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Por Beatriz Gimeno

Es una obligación de la escuela democrática ayudar a equiparar la diferencia de poder entre los chicos y chicas que ostentan la hegemonía social y cultural y aquellos que están en los márgen

España es, según la mayoría de los estudios, el país menos homófobo del mundo. Eso dicen las cifras, pero lo dice también el sentido común y la percepción propia cuando se sale fuera. Por razones largas de explicar y que no caben aquí, España se ha convertido en unos pocos años en un lugar en el que las personas lgtb pueden vivir razonablemente seguras y con posibilidad de desarrollar vidas plenas. Por supuesto que la lgtbfobia existe, y es mucho mayor incluso de lo que parece. Y hay, además, momentos de la vida en los que esta lgtbfobia es mayor y más peligrosa, como en la adolescencia cuando las identidades relacionadas con el género están en formación, son más débiles y para asegurarse se aferran a estereotipos hegemónicos socialmente. Los adolescentes más inseguros o más dependientes de la aprobación ajena (casi todos en esta edad) buscan refugio y fortalecer sus frágiles identidades entre los pares, con sus iguales; y lo hacen, por lo general, mediante representaciones más o menos ritualizadas de los roles sexuales, de la masculinidad extrema, en este caso. La masculindad extrema se basa, entre otras cosas, en la exclusión radical de la homosexualidad. En la adolescencia, muchos adolescentes inseguros, obligados por la presión social a realizar constantes afirmaciones de su masculinidad heterosexual, pueden llegar incluso, si dicha presión no se rebaja, a agredir, a burlarse de, a reírse de la expresión de otras identidades sexuales. El chico o la chica que sea lesbiana, gay, bi o trans, no tendrá espacio social para fortalecerse, sino que, al contrario, se esconderá, sufrirá, buscará más bien hacerse invisible, mimetizarse en esa supuesta normalidad que le excluye. Y si no lo hace bastante bien es muy posible que sufra acoso, que sea agredido verbal o físicamente. Durante la adolescencia, los chicos y las chicas que por la razón que sea sientan que no forman parte de la mayoría son especialmente frágiles y van a necesitar ayuda de los profesores/as y de las instituciones educativas. Constituye una obligación de la escuela democrática ayudar a equiparar la diferencia de poder entre los chicos y chicas que ostentan la hegemonía social y cultural y aquellos que están en los márgenes. Es una obligación escolar que hay que cumplir en nombre de la construcción de una ciudadanía respetuosa con los otros y las otras, democrática, abierta e inclusiva.

Las agresiones por lgtbfobia están creciendo en Madrid. Los agresores son chicos jóvenes (menores de 20 años la mayoría) que han nacido cuando la igualdad legal era un hecho –o estaba a punto de serlo– en este país. Durante muchos años, los años de la lucha por la igualdad, los años en los que las reivindicaciones lgtb entraban en los informativos, los años en los que el gobierno y las instituciones se mostraban muy favorables a apoyar esa igualdad, las agresiones eran muy escasas. El efecto del cambio de ambiente político ha sido demoledor en este sentido. Los nuevos gobernantes no apoyan los derechos lgtb y eso se nota en la calle. Las instituciones educan, naturalmente; y su acción tiene un efecto performativo sobre toda la sociedad. Si quien gobierna no cree en la igualdad, aquellos que tampoco creen en ella, los que tienen dudas, en lugar de ocultarse por sentirse en minoría, se sienten más fuertes y legitimados en su rechazo. Un rechazo que, en el peor de los casos, puede llegar a la agresión.

El Partido Popular hizo de la desaparición de Educación para la Ciudadanía uno de sus objetivos cuando estaba en la oposición. Una asignatura que educaba en valores de convivencia, democráticos, de ciudadanía y que, además, se imparte en la mayoría de los países europeos. Estar en contra de esta asignatura demuestra dónde se sitúa la derecha española: allí donde se considera que los derechos humanos son discutibles. Soy de la opinión de que los valores no se pueden enseñar en una asignatura, sino que es necesario trasversalizarlos en todos los planes de estudio. Hay otras propuestas más interesantes, como los planes de convivencia, pero en todo caso, es importante otorgar legitimidades en un sentido u otro. Se trata de demostrar dónde se sitúan las instituciones democráticas respecto a estas cuestiones. Y queda claro que cuando gobierna el PP, las instituciones, los gobiernos, se sitúan del lado de la lgtbfobia o, como mucho, no están interesados en combatir este tipo de violencia, que puede que no apoyen explícitamente, pero que deben pensar quizá como inevitable en el mundo heterosexuadamente normado que imaginan. Las disidencias, piensan ellos, que paguen su precio.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no es una persona lgtbfóbica, sé que no lo es. La duda que me queda es si consentirá que su gobierno y sus políticas lo sean. Me temo que sí, que su enfrentamiento con los sectores más reaccionarios de su propio partido no va a ir tan lejos como para hacer lo que están haciendo otras muchas autonomías no gobernadas por el Partido Popular, introducir asignaturas de enseñanza en valores de convivencia y apoyar la formación en diversidad afectivo sexual. El jueves 17, como diputada autonómica me he estrenado preguntándole al gobierno de Cifuentes qué piensa hacer en el terreno de la educación para combatir las agresiones por lgtbfobia, y le voy a recordar que la sanción no es bastante, que es necesario sancionar a los agresores y atender a las víctimas, pero que siempre hay que educar. Que eso es lo que hacen las naciones democráticas cuando tienen un problema de este tipo: educar. Más y mejor educación en derechos, en ciudadanía, en democracia, en igualdad, en inclusión; esa es la respuesta. Para los futuros agresores, por supuesto, pero también para los propios alumnos y alumnas lgtb que siguen viviendo en un oscuro armario.