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Bilbon
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La primera ley estatal de derechos LGTBI ya se ha colado en el Congreso de los Diputados. Después de varios meses de negociación entre los partidos políticos y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), el proyecto de ley ya ha sido presentado en la Comisión de Igualdad a la espera de saber qué formación la llevará a pleno.
Todos los partidos, salvo el PP, han dejado claro su apoyo a la norma, aunque pretenden presentar enmiendas. Aunque muchas comunidades ya tienen legislación específica al respecto, el objetivo es crear un marco general para “garantizar plenamente el derecho a la igualdad real y efectiva” y acabar con algunas discriminaciones que todavía sufren las personas LGTBI.
Las lesbianas deben casarse para inscribir a sus hijos e hijas
A las parejas de mujeres el Registro Civil les exige estar casadas para poder inscribir a sus bebés. Es un requisito que tienen que cumplir las lesbianas, pero no las parejas heterosexuales, en base al artículo 7.3 de la Ley de Reproducción Humana Asistida que habla de filiación –y también la ley de reforma del Registro Civil, que entró en vigor en octubre de 2015 y reproduce el mismo precepto–.
La ley de derechos LGTBI propone modificar dicho artículo, que establece que para que una mujer consienta la filiación de su hijo nacido de otro cónyuge debe estar “casada y no separada legalmente o de hecho con otra mujer”. El cambio incluye que también podrá hacerse si se mantiene una “relación de análoga afectividad” y aclara que ese consentimiento bastará para “la determinación de la filiación”, de modo que “ningún otro requisito será exigible a tal efecto”.
Camino a la despatologización de la transexualidad
Actualmente las personas trans precisan de un diagnóstico psiquiátrico para acceder a tratamientos hormonales, cirugías de reasignación o la modificación del sexo en los documentos oficiales. Para esto último, además, la ley establece el requisito de haber estado dos años en tratamiento médico para “acomodar sus características físicas a las correspondientes del sexo reclamado”.
Una filosofía que choca con el “principio de autodeterminación de género” que, en palabras de la abogada Charlo Alises, que ha participado en la redacción de la ley, “se constituye como uno de los principales pilares de la misma”. Y es que la norma que pretende impulsar la FELGTB elimina este tipo de requisitos, tal y como han hecho ya –al menos sobre el papel– algunas comunidades como Andalucía, Madrid o Valencia este mismo jueves.
De esta manera, la ley garantizará que las personas trans sean tratadas y nombradas de acuerdo a su sexo sentido, al igual que los menores, a los que la norma protege para que los centros educativos respeten su nombre y puedan usar los baños o vestuarios que les corresponden. En este sentido, colectivos como la Plataforma por los Derechos Trans han redactado leyes específicas despatologizantes, que formaciones como Unidos Podemos ya han anunciado que estudiarán.
Prohibición de las terapias de conversión
Se trata de intervenciones, normalmente de terapia psicológica, que pretenden cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona. La comunidad científica es prácticamente unánime al afirmar que este tipo de terapias de conversión tienen consecuencias como “depresión, ansiedad o tendencias suicidas” y concluyen que ni la homosexualidad ni la transexualidad se pueden tratar porque no son enfermedades.
Por ello, la ley LGTBI prohíbe las terapias “que pretendan revertir la orientación sexual o la identidad de género de la persona” y añade que será irrelevante “el consentimiento de esta misma persona o sus responsables legales”. La voluntad con la que algunas acceden a estos tratamientos es una de las puntas de lanza de grupos ultracatólicos como HazteOir para defender su existencia basándose en que rechazan su propia orientación sin nombrar la homofobia –tanto social como interiorizada–.
Fin de la cirugía genital a bebés intersexuales
La norma también prohíbe las intervenciones quirúrgicas a las que suelen ser sometidas los bebés intersexuales –personas que nacen con características sexuales que no encajan en la asignación tradicional de cuerpo femenino o masculino–, y que no atienden a razones relacionadas con la salud. El objetivo de la legislación es que estas personas “puedan otorgar su consentimiento informado” porque “hay que permitir que se desarrollen”, puntualiza el abogado Néstor Orejón.
“Desde los propios hospitales se plantea que es un problema y que hay que intervenir para remarcar o uno u otro sexo”, explica el también redactor de la ley de la FELGTB. Son cirugías que han sido denunciadas por varios organismos internacionales, entre ellos, la Organización Mundial de la Salud, que las califica de “violaciones de derechos humanos” y asegura que pueden tener consecuencias “de por vida sobre su salud física y mental”.
Que la educación en diversidad no dependa de la voluntad
Para Charo Alises, la educación afectivo sexual no ha sido introducida en los planes de estudio de manera transversal, y “este tipo de contenidos suelen depender en la mayoría de centros de la propia voluntariedad” del equipo directivo o del profesorado comprometido. Por ello, la ley contempla la puesta en marcha de un plan integral sobre educación y diversidad.
Entre las medidas que recoge incluye la formación a docentes y a familias, la implantación de contenidos sobre diversidad LGTBI en las asignaturas o el material didáctico, el desarrollo de acciones de sensibilización con las familias y la puesta en marcha de un protocolo específico dirigido a combatir los casos de acoso LGTBfóbico en los centros educativos.
La petición de “pruebas” a personas LGTBI que piden asilo
Según las organizaciones especializadas, las personas homosexuales, bisexuales o trans que huyen de sus países donde están perseguidos y criminalizados se encuentran con multitud de obstáculos que derivan en que buena parte de las peticiones de asilo sean rechazadas por las autoridades. Entre ellas, la petición de “pruebas” que “pueden socavar su dignidad”, según Alises.
Según algunos colectivos, el Gobierno ha denegado en ocasiones las peticiones bajo el argumento de que “pueden vivir en su país con discreción” y algunos testimonios revelan la dificultad de lograr el requisito que precisa el Ministerio del Interior: las pruebas. Por ello, el proyecto de ley establece que ser LGTBI y proceder de un país en el que se penalice “debe ser motivo suficiente” y pretende prohibir la exigencia de un medio de prueba “que pueda vulnerar los derechos fundamentales”.
Atención integral a víctimas de LGTBfobia
La iniciativa de la FELGTB reserva un apartado específico para detallar las medidas encaminadas a garantizar una atención integral a víctimas de homofobia o transfobia, que fue el motivo de 241 agresiones solo en Madrid el año pasado, tal y como ha contabilizado el colectivo Arcópoli. Además del acceso a una justicia gratuita, la norma contempla servicios sociales de atención y de apoyo a las víctimas, asesoramiento jurídico o atención psicológica.
El debate sobre si tirar o no el pequeño frontón de Arroka se va a quedar pequeño en Amara Zaharra comparado con lo que se avecina en San Sebastián. La vieja residencia de policías de la calle Amara se va a transformar en un moderno hotel de 100 habitaciones dirigido a la comunidad gay, que será explotado por el grupo Axel. Un avispado promotor de Tolosa llegó a un acuerdo con esta cadena y se hizo con el edificio en la subasta pública convocada por el Ministerio de Interior a principios de febrero. Su objetivo es abrir en el verano de 2018.
Será el primer hotel de este tipo ubicado en todo Euskadi. A diferencia de los establecimientos en los que se declara la bienvenida al cliente homosexual con el término ‘gayfriendly’, el hotel que abrirá sus puertas en la calle Amara se declara ‘heterofriendly’, es decir será un hotel dirigido al publico gay que estará abierto a todo el mundo porque lo que primará será «el respeto y la diversidad», según explica el grupo de Hoteles Axel en su web.
El edificio de la calle Amara 26, antigua residencia de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, quedó sin uso tras el cierre del cuartel de Aldapeta. El Ministerio del Interior llevaba seis años intentando su enajenación, pero la crisis hizo difícil casar oferta y demanda de un bloque que fue tasado en 2011 en 13 millones de euros. La parcela, ubicada entre el frontón cubierto del barrio y un nuevo edificio de viviendas, quedó fuera de la operación urbanística de San Bartolomé. El Estado vio cómo, uno tras otro, los concursos de venta quedaban desiertos y fue bajando de precio. En la subasta pública del pasado 8 de febrero un promotor de Tolosa (Igara 46 S.L.) se hizo con el edificio al precio de 8.870.000 euros, 6.000 euros más del precio al que salía a la venta, según nos explicó el empresario, que prefiere mantener su anonimato.
La inversión es consecuencia de un acuerdo con el grupo hotelero Axel fraguado a finales del verano pasado y en el que intervino un intermediario europeo. «Llevaban tiempo queriendo tener un hotel aquí, por la ciudad y su capacidad de atracción de ciudadanos franceses, pero no les gustaban las parcelas que habían visto, lejos del centro y de la playa o edificios muy viejos». El promotor valoró la seriedad y las garantías que aportó Axel. «Apostaron fuerte y el entendimiento fue rápido». La cadena se haya en plena expansión, apoyado por la fortaleza de un fondo de inversión internacional que mediante la inyección de liquidez se ha hecho recientemente con el 33% del grupo. A corto plazo Axel quiere crecer en las capitales europeas y en Estados Unidos, y después pone la vista en Latinoamérica y Asia.
El contrato para el hotel donostiarra se negoció durante «tres o cuatro meses». El promotor compraba la parcela, se queda con la propiedad y se encargará de su derribo parcial y reacondicionamiento como hotel. Axel alquilará el edificio a 20 años y lo explotará. «Querían un hotel de 90 habitaciones mínimo, céntrico, donde se pueda ir andando a la playa». Amara 26 les encajaba. A 350 metros de La Concha, a 100 metros de la plaza Easo, con una boca del futuro Metro al lado, a 5 minutos del Buen Pastor y a 10 minutos de la Parte Vieja. Bingo.
El solar, de unos 730 m2 de superficie, tiene una edificabilidad de 4.875 m2 sobre rasante (planta baja más cinco pisos) y 1.505 m2 bajo rasante (dos plantas de garaje). Con estas características de la parcela, se redacta un proyecto para un hotel de 97 habitaciones, que perfilan un grupo de arquitectos especializados en el diseño de este tipo de establecimientos. El promotor explica que será un hotel «muy diferente, muy trabajado y muy cuidado en los detalles», como lo quiere Axel para la tipología de cliente a la que está orientada su actividad. Habrá habitaciones individuales, dobles y dobles con salón, 30 de ellas con amplia terraza privada, con superficies entre 15 y 27 m2 más los 4-5 m2 del baño. El hotel dispondrá de recepción, salones, cafetería, cocina, lavandería, servicio de aparcamiento, gimnasio y spa (con luz natural en el primer sótano), un elemento clave en los hoteles Axel. Además, habrá un ‘chill out’ en la cubierta del edificio, «un espacio fundamental para nuestros hoteles -según reconocía el consejero delegado de la compañía. Albert Olivé, en una entrevista en 2015- para lograr la interacción entre ciudadanos locales y visitantes».
La escritura de la venta de la parcela se firmará la semana que viene. Los arquitectos ultiman el proyecto de ejecución y tramitarán las licencias en mayo. El edificio, muy cercano a la parroquia de Santiago Apostol, no se derribará por completo, ya que la intención es mantener la estructura para reconstruirlo después. Axel se encargará de la decoración final. El promotor, que realizará una inversión total que rondará los 17 millones de euros, aspira a que el hotel pueda estar en funcionamiento en el verano de 2018. Tiene claro que un establecimiento de este tipo será todo un revulsivo para Amara Viejo. «Los clientes de este tipo de hoteles son muy educados, nada conflictivos, tienen un poder adquisitivo muy alto y su presencia genera un gran impacto económico en los alrededores», matiza.
Los hoteles Axel suponen, más que una pequeña revolución, un revulsivo económico y comercial allí donde se implantan. La cadena obtuvo el pasado año unos ingresos de 16,1 millones de euros y una espectacular ocupación del 98%. Con las nuevas aperturas de Madrid, Berlín e Ibiza (tiene prevista su apertura dentro de un mes en la Cala d’en Bou), Axel Hotels prevé aumentar un 52 % sus ingresos y facturar este año 24,5 millones de euros. El plan de expansión de la compañía contempla abrir diez hoteles en los próximos cinco años.
El promotor de la operación (Igara 64 S.L.), que está detrás de varias de las nuevas aperturas de hoteles en la ciudad, se plantea este fuerte desembolso realizado en Amara como una inversión «a largo plazo». Si las cosas se torcieran o llegara una nueva crisis, «siempre tendré la posibilidad de transformar la parcela en 40 viviendas libres».
Ubicación Calle Amara, 26. El edificio fue residencia para agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
Proyecto Derribo parcial y reconstrucción sobre la actual estructura de un hotel de 97 habitaciones (4 estrellas superior) para Hoteles Axel, grupo catalán icono del turismo gay.
Inversión total 17 millones de euros.
Previsión de apertura. Verano de 2018.
Llegar a Italia como inmigrante irregular es tortuoso. Quien además es gay, lesbiana, bisexual o transexual se enfrenta a una espiral de discriminación y un doble muro en ocasiones imposible de remontar. Adriana es una inmigrante brasileña de 34 años que lleva 17 en el país. Una vez superado el choque inicial de la llegada y después de haber conseguido un trabajo y construído una vida en el país de destino, se ha enfrentado a una nueva adversidad ligada a su identidad de género: es transexual y ha perdido su último empleo y con él su permiso de residencia, por lo que para mantener su vida aquí, solo le queda solicitar asilo político. En su región natal, dada su condición, correría peligro. Acaba de salir de un CIE de Brindisi, en el sur, en el que ha estado recluida durante más de un mes en la sección masculina. Pero ella es una mujer, aunque su documento de identidad no lo recoja así.
Cuando ya no podía más, inició una huelga de hambre y tuvo que pasar 10 días en ese trance para que las autoridades escucharan su petición y la sacaran de allí. Todavía no se ha resuelto su petición de asilo, pero le han concedido un permiso temporal para que pueda esperar en libertad. Ahora que su lucha ha dado sus primeros frutos, quiere seguir peleando por que nadie más vuelva a pasar por lo mismo que ha pasado ella. Poco antes de salir, Adriana contó su historia a Público desde el centro.
Allí dentro tenía que compartir cuarto con otros 8 hombres de diferentes nacionalidades. Aunque cuenta que sus compañeros de “celda” siempre fueron respetuosos con ella, no olvida lo que ha vivido allí. “Estaba aterrada y buscaba las cámaras de seguridad para dormir debajo de ellas”, tampoco a lo que se ha enfrentado: “muchos internos me han amenazado diciéndome que iban a matarme o rajarme o espetándome cosas tan hirientes como que Hitler debería haber limpiado también toda sudamérica”.
Llegó aquí “con el sueño de conocer Europa” y ahora toda su familia está en Italia: su madre, su hermana y sus sobrinos, esperando angustiados a que se remedie su coyuntura, toda su vida está en Nápoles y ella quiere quedarse. “Amo Italia, sus costumbres y su modo de vida, quiero vivir aquí hasta el final de mis días”, cuenta a este diario. “Hasta ahora no había denunciado mi situación por miedo; tampoco quería perjudicar a nadie porque muchos de los que me han amenazado también son personas que tienen una familia detrás, he intentado ser comprensiva todo lo posible, pero llega un punto en el que no es posible mantener la calma”.
Porpora Marcasciano es la presidenta del Movimiento de Identidad Transexual, MIT, que está ayudando a Adriana en su odisea. “La violencia se ha convertido en algo tan difuso que las víctimas no la denuncian porque la dan por descontada, están acostumbradas a ella y una persona ya de por sí frágil como un transexual, dentro de un CIE queda completamente anulada”, explica a Público.
Adriana ahora se siente fuerte y no le tiembla la voz para pedir una segunda oportunidad en Italia: “he pagado mis impuestos durante los más de 10 años que he estado trabajando aquí y ahora que no encuentro un contrato de trabajo, es desolador que no se me trate de forma humana”.
A pesar de lo particular de su tesitura, el caso de adriana no es único y desde el MIT denuncian que existen muchas más personas en circunstancias similares que no han tenido la oportunidad de dar a conocer su lance.
“Son condiciones de las que hay que avergonzarse. Un atropello a los derechos humanos”, clama Marcasciano mientras pide que se solucionen las cuestiones de todas las personas que están obligadas a permanecer en estructuras que no son idóneas conforme a su condición. En Italia no hay centros para atender las necesidades específicas de cualquier persona del colectivo LGBT. “Pueden verse como un capricho, pero no lo son, sin ellos se crea un doble problema: el más grave es para quien sufre la violencia y otras vicisitudes, pero también afecta a quien gestiona los centros, porque no saben cómo comportarse ni dónde colocar a la persona”, aclara Porpora.
La controversia surge cuando el documento de identificación dice una cosa y el propio cuerpo otra. En Italia tampoco existe una ley que permita ligar el nombre a la propia identidad, sino que , a diferencia de España, es necesario pasar por una operación de reasignación de sexo para poder modificar los datos del carné y muchos transexuales no pueden o no quieren someterse a la operación por diversos motivos. “Lo que tienes cuando naces es lo que permanece en los documentos”, sentencia Porpora, que también explica que esta situación es idéntica en cárceles, hospitales y otros centros de acogida donde existen secciones diferenciadas para hombres y mujeres.
Los lugares de acogida actuales tampoco cuentan con los medios necesarios para cubrir las necesidades básicas de los transexuales. Adriana empezó en Italia su “camino para ser mujer”, como ella lo llama, una terapia hormonal con la que debe medicarse a diario, pero en el CIE no ha podido hacerlo porque no le ofrecían la posibilidad de adquirir las pastillas ni de tener el seguimiento de un endocrino que pudiera controlar su tratamiento, aunque llevaba tiempo pidiéndolo. Eso le ha supuesto que sus rasgos genéticos masculinos comiencen a aflorar y entre otras cosas, le haya empezado a crecer la barba. “Me da vergüenza, es extraño, no deja que te sientas como tú eres, es como si algo en tu cuerpo estuviera mutando, como si no me reconociera”, relata a este diario, en el único momento de la conversación en el que la voz le sale entrecortada.
Fuera de los centros de reclusión o acogida, la posición de los transexuales en Italia también es grave. Según un informe del ‘Trans Murder Monitoring Project’, de la organización europea ‘Transgender Europe’, TGEU, publicado a finales de 2016, Italia es el país de Europa donde más transexuales fueron asesinadas en los últimos 8 años: 30 en conjunto, mientras en España fueron 8 los crímenes en el mismo periodo y 5 en Francia. Del estudio se desprende también otro dato preopcupante: del total de víctimas, el 70% eran inmigrantes.
Este año, el Gobierno italiano espera una cifra récord de llegada de inmigrantes: calcula en torno a 250.000, 70.000 más que el año pasado. Individuar entre la masa qué casos están en riesgo de sufrir violencia y extrema exclusión por su orientación sexual o identidad de género es una tarea ardua. No hay estadísticas ni datos oficiales al respecto. Son personas que huyen de una discriminación extrema y es difícil que descubran abiertamente su condición. “Es necesario desarrollar iniciativas de protección porque la demanda existe y es cada vez más alta. Las autoridades necesitan tomar conciencia de esta cuestión y no se puede pretender resolver de forma superficial sino en profundidad”, se lamenta Porpora.
“Las instituciones deberían tambien prestar atencion a lo que hacemos desde los colectivos”, alega la presidenta del MIT para justificar la labor que hacen allí donde el Estado no llega.
Desde el MIT y en colaboración con otras asociaciones tenían prevista la apertura inminente de una casa de acogida para inmigrantes del colectivo LGBT en Bolonia, al norte del país, que iba a ser la primera en Italia, siguiendo el ejemplo de Berlín. Se trataba de un proyecto reconocido y aprobado por el Ministerio del Interior, pero una investigación del programa de Mediaset ‘Le Iene’ denunció que, al parecer, en un local de una de las asociaciones se ejercía la prostitución y como consecuencia, la Oficina Antidiscriminaciones Raciales, UNAR, ha bloqueado todos los fondos y proyectos del resto de asociaciones. Por el momento hay tres personas inmigrantes transexuales que estaban destinadas a ese punto de acogida reinstaladas en otros centros y otras tres: una jordana y dos sirias que esperaban llegar a Bolonia a través de los llamados ‘pasillos humanitarios’ bloqueadas en un campo de refugiados en el Líbano.
En la asociación ‘Arci Gay’ ayudan a italianos e inmigrantes homosexuales que necesitan asistencia legal y orientación y realizan labores de mediación cultural. “La verdadera situación de emergencia es para los inmigrantes homosexuales que llegan en barcazas y no encuentran en este país la acogida necesaria y el tratamiento justo al que tienen derecho”, expone a este medio el presidente de esta sociedad, Flavio Romani.
La postura con la que Italia mira hacia esta realidad está marcada “por el aire político y cultural que respiramos, con una presencia invasiva del Vaticano y de las derechas más populistas y con 30 años a la espalda de políticas con mensajes homófobos, racistas y transfóbicos”, según Porpora. “Italia no es la sacristía del Vaticano, debería ser un país laico; la iglesia tiene posiciones muy intransigentes respecto a nosotros”, sentencia.
Para el presidente de Arci Gay, el catolicismo es un factor a tener en cuenta, pero sobre todo es “la coartada de una clase política que no ha sabido afrontar sus responsabilidades”. “Italia no creo que sea mucho más católica que España y allí disfrutan de una ley de matrimonio homosexual desde hace 12 años”, zanja.
Un germen hacia la apertura en este respecto, aunque tibio, llegó a mediados del año pasado, con la ley de uniones civiles homosexuales, aunque no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo ni que uno de los miembros de la pareja adopte a los hijos biológicos de su cónyuge. Italia ha empezado a legislar sobre esta materia décadas después que el resto de países vecinos europeos.
Romani aclara que es un paso importante, y “se está avanzando en la dirección apropiada pero aún queda camino por recorrer”. En cambio, para Mario Adinolfi, un tradicional combatiente contra esta ley y defensor de la familia “natural basada en el matrimonio”, como explica a Público, la reciente norma “conducirá a prácticas que consideramos violentas y criminales como el útero de alquiler y acabará por legitimizar la compraventa de niños”.
El ‘Popolo della Famiglia’ de Adinolfi y otras entidades similares organizan el ‘Family Day’, una jornada de grandes manifestaciones, que tradicionalmente cuentan con la presencia de numerosos políticos y parlamentarios, en defensa de los valores tradicionales católicos de la familia y contra el aumento de derechos para las familias homosexuales.
A esto se suma la desprotección a la que se enfrentan las personas LGBT ante los abusos, ya que no hay una ley que castigue la homofobia ni la transfobia y la incitación al odio por motivos de orientación sexual no está prohibida en Italia. Para Romani, estos ejemplos son “anacronismos políticos que no deberían existir”.
A este respecto, se avecinan días de polémica en Italia, ya que el controvertido autobús tránsfobo circulará próximamente por las ciudades italianas, después de haber seguido con interés el caso español, según ha confirmado a Público el responsable de ‘CityzenGo Italia’, Filippo Savarese, para “demostrar que quien piensa que existe una naturaleza en las cosas y hombre es hombre y mujer es mujer está duramente atacado”.
El pasado 27 de febrero La 2 de TVE emitió, como cada año, la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. El ganador final fue Drag Sethlas, con un polémico número en el que aparecía crucificado como Cristo y transformado en la Vírgen.
La actuación de Drag Sethlas generó polémica por las quejas de los espectadores católicos sobre la “falta de respeto a la religión católica y a los creyentes”. Hasta tal punto, que TVE decidió retirar la actuación de la web pocas horas después.
El Consejo de Informativos de la cadena pública exigió después su vuelta a la página web, y la cadena pública explicó, a través de un comunicado oficial en el programa ‘RTVE Responde’, que lo había retirado siguiendo su manual de estilo al considerar que “podía herir sensibilidades”.
Aunque en ese comunicado TVE incluso citaba otro ejemplo de 2015 en el que se retiró una pieza que podía ofender a la comunidad Judía, la cadena no siempre sigue este manual de estilo y retira contenidos que puedan resultar ofensivos.
Un caso muy claro es la criticada misa que el Obispo Monseñor Juan Antonio Reig Pla celebró el 6 de abril de 2012, con las cámaras de La 2 como testigo ya que fue emitida en ‘El Día del Señor’.
Dicha misa generó un enorme revuelo que incluso se tradujo en una denuncia contra el obispo que finalmente fue archivada. Esta demanda estaba motivada por las palabras del representante eclesiástico sobre el aborto y los homosexuales.
En la misa, ReigPla vinculó la homosexualidad con la prostituciónavisando de que llevados por “tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana” hace que ya desde niños tengan “atracción hacia las personas de su mismo sexo”. “Y a veces para comprobarlo se corrompen y se prostituyen o van a clubes de hombres nocturnos”, continuó, para proclamar: “Os aseguro que encuentran el infierno”.
También apuntó que “algunos” de esos niños atraídos por la homosexualidad han sido víctimas de abusos por “sus propias familias”.
Sobre el aborto, el obispo dijo que la mujer que aborta “se ha destruido a sí misma” y “ha destruido una vida inocente”. En este sentido, dijo que esa persona, llevada por la preocupación, es “tentada” con la idea de abortar.
Las mujeres que han ido a abortar, continuó, “llevan el sufrimiento en su corazón y muchas de ellas no pueden dormir y han pasado años y años y años porque el pecado siempre lleva como paga la destrucción de la persona”.
Pese a lo polémico de estas afirmaciones del Obispo Monseñor Juan Antonio Reig Pla, y pese a que el colectivo homosexual exigió respeto y demandó a TVE la retirada “inmediata” del vídeo, éste sigue siendo accesible.
Casi 5 años después de esa misa, la web de RTVE.es sigue alojando el vídeo, que se puede ver actualmente sin ningún problema.
El colectivo LGTBI dejó claro que se sentían ofendidos por esa misa, y pidió expresamente a TVE la retirada del vídeo. Es decir, protestó de la misma forma que hicieron algunos espectadores católicos sobre el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, el criterio seguido por TVE no ha sido el mismo.
La primera ley estatal de derechos LGTBI comienza a dar sus primeros pasos en el Congreso. El presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Jesús Generelo, ha presentado este miércoles el proyecto de ley del colectivo en la Comisión de Igualdad. Una iniciativa que todos los grupos, salvo el Partido Popular, han dejado claro que van a apoyar, aunque falta por saber cuál de ellos la llevará a pleno.
La portavoz de los conservadores, María del Carmen Dueñas Martínez, ha aprovechado la mayor parte de su intervención para recordar algunas de las medidas que puso en marcha el Gobierno la pasada legislatura basando su enumeración en el registro del Ministerio del Interior sobre delitos de odio –que incluye las agresiones LGTBfóbicas–, un protocolo policial en el mismo sentido y un par de informes sobre la situación de las personas LGTB en el ámbito laboral y el acoso escolar.
El resto de formaciones han manifestado la necesidad de legislar para acabar con la discriminación al colectivo en consonancia con las leyes autonómicas que ya lo hacen. El PP, por su parte, ha incidido en que “no todas las soluciones eficaces pasan por legislar”, en palabras de Dueñas, “con todos los respetos a la propuesta legislativa planteada”, ha añadido.
Aunque ha reiterado el “firme compromiso del Gobierno para incrementar los esfuerzos a fin de garantizar a todas las personas independientemente de su orientación sexual o identidad de género el ejercicio pleno de sus derechos”, también ha asegurado que su grupo apuesta por poner encima de la mesa “otras fórmulas que pueden ser efectivas y complementarias”, poniendo como ejemplo la puesta en marcha de una Estrategia Nacional.
Todas las demás formaciones se han mostrado partidarias de apoyar la ley que ha presentado Generelo y que contempla la creación de un Consejo Estatal contra la discriminación, planes integrales en las aulas y medidas para frenar las agresiones homófobas. “Garantizará a toda la ciudadanía el derecho a ser y a expresarse según le dicte su naturaleza, su identidad o su conciencia. Porque no hay nada más importante que el derecho a ser”, ha remarcado el presidente de la FELGTB.
Algunos partidos, como ERC o el PNV, han mostrado su preocupación sobre el ámbito competencial de la ley porque “hay que ser escrupulosos en las materias y competencias que les corresponden a las comunidades autónomas”, ha dicho Joseba Andoni Agirretxea, portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, después de incidir en que el proyecto debe “ser abierto para ser mejorado”.
En el mismo sentido se han expresado Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos o el PSOE, que ya habían expresado su apoyo a la norma desde el principio de las negociaciones, que tuvieron lugar el septiembre pasado. “Compartimos completamente el espíritu de la ley porque ataja el origen del problema y propone medidas estructurales”, ha asegurado la portavoz de Unidos Podemos María del Mar García Puig.
Su grupo ha iniciado una ronda de contactos con todos los colectivos LGTBI, más allá de los que están integrados en la FELGTB, que darán lugar a enmiendas para incorporar al proyecto. Además, Puig ha anunciado que también apoya la tramitación de una ley específica sobre el colectivo trans, una petición de algunos colectivos que piden regular ambas realidades por separado.
Varios activistas contrarios a la presencia en Sevilla del autobús tránsfobo de la organización Hazte Oír han causado daños en las lunas y los retrovisores del vehículo, que ha permanecido bloqueado por manifestantescontrarios a la campaña de esta entidad a la altura de la sede de la presidencia de la Junta. Los incidentes se han registrado sobre las doce y media del mediodía, cuando el vehículo se disponía a abandonar la capital andaluza ante la imposibilidad de continuar el trayecto.
El presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, insistió en su derecho a difundir su mensaje discriminatorio mientras las organizaciones contrarias se concentraron para mostrar su repulsa a las opiniones que “denigran a los menores transexuales”.
Hazte Oír cuestiona que “diez comunidades autónomas españolas obliguen a todos los centros educativos y a todos los alumnos a aprender diversidad sexual dando entrada en las aulas a los colectivos Lgtbi”.
El alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), trasladó la resolución aprobada en pleno contra esta campaña. “Esta ciudad no tiene ni ganas ni tiempo”, ha afirmado. “Sus mensajes niegan la identidad de las personas transexuales, especialmente de los niños y niñas”, ha afirmado Espadas.
El polémico autobús de Hazte Oír que porta un mensaje contra los menores transexuales se ha adentrado este miércoles en Sevilla, Andalucía, territorio hostil. El Parlamento andaluz fue la primera Cámara autonómica que aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos una ley que reconoce los derechos de las personas transexuales, y el Ayuntamiento aprobó hace unas semanas una declaración institucional, también suscrita por todos los grupos, en contra del autobús.
Los integrantes del “autobús del odio” han notado desde el principio esa hostilidad: el vehículo ha sido inmovilizado ante las puertas del palacio de San Telmo, sede del Gobierno de Susana Díaz, por más de un centenar de manifestantes que han increpado al bus tránsfobo. Algunos incluso han lanzado naranjas contra las ventanas del vehículo.
Ante la que más evidente tensión, la Policía Nacional ha desplegado efectivos para proteger al vehículo de la organización Hazte Oír, cuyo presidente, Ignacio Arsuaga, pretendía dejar un escrito en el registro de la sede de la Junta de Andalucía. Las lunas del autobús muestran impactos de piedras, el parabrisas está desprendido y hay pintadas en los laterales. El vehículo lleva impreso el dibujo de un niño y una niña, pero alguien ha pintado sobre él, el aparato genital femenino, y sobre ella, el masculino. La mayoría de manifestantes son jóvenes. La Policía ha desplegado a los antidisturbios, y ha requerido la identificación de algunos chavales, pero de momento no se ha producido ninguna detención.
Hazte Oír cambió el lema que el autobús llevaba inicialmente en los laterales —Los niños tienen pene, las niñas vulva, que no te engañen— después de que la Fiscalía ordenase paralizar el vehículo por un supuesto delito de incitación al odio. El mensaje con el que ha llegado este miércoles a Sevilla es distinto —Respeto para todos. No al bullying— pero el objetivo es el mismo.
Antes de llegar a Sevilla, el vehículo paró primero en una explanada del municipio de San Juan de Aznalfarache, donde el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, fue recibido por un grupo de personas, hombres disfrazados de mujer, y mujeres de hombres, que habían acudido para manifestarse en señal de protesta.
Los manifestantes pertenecen al equipo de trabajo de Podemos Andalucía, como confirmó la propia coordinadora regional, Teresa Rodríguez, que aseguró haber enviado a esta “comitiva de Podemos” para hacer ver al “autobús del odio” que “no son bien recibidos”.
Entre los manifestantes frente a San Telmo hay varios dirigentes de Podemos Andalucía, incluido su secretario de Organización, Nacho Molina, que gritaba en primera fila: “¡Hazte oír, háztelo mirar!”.
También estaba el concejal de IU en el Consistorio hispalense, Daniel González Rojas, y el portavoz del movimiento LGTB del PSOE, Fran López, que aseguró que quien arrojó la piedra contra el vehículo fue “un espanténeo que no estaba entre los manifestantes y que siguió corriendo sin detenerse”.
La ciudad de Sevilla, como muchas otras ciudades españolas, se preparaba para recibir con protestas y gritos al autobús tránsfobo desde el mismo día que la organización anunció que visitaría la capital andaluza. Hace unas semanas, el pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó una declaración institucional, votada por todos los grupos políticos, que advertía de que el mensaje de Hazte Oír supone “una incitación a la discriminación y lesionan la dignidad de las personas por razón de su identidad sexual, denigrando a los menores transexuales a los que se humilla públicamente y desprecia generando un descrédito en su entorno por pertenecer al grupo de personas en las que no coincide su identidad sexual con el sexo asignado al nacer en función de sus genitales”.
El presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, ha conseguido rizar el rizo llevando hasta el Parlamento Europeo la campaña homófoba de su organización, el conocido como autobús de la libertad, que ha llegado con polémica y prohibiciones a varias ciudades españolas por su mensaje contra el supuesto “adoctrinamiento sexual” que, a su juicio, se produce en las escuelas, donde las leyes “imponen el comportamiento LGTBI”.
Arsuaga ha anunciado que el autobús de la discordia volverá a recorrer España desde este miércoles y ha denunciado ser víctima de “acoso, insultos, agresiones físicas y amenazas de muerte” durante las últimas semanas. Unas acusaciones que han contrastado con la protesta que varias mujeres han realizado durante su rueda de prensa.
Tras dos banderas trans y una de la asociación Chrysallis, que defiende los derechos de los menores transexuales, tres mujeres se han colocado en la puerta de la sala, detrás de los periodistas y de frente al presidente de la organización ultracatólica. Un escrache pacífico y totalmente silencioso contra el mensaje de odio de Hazte Oír. Ni siquiera han permanecido en la sala durante toda la intervención. Apenas cinco minutos han bastado para dejar patente su malestar ante la situación.
“Está defendiendo la libertad de expresión atacando a menores de edad, a los más vulnerables. Y son nuestros hijos e hijas. Por eso hemos venido aquí, no vamos a dejar que siga con ese discurso del odio hacia nuestros hijos”, ha declarado a Público Natalia Aventín, de Chrysallis, una organización española que representa a 500 familias con hijos transexuales. Su organización fue una de la impulsoras de la campaña de visibilización de las personas transgénero. “Todo esto se inicia con una campaña en Euskal Herría que decía que hay niños con vulva y niñas con vagina”, recuerda Aventín. Después de eso apareció el autobús de Hazte Oír con el lema “los niños tiene pene. Las niñas tiene vulva. Que no te engañen”, que ha tenido que ser retirado del vehículo.
“No sé cómo funciona el Parlamento Europeo pero me sorprende que este tipo de mensajes, que se persiguen y son delito en España, tengan cabida aquí”, ha afirmado Aventín. Arsuaga venía invitado por el partido de extrema derecha italiano Liga Norte y, durante la rueda de prensa ha estado acompañado por el presidente de Jacopo Jacoghe, de la asociación italiana Generatione Famiglia.
De hecho, más de 70 eurodiputados han firmado una carta impulsada por los parlamentarios españoles Lola Sánchez (Podemos), Ernet Urtasun (Verdes) e Iratxe García (PSOE), dirigida a la comisaria de Justicia e Igualdad del Parlamento en la que censuraban la presencia de esta organización.
La eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol, por su parte, ha explicado que “ni el Parlamento Europeo ni ninguna otra institución pública debería amparar el tipo de discursos contra la dignidad de las personas trans” y, aunque Arsuaga ha negado que su organización reciba subvenciones públicas en España, Albiol cree que “es fundamental recordar que Hazte Oír ha recibido importantes subvenciones de la Comunidad de Madrid y que está exenta de pagar impuestos como el IBI ya que el Gobierno del Partido Popular la declaró de interés público”.
El Gobierno de centro-izquierda sueco ha propuesto este lunes una ley que otorgaría una indemnización a hombres y mujeres transgénero que tuvieron que someterse a la esterilización para cambiar de sexo legalmente. Los transgénero suecos estaban obligados a ser esterilizados para poder cambiar de género legalmente hasta 2013. El proyecto de ley permitiría que cerca de 800 personas reclamaran 225.000 coronas (23.500 euros) cada una en compensación del Estado.
“La esterilización como condición para obtener un cambio de género era una expresión de una visión de la cual la sociedad de hoy en día se aleja“, ha asegurado en un comunicado el ministro de Sanidad sueco, Gabriel Wikstrom.
La Federación sueca para los Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero (LGBT) ha amenazado en reiteradas ocasiones con demandar al Gobierno por la esterilización y quiere que cada individuo afectado reciba una compensación de 300.000 coronas (31.400 euros).
“Es muy positivo que el Gobierno, el primero en el mundo, pague una compensación y reconozca los crímenes cometidos por el Estado contra las personas transgénero”, ha señalado la Federación.
Muchos países europeos, como Finlandia, Suiza y Grecia, aún obligan a las personas que quieren cambiar su sexo de forma legal a someterse a la esterilización, según Transgender Europe.
La práctica de la esterilización involuntaria ha sido ampliamente declarada como una violación de Derechos Humanos, en particular por Naciones Unidas.