Doble boda gay en Génova 13

Un centenar de personas se concentra frente a la sede del PP en Madrid para pedir la retirada del recurso a la ley de matrimonio homosexual

“Estáis todos invitados al doble matrimonio que vamos a celebrar a las 13.00 en el número 13 de la madrileña calle Génova, frente a la sede del Partido Popular”. Esta podría haber sido la invitación a la boda, simulada, de dos parejas, una de chicos y otra de chicas, que se realizó ayer en Madrid. Un centenar de personas, representantes de más de 20 asociaciones LGTB+H (Les, gay, trans, bi + hetero), exigieron al PP, ante la mirada estupefacta de muchos viandantes, la retirada del recurso de anticonstitucionalidad interpuesto a los matrimonios de parejas del mismo sexo.

“Queremos pedir a los populares que retiren una alegación que llevan cinco años manteniendo. Es su última oportunidad para dejar de ser un partido homófobo. No vale con las palabras amables, tienen diputados que pueden acabar con ese ultrajante recurso”, explica Rubén López, de 30 años, presidente de Arcópoli, la asociación universitaria convocante de la protesta que fue secundada por la federación de asociaciones LGTB+H. El Partido Popular recurrió la ley de matrimonio gay ante el Tribunal Constitucional el 30 de septiembre de 2005, dos meses después de su aprobación por parte del Congreso. En sus alegaciones se apoya en el artículo 14 de la Constitución: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Algo incomprensible para Toni Poveda, presidente de la FELGTB, que, minutos antes de la protesta, aseguraba no entender el recurso: “Esta ley combate la discriminación, no la fomenta”.

“Me gustan las peras, me gustan las manzanas. En la cama me meto con quien me da la gana”, cantaba una masa de casi un centenar de personas. La doble boda, con la bandera arcoiris como alfombra y las emblemáticas gaviotas del PP de fondo, se escenificó en el paso de peatones que cruza Génova, a la altura del cuartel general popular. Al mismo tiempo, el coro pedía igualdad, familia y la visibilidad de supuestos miembros homosexuales del PP que no salen del armario (“Rita Barberá, aprovecha y ¡sal ya!”). “No sé por qué se manifiestan pero me parece una locura. Conozco a muchos miembros del PP que viven y practican su homosexualidad. Pero, ¿por qué hay que casarse? Casarse es reaccionario, ya no se lleva. No creo que esto tenga que ver con la política”, añade Julia Escobar, escritora de 64 años, casada y que pasaba por la calle durante la concentración.

Fue un casamiento corto; tan solo una hora de sonrisas, reivindicación de la familia e indignación que acabaron con la lectura de un manifiesto.

“Hemos venido a mostrar la vergüenza que representa el recurso. Estos señores pretenden crear ciudadanos de clase A y ciudadanos de clase B; quieren excluir a cuatro millones de españoles. Por eso estaremos aquí, año tras año, para ver si se les cae la cara de vergüenza”, concluye Carla Antonelli, activista y antigua coordinadora del área trans del PSOE, mientras la gente corea “que se besen, que se besen”. Ambas parejas juntan sus labios en un típico final de boda.

El asesinato de Cristina, sin culpables

Asesinato de Cristina (Smail Larouhni)Los investigadores buscaron pruebas en el lugar del crimen.

Los investigadores buscaron pruebas en el lugar del crimen. fernando bustamant

TERESA DOMÍNGUEZ VALENCIA
Smail Larouhni tenía 36 años. Su cadáver, desmadejado, travestido y abrasado por el fuego, fue encontrado un martes por la mañana, tirado en un camino sin apenas tránsito en la parte trasera del cementerio nuevo de Aldaia; un camposanto en las afueras del municipio, flanqueado por alguna nave industrial, muchos vertidos ilegales y el habitual entramado de caminos que atestigua que esta zona fue un día tierra de huertos.
Smail, una transexual aún a caballo entre la depilación y la hormonación, se ganaba la vida prostituyéndose bajo la máscara del nombre de Cristina, con clientes que, en su mayoría, la recogían en una parada del autobús en la calle Joaquín Ballester, cercana a La Fe.
De origen marroquí y carácter difícil, su muerte conmovió a su círculo más próximo, desplazó a su familia desde el Magreb y amedrentó a las transexuales que ejercen en las calles de Valencia. También puso en marcha la maquinaria policial, pero poco más.
A los cinco meses, los agentes de Homicidios de la Guardia Civil detuvieron a cinco personas, entre ellas a los únicos tres hombres que habían tenido móvil y ocasión para acabar con la existencia de Smail/Cristina. Pero la investigación, salpicada de mala suerte y poca colaboración de aquí y allá, acabó por flojear donde más tenía que aportar: en las pruebas. Indicios y sospechas fueron acumulados sobre la mesa de un juez al que la entrega de los detenidos pilló de vacaciones de verano. La conjunción de tanto factor negativo ha terminado por instalar el caso en la vía muerta del fracaso: la Fiscalía ha solicitado ya que se concluya el sumario sin procesamiento. Esto es, sin sospechosos oficiales. La muerte de Cristina se queda, pues, sin culpables.
Nada más producirse el hallazgo del cadáver, acudió una patrulla de la Policía Local de Aldaia. Precintaron la entrada y la salida del camino, no sin antes dar una vuelta por los alrededores del cuerpo. Así lo confirma la inspección ocular realizada por el laboratorio de criminalística de la Guardia Civil, que aisló huellas de botas en el área. Pero nada de interés policial. Ninguno de los restos y objetos que fueron recogidos en el entorno más próximo al cadáver de Smail ha servido para incriminar a los sospechosos. Ni rastro de su ADN. Ni objetos personales. Una inspección baldía.
La autopsia tampoco iba a ayudar mucho. El cuerpo estaba completamente vestido, incluidos los zapatos. Llevaba incluso restos de maquillaje y su bolso con la cartera y la documentación dentro, pero no su peluca, que nunca apareció. En ese escenario, lo más probable es que a Cristina la hubiesen matado de noche, cuando iba arreglada para trabajar, y que el cuerpo hubiese sido trasladado y quemado inmediatamente después de su fallecimiento, sobrevenido por un único golpe en la cabeza.

Primer escollo
El primer escollo fue fijar la hora de la muerte, un dato esencial en este caso. A los pocos minutos de hallar el cuerpo, los agentes ya conocían la identidad probable de la víctima ya que había un documento en la cartera. Un marroquí llegado a España unos años antes y con antecedentes por riñas que, dado el atuendo, debía prostituirse. Costó poco comprobarlo. Lo más probable, por tanto, es que el crimen hubiese sido cometido en fin de semana y de noche, pero la Policía Local se emperró inicialmente en que una patrulla había pasado el lunes por la mañana por el camino y allí no había cadáver alguno. El dato distorsionó incluso el dictamen forense: la hora de la muerte estaba claramente determinada: 48 horas antes del hallazgo (a primeras horas del domingo), pero, al hilo del dato policial, el informe preliminar decía que el cuerpo había sido quemado 12 horas antes de ser encontrado. ¿Alguien había asesinado a Cristina en la mañana del domingo y había conservado su cadáver hasta la noche del lunes? Entonces, ¿dónde? Eso implicaba el uso de un coche, de un piso; abría muchas más incógnitas.
Ésa fue la tesis de la investigación hasta que se comprobó que nadie había visto el cadáver de la víctima antes de la mañana del martes por la simple razón de que nadie había pasado por el camino entre el domingo y el martes. Por tanto, era más que razonable pensar que el cuerpo calcinado permaneció ahí desde las primeras horas de la mañana del domingo hasta las nueve de la mañana del martes. ¿Nadie la había echado de menos?
Para entonces, la Guardia Civil ya había localizado a sus compañeras de piso -dos mujeres transexuales que también ejercían la prostitución- y a las que hacían la calle codo con codo con ella. En la primera semana, los investigadores ya habían reunido unos cuantos datos sobre la vida nocturna de Smail. Era de las que le gustaba tomarse una copa, o las que hiciera falta, al final de cada jornada laboral. Y tenía muy mal beber.
El abanico de sospechosos, por tanto, podía ser tan amplio como su cartera de clientes sumada al elenco de parroquianos de cualquiera de los after que salpican el callejero nocturno de la ciudad de Valencia. Sin embargo, el testimonio de una transexual les iba a poner en lo que parecía el buen camino. La noche del sábado 21 de marzo de 2009, Smail dejó la calle sobre las cuatro y se apuntó a dar una vuelta por una sala de fiestas de la avenida del Cid, en la que, a partir de determinada hora, no es extraño toparse con prostitutas -en su mayoría transexuales-, y delincuentes. La investigación prometía, pero las cosas volvieron a torcerse.
Los agentes tuvieron que armarse de paciencia y recursos antes para estimular la memoria del personal del local. Cuando, por fin comenzó la colaboración, los sospechosos comenzaron a brillar con luz propia de entre la cartera de posibles homicidas. Los investigadores averiguaron que Cristina entró en el local con otras compañeras entre las tres y las cuatro. “Yo le perdí la pista pasadas las cinco de la mañana”, explicó una de ellas a Levante-EMV en aquél momento.
Varios camareros declararían en las semanas siguientes al crimen que habían visto a Cristina pelearse con dos hombres en la planta de arriba del local. Más tarde, el portero la vio salir por la puerta con esos mismos hombres, a quienes reconoció fotográficamente en dependencias policiales. El asunto empezaba a tomar color.
La Guardia Civil averiguó la identidad de ambos. Se trataba de dos vecinos de la Pobla de Vallbona sin oficio conocido. Uno de ellos se dedicaba a traficar con cocaína y el otro ingresó en prisión apenas una semana después de la muerte de Símil por otro delito. Un comienzo prometedor para llegar a la resolución del caso.
De los testimonios de ambos terminó saliendo un tercer nombre, el de un eslovaco asentado en Valencia y vinculado también a ambientes delictivos a quien, ¡oh casualidad!, los camareros de la sala de fiestas habían visto la misma noche en la planta baja del local. Es más, el hermano del eslovaco se gana la vida como camionero y, de nuevo casualidad o no, aparca el tráiler en una base muy cercana al lugar donde apareció el cuerpo quemado de la víctima. Y el tercer sospechoso frecuentaba ese aparcamiento de camiones porque solía ayudar a su hermano en más de una ocasión. Más indicios para el atestado policial, pero las pruebas seguían sin aparecer.
A lo largo de la investigación, el juez instructor, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Torrent, autorizó la intervención telefónica de los móviles de los sospechosos. Según las diligencias, ninguno de ellos habló del crimen, pero sí trataron de ponerse de acuerdo para fijar una coartada. Sospechosamente indiciario, pero no probatorio. Los análisis de ADN fueron llegando en los meses siguientes. Ni uno sólo de ellos probaba la presencia de los sospechosos en el lugar del crimen. Tampoco fue hallado rastro genético alguno de la víctima ni en los coches usados por los sospechosos, ni en los domicilios. En los registros, ni rastro de la peluca de Cristina. Nada físico que vinculase a víctima y sospechosos salvo la salida de los tres por la puerta de la discoteca. Ni siquiera el arma homicida: cualquier objeto contundente que sirvió para darle muerte de un golpe seco en la cabeza.
Aún así, y agotadas todas las vías de investigación pero con la convicción de su implicación en los hechos, la Benemérita detenía en agosto de 2009 a los tres hombres, a la novia de uno de ellos y a un hombre mayor que compartía casa con el traficante. Los últimos dos, por colaborar en el tejido de la coartada. Ninguno permaneció en prisión más de mes y medio.
Ahora, y con ese panorama desolador para afrontar una acusación con garantías de condena, la fiscal del caso ha optado por pedir al juez que cierre el caso sin procesar a nadie. En un par de meses, el instructor elevará el sumario a la Audiencia Nacional y el siguiente fiscal pedirá el sobreseimiento provisional de la causa. Un vuelco, una confesión podría reabrirlo. Y poco más.

Muerta por equivocación
Cuando los investigadores se pusieron a escarbar en los motivos que desencadenaron la pelea de Smail con los dos vecinos de la Pobla de Vallbona la noche de su muerte, llegaron a la esencia del móvil del crimen. O, al menos, eso parecía. El principal sospechoso solía utilizar los servicios sexuales de mujeres como Cristina. De hecho, quince días antes del asesinato, ese hombre había estado con otra prostituta transexual en un discreto motel de Riba-roja, escenario habitual de encuentros sexuales con y sin dinero de por medio, que goza de fama, entre otras razones , porque cuenta con un aparcamiento subterráneo que permite acceder a las habitaciones directamente, a salvo de miradas curiosas.
Los empleados reconocieron a este hombre y declararon que había estado en el hotel con su coche y había hecho uso del garaje. Ese encuentro acabó como el rosario de la aurora, ya que la prostituta le robó 800 euros procedentes, al parecer, de la venta de cocaína. Así figura en las declaraciones recogidas por los investigadores. Y, al parecer, el cliente había jurado venganza. El sospechoso acusó en varias ocasiones a Cristina de ser quien le había robado. Pero se equivocaba.

El arzobispo de Bruselas cree que el sida es un acto de “justicia”

El arzobispo de Bruselas cree que el sida es un acto de “justicia”

El arzobispo de Bruselas-Malinas, André-Joseph Leonard

El arzobispo de Bruselas-Malinas, André-Joseph Leonard, el máximo responsable de la Iglesia en Bélgica, describe el sida como un acto de “justicia”.

Sus declaraciones, citadas en un libro publicado recientemente, han causado un enorme revuelo en Bélgica. Unas palabras en las que no cabe malinterpretación ya que el portavoz del arzobispo ha asegurado que le advirtió de la polémica que generarían y no las quiso cambiar.

El libro de conversaciones con el prelado católico de más alto rango en Bélgica apareció este miércoles, y en él se indica que Leonard cree que el sida “no es una justicia divina” sino “una especie de justicia inmanente”, según extractos divulgados hoy.

El prelado justifica esa consideración señalando que jugar con la naturaleza del amor puede conducir a catástrofes así, y compara esa situación con las consecuencias medioambientales del abuso de recursos que el hombre está haciendo de nuestro planeta.

Estas manifestaciones recibieron inmediatamente las críticas de casi todo el espectro político belga, desde los nacionalistas flamencos del N-VA hasta los socialistas, pasando por liberales y los verdes.

Las declaraciones han sido descritas como “innobles”y “nauseabundas”

Desde “falta de compasión con los enfermos”, hasta las dudas sobre las posibilidades de reconciliación entre la Iglesia y la sociedad, pasando por comentarios como “innoble” o “nauseabundo”, numerosos ministros nacionales o regionales, así como parlamentarios, reaccionaron de forma muy negativa.

Y es que estos comentarios se producen un mes después de la presentación de un informe demoledor sobre los casos de pederastia en el país a manos de miembros de la Iglesia Católica. Algo que el propio Leonard calificó como “errores del pasado”.

El portavoz de Leonard, Jürgen Mettepenningen, intentó rectificar reconociendo, en la cadena de radio flamenca VRT, que “yo no lo hubiera dicho así”.

Mettepenningen explicó que, al releer el borrador del libro, advirtió de que esa expresión podía generar problemas, pero indicó que “el arzobispo no la ha modificado, al afirmar que no podía escribir otra cosa de lo que él piensa”.

“El arzobispo defiende el celibato a pesar de los escándalos de pederastia”

El libro “Monseñor Leonard: Conversaciones”, es una actualización realizada por autores flamencos de una obra de igual título publicada en francés en 2006, cuando el actual cardenal era solamente obispo de Namur.

En esas conversaciones, el arzobispo defiende el celibato sacerdotal a pesar de que está muy cuestionado por los escándalos de pederastia. Leonard recuerda que la mayoría de los casos de abusos sexuales de menores se dan en el ámbito familiar, sin que por ello se plantee la desaparición de la institución de la familia.

El prelado considera que, con el tiempo, es posible que desaparezca el celibato, pero “independientemente” de la cuestión de la pederastia en algunos religiosos.

Educación bloquea el acceso de los centros educativos a webs sobre diversidad sexual

Los escolares valencianos, sin embargo, pueden ver páginas en las que aprender a “fabricar bombas” o comprar armas

Los institutos valencianos no pueden acceder a páginas de contenidos basados en la diversidad sexual desde las aulas de informática. Al introducir palabras como “gay”, “lesbiana” y “homosexual” aparece un aviso de “acceso denegado” por el filtro de control del sistema informático de la Consejería de Educación, que cataloga estos términos como “pornografía”. Tampoco pueden acceder a webs nacionales e internacionales de organizaciones expertas en recursos educativos sobre sexualidad. Paradójicamente, los alumnos sí pueden abrir páginas en las que se enseña “cómo fabricar una bomba”, con la ‘receta’ íntegra y dónde comprar ácidos para su composición. También pueden ver webs en las que se puede “comprar y vender armas” on line o acceder a múltiples páginas y enlaces de grupos extremistas.

Este periódico ha comprobado in situ el funcionamiento del sistema en varios institutos de distintas zonas de Valencia capital, y ha palpado la “preocupación” de los directores por la restricción a contenidos educativos, ya que entre el alumnado hay niños con padres y madres homosexuales que pueden verse “discriminados” porque estas páginas se catalogan como pornografía. Es decir, “como si fuera un acto ilegal y punible”, afirma un docente. La Consejería de Educación ha admitido que aplica filtros para controlar el acceso general a determinados contenidos, pero no ha precisado de momento a qué temas o páginas afecta.

El bloqueo del acceso a páginas web ha sido denunciado hoy en un comunicado por el grupo parlamentario Compromís, que precisa que el bloqueo afecta a varias asociaciones, tanto españolas como internacionales, que informan sobre aspectos relacionados con la diversidad sexual. La denuncia llega en medio de la polémica por lasuspensión temporal de los cursos de educación sexual por parte de la Generalitat.

Entre las páginas bloqueadas por el Servicio de Asistencia Informática de la consejería se encuentran, por ejemplo, la de la web de la Federación Internacional de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales (www.ilga.org), la sección europea de esta Federación (www.ilga-europe.com) o la Federación Española de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales (www.felgtb.org). Por ello, la diputada Mònica Oltra ha registrado una pregunta en las Cortes dirigida al consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, para que dé “explicaciones oficiales” sobre el “bloqueo” en los centros educativos a páginas web que informan sobre la diversidad sexual.

Además, la coalición ha apuntado que el “delirio censor” de la consejería llega “al límite con la censura de dos páginas web que cuentan con apoyo institucional de la propia Generalitat: una de ellas es la que remite al Festival de la Luna, certamen de cine LGTB que cuenta con el apoyo del Museu Valencià de la Il.lustració i Modernitat (Muvim), que depende de la Diputación de Valencia, o del Colectivo Lambda, entidad declarada de interés social y que, además, ha sido reconocida por Educación para la organización de cursos de formación para el profesorado sobre diversidad sexual (www.lambdavalencia.org)”.

Según Compromís, “el acceso a cualquiera de estas páginas es imposible desde cualquier aula de informática de un centro educativo, porque el Servicio de Asistencia Informática de la Consejería de Educación las considera no recomendables para los ámbitos docentes y potencialmente peligrosas para los estudiantes”. Para Oltra, se trata “de un acto de censura inadmisible hacia asociaciones que informan sobre diversidad sexual, internacionalmente reconocidas y, algunas de ellas, declaradas de interés público o reconocidas como agentes de formación por la Generalitat Valenciana”.

La portavoz de Educación del PP en las Cortes, Maira Barrieras, ha arremetido contra Oltra y “la izquierda que no quiere ninguna protección en los colegios para los menores en el acceso a Internet”. No ha dicho nada, sin embargo, de las amplias posibilidades de comprar y vender armas de todos los calibres, fabricar bombas caseras y aprender a “cómo pegar a tu profesor”. Barrieras insiste en que se trata de “fantasmas” de la diputada de Compromís, porque está “obsesionada con las persecuciones”.

Barrieras ha dicho, además, que “estos filtros de protección de menores están contratados desde hace años a una empresa externa” de la que no ha proporcionado más detalle. Lo cierto es que cuando se veta la entrada en una página, la única información que recibe el usuario remite al sistema informático de la consejería, el SIA (Suport d’Assitencia Informàtica).

El gay atacado por cuatro militares dice que vive atemorizado desde entonces

Los acusados relatan en el juicio que fueron insultados por el militante de Zutik

“Quiero saber por qué me golpearon, si tenían algo contra mí por mi condición homosexual” preguntó en dos ocasiones Mikel Martín, de 50 años, militante de Zutik y miembro del colectivo gay EHGAM, durante su comparecencia en el juicio que comenzó ayer en los juzgados de San Sebastián contra un cabo y tres soldados, dos de ellos ya fuera del Ejército, que supuestamente le propinaron una brutal paliza el 13 de enero de 2005.

Martín, conocido por su activismo en EHGAM desde hace 32 años, recordó ayer: “Desde ese día no he vuelto a ser la misma persona”, aseguró en el juicio. La agresión le supuso 137 días de convalecencia hospitalaria y ocho meses de tratamiento psicológico. “Tengo miedo. Ahora soy más desconfiado porque esa brutalidad no la había vivido. Nunca me había cambiado de acera por temor a que alguien se me acercara y ahora lo haría”, explicó ayer por teléfono a EL PAÍS tras prestar declaración. “Siempre he pensado que todo el mundo es bueno hasta que se demuestre lo contrario”, agregó.

Entre otras lesiones, Martín sufrió varios traumatismos en el cráneo y la cara, heridas en el labio superior que le han dejado una cicatriz, policontusiones, el desgarro parcial de la cabeza del peroné y una fractura en la rodilla izquierda. Un testigo protegido aseguró que vio cómo los militares, que se encontraban en esos momentos de maniobras en el cuartel de Loyola, le propinaron más golpes de los que el activista gay recuerda.

Martín relató que la noche de los incidentes salía de un restaurante chino y se dirigía a un bar de ambiente cuando cuatro jóvenes “con cara de pocos amigos” se le acercaron y le increparon: “Tú seguro que eres uno de los que estás de acuerdo con ETA”.

El hombre intentó evitar el altercado y huir, pero dos de los militares acabaron golpeándole mientras los otros dos miraban. Martín recordó que se despertó ya en el hospital.

Los procesados, dos de los cuales ya no pertenecen al Ejército, relataron en el juicio una versión completamente opuesta. Según su testimonio, caminaban por la calle después de salir de un bar atemorizados porque los parroquianos les habían identificado como militares. Emtonces, uno de ellos se dio cuenta de Martín estaba vitoreando a ETA y les insultaba, siempre según la declaración de los acusados. Uno de ellos comenzó a perseguir entonces a Martín hasta que le alcanzó y le pegó “un puñetazo y un manotazo”. Los cuatro militares corrieron hasta coger un taxi del que se bajaron antes de llegar al cuartel y se separaron por parejas para pasar desapercibidos.

La fiscalía reclama un año y medio de prisión para los dos supuestos autores directos de la agresión y multas para los otros dos. Tanto la acusación particular, que ejerce Martín, como la popular, que representa a Zutik y a EHGAM piden tres años de cárcel. El juicio continuará el próximo lunes con la declaración de varios peritos.

Un juicio por «delito común» impregnado de trasfondo político

Los pasillos del Juzgado de Donostia se encontraban ayer muy concurridos, entre otros por amigos y compañeros de militancia del miembro de Zutik y portavoz habitual de EHGAM Mikel Martín. Fueron a apoyarlo en el juicio contra cuatro militares españoles acusados de haberle agredido brutalmente hace casi seis años.

Concentración de apoyo a Mikel Martin que sufrió una paliza a manos de cuatro militares el día en el que comienza el juicio contra los cuatro acusados.

Concentración de apoyo a Mikel Martin que sufrió una paliza a manos de cuatro militares el día en el que comienza el juicio contra los cuatro acusados.

Cuando la ujier comenzó a llamar a los convocados, los cuatro encausados se acercaron a la puerta junto a su abogado, si bien se retiraron a una esquina de los pasillos en cuanto confirmaron su presencia. Sin embargo, no pudieron evitar el tenso cruce de miradas con el agredido, que les reconoció enseguida. «Son ellos», aseguró un tanto afectado por los recuerdos que, a buen seguro, afluyeron a su mente.

Al acceder a la sala se escuchó alguna que otra frase como «ahí están los fachas», pero la vista empezó sin mayores contratiempos. En las cuestiones previas, la juez de la Sala de lo Penal nº 5 aceptó varios documen- tos propuestos por Miguel Castells, abogado de la acusación particular, pero rechazó otras peticiones por «innecesarias» o «improcedentes».

En general, la magistrada se mostró bastante estricta en cuanto al procedimiento. Tanto es así que, una vez comenzada la vista, no dejó acceder a nadie a la sala y prohibió a los asistentes abandonarla debido a que el letrado de los acusados no aceptó dicha posibilidad. La juez dejó bien claro que no permitiría que cuestiones de procedimiento como ése provocaran la nulidad del juicio.

«Acojonados»

Una vista cuya celebración tardía fue invocada por la defensa para reclamar, en vano, el sobreseimiento de la causa. Cristian Rivera fue el primero en declarar. El ex militar negó que aquel 13 de enero de 2005 hubieran abordado al agredido tras toparse con él, después de dejar un bar «en el que nos trataron hostilmente cuando se dieron cuenta de nuestra condición de militares». Es más; aseguró que fueron «perseguidos por un grupo de personas» y que su pretensión era «largarse cuanto antes porque estábamos acojonados». No obstante, reconocía que había agredido a Martín porque éste «profirió insultos como txakurra o hijo de puta» contra ellos.

Exculpó a sus compañeros manifestando que Alberto Luengo se acercó para retirarle y que los otros dos -Daniel Carrillo y José Antonio Rodríguez Herrero-, acusados de no actuar para evitar la agresión, no intervinieron en la misma. Las versiones de estos tres acusados coincidieron, globalmente, con la de Rivera.

La fiscal, el abogado de la acusación particular y el que representa a la acusación en nombre de Zutik, Enrique Lertxundi, intentaron conocer la razón por la que, tras los hechos, los encausados, que habían tomado un taxi, no retornaron al cuartel «si tan asustados estaban» y se dividieron en dos grupos al apearse del vehículo. Todos ellos respondieron que tienen «la or- den» de no revelar el destino del cuartel y de bajar en calles de las cercanías.

Para quitar intencionalidad al hecho de que se separasen, el abogado de los paracaidistas adujo que «en su práctica militar funcionan por binomios».

Un lío con las calles

Mikel Martín ofreció una versión bien diferente, según la cual fue abordado violentamente mientras le increpaban diciendo que «seguro que eres de los que apoyan a ETA».

La declaración de un testigo protegido fue coincidente, aunque el desconocimiento del letrado de la defensa de la ciudad donostiarra y las preguntas de la fiscal sobre la exacta ubicación de los protagonistas en las calles casi terminaron por hacerle un lío. No tanto, sin embargo, como para dejar claro que fue una agresión «salvaje». Rondando las tres de la tarde, la juez fijó para el 11 de octubre la siguiente sesión del juicio.

Arantxa MANTEROLA

Juicio a cuatro militares por dar una paliza a un homosexual

Cuatro militares acusados de propinar en 2005 una paliza a un izquierdista militante de una asociación de homosexuales en San Sebastián serán juzgados hoy en un Juzgado de lo Penal de la capital guipuzcoana, según informó ayer el colectivo Egham.

Dos de ellos están acusados de ser los autores materiales de la agresión, mientras que los otros dos están imputados por no evitar la paliza ni asistir al herido, Mikel Martín, miembro del partido político Zutik y de Egham. Este sufrió numerosas heridas y estuvo convaleciente durante un total de 137 días.

El juicio fue suspendido en mayo de 2007, después de que la defensa revelase en las cuestiones previas de la vista que uno de sus clientes prestó declaración sin ser asistido por un abogado. Ello obligó a repetir las diligencias. El fiscal reclama un año y medio de prisión para cada uno de los dos presuntos agresores y multas para los otros dos.

El Parlamento vasco pide que la OMS retire la transexualidad como enfermedad mental

La iniciativa, suscrita por los grupos parlamentarios PNV, PSE, Aralar y Mixto -EA, EB y UPyD-, ha sido apoyada también por el PP

Todos los partidos representados en el Parlamento vasco han reclamado hoy que la transexualidad deje de considerarse como una enfermedad mental por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La iniciativa, suscrita por los grupos parlamentarios PNV, PSE, Aralar y Mixto -EA, EB y UPyD-, ha sido apoyada también por el PP durante su votación en el pleno ordinario que celebra hoy la Cámara vasca.
En la proposición no de ley aprobada por unanimidad, el Parlamento insta al Gobierno vasco a que adopte las medidas oportunas para que la transexualidad deje de incluirse en la clasificación internacional de enfermedades de la OMS y del Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales de la asociación de psiquiatría estadounidense.
Asimismo, se insta al Gobierno de España a activar las gestiones oportunas ante la OMS para la retirada de la clasificación de la transexualidad como enfermedad mental aprovechando el proceso actualmente en curso de revisión de las clasificaciones que establece dicha entidad de referencia en los sistemas sanitarios y ordenamientos jurídicos.

Miguel Sanz abrirá en Iruñea un cónclave del Opus contra los derechos de los homosexuales

La Universidad de Navarra, del Opus Dei, prepara su «Primer Congreso Internacional sobre Ideología de Género». Para ello, ha convocado a pensadores de ultraderecha que defienden una involución de los derechos de los homosexuales y la supremacía de la familia cristiana. El presidente navarro, Miguel Sanz, ha confirmado su presencia y dará marchamo oficial a esta cita participando en la charla inaugural.

Aritz INTXUSTA

La batalla en favor de los derechos de gays, lesbianas y transexuales sigue viva. Mientras la legalización del matrimonio homosexual se abre camino por Sudamérica, grupos ultraconservadores como el Tea Party de EEUU trabajan en favor de su prohibición cada vez con más fuerza. Tampoco en Euskal Herria la derecha ha dado la pelea por perdida, sino que redobla sus esfuerzos para devolver a la familia cristiana la supremacía que le otorgaba hasta hace bien poco la ley. En este contexto, la universidad del Opus Dei de Iruñea celebrará un gran cónclave que reunirá a teóricos de diversos países para que defiendan teorías como que el matrimonio gay abre las puertas a la clonación humana, y también a miembros de la judicatura española que se han destacado por actitudes homófobas y antifeministas, como el juez José Luis Requero Ibáñez, que se hizo famoso por su frase: «Las feministas quieren hacer que el aborto sea una operación de juanetes».

El Congreso durará del 9 al 11 de febrero. En su página web, la institución ultraconservadora que se encarga del acto -el Grupo de Investigación Interdisciplinar Igualdad y Género- no oculta que el único objetivo de la cita es desmontar los preceptos legales sobre los que gays, lesbianas y transexuales han apuntalado sus derechos. Según su presentación, el congreso pretende crear «un foro de debate» sobre otras «propuestas realistas de la noción de género, que respondan a una antropología más adecuada sobre el ser humano, varón y mujer». Así, el fin de las charlas consiste en rebatir el uso «indebido» de la palabra género para impedir que los individuos «elijan a qué sexo pertenecen e, incluso, pasar de un sexo a otro».

Alarma que, ante la radicalidad de este discurso, el presidente del Gobierno de Nafarroa se preste a avalarlo en persona y tenga reservada una actuación protagonista dentro del mismo. Asimismo, el hecho de que la universidad otorgue un crédito de libre elección a los alumnos que participen en el congreso ofrece una pista sobre qué prima en el rectorado de la Universidad de Navarra, si el rigor académico o el dogma religioso. En principio, el congreso va destinado a «profesores universitarios, estudiosos del tema, alumnos universitarios y público en general». El coste para participar es de 200 euros para los interesados extraños al campus, pero queda reducido a 60 euros para el alumnado.

El currículum de los ponentes

En la primera de las jornadas participa Lucetta Scaraffia, autora del polémico libro «Contra el cristianismo: la UE y la ONU como nueva ideología». El texto de Scaraffia constituye una crítica sangrante contra Naciones Unidas, institución a la que acusa de promulgar un «relativismo totalitario». La dureza del libro de la periodista italiana le valió la crítica de instituciones cristianas, como la Alianza Evangélica Europea, que acusaron a la autora de haber ido «demasiado lejos». Scaraffia, además, escribe regularmente en el periódico vocero de El Vaticano («L’Osservatore Romano»), donde ha aseverado que las víctimas «no son los homosexuales cuando son discriminados, sino los hijos que quieren o quisieran tener».

Otra de las estrellas del primer día de congreso será Laura Palazzani, quien defenderá la problemática jurídica y filosófica del término género. Esta académica italiana defiende que «la identidad sexual no se puede elegir de una forma arbitraria, sino atendiendo a la naturaleza del ser humano». Palazzani sostiene esta premisa sobre argumentos apocalípticos. Para ella, el reconocimiento de derechos de homosexuales y transexuales abre la puerta a: la anulación de la maternidad, la posibilidad de que la mujer tenga un hijo sin necesidad de un hombre, la creación de úteros artificiales y hasta la clonación humana.

Por otra parte, la encargada de explicar los males que genera la ideología de género en la legislación internacional será Jane Adolphe, de la Ave Maria School of Law. Básicamente, su tesis es que el artículo 16 de los Derechos Humanos («La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado») define una supremacía de lo que ella entiende por «familia natural» -es decir, hombre y mujer- sobre las nuevas formas de familia. Por ello, Adolphe defiende que cuando un Estado otorga a familias de personas del mismo sexo los mismos derechos que a una «familia natural» está vulnerando los Derechos Humanos.

El segundo día, el nivel de las ponencias aumenta en radicalidad. La figura más polémica es la del ex vocal del Congreso General del Poder Judicial, José Luis Requero, reconocido miembro del Opus Dei, casado y con diez hijos. Este juez ha comparado la homosexualidad con la zoofilia o la poligamia. Requero ha hecho del aborto, el divorcio exprés y el matrimonio homosexual cruzadas personales. «Si mi hijo fuera homosexual, yo jamás iría a su boda», publicó recientemente en prensa. Asimismo, ha emitido informes críticos contra las leyes del aborto, del matrimonio homosexual e incluso contra Ley de Violencia de Género. En lo concerniente al género, sobre las adopciones por parte de parejas del mismo sexo, Requero solicitó que se incluyera una cláusula de objeción de conciencia, mediante la cual las entidades gestoras de las adopciones pudieran negarse a entregar los niños a familias que no cuadraran con los principios de la familia cristiana. No obstante, quizá el escándalo más sonado protagonizado por el jurista fue el de acusar a las feministas de pretender que la interrupción voluntaria del embarazo sea como una operación de juanetes. Requero fue atacado por distintos colectivos progresistas, pero unos días después se reafirmó: «Insisto y me mantengo: las feministas quieren que abortar sea una operación de juanetes». La conferencia del juez en Iruñea tendrá lugar el día 10 por la mañana, bajo el título «La ideología de género en el derecho español».

Un final mesiánico para la cita

Tres personas se encargarán de abrir el congreso: Ángel José Gómez Montoro (rector), Ángela Aparisi (presidenta del comité organizador) y Miguel Sanz. Sin embargo, el cierre corre a cargo de una sola persona, Francesco D’Agostino, de la Universidad Italiana Tor Vergata. El profesor D’Agostino quizá sea el que habla más claro sobre el pensamiento que mantiene el extremismo católico sobre la homosexualidad y la transexualidad. Para él, la eliminación de la homosexualidad de la lista de patologías de la Organización Mundial de la Salud no es más que «una hipocresía». D’Agostino sostiene que entender la homosexualidad como patología «no significa discriminarla, sino todo lo contrario. Como patología, la homosexualidad tendría unos derechos de atención propios de cualquier otra enfermedad del estilo. Pero esta banalización de lo que realmente es le quita estos derechos». Es decir, que la sociedad actual ha robado a los homosexuales el derecho a curarse. D’Agostino va más allá: «Si negamos que estamos ante una patología, ¿por qué no lo negamos también para la pedofilia, el sadismo, la necrofilia…?».

En cuanto a la transexualidad, el principal ponente del congreso de febrero en Iruñea opina que el cambio de sexo constituye «uno de los fraudes más graves de la mente. Un individuo que no se reconoce, que se opera para cambiar de sexo… es un engaño: sigue siendo el que era antes, pero con una operación plástica que no le permite actuar como hombre o mujer real. Es un desastre».

Quien así se expresa es presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos, miembro de la Pontificia Academia pro Vida y Presidente Honorario del Comité Italiano para la Bioética. Desde este cúmulo de títulos, el profesor D’Agostino ofrece una visión del mundo propia de un fundamentalista. Para él, las familias de personas del mismo sexo, «como todas las cosas antropológicamente falsas, caerán por su propio peso. Aunque a veces cae después de mucho sufrimiento, muchas vidas, mucho sacrificio…». Así, desde su perspectiva, la conquista de derechos de los homosexuales es poco más que una pesadilla, porque «más allá del cristianismo y de las herejías cristianas, el futuro no existe».

El Supremo mexicano declara legal que los gays adopten

Por nueve votos a dos, el Tribunal Supremo de Justicia de México declaró ayer legal que los matrimonios de personas del mismo sexo adopten menores. Con su veredicto, el máximo tribunal mexicano desechó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno federal contra la legislación de la ciudad de México, que en diciembre pasado permitió las bodas gay.

La ratificación de la Corte llegó tras ataques de grupos conservadores, particularmente de la Iglesia católica. En las últimas dos semanas, en distintos pronunciamientos, dos cardenales han considerado que los jueces tienen una conducta “aberrante” y que se han dejado corromper por autoridades del Distrito Federal, gobernado por el izquierdista PRD.

Tras siete rondas de debates, los magistrados desecharon ayer el recurso interpuesto por el fiscal, perteneciente al Gobierno de Felipe Calderón. En su alegato, demandaban que la corte declarara inconstitucional los matrimonios homosexuales con el argumento de que en la Carta Magna se establece un modelo de familia compuesto únicamente por un hombre y una mujer y porque la adopción de homosexuales atenta contra el derecho de los niños.

Nueve votos a dos

Uno a uno los alegatos del fiscal fueron desechados. Al final, el resultado fue de nueve votos a dos a favor de la adopción por parte de homosexuales. Hace dos semanas, el tribunal aceptó la constitucionalidad de la ley de la capital mexicana. Posteriormente, obligó al resto de estados a aceptar las bodas que realice el DF.

La Iglesia católica atacó a la Corte en la víspera de la sesión final. Desde Guadalajara, uno de los dos estados que se sumaron a la fiscalía en su impugnación a la nueva ley, el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez dijo el domingo que los jueces habían sido “maiceados” (corrompidos con dinero) por las autoridades DF y por “organismos internacionales”. “No sé si a alguno de ustedes les gustaría que lo adoptaran un par de lesbianas o un par de maricones. Creo que no”, declaró ante los periodistas el cardenal de Guadalajara, que se refirió al tribunal como la “suprema decepción”.

Los jueces aprobaron de manera unánime al inicio de la sesión una moción de censura en rechazo a las declaraciones del purpurado. Los magistrados concluyeron con un llamamiento a evitar conductas y prácticas discriminatorias.