La fiscalía investigará la denegación de un tratamiento de reproducción asistida a una lesbiana en Asturias

Noticia publicada por Xega

Europa PressLa Fiscalía Superior del Principado de Asturias ha abierto diligencias de investigación relativas a la denegación a un tratamiento de reproducción asistida a una mujer lesbiana en Asturias en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), según el escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso Europa Press.

La denunciante Silvia García, vocal del área de lesbianas de Xente Gai LGTB Astur (XEGA) aseguró en su momento que la unidad de reproducción asistida del HUCA le negó el acceso al tratamiento por existir, una “orden verbal” de responsables de la Administración sanitaria.

Según ha narrado en el momento en el que denunció el caso el 25 de abril de 2011, la propia García fue el 18 de abril cuando tenía cita en la Unidad de Reproducción Asistida tras haber realizado todas las pruebas médicas necesarias. Pero una vez allí, el jefe del Servicio le trasladó verbalmente la “orden” recibida de la consejería de Salud y Servicios Sanitarios “de no volver a admitir a ninguna lesbiana, ni a mujeres solas”.

Silvia García ha comentado que el jefe de sección le dijo que había recibido esa instrucción en una reunión que mantuvo con responsables de la Consejería del Principado, concretamente con Amalio Alonso y con Joaquín Arcadio Martínez.

“Me siento violada, humillada y vejada” ha asegurado, en su momento, Silvia García, quien ha señalado que la negativa a darle el tratamiento “ataca frontalmente” su libre decisión y supone una clara discriminación.

Pero Silvia García considera “inconcebible” que la Administración sanitaria haga ese tipo de recomendaciones a una mujer sin pareja, porque además sería algo con importantes “riesgos jurídicos y sanitarios”.

La Audiencia Nacional anula la sanción a Intereconomía por homofobia

El tribunal considera que la multa impuesta por el Gobierno vulnera la libertad de expresión y el derecho de crítica del medio. La cadena asegura que se criticó la asistencia a un acto festivo, no la identidad sexual.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha declarado nula la sanción del Ministerio de Industria que condenaba a Intereconomía a pagar 100.000 euros por la emisión de un spot promocional que cuestionaba que el Día del Orgullo Gay fuese subvencionado con fondos públicos. El vídeo, que fue emitido 273 veces entre julio y septiembre de 2009, reproduce imágenes de homosexuales junto al eslogan “Un día del orgullo gay. 364 de orgullo de la gente corriente”.

La denuncia formulada por el Consejo Audiovisual de Andalucía fue admitida a trámite por Industria, que consideró “ilícita” la campaña por considerar que va en contra de lo que establece la ley, donde se afirma que “la publicidad televisiva no puede atentar contra el debido respeto a la dignidad de las personas o a sus convicciones religiosas y políticas ni discriminarlas por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad y opinión”.

Intereconomía recurrió asegurando que “el anuncio de autopromoción suponía únicamente una crítica a un preciso acto festivo que no resulta ser representativo de la totalidad de los homosexuales, sino de un grupo de personas que está enfrentado con otros en lo que se refiere a la celebración del Día del Orgullo Gay”, según explica en su página web.

Esta nueva sentencia prima “el carácter prioritario que ostenta la libertad constitucional de opinión y más aún cuando es formulada por un medio de comunicación” apoyándose en el artículo 20 de la Constitución. La Audiencia sostiene que “no toda crítica o percepción negativa entraña por sí sola discriminación” y añade que si el Estado de Derecho acepta este precepto, “los contenidos de la libertad de expresión y el derecho a la crítica quedarían reducidos hasta su virtual desaparición”.

Intereconomía ha considerado esta resolución como el “triunfo de la libertad de expresión”. Juan José Aizcorbe, el director general jurídico de la cadena, ha reconocido que su principal preocupación no eran los 100.000 euros de multa, sino que dentro de las concesiones de las cadenas de televisión, tener una sanción puede implicar la no renovación de la licencia. “No hemos vulnerado ningún derecho y reseñamos que por encima de una decisión política ha sobrevenido una decisión con todo el peso de la ley”, ha defendido Aizcorbe. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales ha expresado en un comunicado que “la Justicia ha actuado desproporcionalmente, con una arbitrariedad clara, cuando antepone el derecho a la libertad de expresión de esta televisión privada pero no el de las personas”. La organización ve un clara discriminación por orientación sexual e incitación a través de las imágenes y mantienen que Intereconomía desprestigia a su colectivo.

Doble boda gay en Génova 13

Un centenar de personas se concentra frente a la sede del PP en Madrid para pedir la retirada del recurso a la ley de matrimonio homosexual

“Estáis todos invitados al doble matrimonio que vamos a celebrar a las 13.00 en el número 13 de la madrileña calle Génova, frente a la sede del Partido Popular”. Esta podría haber sido la invitación a la boda, simulada, de dos parejas, una de chicos y otra de chicas, que se realizó ayer en Madrid. Un centenar de personas, representantes de más de 20 asociaciones LGTB+H (Les, gay, trans, bi + hetero), exigieron al PP, ante la mirada estupefacta de muchos viandantes, la retirada del recurso de anticonstitucionalidad interpuesto a los matrimonios de parejas del mismo sexo.

“Queremos pedir a los populares que retiren una alegación que llevan cinco años manteniendo. Es su última oportunidad para dejar de ser un partido homófobo. No vale con las palabras amables, tienen diputados que pueden acabar con ese ultrajante recurso”, explica Rubén López, de 30 años, presidente de Arcópoli, la asociación universitaria convocante de la protesta que fue secundada por la federación de asociaciones LGTB+H. El Partido Popular recurrió la ley de matrimonio gay ante el Tribunal Constitucional el 30 de septiembre de 2005, dos meses después de su aprobación por parte del Congreso. En sus alegaciones se apoya en el artículo 14 de la Constitución: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Algo incomprensible para Toni Poveda, presidente de la FELGTB, que, minutos antes de la protesta, aseguraba no entender el recurso: “Esta ley combate la discriminación, no la fomenta”.

“Me gustan las peras, me gustan las manzanas. En la cama me meto con quien me da la gana”, cantaba una masa de casi un centenar de personas. La doble boda, con la bandera arcoiris como alfombra y las emblemáticas gaviotas del PP de fondo, se escenificó en el paso de peatones que cruza Génova, a la altura del cuartel general popular. Al mismo tiempo, el coro pedía igualdad, familia y la visibilidad de supuestos miembros homosexuales del PP que no salen del armario (“Rita Barberá, aprovecha y ¡sal ya!”). “No sé por qué se manifiestan pero me parece una locura. Conozco a muchos miembros del PP que viven y practican su homosexualidad. Pero, ¿por qué hay que casarse? Casarse es reaccionario, ya no se lleva. No creo que esto tenga que ver con la política”, añade Julia Escobar, escritora de 64 años, casada y que pasaba por la calle durante la concentración.

Fue un casamiento corto; tan solo una hora de sonrisas, reivindicación de la familia e indignación que acabaron con la lectura de un manifiesto.

“Hemos venido a mostrar la vergüenza que representa el recurso. Estos señores pretenden crear ciudadanos de clase A y ciudadanos de clase B; quieren excluir a cuatro millones de españoles. Por eso estaremos aquí, año tras año, para ver si se les cae la cara de vergüenza”, concluye Carla Antonelli, activista y antigua coordinadora del área trans del PSOE, mientras la gente corea “que se besen, que se besen”. Ambas parejas juntan sus labios en un típico final de boda.