HOMOFOBIA : La ola de agresiones homo-transfóbicas que sacude a la comunidad LGBTI de Chile

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“A Brenda la mataron de forma brutal. Quiero justicia para ella, que se sepa quién la mató de esta manera, que este hecho no quede impune, que las autoridades ayuden en esto, por favor”. Fueron las palabras desesperadas de Gloria Vallejos, madre de Brenda, asesinada cerca de su casa el lunes pasado en Valparaíso, en la zona central de Chile.

Personas sostienen paraguas arco iris para celebrar el Día Internacional contra la Homofobia frente al edificio del Parlamento rumano en Bucarest. DANIEL MIHAILESCU / AFP

“A Brenda la mataron de forma brutal. Quiero justicia para ella, que se sepa quién la mató de esta manera, que este hecho no quede impune, que las autoridades ayuden en esto, por favor”. Fueron las palabras desesperadas de Gloria Vallejos, madre de Brenda, asesinada cerca de su casa el lunes pasado en Valparaíso, en la zona central de Chile.

Brenda Plaza tenía 41 años y era una mujer trans que vivía en Iquique, al norte del país, pero aterrizó hacía dos meses al litoral para visitar a su madre. Hasta ahora no se han encontrado los responsables del crimen, pero familiares y activistas criticaron que la policía hablara de ella como “una persona de sexo masculino vestida de mujer”. “Hasta el último momento trataron a Brenda como hombre. Así que no podemos esperar que los malos dejen de matarnos, ni mucho menos podemos esperar respeto de los demás, si la misma policía no nos respeta”, espetó la concejala trans de la ciudad porteña, Zuliana Araya.

El asesinato de Brenda se suma a una larga lista de agresiones y ataques que se han registrado en el país suramericano en el último tiempo. Según el XVII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), en 2018, en Chile se denunciaron 698 casos de violencias y abusos basados en la orientación sexual o la identidad de género de las personas. En comparación a 2017, se registró un aumento de un 44%, la cifra más alta que se ha registrado en los últimos 17 años. El documento también revela que por tercera vez en este período, la población trans acumuló el mayor número de vulneraciones, con el 39% del total, correspondiente a 273 casos, el más alto conocido hasta ahora.

Hasta el 15 de marzo, se registraron en el país sudamericano 13 casos de violencia física por diversidad sexual, un 85% más que el promedio de años anteriores entre enero y marzo. En este recuento no se consideró el homicidio de Brenda ni tampoco la agresión que sufrieron un grupo de mujeres trabajadoras sexuales trans, que fueron apuñaladas a finales del mes pasado.

Entre los últimos casos que han conmocionado la sociedad chilena hay la “violación correctiva” de un hombre a su hijastra por ser lesbiana; o el ataque a la joven Carolina Torres, que quedó herida con riesgo vital tras ser golpeada con un palopor dos hombres mientras paseaba de la mano de su novia y otra amiga.
Precisamente, este jueves, después de dos meses de búsqueda, los presuntos agresores de Carolina fueron detenidos y, tras pasar a disposición del juez, quedaron en prisión preventiva mientras dure la investigación. El magistrado consideró que existe riesgo de fuga y que representan un peligro para la víctima y para la sociedad. No tuvieron la misma suerte las familias de María Pía Castro y Nicole Saavedra, asesinadas en 2008 y 2016 respectivamente, por ser lesbianas. Ambas muertes siguen impunes hasta el día de hoy.

“Efecto rebote” y ultraderecha

Érika Montecinos, directora de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, vincula la ola de agresiones de los últimos meses a la irrupción de los discursos de odio de los sectores “fundamentalistas y ultraconservadores” que han aparecido en todos los medios y la sociedad en general. “Es un acoso que nosotres vivenciamos diariamente, sobre todo aquellas personas que tienen una expresión o identidad de género diversa, como las lesbianas camionas o las personas trans”, explica.

Coincide con ella el encargado de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD), Franco Fuica, que apunta que los logros de la comunidad LGBTI se convierten en “razones para ser más odiados” por parte de los sectores más reaccionarios. “Hay un efecto rebote”, afirma.

De hecho, los avances en la tramitación de la Ley de Identidad de Género, que se promulgó el noviembre pasado, y el triunfo de la película Una Mujer Fantástica en los Oscar de 2018 provocaron la ira y el rechazo homo-transfóbico de varios grupos y personas que se movilizaron para boicotear la norma o para ofender a la protagonista del film, Daniela Vega. Concretamente, del total de casos de discriminación del 2018, 15 fueron dirigidos contra la actriz y 218 para boicotear la ley, según el Informe Anual.

Para Montecinos no se puede pasar por alto las consecuencias que tienen hasta hoy las dictaduras que en los 70 acecharon los países de América del Sur. Según ella, los grupos vinculados a los asesinatos y desapariciones no han desaparecido totalmente y resurgen ahora “con discursos neofascistas”. Opina que en los gobiernos de derecha “no hay mano dura ni políticas efectivas” que condenen los discursos de odio que incitan a la violencia. Y añade: “Se normalizan y relativizan detrás de una errada interpretación de la libertad de expresión”.

Fuica considera que lo que ocurre en Chile tiene relación directa con el auge de la extrema derecha a nivel global y el “mal manejo de los gobiernos socialistas”. Según él, los partidos conservadores “han empoderado a estos grupos que habían estado en la sombra y ahora aparecen sin temor, vergüenza ni pudor”.

Políticas a debate

Chile tiene varios pendientes en materia de políticas antidiscriminatorias. En 2012 se promulgó la Ley Antidiscriminación, más conocida como Ley Zamudio, en homenaje al joven Daniel Zamudio, víctima mortal de una agresión homofóbica perpetrada por un grupo neonazi. Sin embargo, las organizaciones LGBTI reclaman una revisión de la normativa porque la consideran insuficiente. “No tiene sanciones contra quien discrimina, excepto una multa que además tiene un beneficio fiscal; y hay que cambiar la carga de la prueba: no debería ser la víctima quien demuestre la discriminación, sino que tendría que ser el agresor quien debiera probar que no lo hizo”, lamenta Franco Fuica.

El gobierno de Sebastián Piñera anunció para marzo la convocatoria de una consulta ciudadana para evaluar la efectividad de la ley, pero de momento no ha habido avances al respecto y el anuncio quedó en meras palabras al viento.
Ante el aumento de la violencia y desprotección, el Ejecutivo también decidió establecer una mesa de trabajo abierta a las organizaciones sociales. Sin embargo, algunas de las entidades fueron excluidas de la convocatoria y quedaron sin representatividad. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, indicó que el incremento de agresiones contra mujeres lesbianas y trans, requiere “un trabajo especializado” y “una protección especial” porque la violencia que afecta a estos grupos de mujeres “tiene unas características especiales”. Sin embargo, tampoco en eso ha habido avances.

Érika Montecinos considera que hasta ahora las políticas públicas dirigidas a la comunidad LGBTI “han sido débiles” y no han abordado la “violencia estructural que niega derechos, por ejemplo, a las familias diversas, o que impide el matrimonio igualitario”. Por eso, desde su organización reclaman leyes “más severas que sirvan para combatir la incitación y crímenes de odio”. Como mujeres lesbianas y trans, exigen que se las incluya en las leyes integrales de violencia contra la mujer: “Queremos que se considere la violencia a las mujeres por su orientación sexual e identidad de género, que se busque una mirada más amplia y no heteronormativa”, sostiene.

Desde OTD, Fuica redunda esa mirada y añade la importancia de transformar desde la educación: “Es el pilar fundamental para el cambio social hacia la igualdad verdadera”, concluye.

28-A Conquistando nuevos espacios Compromís, único partido que entra en campaña electoral en las aplicaciones de contactos gay

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La coalición valencianista Compromís inserta propaganda electoral en Grindr para captar el voto del colectivo LGTBI

Dos capturas de la propaganda electoral de Compromís en la ‘app’ Grindr. E.V

La campaña electoral ha llegado a espacios hasta ahora inimaginables. Donde menos uno se lo imagina hay un votante potencial, alguien que puede acabar metiendo la papeleta con uno u otro logo en las urnas el próximo 28 de abril. La coalición valencianista Compromísse ha atrevido a lanzar una original campaña invitando al voto de su formación para las próximas elecciones generales y autonómicas en Grindr, una aplicación de contactos con un público mayoritariamente masculino homosexual.

Grindr es la mayor red social LGTBI orientada al público masculino por su volumen de usuarios, con una presencia en más de 192 países. En esta red de contactos, la formación de Mónica Oltra ha encontrado un nicho de mercado en el que adentrarse. Los tradicionales carteles en los muros de las calles, los anuncios en televisión, radio o prensa, aunque no son cosa del pasado, ahora tienen nuevos competidores cuya sede está a la otra parte del Atlántico. Hasta el momento, Compromís es el único partido español que inserta propaganda electoral en un espacio con semejantes características.

Desde Compromís afirman haber acabado con la homofobia en las instituciones y que están aprovechando esta campaña para explicar todo lo que han conseguido esta legislatura. Y, según relatan fuentes de la formación, uno de los elementos más destacables ha sido la política de igualdad hacia las personas LGTBI, con la Ley LGTBI y la Ley Trans, aprobadas en las Cortes valencianas. Son conscientes de la ventaja que tienen dando visibilidad a un colectivo que ha estado durante mucho tiempo en la sombra. De ahí, su presencia en Grindr, donde han insertado su eslogan, ‘Imparables’, y una imagen en la que se puede ver a Oltra abrazando a su candidato por Valencia, Fran Ferri, rodeados por una bandera arcoíris en el hemiciclo, momentos después que se aprobara la ley.

De hecho, muchos cargos de la formación valencianista son abiertamente homosexuales y no se han escondido mientras han ocupado sus cargos públicos en los diferentes organismos. Ahora, la formación liderada por Oltra aspira a tener grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados, con Joan Baldoví a la cabeza, y trasladar las políticas en esta materia a Madrid.

Además, en estos spots publicitarios en la aplicación de citas gay, Compromís invita al público LGTBI a participar en la fiesta que organizan este domingo a las 19 horas en una conocida sala del centro de Valencia, con la participación de Oltra y Ferri. El acto estará amenizado por la conocida artista La Prohibida, símbolo del colectivo LGTBI en España.

“Si yo tengo un amigo gay”, “que cada uno haga en casa lo que quiera” y otros comentarios que encubren la homofobia

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Seguro que lo has escuchado alguna vez. “Si yo tengo un amigo gay, pero…”, “no pasa nada por que sea lesbiana, pero ¿por qué tiene que ir diciéndolo por ahí?”, “me parece genial que celebren el Orgullo, pero…”, “cada uno en su casa que haga lo que quiera, pero…”. Se oyen en clase, en el bar, en una cena familiar, en el trabajo o en el grupo de amigos y según la campaña que acaba de lanzar la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) se trata de una patología que afecta a la población, el llamado “síndrome del pero” que con altas dosis de ironía la organización propone combatir a través de un medicamento denominado Argumentine.

“Está entre nosotros y afecta en España a miles de personas. No importa el género ni la edad ni la clase social. Nadie está a salvo. Incluso tú puedes estar sufriéndolo”. Así presenta la FELGTB la iniciativa, que pone énfasis en ese tipo de afirmaciones que aparentan tolerancia hacia el colectivo LGTBI, pero que forman parte de un discurso discriminatorio sutil y menos evidente que las palizas, los insultos o el acoso que siguen sufriendo las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans. Como si se tratara de una patología que amenaza a la población, la organización quiere poner sobre la mesa el daño que estas actitudes pueden acarrear. Ante ello, propone un tratamiento, el Argumentine, que emula un medicamento que actúa contra el síndrome.

Con una composición de 50 miligramos de argumentos y otros 50 de paciencia, el Argumentine no es otra cosa que una batería de argumentos que busca dotar de respuestas a todas las personas que “se encienden” cuando escuchan este tipo de comentarios en conversaciones cotidianas, ya sea en forma presencial o en redes sociales. El objetivo de la campaña, disponible en una página web, es “proponer esta reflexión a la ciudadanía y tener argumentos para poder contestar a los ‘peros’ del día a día”, señala la presidenta de la FELGTB, Uge Sangil, que apunta a que “muchas veces nos quedamos en blanco o no sabemos qué responder”.

A pesar de que no es algo nuevo, la organización no quiere dejar pasar la irrupción de discursos que cuestionan los derechos LGTBI mediante la fórmula del ‘pero’. Algo muy habitual entre los representantes de Vox cuando han tenido que pronunciarse públicamente al respecto y como ha hecho Santiago Abascal varias veces al referirse al matrimonio igualitario, que prometió derogar para impulsar uniones civiles. Es el clásico “que hagan lo que quieran, pero que no lo llamen matrimonio” que llevó al PP a recurrir la reforma del Código Civil de 2005 ante el Tribunal Constitucional.

La del matrimonio es una de las diferentes manifestaciones del “síndrome del pero” para las que el Argumentine ofrece respuestas. “Entiendo que quieran cambiarse de sexo, pero que no tenga que pagarlo yo”, “entiendo que tengan su orientación sexual, pero que lo hagan en su casa”, “el colegio es para educar, pero no para adoctrinar”, “me parece genial que hayan conseguido derechos, pero ¿qué más quieren?” y “perfecto que celebren el Orgullo gay, pero ¿y el de las personas heterosexuales?”, son el resto. Entre las réplicas, que llamar al matrimonio de forma diferente implicaría estar hablando de una categoría distinta que genera desigualdad, que “ser trans no es un retoque estético” y hablamos de derechos humanos o que visibilizar la realidad LGTBI es “imprescindible para mostrar que existe”.

“Homofobia pura y dura”

Con ello, la FELGTB pretende ayudar a combatir la impotencia que muchas veces surge como reacción más habitual por parte del que escucha estos comentarios. De hecho, que este tipo de LGTBIfobia sea más sutil que la violencia directa puede conllevar que sea más difícil de identificar y de combatir, tal y como pone de manifiesto un informe de la UNED sobre el tema publicado en 2017. Los resultados de la investigación concluyeron además que en España la discriminación sutil percibida es mayor que la manifiesta porque “a pesar de la existencia de legislación avanzada y de la aparente tolerancia, hay una amplia evidencia de que en la sociedad española aún hay prejuicios y discriminación”.

Ana Murillo, una mujer lesbiana integrante de la recién creada en Madrid Plataforma de Encuentros Bolleros, tiene claro que lo que hay detrás del “síndrome del pero” es “homofobia pura y dura” y que “el ‘pero’ que alguien pronuncia hoy es el silencio de la sociedad ante las agresiones físicas de mañana” o la existencia de terapias que pretenden ‘curar’ la homosexualidad como las del obispado de Alcalá. Su experiencia con el “síndrome” viene de lejos y recuerda que la primera respuesta que recibió cuando le contó a parte de su familia que es lesbiana fue que “me seguían queriendo, claro, pero que no había ninguna necesidad de contárselo a más gente o mostrarme abiertamente o tener muestras de cariño públicamente”.

Rubén Serrano, periodista e impulsor del #MeQueer, una etiqueta que recopila testimonios de homofobia, bifobia y transfobia en Twitter, se acuerda especialmente de su época en el instituto, donde escuchó aquel “no me importa que sea gay, pero que no mariposee delante de mí”. “Yo tenía y tengo pluma, era imposible salir del armario en ese entorno hostil”, lamenta. La plumofobia, de hecho, es otras de las discriminaciones muy relacionadas con el “síndrome del pero” y que es aquella que penaliza a las personas que se salen con su forma de hablar, vestir o expresarse de la norma que asocia a hombres y mujeres roles diferentes. El típico “gay sí, pero que no se note”.

“Es un pensamiento que vende tolerancia pero que en el fondo es pura homofobia porque no nos está respetando”, explica Serrano, que insiste en que el ‘pero’ es la punta de un iceberg que sigue viendo “lo diferente a la norma como algo raro, excepcional, irrelevante y que no merece atención o respeto”. Y es que el “síndrome” tiene consecuencias. Aunque Murillo reconoce que a sus 41 años y “como parte de una comunidad bollera que utiliza su visibilidad como herramienta” ya no se siente igual que cuando era joven, sí asume que en otra época llegó a creerse “que el espacio que acabaría habitando sería solitario, oscuro y frío –el armario, prosigue– y que para evitar la hostilidad, había que estar callada y mentir”.

El diagnóstico

No solo la campaña de la FELGTB es de utilidad para aquellas personas que quieren responder ante los ‘peros’ habituales, también incluye un test “para que toda persona interesada en saber si ha contraído o no el síndrome, pueda comprobarlo y para que en caso afirmativo, acceda al tratamiento”, explica la federación. “Cuidado, es fácil que tú también presentes síntomas” es la frase que encabeza el cuestionario formado por preguntas relativas al matrimonio igualitario, las muestras de afecto entre personas del mismo sexo o la celebración del Orgullo LGTBI. Los diagnósticos posibles son cuatro: desde el más positivo –”Ni rastro de síndrome”– al “cuidado, empiezas a mostrar los primeros síntomas” para pasar al “¡Argumentine, por favor! En el último tiempo has empeorado” y “¡alarma! no queremos asustarte pero tu caso es muy grave”.

“Si de verdad defiendes la igualdad, no cabe ningún ‘pero’ en tus argumentos porque el ‘pero’ significa discriminación. Eso sí: por la otra parte debe haber una predisposición a escucharnos porque si no es como hablar con la pared”, zanja como última receta Serrano.

El Constitucional aparca el debate sobre el derecho de menores transexuales a registrar su cambio de sexo por el 28A

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El TC estudia la constitucionalidad de la ley que prohíbe a los menores registrar su cambio de sexo

El Tribunal Constitucional  ha dado este miércoles una muestra más de sus reticencias a abordar cualquier cuestión que pueda estar en la agenda política en tiempo de elecciones. El Pleno del Alto Tribunal ha decidido aplazar el debate sobre la constitucionalidad de la ley que impide a los menores de edad registrar su cambio de sexo y hacerse con un DNI acorde con su identidad sexual.

El asunto estaba en la agenda de cuestiones a abordar en el Pleno convocado para este miércoles y, por acuerdo de los magistrados, se ha guardado en el cajón ante el temor a que su decisión pueda tener incidencia en la campaña electoral, según reconocen a eldiario.es fuentes del Constitucional.

El debate ha llegado al tribunal después de que el Supremo se preguntase si es constitucional impedir a un menor cambiar sus registros para hacerlos acordes con su identidad sexual. En 2016, el Supremo decidió plantear la posible inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley que regula el cambio registral relativo al sexo, en el que se obliga a ser mayor de edad para acometer cualquier cambio de sexo en un registro público.

Ese artículo de la ley señala que “toda persona de nacionalidad española, mayor de edad y con capacidad suficiente para ello, podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”.

La duda del Supremo surgió en 2016 tras las reclamación recibida por la familia de un menor que en ese momento tenía 14 años y que “al nacer fue inscrito con sexo y nombre de mujer pero que desde muy pequeño se sintió varón y prefirió usar un nombre masculino”. En la demanda, presentada por los padres del menor, se relatan episodios que le provocan sufrimiento y humillación. La Sala que abordó la demanda valoró en su momento que se trataba de un joven con suficiente madurez y que realizaba una petición seria por encontrarse en una situación estable de transexualidad.

La cuestión planteada por el Supremo ha llegado a la agenda del Constitucional a pocas horas del inicio de una campaña electoral en la que la que Vox ha hecho bandera de sus posturas contra los derechos del colectivo LGTBI denunciando la existencia de un “yihadismo de género“.

Fuentes del Constitucional reconocen que la presencia de Vox en el escenario electoral y su empeño por incluir las cuestiones de género en la agenda ha motivado su decisión de aparcar el debate para no inmiscuirse en el cruce de mensajes que se podría producir en caso de abordar una decisión firme.

Mientras tanto, la resolución ha quedado aparcada en un cajón sin que se produzca ningún movimiento sobre el derecho de un menor transexual a dotarse de una identidad y un nuevo nombre. La familia del joven que llegó hasta el Tribunal Supremo en su demanda tendrá que seguir esperando. El principal implicado tiene ya 17 años.

“El precio de una paja”: los cursos homófobos de Valencia sancionan con aislamiento las “caídas” de sus miembros

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“Panteón” donde se depositan tocones de madera con el nombre de las personas que han “superado” un ejercicio especial de Verdad y Libertad.

El colectivo Verdad y Libertad, fundado y dirigido por el médico granadino M.Á.S.C., lleva desde 2013 organizando cursos homófobos para “sanar” la “herida” que considera que es la homosexualidad. El colectivo se ha reunido en, al menos, tres centros religiosos de Valencia y ha acogido “itinerantes” de toda España y del extranjero en sus diferentes convivencias, según su propia nomenclatura. Las directrices que marca el líder de esta comunidad clandestina son tan estrictas que quienes incumplen sus premisas son aislados del grupo. La reincidencia significa la expulsión.

Según la documentación de estos cursos de V y L en poder de eldiario.es, los incumplimientos de las directrices, que consideran “caídas”, pueden suponer aislamientos temporales o definitivos del grupo -muchas veces el único sostén emocional de las víctimas- y se bareman según la supuesta gravedad. Según han explicado y confirmado varios de los participantes en estos cursos que los abandonaron, M.Á.S.C. obliga a superar un mínimo de 270 días de “sobriedad sexual” para considerarse “sanado”. La documentación acredita estos retos impuestos.

En el propio domicilio del médico en Granada, según la imagen que reproduce este periódico y los testimonios de víctimas, las personas que teóricamente superan un programa especial con M.Á ponen su nombre en un trozo de tronco considerado “cuarto oscuro” en el “panteón donde yacen los cuartos oscuros”. Se trata de un ejercicio en el que los itinerantes muestran sus mayores intimidades. Esta casa también es un lugar para celebrar convivencias entre los miembros del grupo, según el relato de las víctimas.

“El aislamiento se conoce en V y L como el periodo en el desierto. Pretende  evidenciar a aquellos que están en ese lugar que, por haber errado, han perdido mucho. Es muy doloroso, pero M. Á. piensa que los itinerantes se deben sentir así”, asegura J. Q., una de las víctimas que han conseguido salir de esta comunidad y que ha necesitado tratamiento médico. “Hay personas que se van y no las vuelves a ver. Hay otras situaciones en las que un hermano mayor o mentor te tutela y solo puedes hablar con él”, añade este testimonio, que apunta que las temporadas “en el desierto varían”. “Estuve meses sin contacto con los otros miembros del colectivo, que además eran mis amigos”, sostiene.

En los documentos que se reproducen en esta información, la falta menos grave en estos cursos homófobos es el “buceo o fantaseo consciente”. Así, en el primer trimestre de proceso puede suponer la salida cinco días del grupo, que suben a 15 días si se produce en el tercer trimestre.

Tras el fantaseo consciente le siguen en gravedad la “paja consciente”, la búsqueda de porno y el sexo con otros. “El engaño de cualquier tipo” significa la expulsión que solo se puede evitar con “un sincero arrepentimiento” y necesita de la decisión del “terapeuta”. Otras situaciones como el “chateo”, cibersexo o el tonteo con otras personas del mismo sexo se deben hablar con el terapeuta.

Las sanciones se agravan si hay una segunda “caída” y la tercera se sanciona con la expulsión, sea por “una paja consciente” o un engaño. En este caso, plantean los documentos que se debe hablar con el “terapeuta” y puede haber “una probable necesidad de apoyo psicológico o psiquiátrico externo”. Es aquí donde entra la figura de algunos psicólogos ultra que colaboran en esta terapia como la valenciana L.I., que se ha negado a contestar las preguntas formuladas por eldiario.es.

El documento recuerda a los “itinerantes” que los cursos son gratuitos -los asistentes se pagan el desplazamiento y el alojamiento-, pero que se incurre en un error cuando no “se pide ayuda”. “El precio de una paja”, se titula el documento.

El Gobierno valenciano ha abierto diligencias para un expediente que podría suponer multas de entre 60.000 y 120.000 euros y todo tipo de sanciones administrativas. En la Comunitat Valenciana, este tipo de cursos homófobos son ilegales, según relata el secretario autonómico de Igualdad del Gobierno valenciano, Alberto Ibáñez, quien asegura que la reciente ley autonómica LGTBI los “prohíbe” y él mismo los considera “aberraciones”.

Portugal, refugio para homosexuales huidos de Brasil

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Entre 2011 y 2018, cada 16 horas tenía lugar un asesinato homófobo en Brasil. En total, durante esos años, han matado a 4.422 personas del colectivo LGTBI

Un hombre participa en las marchas del Orgullo Gay en Lisboa, en junio. Rafael Marchante REUTERS

El día después de que el ultraderechista Jair Bolsonaro ganara las elecciones presidenciales en Brasil, Ariadna Seixasdecidió huir de Florianópolis, una de las mayores ciudades de la región Sur.

La brasileña, que se identifica como una mujer transexual,había regentado un popular café de la ciudad durante años y nunca había tenido problemas con nadie. Sin embargo, en las semanas previas a las elecciones -a la par que crecían las probabilidades de que el líder populista asumiera la presidencia-, ella y su pareja comenzaron a recibir amenazas a través de las redes sociales.

“Nos llamaban pervertidos y decían que nos iban a matar”, recuerda Seixas. Intentó ignorar los insultos, pero el día después de la victoria de Bolsonaro un grupo de personas asaltaron su café, llevándose todo lo que había de valor y destruyendo lo demás.

“Para nosotros fue obvio que el ataque iba ligado a su elección. Bolsonaro dice que las personas LGTBI representan un peligro para Brasil, y su victoria dio legitimidad al odio sin complejos. Algunos amigos homosexuales fueron agredidos en la calle y sé que asesinaron a varias personas trans en otras ciudades. El asalto que sufrimos fue terrible, pero comparado con otras barbaridades que tuvieron lugar, tuvimos suerte”, relata la brasileña.

Convencida de que si no salía del país iba a morir, Seixas comenzó a buscar dónde exiliarse. Inicialmente pensó en irse a Canadá, país que ha aceptado numerosas peticiones de asilo formuladas por víctimas de violencia homófoba, pero mientras ojeaba su cuenta de Facebook una mañana dio con la página de Portugay Tropical. El grupo, gestionado por brasileños asentados en el país vecino, ofrece asesoramiento a las personas LGTBI que intentan huir de la violencia en Brasil. Con la ayuda de la organización, la pareja de Seixas solicitó un visado de estudios en Portugal y ella consiguió su permiso de residencia por reagrupación familiar.

“Malvendimos el café y, con ese dinero, nos trasladamos aquí en enero”, cuenta la brasileña, que ahora vive en Oporto. “Tenemos que averiguar cómo hacer para quedarnos aquí a largo plazo, pero de momento es un alivio vivir en un sitio donde podemos andar por las calles sin miedo”, relata Seixas.

EL PAÍS DONDE MÁS PERSONAS LGTBI ASESINAN

Seixas es una entre los centenares de brasileños LGTBI que han elegido a Portugal como refugio tras sufrir agresiones homófobas en el país sudamericano. Desde hace una década, Brasil es el país del mundo donde más personas LGTBI son asesinadas. Según los informes de la ONG Grupo Gay da Bahia, 4.422 asesinatos homófobos tuvieron lugar en Brasil entre 2011 y 2018. La cifra implica que se produjo un crimen de estas características cada 16 horas.

En la segunda mitad de 2018 la situación crítica fue a peor debido a la influencia de Bolsonaro, quien reconoce ser “orgullosamente homófobo” y ha declarado que preferiría tener un hijo muerto antes que un hijo ‘maricón’.

Las noticias sobre la escalada de violencia contra las personas del colectivo LGTBI hicieron que Debora Ribeiro, que vive en Oporto desde hace una década, fundara Portugay Tropical en otoño. “Muchos amigos me contactaron preguntando cómo podían hacer para emigrar, y se me ocurrió que habría miles de personas como ellos. Creé la página en Facebook y, en ese primer día, llegaron miles de mensajes de personas pidiendo ayuda”.

Actualmente el grupo tiene más de 3.000 miembros,asesorados por Ribeiro y los trabajadores sociales y psicólogos que pertenecen a la organización. “Damos apoyo a personas que temen por su vida. Algunos se ven obligados a ocultar su identidad y fingir ser heterosexuales para sobrevivir; otros ni siquiera pueden salir de casa porque, si pisan la calle, les van a matar. La policía ya no hace nada para protegerles;están desamparados”.

UN REFUGIO IMPERFECTO

Al ser un país lusófono y seguro, Portugal es un destino natural para el colectivo perseguido. No obstante, aunque viajar al país vecino es fácil -los brasileños no requieren visado para hacerlo-, pedir asilo es complicado.

“Lo normal sería aprobar las peticiones de asilo de los brasileños que demuestren que sufren persecución debido a su orientación social”, explica Marta Ramos, directora de la ONG LGTBI ILGA Portugal. Aclara, sin embargo, que “hacerlo pondría al Ejecutivo luso en una situación delicada, pues implicaría reconocer que el Gobierno de Bolsonaro no respeta los derechos humanos del colectivo”.

“Ese paso podría provocar un incidente diplomático entre los países hermanos, algo que debe evitarse, pues podría empeorar la situación del colectivo en Brasil. Entretanto, estamos buscando vías alternativas para ayudar a los afectados”, añade Marta Ramos.

Además de las complicaciones que pueden surgir a la hora de obtener la residencia lusa, algunos de los brasileños que ya están asentados en el país vecino puntualizan que la vida portuguesa no es utópica.Emmerson Pessoa, profesor universitario de Rondonha, está cursando un doctorado en Lisboa desde hace un año. El académico ya sufrió agresiones por ser gay en su estado natal -el más evangélico de Brasil-, y una compañera trans fue víctima de un ataque homófobo en el periodo postelectoral.

“La elección de Bolsonaro me ha hecho dudar si volver a Brasil cuando concluya mi tesis. Sé que retornar es peligroso, pero ahí tengo mi puesto en la universidad. Si me quedo en Lisboa, tendré que empezar de cero, sin nada”, reflexiona Emmerson Pessoa.

“Sigo la situación en Brasil muy de cerca y, en unos meses, decidiré si me quedo o me voy. Cuando mis amigos me escriben desde ahí, preguntando cómo emigrar. Les cuento que las dos decisiones conllevan riesgos. Portugal es un puerto seguro, pero no es una panacea, y el exilio puede ser muy duro”, concluye este profesor universitario.

Una web española ofrece “un método de sanación integral” para la homosexualidad

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La asociación Arcópoli va a denunciar ante la Comunidad de Madrid esta página porque considera que se “una aberración impropia del siglo XXI en nuestro país” y que, además, es dañina para los jóvenes. 

Esta web ofrece “terapias reparativas” de la homosexualidad y recomiendan la lectura de libros sobre este asunto

La asociación Arcópoli va a denunciar ante la Comunidad de Madrid una página web que ofrece “itinerarios de maduración integral” que persiguen, entre otras cosas, “terapias reparativas” de la homosexualidad y recomiendan la lectura de libros sobre este asunto. “Hemos sido creados para amar y ser amados. Como varones y mujeres, para poder vivir este misterio de amor desde un amor de comunión y de donación, de esponsalidad”, se lee en la página www.esposiblelaesperanza.com.

“El lunes presentamos una denuncia contra el Arzobispado de Alcalá de Henares y ahora presentamos otra contra esta web porque nos han llegado testimonios de que a través de esa página se apuntan a terapias” para curar la homosexualidad, ha explicado el portavoz de Arcópoli, Rubén López. Con la denuncia, avanzada por la Cadena Ser, la asociación pretende que la Comunidad de Madrid actúe y haga cumplir la ley porque estos cursos son “una aberración impropia del siglo XXI en nuestro país”.

Según López, se deriva a personas del colectivo LGTB a “presuntas terapias de curación de la homosexualidad”. “Confiamos en que la Comunidad de Madrid actúe sobre estos focos, los elimine y dé un mensaje contundente a la sociedad porque es dañino para los más jóvenes“, ha añadido el portavoz de la asociación. Arcópoli ha insistido en Twitter en que estas supuestas terapias deben ser sancionadas por “el daño que causan al libre desarrollo de la personalidad”.

En la página web denunciada se indica que se trata de una comunidad de “varones con masculinidad y mujeres con feminidad” y que “solo desde ahí” se puede “amar de verdad”: “Esta es la entusiasmante y hermosa tarea que tenemos entre manos y que queremos vivir en esta página”. La web ofrece talleres de “maduración integral” en los que se recomienda la lectura de libros como “Terapia reparativa de la homosexualidad masculina”, “Homosexualidad y esperanza” o “El proceso de auto-identificación homosexual” de Aquilino Polaino.

Además, se redirecciona a los jóvenes a otra página en la que se sostiene que se puede curar la homosexualidad y que “las personas que se sienten atraídas por personas del mismo sexo sufren de un desorden emocional condicionado por distintas razones“, entre ellas un padre violento o ausente, una madre sobreprotectora o con trastornos emocionales o abuso sexual o violación.

Arcópoli también denunció esta semana al Arzobispado de Alcalá de Henares, por unos supuestos cursos de curación de la homosexualidad, y hace dos años y medio otra página web que también ofrecía recursos para esto mismo.

HazteOir presiona al PP para que derogue la ley que prohíbe las terapias para ‘curar’ la homosexualidad

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Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír, delante del bus tránsfobo de la organización. EFE

La asociación ultracatólica y homófoba HazteOir ha lanzado este jueves una campaña con la que pretende presionar al PP para que retire la ley de la Comunidad de Madrid que prohíbe las supuestas terapias para ‘curar’ la homosexualidad como los cursos que celebra el obispado de Alcalá de Henares que esta semana sacó a la luz eldiario.es.

Estas informaciones han provocado, a juicio de HazteOir, que “la izquierda y los lobbies LGTBI” vuelvan “a la cacería mediática, política e ideológica contra monseñor Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares, a quien están tratando como un delincuente”.

La organización ultracatólica asegura que es “falso” que el obispado imparta cursos “para revertir la homosexualidad”. Pero acusa a este diario de ampararse “en las leyes LGTBI regionales promovidas por el Partido Popular” para pedir que se castigue a Pla “con una multa y se le humille públicamente”.

“Pídele a los responsables del PP en la Comunidad de Madrid que han causado con sus leyes este lamentable linchamiento contra un prelado (sea Ángel Garrido, o Pedro Rollán, que le sucederá en el cargo en los próximos días), que paralicen esta nueva ‘caza de brujas’ contra monseñor Reig Pla”, apunta HazteOir en su página web, en la que incluso ha habilitado un formulario para firmar una carta dirigida a Garrido en ese sentido.

A juicio de la organización ultracatólica “el obispado no ofrece ningún curso, ni taller, ni charla pública para revertir la homosexualidad. Sencillamente, siguiendo su pastoral, acoge y acompaña a las personas que libremente llaman a su puerta”, señala.

“Mientras tanto, la misma ley que le persigue (promovida por el PP) consiente y permite, sin el expreso consentimiento de los padres, que los niños reciban ‘talleres de visibilidad lésbica’ como en el IES Anselmo Lorenzo de San Martín de la Vega o de ‘formación en la diversidad’ en el IES Virgen de la Paz de Alcobendas”, lamenta.

Advierte, además, de que “la Comunidad de Madrid subvenciona el cambio de sexo de cualquier persona que lo solicite y sus respectivos y carísimos tratamientos hormonales”. “Sin embargo si un ciudadano, libremente, decide que quiere recibir ayuda o consejo sobre su homosexualidad, la multa para quien escucha las inquietudes de esa persona, puede llegar a los 45.000 euros si se interpreta que se quiere “tratar de modificar la orientación sexual del individuo”.

Brutal agresión a una transexual en el metro de París

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Julia ha relatado lo sucedido en varios medios franceses. “Uno me tocó el pecho. Me lanzaron cerveza. Otro me dio una bofetada (…) Había conseguido tener confianza en mí y la han destrozado”

El pasado domingo Julia iba a coger el metro en París cuando sufrió una terrible agresión. En la plaza de la República, donde tenía lugar una protesta contra el gobierno de Bouteflika en Argelia, Julia fue atacada por varios manifestantes que empezaron a increparla al grito de “¡Eres un hombre!“.

En cuestión de segundos, la agresión verbal pasó al plano físico. Julia fue zarandeada, golpeada y manoseada hasta que varios agentes del metro parisino intervinieron para ponerla a salvo. Una investigación sobre “violencia basada en la orientación sexual” ya ha sido abierta por la policía y al menos una persona ha sido detenida, según revelan fuentes judiciales a distintos medios franceses.

Julia, transexual, ha contado cómo sucedió todo en declaraciones al ‘Huffington Post’. “Traté de evitarles pero ellos me acorralaron. Uno de ellos me tocó el pecho y se sorprendió de que tuviera senos (….) Le aparté la mano y le dije que no me tocara. Entonces me enseñó su miembro. Me quise escapar. Otros hombres me lanzaron cerveza, me insultaron, otro me dio una bofetada“. Todo esto no aparece en el vídeo. La polémica grabación, que fue difundida en redes sociales por la asociación SOS Homophobie , empieza momentos después de lo relatado por Julia.

En el vídeo, la víctima es golpeada y zarandeada en las escaleras del metro. Ante la violencia, los agentes de la RATP (metro de París) tuvieron que lanzar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y conducirla hasta el interior de la estación.

Julia ha explicado en este medio francés que estos dos empleados del metro le recriminaron que se hubiera vestido “de esa forma” porque “de no haber llevado ese pantalón corto, no habría sido agredida“. “Soy transgénero y eso molesta a la gente (….) pero había conseguido tener confianza en mí y la han destrozado”, concluye Julia.

Para Joel Deumier, presidente de SOS Homophobie, el vídeo es una “manifestación de la transfobia existente. Es como una jauría. La persona sale del metro, es golpeada, le dan una paliza, demuestra que la violencia contra las personas LGBT es una realidad”.

Anne Hidalgo, alcaldesa de París, se ha mostrado en su perfil de Twitter “indignada” por la agresión, que “condena con la mayor firmeza” al tiempo que ha dado su “apoyo” la víctima.

Brunéi comienza a castigar con lapidación la homosexualidad y el adulterio

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El sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah. FOTO: AFP VÍDEO: REUTERS-QUALITY

La reforma legislativa del Código Penal supone consumar el giro conservador de esta nación musulmana del sudeste asiático gobernada con puño de hierro por el sultán Hassanal Bolkiah, quien ejerce de máximo representante del islam en el país.

El nuevo Código Penal incluye la lapidación por delitos de homosexualidad y adulterio; la mutilación de la mano o el pie por robo; la pena capital por blasfemia, difamar el nombre del profeta Mahoma y la apostasía; y la flagelación por aborto, entre otras.

La alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, señaló esta semana que la aplicación de estas leyes “supondría un serio retroceso de los derechos humanos en Brunéi“.

“El nuevo Código Penal es brutal en su núcleo al imponer estos arcaicos métodos de castigo a actos que no deberían ser considerados crímenes”, ha declarado este miércoles Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch.

La oficina del primer ministro, puesto ocupado por el sultán (72 años), afamado por su vida opulenta y varios escándalos amorosos, anunció el sábado la medida con un breve comunicado donde apunta que la sharia ayudará a mantener “la paz y el orden” y tiene como objetivo “educar, respetar y proteger los derechos legítimos de todos los individuos de cualquier raza y fe”.

El sultanato, próspero gracias a sus ingentes reservas de petróleo y gas, comenzó a introducir los castigos basados en la ley islámica en 2014, con una primera batería de enmiendas para las condenas menos duras, en un plan de dos años por etapas que fue suspendido temporalmente por la campaña internacional de boicot contra el entramado de negocios bajo el patronazgo del país.

Matthew Woolfe, fundador de la organización The Brunei Project, señaló que los cambios en el ordenamiento penal crean miedo y ansiedad entre los habitantes, muchos de los cuales no se atreven a hablar o lo hacen bajo condición de anonimato.

Entre ellos un bruneano, que se encuentra en proceso de solicitar asilo en Canadá y abandonó el país por miedo al futuro que le esperaba siendo transgénero.

El actor estadounidense George Clooney renovó, en una columna publicada por el medio Deadline, el boicot contra los hoteles de Brunéi, entre ellos el Beverly Hills en Los Ángeles, Plaza Athenee en París o Eden en Roma, una medida a la que se han sumado otros famosos, políticos y colectivos en favor de los derechos humanos.

“Cada vez que nos alojamos, reunimos o comemos en cualquiera de esos nueve hoteles, estamos dando dinero a los que eligen lapidar o pegar latigazos hasta la muerte de sus propios ciudadanos por ser gais o acusados de adulterio”, escribió Clooney. El cantante británico Elton John apoyó el llamamiento de Clooney. 

Aunque el actual Código Penal ya contempla la pena de muerte, Brunéi no ha realizado ninguna ejecución desde 1957.

La nueva legislación se aplicará principalmente a los ciudadanos que profesen la fe musulmana, quienes representan el 70% de la población del sultanato (unos 300.000 bruneanos), aunque en algunos casos también se utilizará con extranjeros o fieles de otras creencias, en su mayoría budistas y cristianos.

“Obviamente, la apostasía, que conlleva pena de muerte, solo se aplica a musulmanes. Entre los castigos más crueles, el adulterio y la sodomía entre dos hombres —penada con la lapidación— se aplicará si una o ambas de las personas son musulmanas. En caso de no ser creyente en el islam, no se aplicará”, apunta Woolfe.

“Para la mutilación de extremidades en caso de robo, el castigo se aplica independientemente de si la persona es musulmana o no”, incide el fundador de The Brunei Project.

Los no musulmanes ya tenían prohibido desde 2014 utilizar 19 palabras islámicas, incluida “Alá”, y son sancionadas la impresión, divulgación, difusión y la distribución de las publicaciones contrarias a la enseñanza islámica.

La homosexualidad ya era ilegal en el sultanato. El delito por vestir ropa clasificada como indecente acarrea una pena de hasta seis meses de cárcel, y el consumo del alcohol en lugares públicos se castiga con hasta los dos años de prisión.

Brunéi cuenta con un sistema jurídico doble que combina los tribunales civiles, basados en las leyes británicas —el sultanato fue protectorado británico hasta 1984— y las islámicas.