Las protestas masivas en EEU U obligan a dos Estados a modificar una ley sobre libertad religiosa que abría la puerta a la discriminación de los homosexuales
Manifestación en Indiana contra el gobernador Pence. / NATE CHUTE (REUTERS)
Una oleada de protestas en Estados Unidos ha forzado esta semana la rectificación de dos leyes que amenazaban el avance de los derechos de los homosexuales en nombre de la libertad religiosa. Las manifestaciones, boicots y pronunciamientos de las mayores empresas del país, casi al unísono, lograron que los Estados de Indiana y Arkansas dieran un paso atrás para evitar que las leyes sean utilizadas para discriminar contra gais y lesbianas. Pero su iniciativa ha sacado a la luz el intento del sector más conservador de la sociedad estadounidense para impedir la consolidación de unos derechos que muchos ya consideran inevitable.
En el tira y afloja que protagonizan estos días los conservadores y la comunidad homosexual es el mismo que sucedió a las primeras regulaciones del derecho al aborto o el acceso a los anticonceptivos. La sociedad estadounidense, impulsada por un cambio demográfico que forma una nación más diversa y más progresista, respalda ampliamente el derecho a la igualdad de los homosexuales. En el extremo contrario, la libertad religiosa se convierte en el último recurso legal de los conservadores contra ese avance.
Los principales líderes republicanos han defendido la ley de Indiana, copiada después por Arkansas. El republicano Jeb Bush, exgobernador de Florida y probable candidato a la Casa Blanca, afirmó que Indiana ha hecho “lo correcto” y que la ley “no es discriminatoria”. Su compañero de partido y candidato a la presidencia en 2016, Ted Cruz, celebra que la ley diera voz “a millones de valientes conservadores”. Frente a ellos, la demócrata Hillary Clinton lamentó que EE UU todavía se enfrente a estos debates. La Casa Blanca rechazó la ley porque “renuncia a los valores que defienden los ciudadanos”.
La estrategia republicana responde a los últimos avances de los derechos de los homosexuales, explica Sally Steenland, del Center for American Progress. El Tribunal Supremoestudiará esta primavera si los homosexuales tienen derecho a casarse. Seis de cada 10 votantes apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo y siete de cada 10 viven en uno de los 37 Estados donde está reconocido el matrimonio homosexual. Un 72% cree que el matrimonio igualitario es inevitable, según datos del Centro Pew. Las cifras justificaron una portada del diario conservador The Indianapolis Star esta semana. Eran tres palabras en blanco sobre negro para instar a los legisladores a cambiar la ley: “Arreglen esto ya”.
Los republicanos se amparan en una ley firmada por Bill Clinton en 1993, pero el país ha cambiado profundamente desde entonces. Decenas de organizaciones civiles reaccionaron contra Indiana junto a líderes empresariales de Apple, Walmart, General Electric o Yelp y gobernadores demócratas que anunciaron boicoteos contra Indiana.
Estados Unidos busca el límite donde pueden convivir la libertad religiosa y los derechos de las minorías. Los asuntos sociales separan a los republicanos de los demócratas, aunque en el caso de Indiana, los conservadores libran una batalla con su propio ideario, obligados a satisfacer a los votantes de mayor edad sin poner en peligro el futuro al electorado más joven ni el ala empresarial del partido.
En este primer choque cultural del año ha vencido el derecho a la igualdad de los homosexuales. Las protestas celebradas durante toda la semana obligaron a Indiana a modificar el texto de la ley para prohibir que se niegue la atención a nadie en los comercios. “El mensaje es claro. Nuestros negocios están abiertos. Damos la bienvenida a todo el mundo. No discriminamos contra nadie”, declaró el portavoz de su Asamblea, Brian Bosma.
Conscientes del riesgo de perder votantes por estas posiciones más conservadoras, el grupo de jóvenes Log Cabin Republicans celebró los cambios en la legislación. “Era demasiado amplia y vaga e invitaba a cualquiera a confiar en que el Estado le defendería si se le acusaba de discriminación”, dice su director, Gregory Angelo. “Ahora sí queda claro que la libertad religiosa y los derechos de la comunidad LGBT sí pueden convivir”.
La primera señal de la desconexión entre los políticos más conservadores y el resto de la sociedad llegó el pasado domingo. Un periodista preguntó al gobernador de Indiana, Mike Pence, si su nueva ley daba permiso para discriminar. Su reacción de fue un tartamudeo de varios días. El jueves, Pence atribuyó la fuerte reacción ciudadana a una “confusión” creada por los medios.
“La ley supone una limitación en lo que el Gobierno federal puede decir y lo que no”, afirma Montserrat Alvarado, directora de operaciones de la fundación Becket Fund, especializada en la intersección entre la libertad religiosa y los derechos de las minorías.
El rechazo y la reacción casi coordinada de decenas de organizaciones revela un cambio de mentalidad impensable hace solo cinco años. “Al tener que hablar de discriminación, perdieron la iniciativa en este debate”, alega Sally Steenland. La experta define la reacción de la sociedad y los líderes empresariales como una “bofetada” a los republicanos. “Lo que les sorprendió fue lo fuerte y alto que sonó el rechazo en todo el país”.
La aprobación de las leyes en Indiana y Arkansas ha funcionado como una luz roja para los republicanos. El gobernador de Indiana, Mike Pence, tardó solo una semana en proponer una enmienda para impedir la discriminación por motivos de orientación sexual. Su homólogo de Arkansas, que había copiado el texto en una iniciativa similar, anunció que no firmaría la ley. Y en Georgia, el siguiente en la lista, han cancelado su votación.
Para la Unión Americana por los Derechos Civiles el giro “representa un cambio drástico” en la manera en que EE UU reacciona a la discriminación en nombre de la religión. “Indiana cometió un error terrible y peligroso y chocaron con una condena que va a dañar su reputación y su economía”. Era el mismo argumento de cinco exalcaldes de Indianápolis, que exigieron en una carta la corrección inmediata de la ley para evitar “consecuencias indeseadas”.
La avalancha de protestas, y la consiguiente rectificación, puede haber llegado a tiempo para evitar que esta polémica se convierta en un problema para la campaña republicana. El partido conservador se enfrenta al reto de convencer a un electorado cada vez más joven más diverso y más abierto a los avances sociales de lo que lo ha estado nunca EE UU.
Un año de ofensiva republicana
Numerosos gobernadores republicanos han alegado en los últimos meses que era necesario aprobar leyes similares a nivel estatal para impedir que el Gobierno interfiriera en las prácticas religiosas de los ciudadanos. El último de ellos ha sido el de Indiana.
Los conservadores se amparan en una normativa que aprobó el presidente Bill Clinton en 1993, la Ley de Libertad Religiosa. El texto concedía a los ciudadanos determinadas excepciones en el caso de que una legislación federal les obligara a actuar en contra de su religión. En la actualidad, un total de 20 Estados cuentan en la actualidad con leyes de estas características que, según sus detractores, pueden ser utilizadas para justificar la negación de determinados servicios a los homosexuales. Otros 12 las han incorporado solo en el último año.
Las normativas, como ha alegado el gobernador de Indiana, tienen el objetivo de obligar al Gobierno federal a cumplir con más requisitos para poder exigir a corporaciones, organizaciones o individuos que actúen en contra de sus principios religiosos.
El mapa de los 32 Estados que cuentan con este tipo de leyes, frente a los que carecen de ellas, es muy similar al de los lugares donde el matrimonio entre personas del mismo sexo ha sido legalizado. Mientras que las costas Este y Oeste avanzan con la mayoría de la sociedad, en un cambio que ha llegado también incluso a Alabama, tradicionalmente conservadora, el centro y el medio oeste mantienen la misma postura que se respiraba hace más de 20 años, cuando Clinton firmó las protecciones legales para minorías religiosas en la Casa Blanca.
