La ley de Podemos permite a hombres “trans” participar en competiciones femeninas

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Así funcionaría la ley integral de transexualidad presentada por Unidos Podemos

La ley integral sobre transexualidad registrada ayer por Unidos Podemos en el Congreso tiene como característica principal la facilidad que da a las personas “trans” para elegir por sí mismas su sexo a partir de los 16 años. Y cuando se trata de adolescentes aún más jóvenes, si estos acreditan la madurez suficiente sobre el alcance de esa decisión. Sin informes médicos ni psicológicos y sin necesidad de haberse sometido a tratamientos hormonales ni quirúrgicos. [lea la ley en PDF]

Los adultos y los menores pueden ir al Registro Civil a elegir su nuevo género entre tres opciones: masculino, femenino y “no binario” (es decir, que no se identifica con ninguno de los dos anteriores). Y así constará en su DNI, pasaporte y la Seguridad Social. Asimismo, se escoge a la vez un nombre propio acorde a esa elección.

Con este “derecho de autodeterminación” como eje vertebral, la ley de Unidos Podemos aplica el reconocimiento efectivo de la nueva identidad sexual a las personas “trans” en todos los ámbitos de la vida. Y eso incluye también el deporte y las cárceles. Dos mundos complejos que vienen regulados con sus propios artículos en el proyecto.

Esto significa que una persona “trans” deberá competir deportivamente con las personas del género con el que se identifica sexualmente y no con las del género con el que nació. Igualmente, si esa persona tuviera que ir a prisión estaría recluida en instalaciones o módulos acordes al género del que se siente.

En el caso del deporte, la ley de Unidos Podemos es rotunda y específica. Y abre un mundo nuevo. Personas “trans” que nacieron hombres deberían participar en competiciones femeninas. Porque ése es su nuevo género.

Así, se exige que los “eventos y competiciones deportivas que se realicen en territorio español” por parte de “entidades españolas de deporte” respondan al principio que vertebra la ley. “Sea cual sea su naturaleza y nivel, tanto federado como popular”. Es decir, sea una carrera popular, un campeonato de España de atletismo o tenis o la liga de fútbol de Primera División. El deporte profesional y de élite está incluido en estos supuestos y también el de base. Pues las personas “trans” pueden “rectificar” su identidad sexual a partir de los 16 años o incluso antes si reúnen los requisitos.

Deporte federado y popular

“En los eventos y competiciones deportivas que se realicen en territorio español, por parte de entidades españolas de deporte, sea cual sea su naturaleza y nivel, tanto federado como popular, se considerará a las personas que participen atendiendo a su identidad sexual a todos los efectos, incluidas las categorías por sexo en caso de distinguirse”, señala el artículo 27 del proyecto de ley de Podemos.

Eso implica que quien nació hombre pero se sienta mujer podrá competir amparado por la ley en competiciones de élite celebradas en España en la categoría femenina. Precisamente, este debate, que no es nuevo, siempre ha generado una gran controversia por la ventaja física que supondría, sobre todo, en disciplinas individuales. Por ejemplo el atletismo, un deporte en el que las marcas difieren en función de la categoría.

La ley señala también que el uso de instalaciones como los baños o los vestuarios deben atender a la identidad sexual.

La misma lógica se aplica en las cárceles y centros de reclusión. Artículo 29. “El internamiento en los centros o módulos se realizará respetando la identidad sexual manifestada y no atendiendo al sexo asignado al nacer”. La ley hace especial hincapié en que las instituciones deben tomar las medidas de seguridad que garanticen la integridad física de la persona “trans”.

La cárcel está obligada a “garantizar” la continuidad de cualquier tratamiento médico u hormonal que se estaba llevando o que se desee iniciar.

Superar el miedo y elegir cómo vivir su orientación sexual: el doble proceso de los refugiados LGTBI

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Un manifestante de Kenia se cubre con una máscara durante una concentración por la ley anti-homosexuales de Uganda. EFE

John recibió dos disparos por ser transexual en Colombia; a David, un reconocido activista hondureño pro derechos LGTBI, lo amenazó de muerte una banda del crimen organizado; y a Dushime le chantajearon agentes cameruneses por su homosexualidad. Los tres huyeron de la persecución en sus países. Los tres se enfrentan ahora a un nuevo desafío en los países donde han solicitado asilo: superar el miedo y ser quienes son.

“Es un proceso difícil, porque llegas a un sitio donde, de repente, todo está permitido. Al principio no te atreves a hacer nada”, explica Dushime, un ruandés que llegó a España desde Camerún, donde, apunta, “ser homosexual te lleva a la cárcel o a la muerte”. “En Madrid te dicen que hay un barrio gay y te preguntas cómo puede ser. ¡Allí no hay ni una casa!”, comenta en una conversación con eldiario.es.

Las personas LGTBI se enfrentan a una “represión generalizada” en todo el mundo que incluye detenciones, acoso y riesgo de muerte, según ha documentado Amnistía Internacional en su último informe anual. En 72 países ser gay, lesbiana, bisexual o transexual está criminalizado por ley. Pero, cuando escapan en busca de seguridad en otro país, a los obstáculos impuestos en su proceso de asilo se suman los desafíos internos derivados de su propio proceso.

Cuando huyen, el primer paso es romper el tabú y contarlo a la hora de solicitar asilo. “Hay personas que piden protección por un motivo, pero no hablan de la razón principal: su orientación sexual o identidad de género. Te lo dejan entrever o no te dicen nada hasta que están dentro del proceso y ven que aquí pueden hacerlo”, explica responsable de LGTBI en Acnur, Juan Carlos Arnáiz. “Cuando te crías en una sociedad homófoba, la interiorizas, algo que también ocurre en Europa”, sostiene Rodrigo Araneda, presidente de Acathi, una organización especializada en migración, refugio y diversidades LGTBIQ+.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) han detectado en los últimos tiempos un aumento de peticiones por razón de género y orientación sexual, pese a ser uno de los motivos menos conocidos y más difíciles de admitir por los propios solicitantes.

Activistas pro-derechos del colectivo LGTB protestan contra la reforma del código penal que penalizaría el sexo entre homosexuales y otras medidas contra la libertad sexual a las puertas del Parlamento en Yakarta (Indonesia) hoy, 20 de febrero de 2018. EFE/ Mast Irham EFE

Además de los trámites, las personas refugiadas LGTBI hacen frente a un proceso personal de “desarrollo de su identidad en libertad”. Debido a los prejuicios y la homofobia en todo el mundo, las inseguridades son comunes entre las personas LGTBI a la hora de definir y mostrar abiertamente su orientación sexual e identidad de género, pero cuando este paso se traduce en persecución o la muerte, el miedo es una barrera que les impide explorar quiénes son.

“Nos parece muy básico, pero ellos no han tenido la opción de conocerse y elegir cómo ser”, indica Ángeles Plaza, psicóloga de CEAR. Por esta razón, explica, en el país de acogida se inicia un proceso en el que descubren “cómo comportarse, la ropa que les gusta llevar, cómo moverse o qué les gusta y qué no”.

En estos contextos, dice, los referentes son fundamentales para desenvolverse en la nueva cultura. “El acompañamiento psicológico es muy importante, pero lo es más la construcción de vínculos. Necesitas personas que te den seguridad, a las que puedas recurrir sin hablar de estos temas”, señala Plaza.

“No podía contar mi historia, ¿qué iban a pensar de mí?”

John aterrizó en España desde Colombia en 2016. “Al llegar respiré tranquilo, sabía que no me iban a matar”, dice. Aunque el miedo no desaparecía: “No podía contar mi historia, porque era como si se me atragantase algo en la garganta. ¿Qué van a pensar de mí? ¿cómo me van a llamar? ¿cómo me tratarán?”, recuerda.

Entonces, John tenía 42 años. Solo habían pasado cinco desde que descubrió su identidad. “Al principio creía que era una mujer lesbiana”. Con 20 años, su padre le apuntó con una pistola. Sin apoyo familiar, comenzó a trabajar como transportista y fue detenido por su documentación. “Hace tres años unos compañeros me dispararon”, relata. También, dice, recibió amenazas de violación.

Activistas en favor de las uniones entre parejas del mismo sexo se manifiestan en Bogotá. EFE

Historias como la de John dejan huella en forma de traumas. “Son heridas muy profundas que condicionan su forma de ser y quiebran su confianza”, explica Plaza. Estas experiencias se reviven cada vez que vuelven a ser discriminados en los países de acogida. “Es frustrante cuando te dicen que vienen a un ‘país libre’ y les insultan. Cuando te cuentan que les han mirado mal, esa mirada conecta con muchos traumas pasados”.

También tienen que “reconciliarse con sus creencias” y superar los sentimientos de culpa, por ejemplo, por el daño familiar. “Hay un proceso de aceptación, en el que poco a poco se va trabajando esa culpa y aprendiendo que tiene unos condicionamientos culturales, sociales y religiosos”, comenta Plaza.

“Si regreso no es que pueda morir, es que voy a morir”

Sin embargo, es difícil desprenderse del temor. “El miedo está siempre contigo. Cuando estoy en medio de mucha gente o hablando sobre el tema empiezo a temblar. Te bloqueas y vuelve todo ese sentimiento de agobio y de miedo”, asegura David. Él nunca había sufrido rechazo familiar por ser homosexual, por lo que en 1999 creó la Organización Pro-Unión Ceibeña para defender los derechos LGTB en Honduras, donde los delitos de odio están a la orden del día.

Tras varias amenazas, la situación se hizo insostenible en 2013. “Un miembro del crimen organizado entró en las oficinas insultándonos y amenazándonos de muerte, también a nuestra familia. Denunciamos, pero al día siguiente nos sacaron del país”, relata. Llegó a Barcelona en 2016. “Me centré en visitar organizaciones para tener orientación para adaptarme y saber a qué puertas tocar para conseguir un empleo”.

La responsable de CEAR recalca que el número de concesiones de asilo por este motivo “es mínimo”, principalmente, porque, según explica, es algo “muy difícil de demostrar”. “Si no se forma y se sensibiliza a quien atiende a personas LGTBI, se verá desde nuestra percepción occidental, con estereotipos y prejuicios, y se puede quedar gente fuera porque, por ejemplo, tal vez dicen primero que son homosexuales y luego transexuales, caen en una contradicción y no se admite”, afirma.

Y, tras el proceso, la espera. Para muchos, volver no es una opción. “La pregunta no es si quiero volver a mí país, si no a ese infierno. Si regreso no es que pueda morir, es que voy a morir”, lamenta Dushime. David es más tajante: “No quiero volver. Nunca”.

Podemos plantea que los menores elijan su sexo: “femenino, masculino o no binario”

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Así funcionaria la ley integral de transexualidad presentada por Unidos Podemos Foto: EFE | Vídeo: EL MUNDO

El grupo parlamentario de Unidos Podemos ha registrado este viernes en el Congreso la primera ley integral de transexualidad que reconoce en España el llamado “tercer género” (que no es ni masculino ni femenino) y que identificará oficialmente con el nombre de “no binario”.

En esta ley, se regula que los menores de edad que sean maduros o que hayan cumplido los 16 años puedan “rectificar” en el Registro Civil su nombre propio y su género. Eligiendo entre “femenino, masculino o no binario”. Para ello no será necesario haberse sometido a tratamientos hormonales ni a intervenciones quirúrgicas [lea en PDF la proposición de ley].

El cambio de sexo y de nombre propio serán inmediatos y se implementarán en todos los documentos oficiales (DNI, pasaporte o Seguridad Social) y documentos privados. Por tanto, esa nueva identidad se aplicará en todos los ámbitos de la vida pública. Como en los trabajos (para adultos) o en la escuela (para menores).

Adiós a los informes psicológicos

Una vez que las personas “trans” cumplan los 16 años no tendrán ningún obstáculo legal para hacer esto. Aunque sus padres estén en contra. En el caso de los adolescentes menores de 16 años también podrían llevar a cabo esta petición y cambiarse oficialmente de sexo para la administración pero se les exige algún requisito: o la autorización de uno de los padres o, en caso de no obtenerla, que un representante legal (juez o fiscal) ampare su decisión de cambiar de género porque acredita que es capaz “intelectual y emocionalmente de comprender el alcance de dicha decisión”.

Una novedad capital en esta ley es que para llevar a cabo este cambio, los mayores y menores de edad estarán exentos de presentar cualquier informe médico o psicológico y tampoco será necesario que hayan hecho una “previa modificación de la apariencia o función corporal” a través de tratamientos hormonales o de intervenciones quirúrgicas.

Toda persona también tendrá derecho a que el género no aparezca reflejado en el DNI, pasaporte o cualquier otro documento la identificación referida al sexo si no lo desea.

Cambio de sexo en menores

La ley de transexualidad de Unidos Podemos incorpora aspectos que ya había incluido en la ley LGTBI, y que en estos momentos se tramita en el Congreso. Los menores de edad podrán operarse para cambiar de sexo sin el consentimiento de sus padres a partir de los 16 años. Se rebaja en dos años esa posibilidad que hasta ahora se fijaba en los 18. Para la cirugía transexual de los 16 a los 18 hacía falta la autorización de un juez.

Además, también permite que los menores de edad decidir si se someten a tratamientos para el bloqueo hormonal “al inicio de la pubertad”, o del tratamiento hormonal cruzado. Podrán hacerlo libremente los mayores de 16 años y los adolescentes aún más pequeños “en los casos en los que la persona sea capaz intelectual y emocionalmente de comprender el alcance de dichos tratamientos”.

La ley prevé una atención médica completa y gratuita para el cambio de sexo de las personas transexuales dentro de la cartera básica de la Seguridad Social. Por ejemplo: “proceso quirúrgico genital, adecuación corporal y facial”, “material protésico”, tratamientos para la modulación del tono y timbre de voz o corrección estética y de funcionamiento de los órganos sexuales. Asimismo, el bloqueo hormonal desde la pubertad para evitar el desarrollo de caracteres sexuales.

Compartir baños y vestuarios en la escuela

En el ámbito educativo, el alumno trans tiene derecho a “utilizar y ser nombrado con el nombre elegido” conforme a su identidad sexual. Y, en consecuencia, utilizará esa identidad con todos los efectos en las actividades y en su vida escolar.

Por ejemplo, a la hora de vestir uniforme o en el uso de instalaciones como los baños o los vestuarios del centro escolar. Que compartirá con los del sexo de los que se sienta.

Además, se insta a las comunidades autónomas a incluir dentro del currículo educativa, “y por tanto en los libros de texto”, la enseñanza de la diversidad afectivo-sexual, de género y familiar, así como la igualdad de derechos de las personas trans.

En el ámbito laboral, se apuesta por una discriminación positiva a las personas trans que obligue a reservar un cupo de puestos de trabajo en las ofertas públicas de empleo. El porcentaje se tendrá que determinar en un estudio futuro sobre la población trans.

Asimismo, en el ámbito privado habrá incentivos fiscales para las empresas a la hora de contratar a este colectivo.

En el deporte, las personas trans deberán participar en las competiciones deportivas celebradas en España “en las categorías por sexo en caso de distinguirse”, así como usar las instalaciones deportivas correspondientes, como los vestuarios y baños, sin necesidad de presentar informe médico o psicológico alguno.

Lo mismo sucederá en centros de reclusión como las cárceles. Se les internará en los centros o módulos que respeten su identidad sexual manifestada “y no atendiendo al sexo asignado al nacer”. Tomándose, además, las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad física.

El PP fracasa en su intento de cambiar la ley LGTBI respaldada por el Congreso

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Los ‘populares’ critican al PSOE y Ciudadanos por secundar “las barbaridades” del texto de Unidos Podemos

Representantes del colectivo LGTBI en el pleno del Congreso de los Diputados. JAIME VILLANUEVA / VÍDEO: EFE

El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves la enmienda a la totalidad presentada por el PP a la ley integral LGTBI, que, impulsada por Unidos Podemos, recibió el respaldo de la Cámara el pasado septiembre con la abstención de los populares (aunque con el voto en contra de su diputado Jorge Fernández Díaz). El PP se ha quedado solo (131 votos contra 207 votos) frente al resto de grupos en su intención de cambiar el texto tomado en consideración contra la discriminación por razón de sexo de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales.

Tras haber firmado una carta en la que dijo que apoyaría la ley presentada, el PP se desmarcó en septiembre y, presionado por el ala dura del partido, presentó una enmienda a la totalidad de la ley para reducirla sensiblemente. La enmienda no contemplaba medidas específicas de obligatoriedad ni régimen sancionador y prescindía de asuntos que los colectivos implicados consideran fundamentales. La Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (FELGTB) había mostrado su “decepción” con el texto popular, compuesto por 33 artículos, y que, entre otras renuncias, no incluye la despatologización de la transexualidad ni el acceso a la reproducción asistida a mujeres con independencia de su orientación sexual.

Durante el debate, en el que ha gravitado el suicidio del adolescente transexual Ekai, la propuesta del PP ha sido calificada por el resto de grupos como “una puñalada trapera a la justicia social” (Unidos Podemos), “una vergüenza” (Compromís), “saco de prejuicios” (PNV), “lgtbifóbica” (ERC), “sucedáneo” (Ciudadanos), “flatus vocis” (PSOE). Ahora la ley seguirá su trámite en la comisión con las enmiendas parciales de los partidos.

Los artículos más polémicos de la iniciativa de Unidos Podemos aluden al régimen sancionador. Propone la creación de una Agencia Estatal contra la Discriminación que podrá imponer sanciones y multas por vía administrativa y sin orden judicial. Estas multas oscilan entre los 3.000 euros para las infracciones leves y los 45.000 para las más graves. Este texto también propone medidas educativas, sanitarias, laborales y administrativas. Asimismo, garantiza la reproducción asistida para las lesbianas, impulsa fiscalías especializadas en delitos de odio, plantea la revisión de los libros de texto y deja de considerar la transexualidad una enfermedad.

Tras el pleno, el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha criticado algunas de las iniciativas que incorpora la ley de Unidos Podemos, como “cerrar medios de comunicación si se equivocan en opinión del colectivo” o “que se le quite la custodia a los padres que no autoricen a los hijos menores operaciones de género”. “El PP ha votado en contra de algunas cuestiones que introduce Podemos que no son razonables, pero ha votado y ha presentado su propia iniciativa, por primera vez desde la democracia, al colectivo LGTBI”, ha destacado.

Para Maroto, no hay ningún problema de su partido con el colectivo y cita como ejemplo las leyes impulsadas en Galicia, Extremadura o Madrid. “Estar a favor del colectivo LGTBI no significa estar a favor de las barbaridades que propone podemos, que por cierto han sido secundadas por los socialistas y Ciudadanos para nuestra sorpresa”, ha incidido. Desde su punto de vista, el PP presentaba “una propuesta mejor”, que “va mucho más allá de lo que lo que tienen las regulaciones en la mayoría de países muy avanzados en legislación LGTBI”, es “una ley en positivo, muy bien redactada”.

Por otra parte, el pleno  ha probado, con la abstención del PP y Ciudadanos, una moción de Compromís que insta al Gobierno a la reforma inmediata el sistema de financiación autonómica para dotarle de recursos suficientes y repartidos equitativamente entre todas las autonomías.

El PP propone una ley LGTBI que ignora la diversidad en las aulas y no prohíbe las terapias para “convertir” homosexuales

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“Todes somos personas, todes tenemos derechos”, pancarta en la manifestación del Orgullo Crítico en Madrid este 2017. Álvaro Minguito

El Partido Popular  ha esperado a última hora para presentar su propia ley LGTBI. La formación intenta tumbar así la que, a pesar de su abstención y la de UPN,  fue apoyada para tramitarse por el Congreso el pasado mes de septiembre tras ser presentada por Unidos Podemos. La enmienda a la totalidad de la ley que han registrado los populares reduce a mínimos la propuesta y se deja por el camino cuestiones consideradas fundamentales por los colectivos LGTBI.

El texto se reparte en 33 artículos que abordan diferentes ámbitos y que, aunque reconocen “la necesidad” de erradicar la discriminación “por razones de orientación sexual e identidad sexual”, apenas contempla medidas específicas ni está revestido de carácter obligatorio. De hecho, no cuenta con régimen sancionador: “Tal y como está redactada no obliga a nada, ni siquiera a las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias”, explica la jurista especializada en derechos LGTBI Charo Alises.

La experta fue una de las redactoras de la ley ahora en trámite, que nació con polémica y que pasó la primera fase en  el Congreso tras ser apoyada por Ciudadanos, Unidos Podemos y el PSOE. A pesar de que se trata de una extensa norma que las formaciones se comprometieron a reformar, abarca todos los ámbitos y cuenta con una amplia referencia a los principios rectores de la ley que la del PP no contempla. Entre ellos, el de prevención de la homofobia, bifobia, transfobia e interfobia. La iniciativa popular solo incluye estas palabras una vez.

En palabras de Jesús Generlo, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), colectivo que elaboró la legislación, se trata de “la consumación de la mayor traición hacia el colectivo por parte del PP desde el recurso al Constitucional del matrimonio igualitario”. La federación califica la enmienda de “una absoluta tomadura de pelo” y asegura que se trata de un texto “improvisado, carente de contenido y elaborado a espaldas del colectivo directamente afectado”.

Nada sobre menores trans

Uno de los aspectos que más preocupa a los colectivos es la falta de medidas en el ámbito educativo. El texto dedica a ello tres artículos entre los que incluye la creación de protocolos contra el acoso LGTBIfóbico en las aulas, pero no nombra a las Comunidades Autonómas a pesar de que tienen competencias educativas. Por otro lado, habla de campañas de sensibilización a la comunidad educativa y “promover” formación a los docentes “para que sepan desarrollar los planes de educación basados en el respeto a la diversidad sexual y de género”.

Ninguna medida concreta ni obligatoria al respecto: no se nombra la necesidad de contar con contenidos LGTBI o referentes positivos en el material didáctico, en las asignaturas,  en los libros de texto o en los programas de estudio. Tampoco hay ninguna referencia a las universidades, a la diversidad familiar  ni al respeto a la identidad de los alumnos trans en los centros educativos, que sean llamados por su nombre o que puedan utilizar los vestuarios respecto a su género sentido, a pesar de que muchas autonomías ya reconocen este derecho.

Y es que la ley del PP apenas contempla medidas dirigidas al colectivo trans y ni siquiera nombra a los menores. Únicamente establece el respeto a su identidad sentida en el ámbito de la salud y por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No aborda el tema de la despatologización de la transexualidad ni el derecho a la autodeterminación de género, los dos principios con los que se están alumbrando las legislaciones más avanzadas en el mundo  y las exigencias de organismos internacionales como el Consejo de Europa.

De hecho,  el Congreso ha aprobado recientemente la toma en consideración de un proyecto de ley para eliminar en España el requisito de que los trans deban declararse enfermos para cambiar su nombre y sexo legal. Una iniciativa a la que el Partido Popular votó en contra.

Más requisitos a las lesbianas en el Registro Civil

La enmienda sí establece la creación de un Consejo Estatal para la igualdad de las personas LGTBI, pero despacha las medidas con referencias generales a “se promoverán medidas…” o “se establecerán medidas…”. En el ámbito de la salud solo menciona que “se promoverán” programas dirigidos a las necesidades del colectivo LGTBI y que “corresponde a los poderes públicos” garantizar la formación del personal sanitario y a éste “velar por una atención respetuosa”. Nada se dice de políticas de salud públicas, de derechos sexuales y reproductivos o de protocolos de atención a las personas trans.

“En el ámbito laboral y de la familia no se establece ni una sola medida concreta para garantizar la no discriminación de las personas LGTBI”, explica Charo Alises. Tampoco se incluye la eliminación del requisito de que  las parejas de mujeres estén casadas para inscribir a sus hijos en el Registro Civil ni la no discriminación de las mujeres lesbianas a las técnicas de reproducción asistida. Aunque varias comunidades no lo están haciendo, en 2013 el Gobierno aprobó un decreto que las dejaba fuera –junto a las madres solteras–. 

Además, el PP ha eliminado la prohibición de  las llamadas terapias de conversión para homosexuales, que sí incluye  la ley LGTBI que apoyó el Congreso y que no se permiten en algunas comunidades autónomas. Estos métodos que tienen como objetivo cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona por considerar que ésta es inadecuada son rechazados por la comunidad científica y hay bastante consenso entre colectivos y psicólogos sobre el daño que producen.

Los populares se dejan fuera también el trato hacia las personas LGTBI en los centros penitenciarios, la formación de los profesionales del ámbito de la justicia o medidas concretas sobre la juventud más allá de “promover” el respeto entre los jóvenes o “impulsar” formación en “el valor de la diversidad”. En cuanto a la parte de definiciones, el texto omite la orientación sexual, la identidad y expresión de género, las personas cisexuales, familias LGTBI o personas no binarias.

Bermudas, primer país del mundo en revertir la legalidad del matrimonio homosexual

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La nueva ley reconoce y protege las uniones entre personas del mismo sexo pero no podrán casarse

 

Figuras de pastel de bodas homosexuales. / DAVID MCNEW (AFP)

El gobernador de Bermudas, John Rankin, sancionó hoy una ley por la que ya no se permitirá la celebración de matrimonios homosexuales en el archipiélago ni en barcos con bandera del país, por lo que se convierte en la primera nación del mundo en revertir dicha normativa. Rankin firmó la Ley de Uniones Domésticas, que sustituye al matrimonio gay, permitido desde el 5 de mayo de 2017 por un fallo histórico de la Corte Suprema de Bermudas, territorio británico de ultramar.

La nueva ley, que fue aprobada por el Senado de Bermudas en diciembre de 2017, reconoce y protege las uniones entre personas del mismo sexo pero no podrán casarse. Sin embargo concede derechos como el de heredar en el caso de que no haya testamento previo o tomar decisiones médicas en nombre de la pareja.

En opinión del ministro de Asuntos Nacionales, Walton Brown, aunque los contrayentes no puedan casarse, disfrutarán de “una unión libre en la que tendrán los mismos derechos”. La decisión ha despertado la oposición de varios grupos de defensa de los derechos de grupos LGBT, que consideran ilegal el hecho de que se permita y después se niegue.

Brown señaló que la mayoría de los ciudadanos de Bermudas están en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo. “Esta ley tiene la intención de encontrar un equilibrio entre aquellos que en la isla creen que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer y a la vez reconocer y proteger los derechos de aquellos del mismo sexo”, dijo a medios locales Brown.

Varias compañías de cruceros con barcos de bandera de Bermudas han declarado que esta medida va a “decepcionar” a aquellos que pensaban contraer matrimonio a bordo de sus embarcaciones. En un comunicado conjunto, las empresas P&O Cruises y Cunard señalaron que ahora ofrecerán poder llevar a cabo “ceremonias de compromiso” a bordo.

El Tribunal Supremo de Bermudas falló, en mayo de 2017, a favor del ciudadano bermudeño Winston Godwin y de su prometido, el canadiense Greg DeRoche, quienes querían casarse en el archipiélago. El Registro General rechazó su solicitud, por lo que la petición se llevó hasta la Corte Suprema con el argumento de que la Ley de Derechos Humanos prevalece en Bermudas sobre cualquier otra normativa y esta les dio la razón. La sentencia judicial se aplicó pese a que en junio de 2016 la población de Bermudas rechazó en una consulta el matrimonio gay por un 69% en contra por un 31 % a favor.

Los niños gitanos, migrantes y LGTBI son los que sufren más ciberacoso

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Los niños de la comunidad gitana, migrantes y del colectivo LGTBI son los que sufren con más frecuencia acoso en Internet o ciberacoso, según el informe de Unicef Comité País Vasco ‘Los niños y las niñas de la brecha digital en España’, presentado en Bilbao. 

Presentación en Bilbao del informe de Unicef ‘Los niños y las niñas de la brecha digital en España'(Oskar Martínez)

BILBAO. El informe, elaborado por el grupo de investigación la UPV/EHU EU Kids Online, analiza “las oportunidades y riesgos” de internet y profundiza en los colectivos “más vulnerables” en el ámbito estatal, niños y adolescentes de la “brecha digital”, pertenecientes a la comunidad, con discapacidad, ubicados en centros de protección y del colectivo LGTBI.

En el Estado, el 95,2% de los niños de entre 10 y 15 años usa Internet, pero 300.000 niños, niñas y adolescentes no han utilizado un ordenador y 140.000 que no han mantenido contacto con la Red.

En el caso de Euskadi, el porcentaje de menores usuarios de Internet se eleva a 97,6%, de los que el 94,9% utilizó un ordenador en los tres últimos meses y el 77,5% dispone de teléfono móvil.

Según el presidente de Unicef Comité País Vasco, Isidro Elezgarai, “para las nuevas generaciones, ser parte de un entorno digital es lo natural”.

“Nuestro objetivo tiene que ser el de mitigar los riesgos y maximizar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías; porque no todos los niños y niñas disfrutan de las oportunidades de manera equitativa”, ha manifestado. Elezgarai ha llamado a “poner el foco en la infancia más vulnerable, sin que ningún niño ni niña se quede atrás”.

La investigadora y profesora de la UPV/EHU Estefanía Jiménez ha explicado que, para la elaboración del estudio, se identificaron los grupos de niños “más vulnerables” y se realizaron entrevistas “en profundidad”, así como “grupos de discusión” en Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Euskadi.

En total, participaron en el informe 91 personas, ocho adultos –responsables de centros de acogida y educadores– y 83 niños de 8 a 18 años, 52 de ellos de origen extranjero –ecuatorianos, magrebís y subsaharianos–, 17 de etnia gitana, y 12 bajo la tutela de centros de protección de la Administración.

COMUNIDAD GITANA

Los resultados del informe revelan que la comunidad gitana es la que más dificultades tiene en el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

“Es frecuente que los niños y niñas de este colectivo tengan móviles, pero la mayoría no siempre dispone de tarifa de datos para conectarse”, ha señalado Estefanía Jiménez.

Un estudio de la Fundación Secretariado Gitano, indica que el 22% de los jóvenes gitanos no tienen Internet en casa por motivos económicos, por lo que “la pobreza es, sin duda una, de las barreras para acceder a Internet”.

El informe indica, asimismo, que “los colectivos tradicionalmente victimizados”, como los niños de la comunidad gitana, LGTBI y los niños y niñas de origen migrante, “son los más vulnerables y los más atacados en Internet”.

En este sentido, afirma que la discriminación y el discurso del odio “tienen un impacto muy negativo en estos niños y niñas, ya que perpetúa estereotipos y dificulta su integración”.

En el caso de los niños migrantes, por ejemplo, las TIC “juegan un papel esencial, como herramienta para que su viaje sea posible ” y, una vez llegado a su lugar de destino, supone “un recurso fundamental para su integración social y para comunicarse con sus familiares y amigos en su país de origen”.

Unicef afirma que “los riesgos online son el elemento más subrayado y alarmante cuando se aborda la relación entre niños y redes sociales e internet”. “Ciberacoso, sexting, acceso a contenidos que no son adecuados para los menores, uso excesivo, falta de privacidad, uso indebido de los datos personales de los niños y niñas”, advierte.

En su opinión, “son riesgos que preocupan enormemente a padres y madres, educadores y a la sociedad en general”. No obstante, el informe indica que “no todo son riesgos”, ya que “Internet ofrece muchas ventajas para el desarrollo y aprendizaje de los niños y puede ayudarles también en la construcción de relaciones sociales con otros niños y niñas que tengan sus mismas inquietudes”.

“El mundo online abre a los niños y niñas las puertas, no solo al consumo de contenidos, sino a la creación, la creatividad y la participación en foros sobre problemas que les afectan”, asegura.
Para Unicef, resulta “imposible” aislar a los niños de los riesgos que implica tener acceso a “una cantidad infinita de recursos en Internet”.

Según Elsa Fuente, coordinadora de Unicef Comité País Vasco, “se debe promover la formación en las escuelas y en las familias en derechos, valores y competencias digitales, para transmitir a los niños y niñas una visión integral y crítica de la tecnología para que sean capaces de identificar los riesgos y evitar los daños”. “Sin olvidarnos del importante papel que juegan las empresas tecnológicas o las autoridades públicas en la materia”, ha señalado.

Por ello, ha considerado “necesario” un nuevo marco normativo que regule Internet, y “un mayor impulso a los protocolos y estrategias de prevención y actuación en los casos de violencia contra la infancia dentro y fuera del entorno digital”.

Además, UNICEF advierte de que, “si bien este acceso digital” ofrece a menores “beneficios y oportunidades”, también “les expone a riesgos y peligros, incluyendo el acceso a contenidos que pueden perjudicarles, a un mayor riesgo de explotación sexual, abuso y ciberacoso, o al uso indebido de su información privada”.

“En el caso de la infancia más vulnerable, internet puede jugar un papel fundamental para que estos niños y niñas puedan desarrollar su potencial, mejorar su integración e incluso buscar referentes y ayudas”, concluye.

Los obispos alemanes se plantean bendecir las uniones gays mientras los españoles hablan de “amenaza totalitaria”

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“si la Iglesia bendice automóviles y quién sabe cuántas cosas más, no debe negar la bendición a las personas del mismo sexo”, demanda la corriente católica Somos Iglesia

El arzobispo de Granada bendice unas motos.

Bendicen animales, motos, patrullas de la Guardia Civil, barcos, edificios, aviones… Incluso el túnel ferroviario de San Gotardo (Suiza), el más largo y profundo del mundo, recibió agua del hisopo. Pero jamás el amor entre dos personas del mismo sexo. Pese a las puertas abiertas que el papa Francisco parece decidido a imponer, lo cierto es que la prohibición y la condena continúan siendo el pan nuestro de cada día para aquellas uniones igualitarias que, siguiendo su fe, buscan participar, en plano de igualdad, en la Iglesia católica. Sin embargo, el debate parece más que abierto, siempre que se mire fuera de España.

¿Aceptará la Iglesia católica que sus curas bendigan a las parejas homosexuales en sus templos? “¿Quién soy yo para juzgar?”, apuntaba, hace unos meses, Francisco en una entrevista, al ser preguntado sobre el tema. Siguiendo esa tesis, el obispo de Osnabrück (Alemania), Franz-Josef Bode, ha pedido “debatir detenidamente” sobre este asunto.

Se trata de un tema que la Iglesia alemana lleva tratando desde hace años, y que ya es práctica habitual en otras iglesias cristianas, como anglicanos o luteranos, que incluso tienen algún obispo abiertamente homosexual en sus filas, y que han abierto, incluso, el debate sobre las bodas igualitarias.

La Iglesia católica no llega, ni mucho menos, tan lejos. Pero monseñor Bode sí insiste en que “deberíamos debatir detenidamente al respecto”, pues “el silencio y los tabúes no conducen a nada y crean confusión”.

¿Cómo hacerlo? “Se podría, por ejemplo, pensar en una bendición que no debe confundirse con un enlace matrimonial”, agrega el prelado, que apunta que la existencia de parejas del mismo sexo “es una realidad política y social” en todo el mundo, y que la Iglesia debe tener una palabra al respecto.

“Debemos preguntarnos cómo podemos encontrarnos con aquellos que tienen esas relaciones y que también se implican en parte en la Iglesia. ¿Cómo los acompañamos pastoral y litúrgicamente?”, se pregunta el obispo.

Condena al funeral por Zerolo

La opinión de Bode es también compartida por la corriente católica Somos Iglesia, que insiste en que “si la Iglesia bendice automóviles y quién sabe cuántas cosas más, no debe negar la bendición a las personas del mismo sexo”. En Alemania, desde el pasado mes de octubre, las parejas homosexuales alemanas gozan de los mismos derechos que las heterosexuales, incluyendo el matrimonio.

Sin embargo, en el caso de la Iglesia española nada ha cambiado, y cualquier mínimo atisbo de apertura es fulminado. Así le sucedió al conocido padre Ángel García, párroco del templo 24 horas de San Antón en Madrid, cuando ofició un funeral-homenaje al socialista Pedro Zerolo. En una abarrotada iglesia, se rindió homenaje al político socialista, con la participación (como no podía ser de otro modo) de su marido. Las protestas de los grupos ultraconservadores obligaron al cardenal Osoro –quien en público se ha mostrado a favor de la inserción de las parejas gays en la Iglesia– a reconvenir al sacerdote: su celebración había sido motivo de escándalo para muchos.

A vueltas con la “ideología de género”

Nada que ver con el ejemplo del propio Papa, quien hace unos meses bendijo por carta a la familia de un matrimonio homosexual brasileño con motivo del bautizo de sus tres hijos, o la especial relación que Francisco mantiene con el transexual español Diego Neria y su mujer. Más aún: algunos obispos españoles han comenzado una nueva cruzada contra la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, que consideran “totalitaria”.

Especialmente brutales han sido los comentarios de los obispos andaluces, quienes la semana pasada emitieron un comunicado en el que subraya que la normativa (en este caso, la aplicación efectuada por el Parlamento de Andalucía), “en el fondo, asume todo el entramado lingüístico de la ideología de género, que pretende eliminar los conceptos de varón y mujer”, separando así la identidad de la corporalidad e intentando “deconstruir el cuerpo humano, el matrimonio y la familia”.

Para estos prelados, se trata de una ley que “excede con mucho su objetivo de combatir la discriminación” y consideran que “no es justo que, en nombre del bien común, se imponga una antropología y una determinada visión moral, que es de hecho una amenaza para la vida familiar, la educación y el ejercicio de la medicina”.

Se trata, en su opinión, de una ley que compromete a su juicio la libertad de pensamiento, conciencia, educación y enseñanza, además de la religiosa, cuando su misión debe ser la de “hacer crecer la justicia y no imponer legalmente una determinada idea moral”.

Por la plena diversidad

Con todo, las cosas parece que están cambiando. Así, este verano se celebrará en Dublín, con la asistencia del Papa, el Encuentro Mundial de las Familias. Uno de los obispos responsables del evento, el prelado de Limerick, Brendan Leahy, ha invitado a que “se haga espacio para la plena diversidad de las familias” en la reunión de las familias católicas.

“Estamos viviendo tiempos de cambios y la familia también está cambiando”. Una diversidad, añade, que también tendría que incluir a las familias de padres divorciados y vueltos a casar, sino también a las familias de padres y madres gays. En Irlanda, donde en 2015 se aprobó el matrimonio homosexual, la situación no es diferente a la de España. Pero sí en la Iglesia. No en vano, monseñor Leahy afirma que en el país “hemos tenido el referéndum a favor del matrimonio gay y mucha gente votó en él: todos están igual de bienvenidos a juntarse a esta celebración de la familia”.

“Mi esperanza para el evento de este verano sea para todas las familias”, finalizó el obispo Leahy. “Para las familias tradicionales y monoparentales, para personas en segundas relaciones, personas divorciadas y vueltas a casar por lo civil, gente de mucha fe y gente de poca, gente que coincide con la Iglesia y gente que no”.

La jueza Elósegui

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No son las convicciones las que inhabilitan para juzgar sino la incapacidad para abstraerse de ellas a la hora de hacerlo. Los textos revelados por este diario, pertenecientes a la nueva magistrada electa del Tribunal de Estrasburgo en representación de España, han llevado a muchos a concluir que no es aceptable que una persona que tiene un pensamiento que se considera homófobo pueda defender adecuadamente los Derechos Humanos desde tal instancia. Como abogada de causas perdidas que saben que soy, yo quiero argumentar aquí que no son sus convicciones ortodoxas cristianas -o ultraortodoxas si quieren- las que tienen que preocuparnos sino su capacidad para juzgar aplicando la ley y sin mezclarlas en ello. María Elósegui es numeraria del Opus Dei, como otros jueces lo son en España. Nadie hace un examen ideológico a los jueces para ejercer su labor. Sólo se les exige que sus convicciones íntimas no tuerzan su mano al juzgar. Lo mismo le debe ser exigido a la nueva magistrada internacional.

Así que la pregunta que parece planear sobre la polémica es en realidad: ¿Es posible creer y defender los derechos humanos desde ciertas posiciones? Yo creo que, afortunadamente, sí. Creo que se llega a la defensa de esos valores fundamentales desde diversas ideologías o creencias y digo afortunadamente porque, en caso contrario, si sólo desde el laicismo se defendieran los principios fundamentales de nuestra convivencia, estos estarían demasiado solos y demasiado en peligro. Pero dejaré que sea la propia Elósegui quien conteste a eso: “Creo que hay unos valores comunes y universales entre todas las culturas, que se reflejan en los Derechos Humanos, y que estos deben enseñarse en las escuelas y a toda la ciudadanía. Hay una ética racional que nos une a todos. A pesar de que aumente el relativismo moral, cabe llegar a puntos comunes objetivos, que no son un mero consenso sino que forman parte del humanismo cívico”. Es algo que he comprobado en muchos debates y ocasiones. En muchos temas clave que afectan a la dignidad humana y a los derechos fundamentales del individuo, es más fácil confluir desde la izquierda con personas que proceden del humanismo cristiano que con los descarnados neoliberales. Estos creen, al final, que las leyes del mercado pueden regir también la vida humana y por eso apuestan por los vientres de alquiler, la prostitución como negocio,el capitalismo salvaje, la desigualdad o incluso en casos extremos la venta de órganos. Nunca encontrarás a un humanista cristiano en ese barco.

El caso es que Elósegui lleva años trabajando en el Consejo de Europa en temas de inmigración y que se ha interesado por los Derechos Humanos hasta centrar su carrera académica en ellos. No se si puede deducirse de ahí que los desprecia o que no es capaz de defenderlos. No he podido leer sus 17 libros y más de 100 artículos. Ha escrito tratados completos sobre “la inclusión del otro”, la “ciudadanía inclusiva”, el problema de Francia con su no aceptación de esa inclusión y ha manifestado que “los que vinculan inmigración con terrorismo, mantienen una xenofobia basada en miedos y que llega a atacar al Islam cuando muchos de esos chicos son vulnerables y son utilizados”. La catedrática mantiene una postura respecto a los delitos de odio que ya me gustaría a mi que asumiera el ministro del Interior y hasta la Fiscalía de este país. “El discurso del odio, además, debe tener como intención el incitar a otros a cometer actos de violencia, intimidación, hostilidad o discriminación contra quien va dirigido el discurso. El contenido del injusto es que se genere un peligro cierto de actos ilícitos contra esos grupos o personas”. Justo lo que muchos en este país no quieren entender, extendiendo el discurso del odio hasta lograr represiones inaceptables. Es una mujer que cree que “la Doctrina Parot se hizo a través de la jurisprudencia y no era justa”. Ya ven. Lo que le dolieron las tripas al PP con el hecho de que López Guerra estuviera sentado en Estrasburgo y fuera partidario de tumbarla. No les hubiera ido mejor ahora.

Otro de los campos de trabajo intelectual de Elósegui ha sido el tema de la igualdad. En su currículum afirma haber trabajado en un grupo de cuatro expertos con contrato del Instituto de la Mujer en la elaboración de la actual Ley de Igualdad. La indignación ha saltado ante la exclusiva de este medio en la que se descubre que ha tuneado su CV y convertido un contrato externo para realizar un estudio previo en ser redactora de la norma. Esta cuestión sí merece la exigencia de explicaciones públicas urgentes. Además, entiendo que quiénes estén habilitados podrían poner en conocimiento del TEDH esta circunstancia por si fuera motivo de cese en su cargo. En Europa son poco comprensivos con esta costumbre española del maquillaje de méritos.

No obstante, parece que el problema se circunscribe a sus opiniones sobre la homosexualidad, matrimonio igualitario, transexualidad y otras similares. Ha defendido tesis más o menos criticables en lo antropológico pero ha expresado su aceptación de la diversidad. Aquí me gustaría incluir la cuestión de si la homofobia la constituye cualquier discurso o análisis teórico que no coincida con la opinión mayoritaria y comunmente expresada por los colectivos LGTBI o si es preciso que exista “aversión” hacia estas personas como dice la RAE. Es decir, si hay personas que, fundamentalmente por un tema de creencias religiosas, no son partidarias del matrimonio igualitario o incluso que creen que es pecado, que respetando a estos colectivo y afirmando su libertad individual, están en contra de cualquier tipo de discriminación y están dispuestos a castigar a todo el que no lo respete ¿se les puede considerar homófobos? ¿Todo discurso distinto es homófobo o hace falta ese plus de la aversión y el rechazo? Elósegui termina una de sus polémicas frases diciendo: “aún con eso, cada individuo debe ser libre para desarrollar su identidad sexual como quiera”. ¿Es inaceptable esa postura para formar parte de un tribunal de Derechos Humanos? Ojo con la respuesta porque podría abrir la caja de Pandora de qué ideologías o creencias nos habilitan y cuáles no.

Preguntada por el matrimonio igualitario ha dicho: “Como juez tengo que respetar la legislación. Yo no estoy de acuerdo con el activismo judicial y he criticado sentencias por esto”. En mi opinión eso es lo único que le es exigible a un juez, que cuando se ponga la toga cuelgue en el toguero prejuicios, convicciones personales y creencias. Si María Elósegui Itxaso lo hace, será una buena magistrada.

De lo que estoy bastante convencida es que no será una magistrada sumisa al poder político, que no la ha apoyado, y que no aceptará ser su correa de transmisión como parece que se pretendía con Pérez de los Cobos. El resto ya lo veremos. No hubiera sido mi candidata, eso es obvio, y dentro de nueve años espero que haya un gobierno de izquierdas que mande otro tipo de ternas. No la defiendo personalmente a ella. No la conozco, pero me he pasado la juventud huyendo de las numerarias que me querían convertir. No creo que simpatizáramos. Lo que defiendo es el derecho de todos a no ser excluidos en razón de nuestros pensamientos y creencias en aplicación, precisamente, del principio contenido en el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: “el goce de los presentes derechos debe ser asegurado sin distinción alguna por motivo de (…) religión, opiniones políticas u otras (…) o cualquier otra situación”.

LGTBI, Derechos Humanos y Estrasburgo

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La Diputación ofrecerá talleres sobre diversidad sexual y contra la homofobia en institutos de la provincia

El reciente nombramiento de María Elósegui para formar parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las informaciones que nos han llegado sobre su falso currículum, tratando de ofrecer un perfil acorde con la defensa de los Derechos Humanos, no solo muestra la predisposición de nuestros gobernantes a seguir haciendo el ridículo internacional y el escaso interés que les merece la defensa de los Derechos Humanos. No, aquí no solo se han puesto de manifiesto el enchufismo y el nepotismo a que nos tiene acostumbrados el PP.

El hecho de que esta Catedrática de Filosofía de Derecho incluyera datos falsos en su expediente, suponemos que, como mínimo, debiera provocar que se revise el procedimiento de votación para su designación, pues ésta se produjo bajo engaño. Este es un cometido de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, víctima del ardid, que esperamos reaccione y remedie y subsane como corresponde. Lo verdaderamente alarmante fue saber que la recién elegida es una fiel militante de las doctrinas deterministas acerca de gays, lesbianas y transexuales, según las cuales, estas personas tendrían tendencia a desarrollar patologías o, como en el caso de los trans, debieran ser sometidos a tratamientos psiquiátricos a fin de superar su “disforia” o descontento con el sexo que les correspondió cuando nacieron.

Estas teorías, ya superadas, establecían que la biología -degeneración genética- o el entorno social -desviación social- eran determinantes en la homosexualidad. De ahí que, inspirados en estos perversos principios pseudocientíficos, muchos países incluyeron las “prácticas” homosexuales como delitos. Esta creencia, además, entronca con todas aquellas inspiradas en la finalidad procreadora de toda relación de pareja. Más tarde, el régimen nazi, el fascista italiano y el franquismo, con diferente intensidad y variedad en la persecución, propiciaron la criminalización de estas personas no heterosexuales. Negar la dignidad como personas al colectivo LGTBI, cuestionándolo e infravalorándolo como “patología” y anomalía psicosocial es radicalmente contrario a cualquier postulado basado en el respeto a los Derechos Humanos.

En la actualidad se cuentan, al menos, 70 países en todo el mundo que persiguen y reprimen violentamente a los homosexuales, lesbianas y transexuales. Por eso, hay numerosos Convenios e Instrumentos Internacionales que recogen la preocupación por la injusta exclusión y persecución de este colectivo. Sin dignidad humana no hay Derechos Humanos. No en vano, en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos comienza a proclamarse que “la dignidad humana libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. La dignidad humana es la cualidad de las personas, como sujetos de derechos, que no se adquiere ni se concede, sencillamente es inherente al ser humano. Y los seres humanos en cuanto que diferentes, diversos y peculiares, nos reconocemos y respetamos.

Reconozcamos que hay ideologías y creencias de todo signo y que la grandeza y el sustento de todos los sistemas democráticos consiste en cobijarlas a todas, aun aquellas teorías y opiniones inquietantes y contrarias a los principios de igualdad, que propugnan la exclusión de los colectivos más vulnerables, como el LGTBI. Pero que el sistema democrático tolere y no persiga la libertad de opinión y de expresión no significa que deba dar lugar preeminente a las doctrinas que fomentan la homofobia y la transfobia. María Elósegui, militante a ultranza de estos postulados contrarios a la dignidad de millones de personas no heterosexuales, perseguidas en numerosos países por su orientación y/o identidad sexual y vulnerables por el hostigamiento y rechazo que suelen padecer en nuestro entorno, no es la persona más idónea para velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos en el Tribunal más prestigioso del mundo en esta materia.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos incide notablemente en la vida de los ciudadanos europeos y ha logrado, incluso, modificar legislaciones internas, como es el caso de España, que no ha podido eludir sus compromisos en varios y sonados asuntos. Pero su área de influencia no sólo opera en Europa; por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene muy presente la jurisprudencia emanada de este Tribunal con sede Estrasburgo. Por eso, que esta Catedrática de Filosofía del Derecho consiguiera su plaza en el TEDH constituye una flagrante desnaturalización del digno desempeño que realiza este alto Tribunal. El solo hecho de trascender su ideario -nada compulsivo y sí muy reflexionado y documentado- contrario a la dignidad de las personas LGTBI, ha provocado algunas reacciones   en contra. Las que salieron en su defensa, alegaban que las creencias de los jueces no deben ser determinantes a la hora de optar a sus cargos. Y eso es cierto, los jueces han de enjuiciar con sujeción al principio de imparcialidad sin que su ideología o creencia les influya o determine en sus resoluciones.

Sin embargo, cabe plantear si es posible la defensa de los Derechos Humanos por quien no los acepta. Recordemos que la base de éstos no es otra que el reconocimiento de la dignidad humana y que María Elósegui niega este Derecho a gran parte de la humanidad. Es tanto como designar ante este Tribunal a quien defiende en determinados casos la práctica de tortura o la pena de muerte. Aquí no caben equidistancias ni partidismos ni corporativismos: cada retroceso en la exigencia y cumplimiento de los Derechos Humanos nos sume en una etapa más insolidaria, perversa y e indigna que la anterior superada. Quienes ganan con estos retrocesos suelen aprender a construir andamiajes aptos para blindarse a las exigencias del cumplimiento de aquéllos. Por eso, es tan complicado reconquistar los derechos previamente arrebatados.

Los mecanismos de defensa o resistencia a la aplicación de los Derechos Humanos suelen pasar por procesos de “normalización” en los que la ciudadanía ya ni reacciona, como ha sucedido en este caso de la nominación de María Elósegui. A poca gente le ha alarmado, incluso, se han invocado argumentos muy elaborados sobre su derecho a ser juez ante el TEDH, muy a pesar de su militancia contra la dignidad humana -enfocada contra el colectivo LGTBI-. El hecho de que ella falseara su currículum desmonta todos estos planteamientos: ella edulcoró y reelaboró su trayectoria académica y profesional, a fin de simular una apariencia de idoneidad, sabedora de que, de no hacerlo, no llegaría a ser elegida.

Salvo honrosas excepciones, no hemos visto que ningún representante político se haya levantado de su cómodo asiento para denunciar públicamente esta grave anomalía, que una persona que no cree en los Derechos Humanos nos va a representar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como miembro de la judicatura en los siguientes 9 años. Como un verso suelto, tan sólo Marina Albiol, eurodiputada y portavoz de la Delegación de la Izquierda Plural en el Parlamento Europeo ha reclamado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que se subsane este grave error; la pena es que la responsabilidad, humanidad y solidaridad de su acción no se ha visto apoyada por nadie. Por más que la defensa de los Derechos Humanos ha de ser transversal, plural y universal.