El matrimonio gay ya es imparable

Tras la aprobación de las bodas homosexuales en Nueva York, la batalla en EE UU se da por el reconocimiento federal – Derogar una norma de 1996 implicaría una legalización nacional de facto

Connie Kopelov (sentada) y Phyllis Siegel (a su espalda) tras casarse

Connie Kopelov (sentada) y Phyllis Siegel (a su espalda) tras casarse. / J. DECROW (AP)

El del matrimonio gay es un objetivo que, hoy por hoy, parece más alcanzable que nunca en Estados Unidos. Desde que en 2004 se legalizaran las uniones entre personas del mismo sexo en Massachusetts, un total de seis Estados y el Distrito de Columbia, capital federal, han seguido el mismo camino, bien a través de decisiones judiciales, bien por trámites legislativos. Pese a las fuertes resistencias, la ola se extiende con vistas a conseguir el reconocimiento de estos matrimonios a escala federal, que permitiría a las parejas homosexuales casarse en los Estados que lo permiten y residir como matrimonio en cualquier lugar de EE UU.

En total, el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en una zona que abarca a 35,5 millones de habitantes. Pero ¿lo es del todo? Aún carecen de algunos beneficios de los que sí disfrutan los homosexuales en España, por ejemplo, donde desde 2005 estas parejas están completamente equiparadas con las heterosexuales que se casan, incluida la posibilidad de adoptar conjuntamente. En EE UU, una ley aprobada por los republicanos en 1996 deniega a esas licencias matrimoniales validez federal.

Barack Obama quiere verla derogada. Los grupos ultraconservadores, por el contrario, quieren una reforma de la Constitución que determine que la unión matrimonial solo puede serlo entre hombres y mujeres. Algo similar a lo que sucede en España, donde el PP tiene recurrida la ley de matrimonio homosexual hace ya casi seis años ante el Tribunal Constitucional. Entonces promovía una ley de uniones civiles para los gais y lesbianas que reservara la denominación de matrimonio a los heterosexuales.

Desde el domingo, el matrimonio gay es legal en Nueva York, que con 19,3 millones de habitantes es el tercer Estado más poblado del país. Ahora ya es legal allí y en Iowa, Massachusetts, Connecticut, Vermont, New Hampshire y la capital federal. Solo es válido, sin embargo, ante las respectivas autoridades regionales, y no ante el Gobierno central. Es así debido a la citada ley de los republicanos de 1996, llamada significativamente Defensa del Matrimonio y ratificada entonces por Bill Clinton. En aquella época, Hawai había comenzado los trámites (infructuosos) para aprobar las uniones de gais, y el Congreso nacional actuó con rapidez, ya que en EE UU la Constitución no define el matrimonio como una unión heterosexual. En España la situación es parecida. La Constitución define el derecho a casarse de hombres y mujeres, pero no dice que tengan que hacerlo entre sí.

En la Cámara de Representantes había entonces tres legisladores abiertamente gais (Barney Frank y Gerry Studds, demócratas, y Steve Gunderson, republicano) que calificaron la ley de agresión frontal contra los homosexuales. Ante ellos, el autor de la norma, el republicano ultraconservador Bob Barr denunció, en una recordada comparecencia, los “vientos del hedonismo, las llamas del narcisismo, el fuego de la moralidad autocomplaciente que están mermando los cimientos de la sociedad”. “América no será el primer país del mundo que lance el concepto de matrimonio por la ventana”, dijo.

Según Joe Solmonese, presidente de Human Rights Campaign, el mayor lobby gay del país: “Esa ley impide hoy en día que unos 1.100 derechos, beneficios y responsabilidades matrimoniales a nivel federal se apliquen sobre parejas homosexuales legalmente casadas. Entre ellos se incluyen los beneficios de la Seguridad Social para viudedad, los seguros sanitarios para cónyuges de funcionarios federales, la protección para que los cónyuges no pierdan sus hogares en caso de emergencias médicas graves, el derecho a solicitar visados de inmigrante para cónyuges extranjeros, las garantías para bajas médicas a parejas y la capacidad de tramitar declaraciones de la renta de forma conjunta, entre muchos otros”.

Solo ahora, algunos políticos han comenzado a exigir que se derogue la ley. La primera en hacerlo de forma pública, la semana pasada, fue Dianne Feinstein, una veterana senadora demócrata de California, que en 1978 estaba presente en el Ayuntamiento de San Francisco cuando un perturbado asesinó al activista gay Harvey Milk. Feinstein se queja ahora de que los matrimonios oficiados en Nueva York o Massachusetts sean legales en España pero no ante el Gobierno federal de EE UU. “Se trata, simple y llanamente, de discriminación, no hay otra forma de decirlo”, dijo la senadora en una conferencia en el National Press Club. “Esta no es una causa que vayamos a abandonar. Si no logramos la derogación este año, lo intentaremos el próximo”.

Al día siguiente, Feinstein presentó el texto de derogación en el Comité de Asuntos Judiciales del Senado. Junto a ella comparecieron algunos homosexuales que relataron la discriminación a la que se hallan sujetos. Ron Wallen, de 77 años, perdió hace unos meses a su pareja, con quien compartió 50 años. El Gobierno le deniega una pensión, a pesar de que ambos se casaron en California en 2008, en el breve espacio de tiempo en que las uniones homosexuales fueron legales allí. Un juzgado ha reconocido la validez de su licencia de matrimonio. Andrew Sorbo, de 64 años, se casó en 2009 en Connecticut con un veterano del Ejército. Su marido murió recientemente, después de 30 años de relación. El Pentágono le ha denegado la pensión militar por viudedad. Aunque en junio de 2008 el Tribunal Supremo de California legalizó las uniones gays, en noviembre del mismo año los votantes decidieron en referéndum prohibirlo. De momento, las licencias que se concedieron mantienen su validez debido a una decisión judicial.

En realidad, políticos de ambos signos se han manifestado a favor de las uniones homosexuales en EE UU. Dick Cheney, vicepresidente bajo el mandato de George W. Bush, ha apoyado en numerosas ocasiones las uniones entre personas del mismo sexo y ha contado que su hija, Mary, es lesbiana y mantiene una relación desde hace años con su novia. Del mismo modo se han significado Laura y Barbara Bush, mujer e hija del expresidente. “Creo que es algo que llegará inevitablemente, es solo cuestión de tiempo”, le dijo la ex primera dama al presentador de CNN Larry King en 2010.

Tienen esos políticos conservadores una visión más progresista, oficialmente, que la del propio Barack Obama. En realidad, el presidente ha cambiado con frecuencia sus opiniones al respecto. En 1996, en la campaña para senador en el Estado de Illinois, respondió en un cuestionario político que estaba totalmente a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo. “Estoy a favor de legalizar los matrimonios homosexuales y combatiría cualquier esfuerzo para ilegalizarlos”, dijo. Esa fortaleza de convicciones se iría atenuando con los años. Al llegar a la Casa Blanca, en 2009, era contrario a los matrimonios, pero apoyaba las uniones civiles.

Desde entonces, el presidente se ha empleado en mostrar una especie de proceso público de calculada indecisión. En una entrevista concedida a la revista gay The Advocate en diciembre, dijo: “Me he enfrentado a la opinión personal de que el matrimonio tradicionalmente tenga unas connotaciones diferentes. Pero tengo muchos amigos, muy cercanos, que son gais y lesbianas, y que tienen parejas”. De ese modo, y a pesar de su oposición pública y su indecisión privada, Obama ha tomado una medida inédita en un presidente en activo: apoyar públicamente la derogación de la ley de Defensa del Matrimonio planteada por la senadora Feinstein. La semana pasada su portavoz dijo que el presidente lo hacía “con orgullo”, en un guiño al movimiento gay. Si la derogación se aprueba, sería una legalización de facto del matrimonio gay nacionalmente.

Antes que en España, país pionero en la equiparación total de las parejas gais y heterosexuales, fue el Estado de Massachusetts (6,5 millones de habitantes) el que aprobó el matrimonio gay por la vía judicial. Aquello despertó las alarmas de los grupos conservadores, que presionaron para que se propusiera en el Congreso una reforma de la Constitución donde dejar por escrito que el matrimonio es la unión exclusiva y excluyente entre un hombre y una mujer. El expresidente Bush, que estaba en campaña electoral, apoyó esa fórmula, que hubiera supuesto la primera reforma constitucional propuesta desde los años setenta. Solo ha habido 17 reformas en más de dos siglos de historia norteamericana.

“La unión de un hombre y una mujer es la institución humana más duradera, honrada y defendida por todas las culturas y todas las fes”, dijo entonces Bush. “La institución del matrimonio no puede desvincularse de sus raíces culturales, religiosas e incluso naturales sin debilitar su buena influencia sobre la sociedad”. Para triunfar, aquella reforma constitucional debía haber obtenido dos tercios de los votos del Congreso y la ratificación de 38 Estados. Se ha votado sobre ella ya en tres ocasiones. En todas ha fracasado.

Hay grupos conservadores que, sin embargo, han decidido hacer de la lucha constitucional su principal batalla. Creen que si el Congreso, con la nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes, aprueba la modificación de la Carta Magna, todos los matrimonios gais aprobados hasta ahora en los diferentes Estados se verán invalidados de golpe. En el Congreso, la semana pasada, el portavoz del grupo ultraconservador Focus on the Family, Thomas Minery, detalló los peligros que entraña, a su parecer, el matrimonio homosexual: mayor número de divorcios y menor monogamia, principalmente.

Tras la estela española

– Desde que España aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2005, otros ocho países han seguido, hasta la fecha, la misma senda: Holanda, Bélgica, Portugal, Suecia, Noruega, Canadá, Sudáfrica y Argentina. Además, estos enlaces están permitidos en siete Estados de EE UU: Iowa, Massachusetts, Connecticut, Vermont, New Hampshire, Nueva York, y también en la capital federal, el distrito de Columbia. También en México DF (el Estado de la capital).

– En muchos de estos países (Holanda, los nórdicos) antes de la plena equiparación había fórmulas intermedias, como leyes estatales de uniones civiles o de parejas de hecho que reconocían en la práctica casi los mismos derechos a dos contrayentes homosexuales que a una pareja heterosexual casada, aunque con excepciones (la más clara era la de poder adoptar conjuntamente).

– La Asociación Internacional de Lesbianas y Gais (ILGA) reconoce que hay otros 14 países en los que la equiparación de las parejas gais y las casadas heterosexuales es casi total: Brasil, Colombia, Israel, Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Reino Unido, Suiza y Nueva Zelanda, y otros 10 con una equiparación algo menor (Ecuador, Uruguay, República Checa, Croacia, Francia, Andorra, Eslovenia, Luxemburgo, EE UU y Australia).

– En el extremo opuesto están quienes persiguen las relaciones homosexuales. Son 76 países, con los casos más graves en los territorios donde este tipo de prácticas pueden castigarse con la pena de muerte: Arabia Saudí, Irán, Mauritania, Sudán, Yemen, 12 Estados del norte de Nigeria y zonas del sur de Somalia.

Un empujón a una industria boyante

Habían esperado años. Así que el domingo, cuando se legalizaron los matrimonios de gais y lesbianas en Nueva York, centenares de parejas acudieron a casarse en todos los rincones del Estado, desde la frontera con Canadá y las cataratas del Niágara a los embarcaderos del río Hudson, en Manhattan. Solo en la ciudad de Nueva York, 659 parejas obtuvieron sus licencias y 484 se casaron. De ellas, 107 venían de Estados como Alabama, donde las uniones entre homosexuales no están legalizadas. Nueva York no requiere a los contrayentes que estén empadronados en el Estado para que puedan unirse en matrimonio.

Las primeras en casarse, en Buffalo, ante las famosas cataratas que marcan la frontera con Canadá, fueron Kitty Lambert, de 54 años, y Cheryle Rudd, de 53, que tienen cuatro hijos y 12 nietos. Una bandera multicolor, símbolo del movimiento gay, se proyectó sobre la cascada de agua.

En Manhattan, las primeras fueron Phyllis Siegel, de 77 años, y Connie Kopelov, de 85, que han estado juntas durante 23 años. “Es increíble que haya llegado el momento en que podemos hacer esto como cualquier otra pareja”, dijo Siegel de la mano de su ya esposa, con lágrimas en los ojos.

La clase política celebró el día con los activistas. El gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, celebró una fiesta con diversas parejas gais. El alcalde Michael Bloomberg, republicano convertido en independiente, casó a dos colaboradores suyos, ambos varones, que tienen dos hijas, en su residencia oficial. Todos hicieron hincapié en que el movimiento de lucha por los derechos de los gais nació oficialmente en Manhattan, en los disturbios de Stonewall, un pub de Nueva York, el 28 de junio de 1969, fecha desde entonces del Orgullo Gay, Lésbico, Transexual y Bisexual.

Con los derechos llegan, también, las oportunidades de negocio. Nueva York está viviendo un resurgir de su industria de servicios debido a la legalización de esas uniones, tal y como lo hizo California en los cinco meses en que allí fue legal en 2008. Aseguran consultoras como Community Marketing Inc. que el llamado mercado gay mueve, solo en EE UU, unos 43.000 millones de euros al año. Se estima, además, que siete millones de turistas gais visitan la ciudad de Nueva York cada año, donde se dejan unos 11.000 millones de euros.

El arzobispo de Santiago llama a desobedecer las leyes contrarias a los valores de la Iglesia

“Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”, dijo el arzobispo de Santiago durante la tradicional ofrenda al Apóstol en la Catedral con motivo del 25 de julio

El arzobispo de Santiago, Julián Barrio

El arzobispo de Santiago, Julián Barrio. / tucho valdés

PAULA PÉREZ | SANTIAGO Primero fue la autorización del matrimonio homosexual, después la norma que regulaba el aborto en España y más recientemente la ley de muerte digna. Las decisiones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero torpedean los cimientos sobre los que se sustenta la Iglesia y el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, lanzó ayer un mensaje claro a sus fieles durante la Ofrenda al Apóstol, celebrada en la Catedral de Santiago, instándolos a desobedecer estas normativas. “Una ley civil que, rebasando los límites de su competencia, contradiga la verdad del hombre, no reconociendo sus derechos fundamentales o incluso atropellándolos, carece de fuerza obligatoria” , advirtió.

Durante su discurso en la tradicional Ofrenda, que este año corrió a cargo de la presidenta del Parlamento gallego, Pilar Rojo, como delegada regia, el arzobispo dejó claro que “hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”.

Además, frente a quienes critican la intromisión de la Iglesia en los asuntos públicos, Julián Barrio defendió su papel porque “fortalece la convivencia social y sirve al bien común cuando recuerda a sus fieles y a todos los hombres que las leyes justas, aunque puedan y aún deban perfeccionarse, obligan en conciencia”. Otra cosa, según distingue el arzobispo, son las “leyes civiles y ahí apunta que “el origen de la autoridad no es crear un sistema de dominio”.

Y, frente a las posturas que enarbolan el concepto de libertad para respaldar leyes como la del matrimonio gay, el aborto o la muerte digna el arzobispo también tuvo respuesta: “Dios nunca privará al hombre de su libertad pero actuar con un fin contrario al bien de nuestra naturaleza humana no es libertad verdadera, ya que la libertad se ordena hacia el bien”.

Crisis

No fue el único mensaje que lanzó a los gobernantes. La crisis ocupó también parte de su discurso durante la celebración de ayer en la Catedral. En su opinión, para salir de la crisis es preciso “una actitud de conversión”. “Si el hombre tiene la mirada dirigida a Dios, aprenderá de él la verdadera humanidad”, aconsejó.

Fue una ceremonia, menos multitudinaria que la del pasado año, que coincidía con el Xacobeo, pero que tuvo como telón de fondo otra conmemoración, la del octavo centenario de la Catedral, y también el reciente robo del Códice Calixtino. Las medidas de seguridad fueron extremas: además de la fuerte presencia policial por el casco antiguo de Compostela se registraron las mochilas a todos los visitantes y transeúntes que cruzaron la Plaza do Obradoiro.

El acto comenzó con la tradicional revista a las tropas. No faltaron las principales autoridades gallegas: desde el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, los conselleiros del Gobierno gallego, el delegado del Gobierno, Miguel Cortizo, el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza, Miguel Ángel Cadenas, el Valedor, Benigno López, así como otras personalidades sociales, políticas y militares.

Unos cuarenta sacerdotes y obispos participaron en la celebración eucarística, que comenzó en torno a las diez y media de la mañana.

El arzobispo de Santiago aprovechó su homilía para recordar la visita del Papa Benedicto XVI el pasado año y animar a los jóvenes a participar este año en la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Madrid en agosto y en la que también estará presente el Pontífice. Barrio, de hecho, remató su discurso animando a las familias a formar a las generaciones más jóvenes “dentro de los principios morales y espirituales que garanticen el respeto sagrado a la persona”.’

La ONU otorga el estatus consultivo a un colectivo internacional de homosexuales

La asociación ya lo había obtenido en 1993, pero lo perdió por la presencia de grupos que abogaban por la abolición de las leyes sobre la edad de consentimiento sexual

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas ha otorgado el estatus consultivo a la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA), lo que permite a esta organización asistir e intervenir en las conferencias de la ONU y enviar declaraciones. La decisión se ha tomado hoy en Ginebra por 29 votos a favor, 13 en contra y 6 abstenciones, según ha informado el colectivo en un comunicado.

La ILGA obtuvo ya el carácter consultivo de la ONU en 1993, pero lo perdió en los años siguientes por la presencia de grupos que abogaban por la abolición de las leyes referidas a la edad de consentimiento sexual. La consecuencia fue que la organización expulsó a esos grupos y enmendó sus

estatutos para que se estableciera claramente en ellos su compromiso contra el abuso infantil.

Renato Sabbadini, cosecretario general de este colectivo ha calificado de este día de “histórico” y Pedro Paradiso Sottile, secretario general de la ILGA en Latinoamérica y el Caribe, ha subrayado que se trata de “un acto de justicia y un motivo de orgullo para la comunidad internacional que trabaja por un mundo donde los derechos humanos sean realmente respetados sin ningún tipo de discrimiación”.

Piden que la “disforia de género” deje de ser considerada enfermedad mental

Mantener el término como trastorno mental “estigmatiza a las personas transgénero y restringe su libertad”, apunta el comisario europeo de Derechos Humanos

El comisario europeo de Derechos Humanos, Thomas Hammarberg, pidió hoy la desclasificación de la denominada “disforia de género” como enfermedad mental en organismos médicos internacionales y de países miembros del Consejo de Europa.

Hammarberg advirtió que mantener el término -que designa a las personas que viven un desacuerdo entre su sexo biológico y su sexo psicológico- en la categoría de trastorno mental “estigmatiza a las personas transgénero y restringe su libertad a la hora de escoger un eventual tratamiento” hormonal. El comisario recordó asimismo, en un comunicado, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) se encuentra actualmente en proceso de revisión de ese aspecto, por lo que subrayó la “ocasión” propicia para que otras instituciones sigan el ejemplo.

Los transexuales son “víctimas de violentos crímenes de odio”, con 41 asesinatos por ese motivo en Europa desde 2008, en países como Alemania, España, Portugal, Turquía, Rusia o el Reino Unido, indicó el responsable de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que incluye a 47 países miembros. “La transfobia es raramente abordada como tal en los códigos penales nacionales. Solo Suecia y Escocia disponen de un código penal que menciona explícitamente los crímenes de odio a transexuales”, destacó.

Hammarberg lamentó también que apenas nueve países del Consejo de Europa han incluido claramente la identidad de género en su legislación de lucha contra la discriminación, una lista en la que no se encuentra España. Señaló, en este sentido, que según varios estudios la mitad de las personas transgénero disimulan su identidad de género en el lugar de trabajo, por miedo a perder el empleo.

Precisamente en España, el pasado 7 de junio, Carla Antonelli se convirtió en la primera mujer transexual diputada autonómica.

El Gobierno vasco prepara una ley para defender los derechos de los transexuales

Contra la discriminación

  • El Ararteko por su parte apuesta por combatir la homofobia desde la educación

El Ararteko, Íñigo Lamarca, con la presidenta del Parlamento Vasco, Arantza Quiroga

El Departamento vasco de Empleo y Asuntos Sociales trabaja en la elaboración de la Ley de Atención Integral a las Personas Transexuales “con el objetivo de trabajar por la igualdad y contra la discriminación que sufren estos ciudadanos”.

Por ahora se trata de un anteproyecto de ley, con el que ya cuenta el colectivo de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales (GLBT) para que realice las aportaciones que considere oportunas.

Según fuentes de la Consejería, se trata de la segunda ley autonómica,después de la aprobada en la Comunidad de Navarra, que busca desarrollar, complementar y ampliar los avances que se han producido con la legislación estatal.

A través de una nota, y coincidiendo con la celebración de este martes del Día del Orgullo de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco ha manifiestado su voluntad de “seguir trabajando para impulsar el bienestar y la integración” de este colectivo en la sociedad vasca.

El objeto de la futura ley es “garantizar el derecho de las personas transexuales a recibir, de las Administraciones Públicas Vascas, una atención integral y adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas y de otra índole, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía”. En primer lugar, la propuesta legislativa con la que trabaja el departamento obliga a las administraciones públicas vascas a tratar a los transexuales “conforme a su identidad de género, la que se corresponde con el sexo al que sienten pertenecer”.

El anteproyecto establece un servicio de información, orientación y asesoramiento para los transexuales, sus familiares y allegados. En la actualidad ya funciona un servicio de estas características, Berdindu. Así que su inclusión en la ley lo reforzaría y garantizaría su permanencia con independencia de quien dirigiera el Ejecutivo vasco.

El texto también recoge los derechos de los transexuales en el ámbito sanitario. Se prevé la regulación reglamentaria de una unidad de referencia en materia de transexualidad dentro de Osakidetza integrada por profesionales de la atención médica, de enfermería, psicológica, psicoterapéutica y sexológica. En estos momentos, Osakidetza ya cuenta con esa unidad, con lo que la futura ley reforzará esa presencia. Además, se elaborará una guía clínica para la atención de los transexuales.

El Servicio de atención ha recibido entre enero y mayo 897 consultas

El Servicio de atención a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales-Berdindu, dependiente del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, y gestionado por las entidades sociales Gehitu, Aldarte y Errespetuz, ha atendido entre enero y mayo de 2011 un total de 897 consultas, de las cuales 671 han sido realizadas por personas y 225 por entidades.

Si se clasifica las consultas realizadas según la edad de los usuarios, los que más acceden al servicio se encuentran en la franja de edad que va de los 16 a los 45 años. Entre las consultas que se han atendido destacan las relacionadas con el asesoramiento jurídico sobre tipos de unión y con el asesoramiento emocional.

Se han atendido demandas de información sobre asociaciones de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales; consultas relacionadas con la salud sexual (prueba rápida del SIDA, etc., familia homoparental (adopción y filiación por parte de una pareja homosexual) y asesoramiento sexológico en el ámbito de la identidad de género.

El Ararteko pide combatir la homofobia y transfobia desde la educación

El Ararteko, Iñigo Lamarca, ha defendido este martes la necesidad decombatir la homofobia y la transfobia desde los centros educativos.

En una declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo Gay, que se celebra este martes, el Ararteko ha señalado que es necesario “implantar un sistema eficaz en los centros educativos que asegure que cada alumno y alumna podrá desarrollar su identidad, su afectividad y su sexualidad sin merma alguna de derechos”.

Aunque reconoce enormes avances en la materia, el Ararteko ha denunciado que aún hay situaciones de discriminación y violación de los derechos humanos basadas en la orientación sexual o la identidad de género y que estas situaciones adoptan a menudo “formas silentes u ocultas”.

El Ararteko se ha sumado en su nota a la resolución que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó el pasado 17 de junio contra la violación de derechos humanos basada en la orientación sexual y en la identidad de género.

El Defensor del Pueblo del País Vasco, que ha abogado también por el reconocimiento social de los derechos de “la población de personas mayores, gays, lesbianas, bisexuales o transexuales”, ha hecho un llamamiento a las instituciones y a la sociedad “para que el orgullo de amar y ser como cada cual desee sea un orgullo compartido por todos y todas”.

La Audiencia Nacional anula la sanción a Intereconomía por homofobia

El tribunal considera que la multa impuesta por el Gobierno vulnera la libertad de expresión y el derecho de crítica del medio. La cadena asegura que se criticó la asistencia a un acto festivo, no la identidad sexual.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha declarado nula la sanción del Ministerio de Industria que condenaba a Intereconomía a pagar 100.000 euros por la emisión de un spot promocional que cuestionaba que el Día del Orgullo Gay fuese subvencionado con fondos públicos. El vídeo, que fue emitido 273 veces entre julio y septiembre de 2009, reproduce imágenes de homosexuales junto al eslogan “Un día del orgullo gay. 364 de orgullo de la gente corriente”.

La denuncia formulada por el Consejo Audiovisual de Andalucía fue admitida a trámite por Industria, que consideró “ilícita” la campaña por considerar que va en contra de lo que establece la ley, donde se afirma que “la publicidad televisiva no puede atentar contra el debido respeto a la dignidad de las personas o a sus convicciones religiosas y políticas ni discriminarlas por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad y opinión”.

Intereconomía recurrió asegurando que “el anuncio de autopromoción suponía únicamente una crítica a un preciso acto festivo que no resulta ser representativo de la totalidad de los homosexuales, sino de un grupo de personas que está enfrentado con otros en lo que se refiere a la celebración del Día del Orgullo Gay”, según explica en su página web.

Esta nueva sentencia prima “el carácter prioritario que ostenta la libertad constitucional de opinión y más aún cuando es formulada por un medio de comunicación” apoyándose en el artículo 20 de la Constitución. La Audiencia sostiene que “no toda crítica o percepción negativa entraña por sí sola discriminación” y añade que si el Estado de Derecho acepta este precepto, “los contenidos de la libertad de expresión y el derecho a la crítica quedarían reducidos hasta su virtual desaparición”.

Intereconomía ha considerado esta resolución como el “triunfo de la libertad de expresión”. Juan José Aizcorbe, el director general jurídico de la cadena, ha reconocido que su principal preocupación no eran los 100.000 euros de multa, sino que dentro de las concesiones de las cadenas de televisión, tener una sanción puede implicar la no renovación de la licencia. “No hemos vulnerado ningún derecho y reseñamos que por encima de una decisión política ha sobrevenido una decisión con todo el peso de la ley”, ha defendido Aizcorbe. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales ha expresado en un comunicado que “la Justicia ha actuado desproporcionalmente, con una arbitrariedad clara, cuando antepone el derecho a la libertad de expresión de esta televisión privada pero no el de las personas”. La organización ve un clara discriminación por orientación sexual e incitación a través de las imágenes y mantienen que Intereconomía desprestigia a su colectivo.

El Supremo investiga la gestión de EB por un «agujero patrimonial» de 14 millones

Exdirigentes de la Cámara de la Propiedad de Bizkaia denuncian la actuación del anterior Gobierno Vasco

Dirigentes de la extinta Cámara de la Propiedad Urbana de Bizkaia denuncian que las irregularidades del proceso de disolución del organismo superan «con creces» las anomalías desveladas hasta ahora. En concreto, subrayan que el proceso de liquidación que ejecutó el Departamento de Vivienda del anterior Gobierno Vasco -que se desarrolló durante tres años- coincidió con una «brutal descapitalización» de la entidad, que pasó de disponer de un «patrimonio propio de unos 13,8 millones de euros» en 2006 -momento en el que fue intervenida por la consejería que dirigía Javier Madrazo junto a las cámaras guipuzcoana y alavesa- a contar con unas pérdidas que rondaban el medio millón de euros. Es decir, un «desfase contable» que ronda los 14 millones de euros. Los antiguos gestores del organismo han llevado el caso a los tribunales y están a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo.
La Cámara vizcaína contaba en 2005, a efectos contables, con un patrimonio superior a los 7 millones de euros, según un informe pericial al que ha tenido acceso este periódico. Dentro del apartado de activos figuraban cuentas financieras de unos 6 millones de euros y los edificios que formaban parte de los bienes de la sociedad. Entre estos últimos, figura la histórica sede del organismo, de casi 2.500 metros cuadrados. Situado en pleno centro de Bilbao, la Cámara valoró el inmueble en términos de contabilidad en unos 500.000 euros, pero su valor de mercado puede rondar los 10 millones de euros.
En marzo de 2007, una nueva auditoria elevó el patrimonio conjunto de la sociedad hasta los 8 millones, que se convertían en 17 millones en función de los valores de mercado. El conflicto se desató a la hora de delimitar los bienes propios de la Cámara -que «deberían corresponder al conjunto de los vizcaínos» aunque fuesen gestionados por el Gobierno Vasco una vez liquidada la institución- y los activos que debían pasar automáticamente a engrosar las arcas de la Hacienda general vasca.
Historia centenaria
El anterior Ejecutivo autonómico estableció que la entidad arrastraba pérdidas en sus fondos propios de 500.000 euros y, en este sentido, decretó que todos los activos -valorados en 15 millones- debían ser transmitidos directamente al Ejecutivo, ya que entendía que habían sido generados a cargo de las cuotas obligatorias que abonaron los ciudadanos. Absolutamente «perplejos» por aquella decisión, los exdirigentes de la Cámara decidieron recurrir a los tribunales. Consideran que 13,8 de esos 17 millones forman parte de los fondos propios generados por el organismo durante su centenaria historia.
A la hora de denunciar la «descapitalización de la entidad», los antiguos gestores protestaron por una serie de gastos realizados entre 2006 y 2007 -cuando el exdelegado de Vivienda Txema Gonzalo estaba al frente de la liquidación- que «no se deberían haber imputado» a las arcas de la Cámara. Entre los mismos citaron pérdidas de 1,5 millones de euros que se produjeron por nuevas contrataciones de personal como la de Jon Alonso, que fue fichado por Gonzalo para ocuparse de la «gestión administrativa» de una entidad teóricamente extinta y en cuya cuenta han aparecido más de 100.000 euros.
También denuncian pagos «injustificados», como los complementos salariales realizados al fondo de pensiones Biharko cuando «ya habían sido abonados antes de la intervención». Y censuran que el informe encargado por Vivienda incluye la sede de la asociación dentro de las propiedades adquiridas con cargo a las aportaciones obligatorias, cuando «fue donado en 1903 por los López de Letona». «Es absolutamente injusto que el resultado de una actuación pública repercuta en el patrimonio de la Cámara», concluyen.

Gonzalo excusó el cierre de la Cámara de Vizcaya en vacaciones y deudas domiciliadas

La existencia de “débitos domiciliados” en la cuenta de la Cámara de la Propiedad Urbana de Vizcaya fue una de las razones o excusas aducidas por José María Gonzalo para mantener operativa esa entidad más de tres años después de que un decreto del Gobierno al que representaba estableciera su extinción. Gonzalo era delegado territorial del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales en Vizcaya y en su condición de tal fue comisionado por el consejero Javier Madrazo para finiquitar la Cámara.

Lejos de ello, se embarcó en una operación que nadie entiende, ni quienes le conocen y le atribuyen una honestidad fuera de duda, ni quienes, conociéndole o no, consideran que su condición de jurista -es letrado del Gobierno- le hacía conocedor de lo que estaba haciendo y de sus eventuales consecuencias. Todos dan por hecho que no se ha lucrado personalmente, y fuentes vinculadas entonces a EB dan por hecho que los responsables de la organización y del departamento debieron extrañarse del modo en que se estaba financiando una película producida por un servicio del Gobierno, Berdindu. Por ejemplo, de que no hubiera recurrido a las ayudas que ofrece el Departamento vasco de Cultura y más tratándose de un rodaje en euskera.

Según consta en la documentación que obra en el Gobierno, Gonzalo envió a finales de abril de 2009 -el decreto de extinción data de enero de 2006- un escrito al director de Finanzas del Ejecutivo, dependiente del Departamento de Hacienda, que dirigía la también vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia. En él expresaba la “imposibilidad” de cerrar la cuenta corriente y prometía enviar “en breve” una información “más detallada y precisa (…) con vistas al cierre definitivo (…)lamentando habernos retrasado en su elaboración da causa del paréntesis vacacional”. Gonzalo respondía a un requerimiento de principios de ese mismo mes, uno después de celebradas las elecciones autonómicas que originaron el relevo del Gobierno tripartito de Juan José Ibarretxe. En él se le pidió el cierre de las cuentas y el traspaso de los saldos a la Tesorería General del País Vasco. Con anterioridad, el delegado de Vivienda en Vizcaya había sido ya emplazado desde la Oficina de Control Económico (OCE) en dos comunicaciones distintas para que liquidara la Cámara y enviara a la OCE relaciones de cobros y pagos, extractos bancarios y otra documentación.

A la llegada del nuevo Gobierno de Patxi López, en mayo de 2009. y con la exploración de los departamentos para su reorganización el responsable de Vivienda se encontró con la Cámara sin liquidar y la de Empleo y Asuntos Sociales con una nómina que se pagaba a un empleado en ella. El 10 de noviembre el Ejecutivo destituyó a Gonzalo y encargó la auditoría.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Viernes, 1 de abril de 2011

Txema Gonzalo evitó cerrar la cuenta en la que operaba aunque se lo exigió el Gobierno

Txema Gonzalo, el ex alto cargo del departamento de Vivienda encabezado por Javier Madrazo implicado en un presunto desvío de fondos públicos procedentes de la liquidación de la extinta Cámara de la Propiedad Urbana de Vizcaya, mantuvo abierta la cuenta bancaria de la entidad de derecho público a pesar de haber recibido hasta tres requerimientos por escrito del director del la Oficina de Control Económico (OCE) del Gobierno vasco y del responsable de Finanzas del Ejecutivo para que procediera a su cierre y al traspaso de los fondos a la Tesorería General del País Vasco.
En una auditoría posterior, la OCEdescubrió un ‘agujero’ de casi 450.000 euros en ese depósito, de los cuales más de 100.000 aparecieron en poder de Jon Alonso –un trabajador contratado por Gonzalo para la gestión del organismo que debía liquidar– y otros 330.000 se destinaron a pagos sin destinatario conocido. Gonzalo, actual asesor jurídico del Ejecutivo aunque con un expediente disciplinario en curso, aseguró a la OCEque las cantidades ‘extraviadas’ se destinaron a financiar la película ‘Ander’, que también contaba con la subvención de Berdindu, el servicio público de apoyo a gays y lesbianas que él mismo dirigía desde la adjudicataria Aukeratu. No obstante, la OCEha acreditado la realización de obras en la sede bilbaína de la Cámara, ubicada en la esquina de Colón de Larreátegui con Ercilla, y, según desveló ayer ELCORREO, Gonzalo cargó a esa cuenta el coste de un viaje para dos personas al Festival de Cine de Diversidad Sexual que se celebró en Montevideo (Uruguay) en 2006.
Los apremios del director de la OCEa Gonzalo para que consumase la liquidación del patrimonio de la Cámara y cerrase sus cuentas se remitieron el 29 de enero y el 19 de febrero de 2009, sin obtener respuesta, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. El 8 de abril del mismo año el responsable de Finanzas insistió en la petición. El 22 de abril el delegado de Madrazo asegura que le ha sido imposible cerrar la libreta de la BBK «por la existencia de débitos domiciliados» y se excusa por no haber enviado «una información más detallada y precisa del estado de situación (…) con vistas al cierre definitivo del proceso de liquidación» debido «al paréntesis vacacional» de Semana Santa.

Un excargo de Madrazo usó fondos públicos para viajar a Montevideo

Txema Gonzalo, que se ha dado de baja de EB, utilizó 2.500 euros de la Cámara de la Propiedad en un viaje a Uruguay a un festival de cine gay

Serafín Llamas y Txema Gonzalo, en el festival.

Serafín Llamas y Txema Gonzalo, en el festival.

El delegado en Vizcaya del Departamento de Vivienda del anterior Gobierno Vasco, Txema Gonzalo, usó unos 2.500 euros del patrimonio de la Cámara de la Propiedad Urbana vizcaína para viajar con otra persona a Montevideo (Uruguay), donde acudió en septiembre de 2006 a un festival de cine sobre la diversidad sexual y de género denominado ‘Llámale H’. Un certamen que se prolongó durante una semana y al que también acudió como invitado Serafín Llamas, actual portavoz de la Presidencia de Ezker Batua vinculado al sector afín al exconsejero Javier Madrazo. Gonzalo comunicó ayer a Ezker Batua su «baja voluntaria» en el partido «como militante de base» hasta que se aclaren las supuestas irregularidades que se le atribuyen.
Según un documento al que ha tenido acceso este diario, Gonzalo remitió una factura a la Cámara de la Propiedad de Vizcaya -en un momento en el que formaba parte del organismo público, que se encontraba en fase de liquidación, como delegado del Departamento de Vivienda- por 2.539,92 euros en concepto de «gastos de viaje personal». Para justificar el libramiento de fondos, aportó un escrito de una agencia de viajes en el que aparecen algunos de los gastos realizados. Entre los mismos figuran billetes de avión para dos personas con el trayecto Bilbao-Montevideo, con una escala intermedia en Madrid. Cada uno de estos boletos, fechados el 6 de septiembre, costó más 975 euros. En la misma factura se incluye la estancia, en concepto de alojamiento y desayuno, en una habitación de hotel para dos personas por 422 euros, además de una serie de pequeños gastos de gestión.
En el propio programa del festival de cine celebrado en Montevideo, en el que se proyectaron 12 largometrajes, 27 cortos y 10 documentales, se incluye a Gonzalo y a Llamas dentro del grupo de «invitados extranjeros». Al primero se le presenta como «licenciado en Derecho, delegado territorial de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco» en Vizcaya y director de Berdindu, «el servicio vasco de atención a lesbianas, gays y transexuales». Respecto al currículo de Llamas, los organizadores citan su licenciatura en Ciencias de la Información. Subrayan que forma parte de la junta directiva de la asociación de apoyo al colectivo homosexual Hegoak -una de las más representativas de Euskadi – y recuerdan que es «responsable de la comisión Zinegoak», el festival internacional de cine gay-lesbo-trans de Bilbao.
El cargo realizado por Gonzalo a las arcas de la Cámara de la Propiedad vizcaína se realizó en un momento en el que el organismo se encontraba en fase de liquidación, en virtud del decreto 15/2006. De hecho, Gonzalo fue nombrado por Javier Madrazo como delegado del Departamento de Vivienda en la propia Cámara. Su función se limitaba a liquidar el patrimonio de la entidad pública, que debía pasar a engrosar de forma automática las arcas de la Hacienda general vasca.
Investigación judicial
Se da la circunstancia de que los actuales gestores del Ejecutivo autonómico han remitido a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia un informe interno que revela supuestas irregularidades en la liquidación de la Cámara de la Propiedad. Estas anomalías en la gestión fueron desveladas por una auditoría encargada de oficio por la Oficina de Control Económico (OCE) sobre el proceso de extinción del organismo.
Los auditores hallaron un ‘agujero’ de 444.345 euros. De esta cantidad, 332.826 euros se han destinado a pagos sin destinatario conocido y 106.653 euros han aparecido de forma injustificada, según ha acreditado la BBK, en la cuenta de bancaria de un trabajador -Jon Alonso- contratado por Gonzalo, que también autorizó gastos no atribuibles a la Cámara. Entre los mismos, se financió ‘Ander’, una película de temática homosexual que también recibió fondos de Berdindu.