El autobús de HazteOír llega a Bilbao entre gritos y silbidos

Centenares de personas se manifiestan contra el vehículo ultracatólico, que hace campaña contra la nueva ley de derechos LGTBI

El autobús de HazteOír, estacionado en la plaza Euskadi de Bilbao. / IÑAKI ANDRÉS

El autobús de HazteOír ha llegado esta mañana a la plaza Euskadi y ha sido recibido con silbidos, gritos y lemas de rechazo por varios centenares de personas. El vehículo ultracatólico circula desde el martes por todo el país con el objetivo de «luchar» contra la ley de derechos LGTBI -que el Congreso ya ha admitido a trámite-, tal y como reflejan en el lema rotulado sobre el bus: «Podemos y su Ley Mordaza LGTBI: ¡Van a por tus hijos!»

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento, Tomás del Hierro, ha aclarado que el vehículo había pedido permiso a la Ertzaintza para estacionar de doce a una del mediodía. «Podía hacerlo porque una sentencia en Madrid ya ha dictaminado que sus mensajes no son delito de odio. El autobús se ha convocado de la misma manera que la manifestación que lo rechaza».

Al grito de «¡qué viene!» centenares de personas se han concentrado en la plaza, entre los que se encontraban varios representantes municipales como la concejala de Udalberri Amaia Arenal o el concejal de EH Bildu Bruno Zubizarreta. Durante la media hora que ha estado estacionado el autobús, no ha habido ni un solo momento en el que se hayan dejado de escuchar los silbidos y gritos de protesta. «Yo soy hetero y respeto los derechos de todo el mundo. Es lamentable que se les permita entrar con estos mensajes. Que nos dejen vivir en paz», reivindicaba Igone, una manifestante de 66 años. Aunque la mayoría de los asistentes era público joven. «Se quejan de que la ley es adoctrinadora, pero ellos son los que generan ideología. Los que les conceden el permiso de estar aquí los están apoyando indirectamente», criticaban otro joven de veinte años.

Después de que el autobús de HazteOír se haya marchado, se han vivido momentos de tensión cuando un agente de la Ertzaintza ha reducido a uno de los manifestantes. Según la versión oficial de la policía autonómica, el individuo en cuestión trató de golpear a uno de sus agentes, «por lo que se ha identificado y abierto un expediente por hechos contra la ley de Seguridad Ciudadana, que acabará en una multa». Los asistentes han criticado y vituperado duramente la actuación policial hasta que el multado se ha ido por su propio pie y los manifestantes se han disuelto.

Colectivos LGTBI y simpatizantes protestan por presencia del autobús de HazteOir en Bilbao

Los concentrados ante el autobús de HazteOir EFE

Asociaciones LGTBI, acompañados de diversas organizaciones y de simpatizantes, se han concentrado en Bilbao ante la presencia del autobús HazteOir, que recorre diferentes ciudades en el marco de su campaña contra la ley que promueve Podemos en contra de la discriminación de este colectivo.

Cerca de 200 personas, entre las que se encontraban representantes de los sindicatos ELA, LAB y Steilas, así como de EH Bildu, esperaban al autobús, que tenía anunciada su llegada al mediodía a la plaza Moyua.

El vehículo, sin embargo, ha cambiado de recorrido y ha llegado a la plaza Euskadi donde dotaciones de la Policía Municipal y de la Ertzaintza han acordonado una zona para que descendieran los pasajeros del autobús.

Los manifestantes se han trasladado hasta allí y desde detrás del cordón han recibido al vehículo entre gritos de protesta, pitidos y lemas a favor de decidir sobre su propio cuerpo e identidad sexual.

El portavoz de HazteOir, Miguel Vidal, ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación que la ley LGTBI, que ha iniciado el proceso de tramitación en el Congreso de los Diputados, “adoctrina a los niños e introduce elementos en el sistema educativo sin la intervención de sus padres”.

También ha criticado que dicha ley, en su opinión, “quita la patria potestad a los padres al permitir que a partir de los 16 años puedan someterse a una operación de cambio de sexo sin autorización de sus progenitores”.

Por parte de Gehitu (asociación de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales del País Vasco), Izaro Antxia, ha indicado que “hoy, al menos, las personas que quieren decirnos cómo tenemos que ser, han visto nuestro rechazo, porque una sociedad democrática no puede tolerar esas actitudes”.

Los manifestantes han permanecido en la plaza hasta que se ha marchado el autobús, de color naranja y con un texto escrito en el exterior, que rezaba: “Podemos y su Ley Mordaza: van a por tus hijos. Los niños tienen pene,las niñas tienen vulva, que no te engañen”.

Al pasar cerca de los concentrados, algunos de ellos han lanzado huevos contra el vehículo.

GRITO INEQUÍVOCO DE LIBERTAD

La proposición de ley sobre los derechos de las personas LGTBI supone un avance en el quehacer cotidiano de estos colectivos y una mayor protección legal

AITZOLE ARANETA, MIEMBRO DEL CCE DE PODEMOS; DAVID BRAVO; PABLO IGLESIAS, SECRETARIO GENERAL DE PODEMOS; Y SOFÍA CASTAÑÓN, SECRETARIA DE FEMINISMOS INTERSECCIONAL Y LGTBI

 

Unidas Podemos defendió ayer en el Pleno del Congreso la ley de derechos de las personas LGTBI propuesta por los colectivos expertos en la materia. Los escalofriantes datos no hacen sino confirmar la pertinencia de esta ley, valiente y pionera a nivel internacional: son 236 las agresiones registradas en una única comunidad, Madrid, en un único año, 2016, los que demuestran que el ser percibido como LGTBI es aún, en 2017, motivo de burla, estigma, discriminación y agresión. Que, aún hoy, las mujeres lesbianas reciben una atención desigual en la sanidad pública. Que hasta un 90% de las mujeres trans está en paro, que las personas trans en su conjunto son negadas y patologizadas por parte de la sociedad o en su contacto con los servicios de salud, que tener pluma puede ser peligroso si tienes intención de salir a la calle, o que ser LGTBI es el motivo citado como más frecuente en los llamados «crímenes de odio»; son motivos más que suficientes para registrar esta propuesta de ley. Ojalá no hubiera necesidad de esos diecinueve capítulos que la componen y que van acompañados de un repaso histórico y geopolítico de la lucha LGTBI en su preámbulo, junto con las disposiciones transitorias, adicionales, derogatorias y finales correspondientes.

Como estamos orgullosas de la proposición de ley que esta semana defendemos en Pleno, mentamos al elefante dentro de la habitación justo para decir que ya no hay elefante tal. Hablamos de la ley de derechos de las personas LGTBI y del polémico artículo que abría la puerta a la sanción administrativa en casos de expresiones ofensivas o vejatorias, que hace unos meses acaparó la atención y que hoy nuestro grupo parlamentario enmienda sin detrimento del espíritu y valentía de la ley propuesta por los colectivos.

Radica la polémica en dos cuestiones: primero, en la posibilidad de que un órgano administrativo –y no un juez– pueda destruir, borrar o inutilizar libros, archivos, documentos o artículos que considere que contienen expresiones que infringen esa ley. Segundo, que un órgano administrativo –y no un juez– pueda imponer multas por expresiones que considere no amparadas por la libertad de expresión y que entienda que son ofensivas contra las personas LGTBI.

Sobre la primera cuestión hay poco debate: es sencillamente inconstitucional. El artículo 20.5 de la Constitución Española establece claramente que «sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones» en virtud de orden judicial. Teniendo en cuenta que esa cuestión se dio por muerta el mismo día de su nacimiento, es a la segunda a la que se ha prestado mayor atención y la que ha causado revuelo. Algo comprensible, teniendo en cuenta que pretende que la Administración pueda decidir qué es libertad de expresión y qué es ofensa. El riesgo de que sea este órgano quien pueda tener la facultad de trazar la línea que separa la libertad de expresión de la ofensa y de imponer multas según sus propios criterios es evidente. Se trata de una herramienta que rompe el equilibrio de fuerzas entre los distintos poderes hasta el punto de ser intrínsecamente peligrosa, incluso para las personas a las que dice proteger y que hoy se sitúan detrás de la línea de tiro.

No está en debate la necesidad de una ley que proteja los derechos de las personas que forman parte del colectivo LGTBI. Tampoco está en duda que no existe el derecho al mero insulto, menos aún cuando éste tiene su base en la orientación sexual, la identidad sexual/de género, la expresión de género o las características sexuales de una persona. La única cuestión que se señala es el error de creer que ahora es aceptable este atajo de sustraer a los jueces competencias en materia de libertad de expresión –que deben ser exclusivamente suyas– porque, esta vez, es fácil caer en el error de creer que el fin sí justifica los medios.

Es un error porque entonces se abrirían órganos administrativos para la protección de otros colectivos con los que ya no simpatizaremos tanto y será incoherente adoptar otra postura. Es un error porque mañana las compañeras de la procesión del coño insumiso estarán discutiendo ante un órgano administrativo para la protección de las convicciones de las personas religiosas si lo suyo es un insulto o no lo es. Es un error porque mañana Zapata no estará en la Audiencia Nacional sino ante el órgano administrativo creado por el PP para la protección del honor de las víctimas del terrorismo. Es un error porque, en democracia, no se debe ser juez y parte.

Una vez manifestada la convicción de Unidas Podemos de retirar las sanciones administrativas en relación a la expresión de este proyecto de ley, no cabe sino alegrarse por el avance que puede suponer esta iniciativa en el cotidiano de muchas personas, en cosas tan sencillas como el ir con más tranquilidad por la calle o tener una mayor protección legal si lo que te toca es ser la parte excluida de ese conjunto de reglas no escritas que aún rigen nuestro mundo. No cabe sino alegrarse de que todo el tejido asociativo LGTBI abrace ya ese grito de despatologización conjunto que hace diez años exigían los colectivos más alternativos y menos oficialistas del activismo LGTBI y trans. Porque el grito unívoco de libertad que expresa este proyecto de ley es ya una batalla ganada, antes incluso de iniciar su tramitación parlamentaria.

El Congreso aprueba tramitar la ley de igualdad LGTBI con la abstención del PP

El texto suprime el examen médico para que los transexuales cambien de nombre y permite a los mayores de 16 años cambiar de sexo sin permiso paterno

 

ALFONSO TORICES Madrid

La toma en consideración de la norma, elaborada por la federación nacional de estos colectivos y presentada en la cámara por Podemos, fue respaldada por todos los grupos de la oposición, pero la unanimidad fue imposible, pues el PP, que en junio dijo que daría su sí a la tramitación parlamentaria, hoy se abstuvo.

Los populares, pese a evitar el voto negativo, mostraron su «rotunda oposición» al texto presentado, también duramente descalificado por organizaciones educativas y ciudadanas conservadoras. El PP calificó el documento de «torpe», «chapucero», «peligroso» y «delirante» y anunció una enmienda a la totalidad con texto alternativo, «con otra ley antidiscriminación LGTBI».

El partido del Gobierno enumeró una larga lista de desacuerdos, pero lo que calificó de «inadmisible» es que el proyecto autorice a los transexuales mayores de 16 años a operarse para el cambio de sexo sin precisar permiso paterno y a los jóvenes en la misma situación a hormonarse desde la pubertad también sin necesitar autorización de los padres.

Podemos y PSOE aferon al PP que anunciase su sí para poder participar por primera vez en la manifestación del Orgullo LGTBI, en junio pasado, pero que hoy rompiese la unanimidad en el Congreso. Socialistas y Ciudadanos, no obstante, ya avisaron de que no están de acuerdo con algunos puntos del texto, en unos casos por razones técnicas y en otros por cuestiones de fondo, y que tratarán de modificarlos en la fase de enmiendas parciales.

Uno de los puntos más polémicos del texto es la creación de una agencia estatal independiente que, además de evaluar el grado de cumplimiento de los mandatos de la ley por las administraciones, también impondrá sanciones, de hasta 45.000 euros, a las personas u organismos que infrinjan las disposiciones de la ley o vejen o discriminen a los miembros de estos colectivos.

El texto, a lo largo de 58 páginas, adopta medidas en pos de la igualdad de las personas LGTBI en todos los ámbitos: familia, sanidad, educación, cultura, ocio, justicia y seguridad, laboral o administrativo.

Cambios en la escuela

La proposición de ley pregona la autodeterminación a la hora de la elección de género, por lo que permite que cualquier transexual pueda cambiar su sexo y nombre en el registro sin el examen psiquiático y el tratamiento que ahora se les exige y también autoriza a las parejas de lesbianas a inscribirse como madres del hijo de una de ellas aunque no estén casadas.

El documento garantiza el derecho de todas las mujeres a someterse a las técnicas de reprodución asistida en centros públicos con independencia de su orientación sexual -algunas comunidades excluyen a lesbianas y solteras-y asegura una atención sanitaria sin discriminaciones ni trabas a los transexuales y a los transgénero.

El texto también prevé cambiar los libros de texto de Primaria y de Secundaria para que recojan con normalidad la diversidad sexual, de género y familiar y autoriza a los transexuales y transgénero a utilizar en los colegios y centros públicos los aseos correspondientes al género con el que se identifican.

Se recoge una formación específica a policías, jueces, maestros y sanitarios para lograr un cambio cultural respetuoso con la diversidad sexual y para potenciar la persecución de los delitos de odio y se prohíben de forma expresa las terapias para revertir la homosexualidad, con sanciones muy graves en caso de incumplimiento.

Una comisión interministerial coordinaría la ejecución de políticas públicas respetuosas con la ley y se crearía un Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI.

 

Más información

La proposición de Ley LGTBI y la libertad de expresión

Es necesario frenar la opresión que sufre el colectivo LGTBI, pero es inaceptable que sea un órgano administrativo y no un juez el que pueda imponer multas por expresiones que considere ofensivas contra él

Marcha del Día del Orgullo. EFE

 

Advertía Boaventura de Sousa Santos de “l os intentos de ejercer el control político sobre la actividad judicial”, lo que se consigue con la “transferencia de ciertas áreas de litigio del ámbito de los juzgados ordinarios a juzgados especiales o a agencias administrativas bajo el control del poder ejecutivo”. Hemos visto en los últimos años cómo los poderes legislativo y ejecutivo han caído ya demasiadas veces en esta tentación, sustrayendo al poder judicial lo que antes era de su competencia exclusiva.

Ocurrió así con la llamada Ley Sinde, aparecida en un momento en el que los jueces tenían la mala costumbre de no dar la razón a las grandes corporaciones que ostentaban derechos de propiedad intelectual. El movimiento era tan burdo que no hubo nadie que no viera que el gol se estaba metiendo con la mano: en mitad de un partido que se perdía por goleada, se cambió al árbitro y ahí justo empezó la remontada.

Aprovechando el precedente abierto gracias a esta propuesta del PSOE, el PP se vio legitimado para continuar la senda: la Ley Mordaza creaba un cuerpo específico de infracciones administrativas en un contexto en el que los jueces tendían a hacer una interpretación expansiva del derecho fundamental de reunión y manifestación. En este mundo donde un gol ilegal lo ha metido la mano de Dios si lo marca nuestro equipo, no sorprendió a casi nadie que muchos de los que aplaudieron la Ley Sinde criticaran ferozmente la Ley Mordaza. La desmemoria y la falta de coherencia ideológica permite hacerlo pese a que la segunda no puede entenderse sin el éxito de la primera.

Es evidente para cualquiera con unos cimientos democráticos básicos que las dos leyes, las promueva quien las promueva, eran intrínsecamente peligrosas y abrían una brecha por la que ya podía colarse todo. 

Lamentablemente se cayó inicialmente en esta tentación con la Proposición de Ley por los Derechos LGTBI presentada por Unidos Podemos, que ha levantado críticas por dos aspectos esenciales de su articulado:

1.- La posibilidad de que un órgano administrativo y no un juez pueda destruir, borrar o inutilizar libros, archivos, documentos o artículos que considere que contienen expresiones que infringen esa ley.

2.- Que un órgano administrativo y no un juez pueda imponer multas por expresiones que considere que no están amparadas por la libertad de expresión y que entienda que son ofensivas contra las personas LGTBI.

Respecto de la primera cuestión hay poco debate: es sencillamente inconstitucional y sorprende que haya pasado algún filtro antes de proponerse. El artículo 20.5 de la Constitución Española establece claramente que “sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones” en virtud de orden judicial.

Teniendo en cuenta que la primera cuestión criticada se dio por muerta el mismo día de su nacimiento, es a la segunda a la que se ha prestado mayor atención y la que ha causado mayor revuelo. No es para menos teniendo en cuenta que pretende que la Administración pueda decidir qué es libertad de expresión y qué es una ofensa. El riesgo de que sea este órgano creado al efecto quien pueda tener la facultad de trazar la línea que separa la libertad de expresión de la ofensa y de imponer una multa según sus propios criterios, es evidente. Se trata de un arma que  rompe el equilibrio de fuerzas entre los distintos poderes hasta tal punto que es intrínsecamente peligrosa, incluso para las personas a las que dice proteger y que hoy se sitúan detrás de la línea de tiro.

No está en debate la necesidad de una ley que proteja los derechos de las personas que forman parte del colectivo LGTBI. Tampoco lo está que no existe el derecho al mero insulto, y menos aún cuando tiene su base en la orientación sexual, identidad sexual/de género, expresión de género o características sexuales de una persona. La única cuestión que se señala es el error de creer que ahora es aceptable este atajo de sustraer competencias exclusivas a los jueces en materia de libertad de expresión porque esta vez entendemos que el fin sí que justifica el medio. 

Y es un error porque mañana se abrirán 30 órganos administrativos para la protección de otros 30 colectivos con los que ya no simpatizaremos tanto y será difícil oponerse cuando ahora no se ha hecho. Es un error porque mañana las compañeras de la “Procesión del Coño Insumiso” estarán discutiendo ante un órgano administrativo para la protección de las convicciones de las personas religiosas si lo suyo es un insulto o no lo es. Es un error porque mañana Zapata no estará en la Audiencia Nacional sino ante el órgano administrativo creado por el PP para la protección del honor de las víctimas del terrorismo. Estoy seguro de que esos colectivos verán también muy obvio que en esos casos lo que hay es un insulto y nada de libertad de expresión y que para determinar algo tan evidente un juez es un lujo innecesario. 

Para justificar estos artículos de esta proposición de Ley no podemos ampararnos en que ya se aplican otros semejantes en varias Comunidades Autónomas. Ese argumento, que convierte mágicamente un error en acierto si ya se cometió antes, es exactamente el mismo que se usará cuando se continúe esta senda tan peligrosa. Lo que se dirá es: “no está tan mal que se constituya el órgano de la AVT para analizar si los chistes de Zapata son solo humor o encierran en realidad una auténtica ofensa, ya se hace con los colectivos LGTBI y no creemos que las víctimas del terrorismo tengan menos derecho”. Esto que hago es una predicción, pero en la misma medida en la que también lo es prever que lo inmediatamente posterior a escupir al cielo será limpiarte la cara.

Es evidente la necesidad de frenar la opresión que sufre un colectivo como el LGTBI, pero esta forma escogida, y me refiero solo a la parte de la propuesta de ley que está en debate, no es adecuada. Y no lo es porque este arma que se plantea usar como atajo para facilitar el camino, mañana apuntará a ese mismo colectivo. Apuntará a todos. Y para cuando eso ocurra se habrá perdido toda legitimidad para oponernos.

Los artículos controvertidos permanecen todavía en el texto que se ha presentado a discusión en el Pleno del Congreso, aunque Unidos Podemos ya ha anunciado que terminará retirándolos durante el trámite parlamentario, en una suerte de “autoenmienda”. En ese caso se demuestra que las críticas eran tan acertadas como para obligar a una marcha atrás y también que Unidos Podemos tiene más cintura que a la que nos tienen acostumbrados los demás partidos, lo que supone un alivio que solo se puede celebrar. 

No obstante este episodio nos debe llevar a la reflexión de lo fácil que resulta debilitar un derecho fundamental cuando estamos ante una situación que apreciamos como grave, sea esa gravedad real -como sin duda lo es la opresión del colectivo LGTBI- o ficticia. Nos tiene que hacer considerar también el déficit de cultura democrática que padecemos si sectores sociales que se consideran progresistas vieron injustas las críticas a la creación de estos órganos administrativos con poder de recortar la libertad de expresión solo porque esta mordaza la consideraban concebida para el bien. Tenemos que entender de una vez que la libertad de expresión es un músculo muy particular: se puede perder en apenas unos días pero se tardan literalmente décadas en lograr devolverle toda su potencia. Si este derecho se debilita -y ya el Gobierno lleva tiempo recorriendo ese camino para conseguirlo- hay que defenderlo de forma radical, aunque eso implique ponerte circunstancialmente en contra de los colores de tu propio partido. Mejor ser calificado hoy de desleal que mañana de cómplice.

El Congreso comienza a debatir la primera ley estatal de derechos LGTBI

Pancarta en la manifestación del Orgullo Crítico en Madrid este 2017. ÁLVARO MINGUITO

La primera ley estatal LGTBI comienza a dar sus primeros pasos. El Congreso votará este martes la toma en consideración de la norma, que será defendida por Unidos Podemos en el pleno, para comenzar el posterior trámite parlamentario. La mayor parte de partidos, entre ellos PSOE y Ciudadanos, ya anunciaron su apoyo hace unos meses, salvo el PP, que no ha confirmado todavía su postura, pero sobre el que planea la posibilidad de la abstención.

El proyecto de ley, redactado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (FELGTB), fue presentado a las formaciones hace un año, cuando comenzaron a definir sus posiciones. El objetivo es establecer un marco contra la LGTBIfobia que haga frente a las discriminaciones que todavía sufre el colectivo para asegurar, reza el proyecto de norma, que “en el estado español se pueda vivir la diversidad afectiva, sexual y familiar con plena libertad”.

Barcelona incorpora el ‘chemsex’ por primera vez como un problema de salud pública

El Plan de Drogas del Ayuntamiento abordará el fenómeno tras atender en 2016 unos 200 casos de consumo problemático de sustancias para practicar sexo

El psicólogo de BCN Checkpoint, Antoni Gata, atiende a un paciente en el centro comunitario CARLES RIBAS

Las consecuencias del chemsex —un fenómeno casi exclusivo del colectivo gay y que se caracteriza por consumir varios tipos de drogas para mantener relaciones sexuales durante largos períodos de tiempo— ya son un problema de salud pública. El Ayuntamiento de Barcelona abordará los peligros de esta práctica dentro del Plan de Drogas municipal pues, pese a ser un fenómeno residual entre el colectivo, tiene riesgos importantes: puede extender las infecciones de transmisión sexual (ITS) y generar dependencia a sustancias tóxicas. Barcelona atendió el año pasado 193 casos de consumo problemático de sustancias para tener sexo.

Si bien es cierto que el uso de drogas recreativas en contextos sexuales no es nuevo y no se circunscribe al colectivo gay, el chemsex tiene unas características particulares: por ejemplo, el uso de determinadas sustancias (especialmente mefedrona, metanfetamina y GHB) para aguantar largas sesiones de sexo que pueden durar días.

La combinación de estas drogas permite aguantar las fiestas sexuales pero deja a los participantes en un estado de semiinconsciencia que reduce la percepción de riesgo. Esto significa que pueden aumentar las conductas sexuales de riesgo (sin preservativo) y, en consecuencia, la transmisión de ITS. De hecho, según el centro comunitario BCN Checkpoint, el chemsex puede triplicar el riesgo de infección por VIH en el colectivo gay.

Pero el Ayuntamiento y la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) han puesto el foco en la cara menos visible del fenómeno: el consumo problemático y/o la dependencia a algunas sustancias para tener sexo. Los centros comunitarios que atienden a este colectivo ya han empezado a reportar los primeros casos de consumo problemático de sustancias tóxicas vinculadas al sexo e incluso entidades como BCN Checkpoint han abierto consultas psicológicas para abordar estas situaciones. El Plan de Drogas del Ayuntamiento es tajante: “En los últimos años ha habido un aumento del porcentaje de hombres que inician tratamiento por trastornos de consumo de estas sustancias [metanfetaminas, mefedrona, GHB o ketamina] y en 2016 estos suponían el 7% del total de inicios de tratamientos por trastornos por uso de sustancias en hombres”. Desde 2013, este porcentaje se ha duplicado.

En el plan, la ASPB y el Ayuntamiento han puesto en marcha una estrategia para desplegar, a corto plazo, programas de prevención y tratamiento por el uso de sustancias asociadas a contextos sexuales entre el colectivo LGTBI. En este sentido, el Consistorio apuesta por una atención “personalizada” a las personas detectadas con esta problemática y que requieran una intervención breve o un proceso terapéutico de larga duración. “Se trata también de una estrategia de reducción de daños y poner el acento también en casos muy iniciales para evitar que lleguen a tener un consumo problemático”, concretó ayer Maribel Pasarín, directora del Observatorio de Salud Pública de la ASPB.

El Consistorio analizará la dimensión del problema y estudiará la necesidad de crear nuevos circuitos de atención especializada para estas problemáticas.

Detección precoz de la adicción al móvil

El Plan de Drogas municipal también incorporará otra línea de acción para abordar nuevos consumos problemáticos, como el del uso del móvil y las pantallas, especialmente en adolescentes. Las escuelas fueron las que dieron la voz de alarma y los responsables de salud pública decidieron poner en marcha estrategias para detectar de forma precoz los casos incipientes.

Las señales de alarma, aseguran, saltan, por ejemplo, cuando el joven deja de hacer algo para conectarse o está preocupado cuando no está conectado.

 

EL CONSUMO DE HEROÍNA, ESTABLE

Los responsables de Salud Pública han matizado que, pese a la alerta que han suscitado los pisos de compraventa de heroína en el barrio del Raval, el consumo de heroína en la ciudad no ha aumentado. Sigue estable. “Nos preocupa muchísimo lo que está pasando en el Raval por la gente que hay muy vulnerable y porque esta situación nos dificulta la lucha contra el estigma”, ha reconocido la tercera teniente de alcalde, Laia Ortiz.

Con todo, la comisionada de Salud, Gemma Tarafa, sí ha reconocido que, en concreto, en el barrio del Raval, el número de jeringuillas recogidas en la calle aumentó en junio y julio, pero volvió a bajar a finales de agosto. “Hay que seguir el proceso y ver cómo evoluciona. No se pueden sacar conclusiones”, ha apuntado. Pasarín ha concretado también que “más que un aumento, ha habido un movimiento” de consumidores de zonas metropolitanas, como La Mina, hacia el Raval, coincidiendo con los cambios en el mercado de venta de estas sustancias.

Muere Edith Windsor, la activista que logró que la Justicia de EEUU reconociera el matrimonio gay

Edith Windsor, en marzo de 2013, cuando testificó ante el Supremo de EEUU. Jonathan ErnstREUTERS

La activista Edith Windsor, que lideró la batalla que culminó con la histórica decisión del Tribunal Supremo de EEUU de validar el matrimonio entre parejas del mismo sexo, falleció este martes en Nueva York a los 88 años.

Su fallecimiento fue notificado a los medios por su esposa, Kasen Windsor, con la que se casó en 2016, pero no se dieron más detalles.

“Perdí a mi amada esposa Edie. Ella siempre será la luz para la comunidad LGBTQ que ella amó y que la amó”, indicó Kasen, que se refiere a la activista lesbiana como una gran luchadora por la libertad, la justicia y la igualdad.

Windsor, nacida en Filadelfia en 1929 y la mayor de tres hermanos, se casó en Canadá en 2007 con Thea Spyer, su pareja durante más de 40 años, que murió en 2009 de esclerosis múltiple.

Tras la muerte de su esposa, Windsor tuvo que pagar por el patrimonio heredado más de 350.000 dólares en impuestos al Gobierno federal, lo que la llevó a emprender una cruzada en defensa de la igualdad de sus derechos como cónyuge, que llevó hasta el Supremo.

En junio de 2013 el Supremo invalidó la ley DOMA, que definía el matrimonio como “la unión entre un hombre y una mujer”, legalizando así las uniones en el país entre parejas del mismo sexo, una gran victoria para la comunidad LGBTQ.

Windsor estuvo representada en esa batalla por Robert Kaplan, quien indicó, al lamentar su muerte, que haber sido su abogado fue “el gran honor” de su vida.

Aseguró que Windsor pasará a los libros de historia de este país como “unaverdadera héroe“, según la cadena NBC.

“También sé que su recuerdo será una bendición no sólo para cada persona LGBTQ en este planeta, sino para todos los que creen en el concepto de igual dignidad para todos“, indicó además Kaplan.

Tras graduarse de la Universidad de Temple, Windsor se casó en primer lugar con un amigo de su hermano, pero un año después puso fin a ese matrimonio al confesarle que era lesbiana.

Luego se estableció en Nueva York, donde trabajó como programadora para la compañía IBM y donde, según indicó en una entrevista, podía ser abiertamente lesbiana.

Las reacciones tras la muerte de la activista no se hicieron esperar. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, aseguró que su corazón está roto por la muerte de quien llamó su amiga.

“Edie fue una neoyorquina destacada que llevó la lucha por la igualdad y alcanzó una histórica victoria en el camino por justicia”, afirmó Cuomo, quien aseguró que la activista encarnó el espíritu de Nueva York y recordó que “derrumbó barreras”.

“Siempre admiraré su fortaleza y perseverancia contra la adversidad. Nunca la olvidaré”, señaló además en un comunicado.

Mientras, la Unión de Libertades Civiles indicó que fue una “incansable campeona de amor, igualdad y justicia, cuya valentía y tenacidad transformó el panorama de los derechos civiles a través del país”.

Bizkaia empiezan a regular que las personas transexuales elijan el baño que les corresponde

Durango permite desde junio que puedan elegir el vestuario de todas las instalaciones deportivas en función del sexo con el que se identifiquen

BILBAO– Un hecho tan cotidiano y normal como ir a un baño público puede convertirse en todo un quebradero de cabeza para una persona transexual. ¿En cuál entro? ¿Me echarán si uso el que me corresponde y no en el que pone en mi DNI? Los ayuntamientos de Bizkaia están sensibilizados con esta realidad y han empezado a mover ficha para adaptar la normativa a la situación. Primero fue Durango, que permite desde junio que puedan elegir el vestuario de todas las instalaciones deportivas en función del sexo con el que se identifiquen. Y Bilbao podría convertirse en el próximo municipio que apruebe una iniciativa similar, ya que será uno de los temas que se debatirán en el pleno de final de mes. No obstante, el caso de la capital vizcaina es especial, ya que, aunque no lo tiene regulado en ordenanza, lo cierto es que el personal de Bilbao Kirolak o de los gaztegunes recibió el pasado año talleres impartidos por Berdindu para aprender a desenvolverse sin discriminar por motivos de identidad de género. “Bilbao es el primer municipio vasco cuyo personal ha recibido esta formación específica. Es un tema en el que se lleva tiempo trabajando, queriendo adaptarnos con total naturalidad a lo que nos pide una sociedad diversa”, reconocen fuentes municipales.

Sea como fuere, Xabier Lozano, coordinador del grupo joven de la asociación Errespetuz, la Asociación Vasca para la Defensa y la Integración de las Personas Transexuales, considera que el hecho de que los ayuntamientos regulen esta situación “sirve de ejemplo para que otras administraciones sigan ese camino y hagan que más personas se sientan a gusto”.

Las normativas municipales establecen que las personas tienen que utilizar los vestuarios y baños que correspondan a su sexo. El problema surge cuando los documentos de identidad no se corresponden con la identidad sexual. “Eres un hombre o una mujer, pero por otro lado tienes una documentación que dice lo contrario”, explica Xabi. “Si ocurre en un bar, no me vas a pedir la documentación; pero si estamos hablando de un polideportivo, sus responsables tienen que elegir a qué le dan importancia: a un trozo de plástico o a la identidad de la persona”, expone. En Errespetuz no tienen constancia de que se hayan registrado incidencias en los últimos años. “Al menos, no de tanta gravedad como para salir a la luz. Quizás pueda haber habido algún rifirrafe, alguna llamada de atención, pero que yo sepa no ha trascendido”.

Desde la Liga LGTB de la UPV, una asociación de estudiantes que puso en marcha una campaña en este sentido, sí denuncian que “los asaltos, tanto físicos como verbales, son a menudo frecuentes en los vestuarios. Como consecuencia, estas personas son a menudo víctimas del miedo y la vergüenza de acudir a los baños o vestuarios de la universidad”. Por ello, consideran que “la visibilización del colectivo en estas situaciones en un paso primordial en el camino hacia la aceptación de esta minoría y una necesidad a la hora de afianzar el bienestar y la seguridad de los estudiantes trans de la universidad”.

Xabier Lozano habla de su propia experiencia. Hace cuatro años, cuando tenía 19, decidió dejar claro a todos lo que llevaba toda la vida sintiendo: él es un hombre. “Es algo que sabía desde siempre y lo había dado a entender como podía desde pequeño”, afirma. Estudiante de Antropología, entiende que muchas personas puedan “autocensurarse” por evitar problemas. Sin embargo, no es su caso. Él ha utilizado desde entonces el baño de hombres, pese a que, hasta hace dos, en su DNI constaba que era una mujer. “Nunca lo he dudado y si alguien me dice algo, prefiero dar las explicaciones de por qué estoy ahí”, explica. “Al final, te puede pasar lo mismo si vas al de mujeres. ¿Cómo prefiero defenderme? ¿Diciendo que soy un hombre o que soy alguien que no soy?”, argumenta. Expone la situación que se produciría si intentara entrar en un baño de mujeres. “Sería absurdo, ¿no?”, plantea. “Me tratarían de mirón para arriba o saldría con un ojo morado. Si me obligas a entrar a un baño de mujeres, siendo Xabi me estás poniendo en una situación comprometida”. Reconoce, sin embargo, que no siempre fue así; anteriormente utilizaba el baño de chicas. “Iba a clases de judo y ni siquiera me duchaba. Era un visto y no visto; me cambiaba porque no iba a salir con un kimono. No levantaba los ojos y pensaba que yo ahí no debería estar. Me resultaba violento”.

Con todo, actualmente la mayoría de las personas transexuales de Bizkaia utilizan los baños y vestuarios que les corresponden, sin más problemas que el tener que explicar su realidad al responsable del polideportivo, una situación que comienza ya desde el mismo momento de la inscripción. “Aunque no está normativizado, se está haciendo sin mayores conflictos. Ya cuando te vas a hacer la ficha de socio, si no tienes modificado el DNI -un proceso que se puede prolongar como media unos tres años-, tienes que dar explicaciones porque ni el nombre que tú estás dando ni tu sexo se corresponde con el que dice tu carné”, explica.

Para evitar este tipo de situaciones, las personas transexuales disponen desde 2015 de una documentación administrativa provisional, que tiene validez en las instituciones públicas vascas, que se puede utilizar a modo de DNI hasta tener el definitivo. “El uso de los baños es solo la punta del iceberg”, advierte Xabi. Él no tuvo acceso a esa documentación porque todavía no se había habilitado y pasó por una época en la que no compraba nada con tarjeta de crédito y ni siquiera se acercaba a la barra de un bar para pedir una caña por temor a que le pudieran pedir el DNI. “No me apetecía tener que dar explicaciones de mi vida privada que no le incumben a nadie. No le damos importancia pero te pasa con todo: matricularte en la uni, apuntarte a un curso, solicitar una beca…”.

INSEGURIDADNo obstante, son comunes las situaciones de inseguridad, tanto por parte de las personas transexuales, que no saben qué consecuencias puede tener utilizar el baño que no les corresponde según su DNI, como por los responsables de las instalaciones. “Surgen muchas inseguridades y, ante ellas, cada cual actúa de la mejor manera posible. Te vas a encontrar desde la persona que te diga que ante todo estás tú, seas hombre o mujer, y quien te dirá que ante todo está el DNI y lo que dice la ley”, apunta. Por ello, defiende que las ordenanzas municipales ponen negro sobre blanco cómo actuar en esta situación, dando prevalencia a la identidad sexual de las personas sobre el sexo que en ese momento determine su carné. “Si estableces, como es el caso de Durango, que lo que importa es la persona, ya no hay problemas. Ante cualquier conflicto, el personal ya sabe cómo actuar. No quedaría al yo te dejo hacer, no sería una cuestión de buena voluntad, sino que tendrías derecho a hacerlo”, explica.

Pese a que Durango ha sido el primer Ayuntamiento en dar un paso adelante, una ley del Gobierno vasco de 2012 respalda las reclamaciones del colectivo transexual, al establecer que las administraciones públicas vascas deben velar por que se respete la identidad sexual de las personas. “En base a esa ley, no debería haber polémica; si el polideportivo es municipal y está en la CAV, se debe regir por la ley”, recuerda. Desde Errespetuz no entienden las voces críticas a estas medidas, por ejemplo desde la plataforma Hazte Oír, que ha mostrado su rechazo a que “en los vestuarios de nuestra hijas se cuelen varones con el fin de ejercer de mirones o abusar sexualmente de ellas”. “Si ocurre algo así, se deberá tratar como un acto delictivo por ser un mirón o un agresor sexual. ¿Puede ocurrir? Sí. Pero, ¿a cuánta gente conoces que se tomaría la molestia de vestirse y actuar como una mujer para entrar a un vestuario de mujeres para hacer algo así? Lo veo totalmente improbable porque no es solo el vestuario, es el uso que haces de las instalaciones, la relación con las otras personas.

Y puestos a cuestionar… ¿por qué permitir a una persona transexual elegir el vestuario y no al resto? La respuesta de Xabi es clara: “Lo que se está debatiendo no es si puedo elegir el vestuario, sino dejarme utilizar el que corresponde. ¿O me obligas a fingir ser alguien que no soy, negándome mi identidad?”.

 

 

El color arco iris va tomando posiciones en Ezkerraldea

Santurtzi y Portugalete cuentan con sendos espacios de homenaje al colectivo LGTBI

 

SANTURTZI– Ezkerraldea trabaja, día a día, por ser una comarca más diversa en la que las diferentes tendencias e identidades tengan cabida y sean respetadas. En este sentido, en los últimos meses Santurtzi y Portugalete han dado pasos firmes hacia el reconocimiento del colectivo LGTBI con pequeños gestos, detalles que tienen un valor muy importante para dar visibilidad a este colectivo que lucha por una sociedad más tolerante e igualitaria.

Con ese propósito, a finales del pasado mes de junio y coincidiendo con la celebración del Orgullo LGTBI en Santurtzi, se colocaron sendos bancos en la localidad marinera: uno con los colores de la bandera LGTBI y otro con los colores de la bandera transexual. El emplazamiento elegido para la colocación de estos bancos fue muy céntrico, concretamente en el punto en el que confluyen las calles Juan XXIII e Itsasalde, dos de las arterias principales del municipio santurtziarra. Hoy, dos meses después de su instalación, los bancos continúan no solo luciendo los colores de las dos enseñas, sino también tratando de concienciar con tan solo un golpe de vista de que Santurtzi es un municipio en el que tienen cabida todas las personas independientemente de sus gustos.

El paso dado por la localidad marinera, municipio en el que se está constituyendo una asociación LGTBI, ha sido continuado por Portugalete. La noble villa jarrillera también ha querido dar visibilidad a este colectivo y lo ha hecho en pleno corazón del municipio. De este modo, desde el pasado 12 de agosto, un paso de cebra y varios bolardos de la emblemática Plaza del Solar lucen los colores arco iris. Fue en esa fecha, en los días previos a la celebración de las fiestas de San Roque, cuando Portugaleteko Koadrilak organizó el primer Harrotxu Eguna, la fiesta del Orgullo LGTBI de Portugalete. “La primera idea era pintar un paso de cebra real, pero no fue posible por cuestiones de normativa vial. Así que el Ayuntamiento nos propuso pintar un paso de cebra alegal por así decirlo”, asegura Txipi de Portugaleteko Koadrilak.

De esta manera, fue el Consistorio quien se encargó del pintado del paso de cebra arco iris, mientras que fueron los propios cuadrilleros quienes pintaron los bolardos. “La idea surgió en una de las reuniones de cuadrillas y buscamos una forma de dar visibilidad a este colectivo”, explica Txipi. Así nació también el Harrotxu Eguna, una fiesta que tuvo lugar el 12 de agosto y que trató de visibilizar el colectivo LGTBI desde un punto de vista lúdico, educativo y festivo. “Estoy muy satisfecho de cómo discurrió todo, lo repetiremos el próximo año”, concluye Txipi.