Tim Cook se pasa al activismo y alerta del ‘peligro’ de las nuevas leyes contra los gays en EEUU

Carta abierta del CEO de Apple

  • El directivo llama a unirse en un movimiento contra la discriminación y la desigualdad
  • Compara la aprobación de estas normas con la segregación racial que vivió el país
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El consejero delegado de Apple, Tim Cook. REUTERS

El consejero delegado de Apple se ha colocado en la primera fila del activismo por la igualdad de los derechos de los homosexuales en Estados Unidos. Tim Cook, que declaró públicamente su homosexualidad a través de la revista Businessweek, ha escrito ahora una carta en ‘The Washington Post’ para denunciar que “algo muy peligroso” está ocurriendo en varios estados del país, en referencia a las últimas leyes que se han aprobado y que permiten un trato desigual a gays y lesbianas sólo por su condición sexual.

“Una ola legislativa permitirá a los ciudadanos discriminar a sus vecinos” alegando cuestiones religiosas. En concreto, Cook se refiere a las normas aprobadas en estados como Indiana, donde se ha dado carta blanca a los comerciantes para prohibir la entrada o negarse a atender a personas homosexuales en nombre de la libertad religiosa. En Texas, por ejemplo, la nueva normativa permite quitar las pensiones a las parejas del mismo sexo que contraigan matrimonio.

“Estas leyes van en contra de los principios sobre los que se fundó nuestra nación y corremos el riesgo de que acaben con décadas de progreso hacia una mayor igualdad”, escribe el responsable de la compañía en el diario.

Cook apunta que el sector económico americano “sabe desde hace mucho tiempo que la discriminación, en cualquiera de sus formas, es mala para los negocios” y defiende que esta es la filosofía que aplica Apple. “Por este motivo muestro mi rechazo a esta nueva ola legislativa. Escribo [esta carta] con la esperanza de que muchas más personas se unan a este movimiento”, asegura.

En su misiva, el directivo de Apple compara la situación que está viviendo EEUU con la segregación racial que vivió el país hace décadas. “Los días de la discriminación en los que se colocaban carteles de ‘Sólo para blancos’ en las puertas de las tiendas o en los baños deben permanecer en el pasado y no deberíamos volver a nada que recuerde a aquellos tiempos”, añade.

Cook también señala que utilizar la “libertad religiosa” como argumento para un trato desigual va en contra de lo que aprendió como creyente en su infancia.

“Nuestro mensaje a toda la gente de EEUU y de todo el mundo es este: Apple está abierto. Abierto a todas las personas, independientemente de dónde vengan, cómo sean, cuáles sean sus creencias o a quién amen. Independientemente de lo que digan las leyes en Indiana o Arkansas, nosotros nunca toleraremos la discriminación”, escribe Cook. “No se trata de un asunto político o religioso. Esto tiene que ver con cómo nos tratamos unos a otros como seres humanos. Es el momento de ser valientes y oponerse a la discriminación”, concluye.

La Ley de Indiana: discriminación homosexual en nombre de la libertad religiosa

Polémica legislativa

  • La aprobación de una norma impulsada por Mike Pence genera una ola de críticas
  • Los comercios pueden negarse a atender a gays alegando objeción religiosa
  • Hillary Clinton o Tim Cook ya se han manifestado en contra de la normativa
Protestas en Indianápolis contra la ley impulsada por Mike Pence

Protestas en Indianápolis contra la ley impulsada por Mike Pence. AFP

Discriminar a homosexuales en nombre de la libertad religiosa. Así podría resumirse la ley aprobada en Indiana que ha provocado el desacuerdo de miles de ciudadanos en todo Estados Unidos. Tim Cook, el consejero delegado de Apple, ha sido el último en sumarse públicamente a las críticas, pero antes que él, otras personalidades famosas y miles de ciudadanos anónimos han manifestado su oposición a la norma que vio la luz el pasado jueves 26 de marzo.

El precepto establece que comercios y empresas pueden negarse a atender a clientes y usuarios gays y lesbianas alegando que, de hacerlo, atentarían contra sus creencias religiosas. La iniciativa impulsada por el gobernador Mike Pence se ha convertido en el último escollo de la lucha por los derechos civiles y la igualdad en Estados Unidos.

Pence se ha defendido en las últimas horas del aluvión de acusaciones de discriminación que ha tenido que soportar: “Este proyecto de ley no es discriminatorio y si yo pensara que legaliza la discriminación de alguna manera, lo habría vetado”, aseguró. El mandatario también apoya la medida apelando a su intención de preservar la libertad religiosa de las personas, que queda así “totalmente protegida bajo la legislación de Indiana”.

Sin embargo, muchas organizaciones defensoras de los derechos homosexuales, ciudadanos y líderes empresariales no coinciden en su interpretación y lo han dejado claro de manera pública. Unas 3.000 personas se manifestaron el pasado sábado en las calles de Indianápolis, capital del estado, para expresar su repulsa con lemas como “Ningún odio en nuestro estado” o “Reparad esa ley”.

De forma paralela, los usuarios de la red social Twitter lanzaban una campaña bajo la etiqueta #boycottIndiana en la que llamaban a un boicot contra el estado. También Hillary Clinton, ex secretaria de Estado y posible candidata demócrata a la presidencia de EEUU en 2016, utilizó esta plataforma para lamentar que una ley así “pueda aprobarse hoy en América”.

Rechazo empresarial

Las críticas también han llegado por parte de directivos de grandes compañías, que creen que la normativa denigra la imagen de Indiana y perjudica el desarrollo económico del estado.

Por ejemplo, el consejero delegado de la empresa Angie’s List, Bill Oesterle, anunció la cancelación de unos planes de expansión en ese estado valorados en 40 millones de dólares (algo más de 37 millones de euros).

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Tim Cook, CEO de Apple. AFP

En la misma línea, el alcalde de Seattle (Washington), Ed Murray, comunicó que prohibirá el uso de fondos para viajes de negocios de empleados públicos del Ayuntamiento a Indiana. “Los habitantes de Seattle saben que la discriminación no tiene sitio en nuestra ciudad”, subrayó Murray, al agregar que la ciudad “ha sido líder en la lucha para proteger los derechos civiles y garantizar igualdad para toda la gente”.

Pero si hay un nombre que ha dado visibilidad a las protestas es el de Tim Cook, consejero delegado de Apple. Cook declaró públicamente su homosexualidad hace unos meses y este lunes escribió una carta en ‘The Washington Post’ en la que alertaba del peligro de esta norma y de otras similares que se han aprobado recientemente en otros estados.

El directivo de la compañía ‘de la manzana’ comparaba la discriminación a la que se enfrenta el colectivo homosexual con la segregación racial que EEUU vivió hace décadas y señalaba que las nuevas leyes “van en contra de los principios sobre los que se fundó nuestra nación y corremos el riesgo de que acaben con décadas de progreso hacia una mayor igualdad”.

El revuelo ha provocado que las autoridades legislativas de Indiana se pronuncien y traten de matizar el contenido de la norma. El presidente de la Cámara de Representantes estatal, Brian Bosma, ha insistido en que la ley no discrimina a homosexuales, aunque ha dejado claro que modificarán el contenido que sea necesario para que no se interprete en esos términos.

El de Indiana es el último capítulo de la lucha por la igualdad y contra la discriminación homosexual que se libra desde hace años en Estados Unidos. El próximo mes de junio podría resultar una fecha clave en esta carrera, ya que se espera que el Tribunal Supremo se pronuncie para entonces sobre la constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. Hasta ese momento, todas las miradas apuntan a Indiana.

El 25,4% de las mujeres jóvenes ha padecido violencia de género

El 12,5% de las ciudadanas españolas mayores de 16 años ha sufrido violencia de género alguna vez en su vida y el 2,7% lo ha padecido en el último año, según una macroencuesta encargada al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso y la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso y la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, durante la presentación de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015. EFE/Emilio Naranjo

MADRID.- El 12,5% de las ciudadanas españolas mayores de 16 años ha sufrido violencia de género alguna vez en su vida y el 2,7% lo ha padecido en el último año, según una macroencuesta encargada al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.En el 64,2% de los casos, los hijos menores de edad también sufrieron el maltrato.

Sin embargo, el dato más preocupante hace referencia a la reproducción de la violencia de género en las generaciones más jóvenes. Así, el 25,4% de las mujeres jóvenes ha padecido violencia de género. La encuesta, presentada este lunes por el ministro, Alfonso Alonso, y la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández; parte de una muestra de 10.171 mujeres de 16 o más años (2.171 mujeres más con respecto a la macroencuesta realizada e 2011) que han sido preguntadas por aspectos concretos de la violencia psicológica de control, emocional, económica, física y sexual, dentro y también fuera de la pareja.

Según expone, el 12,5% de las mujeres de 16 y mas años ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o expareja y un 13% ha sentido a lo largo de su vida alguna vez miedo de sus parejas.

La cifra implica un aumento frente al 10,9% que declaró haber padecido violencia machista en 2011. No obstante, aquella encuesta preguntaba por los últimos 10 años y solo sondeaba a mayores de edad, mientras la actual ha preguntado a menores de 16 y 17 años abordando la violencia en toda una vida.

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 también refleja que un 77,6% consigue superar la violencia machista y rehacer su vida.Mientas que el 25,4 por ciento de las mujeres ha sufrido violencia psicológica o de control, el 21,9 por ciento ha padecido violencia emocional, y el 10,8 por ciento ha experimentado violencia económica, porcentajes inferiores a la media europea, cifrada en el 35, 32 y 12 por ciento, respectivamente.


016. Teléfono de atención a víctimas de la violencia de género. Es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica.

 

2.600.000 miedos

violencia de genero

Dos millones y medio de mujeres en España han sufrido golpes o violaciones a lo largo de su vida. Si contraemos el tiempo al último año, la estadística cuenta que hoy unas 540.000 están padeciendo violencia física o sexual por parte de sus parejas o ex parejas varones. Pero el gran bloque de esas víctimas es un magma invisible: el 68% de las maltratadas no denuncia su situación o no es detectada por su entorno. Y envolviéndolo todo, el miedo. “¿Con qué frecuencia ha tenido o tiene usted miedo de su pareja actual o parejas pasadas?”… Más de dos millones y medio de mujeres contestan que lo tienen, que les está pasando, que sí. O sea, 2.600.000 miedos.

Los datos están en la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015, presentada por el Gobierno ayer, unas horas después de que en Alhaurín de la Torre (Málaga) se descubriera el cadáver de una mujer asesinada por su marido suicida y casi al mismo tiempo en queun hombre mataba a su esposa a tiros en Lérida. Es decir, siete asesinadas en lo que va de año y seis huérfanos nuevos. El miedo.

El estudio de 2015 es la quinta entrega desde 1999, una macroencuesta que los distintos Gobiernos y el CIS elaboran cada cuatro años, pero que nunca han contado con parámetros absolutamente iguales.

La conocida ayer mejora algunos datos de la de 2011 -el 77,6% de las víctimas ha conseguido salir de la violencia, cinco puntos porcentuales más que hace cuatro años-, pero hace difíciles las comparaciones reales. Entre otras cosas, porque incluye a mujeres de 16 y 17 años, pregunta sobre violencia a lo largo de la vida y no en la última década y hace referencia a “circunstancias concretas y no a percepciones subjetivas, lo que refleja un aumento del maltrato”, en palabras de Blanca Hernández, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que ayer fue desgranando los datos ante la mirada de un centenar de periodistas, políticos y asociaciones de mujeres y el rostro grave del ministro Alfonso Alonso.

Millones de víctimas

“Es una radiografía de la violencia mucho más precisa”, sentenció Hernández. “La encuesta demuestra que la violencia de género no está en retroceso. Los recortes del Gobierno hacen más vulnerables a las mujeres“, subrayó la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Montón.

Con las cautelas que imponen los cambios de criterio estadístico, uno de los datos clave, la violencia física o sexual a lo largo de la vida, experimenta un incremento respecto a 2011. Entonces afectó al 10,8% de las mujeres y ahora al 12,5%. En aquella ocasión, el Gobierno socialista ofreció cifras absolutas (593.000 víctimas físicas o sexuales sólo en el último año), pero ayer el Ejecutivo popular no quiso hacerlo, amparándose en que la presentación era un “avance de resultados” y que “no son extrapolables a números absolutos”.

Sin embargo, EL MUNDO ha cruzado los porcentajes de la Macroencuesta con las tablas poblacionales por sexo y edad del INE y ha obtenido cifras de violencia machista que se calculan en millones y en cientos de miles. Y eso vale para las cinco violencias medidas en el estudio: la psicológica de control, la psicológica emocional, la económica, la física y la sexual. España está en todas por debajo de la media de la UE. Excepto en la sexual.

El dato cuantitativo más alto es el de la “violencia psicológica de control”, en la expresión utilizada por el Gobierno para la Macroencuesta. Es decir, hombres que impiden que sus mujeres se relacionen con sus amigos, amigas o familiares, que insisten en saber dónde está la mujer en cada momento, que la ignoran o la tratan con indiferencia, que se enfadan si habla con otro hombre o mujer, que sospechan injustificadamente que le es infiel o que la obligan a pedirle permiso para ir a algunos lugares, como un centro de salud o cultural. Cinco millones de mujeres -una de cada cuatro españolas o extranjeras residentes aquí- ha sufrido esa violencia a lo largo de su vida. Y casi dos millones (1.840.000) en 2014.

Menos numerosa pero más grave aún es la que el estudio llama “violencia emocional”. Los insultos, los menosprecios en público, las intimidaciones a gritos o rompiendo cosas, las amenazas de dañarla a ella o a alguien que ella quiera los han padecido 4.380.000 mujeres (el 21,9%) durante su vida. Más de un millón y medio (el 7,9%) en la actualidad.

La violencia física se concreta así: “Le ha abofeteado o tirado algo que le pudiese hacer daño; le ha empujado, agarrado o tirado del pelo; le ha golpeado con el puño u otra cosa que pudiera dañarla; le ha dado patadas, arrastrado o pegado; le ha intentado asfixiar o quemar, o le ha amenzado con usar o ha usado una pistola, cuchillo o arma contra usted”. Dos millones de mujeres contestaron “sí”; 360.000 en 2014.

En el sondeo, la violencia sexual ha medido estas situaciones: “Le ha obligado a mantener relaciones sexuales cuando usted no quería, le ha forzado a realizar prácticas sexuales que usted no deseaba o que le resultaban degradantes o humillantes, o le ha obligado a mantener sexo contra su voluntad sujetándole o haciéndole daño”. Y también si la mujer ha tenido sexo sin desearlo “porque tenía miedo de lo que él le podría hacer si ella se negaba”. Alguna de esas conductas o todas ellas las han sufrido 1.620.000 mujeres en España a lo largo de su vida. Y, según la Macroencuesta, 280.000 durante 2014.

Una de las violencias menos contadas, la económica, ha afectado a 2.160.000 mujeres en sus vidas; medio millón hoy. Eso se traduce en que el hombre se niega a darle dinero para el hogar cuando sí lo hay para otras cosas, le impide tomar decisiones relacionadas con la economía familiar o realizar compras de forma independiente o no le permite trabajar o estudiar fuera de casa.

Todas las cifras suben si la mujer es discapacitada o joven. Un 23% de mujeres con 33% o más de discapacidad ha padecido o padece violencia física o sexual. Y la psicológica de control en el último año se dispara si hablamos de chicas entre 16 y 19 años (25%) respecto a la media general (9,2%). “La violencia de género es una práctica extremadamente cobarde. Cuanto más vulnerable es la mujer, más en riesgo está, como los casos de las mujeres con discapacidad y las jóvenes. Y ellos, los jóvenes, que son candidatos a repetir la violencia”, dijo ayer el ministro Alonso. Como los hijos. El 64% de las madres que padecieron violencia cuentan que ellos también la sufrieron.

Y, en todas las edades, el miedo. No es el mismo que el que algunos hombres dicen sentir, siempre medio en broma, de sus mujeres. El miedo de la violencia machista es el miedo a la agresión, a la amenaza, a la violación legal, a la ira, al destrozo de objetos, al azote a los hijos, a la misma muerte (más de 700 asesinadas en los últimos 10 años)… Ese pánico lo ha sentido o lo siente el 13% de españolas y extranjeras que viven aquí, 2,6 millones de mujeres.

Nuevas leyes ‘antigays’ causan alarma en EE. UU.

Una ley de Indiana permite a las tiendas prohibir la entrada a gays, mientras en California una propuesta aboga por legalizar su asesinato y en Texas estudian castigar a quienes oficien bodas gays.

No corren buenos tiempos para los derechos de las personas homosexuales en EE. UU. En Indiana, por ejemplo, una ley aprobada la pasada semana por el gobernador del estado, el republicano Mike Pence, da carta blanca a los comercios paraprohibir la entrada a parejas de homosexuales en nombre de la “libertad religiosa”.

El gobernador de Indiana alegó que “la Constitución de Estados Unidos y la Constitución de Indiana proporcionan un fuerte reconocimiento de la libertad de religión , pero, hoy en día, muchas personas de fe sienten que su libertad religiosa es atacada por la acción del Gobierno”.

El sábado, unas 3.000 personas se manifestaron en el centro de Indianápolis, capital de Indiana, para expresar su repulsa por la aprobación de la ley. Los manifestantes, pertrechados de pancartas, corearon consignas como “Ningún odio en nuestro estado” o “Reparad esa ley”.

Algunas personalidades del país, entre ellas el consejero delegado de Apple, Tim Cook, que el pasado año reconoció abiertamente ser gay, han defendido los derechos de los homosexuales.

“Estos proyectos de ley racionalizan la injusticia con la pretensión de defender algo que muchos de nosotros apreciamos. Van contra los mismos principios bajo los que nuestra nación se fundó y tienen el potencial de deshacer décadas de progreso por una mayor igualdad”, ha aseverado Cook.

Sin embargo, la medida no solo ha provocado las críticas de las organizaciones defensoras de los derechos de los homosexuales, sino también de líderes empresariales que creen que la iniciativa empaña la imagen de Indiana y dificulta la captación de talento.

Así, la empresa Angie’s List ha cancelado planes de expansión en ese estado valorados en 40 millones de dólares; mientras que el alcalde de Seattle (estado de Washington), Ed Murray, ha adelantado que prohibirá el uso de fondos para viajes de negocios de empleados públicos del Ayuntamiento a Indiana.

Asesinato legal de homosexuales y otras leyes en estudio

Indiana es el primer estado en aprobar un cambio legislativo de este tipo, aunque enCalifornia una propuesta popular también provocó la pasada semana el firme rechazo de organizaciones defensoras de los derechos de los homosexuales.

La norma, promovida por el abogado Matt McLaughlin con el nombre de “Ley de supresión de los sodomitas”, permitiría matar a los homosexuales “de un disparo en la cabeza”o con cualquier otro método “que se considere adecuado”.

La fiscal general de California, Kamala Harris, anunció el pasado miércoles que pedirá a la Corte Suprema del estado que emita una orden para detener esta propuesta legislativa, que sería votada por los californianos en los comicios de 2016.

Por si todo esto fuera poco, el estado de Texas estudia aprobar una ley que permitiríaretirar el pago de sueldos o pensiones a funcionarios que emitan licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo.

Estas leyes, que se preparan en más de una veintena de estados, podrían avanzar pese a la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos declare inconstitucionales las normativas que prohíben el matrimonio homosexual, que, de hecho, permitirían las uniones del mismo sexo por primera vez en todo el país.

El distrito Shibuya de Tokio, el primero en reconocer las uniones homosexuales en Japón

La iniciativa entrará en vigor mañana y permitirá expedir certificados de unión civil a parejas gay, lo que sienta un importante precedente en un país donde la legislación civil no reconoce derecho alguno para estas parejas.

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El distrito Shibuya de Tokio, el primero en reconocer las uniones gay en Japón

El distrito tokiota de Shibuya aprobó hoy el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, con lo que se ha convertido en el primer municipio de Japón que da un paso hacia la equiparación legal de las uniones homosexuales.

La iniciativa entrará en vigor mañana y permitirá expedir certificados de unión civil a parejas homosexuales, lo que sienta un importante precedente en un país donde la legislación civil no reconoce derecho alguno para las parejas homosexuales. Según la ordenanza aprobada hoy por el consistorio local, estos certificados reconocerán a las parejas del mismo sexo como uniones diferentes al matrimonio y no serán legalmente vinculantes.

No obstante, la ordenanza incluye medidas para garantizar que a las uniones homosexuales se les otorga un estatus similar al de los matrimonios a la hora de acceder a beneficios fiscales, a servicios sociales o a contratos a título compartido. De este modo, el consistorio local ha salvado el escollo de la Constitución nipona, que define al matrimonio como “unión basada sólo en el consentimiento mutuo de personas de diferente sexo”.

La decisión del distrito tokiota ha sido acogida con satisfacción por los defensores de los derechos de los homosexuales y por políticos implicados en la causa, aunque también ha sido criticada por sectores más conservadores e incluso por el Gobierno central. El alcalde de Shibuya, Toshikate Kuwahara, manifestó que corresponde ahora al Estado central “actuar para evitar la discriminación de los homosexuales”, en una rueda de prensa organizada la semana pasada.

En cambio, el secretario general del gobernante Partido Liberal Demócrata (PLD), Sadakazu Tanigaki, señaló hoy que la iniciativa de Shibuya “podría afectar a los cimientos del sistema social” del país, en declaraciones recogidas por la agencia Kyodo.

El primer ministro nipón, Shinzo Abe, también se ha mostrado reacio a legalizar el matrimonio homosexual y ha pedido “cautela” para tratar la cuestión, ya que a su juicio “afecta a la noción de cómo deben ser las familias”, según dijo en un debate parlamentario el pasado día 19. Otros municipios de Tokio, como el de Setagaya, han empezado también a tramitar el reconocimiento de las uniones homosexuales.

Una jueza de Lugo autoriza el cambio de nombre a una menor transexual

Es el primer caso que se registra en Galicia y el número 12 de España

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El Registro Civil de Lugo autorizó el primer cambio de nombre de una menor transexual en Galicia. Sara, que cumplió en septiembre los nueve años, nació con genitales masculinos y sus padres le pusieron el nombre de Hugo que figuraba en toda su documentación. Desde el pasado 18 de marzo, Hugo ya es oficialmente Sara, que fue el nombre elegido por la niña, en agosto del pasado año cuando inició su tránsito social. Aplicar la resolución judicial supondrá nuevos DNI, libro de familia, tarjeta sanitaria, pasaporte y boletín de notas, entre otros documentos públicos.

El auto dictado por la jueza Susana Vázquez Mariño, el pasado 18 de marzo en su calidad de responsable del Registro Civil de Lugo, en el que acepta la solicitud formulada por los padres de Sara, es el primero de Galicia de estas características y el número 12 de toda España, según confirmó la presidenta de la asociación Chrysalis en Galicia, Cristina Palacios, madre de la niña.

El cambio de nombre, que cuenta con el beneplácito del fiscal, está basado en los informes aportados a la solicitud de los padres de Sara por el colegio, por una psicóloga-psicoterapeuta y por su pediatra.

Informes favorables

Tanto la tutora como la directora del colegio hicieron constar que profesores y alumnos la llaman con el nombre de Sara. La directora puntualizó además que «muestra signos distintivos, imagen física e indumentaria que se corresponde con el género femenino». Y que utiliza los baños de las niñas «conforme con su identidad de género, sin que hubiese surgido ningún tipo de problema en la comunidad educativa».

El pediatra, por su parte, en su informe constata que cada vez que acudía a su consulta lo hacía vestida con ropa de niña y se disgustaba «si se la relaciona con nombre masculino ya que no se siente identificada con él».

El auto hace referencia al informe de la psicóloga-psicoterapeuta, que diagnosticó una disforia de género o transexualidad. En él aseguraba que disponía de «datos más que fundados para considerar que en este caso existe una identidad sexual femenina, estable, al margen de cuestiones secundarias como el aspecto, comportamiento, vestimenta y roles». Esta misma profesional recomendaba el cambio de nombre para facilitar el proceso de tránsito e integración social de la menor «así como su salud mental».

La jueza justifica su decisión en que el mantenimiento de un nombre que no se corresponde con la identidad sexual que siente «y que se muestra a nivel social se presume perjudicial para la persona, al verse obligada a identificarse públicamente con un nombre que revela esa discordancia» y que, según abunda, desearía mantener en la intimidad.

Susana Vázquez Mariño hace referencia en el auto a una sentencia del Tribunal Supremo, que recoge que a las personas con disforia «hay que reconocerles la facultad de conformar su identidad sexual de acuerdo con sus sentimientos profundos, con sus convicciones de pertenecer a otro sexo».

Rechazo a una ley de Indiana acusada de discriminar a homosexuales

El gobernador firma una ley que permite a empresarios negarse a servir a parejas gais si consideran que esto viola su libertad religiosa

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El gobernador Mike Pence durante una comparecencia. / Michael Conroy (AP)

Una ley de libertad religiosa aprobada por el Estado de Indiana que facilita el rechazo contra gais y lesbianas por parte de empresarios que aleguen que, en el caso de proporcionarles sus servicios, estarían atentando contra sus creencias, se ha convertido en el último punto de enfrentamiento en la lucha por el avance de los derechos de los homosexuales en Estados Unidos.

El Tribunal Supremo estudiará dentro de cuatro semanas un caso que puede desembocar en el reconocimiento del derecho al matrimonio de los homosexuales. La sentencia llegará unos meses después, pero ya ha sido anticipada como el cruce definitivo de la última frontera en la batalla por los derechos civiles, y los conservadores están agotando sus últimos recursos para impedirlo.

Es el caso del gobernador Mike Pence, de Indiana, un político republicano que está considerando su candidatura a las presidenciales de 2016, por lo que puede convertir este asunto en una de las espinas de la campaña. Esta semana, Pence firmó en su despacho una ley que protege “las libertades religiosas que muchos sienten están siendo atacadas por el Gobierno”.

La ley ha sido rechazada por un gran número de organizaciones y personalidades por su parecido a las leyes que permitieron hace décadas negar acceso y servicios por motivos raciales. El gobernador ha defendido sin embargo que la ley no es discriminatoria. “Si supiera que iba a legalizar la discriminación, la hubiera vetado”, aseguró Pence.

La normativa establece que desde el próximo 1 de julio, los dueños de restaurantes de Indiana puedan negarse a servir banquetes de boda a parejas del mismo sexo, por ejemplo. Floristas, cocineros o fotógrafos también podrán negar sus servicios a clientes gais si consideran que esto atenta contra su libertad religiosa y serán defendidos por el Estado si son acusados de discriminación, tal y como asegura el grupo Advance America, que ha promocionado la legislación.

El caso es un ejemplo del constante tira y afloja de la sociedad estadounidense entre los derechos de los ciudadanos, frente a las regulaciones federales que, según consideran en este caso los conservadores, interfieren en las libertades de otros. La ley de Indiana puede ser rechazada en las cortes, sin embargo, los jueces deberán demostrar que una persona está obligada a actuar en contra de la religión cuando exista un “interés apremiante” en impedir la discriminación.

El difícil equilibrio de ese interés es el que llevó al Supremo a dar la razón el año pasado a un grupo de empresarios religiosos que se negaban a proporcionar determinados seguros médicos a sus empleadas porque cubrían el gasto de anticonceptivos. Aquel fue el caso conocido como Hooby Lobby y el hecho de que la Corte reconociera que la libertad religiosa de los empresarios estaba por encima del derecho de las trabajadoras a ese seguro médico, inspiró esta nueva estrategia de Indiana.

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Imagen compartida por el gobernador Pence en Twitter tras firmar la legislación en presencia de líderes religiosos de Indiana.

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton y posible candidata a la presidencia en 2016 rechazó en Twitter el paso dado por el gobernador Pence y lamentó que esta ley “pueda aprobarse hoy en América”. Otra de las voces en contra de la legislación fue Tim Cook, presidente de Apple, quien la calificó de “decepcionante”. Y el alcalde de San Francisco ha anunciado el primer boicot a la ley: la ciudad no pagará con dinero público ningún viaje de sus funcionarios a Indiana.

La firma de esta ley coincide además con la llegada de la final de la liga universitaria de baloncesto a Indiana, cuyo impacto económico puede verse reducido si siguen adelante las protestas. El exjugador Jason Collins, el primer baloncestista que reveló su homosexualidad durante su etapa profesional en 2013, preguntó desde su cuenta de Twitter al gobernador si estaba “legalizando la discriminación” contra él cuando viaje a la final.

La controvertida ley de Indiana coincide además con lo que ya advirtió la juez del Supremo Ruth Ginsburg tras la sentencia del caso Hobby Lobby, al asegurar que a pesar de que ese caso solo abordaba una pregunta sobre cobertura de anticonceptivos, la sentencia “invitaba a las empresas privadas a buscar excusas” para incumplir normas basándose en cuestiones religiosas. “¿Qué pasa si un empresario se siente ofendido por las obligaciones de vacunación o porque no cree en que deba pagar lo mismo a un hombre que a una mujer?”. Según la juez, el Supremo acababa de adentrarse “en un campo de minas”.

Cuando se atraganta la democracia

Una iniciativa que propone matar a los homosexuales pone a prueba los límites de la democracia directa en California

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La fiscal general de California, Kamala Harris. / REUTERS

Los ciudadanos y políticos de California están acostumbrados a ver todo tipo de excentricidades, mezcladas con propuestas serias, intentar abrirse paso hacia las urnas a través de su avanzada democracia directa. Sin embargo, una iniciativa legislativa disparatada autodenominada “Ley de Eliminación de la Sodomía”, que directamente propone matar a los homosexuales a tiros, ha provocado una reacción política inaudita y un debate poco habitual sobre si se debe poner límites al proceso de iniciativa popular.

El texto de la propuesta, que firma un abogado de Huntington Beach, al sur de Los Ángeles, empieza diciendo: “El abominable crimen contra la naturaleza conocido como sodomía es una maldad monstruosa que Dios Todopoderoso (…) nos ordena que eliminemos”, bajo amenaza de acabar como en Sodoma y Gomorra. Con esta premisa, la lógica es aplastante: “Dado que es mejor que los criminales mueran a que Dios nos mate a todos (…) el pueblo de California ordena, temeroso de Dios, que se mate a cualquier persona que voluntariamente toque a otra del mismo género con el propósito de gratificación sexual, con disparos a la cabeza o por cualquier otro método conveniente”. Además, prohíbe la propaganda gay bajo pena de un millón de dólares y destierro del Estado.

California tiene uno de los sistemas de democracia directa más avanzados del mundo, aprobado hace más de un siglo e inspirado en Suiza. Los ciudadanos pueden proponer leyes cuando opinan que sus representantes están faltando a su obligación de legislar sobre algo, pueden votar para echar a cargos electos y pueden revocar en referéndum leyes aprobadas por el Legislativo. El autor ha podido presentar este texto como iniciativa legal tras pagar una tasa de 200 dólares. No hay nada que legalmente las autoridades puedan hacer para frenarlo. De hecho, están obligadas a cooperar en el resto del proceso.

El siguiente paso es buscar las firmas necesarias para que la iniciativa llegue a votarse en las urnas. Para ello es necesario reunir un número de firmas equivalente al 5% de los votos emitidos en la última elección a gobernador. El año pasado eran medio millón de firmas, pero la participación ha caído tanto que desde la elección del pasado noviembre hacen falta unas 365.000 firmas. Las posibilidades de que la “Ley para la Eliminación de la Sodomía” acabe en la papeleta son remotas. El mismo tipo intentó en 2003 que se votara una ley para adoptar la Biblia como libro de texto en la escuela primaria. Nunca reunió las firmas necesarias y quedó en el olvido como tantas otras iniciativas.

Todo el mundo da por hecho que el extremista en cuestión jamás logrará esa cifra y no habrá que pasar por el bochorno de votar algo así en las elecciones de 2016. Sin embargo, esta semana la fiscal general del Estado, Kamala Harris, le ha regalado a la iniciativa una publicidad impagable con una reacción inaudita tras saltar a la prensa el texto. Harris tiene la desagradable obligación de escribir un título y un sumario de 100 palabras de la iniciativa que serán los que se presenten para la petición de firmas. Harris hizo público un comunicado el pasado miércoles en el que pedía a la Corte Suprema de California que le permita no hacer su trabajo en el caso de esta ley, que “no solo amenaza la salud pública, es patentemente inconstitucional, absolutamente rechazable y no tiene lugar en una sociedad civilizada”.

Harris es la favorita y única candidata por ahora a ocupar el escaño en el Senado de Barbara Boxer, quien ha anunciado su retirada para 2016. Harris anunció su candidatura muy pronto, y la potencia de su campaña ha hecho que al menos dos contendientes demócratas con historial, personalidad y ambición como para haberlo intentado, como el exalcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa o el millonario filántropo Tom Steyer, hayan desistido de presentarse. Es el primer escaño libre en el Senado por California desde 1992.

Organizaciones de derechos humanos y algunos opinadores se han sumado al debate pidiendo que se bloquee de alguna manera el proceso, algo inaudito en un Estado que valora su democracia como un tesoro, pero al mismo tiempo reconoce que el sistema necesita mejoras, según las encuestas. El consenso de los expertos legales es que Harris no tiene ninguna capacidad para frenar la iniciativa. Dos legisladores demócratas han presentado una propuesta para subir la tasa de 200 dólares a 8.000 dólares y así disuadir las locuras, pero no es una solución muy popular. No será la primera vez que California aprueba en votación una ley inconstitucional, pero eso lo deciden los tribunales. Para 2016 hay ya varias iniciativas curiosas, como una que declara ilegal la destrucción de la “vida humana inocente”, otra que prohíbe las deportaciones y otra que quiere cambiar el título de gobernador de California por el de “presidente”.

Hasta el momento, la reacción más interesante contra la “Ley de Eliminación de la Sodomía” (Sodomite Suppression Act) es, cómo no, otra iniciativa legislativa. El miercoles, una conocida activista llamada Charlotte Laws presentó una proposición llamada “Ley del Gilipollas Intolerante” (Intolerant Jackass Act), que dice: “El abominable crimen conocido como prejuicio contra la orientación sexual (…) es una visión destructiva que la sociedad nos obliga a eliminar”. Por tanto, propone que cualquier persona “que presente una propuesta a votación que anime a matar gays y lesbianas” sea obligada a hacer cursos de sensibilización y a donar 5.000 dólares a una organización de defensa de los homosexuales.

El pasado septiembre, el gobernador de California, Jerry Brown,aprobó una ley que por primera vez introduce novedades en el proceso de iniciativa popular. Las nuevas reglas amplían el plazo de recogida de firmas, establecen 30 días durante los cuales los autores pueden enmendar sus iniciativas (ese plazo ya ha pasado en el caso de la “Ley de Sodomía”) y obligan a dar a conocer a los diez mayores donantes de la campaña de una iniciativa.

 

Denuncian amenazas contra padres de niños transexuales: ‘les quieren llevar al psiquiatra’

COMUNIDAD DE MADRID. La diputada socialista en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli ha denunciado este martes que el Gobierno regional del PP haamenazado a padres de niños transexuales con hacerles pasar por evaluaciones psiquiátricas.

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Carmen Pérez Anchuela, directora general de Servicios Sociales.

Durante la Comisión de Asuntos Sociales, la parlamentaria socialista ha preguntado a la directora general de Servicios Sociales, Carmen Pérez Anchuela, por la fecha de publicación de laGuía de Menores Transexuales. Antonelli ha denunciado que a los padres de las niñas y niños transexuales se les está “amenazando y chantajeando” para que “estén bien calladitos”. Según explica la diputada, primero les dicen que los van a hacer pasar por un psiquiatra -a los padres-, algo que califica como “absolutamente intolerable”.

“Pero es que luego también se les amenaza con la Fiscalía de Menores”, añade Antonelli, que considera que esta situación es “absolutamente delirante y raya con lo mafioso”. “¿Acaso se les hacen un seguimiento a los padres de niños con pubertad precoz y el mismo tratamiento?”, preguntó la diputada socialista y activista LGTBI.

“Están ustedes abusando de unos padres absolutamente desesperados porque ven que sus hijos crecen y que el Gobierno del Partido Popular les da la espalda. Pero desde aquí le aseguro que los padres no van tolerar semejante atropello, ni este Grupo Parlamentario tampoco”, aseveró Antonelli ante la Directora General de Servicios Sociales.

La diputada del PSM afeaba que el PP haya promovido esta Guía solo después de numerosas presiones por parte de los colectivos LGTBI y de los propios socialistas madrileños y como argucia para, en paralelo, justificar el voto en contra de laLey Integral de Transexualidad.

Una Guía “en sí misma es positiva” por el buen trabajo de los profesionales que la redactaron y porque contiene valiosos testimonios de adolescentes transexuales, pero que evidencia la falta de políticas favorables al colectivo por parte de la Comunidad de Madrid respecto a bullyng LGTBfóbico o sobre el derecho de estos menores a recibir una atención sanitaria adecuada a su necesidades con cuestiones como los inhibidores hormonales, explicaba Carla Antonelli.

La parlamentaria socialista ha cuestionado también los numerosos impedimentos que el PP pone a cualquier iniciativa LGTBI y la “manipulación” que los populares son capaces de ejecutar utilizando al colectivo y las herramientas del colectivo en contra de sus derechos, “lo cual me parece de una mezquindad sin precedentes”, ha zanjado.