El auge del populismo en Europa amenaza los derechos del colectivo LGTBI

Los activistas denuncian un incremento de las agresiones verbales y ataques a sedes en los países del Este

Celebración de la Baltic Gay Pride en Riga (Letonia), el pasado junio. / ILMARS ZNOTINS (AFP/GETTY)

El auge del nacionalismo y el populismo amenaza de nuevo los derechos y libertades del colectivo LGTBI. En especial en varios países del Este de Europa donde estos movimientos han llegado al poder. Lejos de aspirar a la conquista del matrimonio y la adopción por parte de parejas del mismo sexo, los activistas de estos países se ven obligados a protegerse de la violencia verbal que vierten sobre ellos las corrientes conservadoras y de extrema derecha. Esa escalada se acentuó en la campaña del fallido referéndum convocado en Rumania para vetar los matrimonios gais en su Constitución. Asociaciones de países como Polonia o Lituania han denunciado, además, haber sufrido varios ataques en sus sedes este año.

Mirka Makuchowska, activista polaca de Campaña contra la Homofobia, denunciaba en la conferencia anual de asociación internacional ILGA-Europe –que aglutina a decenas de entidades del continente—, celebrada en Bruselas, la deriva autoritaria del gobierno ultraconservador de Ley y Justicia. Justo cuando hablaba, recibía la noticia de que multitud de escuelas se veían obligadas a cancelar actividades que habían programado para promover la tolerancia en las escuelas.  El Ministerio de Educación había advertido a todos los directores y había pedido a los padres que denunciaran a los centros que albergaran esos eventos.

“Todo ha ido a peor”, resume Makuchowska. Los activistas polacos denuncian una escalada de actuaciones para socavar los movimientos por los derechos civiles privándoles de acceso a fondos públicos. “Estamos viendo cómo se usa un lenguaje virulento y se vuelve a emplear palabras que hacía tiempo que no escuchábamos, como ‘sodomitas’ o ‘pervertidos’. Y ese discurso del odio envalentona a chavales que pasan por un local que tiene la bandera del arco iris y no dudan en apedrearlo”, denuncia.

Esos mensajes cargados de prejuicios soportaron también los ciudadanos rumanos el pasado mes de septiembre, durante la campaña de un referéndum que perseguía vetar en la Constitución los matrimonios del mismo sexo. Líderes del gubernamental Partido Social Demócrata esparcieron en las televisiones la cantinela de que esas uniones ponían en riesgo la familia. El referéndum hizo aguas al no concitar los sufragios mínimos para ser validado. “Los líderes de ese populismo lo presentan como un movimiento del pueblo, pero es al revés, viene desde arriba y buscan ganarse a la gente a costa de los más débiles”, advierte la activista y periodista rumana Teodora Ion-Rotaru.

La hostilidad de los gobiernos de países como Hungría, Polonia, Rumania o Bulgaria hacia los colectivos LGTBI ha encendido las alarmas de la Comisión Europea. Su vicepresidente primero, Frans Timmermans, advirtió en esa conferencia del regreso del “lenguaje del odio” de la mano de los movimientos populistas y nacionalistas. El primer ministro húngaro, Victor Orban, ya irritó el año pasado a Bruselas al albergar un congreso de un grupo antiLGTBI en que criticó a la Unión Europea por estar dominada por una “ideología relativista y liberal que es un insulto a las familias”.

No obstante, Timmermans reprendió sobre todo a los socialistas búlgaros y rumanos, de su familia política europea, por querer conseguir apoyos empleando planteamientos homófobos. “Si quieren formar parte de nuestra familia, tienen que entender que el respeto por la igualdad es un elemento esencial”, afirmó.

En la cola en derechos civiles

Casi todos los países del Este se hallan en la zona roja del informe que cada año elabora ILGA-Europe. Desde hace años, permanecen atrapados en ese territorio que raya la discriminación y la violación de los derechos humanos. Letonia es el país peor situado de la Unión Europea. “No queremos estar ahí, pero desde 2006, cuando adoptamos legislaciones en el ámbito laboral, no se ha hecho nada más”, lamenta Kaspars Zalitis, activista de Mozaika.

A pesar de la falta de avances, Zalitis es más optimista que otros activistas. Él sí percibe cambios sociales. Hace apenas unos años, cuenta, en las marchas bálticas del Orgullo tenía que aguantar junto a otro puñado de compañeros cómo le lanzaban excrementos. Este año, unas 8.000 personas marcharon por las calles de Riga sin sufrir ningún incidente. “Por supuesto, nos preocupa el populismo, pero es algo que también viven Francia o Holanda”, añade. No en vano, en el furgón de cola del índice de la asociación europea está también Italia, donde su vicepresidente recientemente ha rechazado las adopciones por parte de parejas del mismo sexo alegando el derecho de los niños a tener “un padre y una madre”.

En Letonia, añade Zalitis, dos partidos con representación parlamentaria que pueden ser decisivos para formar gobierno han situado ya en su agenda la igualdad LGTB. Algo que no pueden decir Simeon Vasilex y Lilya Dragoeva, dos activistas búlgaros. “Ningún partido que esté en el Congreso se plantea esa cuestión”, afirma Dragoeva. “El nacionalismo trata de atraer votos. Y usa el discurso de que la ideología occidental quiere infiltrarse en nuestro país”, lamenta Vasilex. “Esas fuerzas divisivas nos recuerdan a todos una verdad básica: estas amenazas nos conciernen a todos”, remacha Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA-Europe.

“QUEREMOS IR HASTA EL FINAL”

El colectivo LGTBI se apuntó una victoria después de que la Corte de Luxemburgo sentenciara que los matrimonios homosexuales deberán tener los mismos derechos de residencia en la UE que los heterosexuales, incluso en los países donde estas uniones no sean legales. La batalla la inició Adrian Coman, de origen rumano, que contrajo matrimonio con un ciudadano estadounidense en Bruselas. Dos años después de su boda, pidieron a Rumania permiso de residencia para el marido. La petición fue inicialmente rechazada, pero el TJUE dictaminó que Bucarest debía reconocerlo.

Coman, que asistió a la conferencia de Bruselas, explica que se ha clarificado la legislación, pero aún aguarda a que la justicia rumana resuelva su caso. “Queremos ir hasta el final”, sostiene Coman, en referencia a que aún puede toparse con algún “agujero” legal. Aun así, la sentencia de Coman ha abierto la puerta a que otras parejas puedan reclamar que se reconozcan sus matrimonios celebrados en otros países de la Unión Europea en los que uno de los cónyuges hayan residido. De hecho, se esperan resoluciones en breve en Polonia y Lituania.

Hoy Coman vive en Estados Unidos. Esa opción, la de dejar el país, es por la que optan muchos jóvenes. Sucede en Rumanía, según denuncian las organizaciones por los derechos civiles de ese país. Pero también en Lituania. Una encuesta realizada recientemente por la mayor organización LGTBI de Lituania entre jóvenes del país arrojaba que el 90% de los preguntados tenían pensado o estaban considerando irse al extranjero cuando tras acabar sus estudios. En los países bálticos, de hecho, los colectivos se quejan de estar sufriendo la falta de tolerancia rusa. “Tenemos un problema de bullying en las escuelas, pero las instituciones no lo afrontan. Consideran que toda información sobre el colectivo LGTBI es propaganda y seguimos sintiendo la presión de la Iglesia”, sostiene el presidente de la entidad, Vladimiras Simonko, quien denuncia que hace apenas dos meses su sede fue atacada.

AMAIA BARRENA (ORGANIZADORA DE LOS ENCUENTROS LGTBI+ ) : «¿Por qué la estatua a los Fueros no puede llevar una fusta sado?»

Kattalingorri ultima los preparativos del primer encuentro estatal LGTBI+ que se celebrará en Iruñea. Amaia Barrena, licenciada en Psicología y especializada en Sexología, es una de las trabajadoras del colectivo implicada en este proyecto.

¿En qué consistirán los XXX encuentros estatales LGTBI+ que preparan en Iruñea?

El próximo fin de semana celebraremos una serie de ponencias y talleres sobre distintos temas en Baluarte. Y el domingo cerraremos los encuentros con una kalejira y un acto de homenaje a los impulsores de distintos movimientos LGTBI+ de Nafarroa. Habrá una declaración con las conclusiones de todo lo hablado, pero que se centrará en políticas públicas y servicios LGTBI+ públicos, algo que consideramos importantísimo. Los colectivos que tomen parte se adherirán al manifiesto para reivindicar luego esa línea de trabajo allá donde vienen.

¿Cuántos colectivos participan?

Hay más de 150 participantes y se siguen apuntando. Entre partidos, sindicatos y demás, hablamos de más de 30 entidades de distintas zonas de la Península: Madrid, Balears, Barcelona, Murcia, Galiza…

¿Qué reto supone llevar adelante un evento así?

Los encuentros estatales tratan temáticas que son de interés general del colectivo, pero al final de cada uno se dejan puertas abiertas e hilos que hay que seguir desarrollando cuando se recoge el testigo. De Iruñea saldrán otros. Acertar en eso es fundamental. Y el otro reto pasa por mostrar la realidad de Nafarroa, cómo es el colectivo LGTBI+ de aquí, qué recursos hay, qué políticas hay, qué necesidades… De estos encuentros tienen que surgir reflexiones que nos ayuden a seguir avanzando aquí en Nafarroa. Y a esta parte teórica hay que sumar la logística, dónde duermen y comen los que vienen, dónde discurrirán las actividades… Apostamos por Baluarte, porque da un aire de seriedad y estos encuentros constituyen algo importante.

En Iruñea tiene un enorme peso lo carca, el Opus, el tradicionalismo. En su cartel aparece la Estatua a los Fueros con bigotón, empuñando una bandera multicolor y una fusta sado. ¿Podrá el movimiento LGTBI+ de subvertir todo eso?

La temática del encuentro no es que sea revolucionaria en sí, pero si la comparamos con lo anterior, sí que supone un cambio radical. Venimos de un tradicionalismo católico con olor a rancio y ahora nos sentamos a hablar de políticas públicas que ya están en marcha. El logo sí que resulta subversivo. Aunque, más que eso, yo diría que apropiador. Pasó también con la bandera, que se unió a un movimiento político concreto hasta que la gente dijo «oye, que yo también soy navarro», y empezó a reivindicarla. Las personas del colectivo LGTBI+ también somos navarros y hay una ley propia de 2017 que supuso una victoria histórica para el colectivo. ¿Por qué no va a empuñar la estatua a los Fueros nuestra bandera? ¿Y por que no va a llevar una fusta sado representando eróticas que forman parte de la diversidad? Es una fusta que además es hisopo de los joaldunak. Y lo del bigotillo… pues permite jugar con la ambigüedad de la figura. ¿Es un hombre, es una mujer? ¿Por qué tiene que ser una cosa u otra?

Uno de los temas centrales de los encuentros es la interseccionalidad. ¿Qué significa exactamente?

Significa entender que a las personas nos atraviesan diferentes realidades y que podemos estar sujetas a múltiples discriminaciones. Una persona puede ser discriminada por su orientación sexual, pero además por ser mujer, inmigrante, pobre… Y eso implica la necesidad de activar políticas públicas integrales y hay que tenerlo en cuenta a la hora de legislar. Ese será un temas central, como también lo será la violencia intragénero y cómo se interrelacionan los feminismos con lo LGTBI+.

¿Todo va a ser así de serio?

Las ponencias son la parte más seria. Los talleres son mucho más vivenciales y la gente se suelta más. Haremos un miniakelarre y una performance con los cuerpos. El domingo saldremos en kalejira con una txaranga. También habrá fiesta, un momento de encuentro, en Geltoki. Es un momento para encontrarnos, para conocernos después de tanto hablar. Será cerrada para los inscritos.

Que el movimiento LGTBI+ navarro haya apostado por organizar estas jornadas da la impresión de que pasa por un buen momento.

No puedo hablar por todos. Muchos grupos tienen un punto anarco y libertario, pero todos ven bien que haya una ley, un servicio público. Y sí que es cierto que lo LGTBI+, como movimiento, está hoy más visible. Hemos pasado de solo existir en las calles a estar también en el discurso político. Que haya estos encuentros, locales, subvenciones municipales… impulsa a moverse, a hacer actividades. En Zona Media ha surgido otro colectivo y eso está muy bien, porque si no todo está en Iruñea. Estamos muy vivos.

Los colectivos LGTBI denuncian “el injustificable retraso” de la tramitación en el Congreso de su ley integral

Un momento de la rueda de prensa organizada por la FELGTB.

Mediante 18 ruedas de prensa simultáneas en diferentes ciudades, colectivos LGTBI han denunciado “el injustificable e indignante retraso” de su ley integral, que actualmente tramita el Congreso. Bajo el nombre de “Ciudades en pie por la Igualdad LGTBI”, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha organizado una jornada de movilización para exigir a todos los grupos políticos que se comprometan con una ley, registrada por Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea,  cuya toma en consideración fue aprobada por la cámara baja en septiembre de 2017. 

“Estamos hartas e indignadas. La inacción de la Comisión de Igualdad  ha asegurado la presidenta de la FELGTB, Uge Sangil, en la rueda de prensa celebrada en Madrid. “No nos temblarán la voz ni la mano para decir a otros partidos que tampoco van a estar en el Orgullo si no realizan el trabajo que tienen que hacer”, ha añadido en referencia a la manifestación del Orgullo LGTBI que se celebra todos los años en la capital y a cuya cabecera suelen acudir dirigentes de los principales partidos políticos. Este año, de hecho, la FELGTB no invitó al Partido Popular por haberse abstenido en la toma en consideración de su ley integral.

La norma se encuentra desde el pasado mes de febrero en la Comisión de Igualdad, que según los trámites parlamentarios debe reunirse cada cierto tiempo para avanzar en las negociaciones y discutir las enmiendas presentadas por cada grupo. “Se han visto pocos artículos, en algunas reuniones se alargan discutiendo algunos que ni están enmendados e incluso ha habido reuniones que se han suspendido a pesar de estar agendadas. Nos han dado motivos como que no ha habido pleno y los diputados y diputadas no iban a ir”, explica Sangil.

La FELGTB ha registrado en el Defensor del Pueblo una petición para que pregunte en el Congreso qué ocurre con la Ley LGTBI, la primera estatal de derechos del colectivo a la que ya en su primera sesión se le auguró una larga tramitación debido a las enmiendas que los grupos políticos anunciaron que presentarían. El PP, por su parte, presentó una a la totalidad que rebajaba el contenido de la norma y la convertía en una iniciativa de mínimos.  Su proposición fue rechazada en el Congreso el pasado mes de febrero. 

En este sentido, la FELGTB apunta directamente al Gobierno del PSOE, al que insta a que “apure a su grupo, el grupo socialista, a que no haya más demoras” porque “nos consta que en este grupo se están poniendo trabas al contenido de la ley que tiene que ver con la autodeterminación de género de las personas trans”, ha explicado la presidenta de la federación, que pone en entredicho el alto número de enmiendas presentadas por el PSOE, casi 100, lo que, a su juicio, “es casi una enmienda a la totalidad”.

La FELGTB exige a los partidos “que de una vez por todas asuman su compromiso y trabajen definitivamente para la aprobación de la ley”, ha exigido Sangil acompañada de representantes de algunas organizaciones que la componen, entre ellas, Cogam, Galehi, Voces LGTBI y Kifkif.

Actualmente, el Congreso tramita tres proposiciones de ley que tienen que ver con el colectivo LGTBI. A la toma en consideración de esta integral,  le siguió el inicio del proceso parlamentario de una reforma de la Ley de 2007 que regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Ahora la norma establece una serie de requisitos médicos que dificultan la elección del nombre y el sexo legal de las personas trans y excluye a los menores y a las personas extranjeras que viven en nuestro país. También la cámara baja sigue con los trámites para aprobar una ley integral trans que engloba medidas en varios ámbitos.

 

Trump quiere eliminar la palabra “género” de los documentos de la ONU

La activista transexual Jennicet Gutiérrez / Familia TQLM.

La misión de Estados Unidos ante la ONU está intentando eliminar la palabra “género” de los documentos de derechos humanos de la ONU. Su objetivo es sustituirla la mayor parte de las veces por “mujer”, en un aparente intento del gobierno de Trump de  excluir a las personas transgénero y empujarlas a la inexistencia.

En reuniones recientes del Tercer Comité de la ONU, que trata temas relacionados con derechos “sociales, humanitarios y culturales”, diplomáticos estadounidenses han estado presionando por una revisión de las declaraciones de políticas de la Asamblea General de la ONU con el objetivo de eliminar lo que el Gobierno considera un lenguaje confuso y políticamente correcto que refleja lo que en su opinión es una ideología consistente en tratar el género como una elección individual en lugar de un hecho biológico inmutable.

Por ejemplo,  en un borrador sobre el tráfico de mujeres y niñas introducido por Alemania y Filipinas a principios de este mes, EEUU quiere eliminar frases como “violencia de género”, que serían reemplazadas por “violencia contra las mujeres”.

“Cada vez vemos más intentos de este tipo en el Tercer Comité y en las próximas semanas se convertirá en una batalla”, afirma un diplomático europeo en la ONU. El diplomático añade que la política de EEUU en el mundo no es del todo congruente.

Aunque diplomáticos estadounidenses han pedido recientemente la eliminación de la palabra “género” varias veces, al menos una vez esta palabra se ha añadido a un texto ante la insistencia de Estados Unidos. El diplomático cree que dicha inconsistencia puede ser el reflejo de un forcejeo entre diferentes miembros de la misión de EEUU en la ONU.

Para que su campaña tenga éxito, EEUU tendrá que forjar alianzas poco habituales, por ejemplo con Rusia y con Estados musulmanes conservadores, contra sus socios de Europa Occidental.

“Si solo dices violencia contra las mujeres, no reflejas realmente toda la historia”, señala un destacado diplomático en la ONU. “No deberíamos aceptar su esfuerzo reaccionario. Y si eso implica una fuerte pelea en el Tercer Comité, la tendré. Creo que hay cosas que merece la pena valorar y a las que merece la pena aferrarse”, añade.

El mes pasado, el Departamento de Estado  cambió silenciosamente el nombre de una página web para tratar temas transgénero en los pasaportes de “cambio en la designación de género” a “cambio del indicador sexual”. Este cambio se enmarca en la campaña contra la palabra “género”.

“Está claro que la administración está inmersa en un plan por hacer desaparecer a las personas trans en todo el Gobierno federal”, sostiene Mara Keisling, directora ejecutiva del National Centre for Transgender Equality. “Aunque es exasperante que se comporten de una forma tan extrema y volátil en Naciones Unidas, confiamos en que sus prejuicios salgan desautorizados ante la ciencia, la razón y la presente lucha por los derechos humanos”, añade.

Este lunes,  The New York Times publicó que el Gobierno había redactado una estrategia política para redefinir el género y limitarlo únicamente a hombre o mujer y convertirlo en inmutable desde el nacimiento, a pesar de que la American Medical Association dictaminó el año pasado que las identidades de género y sexuales no siempre son binarias.

Esta campaña tiene el objetivo de revertir los cambios introducidos por el gobierno de Obama en programas federales. Estas reformas hicieron del género un tema de elección individual en lugar del sexo asignado en el nacimiento. Un documento filtrado del Departamento de Sanidad sostiene que las agencias estadounidenses deben adoptar una definición de género determinada “sobre una base biológica que esté clara, basada en la ciencia y que sea objetiva y administrable”.

Roger Severino, director de la oficina por los derechos civiles del mismo departamento, fue un ferviente opositor a las reformas de Obama.  En julio de 2016 afirmó que el entonces secretario de Defensa, Ash Carter, había deshonrado el sacrificio de “cientos de miles de veteranos y militares en activo que han quedado traumatizados, heridos o que han muerto luchando contra los nazis, agresores comunistas y terroristas y que creen que a los hombres biológicos no se les debe permitir entrar en los mismos barracones y duchas que a las mujeres”.

Rumania da la espalda al referéndum para vetar los matrimonios del mismo sexo

La baja participación, de solo el 20,4%, invalida la consulta y alivia a Bruselas, inquieta por las reformas judiciales y la corrupción del país

La primera ministra, Viorica Dancila, votando en el referéndum sobre el veto al matrimonio igualitario. FOTO: DANIEL MIHAILESCU (AFP) | VÍDEO: ATLAS

Rumania dio la espalda este fin de semana de forma abrumadora al referéndum que planteaba vetar constitucionalmente los matrimonios del mismo sexo. Con un 20,4% de participación, la consulta no alcanzó el umbral del 30% necesario para ser válida. El fracaso de la jornada supone un varapalo para el Gobierno socialdemócrata, acuciado por los escándalos de corrupción y los requerimientos de las instituciones europeas. Estas advierten de que las reformas emprendidas en el país socavan la independencia judicial y dificultan perseguir la corrupción.

El referéndum, impulsado por la conservadora Coalición por la Familia y apoyado por la Iglesia Ortodoxa, necesitaba el 30% para salir adelante. Sin embargo, solo el 20,4% de los ciudadanos fue a votar. Y ello pese a que, de forma inusual, el Gobierno dio dos días para ejercer el derecho al sufragio. Las asociaciones por los derechos humanos y activistas LGTBI habían llamado a la abstención para boicotear la jornada. La consulta planteaba si la Constitución debía ser modificada para cambiar la definición de “matrimonio”. La ley ahora fija que es “la unión libremente consentida entre dos esposos”. El cambio sometido a referéndum lo ciñe al vínculo “entre un hombre y una mujer”.

Ante las críticas internacionales y el tremendo malestar en su familia política europea, la primera ministra rumana, la socialdemócrata Viorica Dancila, aseguró que su partido no haría campaña. Y a eso se han vuelto a agarrar los líderes socialdemócratas tras constatar el rechazo de la ciudadanía a participar en el referéndum. Pero en la práctica no ha sido así. Vlad Viski, director ejecutivo de la organización LGTBI rumana MozaiQ, ha denunciado una campaña que ha definido “llena de odio”. “Ha habido un lenguaje agresivo, violento, en el que se ha llegado a decir que si gana el no se abriría la puerta a matrimonios con animales o a la poligamia”, ha denunciado. El activista se refiere a las palabras del líder del Partido Social Demócrata, Liviu Dragnea, que en una entrevista en la televisión rumana dijo que podían producirse uniones “entre un hombre y un animal”.

Los impulsores del referéndum han defendido que Rumania quiere recuperar los valores “conservadores” frente a las ideas progresistas de los países occidentales de la Unión Europea. Sin embargo, la sociedad civil del país advierte de una “cortina de humo” del Gobierno para tapar sus vergüenzas. “A los dirigentes del Partido Social Demócrata no le importan los matrimonios del mismo sexo, sino evitar la cárcel”, sostiene Sorin Ionita, miembro del think tankForum Expert y consultor de varias organizaciones internacionales. De hecho, en su etapa de europarlamentaria la actual primera ministra votó a favor de una resolución que instaba a los países a reconocer los matrimonios del mismo sexo.

Rumania ha vivido en los últimos tiempos manifestaciones multitudinarias contra la corrupción. Y justo este lunes Dragnea, líder del partido gubernamental, acude a los tribunales tras haber recurrido su segunda condena por abuso de poder. “Quieren hacer este referéndum para poder ir a Europa con un discurso emocional y populista. Pretenden decir: ‘¿Cómo vamos a ir a prisión si tenemos el apoyo de los ciudadanos?”, añade Ionita.

De momento, el Gobierno no podrá usar ese argumento, lo cual es un alivio para Bruselas. Pero solo en parte. El Gobierno rumano se ha convertido en el tercer quebradero de cabeza de las instituciones europeas en Europa del Este, después de la deriva de Hungría y Polonia, que han forjado una alianza para evitar un procedimiento disciplinario para investigar la degradación de sus sistemas democráticos. Y justo a las puertas de que, entre enero y junio del año que viene, ostente la presidencia rotatoria de la Unión Europea.

El Parlamento Europeo debatió esta semana la situación de Rumania, que se halla bajo supervisión desde su adhesión a la Unión Europea para verificar las reformas en materia de justicia y economía. Tras rebajar la participación necesaria para sacar adelante un referéndum del 50% al 30%, la UE teme que el Gobierno pueda aprobar reformas constitucionales de carácter populista. El vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, fue contundente al mostrar la “preocupación” de Bruselas por reformas que a su juicio socavan la separación de poderes y el castigo de la corrupción.

Advertencias de Bruselas

A finales de este mes, la Comisión tendrá en sus manos un nuevo informe de la Comisión de Venecia sobre los avances o retrocesos de Rumania. Y Timmermansdijo que “no dudará”, si es necesario, en acudir al Tribunal de Justicia de la UE. “Si la Comisión ha de ser severa en su evaluación, lo será. Si tiene que usar otros instrumentos, lo hará”, advirtió. Y, pese a no poder impedir la consulta, Timmermans recordó que los tratados comunitarios garantizan la igualdad de todos sus ciudadanos con independencia de su “orientación sexual”.

Rumania ya recibió, de hecho, un varapalo de la Corte de Luxemburgo, que la obligó a dar residencia a un ciudadano de Estados Unidos casado con otro del país. Rumania fue uno de los últimos países de la UE en despenalizar la homosexualidad, en 2001, y está a la cola de los países miembros (en la posición 25 de 28) en legislación igualitaria, según la organización ILGA-Europe.

El referéndum de este domingo también ha provocado malestar entre los socialdemócratas europeos, una delegación de los cuales se reunió con Dancila para recordarle los valores progresistas de la formación. El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, que presidió la comisión de Libertades, Justicia e Interior de la Cámara, sostiene que Rumania no puede compararse con Hungría o Polonia pese a que las reformas del poder judicial y el código penal y los “casos de corrupción en el manejo de fondos europeos” suscitan “preocupación”.

“Rumania ha atendido las resoluciones del Tribunal de Justicia de la UE, la Comisión de Venecia y del Tribunal Constitucional del país”, afirma. Aun así, rechaza la posición de los socialdemócratas rumanos con el referéndum de este fin de semana. “Le dije a la primera ministra que debían tener el coraje de defender la posición contraria a esa reforma. El apoyo a la prohibición es inaceptable e incompatible con los valores del Partido Socialdemócrata europeo”, zanja.

Fracasa el referéndum de Rumanía contra el matrimonio gay por la alta abstención

Fracasa el referéndum de Rumanía contra el matrimonio gay por la alta abstención EL MUNDO (VÍDEO) / EFE (FOTO)

Los rumanos han ignorado el referéndum celebrado este fin de semana para vetar el matrimonio entre personas del mismo sexo y consagrar en la Constitución la “familia tradicional”. La consulta no superó el umbral del 30% del censo necesario para que fuera valida, una situación parecida a la que se vivió en Hungría tras el referendo sobre la reubicación de refugiados en la UE. Según datos de la Oficina Electoral Central sólo el 20,41% de los electores participó en el referendo.

Tres millones de firmas hicieron posible este referéndum, cuya sola celebración suponía un giro de llave en la cerradura del armario donde sigue Rumanía y la mayoría de sus vecinos con pasado comunista, proclives a consultas que azuzan a la fractura social.

La iniciativa no partió en este caso del Gobierno, en manos del populista Partido Social Demócrata (PSD), pero su simpatía por el sí fue explícita y su apoyo a los impulsores masivo, por lo que el resultado golpeaba al Ejecutivo. La primera ministra, Viorica Dancila había prometido no interferencia en la consulta a la UE, que ve con preocupación cómo se cortapisan derechos en su flanco Este y se crean bolsas de intolerancia.

Dancila no cumplió su palabra y tampoco los hombres fuertes del partido, empezando por su presidente, el controvertido Liviu Dragnea. “Saben qué es una familia tradicional. Es la formada por un hombre y una mujer que tienen niños”, declaró Dragnea, condenado por fraude electoral en 2016. Para la oposición conservadora, la única posición posible frente al referéndum era la abstención. Tanto el Partido Nacional Liberal (PNL) como la Unión Salvad Rumanía (USR) consideraban que Dragnea utilizaba la consulta como cortina de humo ante la tensión producida por los intentos de los socialdemócratas de aprobar leyes menos estrictas para delitos de corrupción.

En la calle, las estrategias políticas se percibían de otra manera. “La campaña ha generado cotas de odio intolerables. Nunca se habían visto tantos episodios homófobos”, denunció Amnistía Internacional en un comunicado al que se sumaron otras organizaciones no gubernamentales y el colectivo LGBT.

Para Mihai Gheorghiu, líder de la Coalición para la Familia, promotora del referéndum, éste nada tenía que ver con los LGTB y sus costumbres sino con la defensa de la familia tradicional ante quienes, algún día cercano o lejano, pretendieran cambiarlo. Y, por si algún rumano de los 19 millones que estaban llamados a las urnas no alcanzaba a entender lo que estaba en juego o decidía no votar “dos hombres podrán adoptar a tus hijos” y quién sabe lo que entonces ocurrirá, añadía Gheorghiu. “Defender el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer es defender la cabeza y el alma de nuestros hijos frente a una ideología de género y la homosexualidad”, dijo.

La Coalición para la Familia contó con el apoyo de la Iglesia Ortodoxa. Los profesores de religión hicieron campaña por el sí. En un mensaje leído tras la misa, el Patriarca Daniel apeló a los creyentes a ir a votar. Le desoyeron.

KARI MUGO DIRECTIVA COLECTIVO LGTBI EN KENIA: “La homosexualidad ha existido siempre en África;lo occidental es la homofobia”

Kari Mugo ve el futuro con incertidumbre, pero saca fuerzas para seguir luchando al echar la vista atrás y comprobar así todo lo que han avanzado en estos años

Kari Mugo ve el futuro con incertidumbre, pero saca fuerzas para seguir luchando al echar la vista atrás (Oskar Epelde)

 

NAIROBI– Kari Mugo es directiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas, la organización independiente LGBTI que se ha especializado en el terreno legal.

¿Continúan presentando nuevos casos al tribunal?

-¿Si aún estamos registrando violaciones? Sí. Continuamos yendo a las comunidades y sigue viniendo gente a nuestra oficina pidiendo ayuda por cuestiones de seguridad. Hay gente que sigue siendo acosada, golpeada, chantajeada, asesinada, violada, expulsada de sus casas… Pero por eso la decisión de una juez afirmando que la homosexualidad no es una amenaza contra la moralidad es muy importante y permite generar el debate en un terreno más fértil. Si hay cosas positivas… Creo que se trata de un camino muy largo. Las cosas que estamos tratando de hacer no tendrán lugar en dos años, ni siquiera en cinco, probablemente. Sin embargo, si miramos atrás vemos mejoras. La gente LGBTI es ahora más visible, estamos hablando más sobre estas cuestiones aunque el mismo problema sigue existiendo.

Tanto el Consejo de Clasificación de Películas de Kenia (KFCB) como los abogados de las iglesias les atacan, considerándoles un producto de la agenda occidental.

-Si una jueza keniana dice que un consejo del gobierno keniano está abusando de poder, se trata de un asunto puramente keniano. La homosexualidad ha sido documentada en Kenia y en África desde que existe la historia de la humanidad. De hecho lo que es occidental es la homofobia. En las sociedades tradicionales kenianas tenemos mujeres que toman a otras mujeres por esposas y es algo que el gobierno keniano reconoce como derecho de costumbre. La jueza del caso Rafiki en su auto de suspensión de la orden de KFCB ha dicho que la moralidad popular no puede utilizarse para infringir derechos constitucionales e inalienables de la persona;que la homosexualidad es cuestión de consenso entre adultos, como ir al cine a ver la película Rafiki. Y ha dicho que la homosexualidad no es una amenaza para la sociedad keniana. Tenemos problemas mucho más graves como la corrupción o una deuda galopante.

Si tenemos una conversación agradable y al final te doy un sopapo lo único que habría que quitar es el sopapo. Esto dijo el jefe del KFCB, Ezekial Mutua, para explicar la razón por la que seguirán insistiendo en prohibir ‘Rafiki’. Quiere apartarla de lo que llaman ‘el mensaje moral’ de la película.

-El problema del KFCB no es la película sino cómo termina. Por tanto lo que está en cuestión es cómo deben crear arte los artistas. Uno de los argumentos de la jueza del caso fue que el objetivo de un artista es precisamente concienciar a la sociedad. Las historias que la iglesia y gente como Ezekiel Mutua quieren que se cuenten son historias de sufrimiento sin esperanza, básicamente si eliges ser homosexual estás eligiendo la miseria. Que los personajes de Rafiki experimenten traumas y al final todavía quieran seguir juntas amenaza sus nociones. Tiene gracia y a la vez es muy triste.

las claves

“Que los personajes de la película ‘Rafiki’ experimenten traumas y al final todavía quieran seguir juntas amenaza sus nociones”

“En las sociedades tradicionales kenianas tenemos mujeres que toman a otras mujeres por esposas, algo que hay que reconocer”

Desconvocada la huelga de hambre de los 17 activistas trans ante el compromiso de Podemos de tramitar su ley

El grupo parlamentario confederal ha incluido además esta propuesta en la mesa bilateral de negociaciones presupuestarias abiertas con el Gobierno de Pedro Sánchez.

17 activistas trans llevan a cabo durante unas horas una huelga de hambre para exigir a Podemos que tramite la ley integral de este colectivo. TWITTER/@PlataformaTrans

La Plataforma Trans ha desconvocado la huelga de hambre que este miércoles por la mañana iniciaron 17 de sus activistas tras haber obtenido de Podemos su compromiso de llevar al pleno del Congreso la Ley Estatal Trans antes de agosto de 2019 e incluirla en la mesa de negociaciones presupuestarias con el Gobierno.

Así lo ha informado a Efe  la presidenta de la Plataforma, Mar Cambrollé, quien ha mostrado su satisfacción porque su exigencia de tener una fecha para que la iniciativa que Unidos Podemos registró en febrero inicie su periplo parlamentariose haya satisfecho con éxito en tan poco tiempo.

“No era una medida simbólica, había gente dispuesta a llevarla hasta sus últimas consecuencias”, ha añadido Cambrollé sobre la huelga de hambre, con la que querían que Podemos dejara de tener “secuestrados sus derechos en un cajón”.

El grupo parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha incluido además esta propuesta en la mesa bilateral de negociaciones presupuestarias abiertas con el Gobierno de Pedro Sánchez, según ha informado IU en una nota de prensa en la que reafirma su “total compromiso” con la iniciativa.

Persigue con ello que el Ejecutivo socialista “ayude a traerla al pleno del Congreso y contribuir así a hacer propias” entre todos “las demandas de un colectivo que sólo busca que la justicia y la reparación alcance también a quienes los integran”.

IU opina que “debe hacerse todo lo posible para acelerar esta tramitación” pese al “reducido” cupo que tiene el grupo para registrar iniciativas legislativas, lo que lleva a que “algunas acumulen ya cerca de dos años de espera para que se tramite su toma en consideración”.

A su juicio, la huelga de hambre iniciada por 17 activistas de la plataforma, entre ellos madres y jóvenes transexuales, “puede contribuir a dar un impulso a esta iniciativa” y ayudar a “resolver la deuda social, moral y de incumplimiento de derechos que existe en este momento con este colectivo”.

El texto, fruto del consenso de las organizaciones de transexuales y respaldada por más de 150 colectivos sociales, despatologiza la identidad trans en todos los ámbitos, ya sea el sanitario, educativo, laboral o deportivo, y tiene en cuenta a menores, mayores o inmigrantes.

De este modo, propone que las personas transexuales de hasta 16 años puedan acceder a los tratamientos hormonales sin permiso de sus padres y que se nombre a un defensor judicial para los menores de esa edad que no tengan consentimiento de ninguno de sus progenitores.

También prevé esta misma fórmula para los menores que deseen cambiar en el registro su nombre y su sexo, que podrá ser masculino, femenino o no binario, o que el Sistema Nacional de Salud pase a cubrir los tratamientos como los hormonales y de modulación del tono y timbre de voz, entre otras medidas.

 

Activistas trans inician una huelga de hambre para exigir la tramitación de la ley integral del colectivo

Representantes de Unidos Podemos e integrantes de la Plataforma por los Derechos Trans durante el registro de la ley. DANI GAGO

Un total de 17 activistas han iniciado este miércoles una huelga de hambre para exigir el “desbloqueo” de la ley integral sobre la protección jurídica de las personas trans. Lo han anunciado a las puertas del Congreso de los Diputados, donde han avisado de que tiene carácter indefinido “que solo terminará” cuando Unidos Podemos, grupo que registró la iniciativa el pasado mes de febrero, la lleve a pleno.

Las personas que han iniciado la huelga son activistas y madres de menores trans que pertenecen a la Plataforma por los Derechos Trans, un colectivo de ámbito estatal impulsor de la ley.

“Han pasado más de siete meses y Unidos Podemos se niega a darnos una fecha para llevar el proyecto al Pleno para su votación a tramite”, explican desde la Plataforma. “Esto –prosiguen– supone el secuestro de nuestras esperanzas, anhelos de igualdad y nuestros derechos, así mismo impide que otros grupos políticos puedan votar el trámite”.

Desde Unidos Podemos niegan el retraso y aseguran que la iniciativa está en cauce parlamentario con los plazos habituales. “Vemos bien la huelga. El Gobierno tiene la oportunidad de acelerar el proceso a través de un proyecto de ley, nosotras ya se lo hemos planteado en la mesa de negociación”, explican fuentes del partido.

Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma e impulsora de la huelga, a la que han denominado #FuriaTrans,  explica en un vídeo los motivos de la acción: “No es una ley de privilegios, es una ley que va a protegernos de la discriminación a las personas trans y posibilitar a través de un marco jurídico que seamos iguales al resto de ciudadanos en el ámbito educativo, sanitario, en el deporte, a los menores, a las personas migrantes…”.

“Las personas trans hemos sufrido un apartheid social, laboral, afectivo, político y médico. Somos las más ‘nadies’ de los nadies’, las castigadas entre los castigados, las humilladas entre los humillados y, en el franquismo y la Transición, fuimos lo peor de lo peor entre los presos sociales, y también hemos sido las olvidadas de la democracia”, ha asegurado a las puertas del Congreso.

Unidos Podemos registró el pasado mes de febrero la iniciativa, basada en el principio rector de la libre determinación de la identidad y la expresión de género. Entonces, la portavoz Irene Montero calificó de “histórico” el inicio del camino parlamentario de la norma, que esgrime medidas concretas en diversos ámbitos. Entre otras, prevé que las personas trans sean tratadas en base a su género sentido en todos los espacios, tanto públicos como privados, que su nombre elegido sea respetado en todos los documentos e incide en el reconocimiento de las personas no binarias.

La ley pretende la creación de protocolos para asegurar la no discriminación de las personas trans en el ámbito sanitario, educativo y laboral, además de la implementación de programas de formación para los profesionales de la justicia y la salud. En este sentido, prevé el desarrollo de un nuevo modelo despatologizador, que garantice el apoyo, la atención y la no discriminación de las personas trans en el acceso a la salud.

Despatologización trans

Varias comunidades autónomas ya tiene sus propias leyes trans, una situación que, en palabras de Cambrollé, dibuja “un mapa de desigualdad territorial”, al que debe poner freno la ley estatal. “Las personas trans hemos tenido que esperar muchísimos años para tener gestos que nos consideraran ciudadanía a la que hay que tener en cuenta”, reclama la activista.

La iniciativa también incluye la reforma de la Ley 3/2007 de 15 de marzo, que regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. El sentido de la modificación implica que las personas trans no sean tratadas como enfermas para poder acceder al cambio de nombre y sexo legal en los documentos oficiales. Actualmente, un médico debe diagnosticarles disforia de género y la regulación actual les obliga a pasar dos años de tratamiento hormonal.

Por otro lado, excluye a los menores de esta posibilidad y exige como requisito la nacionalidad española, por lo que también deja de lado a las personas extranjeras que residen en nuestro país.

Al igual que la ley integral trans, una proposición de ley del PSOE cuya toma en consideración se aprobó en noviembre de 2017 en el pleno, modifica estos aspectos con el objetivo de lograr la despatologización de la transexualidad.

17 activistas trans anuncian una huelga de hambre para exigir a Podemos que tramite la ley integral de este colectivo

La medida de presión, que comienza este martes, fue anunciada por la Plataforma por los Derechos Trans en las escalinatas del Congreso. Un total de 17 activistas de nueve comunidades se han sumado a esta huelga indefinida. Unidos Podemos niega que la ley se haya guardado en un cajón y afirma que se están buscando los apoyos necesarios para que salga adelante cuando se presente.

Miembros de la plataforma trans a las puertas del Congreso tras el registro de la ley por Unidos Podemos. EFE

Un total de 17 personas trans y activistas por los derechos de este colectivo han iniciado este miércoles una huelga de hambre indefinida. Lo anunciaron en las escalinata del Congreso de los Diputados, donde han exigido a Unidos Podemos que presente ya en el la Cámara Baja la ley integral de transexualidad.

El pasado 23 de febrero, el Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea anunció a bombo y platillo el registro en el Congreso de la primera proposición de esta ley, una norma clave para el colectivo trans, que había sido elaborada y consensuada durante más de un año con un amplio abanico de organizaciones sociales.

Ocho meses después de dicha presentación, las distintas asociaciones integradas en la federación de organizaciones trans denuncian que este proyecto se ha guardado en un cajón y que no han podido arrancar a la formación morada ni siquiera una fecha para su presentación y debate en el pleno.

“Estamos preocupados, porque haber llegado hasta aquí nos parece una torpeza política, pero prolongar esta situación nos parece ya una violencia política hacia las personas trans”, afrimó Mar Cambrollé, Presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucia-Sylvia Rivera y de la Federación de Asociaciones Trans.

Según Cambrollé, la ley pasó el protocolo de los 30 días sin que el Gobierno (entonces del PP) hubiera vetado la tramitación de la norma y corresponde a Unidos Podemos presentarla en el pleno para su debate. Afirman que tras preguntar reiteradamente por su tramite y haber exigido una fecha de presentación, no han obtenido respuesta ni fecha concreta.

“Nos parece que esto se traduce en un secuestro de los derechos de las personas trans por un lado, y por otro lado impide que otros grupos que puedan presentarla o votarla, porque el grupo proponente no la lleva al pleno. Por otro lado queremos desenmascarar a esos grupos que se opongan a que las personas trans seamos iguales en derechos que el resto de la ciudadanía”, afirma Cambrollé.

“Entendemos que si esta ley clave para nuestros derechos no se ha presentado en ocho meses, es porque no ha sido una prioridad. Lo que estamos reclamando es una fecha. Porque esto supone un secuestro de nuestros derechos. Pero si siguen enrocados en no fijar una fecha, esto pasa de ser una torpeza política a una tortura política. Porque supone someter a las personas trans a arriesgar sus vidas por algo tan simple como es pedir ser iguales en derechos”, concluye Cambrollé.

No es la primera vez que este colectivo recurre a la amenaza de huelga de hambre. Ya en 2007, cuando se estaba negociando la ley de cambio de nombre, este colectivo anunció una medida similar. “Entonces el Gobierno tardó menos de 24 horas en aprobarla”, afirma Cambrollé. Entonces, entre los promotores de la huelga figuraba la hoy diputada de la asamblea de Madrid, Carla Antonelli.

Buscando los apoyos necesarios

Desde Unidos Podemos niegan que la ley esté en un cajón. “Lo que le hemos transmitido desde que registramos la ley, tanto a la Plataforma de Asociaciones Trans, como a otros grupos que han participado en su elaboración, es que esta ley no está guardada en ningún cajón y que está siguiendo su cauce parlamentario“, afirma la diputada por En Comú Podem, Mar García Puig.

Según esta diputada, desde que se registró el pasado 23 de febrero, Unidos Podemos ha llevado a pleno tan sólo dos leyes claves, también. Una sobre los permisos de maternidad y de paternidad y otra sobre la PAH y que la idea es llevar también esta ley lo antes que se pueda.

“Estamos analizando y hablando con otros grupos políticos para encontrar el mejor momento para que encaje bien en la actividad parlamentaria y asegurar esta ley pueda seguir su curso. Lo que sería contraproducente es que se frenara. Se trata de una ley prioritaria para nosotros, tanto que la hemos incorporado en la mesa bilateral con el Gobierno de cara a la negociación de presupuestos. Esta es una ley fundamental e irrenunciable para nosotros”, añade García Puig.

“Respetamos las acciones que se lleven a cabo de presión en el activismo, que encontramos normales, aunque no las compartamos. Entendemos la preocupación y la urgencia. Si las negociaciones que estamos llevando a cabo tienen frutos, entendemos que la vía más rápida para su aprobación sería que el Gobierno la propusiera y que formara parte de estos acuerdos. Pero seguimos buscando los consensos para llevarla a pleno y asegurar que sale adelante”, concluye.

Estas explicaciones no contentaron al colectivo. Cambrollé afirmó que las explicaciones de la formación morada “ofenden a la inteligencia hasta de un adolescente”, pues según ha indicado, ese trabajo de negociación ya los hicieron los colectivos transexuales durante la elaboración del texto, que ellos mismos impulsaron. Afirmó que la ley cuenta con la aprobación de Esquerra Republicana (ERC), Ciudadanos y PSOE. Además, añadió el PP no se atrevería a votar en contra en los tiempos actuales. “Quizás se abstiene”, ha apuntado. A su juicio, la composición parlamentaria actual “es de apoyo al colectivo trans”.

Entre las 17 personas que han iniciado la huelga de hambre, figuran activistas trans de nueve comunidades autónomas, tres de ellas madres de personas de este colectivo. Harán la huelga en su propio territorio y están decididas a no abandonarla hasta obtener un compromiso para la tramitación de la ley.