sin necesidad de que tengan que solicitarlo expresamente. Su proposición se debatirá este viernes en el parlamento, pero el Gobierno ya anunciado que no la apoyará. “Un indulto general, sin las investigaciones detalladas del Ministerio de Interior, podría hacer que personas culpables de infracciones que todavía se consideran delito hoy reclamen ser exoneradas”, ha asegurado Gyimah. “Nuestra vía será más rápida y más justa”.

Mantener relaciones homosexuales consentidas entre mayores de 21 años se despenalizó por primera vez en Inglaterra y Gales en 1967 (en Escocia sucedió en 1980 y en Irlanda del Norte, en 1982), aunque la ley seguía siendo discriminatoria con respecto a los heterosexuales y observaba excepciones, como una edad de consentimiento sexual mayor, que en años posteriores se fueron subsanando.

El pasado mayo, el Gobierno alemán dio un paso similar al anunciar queindemnizará y eliminará los antecedentes de miles de hombres condenados hasta 1994 por ser homosexuales, una práctica que el Código Penal alemán castigaba con hasta seis años de prisión.

Grande-Marlaska: “Cuando le conté a mi madre que era gay, no lo aceptó y la aparté”

El magistrado de la Audiencia Nacional ha perdido al ser que más amaba. Con esta carga ha escrito el autobiográfico ‘Ni pena ni miedo’

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Grande-Marlaska, mezcla de porte clásico y timidez vasca, posa en exclusiva para ICON. PAPO WAISMAN

Este no ha sido un buen año paraFernando Grande-Marlaska. Sobre todo por la muerte de su madre. Pero conserva inalterable la fuerza de carácter y ese idealismo a contracorriente que guía el libro que acaba de publicar, Ni pena ni miedo. “Siento pena y tengo miedo, como todos, pero nunca me han paralizado ni han mediatizado mis decisiones. Eso es lo que resume el título del libro. Tengo miedo al sufrimiento, a perder a seres queridos. De niño, tenía miedo a que mi madre muriera mientras yo no estaba. En verano, con 12 o 13 años, cuando me iba a un campamento o cuando me fui a Irlanda, me asustaba que al volver mi madre hubiera muerto”.

Fernando Grande-Marlaska (Bilbao, 1962) empezó a lo grande, instruyendo por azar el caso del asesinato de los marqueses de Urquijo, y ya nunca se apartó de lo importante: sustituyó a Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional, y desde ese puesto administró asuntos capitales. Instruyó casos contra ETA y dictó autos nada complacientes con la izquierda abertzale, dirigió la intervención judicial de Fórum Filatélico, y cayó sobre sus espaldas el enredo del Yak 42. Desde 2012 es presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y desde 2013, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Grande Marlaska tiene un entusiasmo que no sabe esconder ni en los peores momentos.

Su madre -además de Gorka, su marido– es la persona central de su vida. Cualquier hilo de la conversación –la justicia, los valores, la política– acaba en ella. “Mi madre ha sido fundamental para mí, en lo bueno y hasta en lo malo. Cuando le conté que era gay, con 35 años, no lo aceptó y me aparté de ella. Estuvimos cinco o seis años sin hablarnos, pero incluso en ese tiempo ella era mi referente: ante cualquier duda, siempre me preguntaba qué pensaría ella al respecto, cómo actuaría. Cuando reanudamos la relación, sin embargo, no pude evitar pasarle factura por su incomprensión. La relación no volvió a ser como antes, pero yo la miraba y me daba cuenta de que esa señora ya anciana seguía representándolo todo para mí. Que yo, en buena medida, era esa señora y que no la cambiaría por nada”.

Marlaska acepta sin vergüenza las propias contradicciones de su vida. Habla de sí mismo con un pudor que no pierde nunca la dignidad. No mueve mucho las manos, no hace aspavientos, no enfatiza, pero en su voz aparece de vez en cuando una emoción sosegada que no deja lugar a dudas de que está diciendo lo que piensa de verdad, sin fingimiento. He estado con él otras veces, en situaciones menos formales, y siempre he encontrado en su rostro huesudo la misma expresión quijotesca.

“Sí, es verdad que me entrego a todas las causas perdidas, me he dado por primera vez cuenta de ello al escribir el libro. Y me siento orgulloso, de cómo he actuado en distintos momentos de mi vida con la lucha gay, con la igualdad de género, con la violencia terrorista… Pero esa actitud es algo que yo he mamado, y por eso le doy tanta importancia a la educación. Yo tuve la suerte de que mi madre, que era en cierta medida conservadora, predicara constantemente el respeto al otro, fuera quien fuera. Y por eso tengo una aversión patológica a cualquier tipo de injusticia”. Le pregunto –al juez– qué es para él la justicia: “La justicia consiste en dar a cada uno lo suyo. Lo que merece como ser humano. Y ante todo mantener su dignidad. La dignidad es la clave”.

Él es un hombre satisfecho, con la sensación del deber cumplido. “Parece vanidoso, pero sí, siento orgullo por lo que he logrado. Y creo que es fundamental el episodio en el que me enfrenté a mi familia para poder seguir con Gorka y para poder seguir siendo coherente. Ese hecho es determinante en la construcción de mi personalidad. Haber tenido esa adversidad y haberla sabido enfrentar fue una suerte en mi vida, porque me ayudó a ser una persona diferente. De otra manera seguramente habría sido mucho más débil de carácter. Yo siempre digo que los malos momentos, aunque sean muy instructivos vitalmente, son eso: malos. Prefiero no tenerlos, pero cuando de todas formas existen, hay que sacar lo que hay en ellos de positivo. Por eso no cambiaría nada de mi biografía. Fíjate, no cambiaría ni esos seis años dolorosos de separación de mi madre. A día de hoy, tal y como estoy construido, todo lo que me ha pasado en la vida tiene algo aprovechable”.

Su vida, contada como una novela, parecería la de un héroe empecinado: homosexual en tiempos homófobos, librepensador en una sociedad sectaria, republicanista en una época de terrorismo nacionalista. Él, sin embargo, cree que ese relato le honra más de lo que merece: “No he sentido que haya tenido que luchar en todo momento por ser quien soy. Salvo tal vez en el conflicto familiar, donde sí tuve que echar un órdago, en el resto de los asuntos yo he seguido siendo siempre el que quería ser. Cuando sentí la presión nacionalista y la amenaza de ETA, Gorka y yo tomamos la decisión de irnos a Madrid sin dramatismo y sin heroicidades. Simplemente creímos que así no podíamos seguir viviendo”. Le hago ver que ha tenido que quemar muchas energías en todas esas batallas y responde con decisión, casi con disgusto: “Eso es verdad, pero esas energías las ha quemado mucha gente. En una lucha y en otra. No es una singularidad mía. Yo he ido siendo lo que quería ser, dentro de lo que la vida te permite”.

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“No cambiaría ni esos seis años dolorosos de separación de mi madre”. PAPO WAISMAN

El libro es un texto ensayístico en el que repasa todos los asuntos que le preocupan. Entreverada en todo eso está la historia de su vida y algunas anécdotas que le definen bien. Cuenta, por ejemplo, que hasta que no cambió las gafas por las lentillas no fue una persona sociable, que se retraía en el trato con los demás. Y cuenta que en 1981, después del intento de golpe de Estado, cuando tenía 18 años, le escribió al Rey agradeciéndole su actitud y pidiéndole una foto dedicada. La recibió a través de Sabino Fernández Campos.

“En ese momento yo era un friqui. Viví la Transición como algo absolutamente entusiasmante. Me sabía el nombre de todos los partidos que se presentaban a las elecciones, de sus líderes, de los cabezas de lista. En el 81 ya era un poco mayorcito, pero estaba aún cerca el franquismo, y aquella noche sentí que todo se iba a la mierda, que todo volvía a los infiernos, al oscurantismo. Y de repente apareció la imagen del Rey y le escribí. No sé por qué, no hubo reflexión, mientras salía la idea de mi cabeza estaba cerrando el sobre y enviándolo”. Y se ríe: “Si lo hubiera pensado más, a lo mejor me habría dado vergüenza y no lo habría hecho”.

Cuando le pregunto si algún día le gustaría dedicarse a la política, vuelve a responder sin componendas ni ambigüedades: “Me gusta la cosa pública. Si me preguntas si me iría a la empresa privada te contesto enseguida que no”. Y lo repite tres veces, con énfasis: “No, no. No”. Luego continúa hablando: “Pero a la política, sí. Primero haría falta que alguien pensara que yo podría hacer algo distinto a lo que hago ahora y que yo tuviera el convencimiento de que soy capaz de lograr lo que se me propusiera. Pero me gustaría asumir nuevos retos, y creo que los que amamos la cosa pública estamos para eso. Tomaría en consideración el problema de las puertas giratorias, que es un tema importante y relevante, pero esa duda nunca me frenaría”.

Le gusta la cosa pública porque sueña con un país mejor. “Son tiempos tristes, muy tristes, y creo que hace falta todavía reivindicar la Ilustración. A aquellos pensadores de la segunda mitad del XVIII, Diderot, Voltaire o Rousseau. Si a muchos ciudadanos de hoy les expusiéramos lo que ellos pensaban les parecería revolucionario”.

Pero es solo moderadamente optimista: “La educación es la clave de todo. Una educación seria, abierta, en valores que refuercen la ética pública, que es la que nos permite luego tener nuestra ética privada. Lo que pasa en España es que cada uno traslada su ética privada a la esfera pública, ese es el problema, y ahí es donde tiene que intervenir la educación: inculcando valores antes de que los prejuicios se instalen. Muchos de los que se ocupan de la educación tratan de perpetuar sus privilegios para impedir que todo cambie. Dicen: ‘Es que ustedes quieren adoctrinar’. Pues sí, queremos adoctrinar en valores que nos definen a todos como miembros de una cultura occidental”.

Hace una pausa, mira hacia el infinito y reflexiona: “Pero tú y yo no vamos a llegar a ver esos cambios. Ojalá, pero creo que no”.

Un lobby cristiano proporciona ayuda legal a los negocios que rechacen a parejas gays en Australia

La organización Human Rights Law Alliance, fundada por el Lobby Cristiano Australiano, busca contribuciones privadas para un ‘fondo de lucha’ que costee los casos judiciales de quienes discriminen a los matrimonios homosexuales

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Imagen de archivo de una concentración por los derechos de las parejas homosexuales EFE

Una organización fundada por el Lobby Cristiano Australiano planea financiar la defensa en demandas contra de dueños de negocios que se nieguen a proporcionar servicios a parejas homosexuales si se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La organización Human Rights Law Alliance, creada el mes pasado en Canberra con la financiación inicial del Lobby Cristiano Australiano, está buscando contribuciones privadas para un “fondo de lucha” con el objetivo de llevar los casos judiciales que puedan surgir si se aprueba la ley de matrimonio en Australia.

El director de la organización, Martyn Iles, ha asegurado que “solo se apoyarán casos en los que la gente tenga objeción de conciencia a la hora de participar en una boda del mismo sexo”.

No apoyaríamos a nadie que discrimine a otra persona por su forma de ser, es decir, por ser gay”, cuenta Iles a the Guardian.

Tiene que ser una creencia religiosa o de conciencia sincera y tiene que ser expresada de buena fe. Hay algunos requisitos, por lo que uno tiene que demostrar que esto es efectivamente lo que uno cree”, señala Iles.  No sería una situación arbitraria o en la que uno reivindica las creencias religiosas porque no le gusta un cliente”, apunta.

El comisario antidiscriminación del Estado de Queensland, Kevin Cocks, supone que la mayoría de los dueños de negocios que rechacen a parejas del mismo sexo como clientes no serán explícitos con sus razones, por lo que será difícil obtener las pruebas por una denuncia de discriminación.

Iles reconoce que en el caso de quienes rechacen a clientes de boda por razones religiosas será más fácil sostener una denuncia por discriminación, ya que el dueño del negocio tendría que dar razones para ese rechazo.

El grupo Human Rights Law Alliance está llevando a cabo un crowdfunding de 107.000 euros para lanzar, junto a contribuciones “por encima” de esta cifra, una red de abogados voluntarios que ayuden en el trabajo de los casos legales que puedan surgir.

“La justicia en este país es cara y si tienes varios casos en marcha te puedes gastar mucho dinero muy rápido. Todo depende de lo que la gente esté dispuesta a dar y el éxito que tengamos al establecernos”, señala Iles.

Registro como organización benéfica

Human Rights Law Alliance, que de momento es una rama del Lobby Cristiano Australiano, buscará registrarse de forma independiente como una organización benéfica.

Iles indica que no está claro si las futuras donaciones serán deducibles a nivel de impuestos, dado que está por determinar si la organización obtendrá el estatus de receptor de donaciones deducibles.

“Esta es una cuestión de futuro. Una vez que tengamos en marcha el trabajo, entonces buscaremos constituirnos de forma separada y obtener el estatus de ente benéfico y el de receptor de donaciones deducibles”, indica.

En una declaración pública pidiendo donaciones, el director del Lobby Cristiano Australiano, Lyle Shelton, afirmó: “Este equipo de abogados cristianos luchará para proteger vuestra libertad religiosa y derechos fundamentales en los juzgados de Australia”.

“Como sabéis, se está haciendo cada vez más duro para los cristianos vivir con nuestras convicciones más fundamentales en la vida pública y social. Hay un plan para silenciar nuestra voz”, añadió Shelton.

Shelton afirmó el mes pasado que había “una larga lista de gente en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá que han sido multados, arrastrados a los tribunales y demonizados en sus puestos de trabajos por su creencia de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer”.

“Pasteleros, floristas, propietarios de capillas de bodas y fotógrafos están entre las muchas personas contra las que se han llevado a cabo acciones legales”, señaló.

Probar la discriminación

El comisario Cocks apunta que la dificultad de probar la discriminación de los dueños de negocios con motivo de la orientación sexual es similar a probar la discriminación por edad contra los candidatos en puestos de trabajo, donde casi siempre se dan otras razones del rechazo de los candidatos.

“Puede que haya algunos negocios que rechacen a parejas del mismo sexo buscando servicios matrimoniales, pero no creo que dejen que se sepa por qué los rechazaron”, sostiene Cocks.

“Dirán que están completos, que no trabajan ese fin de semana o ‘simplemente no podemos serviros porque ya tenemos unos pedidos en marcha’”, apunta el comisario.

Una denuncia por discriminación suele requerir una declaración explícita del propietario del negocio en la que se afirme que la orientación sexual del cliente es la razón por la que fue rechazado, explica el comisario.

Los propietarios de negocios que oculten sus razones “tendrán que ser un poco cuidadosos, por supuesto”, ya que podrían ser cazados dando el mismo servicio a parejas heterosexuales tras rechazar a parejas del mismo sexo, añade.

“Eso podría pasar pero las parejas del mismo sexo querrán que su boda sea un momento feliz y los hombres de negocio inteligentes buscarán hacer negocio. Personalmente no creo que quieran demostrar sus convicciones”.

Para Cocks, está en manos del gobierno –”de tendencia conservadora”– aprobar una ley que permita este tipo de rechazos con el argumento de una oposición personal a la igualdad matrimonial.

En defensa de la libertad religiosa

Entre los 12 o más casos actualmente financiados por Human Rights Law Alliance está la defensa de una activista antiabortista de Melbourne y madre de 13 hijos, Kathy Clubb, que fue acusada en agosto bajo las nuevas leyes australianas que prohíben las protestas en las inmediaciones de clínicas abortistas.

La organización está también involucrada en casos de “objeción de conciencia de doctores” ante la Junta Médica de Australia, así como en negociaciones extrajudiciales sobre supuestos casos de discriminación religiosa en lugares de trabajo y en la universidad.

Iles se negó a comentar si la organización había obtenido la asistencia de los alrededor de cinco abogados que trabajan en sus casos de forma gratuita o a un precio reducido. “Quedará claro exactamente a quién ayudamos porque esos casos saldrán a la luz”, apunta.

Iles asegura que la organización llena un vacío dejado por la Comisión de Derechos Humanos de Australia y los centros legales de derechos humanos, y sostiene que Australia ha fracasado a la hora de defender la libertad religiosa, de expresión, de conciencia y de asociación.

La agenda de la organización ha generado escepticismo de otros defensores de derechos humanos, con el abogado Duncan Fine acusando a la organización de creer “que la peor discriminación imaginable es restringir su derecho a discriminar”.

Iles dice que el grupo “no está aquí para promover la discriminación o promover en exceso la libertad religiosa, sino para encontrar un balance”.

“Creemos en el derecho a la no discriminación, creemos en el derecho a la igualdad pero creemos que el derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y religión o creencia no está apropiadamente balanceado respecto a los derechos a la igualdad y a la no discriminación”, añade Iles. Y concluye: “Lo interesante es que tiene que ser demostrado en el juzgado. Finalmente [un juez] tiene que decidir donde está ese balance”.

Traducción de  Javier Biosca Azcoiti

PSOE y Podemos pugnan por la izquierda con dos leyes iguales contra la homofobia

Los dos grupos de izquierdas, incapaces de consensuar sus propuestas pese a existir un 80% de coincidencias, arrastran en su pugna por la iniciativa política a los colectivos LGTBI, también divididos.

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La secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en una de las sesiones del Parlamento andaluz. JULIO MUÑOZ / EFE

SEVILLA.- El Parlamento andaluz será escenario este miércoles de una situación inédita en el panorama político español: dos partidos de izquierdas, PSOE y Podemos, han traído a la Cámara por separado dos leyes muy similares que abordan el mismo problema, con un nivel de coincidencia del 80%, según admiten ambos grupos, y que serán debatidas de forma conjunta. Como si fuesen lo mismo, pero sin serlo. Se trata de dos proyectos de ley contra la violencia y la discriminación que sufre el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTBI). Ambas contemplan por primera vez sanciones económicas contra comportamientos homófobos. Andalucía es la comunidad donde más casos de agresiones por orientación sexual se registran al año (en cabeza Sevilla y Cádiz), con un 44% en 2013 y un 37% en 2014, según datos del Ministerio de Interior.

Pese a las coincidencias, los morados rechazan la norma del PSOE y los socialistas abominan del proyecto de Podemos. No sólo no han sido capaces de consensuar un texto común, sino que ambos se acusan mutuamente de intentar robarles la iniciativa política, de haber copiado parte de su ley y de agilizar la tramitación para llegar primero y antes que el otro al Parlamento. La pugna entre ambas formaciones ha terminado arrastrando a los colectivos LGTBI, que se han dividido, unos más próximos al proyecto del partido morado, y otros con el socialista. Las asociaciones Arcoiris, ATA, De Frente, Andalucía por la Diversidad y Crisalis defienden que el texto de Podemos es “más concreto y ambicioso”, mientras que la entidad Adriano Antinoo apoya la norma contraria.

“Nos llamó la atención que el PSOE presentase una segunda ley en el tiempo de descuento sin consensuarla con el colectivo afectado. Además ésta tiene un lenguaje obsoleto”, dice Gonzalo de las Heras, de Arcoiris. “La ley socialista deja fuera los derechos de los transexuales”, se queja Mar Cambrollé, presidenta de ATA, “y en todo caso me parece pueril que usen los derechos de las personas LGTBI para la confrontación política y partidista, en vez de ponerse de acuerdo”.

La trayectoria en paralelo de las dos leyes ha sido ésta: Hace un año, en octubre de 2015, el PSOE presentó dos proposiciones no de ley en el Parlamento que fueron aprobadas por unanimidad: una para impulsar una ley de igualdad de trato y en contra de la discriminación al colectivo LGTBI y otra para revisar la Ley andaluza de Transexualidad, aprobada con el consenso de toda la Cámara hace dos años. Los socialistas se remiten a estas dos propuestas para demostrar que su iniciativa fue anterior a la de su rival. Sin embargo, Podemos fue el primero en registrar su proyecto de ley contra la violencia homófoba en el Parlamento: lo hizo el pasado 25 de julio, después de haber trabajado con las asociaciones del colectivo y de haber recopilado normas similares ya aprobadas o tramitándose en otras comunidades, como Extremadura, Murcia o Madrid (es llamativo que tanto PSOE como Podemos coincidan en beber de la norma extremeña, “la más avanzada”, y que fue aprobada por un Gobierno del PP).

Hace dos semanas, el proyecto de ley de Podemos Andalucía llegó al Consejo de Gobierno, que votó en contra alegando dudas jurídicas y, sobre todo, anunciando que el PSOE ya estaba trabajando en una ley similar, con más seguridad jurídica. El equipo de Teresa Rodríguez se preguntó entonces por qué los socialistas, en vez de unirse a su iniciativa y enriquecerla con enmiendas, decidieron presentar una ley distinta sobre el mismo asunto. El partido morado había registrado su proyecto tres meses antes, pero se estancó en el trámite parlamentario, porque el presidente de la Cámara, el socialista Juan Pablo Durán, exigió un informe jurídico específico, no obligatorio según el reglamento interno. Este receso permitió al proyecto socialista alcanzar a la iniciativa de Podemos (obviamente contó con el visto bueno de la Junta) y, como resultado, ambas han llegado a la vez al pleno del Parlamento.

Ahora el debate conjunto debe dirimir si las dos leyes siguen adelante con su trámite parlamentario y confluyen en la Comisión de Igualdad, o si una de las dos se estanca. El PSOE cuenta con los votos de Ciudadanos, su socio de Gobierno, por lo que previsiblemente sacará adelante su texto. Pero está por ver si permite que la norma de Podemos avance (mediante la abstención), o si vetan el texto alternativo para que el tema de la violencia homófoba use únicamente como punto de partida la propuesta socialista.

¿En qué se diferencian las dos leyes?

Al margen de la lucha por llevar la voz cantante de la izquierda en el Parlamento, ¿qué es lo que diferencia la ley de Podemos de la del PSOE? ¿Dónde chocan? La portavoz de Igualdad del PSOE, Soledad Pérez, sostiene que el escollo grave está en el artículo 13.2 de la norma del partido morado, según el cual “los menores transexuales tendrán derecho a recibir tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad” y a “recibir tratamiento hormonal cruzado en la pubertad (…) a fin de propiciar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios deseados”. “Este artículo es una barbaridad”, dice Pérez, que acusa a Podemos de “usar de tabardillo este proyecto para modificar la Ley de Transexualidad, que se aprobó por consenso de todos”.

El asunto de la hormonación y de los inhibidores de crecimiento a menores transexuales fue de los más espinosos que abordó aquella ley. En aras del consenso, se decidió no convertir la hormonación en un derecho para los menores -y en una obligación para los médicos- sino regular un protocolo de actuación que analizaría caso a caso el tratamiento que debían seguir los transexuales menores de 14 años. Lo contrario, dice el PSOE, “nos habría llevado a un recurso de inconstitucionalidad que habría paralizado la ley, y además habría roto el consenso político y social”.

“Nuestra Ley de Transexualidad ya aborda este tema y la modificación que plantea el texto de Podemos genera incertidumbre y miedo tanto en las personas que están siendo tratadas como en la comunidad sanitaria”, dice Pérez. El otro punto de la norma que más rechaza el PSOE es el que establece una reserva de plazas de empleo público para transexuales, algo que “vuelve a patologizar la transexualidad, porque pide un cupo especial como el que existe para personas discapacitadas”.

Por su parte, el diputado de Podemos Jesús Romero cree que las diferencias más notables son tres: Los órganos de participación, los que van a revisar el cumplimiento de la ley, el partido morado quiere que lo conformen miembros del colectivo LGTBI, y que no sea personal de la Administración; en segundo lugar defienden que su proyecto es una ley integral, más concreta que la del PSOE, y por último, acusan a los socialistas de haber excluido al colectivo transexual. La propuesta de Podemos, al plantear la creación de una estructura nueva con cuatro órganos administrativos, cuenta con una memoria económica mayor que la socialista: 625.000 euros, frente a los 325.000 de la segunda ley.

El Pentágono costeará los cambios de sexo de los soldados de EEUU

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La ex soldado de EEUU Chelsea Manning (dcha.), antes conocida como Bradley Manning (izda.) EL MUNDO

Desde este martes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pagarán los costes de las operaciones de cambio de sexo de sus soldados y también correrán con buena parte del coste de tratamientos similares para las familias de éstos. Es un cambio drástico en una institución que, hasta hace justo cinco años, no admitía a homosexuales en sus filas, y que hasta hace apenas cuatro meses atrás no toleró la presencia de personas que han cambiado de sexo. Y una distinción más entre los militares, que reciben tratamiento médico pagado por el contribuyente, y el resto de la población, que se lo tiene que pagar.

Desde el punto de vista presupuestario, la medida es apenas una gota en un océano: el Pentágono estima que el coste del programa será de alrededor de 8,4 millones de dólares (7,5 millones de euros) en un presupuesto que ronda los 600.000 millones de dólares (más de medio billón de euros), cuando se suman partidas como la NASA (que destina la mitad de su gasto a misiones militares) o el Departamento de Energía (cuya principal misión es el mantenimiento de bombas atómicas), la CIA (que gasta ella sola tres veces lo que España en defensa). Cada cirugía de cambio se sexo cuesta entre 7.000 y 50.000 dólares (de 6.200 a 44.000 euros), según la prensa estadounidense.

La clave está en el simbolismo de la decisión. Y, ahí, paradójicamente, el Departamento de Defensa de EEUU se las ha arreglado para enfadar a todo el mundo. Por un lado, asociaciones como el Centro para la Preparación Militar y laAlianza de Capellanes Militares por la Libertad Religiosahan criticado la normativa como un uso de dinero del contribuyente en una materia que no tiene absolutamente nada que ver con la defensa. Sin embargo, el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero ha calificado el cambio como insuficiente, dado que no financia el 100% de los cambios de sexo de los familiares de los soldados.

La primera beneficiada por la noticia ha sido una persona que fue condenada a 35 años de cárcel en un consejo de guerra y que no saldrá de prisión hasta 2048, cuando tenga 61 años de edad: Chelsea Manning, antes conocido como Bradley Manning, que filtró a la organización Wikileaks cerca de medio millón de documentos internos del Departamento de Defensa, además de varios vídeos de operaciones en Irak y Afganistán.

Manning anunció en septiembre que las autoridades estadounidenses iban a pagarle su operación de reasignación sexual (así es como se denomina en EEUU al procedimiento). El 28 de julio, Manning protagonizó un intento de suicidio que su defensa atribuye a su deseo de cambiar de sexo.

La decisión también muestra cómo los militares estadounidenses -que votan republicano en una proporción de cuatro a uno y se oponen mayoritariamente a la reforma sanitaria de Barack Obama- son, curiosamente, los ciudadanos de ese país que disfrutan de mejor atención médica y, encima, pagada por el contribuyente.

Los civiles estadounidenses tienen que contratar seguros médicos muy caros (con unas pólizas mínimas de 500 dólares mensuales que, por ejemplo, no cubren quimioterapia) que, además, no incluyen operaciones de cambio de sexo, ya que consideran cirugía plástica a este tipo de procedimientos, que suelen incorporar tratamiento psicológico y terapia con hormonas.

Quién está detrás de los lobbies ultracatólicos que arremeten contra las mujeres y el colectivo LGTBI

Están presentes en todas las demandas contra grupos proabortistas, organizan manifestaciones a favor de la familia –la compuesta por madre, padre e hijos– o recogen firmas a través de Internet para presionar mediáticamente. Son las asociaciones homófobas y neoconservadoras que, desde hace algo más de una década, hacen campaña contra los homosexuales, las mujeres o los derechos sexuales y reproductivos.

HazteOir, CitizenGo, Profesionales por la Ética, Centro Tomás Moro, Abogados Cristianos, Más Libres, Instituto para la Política Familiar, Organización del Bien Común… Son los lobbies ultracatólicos, que cuentan con el apoyo más o menos directo de una parte de la Conferencia Episcopal Española. Pero, ¿quién está detrás de ellos?

“Son muy pocos, pero están en todas partes, hacen mucho ruido y tienen engañada a mucha gente, también en la Iglesia”, apunta el experto Santiago Mata, autor de la primera investigación sobre El Yunque en España. Esta organización secreta ultraconservadora está detrás de todas esas asociaciones, cuyos líderes surgen de centros de formación de movimientos eclesiales conservadores, como los Legionarios de Cristo, Comunión y Liberación o los Kikos, aunque sin el apoyo del todopoderoso Opus Dei.

La presencia de El Yunque en España arrancó a finales de los noventa y tuvo su apogeo en torno a 2005. Ese año, grupos como HazteOir, Derecho a Vivir o Profesionales por la Ética lograron que los obispos se manifestaran contra el matrimonio igualitario aprobado por Zapatero. Desde entonces, y coincidiendo con el momento de mayor poder del cardenal Rouco Varela, estos grupos consiguen congregar cada Navidad a decenas de miles de personas en las llamadas “misas de las familias de Colón”.

La igualdad LGTBI como diana

Aunque oficialmente no está reconocido por la Iglesia, los obispos más ultraconservadores (el de San Sebastián, Munilla; los de Alcalá y Getafe, Reig y López de Andújar; o el de Córdoba, Demetrio Fernández) acuden a sus actos, firman sus manifiestos y se sirven de sus aparatos para atacar sin descanso a las mujeres y al colectivo LGTBI.

Estas ramificaciones de El Yunque han activado su maquinaria llegando a amenazar, en el caso de HazteOir,  a El Corte Inglés o a la cadena de restaurantes Vips por hacer publicidad de familias homoparentales o parejas homosexuales. “Los niños tienen derecho a un padre y una madre”, afirmaba en una de estas campañas la organización, fundada y dirigida por Ignacio Arsuaga, sobrino de Rodrigo Rato.

Entre sus “últimos retos conseguidos” se adjudican la retirada de la publicidad de muchas empresas de un espacio de Telecinco que, según los ultras, “fomentaba el incesto” y se han apuntado el tanto de la retirada del anuncio de El Corte Inglés en el que aparecía una familia homoparental formada por dos padres mientras la compañía alega otros motivos.

Destacan, además, maniobras de agitación como la defensa a ultranza de la carta de los obispos de Alcalá y Getafe, que tachan la ley madrileña contra la LGTBfobia de “contradicción con la ley natural” o la denuncia del “linchamiento”, según sus palabras, contra Antonio Cañizares, cardenal de Valencia, por sus declaraciones sobre el “imperio gay” o la “dictadura de género”.

“El Yunque es mucho más que una secta, es una organización secreta anticristiana, una sociedad que divide a los católicos”, afirma Mata, que señala, junto a Arsuaga, al periodista Luis Losada Pescador como uno de los líderes del entramado, así como a Gador Joya, portavoz de Derecho a Vivir; Eduardo Hertfelder, fundador del Instituto de Política Familiar; Jaime Urcelay, responsable de Profesionales por la Ética; o Leonor Tamayo, actual presidenta de esta última asociación, respaldada por medios de comunicación ultraconservadores, como el Grupo Intereconomía de Julio Ariza.

Una larga lista de procesos judiciales

La defensa de Cañizares fue uno de los objetivos del Centro Jurídico Tomas Moro, que también arremetió contra la ley de identidad de género de Madrid afirmando que pretende “manipular a los menores para fomentar entre ellos el cambio de sexo”. La organización presume en su web de haber impulsado una larga lista de procesos judiciales entre los que se encuentra la protesta de Rita Maestre en la capilla, caso en el que ejerció de acusación popular.

Otras de las de las acciones del grupo, presidido por el abogado de familia Javier María Pérez Roldán, han sido la querella contra las Juventudes Socialistas por la campaña contra el sida que incluía frases como “que no te den una hostia, ponte un condón” y “bendito condón que quitas el sida del mundo” o la querella en 2011 contra los convocantes de la “procesión atea” de Jueves Santo y las múltiples denuncias contra varias clínicas abortivas.

Muchos de los casos judiciales emprendidos por estas organizaciones, entre las que destaca la Asociación Española de Abogados Cristianos, se han impulsado  en el marco del artículo 525 del Código Penal, que recoge el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Es de lo que la organización acusó a las participantes en la “procesión del coño insumiso” celebrada en Sevilla en 2014 a modo de manifestación,  caso que ha acabado archivando la jueza. 

Es también el denominador común de la denuncia, ya archivada, que interpuso Abogados Cristianos contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la poetisa Dolors Miquel por recitar un “padrenuestro feminista” el 15 de febrero en la entrega de los premios de cultura Ciutat de Barcelona. El poema, tildado por la organización de “blasfemo”, reivindica el cuerpo de la mujer con versos como “Madre nuestra que estás en el cielo, santificado sea vuestro coño, la epidural, la comadrona”.

Utilizan el entramado de la Iglesia

Abogados Cristianos también promovió la retirada de la declaración de utilidad pública de la Federación de Planificación Familiar Estatal tras una denuncia ante Interior y fue acusación particular en el juicio que sentó en el banquillo por primera vez en España a Femen. El colectivo representaba a la Asociación Enraizados en Cristo y pedía siete años de prisión para las activistas, que fueron absueltas, por interrumpir una marcha antiaborto convocada por Derecho a Vivir.

Muchas de las actividades de propaganda y agitación de este último y demás grupúsculos tienen lugar en espacios cedidos por parroquias o en actividades de las distintas diócesis aprovechando que la Conferencia Episcopal no ha desautorizado públicamente su pertenencia a una sociedad secreta como El Yunque.

Aunque el Episcopado encargó un informe privado sobre la existencia e implantación de El Yunque en instituciones eclesiales, la profunda división entre los obispos acerca de este tema –para muchos prelados, los miembros de estos grupos son parte activa de su feligresía y fuente de financiación– permite que este lobby de presión y agitación de la ultraderecha pueda continuar utilizando el entramado de la Iglesia católica para seguir llevando a cabo su misión.

Los ultracatólicos presumen de haber tumbado el anuncio de El Corte Inglés con dos padres gays

Los anuncios de la serie que El Corte Inglés lanzó para publicitar la vuelta al cole y que circulaban por redes sociales bajo el hashtag #VueltaAlCole han sido retirados en medio de la polémica con el grupo ultracatólico Hazte Oír. El colectivo había iniciado una campaña de recogida de firmas contra uno de los cortos en el que aparecía una familia homoparental formada por dos padres intentando forrar los libros de texto.

Los siete anuncios ya no aparecen en el canal de Youtube de la compañía, que asegura haberlos eliminado porque “la campaña tiene unos derechos musicales y de imagen que son temporales y por eso se han retirado”. El Corte Inglés, que afirma gestionar cada campaña “de una manera determinada”, insiste en este motivo sin aportar ejemplos de otras con las que haya ocurrido lo mismo y se hayan retirado del canal.

En el otro lado de la balanza, Hazte Oír, que se apunta el tanto apoyándose en las más de 21.000 firmas que recogió desde el pasado 18 de septiembre en la campaña titulada “El Corte Inglés propone quitar derechos a los niños”. “La publicidad en la que El Corte Inglés olvidaba que la familia es 1 padre + 1 madre y sus hijos ya no se emite. Y además ECI ha borrado este tipo de vídeos de sus canales en Internet”, afirman los ultracatólicos.

Hazte Oír felicita a los firmantes y agradece que “con tu movilización has conseguido que una empresa tan poderosa como El Corte Inglés tome en consideración a la familia en sus mensajes”. El pasado viernes Ignacio Arsuaga, presidente del colectivo, entregó las firmas en las oficinas centrales de la compañía, que declara que “cuando vinieron les dijimos que se retiraba por los motivos de fin de derechos”.

Un trabajador de la empresa que atiende llamadas de particulares asegura a este diario que en las últimas semanas unas diez llamadas al día “se referían a quejas homófobas por el anuncio” tachándolo, dice, de “vergüenza y antinatural. ‘Eso no es una familia’, dicen muchos”. El empleado declara que “algunos son más escuetos, otros más alterados” y “la cosa fue bajando la última semana, el miércoles pasado, por ejemplo, no tuvimos ninguna”.

El anuncio desató la homofobia de Hazte Oír, que lo señalaba como “una forma de quitar derechos a los niños” porque “promociona una idea extraordinariamente grave: que los niños no tengan derecho a un padre y una madre”.Todos los estudios rigurosos demuestran que los niños necesitan un padre y una madre para desarrollarse de manera armónica y completa”, aseguraba.

El pasado mes de febrero El Corte Inglés retiró su campaña publicitaria de San Valentín debido a la polémica que generó uno de sus cortos por identificar el amor con el control de parejal. “Respetamos las críticas y pensamos que la mejor decisión es que deje de circular”, sentenció la empresa, que admitió que la había retirado por las críticas.

Fútbol, homofobia y política desideologizada

Decía el otro día el escritor Juan José Millás que la política española está desideologizada y se ha convertido en una permanente discusión futbolera. No estaba hablando de la homofobia sino del vergonzoso espectáculo que están dando los partidos políticos

En aplicación de la Ley contra la homofobia, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat ha impuesto la primera multa por insultos homófobos. Son solo 300 eurillos, pero a lo mejor al próximo que quiera insultar por ahí le duela un poco el bolsillo (probablemente lo único sensible a lo largo y ancho de su cuerpo) y se corte el pelo suficiente para mantener la boca cerrada. Es el efecto positivo de las sanciones y condenas ejemplarizantes. La letra con ley entra.

Resulta, no obstante, curioso que esta condena de la homofobia llegue dos años después de la aprobación de esa Ley por el Parlament. Es tarde. Porque sabemos que en estos dos años ha habido muchos insultos homófobos, tanto en el ámbito privado como en el público. En concreto, 181 denuncias interpuestas en Cataluña, de las que solo 81 se han tramitado, como señalan el Observatorio Contra la Homofobia (OCH) y otros colectivos LGTBI. Lo que diferencia la sanción de ahora y todas las que no se han impuesto antes es únicamente la voluntad (política, moral: ideológica) de tomarse en serio una de esas ciento ochenta y una denuncias.

El agredido, trabajador en una residencia de mayores, recibió, entre otros insultos, el famoso “maricón de mierda”. No es un caso aislado. El Observatorio Contra la Homofobia denunció hace unos meses los insultos homófobos que recibió en el Camp Nou el futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo. Eugeni Rodríguez, presidente del OCH, recordó que, según la Ley, “los funcionarios y administración tienen el deber de intervenir ante el conocimiento de hechos de homofobia”. Durante el minuto de silencio en memoria de Cruyff se oyeron gritos de “Cristiano maricón”. Todo el mundo lo oyó y muchos manifestaron su reproche con silbidos, pero los responsables del campo no hicieron nada. Deben de estar acostumbrados.

Quien no se ha acostumbrado es el árbitro Jesús Tomillero, que ha denunciado no solo insultos homófobos similares, sino amenazas de muerte posteriores. Tomillero es el primer árbitro de fútbol español que salió públicamente del armario, y ha tenido que retirarse de su actividad profesional por las consecuencias que la libertad y la visibilidad le han acarreado. Una libertad y una visibilidad que no ampara el Código Penal tras la reforma involucionista del PP: si bien las agresiones físicas homófobas están penalizadas, no así las agresiones verbales. Tienen que abrirte la cabeza para que la LGTBIfobia sea considerada violencia.

Decía el otro día el escritor Juan José Millás que la política española está desideologizada y se ha convertido en una permanente discusión futbolera. No estaba hablando de la homofobia sino del vergonzoso espectáculo que están dando los partidos políticos. El símil futbolero viene al pelo. Porque la política no debiera ser una cruenta lucha de poder, sino una audaz lucha de ideas. La concepción de un común que sea mejor porque lo es para los individuos.

Si el escenario político no fuera también la grada infame del “maricón de mierda”, no haría ya falta que colectivos que defienden lo básico tuvieran a estas alturas de partido que proponer una Ley de Igualdad LGTBI y de No Discriminación. Hace falta aún y lo ha propuesto la FELGTB. Han tenido que dirigirse, para tan elemental principio, al Defensor del Pueblo. Es el resultado de la preocupación por el aumento en el Estado español de agresiones a las personas LGTBI y la necesidad urgente de su protección: ideología. Una cuestión de derechos humanos desatendida aún en este país de portadas y titulares destinados a los desideologizados.

El director de un colegio concertado de Madrid compara la ley contra la LGTBfobia con “el fanatismo terrorista”

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El colegio Juan Pablo II de Alcorcón (Madrid) ha iniciado este curso entregando una carta al alumnado y las familias homófoba e islamófoba. La misiva, firmada por el director, Carlos Martínez, carga contra la  Ley de protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género,aprobada por unanimidad el pasado 14 de julio en la Asamblea de Madrid y la compara con “el fanatismo terrorista”.

El centro, que no ha querido hacer declaraciones, es concertado, pertenece a la Fundación Educatio Servanda, con colegios también en Guadarrama, Parla y Puerto Real (Cádiz), e imparte una educación diferenciada mixta. El alumnado comparte algunos espacios como el patio y el comedor pero no las clases porque “numerosos estudios han demostrado que hay diferencias en los ritmos de crecimiento, maduración y desarrollo cognitivo entre niños y niñas”.

La carta de bienvenida que ha entregado su director y que ha denunciado la asociación LGTBI Arcópoli comienza haciendo un repaso por algunos de los atentados terroristas perpetrados en los últimos meses en Europa. Los cristianos, dice, “hemos recibido la verdad no para esconderla, sino para predicarla. “Parece que arrecian tiempos de persecución”, afirma mientras critica a otras religiones tachando de “error” el seguimiento de “falsas religiones e ideologías”.

El director reprocha a los políticos que hayan aprobado en Madrid la ley contra la LGTBfobia, mientras “deberían defender la familia y nuestras raíces cristianas”, califica la legislación de “absurda” y a la que llama “Ley de Ideología de Género”. “¡Qué barbaridad prescindir de la verdad natural del hombre y del derecho inalienable de los padres a la educación de los hijos!, ¡Qué dogmatismo acusar de discriminación a quien piensa diferente!”, exclama. Es un despropósito, apunta, “imponer una ideología a fuerza de sanciones”.

Educación investigará el contenido

“El parecido con el fanatismo terrorista es inquietante”, añade entonces. El director del centro aplaude a  Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares y López de Andújar, de Getafe, que suscribieron una carta a principios de agosto atacando la misma ley. De la norma afirmaban que “se halla en contradicción con la moral natural” y agrava “la confusión” que “sufren” algunas personas “sobre su propia identidad”.

Martínez llama a los obispos “valientes” que “tienen clara su función pastoral de educadores” y adjunta la carta firmada por ellos. La misiva concluye comparando el islam y la que llama “ideología de género” asegurando que “son maquinaciones condenadas a la disolución y al fracaso”. Rubén López, coordinador de Arcópoli, ve “inadmisible este adoctrinamiento” a niños, niñas y adolescentes que “están aprendiendo a conocerse y construyendo su identidad”.

La organización ha tenido conocimiento, según varios alumnos, de que “el único mensaje que se transmite en el centro sobre el colectivo LGTB es que ‘la homosexualidad es una enfermedad’ y que ‘es posible curar a los homosexuales'”. Arcópoli ha pedido a la Comunidad de Madrid que revise el concierto educativo con el centro, “porque la discriminación no tiene cabida en la educación sufragada con dinero público”

Este medio se ha puesto en contacto con la Consejería de Educación, que  ha encargado al Servicio de Inspección Educativa un informe “con el objetivo de comprobar si el contenido de la carta infringe la normativa vigente sobre conciertos educativos y, en caso de que así fuese, proceder a la apertura de un expediente sancionador”. Añade, además, que “no compartimos el contenido de la carta”.

“La libertad de enseñanza no ampara la vulneración de la dignidad ni el ataque a la igualdad de derechos o al libre desarrollo de la personalidad”, afirman desde Arcópoli. La norma a la que se refiere la carta contempla entre sus medidas obligar a los centros educativos al tratamiento específico de la diversidad sexual en las aulas. También la creación de un Consejo LGTBI que permita la participación de las entidades de la sociedad civil en las políticas públicas referidas a esta materia.

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Carta distribuida por el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón (Madrid)