Rumania da la espalda al referéndum para vetar los matrimonios del mismo sexo

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La baja participación, de solo el 20,4%, invalida la consulta y alivia a Bruselas, inquieta por las reformas judiciales y la corrupción del país

La primera ministra, Viorica Dancila, votando en el referéndum sobre el veto al matrimonio igualitario. FOTO: DANIEL MIHAILESCU (AFP) | VÍDEO: ATLAS

Rumania dio la espalda este fin de semana de forma abrumadora al referéndum que planteaba vetar constitucionalmente los matrimonios del mismo sexo. Con un 20,4% de participación, la consulta no alcanzó el umbral del 30% necesario para ser válida. El fracaso de la jornada supone un varapalo para el Gobierno socialdemócrata, acuciado por los escándalos de corrupción y los requerimientos de las instituciones europeas. Estas advierten de que las reformas emprendidas en el país socavan la independencia judicial y dificultan perseguir la corrupción.

El referéndum, impulsado por la conservadora Coalición por la Familia y apoyado por la Iglesia Ortodoxa, necesitaba el 30% para salir adelante. Sin embargo, solo el 20,4% de los ciudadanos fue a votar. Y ello pese a que, de forma inusual, el Gobierno dio dos días para ejercer el derecho al sufragio. Las asociaciones por los derechos humanos y activistas LGTBI habían llamado a la abstención para boicotear la jornada. La consulta planteaba si la Constitución debía ser modificada para cambiar la definición de “matrimonio”. La ley ahora fija que es “la unión libremente consentida entre dos esposos”. El cambio sometido a referéndum lo ciñe al vínculo “entre un hombre y una mujer”.

Ante las críticas internacionales y el tremendo malestar en su familia política europea, la primera ministra rumana, la socialdemócrata Viorica Dancila, aseguró que su partido no haría campaña. Y a eso se han vuelto a agarrar los líderes socialdemócratas tras constatar el rechazo de la ciudadanía a participar en el referéndum. Pero en la práctica no ha sido así. Vlad Viski, director ejecutivo de la organización LGTBI rumana MozaiQ, ha denunciado una campaña que ha definido “llena de odio”. “Ha habido un lenguaje agresivo, violento, en el que se ha llegado a decir que si gana el no se abriría la puerta a matrimonios con animales o a la poligamia”, ha denunciado. El activista se refiere a las palabras del líder del Partido Social Demócrata, Liviu Dragnea, que en una entrevista en la televisión rumana dijo que podían producirse uniones “entre un hombre y un animal”.

Los impulsores del referéndum han defendido que Rumania quiere recuperar los valores “conservadores” frente a las ideas progresistas de los países occidentales de la Unión Europea. Sin embargo, la sociedad civil del país advierte de una “cortina de humo” del Gobierno para tapar sus vergüenzas. “A los dirigentes del Partido Social Demócrata no le importan los matrimonios del mismo sexo, sino evitar la cárcel”, sostiene Sorin Ionita, miembro del think tankForum Expert y consultor de varias organizaciones internacionales. De hecho, en su etapa de europarlamentaria la actual primera ministra votó a favor de una resolución que instaba a los países a reconocer los matrimonios del mismo sexo.

Rumania ha vivido en los últimos tiempos manifestaciones multitudinarias contra la corrupción. Y justo este lunes Dragnea, líder del partido gubernamental, acude a los tribunales tras haber recurrido su segunda condena por abuso de poder. “Quieren hacer este referéndum para poder ir a Europa con un discurso emocional y populista. Pretenden decir: ‘¿Cómo vamos a ir a prisión si tenemos el apoyo de los ciudadanos?”, añade Ionita.

De momento, el Gobierno no podrá usar ese argumento, lo cual es un alivio para Bruselas. Pero solo en parte. El Gobierno rumano se ha convertido en el tercer quebradero de cabeza de las instituciones europeas en Europa del Este, después de la deriva de Hungría y Polonia, que han forjado una alianza para evitar un procedimiento disciplinario para investigar la degradación de sus sistemas democráticos. Y justo a las puertas de que, entre enero y junio del año que viene, ostente la presidencia rotatoria de la Unión Europea.

El Parlamento Europeo debatió esta semana la situación de Rumania, que se halla bajo supervisión desde su adhesión a la Unión Europea para verificar las reformas en materia de justicia y economía. Tras rebajar la participación necesaria para sacar adelante un referéndum del 50% al 30%, la UE teme que el Gobierno pueda aprobar reformas constitucionales de carácter populista. El vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, fue contundente al mostrar la “preocupación” de Bruselas por reformas que a su juicio socavan la separación de poderes y el castigo de la corrupción.

Advertencias de Bruselas

A finales de este mes, la Comisión tendrá en sus manos un nuevo informe de la Comisión de Venecia sobre los avances o retrocesos de Rumania. Y Timmermansdijo que “no dudará”, si es necesario, en acudir al Tribunal de Justicia de la UE. “Si la Comisión ha de ser severa en su evaluación, lo será. Si tiene que usar otros instrumentos, lo hará”, advirtió. Y, pese a no poder impedir la consulta, Timmermans recordó que los tratados comunitarios garantizan la igualdad de todos sus ciudadanos con independencia de su “orientación sexual”.

Rumania ya recibió, de hecho, un varapalo de la Corte de Luxemburgo, que la obligó a dar residencia a un ciudadano de Estados Unidos casado con otro del país. Rumania fue uno de los últimos países de la UE en despenalizar la homosexualidad, en 2001, y está a la cola de los países miembros (en la posición 25 de 28) en legislación igualitaria, según la organización ILGA-Europe.

El referéndum de este domingo también ha provocado malestar entre los socialdemócratas europeos, una delegación de los cuales se reunió con Dancila para recordarle los valores progresistas de la formación. El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, que presidió la comisión de Libertades, Justicia e Interior de la Cámara, sostiene que Rumania no puede compararse con Hungría o Polonia pese a que las reformas del poder judicial y el código penal y los “casos de corrupción en el manejo de fondos europeos” suscitan “preocupación”.

“Rumania ha atendido las resoluciones del Tribunal de Justicia de la UE, la Comisión de Venecia y del Tribunal Constitucional del país”, afirma. Aun así, rechaza la posición de los socialdemócratas rumanos con el referéndum de este fin de semana. “Le dije a la primera ministra que debían tener el coraje de defender la posición contraria a esa reforma. El apoyo a la prohibición es inaceptable e incompatible con los valores del Partido Socialdemócrata europeo”, zanja.

Fracasa el referéndum de Rumanía contra el matrimonio gay por la alta abstención

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Fracasa el referéndum de Rumanía contra el matrimonio gay por la alta abstención EL MUNDO (VÍDEO) / EFE (FOTO)

Los rumanos han ignorado el referéndum celebrado este fin de semana para vetar el matrimonio entre personas del mismo sexo y consagrar en la Constitución la “familia tradicional”. La consulta no superó el umbral del 30% del censo necesario para que fuera valida, una situación parecida a la que se vivió en Hungría tras el referendo sobre la reubicación de refugiados en la UE. Según datos de la Oficina Electoral Central sólo el 20,41% de los electores participó en el referendo.

Tres millones de firmas hicieron posible este referéndum, cuya sola celebración suponía un giro de llave en la cerradura del armario donde sigue Rumanía y la mayoría de sus vecinos con pasado comunista, proclives a consultas que azuzan a la fractura social.

La iniciativa no partió en este caso del Gobierno, en manos del populista Partido Social Demócrata (PSD), pero su simpatía por el sí fue explícita y su apoyo a los impulsores masivo, por lo que el resultado golpeaba al Ejecutivo. La primera ministra, Viorica Dancila había prometido no interferencia en la consulta a la UE, que ve con preocupación cómo se cortapisan derechos en su flanco Este y se crean bolsas de intolerancia.

Dancila no cumplió su palabra y tampoco los hombres fuertes del partido, empezando por su presidente, el controvertido Liviu Dragnea. “Saben qué es una familia tradicional. Es la formada por un hombre y una mujer que tienen niños”, declaró Dragnea, condenado por fraude electoral en 2016. Para la oposición conservadora, la única posición posible frente al referéndum era la abstención. Tanto el Partido Nacional Liberal (PNL) como la Unión Salvad Rumanía (USR) consideraban que Dragnea utilizaba la consulta como cortina de humo ante la tensión producida por los intentos de los socialdemócratas de aprobar leyes menos estrictas para delitos de corrupción.

En la calle, las estrategias políticas se percibían de otra manera. “La campaña ha generado cotas de odio intolerables. Nunca se habían visto tantos episodios homófobos”, denunció Amnistía Internacional en un comunicado al que se sumaron otras organizaciones no gubernamentales y el colectivo LGBT.

Para Mihai Gheorghiu, líder de la Coalición para la Familia, promotora del referéndum, éste nada tenía que ver con los LGTB y sus costumbres sino con la defensa de la familia tradicional ante quienes, algún día cercano o lejano, pretendieran cambiarlo. Y, por si algún rumano de los 19 millones que estaban llamados a las urnas no alcanzaba a entender lo que estaba en juego o decidía no votar “dos hombres podrán adoptar a tus hijos” y quién sabe lo que entonces ocurrirá, añadía Gheorghiu. “Defender el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer es defender la cabeza y el alma de nuestros hijos frente a una ideología de género y la homosexualidad”, dijo.

La Coalición para la Familia contó con el apoyo de la Iglesia Ortodoxa. Los profesores de religión hicieron campaña por el sí. En un mensaje leído tras la misa, el Patriarca Daniel apeló a los creyentes a ir a votar. Le desoyeron.

“Terapias” para homosexuales y guerra al feminismo: así son los obispos que desafían al Papa Francisco

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Unos 15 miembros de la jerarquía eclesiástica defienden posturas homófobas y antifeministas que chocan con las posiciones aperturistas del Pontífice. Entre otras cosas, aseguran que los homosexuales tienen cura.

De izq. a dcha., el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, el cardenal Antonio Rouco Varela, el arzobispo de Valencia Antonio Cañizares, el jefe de la Iglesia en Córdoba Demetrio Fernández González y el obispo de Getafe, Joaquín María López Andujar. / EFE – EP

Su traje lucía impoluto. Su voz, pausada y fuerte, mantenía en vilo a los fieles. De repente, lo soltó: “os aseguro que encuentran el infierno”. La sentencia del obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, iba dirigida a las personas homosexuales. Aquella frase, que recorrió telediarios de distintas parte del mundo, le convirtió en uno de los rostros visibles del sector ultraconservador de la Conferencia Episcopal. Nunca se retractó, ni siquiera cuando el Papa Francisco empezó a dar señales en otro sentido. La línea dura de la Iglesia española, en la que se ubica Reig Pla, sigue fiel a sus postulados.

El sector más radical está compuesto por una quincena de obispos. La mayoría de ellos figura en uno de los rankings con peor prestigio del país: el listado de obispos homófobos que elabora el Observatorio Español contra la LGBTfobia (STOPLGBTFobia), coordinado por la confederación Colegas. No es casualidad que este colectivo que trabaja por la igualdad de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales en toda España lleve tres años haciendo un seguimiento de la jerarquía eclesiástica más homófoba: este tema ocupa uno de los lugares predilectos en el argumentario de los religiosos ultraconservadores. Según su estudio, uno de cada seis obispos mantiene posiciones de este tipo.

“Evidentemente, chocan con las posiciones más aperturistas que ha manifestado el Papa Francisco”, afirma a Público Paco Ramírez, presidente del observatorio y responsable de Colegas. “Las declaraciones de estos obispos son muy contrarias a la aceptación que preconiza el Papa, utilizando además un lenguaje vejatorio y poco edificante. De hecho, lo consideramos como un discurso del odio contra las personas LGTBI”, comenta el activista. En cualquier caso, advierte que “esto no quiere decir que en todo este momento el Papa no haya dejado de echar una de cal y otra de arena, quizás por la presión de los fanáticos y el conservadurismo más atroz”.

Peligrosos, pero curables

En el número uno de ese listado figura el cardenal Antonio Cañizares, actual arzobispo de Valencia, quien cree que existe –literalmente– un “imperio gay” que ejerce como polo de poder en España, e incluso llegó a identificar el matrimonio entre personas del mismo sexo como uno de los “principales peligros para la Constitución”. ¿Soluciones? El Obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, tiene una bastante original: “curar” a los homosexuales, como si de personas enfermas se tratase. De hecho, él asegura que ya lo ha conseguido con algunos gays.

Otro de los obispos señalados en el ranking homófobo es Reig Pla, actual responsable de la Iglesia en Alcalá de Henares e integrante de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal. A su juicio, homosexualidad es sinónimo de “prostitución”. No en vano, antes del verano puso en marcha el servicio “Sexólicos Anónimos” para ayudar a los fieles que así lo deseen a “liberarse de la lujuria y alcanzar la sobriedad sexual”.

Entre los obispos que chocan con las declaraciones aperturistas del Papa Francisco también se encuentran el responsable de la diócesis de Getafe, Joaquín María López de Andújar y su número dos, José Rico Pavés, Obispo Titular de Mentesa y Auxiliar de Getafe. Asimismo, el ranking incluye al jefe de la Iglesia en Córdoba, Demetrio Fernández González, y a su homólogo en Sevilla, Juan José Asenjo. “Eso de que cada cual pueda elegir su sexo nos parece una aberración. La ley de la ideología de género nos dice que el sexo no es algo de la naturaleza sino que es algo que uno elige libremente”, decía este último en una entrevista publicada en febrero pasado por el conservador ABC.

Feministas y marxistas

Precisamente, a los obispos de la línea dura les une otro objetivo: luchar contra lo que denominan “ideología de género”, nombre que habitualmente utilizan para referirse a la lucha feminista. Uno de los más rimbombantes a la hora de hablar de este tema ha sido el Obispo de Alcalá de Henares. En un escrito que figura en la web de su Obispado, Reig Pla asegura que los “feminismos ideológicos” se desarrollan “en un contexto mundialista de capitalismo tecno-nihilista que -para hacer de todo mercancía, incluido el cuerpo- ‘fagocita’ e ‘integra’ en el ‘sistema’ toda disidencia, incluso las propuestas de matriz marxista a las que ‘domestica’ y ‘comercializa’”.

Las preocupaciones del Papa Francisco, en cambio, parecen ir en otro sentido. En el prólogo del libro Diez cosas que el Papa Francisco propone a las mujeres –escrito por María Teresa Compte Grau– la máxima autoridad terrenal de la Iglesia Católica critica que “siga persistiendo cierta mentalidad machista, incluso en las sociedades más avanzadas, en las que se consuman actos de violencia contra la mujer, convirtiéndola en objeto de maltrato, de trata y lucro, así como de explotación en la publicidad y en la industria del consumo y de la diversión”.

Rouco y Munilla

Sin embargo, los obispos más ultras centran habitualmente su discurso en el feminismo, y no precisamente para alabarlo. El cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid, es uno de los azotes del movimiento que defiende los derechos de las mujeres, acción en la que también destaca el obispo Munilla, una de las voces más polémicas de la Iglesia.

El sector ultraconservador de la Conferencia Episcopal también se opone a la apertura mostrada por el Papa Francisco hacia las personas divorciadas. Ni hablar de cualquier mínimo gesto de comprensión hacia aquellas mujeres que deciden libremente abortar. Munilla prefiere hablar directamente de “holocausto”.

“Como en la Edad Media”

En el Movimiento por un Celibato Opcional (MOCEOP) creen que existe una “guerra sucia” contra el Papa Francisco para tratar de hacerle dimitir. “Todos esos obispos y cardenales no quieren que las cosas se muevan, porque eso supone que pierdan control y poder”, afirma la presidenta de este colectivo, Tere Cortés. A su juicio, Jorge Mario Bergoglio tiene enfrente a unos “carcas” que buscan que “todo se quede como en la Edad Media”. Ante esa situación, su movimiento “apoya al Papa Francisco en esa lucha contra todos aquellos que buscan cortar cualquier intento de avance“.

En un comunicado difundido hace algunas semanas, el MOCEOP advertía precisamente que ese sector “está abiertamente en contra de las reformas y cambios que está propiciando el papa Francisco, porque está acabando con las situaciones de poder y privilegio que ellos han mantenido hasta ahora en una estructura inmovilista y cerrada de la Iglesia”, señalaban.

KARI MUGO DIRECTIVA COLECTIVO LGTBI EN KENIA: “La homosexualidad ha existido siempre en África;lo occidental es la homofobia”

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Kari Mugo ve el futuro con incertidumbre, pero saca fuerzas para seguir luchando al echar la vista atrás y comprobar así todo lo que han avanzado en estos años

Kari Mugo ve el futuro con incertidumbre, pero saca fuerzas para seguir luchando al echar la vista atrás (Oskar Epelde)

 

NAIROBI– Kari Mugo es directiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas, la organización independiente LGBTI que se ha especializado en el terreno legal.

¿Continúan presentando nuevos casos al tribunal?

-¿Si aún estamos registrando violaciones? Sí. Continuamos yendo a las comunidades y sigue viniendo gente a nuestra oficina pidiendo ayuda por cuestiones de seguridad. Hay gente que sigue siendo acosada, golpeada, chantajeada, asesinada, violada, expulsada de sus casas… Pero por eso la decisión de una juez afirmando que la homosexualidad no es una amenaza contra la moralidad es muy importante y permite generar el debate en un terreno más fértil. Si hay cosas positivas… Creo que se trata de un camino muy largo. Las cosas que estamos tratando de hacer no tendrán lugar en dos años, ni siquiera en cinco, probablemente. Sin embargo, si miramos atrás vemos mejoras. La gente LGBTI es ahora más visible, estamos hablando más sobre estas cuestiones aunque el mismo problema sigue existiendo.

Tanto el Consejo de Clasificación de Películas de Kenia (KFCB) como los abogados de las iglesias les atacan, considerándoles un producto de la agenda occidental.

-Si una jueza keniana dice que un consejo del gobierno keniano está abusando de poder, se trata de un asunto puramente keniano. La homosexualidad ha sido documentada en Kenia y en África desde que existe la historia de la humanidad. De hecho lo que es occidental es la homofobia. En las sociedades tradicionales kenianas tenemos mujeres que toman a otras mujeres por esposas y es algo que el gobierno keniano reconoce como derecho de costumbre. La jueza del caso Rafiki en su auto de suspensión de la orden de KFCB ha dicho que la moralidad popular no puede utilizarse para infringir derechos constitucionales e inalienables de la persona;que la homosexualidad es cuestión de consenso entre adultos, como ir al cine a ver la película Rafiki. Y ha dicho que la homosexualidad no es una amenaza para la sociedad keniana. Tenemos problemas mucho más graves como la corrupción o una deuda galopante.

Si tenemos una conversación agradable y al final te doy un sopapo lo único que habría que quitar es el sopapo. Esto dijo el jefe del KFCB, Ezekial Mutua, para explicar la razón por la que seguirán insistiendo en prohibir ‘Rafiki’. Quiere apartarla de lo que llaman ‘el mensaje moral’ de la película.

-El problema del KFCB no es la película sino cómo termina. Por tanto lo que está en cuestión es cómo deben crear arte los artistas. Uno de los argumentos de la jueza del caso fue que el objetivo de un artista es precisamente concienciar a la sociedad. Las historias que la iglesia y gente como Ezekiel Mutua quieren que se cuenten son historias de sufrimiento sin esperanza, básicamente si eliges ser homosexual estás eligiendo la miseria. Que los personajes de Rafiki experimenten traumas y al final todavía quieran seguir juntas amenaza sus nociones. Tiene gracia y a la vez es muy triste.

las claves

“Que los personajes de la película ‘Rafiki’ experimenten traumas y al final todavía quieran seguir juntas amenaza sus nociones”

“En las sociedades tradicionales kenianas tenemos mujeres que toman a otras mujeres por esposas, algo que hay que reconocer”

“Esquizofrenia u homosexualidad afeminada”: los apuntes tránsfobos de Medicina en la Universidad Complutense

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Un grupo de estudiantes denuncia que el profesor titular de Psiquiatría del Hospital 12 de Octubre utiliza material docente que patologiza a las personas trans, a las que en un manual recomendado se califica de “histriónicas” y “superficiales en las relaciones personales”.

Facultad de medicina de la UCM./EUROPA PRESS

A pesar de los esfuerzos de multitud de asociaciones y grupos para visibilizar la realidad de las personas trans en España, que han llevado incluso a que este año 2018 el Orgullo LGTBI se celebrase dedicado a dicho colectivo, la sociedad todavía se encuentra lejos de haber erradicado la transfobia normalizada. Esta adopta manifestaciones diversas, pudiendo ir desde las agresiones físicas –la Plataforma Trans, que aglutina a multitud de estas asociaciones, denunciaba este mismo verano cómo se estaba produciendo un aumento “alarmante” de este tipo de agresiones– hasta las más simbólicas. Y manando a través de todo tipo de actores sociales.

Así, un grupo de estudiantes de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha denunciado ante el Decanato de dicha facultad lo que consideran podría ser un caso de “incitación al odio” contra las personas trans a través de textos utilizados como herramienta docente.

El motivo, según el documento presentado y al que ha tenido acceso este periódico, habrían sido unos apuntes correspondientes a la asignatura de Psiquiatría, impartida por el profesor titular del Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario 12 de Octubre y Director del Área en dicho centro, Gabriel Rubio Valladolid.

En ellos, entregados al alumnado por el docente a través de un pendrive, según fuentes del estudiantado, se hallan afirmaciones tales como que ante el “diagnóstico del trastorno de la identidad sexual o transexualismo”, deben “descartarse otros trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, el fetichismo transvestista y la homosexualidad afeminada”. El texto continúa exponiendo que “los rasgos narcisistas, histriónicos y límites son relativamente frecuentes”, ya que, continúa el documento, “muchos transexuales aparecen como ensimismados y demandantes”, además de “superficiales en las relaciones interpersonales”.

El contenido del documento está extraído íntegramente del manual Fundamentos de Psiquiatría: Bases científicas para el manejo clínico (Editorial Médica Panamericana, 2015), cuyo editor es el mismo Dr. Rubio y que se encuentra actualmente entre los volúmenes de bibliografía básica recomendada por la Facultad. En el prefacio del libro, firmado por este médico, se describe su función como la de conseguir que “los alumnos de Medicina puedan comprender qué le ocurre al paciente que padece un trastorno mental”, y “una forma de aprender la asignatura de psiquiatría que es la que en el momento actual se emplea en el Hospital Universitario 12 de Octubre”.

Por su parte, el docente ha declarado a Público que los polémicos apuntes fueron difundidos en el año 2013 y que remiten a una clasificación denominada DSM-5 que elabora la Asociación de Psiquiatría Americana. También puntualiza que él recomienda a su alumnado otros manuales didácticos, aunque admite haberles instado a utilizar esos apuntes “circulantes” en su lugar. Aun así, Rubio asegura que, para él, la transexualidad “no es un trastorno”. En el manual editado por él mismo, sin embargo, no se hace mención a ninguna perspectiva alternativa al respecto de la situación referida a las personas trans.

A su vez, el citado DSM-5 únicamente alude en su clasificación a la “disforia de género” –algo que también es fuertemente criticado por las distintas asociaciones de personas trans en lucha contra su patologización–, en ningún caso a la transexualidad en sí, la cual se caracteriza necesariamente porque exista “un malestar clínicamente significativo o un deterioro en lo social, escolar u otras áreas importantes del funcionamiento”. A este respecto, la Organización Mundial de la Salud, en la última revisión de su clasificación internacional publicada el pasado mes de junio (ICD-11), daba un paso más allá y dejaba de considerar la disforia una patología, cambiando su categoría a la de “incongruencia de género”.

Al respecto de la polémica, la Vicedecana de Estudiantes de la Facultad de Medicina, Elena Vara Ameigeiras, relata a Público que el docente le había explicado que los apuntes constituían un “documento de trabajo para leer” con el fin de realizar posteriormente “un debate” que simulase cómo se debía actuar ante ciertas situaciones una clínica de psiquiatría. Por otro lado, la responsable incide en que “en la Facultad de Medicina de la Complutense no se enseña eso de manera oficial”, y atribuye las afirmaciones tránsfobas del libro recomendado en la web del departamento a “un problema de la editorial”.

Varios estudiantes denuncian contenido tránsfobo en el grado en Medicina de la UCM./Público

Contra la patologización, leyes y protocolos

Las consecuencias de patologizar a las personas trans pueden ser altamente perjudiciales para su bienestar, y conseguir evitarlo empieza por brindar una formación adecuada a los profesionales. Emilio García, padre de una persona trans y activista de COGAM, cuenta cómo a su hijo, le estuvo tratando un psiquiatra que se dedicaba a “darle pastillas, lo que era un tratamiento incorrecto; lo que había que hacer era favorecer su empoderamiento como persona trans”.

Por eso, García insiste en que “estas cosas en docencia son muy graves, porque los futuros médicos pueden salir con ese concepto”, el cual, explica, “no está adecuado a la visión que tenemos las personas vinculadas al colectivo de las identidades trans”. “Es una irresponsabilidad impartir enseñanzas relativas que parecen más adecuadas al siglo XIX que al momento en el que estamos, igual que también lo es que un profesional médico, cuando recurre a él una persona trans, le diga que es un enfermo”.

Ante esta situación, los estudiantes a través de la queja presentada exigen “la activación de manera efectiva de los protocolos oportunos por acoso por identidad de género”, que en el caso de esta universidad madrileña son competencia de la Unidad de Igualdad de Género. La institución cuenta con la reciente creación de una Oficina de Diversidad Sexual e Identidad de Género, que hasta el momento ha elaborado un protocolo referido a la libre determinación de la identidad de géneroen el ámbito administrativo.

Este tipo de medidas son las obligatorias para las instituciones universitarias desde que en el año 2016 se aprobara la ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, conocida como “ley trans”, aunque en los dos últimos años su aplicación se haya caracterizado por ser significativamente deficiente. En ella, existe un apartado íntegramente dedicado a las universidades (Art. 26), en el que se especifica que los centros deben “evitar la impartición de contenidos discriminatorios hacia las personas por motivos de identidad y/o expresión de género”.

Por último, la denuncia firmada por más de una quincena de personas, apela a “la retirada de los apuntes, la retractación pública por parte del Departamento y la formación activa inclusiva al alumnado y al profesorado”.

Desconvocada la huelga de hambre de los 17 activistas trans ante el compromiso de Podemos de tramitar su ley

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El grupo parlamentario confederal ha incluido además esta propuesta en la mesa bilateral de negociaciones presupuestarias abiertas con el Gobierno de Pedro Sánchez.

17 activistas trans llevan a cabo durante unas horas una huelga de hambre para exigir a Podemos que tramite la ley integral de este colectivo. TWITTER/@PlataformaTrans

La Plataforma Trans ha desconvocado la huelga de hambre que este miércoles por la mañana iniciaron 17 de sus activistas tras haber obtenido de Podemos su compromiso de llevar al pleno del Congreso la Ley Estatal Trans antes de agosto de 2019 e incluirla en la mesa de negociaciones presupuestarias con el Gobierno.

Así lo ha informado a Efe  la presidenta de la Plataforma, Mar Cambrollé, quien ha mostrado su satisfacción porque su exigencia de tener una fecha para que la iniciativa que Unidos Podemos registró en febrero inicie su periplo parlamentariose haya satisfecho con éxito en tan poco tiempo.

“No era una medida simbólica, había gente dispuesta a llevarla hasta sus últimas consecuencias”, ha añadido Cambrollé sobre la huelga de hambre, con la que querían que Podemos dejara de tener “secuestrados sus derechos en un cajón”.

El grupo parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha incluido además esta propuesta en la mesa bilateral de negociaciones presupuestarias abiertas con el Gobierno de Pedro Sánchez, según ha informado IU en una nota de prensa en la que reafirma su “total compromiso” con la iniciativa.

Persigue con ello que el Ejecutivo socialista “ayude a traerla al pleno del Congreso y contribuir así a hacer propias” entre todos “las demandas de un colectivo que sólo busca que la justicia y la reparación alcance también a quienes los integran”.

IU opina que “debe hacerse todo lo posible para acelerar esta tramitación” pese al “reducido” cupo que tiene el grupo para registrar iniciativas legislativas, lo que lleva a que “algunas acumulen ya cerca de dos años de espera para que se tramite su toma en consideración”.

A su juicio, la huelga de hambre iniciada por 17 activistas de la plataforma, entre ellos madres y jóvenes transexuales, “puede contribuir a dar un impulso a esta iniciativa” y ayudar a “resolver la deuda social, moral y de incumplimiento de derechos que existe en este momento con este colectivo”.

El texto, fruto del consenso de las organizaciones de transexuales y respaldada por más de 150 colectivos sociales, despatologiza la identidad trans en todos los ámbitos, ya sea el sanitario, educativo, laboral o deportivo, y tiene en cuenta a menores, mayores o inmigrantes.

De este modo, propone que las personas transexuales de hasta 16 años puedan acceder a los tratamientos hormonales sin permiso de sus padres y que se nombre a un defensor judicial para los menores de esa edad que no tengan consentimiento de ninguno de sus progenitores.

También prevé esta misma fórmula para los menores que deseen cambiar en el registro su nombre y su sexo, que podrá ser masculino, femenino o no binario, o que el Sistema Nacional de Salud pase a cubrir los tratamientos como los hormonales y de modulación del tono y timbre de voz, entre otras medidas.

 

Activistas trans inician una huelga de hambre para exigir la tramitación de la ley integral del colectivo

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Representantes de Unidos Podemos e integrantes de la Plataforma por los Derechos Trans durante el registro de la ley. DANI GAGO

Un total de 17 activistas han iniciado este miércoles una huelga de hambre para exigir el “desbloqueo” de la ley integral sobre la protección jurídica de las personas trans. Lo han anunciado a las puertas del Congreso de los Diputados, donde han avisado de que tiene carácter indefinido “que solo terminará” cuando Unidos Podemos, grupo que registró la iniciativa el pasado mes de febrero, la lleve a pleno.

Las personas que han iniciado la huelga son activistas y madres de menores trans que pertenecen a la Plataforma por los Derechos Trans, un colectivo de ámbito estatal impulsor de la ley.

“Han pasado más de siete meses y Unidos Podemos se niega a darnos una fecha para llevar el proyecto al Pleno para su votación a tramite”, explican desde la Plataforma. “Esto –prosiguen– supone el secuestro de nuestras esperanzas, anhelos de igualdad y nuestros derechos, así mismo impide que otros grupos políticos puedan votar el trámite”.

Desde Unidos Podemos niegan el retraso y aseguran que la iniciativa está en cauce parlamentario con los plazos habituales. “Vemos bien la huelga. El Gobierno tiene la oportunidad de acelerar el proceso a través de un proyecto de ley, nosotras ya se lo hemos planteado en la mesa de negociación”, explican fuentes del partido.

Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma e impulsora de la huelga, a la que han denominado #FuriaTrans,  explica en un vídeo los motivos de la acción: “No es una ley de privilegios, es una ley que va a protegernos de la discriminación a las personas trans y posibilitar a través de un marco jurídico que seamos iguales al resto de ciudadanos en el ámbito educativo, sanitario, en el deporte, a los menores, a las personas migrantes…”.

“Las personas trans hemos sufrido un apartheid social, laboral, afectivo, político y médico. Somos las más ‘nadies’ de los nadies’, las castigadas entre los castigados, las humilladas entre los humillados y, en el franquismo y la Transición, fuimos lo peor de lo peor entre los presos sociales, y también hemos sido las olvidadas de la democracia”, ha asegurado a las puertas del Congreso.

Unidos Podemos registró el pasado mes de febrero la iniciativa, basada en el principio rector de la libre determinación de la identidad y la expresión de género. Entonces, la portavoz Irene Montero calificó de “histórico” el inicio del camino parlamentario de la norma, que esgrime medidas concretas en diversos ámbitos. Entre otras, prevé que las personas trans sean tratadas en base a su género sentido en todos los espacios, tanto públicos como privados, que su nombre elegido sea respetado en todos los documentos e incide en el reconocimiento de las personas no binarias.

La ley pretende la creación de protocolos para asegurar la no discriminación de las personas trans en el ámbito sanitario, educativo y laboral, además de la implementación de programas de formación para los profesionales de la justicia y la salud. En este sentido, prevé el desarrollo de un nuevo modelo despatologizador, que garantice el apoyo, la atención y la no discriminación de las personas trans en el acceso a la salud.

Despatologización trans

Varias comunidades autónomas ya tiene sus propias leyes trans, una situación que, en palabras de Cambrollé, dibuja “un mapa de desigualdad territorial”, al que debe poner freno la ley estatal. “Las personas trans hemos tenido que esperar muchísimos años para tener gestos que nos consideraran ciudadanía a la que hay que tener en cuenta”, reclama la activista.

La iniciativa también incluye la reforma de la Ley 3/2007 de 15 de marzo, que regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. El sentido de la modificación implica que las personas trans no sean tratadas como enfermas para poder acceder al cambio de nombre y sexo legal en los documentos oficiales. Actualmente, un médico debe diagnosticarles disforia de género y la regulación actual les obliga a pasar dos años de tratamiento hormonal.

Por otro lado, excluye a los menores de esta posibilidad y exige como requisito la nacionalidad española, por lo que también deja de lado a las personas extranjeras que residen en nuestro país.

Al igual que la ley integral trans, una proposición de ley del PSOE cuya toma en consideración se aprobó en noviembre de 2017 en el pleno, modifica estos aspectos con el objetivo de lograr la despatologización de la transexualidad.

17 activistas trans anuncian una huelga de hambre para exigir a Podemos que tramite la ley integral de este colectivo

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La medida de presión, que comienza este martes, fue anunciada por la Plataforma por los Derechos Trans en las escalinatas del Congreso. Un total de 17 activistas de nueve comunidades se han sumado a esta huelga indefinida. Unidos Podemos niega que la ley se haya guardado en un cajón y afirma que se están buscando los apoyos necesarios para que salga adelante cuando se presente.

Miembros de la plataforma trans a las puertas del Congreso tras el registro de la ley por Unidos Podemos. EFE

Un total de 17 personas trans y activistas por los derechos de este colectivo han iniciado este miércoles una huelga de hambre indefinida. Lo anunciaron en las escalinata del Congreso de los Diputados, donde han exigido a Unidos Podemos que presente ya en el la Cámara Baja la ley integral de transexualidad.

El pasado 23 de febrero, el Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea anunció a bombo y platillo el registro en el Congreso de la primera proposición de esta ley, una norma clave para el colectivo trans, que había sido elaborada y consensuada durante más de un año con un amplio abanico de organizaciones sociales.

Ocho meses después de dicha presentación, las distintas asociaciones integradas en la federación de organizaciones trans denuncian que este proyecto se ha guardado en un cajón y que no han podido arrancar a la formación morada ni siquiera una fecha para su presentación y debate en el pleno.

“Estamos preocupados, porque haber llegado hasta aquí nos parece una torpeza política, pero prolongar esta situación nos parece ya una violencia política hacia las personas trans”, afrimó Mar Cambrollé, Presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucia-Sylvia Rivera y de la Federación de Asociaciones Trans.

Según Cambrollé, la ley pasó el protocolo de los 30 días sin que el Gobierno (entonces del PP) hubiera vetado la tramitación de la norma y corresponde a Unidos Podemos presentarla en el pleno para su debate. Afirman que tras preguntar reiteradamente por su tramite y haber exigido una fecha de presentación, no han obtenido respuesta ni fecha concreta.

“Nos parece que esto se traduce en un secuestro de los derechos de las personas trans por un lado, y por otro lado impide que otros grupos que puedan presentarla o votarla, porque el grupo proponente no la lleva al pleno. Por otro lado queremos desenmascarar a esos grupos que se opongan a que las personas trans seamos iguales en derechos que el resto de la ciudadanía”, afirma Cambrollé.

“Entendemos que si esta ley clave para nuestros derechos no se ha presentado en ocho meses, es porque no ha sido una prioridad. Lo que estamos reclamando es una fecha. Porque esto supone un secuestro de nuestros derechos. Pero si siguen enrocados en no fijar una fecha, esto pasa de ser una torpeza política a una tortura política. Porque supone someter a las personas trans a arriesgar sus vidas por algo tan simple como es pedir ser iguales en derechos”, concluye Cambrollé.

No es la primera vez que este colectivo recurre a la amenaza de huelga de hambre. Ya en 2007, cuando se estaba negociando la ley de cambio de nombre, este colectivo anunció una medida similar. “Entonces el Gobierno tardó menos de 24 horas en aprobarla”, afirma Cambrollé. Entonces, entre los promotores de la huelga figuraba la hoy diputada de la asamblea de Madrid, Carla Antonelli.

Buscando los apoyos necesarios

Desde Unidos Podemos niegan que la ley esté en un cajón. “Lo que le hemos transmitido desde que registramos la ley, tanto a la Plataforma de Asociaciones Trans, como a otros grupos que han participado en su elaboración, es que esta ley no está guardada en ningún cajón y que está siguiendo su cauce parlamentario“, afirma la diputada por En Comú Podem, Mar García Puig.

Según esta diputada, desde que se registró el pasado 23 de febrero, Unidos Podemos ha llevado a pleno tan sólo dos leyes claves, también. Una sobre los permisos de maternidad y de paternidad y otra sobre la PAH y que la idea es llevar también esta ley lo antes que se pueda.

“Estamos analizando y hablando con otros grupos políticos para encontrar el mejor momento para que encaje bien en la actividad parlamentaria y asegurar esta ley pueda seguir su curso. Lo que sería contraproducente es que se frenara. Se trata de una ley prioritaria para nosotros, tanto que la hemos incorporado en la mesa bilateral con el Gobierno de cara a la negociación de presupuestos. Esta es una ley fundamental e irrenunciable para nosotros”, añade García Puig.

“Respetamos las acciones que se lleven a cabo de presión en el activismo, que encontramos normales, aunque no las compartamos. Entendemos la preocupación y la urgencia. Si las negociaciones que estamos llevando a cabo tienen frutos, entendemos que la vía más rápida para su aprobación sería que el Gobierno la propusiera y que formara parte de estos acuerdos. Pero seguimos buscando los consensos para llevarla a pleno y asegurar que sale adelante”, concluye.

Estas explicaciones no contentaron al colectivo. Cambrollé afirmó que las explicaciones de la formación morada “ofenden a la inteligencia hasta de un adolescente”, pues según ha indicado, ese trabajo de negociación ya los hicieron los colectivos transexuales durante la elaboración del texto, que ellos mismos impulsaron. Afirmó que la ley cuenta con la aprobación de Esquerra Republicana (ERC), Ciudadanos y PSOE. Además, añadió el PP no se atrevería a votar en contra en los tiempos actuales. “Quizás se abstiene”, ha apuntado. A su juicio, la composición parlamentaria actual “es de apoyo al colectivo trans”.

Entre las 17 personas que han iniciado la huelga de hambre, figuran activistas trans de nueve comunidades autónomas, tres de ellas madres de personas de este colectivo. Harán la huelga en su propio territorio y están decididas a no abandonarla hasta obtener un compromiso para la tramitación de la ley.

17 activistas y madres de menores trans, en huelga de hambre para exigir a Podemos la tramitación de su ley

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Fotografía de archivo de Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma Trans. JESUS MORON

Un total de 17 transexuales de toda España han iniciado hoy una huelga de hambre con el objetivo de presionar a Unidos Podemos para que deje de tener “secuestrados sus derechos en un cajón” y empiece la tramitación de la Ley Trans Estatal que registró en febrero, o de lo contrario amenazan con “furia trans”.

“Si no hay fecha para la Ley Trans, habrá furia trans”, ha amenazado al grupo confederal la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, frente a la escalinata del Congreso, donde ha anunciado esta “medida extrema de presión” que inicialmente van a empezar 17 activistas de distintas comunidades autónomas.

En su opinión, ahora es el momento político oportuno para arrancar esta tramitación, porque la proposición de ley integral de transexualidad registrada por Podemos hace ocho meses cuenta con el apoyo público, ha dicho, de Ciudadanos, ERCy PSOE.

“Decirnos que están haciendo el trabajo parlamentario ofende la inteligencia de hasta un adolescente”, ha denunciado Cambrollé, quien ha añadido que “no es tiempo de someter a los trans a un acto de violencia política que retrataría a este partido como el peor y con menos sensibilidad con estas personas”. El texto de la iniciativa, fruto del consenso de las organizaciones de transexuales y respaldada por más de 150 colectivos sociales, despatologiza la identidad trans en todos los ámbitos, ya sea el sanitario, educativo, laboral o deportivo, y tiene en cuenta a menores, mayores o inmigrantes.

La despatologización como objetivo

Así, propone que las personas transexuales de hasta 16 años puedan acceder a los tratamientos hormonales sin permiso de sus padres y que se nombre a un defensor judicial para los menores de esa edad que no tengan consentimiento de ninguno de sus progenitores.

Prevé también esta misma fórmula para los menores que deseen cambiar en el registro su nombre y su sexo, que podrá ser masculino, femenino o no binario, o que el Sistema Nacional de Salud pase a cubrir los tratamientos como los hormonales y de modulación del tono y timbre de voz, entre otras medidas.

“Hemos sido las más maltratadas de la dictadura y no podemos ser las más olvidadas de la democracia”, ha manifestado la presidenta de la Plataforma Trans para avisar de que “cada día que pasa, un joven trans se puede suicidar” como ya lo han hecho “tres en los dos últimos años”.

EE UU elimina la visa a las parejas de diplomáticos gais que no estén casados

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La nueva medida, que también afecta a los funcionarios de la ONU, ha sido criticada porque en solo el 12% de los estados miembros es legal el matrimonio homosexual

Una pareja activista en una marcha a favor de los derechos LGBTI. En vídeo, declaraciones de la portavoz del Departamento de Estado. AFP / VÍDEO: EPV

Para ser diplomático o funcionario de la ONU con pareja en Estados Unidos hay que estar casado. Al menos los que quieren que su acompañante tenga un visado con sus mismas condiciones. Una regla antigua para los heterosexuales, pero una novedad para los gais. Estos quedaban exentos del requisito en un contexto donde en solo 25 de los 193 países miembros de las Naciones Unidas es legal el matrimonio homosexual. Como el panorama global no ha variado notoriamente, la comunidad LGTB ha mostrado su rechazo a la nueva política de la Administración de Donald Trump. El Departamento de Estado defendió este martes que “no es un ataque” si no “un avance hacia el trato igualitario”. Las 105 familias que viven en el país que presume de abrazar la libertad y se ven afectadas por la normativa tienen tres meses para casarse o perderán el visado.

“Los esposos del mismo sexo de los diplomáticos de Estados Unidos ahora podrán disfrutar de los mismos derechos y beneficios que los cónyuges del sexo opuesto”, rezaba una declaración del Departamento de Estado cuando adelantó las nuevas reglas en julio. El cambio revierte una política implementada en 2009 por la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton. La demócrata incluyó a las parejas de hecho de los diplomáticos y de los funcionarios de las Naciones Unidas en los susceptibles a obtener un visado conocido como G-4. El Departamento de Estado explicó este martes que la modificación responde a la decisión del Supremo en 2015 de aprobar el matrimonio homosexual. “La nueva política es un espejo de cómo son las leyes en EE UU”, explicó un funcionario. El secretario de Estado Mike Pompeo ha dicho que se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero ha prometido tratar a todos los empleados con respeto.

La exembajadora de EE UU ante las Naciones Unidas Samantha Power ha calificado la medida vigente desde el 1 de octubre de “innecesariamente cruel e intolerante”. “Solo el 12% de los estados miembros de la ONU permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo”, argumentó Power en su cuenta de Twitter para justificar su rechazo. La ONU-GLOBE -la rama de defensa de los LGBTQI en el organismo- también repudia la nueva política. Alfonso Nam, presidente de la organización, sostiene que la intención del Departamento de Estado es tratar a todas las parejas igual, pero remarca que no hace más que limitar las opciones de los homosexuales. “Un hetero solo tiene que casarse y venir. Pero para un gay de un país donde se criminaliza la homosexualidad no funciona así. Muchos quieren trabajar en EE UU precisamente porque pueden vivir con su pareja sin problema, pero ahora deben casarse antes”, explica.

Una de las preocupaciones que azota a Nam es que a una pareja que se tenga que casar en Estados Unidos se la persiga cuando regrese a su país. David Stacy, director de asuntos gubernamentales de la Campaña de Derechos Humanos, refutó ese temor afirmando que los diplomáticos forman parte de una clase de élite y que “es poco probable” que sean perseguidos. Otro escudo del Departamento de Estado ante las críticas es que se hará una excepción con los representantes de países donde es ilegal la homosexualidad, siempre y cuando sus naciones reconozcan a los cónyuges de los diplomáticos estadounidenses del mismo sexo. El problema es que los funcionarios enviados a la ONU no representan a un gobierno extranjero, por lo que no hay excepción que valga.