El Obispado de Getafe desahucia a una pareja lesbiana con tres menores

Laura y Aroa ocuparon un piso propiedad de la diócesis tras su primer desahucio. Sin ingresos y con tres niños de 5, 8 y 10 años, se enfrentan al lanzamiento después de que la diócesis rompiera negociaciones con la pareja tras conocer que eran lesbianas, denuncian.

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Laura protesta ante el la Diócesis del Obispado de Getafe contra su desahucio y el de su novia y sus tres hios menores.- SARA DÍAZ

MADRID.- El movimiento contra los desahucios consiguió en 2014 que Laura y Aroa no fueran desahuciadas. No le duró mucho el respiro a esta pareja lesbiana que vive con tres menores a su cargo y sin ningún tipo de ingreso. El mal estado de la vivienda y las presiones por parte de un fondo de inversión al que Bankia había vendido su casa, las obligaron a sacar sus pertenencias y buscarse otro lugar donde vivir.

n esta situación, Aroa y Laura recurrieron a la solución más obvia, rápida y fácil. Una solución a la que están recurriendo cientos de personas en la Comunidad de Madrid y miles en todo el país. Ocuparon una casa deshabitada.

Quiso la casualidad que el piso que escogieron, en la calle Moraleja de Enmedio de Móstoles, al sur de Madrid, fuera propiedad del Obispado de Getafe. Lo único que sabían era que llevaba más de cinco años vacío, según afirman la plataforma antidesahucios de la localidad y las propias afectadas. “Nos enteramos que era del Obispado un día que la Policía vino al bloque por los gritos de unos vecinos. Salí a ver qué pasaba y una vecina le contó a los agentes que estábamos ocupando una casa de la diócesis”, explica Laura. Pocos días después tocaron a su puerta un par de sacerdotes. Les contaron su caso y, según afirman, accedieron a prestarles ayuda.

Una decisión homófoba

“Nos dijeron que prepararían otra casa que tenían, que negociaríamos un alquiler social, que nos iban a ayudar”, relata Laura. Pero el resultado ha sido una sentencia judicial “comunicada in situ” que fija la fecha del desahucio de esta familia para el próximo 19 de octubre. Según las afectadas, la actitud de la diócesis cambió cuando se percató de que eran una pareja homosexual en lugar de hermanas. “Si no, no entiendo por qué al principio sí nos iban a ayudar y luego nos llega una citación judicial de golpe o porrazo”, apunta la afectada.

“La diócesis se niega a negociar un alquiler social argumentando que la vivienda es para personas necesitadas”, explica la Plataforma Stop Desahucios en un comunicado. Al parecer, Laura y Aroa no necesitan nada. Por eso han decidido cometer una ilegalidad y arriesgarse a quedarse sin casa de nuevo, a ser condenadas por un delito de usurpación de inmuebles y multadas con 270 euros. Eso fue lo que dictó el juez en la vista celebrada hace casi un mes, después de que la diócesis cursara la correspondiente solicitud en el juzgado. La pareja ha recurrido el fallo.

Laura y Aroa denuncian un caso de homofobia por parte de la Diócesis de Getafe, que no ha contestado a los repetidos requerimientos de Público. Sin embargo, en declaraciones a la agencia EFE, el canciller de la diócesis aseguró hace escasos días: “No sabíamos que eran lesbianas, no las echamos por su condición sexual, eso es falso”. A diferencia de la versión de Laura, el prelado asegura el piso es “para los sacerdotes que atienden las parroquias”, porque “según van cambiando los párrocos de la zona utilizan ese piso”.

Más tiempo

“Lo único que pedimos es un poco de tiempo para encontrar una solución”, asegura Laura. Tras mucho tiempo en el paro, hace una semana empezó a trabajar en el comedor de un colegio. “Nada del otro mundo, un contrato a tiempo parcial que no llega ni para un alquiler de 500 euros”, dice. Por eso necesita un alquiler social. El viernes, junto a vecinos y activistas, se plantó en la puerta del Obispado, en Getafe “para intentar que alguien diera la cara y nos escucharan”. Fue en vano.

El próximo miércoles, si la diócesis no cambia su postura, Laura y Aroa, junto a sus hijos de 5, 8 y 10 años, volverán a repetir la escena de hace dos años. Sacarán sus cosas embaladas al portal mientras vecinos y activistas por el derecho a la vivienda claman contra su desahucio. Uno más en un país con tres millones de viviendas vacías, según denunció Amnistía Internacional en 2015. “No tengo en la cabeza marcharme. Tengo tres hijos que no sé a dónde voy a llevar. No tenemos familiares en Madrid. No sé dónde dejar las pocas cosas que tengo empaquetadas y, encima, tengo un puesto de trabajo al que no puedo faltar”, lamenta. “De aquí no nos vamos hasta que haya solución”, zanja.

Grande-Marlaska: “Cuando le conté a mi madre que era gay, no lo aceptó y la aparté”

El magistrado de la Audiencia Nacional ha perdido al ser que más amaba. Con esta carga ha escrito el autobiográfico ‘Ni pena ni miedo’

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Grande-Marlaska, mezcla de porte clásico y timidez vasca, posa en exclusiva para ICON. PAPO WAISMAN

Este no ha sido un buen año paraFernando Grande-Marlaska. Sobre todo por la muerte de su madre. Pero conserva inalterable la fuerza de carácter y ese idealismo a contracorriente que guía el libro que acaba de publicar, Ni pena ni miedo. “Siento pena y tengo miedo, como todos, pero nunca me han paralizado ni han mediatizado mis decisiones. Eso es lo que resume el título del libro. Tengo miedo al sufrimiento, a perder a seres queridos. De niño, tenía miedo a que mi madre muriera mientras yo no estaba. En verano, con 12 o 13 años, cuando me iba a un campamento o cuando me fui a Irlanda, me asustaba que al volver mi madre hubiera muerto”.

Fernando Grande-Marlaska (Bilbao, 1962) empezó a lo grande, instruyendo por azar el caso del asesinato de los marqueses de Urquijo, y ya nunca se apartó de lo importante: sustituyó a Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional, y desde ese puesto administró asuntos capitales. Instruyó casos contra ETA y dictó autos nada complacientes con la izquierda abertzale, dirigió la intervención judicial de Fórum Filatélico, y cayó sobre sus espaldas el enredo del Yak 42. Desde 2012 es presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y desde 2013, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Grande Marlaska tiene un entusiasmo que no sabe esconder ni en los peores momentos.

Su madre -además de Gorka, su marido– es la persona central de su vida. Cualquier hilo de la conversación –la justicia, los valores, la política– acaba en ella. “Mi madre ha sido fundamental para mí, en lo bueno y hasta en lo malo. Cuando le conté que era gay, con 35 años, no lo aceptó y me aparté de ella. Estuvimos cinco o seis años sin hablarnos, pero incluso en ese tiempo ella era mi referente: ante cualquier duda, siempre me preguntaba qué pensaría ella al respecto, cómo actuaría. Cuando reanudamos la relación, sin embargo, no pude evitar pasarle factura por su incomprensión. La relación no volvió a ser como antes, pero yo la miraba y me daba cuenta de que esa señora ya anciana seguía representándolo todo para mí. Que yo, en buena medida, era esa señora y que no la cambiaría por nada”.

Marlaska acepta sin vergüenza las propias contradicciones de su vida. Habla de sí mismo con un pudor que no pierde nunca la dignidad. No mueve mucho las manos, no hace aspavientos, no enfatiza, pero en su voz aparece de vez en cuando una emoción sosegada que no deja lugar a dudas de que está diciendo lo que piensa de verdad, sin fingimiento. He estado con él otras veces, en situaciones menos formales, y siempre he encontrado en su rostro huesudo la misma expresión quijotesca.

“Sí, es verdad que me entrego a todas las causas perdidas, me he dado por primera vez cuenta de ello al escribir el libro. Y me siento orgulloso, de cómo he actuado en distintos momentos de mi vida con la lucha gay, con la igualdad de género, con la violencia terrorista… Pero esa actitud es algo que yo he mamado, y por eso le doy tanta importancia a la educación. Yo tuve la suerte de que mi madre, que era en cierta medida conservadora, predicara constantemente el respeto al otro, fuera quien fuera. Y por eso tengo una aversión patológica a cualquier tipo de injusticia”. Le pregunto –al juez– qué es para él la justicia: “La justicia consiste en dar a cada uno lo suyo. Lo que merece como ser humano. Y ante todo mantener su dignidad. La dignidad es la clave”.

Él es un hombre satisfecho, con la sensación del deber cumplido. “Parece vanidoso, pero sí, siento orgullo por lo que he logrado. Y creo que es fundamental el episodio en el que me enfrenté a mi familia para poder seguir con Gorka y para poder seguir siendo coherente. Ese hecho es determinante en la construcción de mi personalidad. Haber tenido esa adversidad y haberla sabido enfrentar fue una suerte en mi vida, porque me ayudó a ser una persona diferente. De otra manera seguramente habría sido mucho más débil de carácter. Yo siempre digo que los malos momentos, aunque sean muy instructivos vitalmente, son eso: malos. Prefiero no tenerlos, pero cuando de todas formas existen, hay que sacar lo que hay en ellos de positivo. Por eso no cambiaría nada de mi biografía. Fíjate, no cambiaría ni esos seis años dolorosos de separación de mi madre. A día de hoy, tal y como estoy construido, todo lo que me ha pasado en la vida tiene algo aprovechable”.

Su vida, contada como una novela, parecería la de un héroe empecinado: homosexual en tiempos homófobos, librepensador en una sociedad sectaria, republicanista en una época de terrorismo nacionalista. Él, sin embargo, cree que ese relato le honra más de lo que merece: “No he sentido que haya tenido que luchar en todo momento por ser quien soy. Salvo tal vez en el conflicto familiar, donde sí tuve que echar un órdago, en el resto de los asuntos yo he seguido siendo siempre el que quería ser. Cuando sentí la presión nacionalista y la amenaza de ETA, Gorka y yo tomamos la decisión de irnos a Madrid sin dramatismo y sin heroicidades. Simplemente creímos que así no podíamos seguir viviendo”. Le hago ver que ha tenido que quemar muchas energías en todas esas batallas y responde con decisión, casi con disgusto: “Eso es verdad, pero esas energías las ha quemado mucha gente. En una lucha y en otra. No es una singularidad mía. Yo he ido siendo lo que quería ser, dentro de lo que la vida te permite”.

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“No cambiaría ni esos seis años dolorosos de separación de mi madre”. PAPO WAISMAN

El libro es un texto ensayístico en el que repasa todos los asuntos que le preocupan. Entreverada en todo eso está la historia de su vida y algunas anécdotas que le definen bien. Cuenta, por ejemplo, que hasta que no cambió las gafas por las lentillas no fue una persona sociable, que se retraía en el trato con los demás. Y cuenta que en 1981, después del intento de golpe de Estado, cuando tenía 18 años, le escribió al Rey agradeciéndole su actitud y pidiéndole una foto dedicada. La recibió a través de Sabino Fernández Campos.

“En ese momento yo era un friqui. Viví la Transición como algo absolutamente entusiasmante. Me sabía el nombre de todos los partidos que se presentaban a las elecciones, de sus líderes, de los cabezas de lista. En el 81 ya era un poco mayorcito, pero estaba aún cerca el franquismo, y aquella noche sentí que todo se iba a la mierda, que todo volvía a los infiernos, al oscurantismo. Y de repente apareció la imagen del Rey y le escribí. No sé por qué, no hubo reflexión, mientras salía la idea de mi cabeza estaba cerrando el sobre y enviándolo”. Y se ríe: “Si lo hubiera pensado más, a lo mejor me habría dado vergüenza y no lo habría hecho”.

Cuando le pregunto si algún día le gustaría dedicarse a la política, vuelve a responder sin componendas ni ambigüedades: “Me gusta la cosa pública. Si me preguntas si me iría a la empresa privada te contesto enseguida que no”. Y lo repite tres veces, con énfasis: “No, no. No”. Luego continúa hablando: “Pero a la política, sí. Primero haría falta que alguien pensara que yo podría hacer algo distinto a lo que hago ahora y que yo tuviera el convencimiento de que soy capaz de lograr lo que se me propusiera. Pero me gustaría asumir nuevos retos, y creo que los que amamos la cosa pública estamos para eso. Tomaría en consideración el problema de las puertas giratorias, que es un tema importante y relevante, pero esa duda nunca me frenaría”.

Le gusta la cosa pública porque sueña con un país mejor. “Son tiempos tristes, muy tristes, y creo que hace falta todavía reivindicar la Ilustración. A aquellos pensadores de la segunda mitad del XVIII, Diderot, Voltaire o Rousseau. Si a muchos ciudadanos de hoy les expusiéramos lo que ellos pensaban les parecería revolucionario”.

Pero es solo moderadamente optimista: “La educación es la clave de todo. Una educación seria, abierta, en valores que refuercen la ética pública, que es la que nos permite luego tener nuestra ética privada. Lo que pasa en España es que cada uno traslada su ética privada a la esfera pública, ese es el problema, y ahí es donde tiene que intervenir la educación: inculcando valores antes de que los prejuicios se instalen. Muchos de los que se ocupan de la educación tratan de perpetuar sus privilegios para impedir que todo cambie. Dicen: ‘Es que ustedes quieren adoctrinar’. Pues sí, queremos adoctrinar en valores que nos definen a todos como miembros de una cultura occidental”.

Hace una pausa, mira hacia el infinito y reflexiona: “Pero tú y yo no vamos a llegar a ver esos cambios. Ojalá, pero creo que no”.

PSOE y Podemos pugnan por la izquierda con dos leyes iguales contra la homofobia

Los dos grupos de izquierdas, incapaces de consensuar sus propuestas pese a existir un 80% de coincidencias, arrastran en su pugna por la iniciativa política a los colectivos LGTBI, también divididos.

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La secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en una de las sesiones del Parlamento andaluz. JULIO MUÑOZ / EFE

SEVILLA.- El Parlamento andaluz será escenario este miércoles de una situación inédita en el panorama político español: dos partidos de izquierdas, PSOE y Podemos, han traído a la Cámara por separado dos leyes muy similares que abordan el mismo problema, con un nivel de coincidencia del 80%, según admiten ambos grupos, y que serán debatidas de forma conjunta. Como si fuesen lo mismo, pero sin serlo. Se trata de dos proyectos de ley contra la violencia y la discriminación que sufre el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTBI). Ambas contemplan por primera vez sanciones económicas contra comportamientos homófobos. Andalucía es la comunidad donde más casos de agresiones por orientación sexual se registran al año (en cabeza Sevilla y Cádiz), con un 44% en 2013 y un 37% en 2014, según datos del Ministerio de Interior.

Pese a las coincidencias, los morados rechazan la norma del PSOE y los socialistas abominan del proyecto de Podemos. No sólo no han sido capaces de consensuar un texto común, sino que ambos se acusan mutuamente de intentar robarles la iniciativa política, de haber copiado parte de su ley y de agilizar la tramitación para llegar primero y antes que el otro al Parlamento. La pugna entre ambas formaciones ha terminado arrastrando a los colectivos LGTBI, que se han dividido, unos más próximos al proyecto del partido morado, y otros con el socialista. Las asociaciones Arcoiris, ATA, De Frente, Andalucía por la Diversidad y Crisalis defienden que el texto de Podemos es “más concreto y ambicioso”, mientras que la entidad Adriano Antinoo apoya la norma contraria.

“Nos llamó la atención que el PSOE presentase una segunda ley en el tiempo de descuento sin consensuarla con el colectivo afectado. Además ésta tiene un lenguaje obsoleto”, dice Gonzalo de las Heras, de Arcoiris. “La ley socialista deja fuera los derechos de los transexuales”, se queja Mar Cambrollé, presidenta de ATA, “y en todo caso me parece pueril que usen los derechos de las personas LGTBI para la confrontación política y partidista, en vez de ponerse de acuerdo”.

La trayectoria en paralelo de las dos leyes ha sido ésta: Hace un año, en octubre de 2015, el PSOE presentó dos proposiciones no de ley en el Parlamento que fueron aprobadas por unanimidad: una para impulsar una ley de igualdad de trato y en contra de la discriminación al colectivo LGTBI y otra para revisar la Ley andaluza de Transexualidad, aprobada con el consenso de toda la Cámara hace dos años. Los socialistas se remiten a estas dos propuestas para demostrar que su iniciativa fue anterior a la de su rival. Sin embargo, Podemos fue el primero en registrar su proyecto de ley contra la violencia homófoba en el Parlamento: lo hizo el pasado 25 de julio, después de haber trabajado con las asociaciones del colectivo y de haber recopilado normas similares ya aprobadas o tramitándose en otras comunidades, como Extremadura, Murcia o Madrid (es llamativo que tanto PSOE como Podemos coincidan en beber de la norma extremeña, “la más avanzada”, y que fue aprobada por un Gobierno del PP).

Hace dos semanas, el proyecto de ley de Podemos Andalucía llegó al Consejo de Gobierno, que votó en contra alegando dudas jurídicas y, sobre todo, anunciando que el PSOE ya estaba trabajando en una ley similar, con más seguridad jurídica. El equipo de Teresa Rodríguez se preguntó entonces por qué los socialistas, en vez de unirse a su iniciativa y enriquecerla con enmiendas, decidieron presentar una ley distinta sobre el mismo asunto. El partido morado había registrado su proyecto tres meses antes, pero se estancó en el trámite parlamentario, porque el presidente de la Cámara, el socialista Juan Pablo Durán, exigió un informe jurídico específico, no obligatorio según el reglamento interno. Este receso permitió al proyecto socialista alcanzar a la iniciativa de Podemos (obviamente contó con el visto bueno de la Junta) y, como resultado, ambas han llegado a la vez al pleno del Parlamento.

Ahora el debate conjunto debe dirimir si las dos leyes siguen adelante con su trámite parlamentario y confluyen en la Comisión de Igualdad, o si una de las dos se estanca. El PSOE cuenta con los votos de Ciudadanos, su socio de Gobierno, por lo que previsiblemente sacará adelante su texto. Pero está por ver si permite que la norma de Podemos avance (mediante la abstención), o si vetan el texto alternativo para que el tema de la violencia homófoba use únicamente como punto de partida la propuesta socialista.

¿En qué se diferencian las dos leyes?

Al margen de la lucha por llevar la voz cantante de la izquierda en el Parlamento, ¿qué es lo que diferencia la ley de Podemos de la del PSOE? ¿Dónde chocan? La portavoz de Igualdad del PSOE, Soledad Pérez, sostiene que el escollo grave está en el artículo 13.2 de la norma del partido morado, según el cual “los menores transexuales tendrán derecho a recibir tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad” y a “recibir tratamiento hormonal cruzado en la pubertad (…) a fin de propiciar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios deseados”. “Este artículo es una barbaridad”, dice Pérez, que acusa a Podemos de “usar de tabardillo este proyecto para modificar la Ley de Transexualidad, que se aprobó por consenso de todos”.

El asunto de la hormonación y de los inhibidores de crecimiento a menores transexuales fue de los más espinosos que abordó aquella ley. En aras del consenso, se decidió no convertir la hormonación en un derecho para los menores -y en una obligación para los médicos- sino regular un protocolo de actuación que analizaría caso a caso el tratamiento que debían seguir los transexuales menores de 14 años. Lo contrario, dice el PSOE, “nos habría llevado a un recurso de inconstitucionalidad que habría paralizado la ley, y además habría roto el consenso político y social”.

“Nuestra Ley de Transexualidad ya aborda este tema y la modificación que plantea el texto de Podemos genera incertidumbre y miedo tanto en las personas que están siendo tratadas como en la comunidad sanitaria”, dice Pérez. El otro punto de la norma que más rechaza el PSOE es el que establece una reserva de plazas de empleo público para transexuales, algo que “vuelve a patologizar la transexualidad, porque pide un cupo especial como el que existe para personas discapacitadas”.

Por su parte, el diputado de Podemos Jesús Romero cree que las diferencias más notables son tres: Los órganos de participación, los que van a revisar el cumplimiento de la ley, el partido morado quiere que lo conformen miembros del colectivo LGTBI, y que no sea personal de la Administración; en segundo lugar defienden que su proyecto es una ley integral, más concreta que la del PSOE, y por último, acusan a los socialistas de haber excluido al colectivo transexual. La propuesta de Podemos, al plantear la creación de una estructura nueva con cuatro órganos administrativos, cuenta con una memoria económica mayor que la socialista: 625.000 euros, frente a los 325.000 de la segunda ley.

Quién está detrás de los lobbies ultracatólicos que arremeten contra las mujeres y el colectivo LGTBI

Están presentes en todas las demandas contra grupos proabortistas, organizan manifestaciones a favor de la familia –la compuesta por madre, padre e hijos– o recogen firmas a través de Internet para presionar mediáticamente. Son las asociaciones homófobas y neoconservadoras que, desde hace algo más de una década, hacen campaña contra los homosexuales, las mujeres o los derechos sexuales y reproductivos.

HazteOir, CitizenGo, Profesionales por la Ética, Centro Tomás Moro, Abogados Cristianos, Más Libres, Instituto para la Política Familiar, Organización del Bien Común… Son los lobbies ultracatólicos, que cuentan con el apoyo más o menos directo de una parte de la Conferencia Episcopal Española. Pero, ¿quién está detrás de ellos?

“Son muy pocos, pero están en todas partes, hacen mucho ruido y tienen engañada a mucha gente, también en la Iglesia”, apunta el experto Santiago Mata, autor de la primera investigación sobre El Yunque en España. Esta organización secreta ultraconservadora está detrás de todas esas asociaciones, cuyos líderes surgen de centros de formación de movimientos eclesiales conservadores, como los Legionarios de Cristo, Comunión y Liberación o los Kikos, aunque sin el apoyo del todopoderoso Opus Dei.

La presencia de El Yunque en España arrancó a finales de los noventa y tuvo su apogeo en torno a 2005. Ese año, grupos como HazteOir, Derecho a Vivir o Profesionales por la Ética lograron que los obispos se manifestaran contra el matrimonio igualitario aprobado por Zapatero. Desde entonces, y coincidiendo con el momento de mayor poder del cardenal Rouco Varela, estos grupos consiguen congregar cada Navidad a decenas de miles de personas en las llamadas “misas de las familias de Colón”.

La igualdad LGTBI como diana

Aunque oficialmente no está reconocido por la Iglesia, los obispos más ultraconservadores (el de San Sebastián, Munilla; los de Alcalá y Getafe, Reig y López de Andújar; o el de Córdoba, Demetrio Fernández) acuden a sus actos, firman sus manifiestos y se sirven de sus aparatos para atacar sin descanso a las mujeres y al colectivo LGTBI.

Estas ramificaciones de El Yunque han activado su maquinaria llegando a amenazar, en el caso de HazteOir,  a El Corte Inglés o a la cadena de restaurantes Vips por hacer publicidad de familias homoparentales o parejas homosexuales. “Los niños tienen derecho a un padre y una madre”, afirmaba en una de estas campañas la organización, fundada y dirigida por Ignacio Arsuaga, sobrino de Rodrigo Rato.

Entre sus “últimos retos conseguidos” se adjudican la retirada de la publicidad de muchas empresas de un espacio de Telecinco que, según los ultras, “fomentaba el incesto” y se han apuntado el tanto de la retirada del anuncio de El Corte Inglés en el que aparecía una familia homoparental formada por dos padres mientras la compañía alega otros motivos.

Destacan, además, maniobras de agitación como la defensa a ultranza de la carta de los obispos de Alcalá y Getafe, que tachan la ley madrileña contra la LGTBfobia de “contradicción con la ley natural” o la denuncia del “linchamiento”, según sus palabras, contra Antonio Cañizares, cardenal de Valencia, por sus declaraciones sobre el “imperio gay” o la “dictadura de género”.

“El Yunque es mucho más que una secta, es una organización secreta anticristiana, una sociedad que divide a los católicos”, afirma Mata, que señala, junto a Arsuaga, al periodista Luis Losada Pescador como uno de los líderes del entramado, así como a Gador Joya, portavoz de Derecho a Vivir; Eduardo Hertfelder, fundador del Instituto de Política Familiar; Jaime Urcelay, responsable de Profesionales por la Ética; o Leonor Tamayo, actual presidenta de esta última asociación, respaldada por medios de comunicación ultraconservadores, como el Grupo Intereconomía de Julio Ariza.

Una larga lista de procesos judiciales

La defensa de Cañizares fue uno de los objetivos del Centro Jurídico Tomas Moro, que también arremetió contra la ley de identidad de género de Madrid afirmando que pretende “manipular a los menores para fomentar entre ellos el cambio de sexo”. La organización presume en su web de haber impulsado una larga lista de procesos judiciales entre los que se encuentra la protesta de Rita Maestre en la capilla, caso en el que ejerció de acusación popular.

Otras de las de las acciones del grupo, presidido por el abogado de familia Javier María Pérez Roldán, han sido la querella contra las Juventudes Socialistas por la campaña contra el sida que incluía frases como “que no te den una hostia, ponte un condón” y “bendito condón que quitas el sida del mundo” o la querella en 2011 contra los convocantes de la “procesión atea” de Jueves Santo y las múltiples denuncias contra varias clínicas abortivas.

Muchos de los casos judiciales emprendidos por estas organizaciones, entre las que destaca la Asociación Española de Abogados Cristianos, se han impulsado  en el marco del artículo 525 del Código Penal, que recoge el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Es de lo que la organización acusó a las participantes en la “procesión del coño insumiso” celebrada en Sevilla en 2014 a modo de manifestación,  caso que ha acabado archivando la jueza. 

Es también el denominador común de la denuncia, ya archivada, que interpuso Abogados Cristianos contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la poetisa Dolors Miquel por recitar un “padrenuestro feminista” el 15 de febrero en la entrega de los premios de cultura Ciutat de Barcelona. El poema, tildado por la organización de “blasfemo”, reivindica el cuerpo de la mujer con versos como “Madre nuestra que estás en el cielo, santificado sea vuestro coño, la epidural, la comadrona”.

Utilizan el entramado de la Iglesia

Abogados Cristianos también promovió la retirada de la declaración de utilidad pública de la Federación de Planificación Familiar Estatal tras una denuncia ante Interior y fue acusación particular en el juicio que sentó en el banquillo por primera vez en España a Femen. El colectivo representaba a la Asociación Enraizados en Cristo y pedía siete años de prisión para las activistas, que fueron absueltas, por interrumpir una marcha antiaborto convocada por Derecho a Vivir.

Muchas de las actividades de propaganda y agitación de este último y demás grupúsculos tienen lugar en espacios cedidos por parroquias o en actividades de las distintas diócesis aprovechando que la Conferencia Episcopal no ha desautorizado públicamente su pertenencia a una sociedad secreta como El Yunque.

Aunque el Episcopado encargó un informe privado sobre la existencia e implantación de El Yunque en instituciones eclesiales, la profunda división entre los obispos acerca de este tema –para muchos prelados, los miembros de estos grupos son parte activa de su feligresía y fuente de financiación– permite que este lobby de presión y agitación de la ultraderecha pueda continuar utilizando el entramado de la Iglesia católica para seguir llevando a cabo su misión.

Los ultracatólicos presumen de haber tumbado el anuncio de El Corte Inglés con dos padres gays

Los anuncios de la serie que El Corte Inglés lanzó para publicitar la vuelta al cole y que circulaban por redes sociales bajo el hashtag #VueltaAlCole han sido retirados en medio de la polémica con el grupo ultracatólico Hazte Oír. El colectivo había iniciado una campaña de recogida de firmas contra uno de los cortos en el que aparecía una familia homoparental formada por dos padres intentando forrar los libros de texto.

Los siete anuncios ya no aparecen en el canal de Youtube de la compañía, que asegura haberlos eliminado porque “la campaña tiene unos derechos musicales y de imagen que son temporales y por eso se han retirado”. El Corte Inglés, que afirma gestionar cada campaña “de una manera determinada”, insiste en este motivo sin aportar ejemplos de otras con las que haya ocurrido lo mismo y se hayan retirado del canal.

En el otro lado de la balanza, Hazte Oír, que se apunta el tanto apoyándose en las más de 21.000 firmas que recogió desde el pasado 18 de septiembre en la campaña titulada “El Corte Inglés propone quitar derechos a los niños”. “La publicidad en la que El Corte Inglés olvidaba que la familia es 1 padre + 1 madre y sus hijos ya no se emite. Y además ECI ha borrado este tipo de vídeos de sus canales en Internet”, afirman los ultracatólicos.

Hazte Oír felicita a los firmantes y agradece que “con tu movilización has conseguido que una empresa tan poderosa como El Corte Inglés tome en consideración a la familia en sus mensajes”. El pasado viernes Ignacio Arsuaga, presidente del colectivo, entregó las firmas en las oficinas centrales de la compañía, que declara que “cuando vinieron les dijimos que se retiraba por los motivos de fin de derechos”.

Un trabajador de la empresa que atiende llamadas de particulares asegura a este diario que en las últimas semanas unas diez llamadas al día “se referían a quejas homófobas por el anuncio” tachándolo, dice, de “vergüenza y antinatural. ‘Eso no es una familia’, dicen muchos”. El empleado declara que “algunos son más escuetos, otros más alterados” y “la cosa fue bajando la última semana, el miércoles pasado, por ejemplo, no tuvimos ninguna”.

El anuncio desató la homofobia de Hazte Oír, que lo señalaba como “una forma de quitar derechos a los niños” porque “promociona una idea extraordinariamente grave: que los niños no tengan derecho a un padre y una madre”.Todos los estudios rigurosos demuestran que los niños necesitan un padre y una madre para desarrollarse de manera armónica y completa”, aseguraba.

El pasado mes de febrero El Corte Inglés retiró su campaña publicitaria de San Valentín debido a la polémica que generó uno de sus cortos por identificar el amor con el control de parejal. “Respetamos las críticas y pensamos que la mejor decisión es que deje de circular”, sentenció la empresa, que admitió que la había retirado por las críticas.

El Obispado de Sigüenza prohíbe a un hombre dirigir una cofradía por ser homosexual

Este vecino del municipio guadalajareño de Brihuega ha denunciado que el párroco, con autorización del Obispado, le ha vetado para formar parte de la directiva de la Cofradía de la Virgen de la Peña porque “no vive acorde con la moral cristiana”.

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Guillermo Domínguez, cofrade y vecino de Brihuega, ha sido vetado por el párroco del municipio, Mariano Marco, para formar parte de la directiva de la Cofradía de la Virgen de la Peña. ¿La razón? Su orientación sexual.

En un comunicado, Domínguez asegura que el cura le ha prohibido dirigir esta institución católica porque “no vive acorde con la moral cristiana”, una decisión que, según afirma, ha tomado con la autorización el Obispado de Sigüenza, todo ello a pesar de haber sido aprobada su candidatura el pasado agosto por el resto de la directiva, tras un primer intento de veto por parte del párroco a nivel individual.

Sobre este asunto se ha pronunciado la asociación WADO LGTBI de Castilla-La Mancha, que ha manifestado no tolerar esta actuación que han calificado como “desprecio e intolerancia”.

El presidente del colectivo, Ignacio de la Iglesia, ha considerado “una aberración que este tipo de actos queden impunes”, y ha señalado que si vetar a alguien por su orientación sexual es ya un caso grave de discriminación “no entendemos que, además, desde la Iglesia se puedan hacer estos vetos en organizaciones seglares”.

Además, desde la asociación han pedido al párroco que se retracte y pida perdón al vecino de Brihuega,  instando también a los ayuntamientos de Guadalajara y Azuqueca de Henares a quesancionen sin subvención pública, colaboración económica o partidas publicitarias al Obispado de Sigüenza, cumpliendo así con unas mociones aprobadas en ambos consistorios, pues en las resoluciones se contemplaban medidas contra “las personas jurídicas que no respeten la diversidad afectivo sexual”.

Explicación del Obispado

Por su parte, el vicario de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara, Agustín Bugeda, ha justificado en algunos medios de comunicación que el veto al cofrade no es por su orientación sexual, sino porque “no respeta las normas de la Iglesia” y que sería igual si fuera heterosexual viviendo en pareja sin tener el sacramento del matrimonio.

Tras esto, el presidente de WADO ha afirmado no creer que “no haya en alguna cofradía de Guadalajara ninguna persona en la directiva que sea soltera, viva en pareja o que esté divorciada”.

“Si fuéramos realistas y estrictos según se postulan, incluso aquellas personas que vivan en matrimonio y lleguen a usar métodos anticonceptivos en sus relaciones sexuales tampoco podrían formar parte porque la Iglesia considera que el sexo solo tiene un objetivo: la procreación”, ha agregado.

De la Iglesia ha considerado que estas palabras “son debidas a que desde la Diócesis han visto la metedura de pata al respecto y están intentando limpiarse las manos” y ha concluido que “el problema es que el daño, no sólo del cofrade, sino de cualquier persona que se sienta identificada con él, está ya hecho”.

Fútbol, homofobia y política desideologizada

Decía el otro día el escritor Juan José Millás que la política española está desideologizada y se ha convertido en una permanente discusión futbolera. No estaba hablando de la homofobia sino del vergonzoso espectáculo que están dando los partidos políticos

En aplicación de la Ley contra la homofobia, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat ha impuesto la primera multa por insultos homófobos. Son solo 300 eurillos, pero a lo mejor al próximo que quiera insultar por ahí le duela un poco el bolsillo (probablemente lo único sensible a lo largo y ancho de su cuerpo) y se corte el pelo suficiente para mantener la boca cerrada. Es el efecto positivo de las sanciones y condenas ejemplarizantes. La letra con ley entra.

Resulta, no obstante, curioso que esta condena de la homofobia llegue dos años después de la aprobación de esa Ley por el Parlament. Es tarde. Porque sabemos que en estos dos años ha habido muchos insultos homófobos, tanto en el ámbito privado como en el público. En concreto, 181 denuncias interpuestas en Cataluña, de las que solo 81 se han tramitado, como señalan el Observatorio Contra la Homofobia (OCH) y otros colectivos LGTBI. Lo que diferencia la sanción de ahora y todas las que no se han impuesto antes es únicamente la voluntad (política, moral: ideológica) de tomarse en serio una de esas ciento ochenta y una denuncias.

El agredido, trabajador en una residencia de mayores, recibió, entre otros insultos, el famoso “maricón de mierda”. No es un caso aislado. El Observatorio Contra la Homofobia denunció hace unos meses los insultos homófobos que recibió en el Camp Nou el futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo. Eugeni Rodríguez, presidente del OCH, recordó que, según la Ley, “los funcionarios y administración tienen el deber de intervenir ante el conocimiento de hechos de homofobia”. Durante el minuto de silencio en memoria de Cruyff se oyeron gritos de “Cristiano maricón”. Todo el mundo lo oyó y muchos manifestaron su reproche con silbidos, pero los responsables del campo no hicieron nada. Deben de estar acostumbrados.

Quien no se ha acostumbrado es el árbitro Jesús Tomillero, que ha denunciado no solo insultos homófobos similares, sino amenazas de muerte posteriores. Tomillero es el primer árbitro de fútbol español que salió públicamente del armario, y ha tenido que retirarse de su actividad profesional por las consecuencias que la libertad y la visibilidad le han acarreado. Una libertad y una visibilidad que no ampara el Código Penal tras la reforma involucionista del PP: si bien las agresiones físicas homófobas están penalizadas, no así las agresiones verbales. Tienen que abrirte la cabeza para que la LGTBIfobia sea considerada violencia.

Decía el otro día el escritor Juan José Millás que la política española está desideologizada y se ha convertido en una permanente discusión futbolera. No estaba hablando de la homofobia sino del vergonzoso espectáculo que están dando los partidos políticos. El símil futbolero viene al pelo. Porque la política no debiera ser una cruenta lucha de poder, sino una audaz lucha de ideas. La concepción de un común que sea mejor porque lo es para los individuos.

Si el escenario político no fuera también la grada infame del “maricón de mierda”, no haría ya falta que colectivos que defienden lo básico tuvieran a estas alturas de partido que proponer una Ley de Igualdad LGTBI y de No Discriminación. Hace falta aún y lo ha propuesto la FELGTB. Han tenido que dirigirse, para tan elemental principio, al Defensor del Pueblo. Es el resultado de la preocupación por el aumento en el Estado español de agresiones a las personas LGTBI y la necesidad urgente de su protección: ideología. Una cuestión de derechos humanos desatendida aún en este país de portadas y titulares destinados a los desideologizados.

El portavoz de los obispos dice que “la ideología de género es incompatible con el matrimonio y la familia”

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José María Gil Tamayo, portavoz de la Conferencia Episcopal Española

“La ideología de género no es compatible con la doctrina cristiana sobre la persona humana y sobre el matrimonio y la familia. Es una imposición contraria la antropología sobre el matrimonio y la familia”. El portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha evitado emitir una condena a la polémica carta del director del colegio concertado Juan Pablo II de Alcorcón, que comparó la ley contra la LGTBfobia de Madrid y la llamada “ideología de género” con el “fanatismo terrorista”.

“No entro en valoración de comportamientos concretos, no tengo todos los datos”, comenzó a decir Tamayo, quien remitió a un documento aprobado por la Plenaria en 2012, y pidió poder ofrecer “la visión de la Iglesia, y hacerlo con libertad”.

“Gracias a Dios hemos superado todas las inquisiciones. No pasemos a las inquisiciones laicas” remató Gil Tamayo, quien apuntó que, por supuesto, “hay que respetar que la Iglesia tenga sus convicciones, en respeto exquisito a las personas. Y hemos de hacerlo con caridad y claridad”. Repreguntado sobre el particular, solo acertó a decir que “hay calificativos y formas que hay que cuidar”.

La polémica carta se ha hecho pública después de que la organización Arcópoli denunciara que el director del centro, que imparte una educación diferenciada mixta (niños y niñas comparten espacios como el patio, pero no las aulas), había repartido la misiva entre el alumnado. En ella tachaba la ley de “absurda” y apuntaba a que prescinde “de la verdad natural del hombre y del derecho inalienable de los padres a la educación de los hijos”.

Tras la denuncia de Arcópoli, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid  ha encargado al Servicio de Inspección Educativa un informe “con el objetivo de comprobar si el contenido de la carta infringe la normativa vigente sobre conciertos educativos y, en caso de que así fuese, proceder a la apertura de un expediente sancionador”.

4 años de cárcel por interrumpir una misa

No ha opinado lo mismo respecto al juicio que este jueves lleva a los tribunales a un grupo de proabortistas que irrumpieron en la iglesia de Sant Miquel de Mallorca, y para los que el Obispado pide cuatro años de cárcel (y uno y medio la Fiscalía). En este punto, el portavoz episcopal apuntó que “se trata de un atentado contra la libertad religiosa, y las personas tenemos que responder de nuestros actos”.

“Cuando se atacan los derechos de los demás, exigen una respuesta de reponer ese daño realizado. Lo que tipifique la ley. Una sociedad democrática no puede ser juntada con una libertad mal entendida…. Podemos manifestar nuestras discrepancias, pero el respeto a la libertad religiosa tiene que ser tutelada y exigido por los ciudadanos”, afirmó.

El secretario general de la CEE también aportó su visión sobre la crisis en el Partido Socialista. “Nuestra posición es de respeto a un partido que tiene sus órganos y militantes, y su responsabilidad en la solución de una crisis que también miramos con preocupación, y deseamos que se resuelva satisfactoriamente”.

Para Gil Tamayo, “la estabilidad del PSOE es beneficiosa para toda la sociedad”, por lo que mostró la “preocupación” de los obispos ante el momento que vive el partido. “Esperamos que cuanto antes solucionen esta crisis, porque eso redundará en bien de toda la sociedad española”.

El director de un colegio concertado de Madrid compara la ley contra la LGTBfobia con “el fanatismo terrorista”

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El colegio Juan Pablo II de Alcorcón (Madrid) ha iniciado este curso entregando una carta al alumnado y las familias homófoba e islamófoba. La misiva, firmada por el director, Carlos Martínez, carga contra la  Ley de protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género,aprobada por unanimidad el pasado 14 de julio en la Asamblea de Madrid y la compara con “el fanatismo terrorista”.

El centro, que no ha querido hacer declaraciones, es concertado, pertenece a la Fundación Educatio Servanda, con colegios también en Guadarrama, Parla y Puerto Real (Cádiz), e imparte una educación diferenciada mixta. El alumnado comparte algunos espacios como el patio y el comedor pero no las clases porque “numerosos estudios han demostrado que hay diferencias en los ritmos de crecimiento, maduración y desarrollo cognitivo entre niños y niñas”.

La carta de bienvenida que ha entregado su director y que ha denunciado la asociación LGTBI Arcópoli comienza haciendo un repaso por algunos de los atentados terroristas perpetrados en los últimos meses en Europa. Los cristianos, dice, “hemos recibido la verdad no para esconderla, sino para predicarla. “Parece que arrecian tiempos de persecución”, afirma mientras critica a otras religiones tachando de “error” el seguimiento de “falsas religiones e ideologías”.

El director reprocha a los políticos que hayan aprobado en Madrid la ley contra la LGTBfobia, mientras “deberían defender la familia y nuestras raíces cristianas”, califica la legislación de “absurda” y a la que llama “Ley de Ideología de Género”. “¡Qué barbaridad prescindir de la verdad natural del hombre y del derecho inalienable de los padres a la educación de los hijos!, ¡Qué dogmatismo acusar de discriminación a quien piensa diferente!”, exclama. Es un despropósito, apunta, “imponer una ideología a fuerza de sanciones”.

Educación investigará el contenido

“El parecido con el fanatismo terrorista es inquietante”, añade entonces. El director del centro aplaude a  Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares y López de Andújar, de Getafe, que suscribieron una carta a principios de agosto atacando la misma ley. De la norma afirmaban que “se halla en contradicción con la moral natural” y agrava “la confusión” que “sufren” algunas personas “sobre su propia identidad”.

Martínez llama a los obispos “valientes” que “tienen clara su función pastoral de educadores” y adjunta la carta firmada por ellos. La misiva concluye comparando el islam y la que llama “ideología de género” asegurando que “son maquinaciones condenadas a la disolución y al fracaso”. Rubén López, coordinador de Arcópoli, ve “inadmisible este adoctrinamiento” a niños, niñas y adolescentes que “están aprendiendo a conocerse y construyendo su identidad”.

La organización ha tenido conocimiento, según varios alumnos, de que “el único mensaje que se transmite en el centro sobre el colectivo LGTB es que ‘la homosexualidad es una enfermedad’ y que ‘es posible curar a los homosexuales'”. Arcópoli ha pedido a la Comunidad de Madrid que revise el concierto educativo con el centro, “porque la discriminación no tiene cabida en la educación sufragada con dinero público”

Este medio se ha puesto en contacto con la Consejería de Educación, que  ha encargado al Servicio de Inspección Educativa un informe “con el objetivo de comprobar si el contenido de la carta infringe la normativa vigente sobre conciertos educativos y, en caso de que así fuese, proceder a la apertura de un expediente sancionador”. Añade, además, que “no compartimos el contenido de la carta”.

“La libertad de enseñanza no ampara la vulneración de la dignidad ni el ataque a la igualdad de derechos o al libre desarrollo de la personalidad”, afirman desde Arcópoli. La norma a la que se refiere la carta contempla entre sus medidas obligar a los centros educativos al tratamiento específico de la diversidad sexual en las aulas. También la creación de un Consejo LGTBI que permita la participación de las entidades de la sociedad civil en las políticas públicas referidas a esta materia.

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Carta distribuida por el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón (Madrid)

El colectivo LGTBI propone sanciones de hasta 20.000 euros por discriminación

La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales presenta una propuesta de ley contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

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Miembros de la FELGTB y de diversos partidos políticos, este martes, en la presentación del proyecto de ley.

MADRID.-  “Los poderes públicos removerán los obstáculos que impidan que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas”. Lo dice el artículo 9 de la Constitución, pero laLGTfobia es una de las principales causas de los delitos de odio y el motor de la mayoría de casos de acoso escolar. Para acabar con este tipo de discriminación y subsanar las carencias legislativas que todavía persisten, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha presentado este miércoles un proyecto de ley contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género” que busca el apoyo de todos los partidos políticos.

La propuesta tiene un espíritu pedagógico y plasma medidas en el ámbito laboral, sanitario, educativo, familiar, judicial, de la cooperación y del derecho de asilo. Aunque pretende prevenir más que castigar, también contempla sanciones que oscilan entre los 3.000 y los 20.000 euros. “Trabajamos contra siglos de estigma y la invisibilidad de la discriminación ha acabado desembocando en la impunidad ante ella”, ha explicado el presidente de la FELGTB, Jesús Generelo.

El objetivo del borrador de la ley —desarrollada en 18 capítulos y 96 artículos con una perspectiva transversal— es “cambiar el imaginario colectivo” y, de momento, todos los partidos excepto el PP han asumido en sus programas la mayoría de artículos del documento. De hecho, han sido las comunidades autónomas las que han marcado el ritmo de este proceso. Catalunya, Galicia, Extremadura, Balears, Murcia y Madrid ya han aprobado leyes de Igualdad LGTBI y Andalucía, Aragón, Asturias, Navarra y País Valencià las tienen en proceso. Hay leyes integrales de Transexualidad en Navarra, País Vasco, Andalucía, Canarias y Madrid, y Asturias, Aragón y País Valencià ya están trabajando en ellas. “España es un país a 12 velocidades en materia de Derechos Humanos”, ha denunciado Generelo.

Para lograr cierta unidad en la legislación, la FELGTB propone la creación de órganos públicos: un consejo Estatal contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, una comisión interministerial de Políticas LGTBI, varias fiscalías de Delitos de Odio, un Plan Integral sobre educación y diversidad y un Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI.

La proposición de ley recoge el derecho a la autodeterminación de la identidad de género, la despatologización de la transexualidad y la protección de las uniones de hecho y de derecho entre parejas del mismo sexo y sus hijos. Como ha detallado Charo Alises, abogada y miembro del grupo de juristas de la FELTGB, el texto refleja la prohibición de terapias que quieran revertir la orientación sexual, el acceso igualitario a las técnicas de reproducción asistida “a cualquier persona capaz de gestar”, la inscripción al registro civil de hijos nacidos por gestación subrogada cuando al menos uno de los progenitores es español y la supresión del requisito de matrimonio a parejas de lesbianas para que se reconozca la filiación de la madre no gestante.

El documento —fruto de “meses de trabajo, consultas a expertos y reflexión interna” dentro de la federación— es una “ley del pueblo para el pueblo”, en palabras de Generelo, que supone “un paso adelante hacia la igualdad real”. En la presentación del borrador estaban presentes la diputada socialista, Ángeles Álvarez; el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví; el secretario de Derechos y Libertades del PP, Iñaki Oyarzabal; y la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli.