Rafael Blasco el día que fue condenado a prisión por el TSJ de la Comunidad. GERMÁN CABALLERO
El representante de una de las falsas ONG’s que se investiga en una de las piezas separadas del caso Blasco, Apolino Mba, admitió ayer en el juzgado que el dinero público que recibió de la Generalitat Valenciana no se destinó a proyectos de cooperación internacional. Según fuentes conocedoras de su interrogatorio, este imputado -ahora, investigado-, de origen guineano, explicó que la trama que dirigía el ex conseller Rafael Blasco le pidió que fundara una organización benéfica, Ceiba, y optara a subvenciones de la Conselleria de Solidaridad a cambio de contraprestaciones económicas.
El dinero, más de 600.000 euros en total, tendría que haber ido dirigido a proyectos solidarios en Guinea y Paraguay pero en realidad fueron a parar a empresas radicadas en Estados Unidos controladas por testaferros de Augusto César Tauroni, el empresario que ideó el saqueo y que permanece en prisión. La instrucción judicial ha acreditado que Ceiba desvió a estas empresas al menos más de 130.000 euros para que rehabilitaran un centro en Paraguay que nunca se ejecutó.
Según estas fuentes, Apolino Mba reconoció que parte del dinero se transfirió a empresas o ONG’s de la red y otra parte se repartía en metálico. Además, el portavoz de Ceyba contó a la magistrada-instructora, la juez Nieves Molina, que realizó varias extracciones de dinero en cajeros autonómicos, las cantidades oscilaban entre los 1.500 y 4.000 euros, y que se las entregaba en mano a Arturo Tauroni, hermano de Tauroni y responsable de la organización empresarial de la trama. La investigación judicial apunta a que los implicados utilizaron los billetes para repartir comisiones.
Las iniciativas solidarias que tendría que haber ejecutado la falsa ONG Ceiba buscaban erradicar el sida, la violencia sexual y explotación laboral de menores. En cambio, en Paraguay no se ejecutó ninguna inversión y a Guinea sólo llegó una caja de medicamentos tras realizar dos cursos de formación. Apolino Mba aseguró que nunca desconfió de la Fundación Hemisferio, la organización de los Tauroni, porque tenían una sede «bonita».
Con el interrogatorio del representante de Ceiba, el juzgado dio ayer por finalizada la fase de instrucción de las dos piezas separadas del caso Blasco que están pendientes de juicio. Estas dos causas abordan el presunto desfalco en la concesión de subvenciones para proyectos de cooperación entre 2009 y 2011 y la construcción de un hospital en Haití. Según diversas fuentes jurídicas, ahora la instructora dictará el auto de procesamiento contra los imputados aunque el documento aún tardará semanas en conocerse.
Blasco, quien fue conseller con gobierno autonómicos del PSPV-PSOE y el PP, fue condenado a seis años de cárcel por el trato de favor al empresario Augusto César Tauroni y a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes), a la que la Conselleria de Cooperación y Solidaridad adjudicó en tiempos de Blasco 1,8 millones de euros para proyectos en Nicaragua, de los que sólo 43.000 euros llegaron a su destino. El resto se invirtió en comprar pisos y garajes en Valencia.
En las últimas semanas las defensas han retomado la negociación con las acusaciones para buscar una conformidad y evitar el juicio por las dos piezas separadas cuya instrucción ayer finalizó. La condición que ha impuesto la Fiscalía Anticorrupción para aceptar un acuerdo de conformidad y rebajar su petición de pena es que Blasco y el resto de investigados devuelvan el dinero malversado.
En concreto, la cifra que baraja el ministerio fiscal y el resto de acusaciones para aceptar una reducción de la petición de pena llega hasta los 3,2 millones de euros. Esta es la cantidad que los saqueadores de las ayudas valencianas a países en desarrollo habrían desviado, entre los años 2009 y 2011, según ha concluido la Intervención General del Estado (IGE) en un informe. Además, Blasco y el resto de condenados tendrán que hacer frente a la responsabilidad civil que el Tribunal Superior de Justicia de las Comunidad Valenciana fijó en la sentencia de la primera pieza: 1,6 millones de euros en total.
Las negociaciones en busca de una posible conformidad arrancaron hace meses pero se suspendieron porque los investigados alegaron que no tenían bienes suficientes para devolver el dinero. La defensa del ex conseller dijo entonces que sólo le queda su pensión para vivir. Si los investigados aceptan las condiciones, devuelven el dinero y muestran arrepentimiento la Fiscalía aplicará el artículo 434 del Código Penal y rebajará la petición de pena un grado.
