Lesbianas en el ginecólogo: heteros hasta que se demuestre lo contrario

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Foto de archivo de una consulta ginecológica. EFE

-¿Pero ella también se ha echado la crema?

-Sí, estuvimos juntas después de varias semanas. Pero por lo que me dijo tu compañera, al estar en tratamiento ese es un periodo de seguridad, ¿cierto?

-¡Mujer, pero verse y hablar no pasa nada!

-No estábamos hablando. Ella es mi pareja sexual.

Podría haber tenido lugar en una consulta cualquiera, pero es lo que le pasó a Mai Insua hace algo más de un año en urgencias. Su relato no es solo una anécdota, es la experiencia más o menos generalizada entre las mujeres que tienen sexo con mujeres en sus citas con el ginecólogo. Un momento íntimo al que, en su caso, se suman los prejuicios, los comentarios incómodos o las situaciones violentas entre las que una destaca por encima de todas: la presunción de heterosexualidad. Es decir, concebir a priori que esa es la orientación de una persona hasta que se demuestre lo contrario.

“Es algo que ocurre de manera permanente y se entrevé en las cuestiones que te plantean. Cuando te preguntan ‘¿mantienes relaciones sexuales?’ o ‘¿son con penetración?’, lo que en realidad te están preguntando es si tienes un coito heterosexual, pero sin decírtelo”.

Insua, que es psicóloga y terapeuta sexual en Galicia, abunda en esta idea: “Es una pregunta trampa porque solo se refieren a ese tipo de penetración, con pene, y conciben el sexo como sinónimo de coito asumiendo que no hay más diversidad en las relaciones sexuales. Socialmente sigue concibiéndose la idea de que si no hay penetración no hay sexo. Eso nos invisibiliza, sesga mucho las posibilidades de atención y hace que no nos sintamos esperadas. Y si no soy esperada es probable que no sepas tratarme adecuadamente”, prosigue.

El escenario ya no es el mismo que hace una década, sobre todo entre ginecólogos más jóvenes, –coinciden las mujeres entrevistadas para este reportaje– porque l a sensibilización social es mayor y  las  reivindicaciones LGTBI han ocupado la agenda, pero este tipo de situaciones siguen siendo comunes. Isabel Serrano, ginecóloga e integrante de la Federación de Planificación Familiar Estatal, cree que “salvo excepciones, no hay un componente ideológico de rechazo, si no más bien falta de formación y de tiempo”. 

La continua salida del armario

Cuando Sara López le respondió al ginecólogo que no utilizaba métodos anticonceptivos, él le espetó sorprendido: ‘¿Cómo que no? ¿Entonces no mantienes relaciones sexuales?’. La ginecóloga de Rosa (nombre ficticio), otra de las mujeres consultadas, se llevó las manos a la cabeza cuando le dijo que no empleaba estos métodos y le reprochó que si estaba loca, que si no era consciente de los riesgos que corría, que podía estar embarazada. La joven acababa de volver de una estancia en California, donde fue por primera vez al ginecólogo. Allí le hicieron rellenar un papel en el que le solicitaban el género de sus parejas sexuales. De esta manera, la médica ya contaba con esa información.

“Nunca pensé que la situación pudiera ser tan diferente en una consulta en España. Aquella vez le reproché que estaba asumiendo que era heterosexual, pero en otra ocasión, en la que otra doctora presupuso que no mantenía relaciones sexuales porque le había dicho que no usaba anticonceptivos y que no tenía pareja estable, sentí que no tenía fuerzas para salir del armario con ella. Después me enfadé conmigo misma por no haber sido honesta, pero es agotador tener que estar continuamente haciendo un esfuerzo por visibilizar quién eres”, dice Rosa, que se define como bisexual.

Se refiere a la continua salida del armario que pesa sobre las personas LGTBI, lo que en ocasiones se suma a la vergüenza, al no querer ser irrespetuosas y a la falta de reacción. “Muchas veces te quedas cortada o no sabes qué decir porque te hace sentir muy incómoda”, explica Elena Gallego, lesbiana que vive en Madrid.

Gloria Fortún, de 39 años, recuerda una de estas situaciones en su última visita al ginecólogo: “Al decir que era lesbiana utilizó conmigo el espéculo –instrumento médico empleado para dilatar la vagina– más pequeño que tenían, el que se usa con las adolescentes que van por primera vez. Yo no sabía si reír o llorar”.

Lo que en el fondo subyace a este tipo de anécdotas es la idea de que “el sexo entre mujeres no es sexo de verdad”. “Revelan un profundo desconocimiento sobre cómo pueden ser este tipo de relaciones, como si no pudiera haber penetración más allá del pene ni otro tipo de prácticas sexuales. A mí han preguntado, tras decir que mis parejas son mujeres, ‘entonces puedo explorarte ¿no?'”, explica Insua.

A Elena le han llegado a reprochar ‘entonces ¿qué haces aquí?’ tras revelar en una consulta que mantiene relaciones sexuales con mujeres. Con ello, además, el especialista asume a priori que estas mujeres nunca han mantenido relaciones sexuales con hombres. “Hay que hacer las preguntas adecuadas que nos induzcan con delicadeza a saber y nunca hay que dar por hecho nada”, dice Serrano.

El vacío de las ETS entre mujeres

La invisibilización de la identidad se une al desconocimiento sobre las enfermedades de transmisión sexual (ETS) que pueden transmitirse. “Tengo amigas a las que les han mandado para casa al saber que no tienen relaciones heterosexuales y asumir que no tienen nada que explorar. No es difícil pensar que quedan enfermedades sin diagnosticar”, dice Insua. Mar, otra de las mujeres consultadas, preguntó directamente a la ginecóloga qué posibilidades tenía de contraer una ETS al mantener sexo con chicas. Le dijo que ninguno, que estuviera tranquila.

Para esta joven lesbiana, las consultas médicas “ocultan una gran diversidad de formas de vivir la sexualidad, pero también de vivir el riesgo. Mi ginecóloga no supo responderme porque estaba desinformada y tenía una serie de concepciones a priori que le han hecho no interesarse por su cuenta”. Algo que, prosigue, “tiene que ver con que la concepción del sexo es muy falocéntrica y en cuanto falta eso, las relaciones se consideran algo infantil o muy afectivo pero poco sexual”.

Todas las mujeres consultadas para este reportaje coinciden en afirmar que nunca han sido informadas sobre la incidencia de determinadas ETS en mujeres que practican sexo con mujeres y tampoco les han hablado de métodos para evitarlo. De hecho, lo más habitual es no utilizar ninguno. 

La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA)  realizó en 2007 uno de los pocos estudios que existen sobre esta realidad.Aunque antiguo, reveló que las lesbianas acuden menos al ginecólogo y que en las consultas hay “obstáculos para la comunicación” por “la dificultad” de revelar su identidad y la presunción de heterosexualidad de los médicos: “Esta invisibilidad en la salud puede tener consecuencias importantes para el bienestar psicofísico”. 

La literatura científica sobre ETS entre mujeres es prácticamente inexistente y, de hecho, nunca son objeto de las campañas de prevención del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  Su página web cuelga todas las que ha puesto en marcha desde 2005, pero ninguna ha tenido por público objetivo a las mujeres lesbianas o bisexuales. Sí lo han sido, por el contrario, los gays o los heterosexuales.

Iria, médica de familia en la sanidad pública, relaciona este vacío   con una falta de formación en las carreras de medicina y con “una concepción heteropatriarcal” de la misma, que todavía está vigente. “Los ginecólogos muchas veces no hacen las preguntas adecuadas para hallar las patologías que tenemos porque con las mujeres lesbianas o bien se da por hecho que no las va a tener o no se le concede toda la importancia que debería”, sentencia.

La experta insiste en el tema de las ETS “por las implicaciones que pueden tener” y añade: “Un detalle que jamás he visto preguntar es por el uso de juguetes eróticos, si se usan, cómo y, sobre todo, si se protegen”.

Anciano y gay: la fórmula de la sexualidad escondida

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  • Toda una generación LGTBI, nacida durante el franquismo, aún padece las secuelas de la represión sexual: “Se buscaba en las cloacas”, explican  
  • La senectud no se asocia a lo carnal, “hay una creencia de que en la vejez el sexo no se hace desde un lugar natural”, analiza la sexóloga Marian Pontes
  • “Les hacemos saber que tienen derecho a sentirse queridos y deseados, y de una forma saludable”, apunta Fernando Armentero de la Fundación 26 de diciembre

Jesús Herrerro durante una entrevista.

Jesús Herrero sorbe su café sentado en la terraza de un bar mientras aparta las moscas con la mano. Lo hace con el mismo gesto con el que se ha sacudido durante años la palabra “maricón” en boca ajena. A sus 75 años vive su sexualidad con menos pudor que cuando tenía 20. En voz baja, porque así es como se hacen las confidencias, dice: “A veces veo un chico en el metro y pienso: ‘Ay, qué guapo’. Pero nunca les digo nada, eso les puede violentar”.

Es tan “religioso como marica”, asegura. Estudió Filosofía y Teología en un seminario de Francia, su sueño era ser misionero en África pero le expulsaron por ser gay: “Me dijeron que era muy nervioso. Sutilezas”. Su orientación sexual fue durante décadas como vestir de luto y guardar silencio.

Jesús es un ejemplo de esa generación LGTBI que va más a misa que al barrio de Chueca, polo de liberación gay en Madrid. Aquella que nació en los años 30 y 40 del siglo XX. El mundo en el que despertaron carecía de libertades. En España ahora permite el matrimonio igualitario. Muchos de ellos, sin embargo, aún sienten que viven en los márgenes.

“A esta gente le costó mucho salir del armario no quieren volver a uno. Saben que en una residencia convencional no se van a sentir aceptados, no podrían exhibir su sexualidad en un sitio así”, explica Federico Armentero, director de la Fundación 26 de Diciembre, una organización que trabaja con personas de la tercera edad y del colectivo LGTBI. Muchos de ellos rompieron lazos con su entorno cuando sus familias les dieron la espalda al saber que eran homosexuales.

“Te haces viejo y estás solo. Te invitan a una boda y te dicen: ‘¿Vas solo?’. Sí, voy solo. Yo querría ir con un hombre, agarrado del brazo… Cuando eres joven no te importa, pero con los años comprendes que estarás solo siempre”, cuenta Jesús.

El viejo verde y la mujer invisible

Culturalmente, la senectud no se asocia a lo carnal, analiza la sexóloga Marian Pontes. “Hay una creencia de que en la vejez el sexo no se hace desde un lugar natural. En los hombres está la figura del ‘viejo verde’ y las mujeres ni siquiera cuentan porque en una sociedad patriarcal, como ya no pueden procrear, el sexo pierde sentido. La sexualidad está asociada a la genitalidad y a la belleza física y eso nos esclaviza”.

“Nuestro colectivo ha vivido una sexualidad muy reprimida, buscando en las cloacas. Eso no es saludable. Aquí les enseñamos a que el placer es mucho más que eyacular”, explica Armentero. La organización ofrece servicios sexuales: “Aquí la gente no llega y dice: ‘Quiero una paja’. Bueno, igual sí, pero no funciona de esa forma. Es un proceso. ¿Quieres sexo? Vale, vamos a ver cómo. Hay personas enfermas que ya ni tienen erecciones. Con ellos pasas más tiempo lavándoles el cuerpo, les das aceite, les acaricias durante el baño, les masajeas, les tocas el pene… No es algo impuesto o algo que nosotros creamos que necesitan. Se habla y según lo que la persona demanda, se hace”, añade.

Jesús es uno de los usuarios de este servicio. Si la persona lo puede costear, la fundación solo les ayuda a encontrar a alguien adecuado: “Nuestra gente tiene muchos complejos. Unos con cáncer de próstata, otros con VIH, otros que creen que su cuerpo da asco… Aquí trabajamos con escorts que saben tratarles. Estás muy equivocado si piensas: Tienes servicio de chapero, qué bien’. Aquí se trabaja la sexualidad, no se les masturba y ya está. Les hacemos saber que tienen derecho a sentirse queridos y deseados, y que se puede hacer de una forma saludable”, apunta Armentero.

El rechazo erosiona la autoestima. Jesús recuerda cuando contrató los servicios de un prostituto: “Él eyaculó y cuando acabó, le dije: ‘Me toca a mí’. Se negó”. También cuando conoció a otro hombre que le pidió que no se quitase la camiseta: “No me quería ver, le daba asco”.

La fundación le puso en contacto con el escort que acude a su casa dos veces al mes: “Le pago 200 euros. Es como un amigo, solo que él se gana la vida así. Llega y me da un beso, me acaricia, me escucha. A veces solo se tumba a mi lado y hablamos. Otras veces la cosa se anima un poco más”, dice riendo.

La brecha de género

Iván Zaro, trabajador social de la asociación Imagina Más que asiste a prostitutos, explica que a las personas de más de 60 años “se les condena al ostracismo” en el terreno sexual. “A las mujeres, directamente, se les amputa el deseo”. Algunos de los trabajadores sexuales que acuden a esta ONG ejercen para la Fundación 26 de Diciembre: “Los hombres mayores que requieren estos servicios están en una situación de vulnerabilidad física. A esas edades, si el prostituto quiere pegarle una paliza al cliente anciano, lo hace”, señala Zaro.

El trabajador social apunta que el género influye en las relaciones de poder que se establecen en la prostitución: “En la masculina, la trata es prácticamente inexistente. Ya partiendo de esa base, es muy diferente el servicio que requiere un hombre gay anciano que el que pide un hombre hetero”. Zaro también reconoce que apenas hay mujeres que hagan uso de este servicio.

En la propia Fundación 26 de Diciembre asumen que hay una brecha de género: “Hay muy pocas mujeres. Vienen sobre todo trans, y lo especifico porque son mujeres con pene que se han visto abocadas a ejercer la prostitución. Con ellas hacemos trabajo psicológico porque han aprendido que su sexo solo lo buscan aquellos hombres que se excitan cuando ven dos pechos y un pene en un mismo cuerpo. Es injusto para ellas. Están en los márgenes de los márgenes”, señala Federico Armentero.

“Primero tienen que desaprender que no son simples objetos sexuales; después intentamos que aprendan que hay muchos otros puntos de placer. A menudo, al hormonarse pierden deseo sexual. O simplemente, por presión social, el pene es algo traumático para ellas y rechazan alcanzar placer a través de él”, añade.

Dice Jesús que le hubiese gustado no ser homosexual, tener una vida “facilita”. “Acepté mi orientación ya casi con 60 años. Me habría gustado envejecer junto a alguien pero no podía decir: ‘Mi novio’. Era ‘el amigo con el que vivía’. Cuando ya no tuve que esconderme más resultó que ya era anciano”. Su discurso no es el del romanticismo, sino el de alguien que sufre la soledad como si fuese un alimento abandonado en una nevera: “No es que sea necesario estar con alguien, pero que estar solo sea una elección”.

‘Chemsex’, mucho más que sexo con droga

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Las sustancias utilizadas y el tipo de práctica sexual definen a estas sesiones que ya se tratan como un problema de salud pública

Fotograma de la película ‘Chemsex’ (William Fairman, Max Gogarty, 2015).

El término chemsex surge de la expresión chemical sex, sexo químico. Pero para que un ayuntamiento como el de Barcelona haya incorporado su práctica como un problema de salud pública no cabe duda de que el chemsex traspasa determinados límites tanto en el uso de las drogas como en el del sexo. Durante mucho tiempo se ha usado este término para referirse al uso de cualquier sustancia en un contexto sexual de cualquier grupo de población. Pero hoy y según todas las asociaciones especializadas en el tema, el chemsex es el uso combinado de metanfetaminas o crystal meth, GHB o éxtasis líquido y mefedrona (acompañados de otros estimulantes como el poppers y la viagra) por parte de hombres que tienen sexo con otros hombres. Estas sesiones se prolongan durante varias horas e incluso días, y aunque los servicios de salud pública lanzan campañas contra el uso de cualquier droga, están poniendo ahora un foco especial en las chemsex ya que suponen un reto por las peculiaridades de esas sustancias. Las chemsex están generando un nuevo tipo de adicto, además de un repunte de las infecciones de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, algo muy preocupante.

El alcohol y las drogas se han usado para el sexo históricamente en todos los colectivos. El problema de sustancias como la mefedrona, el GHB y el crystal meth(también llamado tina) es que generan una especial desinhibición de cara al sexo, y permiten su uso durante muchas horas con un “subidón” constante. Esto es particularmente peligroso, ya que los efectos de una de las drogas se contrarrestan con la otra y esto hace que estas sesiones duren hasta varios días con el consiguiente daño físico y mental. Dentro del chemsex está la modalidad llamada slam, en la que las drogas se inyectan para conseguir efectos más fuertes y rápidos. Además del enorme riesgo de compartir jeringuillas, con esta práctica aumentan enormemente las posibilidades de sufrir una sobredosis, en ocasiones mortales. En algunos foros sobre el tema se puede leer que en países como Estados Unidos o Reino Unido (cuna del chemsex) lo último es llevar a uno de los participantes al límite, es decir, jugar a rozar la sobredosis (en el argot se denomina “doblar”) o incluso alcanzarla premeditadamente a sabiendas de que se puede terminar muerto.

Más allá de los problemas derivados de la adicción a estas drogas, el aumento de infecciones de VIH y otras enfermedades como la hepatitis C es la principal preocupación de las autoridades sanitarias respecto al chemsex. Las posibilidades de caer en prácticas de riesgo estando borracho o bajo los efectos de una droga son siempre mayores, pero se multiplican en el caso de una de estas sesiones. El GHB o la metanfetamina afectan directamente a la consciencia, y chicos que normalmente usaban condón en sus relaciones aseguran que al tomarlas es muy fácil olvidarse de tomar precauciones. En el caso del éxtasis líquido, los médicos apuntan a que favorece el sexo anal ejercido con fuerza ya que es un anestésico, lo que favorece aún más los riesgos de infección por la rotura de capilares sanguíneos. El resto de papeletas para terminar contrayendo una enfermedad lo aporta la naturaleza orgiástica de estas sesiones. En las chemsex lo normal es tener sexo con muchos hombres. En muchos casos se llega a perder la cuenta.

El reto ahora es abordar la problemática del chemsex por un lado como problema sanitario. Asociaciones del colectivo gay, y desde ahora también poderes públicos como el ayuntamiento de Barcelona, tienen campañas de concienciación respecto al uso de estas nuevas drogas. Respecto al repunte de contagios por VIH, estas asociaciones apuestan porque se distribuya de forma gratuita el llamado PreP, un combinado de medicamentos antirretrovirales que impide la transmisión del virus del SIDA. Pero advierten de que el chemsex tiene sus raíces en las presiones sociales específicas del mundo gay. Un colectivo generalmente más liberal en cuanto al sexo, y por tanto más vulnerable a los excesos y sus consecuencias.

Los derechos de la derecha. El PP y la ley LGTBI

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Beatriz Gimeno
Diputada en la asamblea autonómica de la Comunidad de Madrid, grupo parlamentario de Podemos

Si alguien no ha entendido que el Partido Popular miente siempre, por principio, es que no ha entendido de qué va esto. La política no es el reino de la pureza, ya lo sabemos, pero ciertamente la política que se resuelve con los votos que se depositan en las urnas tiene unas características particulares que hacen que la derecha se vea obligada a mentir todo el tiempo; que la mentira sea, tenga que ser en realidad, la base de su imagen pública. La derecha gobierna contra el interés general. La derecha hace políticas que harán más ricos a los ricos y más pobres a los pobres; más ricos a los pocos y más pobres a los muchos. Con estas intenciones, ganar las elecciones dependen de mentir, de lo bien que se mienta y de que la gente se lo crea más o menos. Todo el sistema, con la mayoría de los medios de comunicación como punta de lanza, se encarga de hacer que las mentiras sean creíbles el mayor tiempo posible.

El  PP lleva años empeñado en acudir a la manifestación del Orgullo que se celebra en Madrid, especialmente el pseudoprogresista PP de Cristina Cifuentes que con una mano dice que aprueba leyes de derechos LGTBI (que en realidad no aprueba) mientras que con la otra dice que no apoya, (pero en realidad sí apoya) a personajes como el machista y lgtbifóbico alcalde de Alcorcón David Pérez. El caso es que este año era el World Pride y el PP no quería perderse la visibilidad que da ir en pancarta en esa manifestación, una de las más grandes del año. La FELGTB quiso aprovechar la ocasión y obligó a los partidos políticos que querían participar en la misma a firmar un documento en el que se comprometían, a cambio de ir en la cabecera, a apoyar la ley cuando se presentase en el Congreso.

Mentira, claro. Mentira sin más, sin disimulos. No la apoyan. Pero allí que se pusieron en la pancarta el diputado Maroto, el gay del PP a cuya boda asistió Rajoy muy contento; Andrea Levy, moderna donde las haya, y Carlos Izquierdo, Consejero de Cristina Cifuentes, mucho menos moderno el hombre, aunque intentó disimularlo yendo de sport y sin corbata. Ellos y ella y varios cargos públicos de este partido, firmaron el documento y se pusieron en primera línea. La ley se ha presentado esta semana y de aquel documento no queda nada, excepto la voluntad expresa de vulnerarlo. Pero ¿a quién puede extrañarle que un partido que lleva mintiendo años y años con los casos de corrupción fuera a detenerse por un documento de nada firmado en una manifestación de maricones?

En realidad, a estas alturas es verdad que el PP no tienen problema con la homosexualidad. El PP no es como HazteOir, que de puro cutre que es no consiguen siquiera que les vuele esa avioneta que han alquilado y a los que no hace ya caso ni Mayor Oreja…bueno, Mayor Oreja, sí. La derecha no ha tenido nunca problema con los comportamientos privados de los ricos, sean los que sean. No han tenido nunca problemas con que las ricas aborten, o con que la gente sea homosexual si se lo puede pagar. Los derechos de todos y todas son otra cosa muy distinta. Rajoy va a la boda de Maroto encantado de la vida, mientras el mismo Maroto no tiene pudor alguno en declarar que no apoya esta ley que pretende extender los derechos de los que él sin duda disfruta, a todas las personas lgtbi. Una ley que pretende evitar el acoso a niños y niñas en los institutos o que pretende garantizar los derechos de las lesbianas a la reproducción asistida, aunque no se lo puedan pagar.  Maroto se casó porque nosotras luchamos por una ley que amparara su derecho de casarse tan horteramente como le diera la gana y Rajoy fue a su boda porque muchas luchamos porque la homosexualidad dejara de ser considerada  una enfermedad pero ahora  él, y su partido, se niega a apoyar una ley que pretende que las personas transexuales  dejen de ser consideradas enfermas o que se prohíban las terapias de reversión, que pretenden curar con mucho dolor lo que ni se puede ni se debe curar. Maroto nunca ha querido curarse, pero que haya adolescentes torturados con esas terapias es algo que a él ni a su partido le incumben.

Al fin y al cabo, a Maroto no le preocupa nada de esto. En el momento en que él pueda tener un hijo o hija por gestación subrogada, cuya legalización defiende encarecidamente como un derecho que a él mismo le falta (al fin y al cabo no es mujer ni pobre) ya se encargará de llevarle a un colegio muy caro donde nadie le acose. En fin, que no nos engañemos, el PP no tiene problema alguno, es verdad, con la homosexualidad. Con lo que sí tienen problemas es con que los derechos que pueden hacer más fáciles y más dignas las vidas de todas las personas LGTBI estén al alcance de todos y todas. Maroto lleva una buena vida como gay, no me cabe duda, gracias a otras personas; ahora se trata de que todas las personas LGTBI  puedan llevar vidas buenas o igual de buenas, al menos, que la que lleva Maroto. El PP tampoco tiene ningún problema con la mentira y por eso firmó un documento para poder colocarse en la pancarta de la manifestación del Orgullo; un documento que no le importa nada incumplir a las primeras de cambio.

Porque la derecha es partidaria de tener derechos, pero no de que los derechos se extiendan a todas y todos. La derecha es partidaria de tener derechos, sus derechos, y de tenerlo todo, y esto es así siempre, y es parte consustancial de lo que significa ser de derechas. Y a ver si lo vamos aprendiendo.

El crimen homófobo que inspiró ‘It’

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En los horrores de Stephen King hay mucho más que payasos: el asesinato de un joven gay en Bangor, su ciudad, fue una de las influencias decisivas para su historia

“Pinta tu aldea y serás universal”, escribió León Tolstoi. Y, aunque Stephen King no tenga mucho en común con el escritor ruso, sí lo ha leído a fondo y le ha sacado mucho partido a esa máxima. Sin ir más lejos, It no deja de ser una descripción a fondo de Bangor, la ciudad de Maine en la que el bestsellerista más popular de EE UU reside desde hace décadas. A través de los chavales del Club de los Perdedores (y también de sus versiones adultas, esas que llegarán próximamente al cine), King aprovechó su novelón para describir con detalle dicha localidad (33.000 habitantes en su casco urbano: lo que se dice una metrópolis), tanto sus cines y bibliotecas como sus barriadas obreras, sus descampados o un sistema de alcantarillas con fama de ser el peor de la toda Nueva Inglaterra. Y en el cual, si hacemos caso al autor, habita un horror cósmico e inmencionable.

Así pues, si hubiese que resumir It (la novela), podríamos decir que va sobre una ciudad que se come a la gente. Y, para aniquilar a sus habitantes, Derry (el nombre con el que King rebautizó a Bangor en su libraco) adopta formas muy diversas. Sobre las fuentes de inspiración para estas apariciones asesinas se ha escrito mucho, y más aún ahora que la adaptación de Andrés Muschietti va camino de ser el filme de terror más taquillero de la historia. Por ejemplo, es público y notorio que el payaso Pennywise (Bill Skarsgård en la película) está basado en John Wayne Gacy, el asesino en serie que asesinó a 33 chavales entre 1973 y 1978, y que actuaba como clown en fiestas benéficas. Pero hay otra historia de la que no se habla tanto, y que influyó muchísimo en It. 

¿De qué se trata? Pues del asesinato de Charlie Howard, un chico de 23 años que murió en 1984, cuando King llevaba ya tres años dándole forma a su obra magna. Y murió de una forma bastante horrible, además: tras propinarle una paliza, un grupo de adolescentes lo lanzó al río Kenduskeag, pese a sus súplicas. El motivo de dicho ensañamiento fue sencillo: Charlie Howard era homosexual. Sus asesinos lo habían visto salir del único bar gay del pueblo acompañado de su novio y decidieron darle una macabra lección. Durante los años anteriores, Howard había sufrido un acoso constante: no sólo vivía su identidad sin tapujos (algo que, en algunos pueblos y ciudades pequeñas, sigue siendo casi heroico en el día de hoy), sino que también participaba en un grupo parroquial de apoyo a personas LGTB. A resultas de esas actividades, había sido agredido, insultado y represaliado con ‘bromas’ tales como la muerte de su gato.

Protestas y contraprotestas tras el asesinato de Charlie Howard (1984).

Al ser menores de edad, los tres asesinos de Charlie Howard fueron condenados a penas de cárcel casi testimoniales: 22 meses entre rejas, la más larga. Las protestas de la comunidad LGTB corrieron en paralelo a otras, de signo opuesto, organizadas por grupos de extrema derecha. Por otra parte, los periodistas que investigaron sobre el crimen descubrieron que las agresiones homofóbicas en Derry… perdón, en Bangor, eran algo cotidiano. Sólo que, como sigue ocurriendo actualmente en muchos lugares, el miedo a salir del armario y la actitud hostil de la policía llevaban a los agredidos a no denunciarlas. Para un escritor de izquierdas y gayfriendly como Stephen King, aquella historia era material de primera. Y no digamos si estaba escribiendo un novelón en el que pretendía exponer el lado oscuro de su pueblo.

Así pues, Charlie Howard (con el nombre de Adrian Mellon) acabó apareciendo en It, así como sus asesinos. En la novela, el crimen es descrito casi tal cual, con un pequeño añadido de carácter sobrenatural que preferimos no desvelar. En su momento, el caso había llamado la atención del público estadounidense, pero fue el interés de King el que lo convirtió en una causa célebre, elevando a Howard al estatus de mártir LGTB en Nueva Inglaterra.

¿Aparecerá esta historia en la segunda parte de It? Seguramente, sí, porque no hablamos de un incidente aislado, sino de un hecho muy importante en la vida adulta de los protagonistas. Por otra parte, dado el clima político de EE UU en la actualidad, seguro que Andrés Muschietti y los guionistas Chase Palmer y Gary Dauberman no desaprovechan la ocasión de mostrar los delitos de odio como una fracción más del mal que acecha en Derry. Porque, si en El resplandor los verdaderos monstruos eran el alcoholismo, la soledad y el miedo a ser un mal padre, el vórtice del horror en It está en la falta de expectativas vitales, la miseria y el secretismo que afectan a quienes viven en una ciudad pequeña, pobre y de provincias. Ante tales espantos, los engendros con rostro de payaso son lo de menos.

GRITO INEQUÍVOCO DE LIBERTAD

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La proposición de ley sobre los derechos de las personas LGTBI supone un avance en el quehacer cotidiano de estos colectivos y una mayor protección legal

AITZOLE ARANETA, MIEMBRO DEL CCE DE PODEMOS; DAVID BRAVO; PABLO IGLESIAS, SECRETARIO GENERAL DE PODEMOS; Y SOFÍA CASTAÑÓN, SECRETARIA DE FEMINISMOS INTERSECCIONAL Y LGTBI

 

Unidas Podemos defendió ayer en el Pleno del Congreso la ley de derechos de las personas LGTBI propuesta por los colectivos expertos en la materia. Los escalofriantes datos no hacen sino confirmar la pertinencia de esta ley, valiente y pionera a nivel internacional: son 236 las agresiones registradas en una única comunidad, Madrid, en un único año, 2016, los que demuestran que el ser percibido como LGTBI es aún, en 2017, motivo de burla, estigma, discriminación y agresión. Que, aún hoy, las mujeres lesbianas reciben una atención desigual en la sanidad pública. Que hasta un 90% de las mujeres trans está en paro, que las personas trans en su conjunto son negadas y patologizadas por parte de la sociedad o en su contacto con los servicios de salud, que tener pluma puede ser peligroso si tienes intención de salir a la calle, o que ser LGTBI es el motivo citado como más frecuente en los llamados «crímenes de odio»; son motivos más que suficientes para registrar esta propuesta de ley. Ojalá no hubiera necesidad de esos diecinueve capítulos que la componen y que van acompañados de un repaso histórico y geopolítico de la lucha LGTBI en su preámbulo, junto con las disposiciones transitorias, adicionales, derogatorias y finales correspondientes.

Como estamos orgullosas de la proposición de ley que esta semana defendemos en Pleno, mentamos al elefante dentro de la habitación justo para decir que ya no hay elefante tal. Hablamos de la ley de derechos de las personas LGTBI y del polémico artículo que abría la puerta a la sanción administrativa en casos de expresiones ofensivas o vejatorias, que hace unos meses acaparó la atención y que hoy nuestro grupo parlamentario enmienda sin detrimento del espíritu y valentía de la ley propuesta por los colectivos.

Radica la polémica en dos cuestiones: primero, en la posibilidad de que un órgano administrativo –y no un juez– pueda destruir, borrar o inutilizar libros, archivos, documentos o artículos que considere que contienen expresiones que infringen esa ley. Segundo, que un órgano administrativo –y no un juez– pueda imponer multas por expresiones que considere no amparadas por la libertad de expresión y que entienda que son ofensivas contra las personas LGTBI.

Sobre la primera cuestión hay poco debate: es sencillamente inconstitucional. El artículo 20.5 de la Constitución Española establece claramente que «sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones» en virtud de orden judicial. Teniendo en cuenta que esa cuestión se dio por muerta el mismo día de su nacimiento, es a la segunda a la que se ha prestado mayor atención y la que ha causado revuelo. Algo comprensible, teniendo en cuenta que pretende que la Administración pueda decidir qué es libertad de expresión y qué es ofensa. El riesgo de que sea este órgano quien pueda tener la facultad de trazar la línea que separa la libertad de expresión de la ofensa y de imponer multas según sus propios criterios es evidente. Se trata de una herramienta que rompe el equilibrio de fuerzas entre los distintos poderes hasta el punto de ser intrínsecamente peligrosa, incluso para las personas a las que dice proteger y que hoy se sitúan detrás de la línea de tiro.

No está en debate la necesidad de una ley que proteja los derechos de las personas que forman parte del colectivo LGTBI. Tampoco está en duda que no existe el derecho al mero insulto, menos aún cuando éste tiene su base en la orientación sexual, la identidad sexual/de género, la expresión de género o las características sexuales de una persona. La única cuestión que se señala es el error de creer que ahora es aceptable este atajo de sustraer a los jueces competencias en materia de libertad de expresión –que deben ser exclusivamente suyas– porque, esta vez, es fácil caer en el error de creer que el fin sí justifica los medios.

Es un error porque entonces se abrirían órganos administrativos para la protección de otros colectivos con los que ya no simpatizaremos tanto y será incoherente adoptar otra postura. Es un error porque mañana las compañeras de la procesión del coño insumiso estarán discutiendo ante un órgano administrativo para la protección de las convicciones de las personas religiosas si lo suyo es un insulto o no lo es. Es un error porque mañana Zapata no estará en la Audiencia Nacional sino ante el órgano administrativo creado por el PP para la protección del honor de las víctimas del terrorismo. Es un error porque, en democracia, no se debe ser juez y parte.

Una vez manifestada la convicción de Unidas Podemos de retirar las sanciones administrativas en relación a la expresión de este proyecto de ley, no cabe sino alegrarse por el avance que puede suponer esta iniciativa en el cotidiano de muchas personas, en cosas tan sencillas como el ir con más tranquilidad por la calle o tener una mayor protección legal si lo que te toca es ser la parte excluida de ese conjunto de reglas no escritas que aún rigen nuestro mundo. No cabe sino alegrarse de que todo el tejido asociativo LGTBI abrace ya ese grito de despatologización conjunto que hace diez años exigían los colectivos más alternativos y menos oficialistas del activismo LGTBI y trans. Porque el grito unívoco de libertad que expresa este proyecto de ley es ya una batalla ganada, antes incluso de iniciar su tramitación parlamentaria.

El Congreso aprueba tramitar la ley de igualdad LGTBI con la abstención del PP

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El texto suprime el examen médico para que los transexuales cambien de nombre y permite a los mayores de 16 años cambiar de sexo sin permiso paterno

 

ALFONSO TORICES Madrid

La toma en consideración de la norma, elaborada por la federación nacional de estos colectivos y presentada en la cámara por Podemos, fue respaldada por todos los grupos de la oposición, pero la unanimidad fue imposible, pues el PP, que en junio dijo que daría su sí a la tramitación parlamentaria, hoy se abstuvo.

Los populares, pese a evitar el voto negativo, mostraron su «rotunda oposición» al texto presentado, también duramente descalificado por organizaciones educativas y ciudadanas conservadoras. El PP calificó el documento de «torpe», «chapucero», «peligroso» y «delirante» y anunció una enmienda a la totalidad con texto alternativo, «con otra ley antidiscriminación LGTBI».

El partido del Gobierno enumeró una larga lista de desacuerdos, pero lo que calificó de «inadmisible» es que el proyecto autorice a los transexuales mayores de 16 años a operarse para el cambio de sexo sin precisar permiso paterno y a los jóvenes en la misma situación a hormonarse desde la pubertad también sin necesitar autorización de los padres.

Podemos y PSOE aferon al PP que anunciase su sí para poder participar por primera vez en la manifestación del Orgullo LGTBI, en junio pasado, pero que hoy rompiese la unanimidad en el Congreso. Socialistas y Ciudadanos, no obstante, ya avisaron de que no están de acuerdo con algunos puntos del texto, en unos casos por razones técnicas y en otros por cuestiones de fondo, y que tratarán de modificarlos en la fase de enmiendas parciales.

Uno de los puntos más polémicos del texto es la creación de una agencia estatal independiente que, además de evaluar el grado de cumplimiento de los mandatos de la ley por las administraciones, también impondrá sanciones, de hasta 45.000 euros, a las personas u organismos que infrinjan las disposiciones de la ley o vejen o discriminen a los miembros de estos colectivos.

El texto, a lo largo de 58 páginas, adopta medidas en pos de la igualdad de las personas LGTBI en todos los ámbitos: familia, sanidad, educación, cultura, ocio, justicia y seguridad, laboral o administrativo.

Cambios en la escuela

La proposición de ley pregona la autodeterminación a la hora de la elección de género, por lo que permite que cualquier transexual pueda cambiar su sexo y nombre en el registro sin el examen psiquiático y el tratamiento que ahora se les exige y también autoriza a las parejas de lesbianas a inscribirse como madres del hijo de una de ellas aunque no estén casadas.

El documento garantiza el derecho de todas las mujeres a someterse a las técnicas de reprodución asistida en centros públicos con independencia de su orientación sexual -algunas comunidades excluyen a lesbianas y solteras-y asegura una atención sanitaria sin discriminaciones ni trabas a los transexuales y a los transgénero.

El texto también prevé cambiar los libros de texto de Primaria y de Secundaria para que recojan con normalidad la diversidad sexual, de género y familiar y autoriza a los transexuales y transgénero a utilizar en los colegios y centros públicos los aseos correspondientes al género con el que se identifican.

Se recoge una formación específica a policías, jueces, maestros y sanitarios para lograr un cambio cultural respetuoso con la diversidad sexual y para potenciar la persecución de los delitos de odio y se prohíben de forma expresa las terapias para revertir la homosexualidad, con sanciones muy graves en caso de incumplimiento.

Una comisión interministerial coordinaría la ejecución de políticas públicas respetuosas con la ley y se crearía un Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI.

 

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Podemos impulsa que los menores puedan cambiar de sexo sin el consentimiento de los padres

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Pese al apoyo de la mayoría de grupos, se abren ahora a debate medidas polémicas, como que los menores puedan hormonarse desde “la pubertad”

Concentración de Hazte Oír frente al Congreso de los Diputados contra la Ley LGTBI. BERNARDO DIAZ

El Congreso ha aprobado por amplia mayoría iniciar la tramitación parlamentaria de la Ley de Igualdad LGTBI presentada por Unidos Podemos, que pretende atajar la discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en todos los ámbitos sociales; entre ellos, el educativo, el sanitario o el laboral.

El texto cuenta con la oposición de grupos como Hazte Oír, cuyos miembros han escenificado su rechazo en las puertas de la Cámara Baja, y suscita algunas dudas en el PSOE o Ciudadanos, que, aunque expresaron su respaldo al proyecto de ley, anunciaron ayer la necesidad de incluir importantes modificaciones en los próximos meses para «mejorar» la parte «jurídica» ante algunos artículos que podrían caer en la «vulneración de derechos fundamentales», como el de la libertad de expresión, o en la «discriminación» de otros sectores de la población.

Más crítico fue el PP, que, aunque aceptó la necesidad de una ley de este tipo, anunció una enmienda a la totalidad para presentar un proyecto alternativo porque el actual texto es «torpe», «chapucero» y produce un «menoscabo a los derechos de otras personas». Además de permitir -como criticó duramente su portavoz Marta González– que los menores de edad puedan operarse para cambiarse de sexo sin el consentimiento de sus padres.

El PP expresó su «rotunda oposición» a ésta y otras medidas controvertidas contempladas en el proyecto de ley, aunque ayer optó por abstenerse para dar ese debate durante la tramitación en comisión.

Por su parte, Unidos Podemos mostró su entusiasmo por una ley hecha por los colectivos LGTBI que calificó de «pionera» y que dijo que se convertirá en un ejemplo para el resto de países, comparando su calado al de otras leyes como la del matrimonio homosexual.

Éstas son las medidas más destacadas del actual proyecto de ley:

Cambio de sexo de menores

Es el punto más controvertido. Los menores de edad podrán operarse para cambiar de sexo sin el consentimiento de sus padres a partir de los 16 años. Se rebaja en dos años esa posibilidad que hasta ahora se fijaba en los 18. Para la cirugía transexual de los 16 a los 18 hacía falta la autorización de un juez.

Además, el mismo artículo afirma que, «a partir de la pubertad» -un concepto vago y genérico que no determina una edad concreta-, los menores de edad podrán acceder «a los bloqueadores hormonales y al tratamiento hormonal cruzado».

Fuentes del PSOE explican que aún no tienen posición en este artículo y que deben estudiarlo, mientras que desde Cs anunciaron que presentarán una enmienda para «aclarar, mejorar o corregir» estas medidas, igual que otros aspectos.

Educación de género

El artículo 40 dice que «deberá» recogerse «en todas las asignaturas y cursos la implantación de ejercicios y ejemplos que contemplen la diversidad sexual y de género, así como la diversidad familiar», una cuestión que también impone expresamente en la Educación Infantil.

Vestuarios y baños escolares

En los centros educativos, los alumnos podrán utilizar las instalaciones, como los baños o los vestuarios, conforme a su «género sentido». Ya se aplica en la Comunidad Valenciana.

El nombre elegido

En función del «género sentido», los alumnos pueden reclamar que el centro se refiera a ellos con otro nombre, elegido por el menor, y que se refleje en los listados o las calificaciones académicas, como ocurre con la ley de la Comunidad de Madrid.

Sin examen psicológico

La transexualidad dejaría de considerarse una enfermedad o un trastorno y se establece la libre autodeterminación del género. Con ello, este colectivo ya no necesitará un examen psicológico que diga que sufre disforia de género (trastorno de identidad) para acceder a los tratamientos de reasignación de sexo.

Reproducción asistida para lesbianas

Se garantiza el acceso a las técnicas de reproducción asistida a mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales.

Equiparación a violencia machista

La violencia en parejas del mismo sexo se equipara a la violencia machista y, por tanto, se reconoce a las víctimas los mismos derechos y las mismas prestaciones sociales.

Beneficios laborales

Los transexuales serán considerados en su conjunto como un colectivo en «riesgo de exclusión social», no caso por caso. Eso le dará acceso a beneficios laborales. Habrá incentivos para su contratación y bonificaciones fiscales, ayudas y subvenciones en todos los contratos.

Medios de comunicación

Se pretende obligar a los medios -principalmente las televisiones- para que incluyan en su programación, «para todas las franjas de edad», la promoción del colectivo LGTBI.

Una agencia que controla todo

Otra de las cuestiones más polémicas es la creación de una agencia estatal contra la discriminación con competencia para «incoar, instruir y resolver» el régimen sancionador, por encima de los jueces o los policías. El artículo 90, que regula todo lo relacionado con las infracciones, establece un duro régimen de medidas cautelares. Los críticos sostienen que la ley «suprime la presunción de inocencia».

La proposición de Ley LGTBI y la libertad de expresión

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Es necesario frenar la opresión que sufre el colectivo LGTBI, pero es inaceptable que sea un órgano administrativo y no un juez el que pueda imponer multas por expresiones que considere ofensivas contra él

Marcha del Día del Orgullo. EFE

 

Advertía Boaventura de Sousa Santos de “l os intentos de ejercer el control político sobre la actividad judicial”, lo que se consigue con la “transferencia de ciertas áreas de litigio del ámbito de los juzgados ordinarios a juzgados especiales o a agencias administrativas bajo el control del poder ejecutivo”. Hemos visto en los últimos años cómo los poderes legislativo y ejecutivo han caído ya demasiadas veces en esta tentación, sustrayendo al poder judicial lo que antes era de su competencia exclusiva.

Ocurrió así con la llamada Ley Sinde, aparecida en un momento en el que los jueces tenían la mala costumbre de no dar la razón a las grandes corporaciones que ostentaban derechos de propiedad intelectual. El movimiento era tan burdo que no hubo nadie que no viera que el gol se estaba metiendo con la mano: en mitad de un partido que se perdía por goleada, se cambió al árbitro y ahí justo empezó la remontada.

Aprovechando el precedente abierto gracias a esta propuesta del PSOE, el PP se vio legitimado para continuar la senda: la Ley Mordaza creaba un cuerpo específico de infracciones administrativas en un contexto en el que los jueces tendían a hacer una interpretación expansiva del derecho fundamental de reunión y manifestación. En este mundo donde un gol ilegal lo ha metido la mano de Dios si lo marca nuestro equipo, no sorprendió a casi nadie que muchos de los que aplaudieron la Ley Sinde criticaran ferozmente la Ley Mordaza. La desmemoria y la falta de coherencia ideológica permite hacerlo pese a que la segunda no puede entenderse sin el éxito de la primera.

Es evidente para cualquiera con unos cimientos democráticos básicos que las dos leyes, las promueva quien las promueva, eran intrínsecamente peligrosas y abrían una brecha por la que ya podía colarse todo. 

Lamentablemente se cayó inicialmente en esta tentación con la Proposición de Ley por los Derechos LGTBI presentada por Unidos Podemos, que ha levantado críticas por dos aspectos esenciales de su articulado:

1.- La posibilidad de que un órgano administrativo y no un juez pueda destruir, borrar o inutilizar libros, archivos, documentos o artículos que considere que contienen expresiones que infringen esa ley.

2.- Que un órgano administrativo y no un juez pueda imponer multas por expresiones que considere que no están amparadas por la libertad de expresión y que entienda que son ofensivas contra las personas LGTBI.

Respecto de la primera cuestión hay poco debate: es sencillamente inconstitucional y sorprende que haya pasado algún filtro antes de proponerse. El artículo 20.5 de la Constitución Española establece claramente que “sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones” en virtud de orden judicial.

Teniendo en cuenta que la primera cuestión criticada se dio por muerta el mismo día de su nacimiento, es a la segunda a la que se ha prestado mayor atención y la que ha causado mayor revuelo. No es para menos teniendo en cuenta que pretende que la Administración pueda decidir qué es libertad de expresión y qué es una ofensa. El riesgo de que sea este órgano creado al efecto quien pueda tener la facultad de trazar la línea que separa la libertad de expresión de la ofensa y de imponer una multa según sus propios criterios, es evidente. Se trata de un arma que  rompe el equilibrio de fuerzas entre los distintos poderes hasta tal punto que es intrínsecamente peligrosa, incluso para las personas a las que dice proteger y que hoy se sitúan detrás de la línea de tiro.

No está en debate la necesidad de una ley que proteja los derechos de las personas que forman parte del colectivo LGTBI. Tampoco lo está que no existe el derecho al mero insulto, y menos aún cuando tiene su base en la orientación sexual, identidad sexual/de género, expresión de género o características sexuales de una persona. La única cuestión que se señala es el error de creer que ahora es aceptable este atajo de sustraer competencias exclusivas a los jueces en materia de libertad de expresión porque esta vez entendemos que el fin sí que justifica el medio. 

Y es un error porque mañana se abrirán 30 órganos administrativos para la protección de otros 30 colectivos con los que ya no simpatizaremos tanto y será difícil oponerse cuando ahora no se ha hecho. Es un error porque mañana las compañeras de la “Procesión del Coño Insumiso” estarán discutiendo ante un órgano administrativo para la protección de las convicciones de las personas religiosas si lo suyo es un insulto o no lo es. Es un error porque mañana Zapata no estará en la Audiencia Nacional sino ante el órgano administrativo creado por el PP para la protección del honor de las víctimas del terrorismo. Estoy seguro de que esos colectivos verán también muy obvio que en esos casos lo que hay es un insulto y nada de libertad de expresión y que para determinar algo tan evidente un juez es un lujo innecesario. 

Para justificar estos artículos de esta proposición de Ley no podemos ampararnos en que ya se aplican otros semejantes en varias Comunidades Autónomas. Ese argumento, que convierte mágicamente un error en acierto si ya se cometió antes, es exactamente el mismo que se usará cuando se continúe esta senda tan peligrosa. Lo que se dirá es: “no está tan mal que se constituya el órgano de la AVT para analizar si los chistes de Zapata son solo humor o encierran en realidad una auténtica ofensa, ya se hace con los colectivos LGTBI y no creemos que las víctimas del terrorismo tengan menos derecho”. Esto que hago es una predicción, pero en la misma medida en la que también lo es prever que lo inmediatamente posterior a escupir al cielo será limpiarte la cara.

Es evidente la necesidad de frenar la opresión que sufre un colectivo como el LGTBI, pero esta forma escogida, y me refiero solo a la parte de la propuesta de ley que está en debate, no es adecuada. Y no lo es porque este arma que se plantea usar como atajo para facilitar el camino, mañana apuntará a ese mismo colectivo. Apuntará a todos. Y para cuando eso ocurra se habrá perdido toda legitimidad para oponernos.

Los artículos controvertidos permanecen todavía en el texto que se ha presentado a discusión en el Pleno del Congreso, aunque Unidos Podemos ya ha anunciado que terminará retirándolos durante el trámite parlamentario, en una suerte de “autoenmienda”. En ese caso se demuestra que las críticas eran tan acertadas como para obligar a una marcha atrás y también que Unidos Podemos tiene más cintura que a la que nos tienen acostumbrados los demás partidos, lo que supone un alivio que solo se puede celebrar. 

No obstante este episodio nos debe llevar a la reflexión de lo fácil que resulta debilitar un derecho fundamental cuando estamos ante una situación que apreciamos como grave, sea esa gravedad real -como sin duda lo es la opresión del colectivo LGTBI- o ficticia. Nos tiene que hacer considerar también el déficit de cultura democrática que padecemos si sectores sociales que se consideran progresistas vieron injustas las críticas a la creación de estos órganos administrativos con poder de recortar la libertad de expresión solo porque esta mordaza la consideraban concebida para el bien. Tenemos que entender de una vez que la libertad de expresión es un músculo muy particular: se puede perder en apenas unos días pero se tardan literalmente décadas en lograr devolverle toda su potencia. Si este derecho se debilita -y ya el Gobierno lleva tiempo recorriendo ese camino para conseguirlo- hay que defenderlo de forma radical, aunque eso implique ponerte circunstancialmente en contra de los colores de tu propio partido. Mejor ser calificado hoy de desleal que mañana de cómplice.

El Congreso comienza a debatir la primera ley estatal de derechos LGTBI

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Pancarta en la manifestación del Orgullo Crítico en Madrid este 2017. ÁLVARO MINGUITO

La primera ley estatal LGTBI comienza a dar sus primeros pasos. El Congreso votará este martes la toma en consideración de la norma, que será defendida por Unidos Podemos en el pleno, para comenzar el posterior trámite parlamentario. La mayor parte de partidos, entre ellos PSOE y Ciudadanos, ya anunciaron su apoyo hace unos meses, salvo el PP, que no ha confirmado todavía su postura, pero sobre el que planea la posibilidad de la abstención.

El proyecto de ley, redactado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (FELGTB), fue presentado a las formaciones hace un año, cuando comenzaron a definir sus posiciones. El objetivo es establecer un marco contra la LGTBIfobia que haga frente a las discriminaciones que todavía sufre el colectivo para asegurar, reza el proyecto de norma, que “en el estado español se pueda vivir la diversidad afectiva, sexual y familiar con plena libertad”.