HOMOFOBIA : La ola de agresiones homo-transfóbicas que sacude a la comunidad LGBTI de Chile

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“A Brenda la mataron de forma brutal. Quiero justicia para ella, que se sepa quién la mató de esta manera, que este hecho no quede impune, que las autoridades ayuden en esto, por favor”. Fueron las palabras desesperadas de Gloria Vallejos, madre de Brenda, asesinada cerca de su casa el lunes pasado en Valparaíso, en la zona central de Chile.

Personas sostienen paraguas arco iris para celebrar el Día Internacional contra la Homofobia frente al edificio del Parlamento rumano en Bucarest. DANIEL MIHAILESCU / AFP

“A Brenda la mataron de forma brutal. Quiero justicia para ella, que se sepa quién la mató de esta manera, que este hecho no quede impune, que las autoridades ayuden en esto, por favor”. Fueron las palabras desesperadas de Gloria Vallejos, madre de Brenda, asesinada cerca de su casa el lunes pasado en Valparaíso, en la zona central de Chile.

Brenda Plaza tenía 41 años y era una mujer trans que vivía en Iquique, al norte del país, pero aterrizó hacía dos meses al litoral para visitar a su madre. Hasta ahora no se han encontrado los responsables del crimen, pero familiares y activistas criticaron que la policía hablara de ella como “una persona de sexo masculino vestida de mujer”. “Hasta el último momento trataron a Brenda como hombre. Así que no podemos esperar que los malos dejen de matarnos, ni mucho menos podemos esperar respeto de los demás, si la misma policía no nos respeta”, espetó la concejala trans de la ciudad porteña, Zuliana Araya.

El asesinato de Brenda se suma a una larga lista de agresiones y ataques que se han registrado en el país suramericano en el último tiempo. Según el XVII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, elaborado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), en 2018, en Chile se denunciaron 698 casos de violencias y abusos basados en la orientación sexual o la identidad de género de las personas. En comparación a 2017, se registró un aumento de un 44%, la cifra más alta que se ha registrado en los últimos 17 años. El documento también revela que por tercera vez en este período, la población trans acumuló el mayor número de vulneraciones, con el 39% del total, correspondiente a 273 casos, el más alto conocido hasta ahora.

Hasta el 15 de marzo, se registraron en el país sudamericano 13 casos de violencia física por diversidad sexual, un 85% más que el promedio de años anteriores entre enero y marzo. En este recuento no se consideró el homicidio de Brenda ni tampoco la agresión que sufrieron un grupo de mujeres trabajadoras sexuales trans, que fueron apuñaladas a finales del mes pasado.

Entre los últimos casos que han conmocionado la sociedad chilena hay la “violación correctiva” de un hombre a su hijastra por ser lesbiana; o el ataque a la joven Carolina Torres, que quedó herida con riesgo vital tras ser golpeada con un palopor dos hombres mientras paseaba de la mano de su novia y otra amiga.
Precisamente, este jueves, después de dos meses de búsqueda, los presuntos agresores de Carolina fueron detenidos y, tras pasar a disposición del juez, quedaron en prisión preventiva mientras dure la investigación. El magistrado consideró que existe riesgo de fuga y que representan un peligro para la víctima y para la sociedad. No tuvieron la misma suerte las familias de María Pía Castro y Nicole Saavedra, asesinadas en 2008 y 2016 respectivamente, por ser lesbianas. Ambas muertes siguen impunes hasta el día de hoy.

“Efecto rebote” y ultraderecha

Érika Montecinos, directora de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, vincula la ola de agresiones de los últimos meses a la irrupción de los discursos de odio de los sectores “fundamentalistas y ultraconservadores” que han aparecido en todos los medios y la sociedad en general. “Es un acoso que nosotres vivenciamos diariamente, sobre todo aquellas personas que tienen una expresión o identidad de género diversa, como las lesbianas camionas o las personas trans”, explica.

Coincide con ella el encargado de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD), Franco Fuica, que apunta que los logros de la comunidad LGBTI se convierten en “razones para ser más odiados” por parte de los sectores más reaccionarios. “Hay un efecto rebote”, afirma.

De hecho, los avances en la tramitación de la Ley de Identidad de Género, que se promulgó el noviembre pasado, y el triunfo de la película Una Mujer Fantástica en los Oscar de 2018 provocaron la ira y el rechazo homo-transfóbico de varios grupos y personas que se movilizaron para boicotear la norma o para ofender a la protagonista del film, Daniela Vega. Concretamente, del total de casos de discriminación del 2018, 15 fueron dirigidos contra la actriz y 218 para boicotear la ley, según el Informe Anual.

Para Montecinos no se puede pasar por alto las consecuencias que tienen hasta hoy las dictaduras que en los 70 acecharon los países de América del Sur. Según ella, los grupos vinculados a los asesinatos y desapariciones no han desaparecido totalmente y resurgen ahora “con discursos neofascistas”. Opina que en los gobiernos de derecha “no hay mano dura ni políticas efectivas” que condenen los discursos de odio que incitan a la violencia. Y añade: “Se normalizan y relativizan detrás de una errada interpretación de la libertad de expresión”.

Fuica considera que lo que ocurre en Chile tiene relación directa con el auge de la extrema derecha a nivel global y el “mal manejo de los gobiernos socialistas”. Según él, los partidos conservadores “han empoderado a estos grupos que habían estado en la sombra y ahora aparecen sin temor, vergüenza ni pudor”.

Políticas a debate

Chile tiene varios pendientes en materia de políticas antidiscriminatorias. En 2012 se promulgó la Ley Antidiscriminación, más conocida como Ley Zamudio, en homenaje al joven Daniel Zamudio, víctima mortal de una agresión homofóbica perpetrada por un grupo neonazi. Sin embargo, las organizaciones LGBTI reclaman una revisión de la normativa porque la consideran insuficiente. “No tiene sanciones contra quien discrimina, excepto una multa que además tiene un beneficio fiscal; y hay que cambiar la carga de la prueba: no debería ser la víctima quien demuestre la discriminación, sino que tendría que ser el agresor quien debiera probar que no lo hizo”, lamenta Franco Fuica.

El gobierno de Sebastián Piñera anunció para marzo la convocatoria de una consulta ciudadana para evaluar la efectividad de la ley, pero de momento no ha habido avances al respecto y el anuncio quedó en meras palabras al viento.
Ante el aumento de la violencia y desprotección, el Ejecutivo también decidió establecer una mesa de trabajo abierta a las organizaciones sociales. Sin embargo, algunas de las entidades fueron excluidas de la convocatoria y quedaron sin representatividad. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, indicó que el incremento de agresiones contra mujeres lesbianas y trans, requiere “un trabajo especializado” y “una protección especial” porque la violencia que afecta a estos grupos de mujeres “tiene unas características especiales”. Sin embargo, tampoco en eso ha habido avances.

Érika Montecinos considera que hasta ahora las políticas públicas dirigidas a la comunidad LGBTI “han sido débiles” y no han abordado la “violencia estructural que niega derechos, por ejemplo, a las familias diversas, o que impide el matrimonio igualitario”. Por eso, desde su organización reclaman leyes “más severas que sirvan para combatir la incitación y crímenes de odio”. Como mujeres lesbianas y trans, exigen que se las incluya en las leyes integrales de violencia contra la mujer: “Queremos que se considere la violencia a las mujeres por su orientación sexual e identidad de género, que se busque una mirada más amplia y no heteronormativa”, sostiene.

Desde OTD, Fuica redunda esa mirada y añade la importancia de transformar desde la educación: “Es el pilar fundamental para el cambio social hacia la igualdad verdadera”, concluye.

Brutal agresión a una transexual en el metro de París

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Julia ha relatado lo sucedido en varios medios franceses. “Uno me tocó el pecho. Me lanzaron cerveza. Otro me dio una bofetada (…) Había conseguido tener confianza en mí y la han destrozado”

El pasado domingo Julia iba a coger el metro en París cuando sufrió una terrible agresión. En la plaza de la República, donde tenía lugar una protesta contra el gobierno de Bouteflika en Argelia, Julia fue atacada por varios manifestantes que empezaron a increparla al grito de “¡Eres un hombre!“.

En cuestión de segundos, la agresión verbal pasó al plano físico. Julia fue zarandeada, golpeada y manoseada hasta que varios agentes del metro parisino intervinieron para ponerla a salvo. Una investigación sobre “violencia basada en la orientación sexual” ya ha sido abierta por la policía y al menos una persona ha sido detenida, según revelan fuentes judiciales a distintos medios franceses.

Julia, transexual, ha contado cómo sucedió todo en declaraciones al ‘Huffington Post’. “Traté de evitarles pero ellos me acorralaron. Uno de ellos me tocó el pecho y se sorprendió de que tuviera senos (….) Le aparté la mano y le dije que no me tocara. Entonces me enseñó su miembro. Me quise escapar. Otros hombres me lanzaron cerveza, me insultaron, otro me dio una bofetada“. Todo esto no aparece en el vídeo. La polémica grabación, que fue difundida en redes sociales por la asociación SOS Homophobie , empieza momentos después de lo relatado por Julia.

En el vídeo, la víctima es golpeada y zarandeada en las escaleras del metro. Ante la violencia, los agentes de la RATP (metro de París) tuvieron que lanzar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y conducirla hasta el interior de la estación.

Julia ha explicado en este medio francés que estos dos empleados del metro le recriminaron que se hubiera vestido “de esa forma” porque “de no haber llevado ese pantalón corto, no habría sido agredida“. “Soy transgénero y eso molesta a la gente (….) pero había conseguido tener confianza en mí y la han destrozado”, concluye Julia.

Para Joel Deumier, presidente de SOS Homophobie, el vídeo es una “manifestación de la transfobia existente. Es como una jauría. La persona sale del metro, es golpeada, le dan una paliza, demuestra que la violencia contra las personas LGBT es una realidad”.

Anne Hidalgo, alcaldesa de París, se ha mostrado en su perfil de Twitter “indignada” por la agresión, que “condena con la mayor firmeza” al tiempo que ha dado su “apoyo” la víctima.

“Tenemos que seguir luchando por los derechos adquiridos del colectivo LGTBI”

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Udane HerFer, Eider Pérez, Cristina Rueda y Amparo Villa, durante la jornada celebrada en Bizkaia Aretoa.Foto: Oskar M. Bernal

BILBAO– “Hace dos años estábamos en las calles protestando por un autobús naranja y ahora resulta que personas que defienden lo mismo podrían llegan al poder”, aseguró ayer Udane HerFer, una de las autoras de la investigación llevada a cabo por la asociación Aldarte en relación a las estrategias para hacer frente a los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género. El polémico mensaje tránsfobo de HazteOír, que incluso llegó a Bilbao, solo fue un avance de la paradoja a la que se expone el colectivo, que tras décadas de reivindicación para combatir la discriminación teme un posible retroceso: “Tenemos que seguir luchando por los derechos adquiridos del colectivo LGTBI porque no son permanentes. Igual que los hemos logrado nos los pueden quitar”, añadió HerFer.

A su lado, Eider Pérez, Cristina Rueda y Amparo Villar, integrantes del equipo que ha llevado a cabo la investigación, asentían. “Había cosas que la gente pensaba pero no las decía. Eso estaba llevando a extinguir ciertas ideas que ahora los políticos, sin pensar en la responsabilidad que tienen, las ponen encima de la mesa. Tienen mucha prensa, se les recibe en todas partes y se está pactando con ellos”, reveló, por su parte, Pérez. “Si los políticos encienden el discurso de odio y proporcionan impunidad, echando leña al fuego… esto va a arder”, pronosticó Rueda, quien ve con temor la “efervescencia de la violencia”. Sin embargo, ante esta situación, HerFer abogó por centrarse en el posicionamiento que se toma desde el colectivo, y no solo el LGTBI, sino también desde otras comunidades, como las que luchan contra el racismo, por ejemplo.

Las investigadoras expusieron estas reflexiones en el marco de la jornadaRetos para afrontar los delitos de odio por diversidad sexual y de géneroorganizado ayer por Aldarte en Bizkaia Aretoa, donde se constató que las vulneraciones que sufre el colectivo son más cotidianas de lo que parece. ¿Pero qué dicen los números al respecto? “Según el Ministerio de Interior, a nivel del porcentaje de la población, Euskadi está en el tercer puesto entre las comunidades donde más delitos de odio se dan. Por provincias, Bizkaia es la cuarta y Gipuzkoa, la séptima. Siendo territorios pequeños, que haya ese nivel de denuncia constata que es una problemática importante”, expuso Cristina Rueda. Sin embargo, consideró que el hecho de que haya más denuncias -que también se recogen en la red Eraberean o en las propias asociaciones- prueba, asimismo, que “hay más sensibilización y herramientas que en otros sitios”.

En ese sentido, Pérez mencionó que es importante que la sociedad sepa identificar lo que es un delito de odio, para “que no se normalice y se saque del plano de lo natural”. A pesar de ello, las investigadoras son conscientes de que denunciar no siempre es fácil. “Implica visibilizarse y muchas veces no se hace por eso mismo”, reveló HerFer, a lo que Rueda agregó: “Requiere de un empoderamiento. El colectivo LGTBI tiene esa violencia muy interiorizada. Cuando la abogada de la asociación pregunta ¿Es la primera vez que has sufrido una agresión?,es común que la respuesta empiece por un no”. En cualquier caso, Villar defendió que “el foco de los delitos y las violencias no tendría que estar en los números, sino en visibilizar lo que está pasando”.

Aunque haya habido casos a nivel mundial que han sido sobrecogedores por su brutalidad, reconocen que en Euskadi no ha habido sucesos que hayan trascendido tanto. Mencionan el asesinato Vicente Badillo, un travesti de Errenteria, ocurrido hace cuarenta años. “Hizo que todo el mundo saliera a la calle”, evocó HerFer. Villar también rememoró el caso de Mikel, que fue agredido por las fuerzas de seguridad durante un congreso del PP: “Era una persona pública, fueron a por él”. En relación a esto, Cristina Rueda señaló que “uno de los problemas del colectivo es que tiene muy poca memoria histórica. Si las agresiones son habituales, ¿por qué trascienden unas y no otras?”.

VULNERACIONESComo comunidad heterogénea que es, las vulneraciones que sufren son muy diferentes. “Cuanto más te alejes de la norma -hombre blanco, adulto joven, heterosexual-, más fácil es que padezcas violencia”, declaró Udane HerFer. “En Latinoamérica se podría decir que las mujeres trans son las que más violencia sufren. Mientras tanto, los hombres trans son los más invisibilizados”, explicó Rueda, quien remarcó que incluso “dentro del propio colectivo hay violencia derivada de cuestiones como el racismo o el machismo”. En ese sentido, además de generar espacios seguros con redes afines, Eider Pérez mencionó la importancia de combatir “el capitalismo y el heteropatriarcado, diferentes constructos que cruzan estas violencias”.

Y, además, no hay ningún ámbito social en el que no estén presentes. “El miedo atraviesa todos los contextos pero los espacios de mayor vulnerabilidad suelen ser la escuela, el trabajo y la familia”, afirmó HerFer, quien recordó el caso de una persona que participó en el estudio: “Comentaba que hasta que no consiguió su plaza de funcionario, no se atrevió a nombrar el hecho de que era gay. Tenía miedo de que le pudieran echar”. De esa forma, expuso que los delitos de odio no se limitan a “los casos más extremos presentes en el imaginario” y no solo se desarrollan estrategias de supervivencia “por un peligro de muerte sino por no ser aceptado”.

¿Cómo abordar esta problemática? ¿La vía judicial es la única forma? “Esa es una de las preguntas que quedan abiertas en la investigación. Es una vía necesaria para no encontrarnos con los niveles de impunidad de otros países, pero la transformación social tiene que venir de otro lado”, aseguró Eider Pérez durante la jornada en la que también se pudieron escuchar las experiencias de varios países latinoamericanos. “Los contextos que más abogan por la ley son aquellos que menos leyes tienen”, añadió HerFer. Como ejemplo, Cristina Rueda citó el Día Internacional del Orgullo: “Aquí, cuando se ha avanzado a nivel de protección hasta un punto, salir a la calle a celebrarlo no se entiende tanto, o se critica, porque podemos vivir como personas del colectivo LGTBI a diario. Sin embargo, en un contexto donde no puedes movilizarte, como en Nicaragua o Guatemala, tener un día para reivindicarte es importante”.

Morir por ser gay: el mapamundi de la homofobia

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Once países aún castigan las relaciones homosexuales con la muerte. En uno de cada tres son ilegales

FUENTE: ILGA

Hay un mapa del mundo que se divide básicamente en dos colores. Uno impregna 70 países, donde ser gay o lesbiana es ilegal, incluso letal. Otro tiñe las 123 naciones donde mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo no está castigado. La mayor asociación de defensa del colectivo LGTBI del mundo dibuja este croquis periódicamente que muestra cómo decrecen los lugares donde se persigue a las personas por su orientación sexual y emergen nuevas amenazas, como la llegada al poder de líderes homófobos.

En el informe Homofobia de Estado 2019 de la Asociación Internacional de Gais, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA), difundido este miércoles, se han borrado del atlas de la infamia India, Trinidad y Tobago y Angola desde la última revisión, de 2017. Se han sumado al matrimonio igualitario Australia, Malta, Alemania y Austria, siendo ya 26 los países en el podio de la equiparación de derechos. La organización destaca también como símbolo de una mayor protección que nueve naciones hayan incluido en su constitución la mención explícita de que la orientación sexual no debe ser motivo de discriminación. Entre ellos Portugal, Ecuador, Bolivia o Sudáfrica, una isla de igualdad en el panorama africano.

El extenso trabajo de ILGA, de más de 500 páginas, revisa la legislación en todos los países miembros de la ONU. La 17ª edición se ha presentado durante la reunión anual de la federación, en Aotearoa (Nueva Zelanda). Su autor es el abogado argentino Lucas Ramón Mendos.

El peligro de morir por mantener relaciones homosexuales no ha disminuido respecto al último informe. Seis países lo castigan con la pena capital: Arabia Saudí, Irán, Yemen, Sudán, 12 Estados que conforman Nigeria y parte de Somalia. Además, un gay puede ser condenado a muerte en Mauritania, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Pakistán y Afganistán. El informe resalta que aunque Irak ha desaparecido de la lista “por la eliminación del Estado Islámico, queda como un país que criminaliza de factodebido a que persigue a los homosexuales utilizando leyes de escándalo público, prostitución y otras”.

En otros 26 la condena máxima por estos actos varía entre 10 años de prisión y cadena perpetua. En 31 se castiga con hasta ocho años. En resumen, en uno de cada tres países (35%) es peligroso mostrarse como miembro de la comunidad LGTBI. En 68 naciones, señala el estudio, “hay leyes que explícitamente prohíben los actos sexuales consensuados entre personas del mismo sexo y dos más los criminalizan de facto. Además, jurisdicciones que no pertenecen a Estados miembros de la ONU también castigan estas conductas, como Gaza, las Islas Cook y ciertas provincias de Indonesia”.

La muerte y la prisión son los casos extremos de una violencia que, desde la cumbre del poder, se inflige con las leyes. Al menos 32 países, recalca el informe, han impulsado medidas para limitar la libertad de expresión (incluidas leyes de propaganda que prohíben la promoción de la homosexualidad o las relaciones sexuales “no tradicionales”). En 41 naciones se imponen trabas a las organizaciones LGTBI para ser legalizadas o trabajar, “lo que incrementa el peligro al que se exponen los activistas”.

La situación de Chechenia se califica de “crítica” y refleja las torturas y persecuciones infligidas por las autoridades a gais y lesbianas. El pasado enero los activistas denunciaron que dos personas habían muerto y 40 más permanecían detenidas en otra purga. También las regresiones y amenazas forman parte del panorama que dibuja el informe. Horas antes de la presentación, el general Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, declaraba en Washington tras encontrarse con su nuevo aliado en tantas cosas, Donald Trump: “Respetamos a la familia tradicional, somos temerosos de Dios, en contra de la ideología de género, de lo políticamente correcto y de las fake news”.

Aunque más lento que lo deseado, señalan los miembros de ILGA, también se producen progresos. Quizá lo más evidente sea, como se destaca en la edición de este año, que India, un país de gran envergadura e influencia, haya acabado con una ley victoriana que prohibía las relaciones homosexuales, castigadas con una pena máxima de cadena perpetua. Tal medida ha supuesto que baje dramáticamente el número de personas sometidas a leyes homófobas, hasta el 27% de la población mundial.  Desde septiembre de 2018, 1.300 millones de ciudadanos indios no están en ese grupo.

Veintiséis países reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo y 27 han regulado las uniones civiles, 72 naciones tienen leyes que protegen a los homosexuales y lesbianas de ser discriminados en el trabajo. 39 poseen normas que castigan la incitación al odio, la discriminación o la violencia contra una persona por razón de orientación sexual y 28 permiten adoptar a gais y lesbianas.

Ser mujer trans en un país donde su esperanza de vida es de 33 años

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La activista Bianka Gabriela Rodríguez lucha por los derechos LGTBi en El Salvador, uno de los lugares más peligrosos de Latinoamérica

Bianka Gabriela Rodríguez, en Valencia. PEPE OLIVARES

Bianka Gabriela Rodríguez, mujer transexual y activista salvadoreña de 25 años, mantiene durante la entrevista un tono amable que acompaña regularmente con una sonrisa. El gesto solo se le ensombrece al final, ante la pregunta de cómo es que parece optimista después de haber recordado una infancia que hubiera doblegado a muchos, los asesinatos atroces de dos compañeras de lucha por los derechos del colectivo LGTBi, un amplio catálogo de violencias y discriminaciones cotidianas y el escalofriante dato de que la esperanza de vida de las mujeres trans en El Salvador es de 33 años, 40 menos que para la población general del país, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Siempre digo que aunque haya marea alta al final tiene que bajar, pero es triste que muchas mujeres trans hayan tenido que morir para conseguir los derechos que tenemos ahora, los pocos”, contesta.

La conversación tiene lugar el primer miércoles de febrero en la antigua estación de trenes del barrio de Benalúa, en Alicante, sede de Casa Mediterráneo, una institución promovida por el Ministerio de Asuntos Exteriores a la que Rodríguez ha sido invitada a participar junto a otras 18 mujeres latinoamericanas, del África Subsahariana y el Magreb, además de españolas, en un debate sobre la violencia contra las mujeres en zonas de conflicto y los liderazgos femeninos en la construcción de la paz. Una jornada organizada por la Generalitat valenciana con la colaboración de la Fundación Mujeres por África y la entidad anfitriona.

El Salvador forma, con Guatemala y Honduras, el triángulo norte centroamericano, la región más peligrosa de Latinoamérica para las personas LGTBi, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La principal amenaza, afirma Rodríguez, presidenta de la asociación Comunicando y Capacitando Mujeres Trans (Comcavis Trans), son las maras –las pandillas juveniles altamente organizadas que controlan amplias zonas del territorio– y lo que describe como “grupos de exterminio” vinculados a la extrema derecha. “Muchas mujeres trans se ven empujadas al trabajo sexual al no haber podido estudiar ni tener acceso a empleos formales. En la calle, las maras las asedian, las golpean, abusan de ellas y tienen que pagarles una cuota para que les dejen trabajar en las cuadras”. La policía, añade, constituye normalmente otra fuente de extorsión y el nivel de esclarecimiento de los crímenes de que son objeto es ínfimo: “Desde 2015 se han registrado 40 asesinatos de mujeres trans que siguen en la impunidad”.

Entre los homicidios sin resolver figura también el de la activista Tania Vásquez, que desapareció tras salir de una reunión de la asociación que dirige Bianka Rodríguez hace seis años. Vásquez fue hallada al día siguiente en un parque de San Salvador envuelta en un plástico negro y atada de pies y manos. Había sido torturada y violada, le habían cortado los genitales y se los habían colocado a la altura de los pechos. En mayo de 2015, otra activista LGTBi, Francela Méndez, integrante de la Red Salvadoreña de los Derechos Humanos fue asesinada a golpes en el municipio salvadoreño de Sonsonate. El autor o los autores del crimen le cortaron el cabello con un machete.

La discriminación persigue con frecuencia a estas mujeres después de la muerte. Rodríguez explica que la familia de Tania Vásquez no quiso reconocer el cuerpo ni hacerse cargo del entierro, y fueron sus compañeras de Comcavis Trans las que compraron el féretro. “Hay muchos casos de asesinadas en los que la familia no quiere hacerse responsable. Y si lo hacen, suelen enterrarlas con el género masculino; les cortan el pelo, no las maquillan, las visten con ropa de hombre”.

Huérfana de padre, la madre de Rodríguez reprimió desde niña su identidad encerrándola días enteros en una habitación. “La escuela era la única vía de libertad que yo tenía. Cuando cumplí 15 años, como todas las niñas, empecé a usar brillo en los labios y un poco de polvo. Una maestra la mandó llamar y mi madre me dijo enfrente de toda mi escuela que no me podía aceptar porque ella había tenido un niño, no una niña, y que para ella yo era una aberración”. Poco después, Rodríguez se fugó de casa. Encontró trabajo en una panadería, donde la explotaban y dormía sobre los sacos de harina y azúcar. A los 18, su abuela materna la acogió, la animó a retomar los estudios y le permitió desarrollarse como mujer.

Para explicar la discriminación institucional que padecen las mujeres trans en El Salvador, Rodríguez abre el bolso y saca el pasaporte, en el que al lado de su foto figura un nombre masculino. “Cada vez que voy a la dirección de migración para salir del país, al verlo los agentes se codean, se burlan. Y eso, además de incomodar, es una forma de violencia. Lo mismo pasa con el Documento Único de identidad. Tenemos muchos problemas para acceder a trabajos porque no se nos reconoce el derecho a que aparezca en él nuestro nombre y nuestra identidad”.

El prejuicio que da por sentado que todas las mujeres trans tienen el VIH y la discriminación adicional que sufren las personas portadoras del virus también les cierra el paso a las consultas médicas y a la atención sanitaria, afirma Rodríguez. “Nuestra organización ha tenido que intervenir ante las instituciones de salud porque hay mujeres trans que llegan a los centros apedreadas, acuchilladas o con heridas de bala y no son atendidas porque el personal se niega a tocarlas”.

DOS ASESINADAS AL DÍA

Las mujeres trans son un colectivo especialmente vulnerable en el triángulo norte de Centroamérica, donde el nivel general de violencia es muy alto y la que sufre el conjunto de las mujeres resulta de vértigo. En Guatemala, un país de 17 millones de habitantes, cerca de 700 mujeres son asesinadas al año, casi dos al día, señala Mercedes Hernández, que ha estudiado el feminicidio en la región.

Presidenta de la Asociación Mujeres de Guatemala e invitada al encuentro celebrado en Casa Mediterráneo, en Alicante, Hernández afirma que entre las maras y otros grupos criminales formados por hombres predomina una cultura en la que matar y violar mujeres les permite acreditar méritos entre sus iguales. “Dentro de la función política que tiene la violencia”, prosigue, “el expolio del cuerpo y la vida de las mujeres es una manera de demostrar quién tiene más capacidad de letalidad, de crueldad, de venganza y por tanto de poder”.

Detenido el presunto autor de la muerte del activista LGTB Fernando Lumbreras

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Su cadáver fue encontrado en su domicilio, maniatado y con signos de violencia, aunque en un principio de descartó la homofobia como causa de su asesinato.

Fernando Lumbreras, expresidente del colectivo Lambda

Agentes de la Policía Nacional han detenido este jueves a un hombre como presunto autor de la muerte del activista LGTB Fernando Lumbreras, quien el pasado mes de diciembre fue hallado en su casa de Valencia con signos de violencia.

Según han informado a EFE fuentes policiales, se ha decretado el secreto del sumario y continúan las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos.

El cadáver de Lumbreras, de 60 años, fue encontrado el pasado 5 de diciembre maniatado y con golpes por todo el cuerpo en su domicilio de la calle de Julián Peña de la capital valenciana, donde al parecer vivía solo. Entonces, los investigadores encargados del caso de su muerte descartaron la homofobia como causa de su fallecimiento.

Fernando Lumbreras, natural de Melilla, fue uno de los primeros coordinadores del colectivo de lesbianas, gays, trans y bisexuales Lambda en la ciudad de Valencia y un pionero en la defensa de los derechos LGTB.

La Policía investiga el asesinato en su casa de Valencia de uno de los primeros activistas LGTBI

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Fernando Lumbreras fue una de las primeras personas en dirigir Lambda, organización que trabaja por la defensa por la defensa de los derechos del colectivo LGTBI.

Fernando Lumbreras, expresidente del colectivo Lambda

Agentes de la Policía Nacional investigan la muerte violenta de un hombre hallado con golpes por todo el cuerpo en su vivienda de la calle Julián Peña de Valencia, según han informado fuentes próximas a la investigación. El fallecido, según han confirmado fuentes del colectivo Lambda, es Fernando Lumbreras, que fue uno de los primeros presidentes de esta organización.

Fueron los vecinos los que alertaron directamente a la Policía de lo ocurrido sobre las 21.00 horas de este miércoles. Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con el cadáver de la víctima de 60 años. El hombre, que vivía solo, presentaba golpes por todo el cuerpo y la vivienda estaba completamente revuelta, según fuentes policiales.

Lambda, organización que trabaja por la defensa por la defensa de los derechos del colectivo LGTBI en la Comunitat Valenciana, ha recordado al fallecido con un mensaje y unas imágenes en sus redes sociales: “Hoy es un día triste. Fernando Lumbreras, una de las primeras personas al frente de Lambda ha sido encontrado muerto en su casa”.

 

 

“Queremos por encima de todo recordar y rendir homenaje al gran trabajo que Fernando hizo por los derechos LGTBI. Como hermano de lucha, siempre te tendremos en la memoria”, señala la entidad.

Donny Reyes, activista LGTBI en Honduras: “En elecciones, se llega a decir que votar por homosexuales es aberrante”

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Donny Reyes, activista LGTBI y presidente de la Asociación Arcoíris de Honduras CRISTINA POZO GARCÍA

Sobrevivir, tener un espacio para poder hablar de manera libre, tener acceso a la Sanidad o encontrar un trabajo. Estos son los objetivos principales de los defensores de los derechos LGTBI en Honduras, comenta Donny Reyes, activista y director de la Asociación Arcoíris. En Centroamérica la esperanza de vida del colectivo es bajísima, muchos no superan la treintena, y ser activista es una de las labores más peligrosas.

Tras la ola represiva que se produjo después de las elecciones del pasado mes de noviembre, el clima sigue tenso. “Tras las elecciones, se suspendieron las garantías ciudadanas y todo quedó bajo el control de la policía. Muchas de las activistas desaparecieron y no sabemos si se fueron del país huyendo de la violencia. Las poblaciones más vulnerables pagamos la factura más alta”, asegura Reyes, que visita España estos días para dar a conocer la situación de las personas LGTBI en el país centroamericano.

¿Cómo es ser defensor de los derechos LGTBI en Honduras?

Ya ser una persona LGTBI en un lugar tan violento como Honduras es una afrenta al sistema patriarcal cultural religioso que se vive en el país, y cuando se asume el trabajo de la defensa de los derechos humanos como hombre abiertamente gay o una persona LGTBI es una doble afrenta a este sistema estructurado por la violencia y por los sistemas de represión.

Es una condición bastante dura y complicada porque además se cree que lo que estamos haciendo los hombres y las mujeres que somos homosexuales es una renuncia al statu quo que la sociedad nos dio. Se cree que estamos renunciando a esa figura de hombre y de poder para querer ser mujer. En contextos misóginos y patriarcales, en el contexto latinoamericano, es perder ese estatus de poder, lo cual genera un rechazo y una violencia.

¿Qué vive la comunidad LGTBI en el país?

Consideramos que hay tres elementos fundamentales para la violación de los derechos de las personas LGTBI en Honduras. Por un lado, están los medios de comunicación que contribuyen a la difusión de mensajes de odio y de rechazo. Por otro, el sector fundamentalista religioso que perpetúa los mensajes de violencia y, finalmente el Estado, que permite que todo esto suceda.

Entonces, mientras estos tres elementos no cambien y se mantengan en la cultura hondureña permeados por el fundamentalismo religioso y por un Estado conservador e indiferente, nuestras condiciones de vida van a ser desiguales. Nosotros no luchamos por nada más que sea la vida, nuestra principal lucha es tener una vida y que no se nos agreda o se nos mate. Ni siquiera estamos luchando más allá de otros derechos porque lo que necesitamos son garantías de que vamos a lograr llegar a los 34 años, que es la máxima esperanza de vida de una persona LGTBI en Honduras y en otros países de Centroamérica.

Es muy duro enfrentarse a sistemas opresores como el actual régimen hondureño que está gobernado por el militarismo. Un Gobierno que no es reconocido por el pueblo ni por la sociedad y cualquier voz disidente o de denuncia de derechos humanos es blanco para ser atacado.

“Existen campañas que vienen a decir algo así como que defender a personas LGTBI es defender a mareros, defender a delincuentes”

Para los activistas, existe una cadena de violencias. ¿Cómo se manifiesta en Honduras?

Ya solo ser una persona LGTBI es complicado y si ya hablamos de un activista… hablamos de la violación sistemática del Estado, de la negación de servicios básicos de salud y empleo. Hablamos también de la estigmatización. Existen campañas que vienen a decir algo así como que defender a personas LGTBI es como defender mareros, defender delincuentes… es una campaña constante en contra a través de los medios de comunicación y a través del Estado mismo.

Dicen por ejemplo que no vamos a la iglesia y lo que hacen es crispar a la gente, y esto pone a las defensoras y defensores en una condición de mayor vulnerabilidad. Nos hace estar expuestos y que haya mayor división en las familias.

Defender los derechos humanos también es pelearte con tu hermano o pelearte con tu madre y exponer la seguridad de tu familia. Es un manojo de contradicciones.

Ahora mismo, ¿en qué puntos se centra vuestro trabajo en el país?

En lo que estamos trabajando ahora es en la emancipación, en la búsqueda de mecanismos de autoapoyo y supervivencia. Arcoíris es un centro de acogida en donde hacemos de todo: acompañamiento psicosocial, legal, recibimos compañeros que han sufrido agresiones, les acompañamos a los sistemas de sanidad… El trabajo es atender directamente a la comunidad LGTBI víctima de la exclusión y de la violencia.

A la vez, estamos impulsando acciones de justicia, reclamación del derecho a la dignidad, impulsando iniciativas de ley para la no discriminación. Son cosas que parecen muy elementales, pero nos toca incluso ir hasta el lugar donde las asesinan, hacer reconocimientos, reclamar cuerpos, buscar lugares dignos para que sean enterradas y que sus cuerpos no terminen en fosas comunes.

A nivel legislativo, ¿en qué situación se encuentra el colectivo?

Desprotegido. No existe una ley que criminalice la homosexualidad como tal, pero no existe una ley que regule el tema de la discriminación. Si algún compañero o compañera se atreve a participar en contiendas electorales, existe un ataque crudo y voraz en los que se llega a decir que votar por homosexuales es aberrante. Y esto pasa en los medios de comunicación. Los compañeros que decidieron participar en política lo han pasado muy mal, algunos se exiliaron y otros fueron brutalmente asesinados.

Uno de los compañeros que se postuló electoralmente fue el periodista Erick Alexander Martínez que era periodista y fue asesinado de una forma cruel. Lo estrangularon, lo violaron, lo amarraron, lo tiraron a un risco en medio de la nada. Cosas atroces.

¿Cómo nació Arcoíris y cuánta gente encuentra apoyo en esta asociación?

Nació en el 2003. Necesitábamos un espacio libre de discriminación, un sitio seguro en el que poder expresarnos, donde poder hablar con nuestro novio o novia. Necesitábamos un lugar cómodo porque salir a la calle es imposible por el nivel de agresiones. Actualmente tenemos alrededor de 600 personas en la organización y es un lugar mixto. Y funcionamos más que como una asociación, como un hogar abierto.

Los años electorales son muy complicados. En el año 2017, en el marco electoral, se produjeron 34 asesinatos contra personas LGTBI. En los últimos cinco años, se han producido más de 240.

Todo cambió después de las últimas elecciones, ¿cómo está ahora la calle?

El país vive una crisis política y postelectoral que no se supera. Hay una división social y un rechazo social hacia el gobernante hondureño donde las condiciones de vida han empeorado. El país está muy militarizado, todo está bajo el control de los militares. Se podría decir que no existe la libertad de expresión. Honduras reporta el mayor número de agresiones y asesinatos a defensoras y periodistas.

Los familiares de las más de 30 personas muertas después de las elecciones temen que lo que sucedió en noviembre no se haga justicia. ¿Con qué se están encontrando cuando se dirigen al Gobierno para protestar?

Los plantones y las movilizaciones para reclamar justicia se producen a diario. Estamos a la espera de que se reanude el juicio de la compañera Berta Cáceres. Sin embargo, ahora mismo hay más de 200 estudiantes que reclamaron justicia que están criminalizados, que fueron expulsados de la universidad cinco años por protestar. El movimiento ambiental, el campesino, todo está perseguido. El país está en una situación de convulsión por el modelo capitalista.

¿La represión de noviembre cómo afectó al movimiento LGTBI?

Con muerte. Así afectó. Hubo compañeras que por sus propias condiciones de salud y enfrentarse a veinte bombas lacrimógenas tuvieron que ser hospitalizadas y murieron a causa de infecciones crónicas.

Tras las elecciones, se suspendieron las garantías ciudadanas y todo quedó bajo control de la policía. Muchas desaparecieron y no sabemos si se fueron del país huyendo de la violencia o qué pasó. Siempre, las poblaciones más vulnerables pagamos la factura más alta en este tipo de acciones.

«Le conocí en un portal de contactos, me drogó y me desvalijó la casa»

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La Ertzaintza investiga al menos cuatro denuncias interpuestas por robo en domicilio por sumisión química. Las víctimas encontraron al autor en una red social para gais

Las víctimas encontraron al autor de los robos en un portal de contactos para gais. / PEDRO URRESTI

«Creo que aquí en Bilbao el tipo puede haber hecho miles de desastres, pero la gente que está dentro del armario no denuncia por vergüenza». Enrique, nombre ficticio, es una de las víctimas de un individuo al que busca la Ertzaintza tras recibir al menos cuatro denuncias por robo en domicilio por sumisión química. Él se ha decidido a contar su caso «para que no le ocurra a nadie más. Lo que yo he perdido ya no lo voy a recuperar», se resigna. «No tengo ningún problema en ir a juicio, enfrentarme a él y decirle: ‘Fuiste tú’, pero es lo que temen los otros. Quiero que encierren a ese tío un buen tiempo», proclama.

El autor emplea en todos estos casos el mismo modus operandi. Moreno, con barba, complexión fuerte y unos treinta años, habla con acento caribeño. Encuentra a las víctimas, de edad madura y que supone puedan tener importantes ingresos económicos, a través del portal Grindr para contactos entre gais, cuyo uso se ha generalizado en los últimos años. Una vez que consigue acceder al domicilio de la víctima, les suministra una sustancia sedante en la bebida y cuando están dormidos, les roba a placer.

 

Enrique entró en su perfil el pasado 27 de agosto, lunes, y le «llamó la atención que le gustaba cocinar». Daba un nombre que probablemente sea falso y se identificaba como latinoamericano y productor de televisión. Decidió enviarle un mensaje esa misma tarde, pero él no le contestó hasta horas después. A medianoche, le pidió su número de teléfono para mantener una vídeollamada a través de whatsapp. Durante la conversación quedaron en que, como ya era tarde, él acudiría a la casa de Enrique a tomar algo. «Estaré ahí en ocho minutos», le anunció. Como él no bebe y no tenía ninguna bebida alcohólica en casa, el desconocido se ofreció a comprarlas en un ’24 horas’.

Enrique bajó a recibirle y vio cómo pagaba las dos latas de cerveza con una tarjeta de crédito, ahora cree que sería robada. Le extrañó que no esperara a llegar a casa para abrirlas y que lo hiciera cuando caminaba a su espalda. Sospecha que fue en ese momento cuando vertió la droga en la bebida. Rechazó varias veces la cerveza, pero el joven se puso muy insistente. «No me puedes hacer este desplante», le repetía. Al final accedió, pero apenas mojaba los labios, por lo que aquel individuo llegó a darle la bebida a la boca. Enrique empezó a tener los primeros síntomas de sueño, «pero pensé que era porque era muy tarde». Entonces, «empezó a sobarme el brazo y hasta ahí me acuerdo».

No despertó hasta dos días después, el jueves por la mañana. «Había perdido la noción del tiempo, pensaba que era martes». Al abrir los ojos se encontró con todos los cajones abiertos. Le había robado un reloj Festina de acero, varias cadenas de oro, unos zapatos nuevos, el teléfono móvil y la tarjeta de crédito, con la que realizó esos días varias pequeñas operaciones.

«Atemorizado»

Un amigo le acompañó al hospital de Basurto, donde le sometieron a varias analíticas de sangre y orina. Cuando recibió el alta, horas después, acudió a una comisaría de la Ertzaintza a interponer una denuncia y allí le confirmaron que había otros casos. Ha contactado con uno de ellos, al que también le ofreció una lata de alcohol que le hizo dormirse profundamente. «A él sólo pudo robarle unas monedas extranjeras porque tenía cámaras por la casa». Desde entonces, Enrique se siente «atemorizado» y piensa que la dosis de sedante era tal que «podía haberme llevado al otro barrio». «Llego a casa y miro en el baño, detrás de la puerta… No he vuelto a quedar con nadie y estos días no voy a trabajar». Enrique ha visitado de nuevo el perfil de este individuo, pero «cambia la foto y los datos». Está convencido de que ya no está en Bilbao, sino que ha ido a otra ciudad en busca de nuevas víctimas.

Un joven sufre un ataque homófobo en el recinto de txosnas de Sestao

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La víctima, que ha denunciado los hechos ante la Ertzaintza, recibió dos puñetazos en el ojo y en la barbilla

Decenas de vecinos del municipio expresaron su rechazo a la conductas que atentan contra la dignidad de las personas. / FERNANDO GÓME

A. B., de 29 años y vecino de Erandio, sufrió un ataque homófobo la madrugada del pasado sábado durante las fiestas patronales de Sestao. Según el parte médico, reflejado en la denuncia que ha interpuesto ante la Ertzaintza, sufre una contusión en la cabeza y sendas heridas en la barbilla y en el pómulo y la zona del ojo. La última ha necesitado puntos de aproximación. El documento no refleja, sin embargo, la rabia e impotencia que sufre la víctima.

Al filo de las cuatro y media de la madrugada, el joven se encontraba disfrutando con sus amigos en el recinto de txosnas. Era el día grande de los ‘sampedros‘ y el ambiente, inmejorable. Todo iba bien hasta que acudió a miccionar. «Estaba con mis amigos y en un momento me alejé unos diez metros. Ya sé que no se debe hacer, pero me metí tras unos contadores a orinar. A una distancia considerable, de espaldas, vi a otro ‘tío’ haciendo lo mismo. Le observé sin más. Justo se giró y cruzamos la mirada», relata. Lo que encontró en los ojos del desconocido no le gustó demasiado, así que, terminó lo que estaba haciendo y regresó con sus amigos «con bastante prisa».

Sin embargo, aquel individuo le siguió y comenzó a insultarle. «Me dijo, entre otras muchas lindezas que no recuerdo, ‘eres un puto maricón de mierda y te voy a dar de hostias’», cuenta. Ni a él ni a sus compañeros les dio tiempo a reaccionar. «Creo que el primer puñetazo fue en la barbilla. Me quedé tan sorprendido que no recuerdo bien», admite. Sin tiempo para oponer resistencia, recibió el segundo golpe. «Lo sentí en el ojo y fue tan fuerte que me caí de espaldas. No sé ni cómo, me levanté y eché a correr», explica. Sin mirar atrás, porque «solo quería salir de allí y que aquello acabara».

Como pudo y sin pararse a pensar en que estaba sangrando, ni en sus amigos, llegó al metro y se fue a casa: «Me metí en la cama y nada más». Al día siguiente, fue su madre la que le situó ante la realidad. «Cuando vio cómo estaba, me dijo que teníamos que ir al médico. Entonces comencé ser consciente de lo que me había pasado», admite. «Pasó todo muy rápido, pero recuerdo que era de aquí y que tendría unos 24 ó 25 años», describe. La Ertzaintza continúa con la investigación para tratar de dar con el agresor.

Concentración de repulsa

La noticia conmocionó a la localidad, que salvo este ataque homófobo, ha vivido unos festejos tranquilos. Sestao Iris Taldea, un grupo en contra de la homofobia, bifobia y transfobia, contactó con la víctima para mostrarle su apoyo. La asociación convocó ayer una concentración de repulsa en las escalinatas del Ayuntamiento, a la que se sumaron todos los grupos políticos y decenas de vecinos. En un comunicado, las autoridades municipales quisieron mostrar «su apoyo y solidaridad» con el joven. «Estos hechos son intolerables y muy graves, suponen un ataque a la libertad e igualdad de las personas», zanjaron.