Cuando se atraganta la democracia
La fiscal general de California, Kamala Harris. / REUTERS
Los ciudadanos y políticos de California están acostumbrados a ver todo tipo de excentricidades, mezcladas con propuestas serias, intentar abrirse paso hacia las urnas a través de su avanzada democracia directa. Sin embargo, una iniciativa legislativa disparatada autodenominada “Ley de Eliminación de la Sodomía”, que directamente propone matar a los homosexuales a tiros, ha provocado una reacción política inaudita y un debate poco habitual sobre si se debe poner límites al proceso de iniciativa popular.
El texto de la propuesta, que firma un abogado de Huntington Beach, al sur de Los Ángeles, empieza diciendo: “El abominable crimen contra la naturaleza conocido como sodomía es una maldad monstruosa que Dios Todopoderoso (…) nos ordena que eliminemos”, bajo amenaza de acabar como en Sodoma y Gomorra. Con esta premisa, la lógica es aplastante: “Dado que es mejor que los criminales mueran a que Dios nos mate a todos (…) el pueblo de California ordena, temeroso de Dios, que se mate a cualquier persona que voluntariamente toque a otra del mismo género con el propósito de gratificación sexual, con disparos a la cabeza o por cualquier otro método conveniente”. Además, prohíbe la propaganda gay bajo pena de un millón de dólares y destierro del Estado.
California tiene uno de los sistemas de democracia directa más avanzados del mundo, aprobado hace más de un siglo e inspirado en Suiza. Los ciudadanos pueden proponer leyes cuando opinan que sus representantes están faltando a su obligación de legislar sobre algo, pueden votar para echar a cargos electos y pueden revocar en referéndum leyes aprobadas por el Legislativo. El autor ha podido presentar este texto como iniciativa legal tras pagar una tasa de 200 dólares. No hay nada que legalmente las autoridades puedan hacer para frenarlo. De hecho, están obligadas a cooperar en el resto del proceso.
El siguiente paso es buscar las firmas necesarias para que la iniciativa llegue a votarse en las urnas. Para ello es necesario reunir un número de firmas equivalente al 5% de los votos emitidos en la última elección a gobernador. El año pasado eran medio millón de firmas, pero la participación ha caído tanto que desde la elección del pasado noviembre hacen falta unas 365.000 firmas. Las posibilidades de que la “Ley para la Eliminación de la Sodomía” acabe en la papeleta son remotas. El mismo tipo intentó en 2003 que se votara una ley para adoptar la Biblia como libro de texto en la escuela primaria. Nunca reunió las firmas necesarias y quedó en el olvido como tantas otras iniciativas.
Todo el mundo da por hecho que el extremista en cuestión jamás logrará esa cifra y no habrá que pasar por el bochorno de votar algo así en las elecciones de 2016. Sin embargo, esta semana la fiscal general del Estado, Kamala Harris, le ha regalado a la iniciativa una publicidad impagable con una reacción inaudita tras saltar a la prensa el texto. Harris tiene la desagradable obligación de escribir un título y un sumario de 100 palabras de la iniciativa que serán los que se presenten para la petición de firmas. Harris hizo público un comunicado el pasado miércoles en el que pedía a la Corte Suprema de California que le permita no hacer su trabajo en el caso de esta ley, que “no solo amenaza la salud pública, es patentemente inconstitucional, absolutamente rechazable y no tiene lugar en una sociedad civilizada”.
Harris es la favorita y única candidata por ahora a ocupar el escaño en el Senado de Barbara Boxer, quien ha anunciado su retirada para 2016. Harris anunció su candidatura muy pronto, y la potencia de su campaña ha hecho que al menos dos contendientes demócratas con historial, personalidad y ambición como para haberlo intentado, como el exalcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa o el millonario filántropo Tom Steyer, hayan desistido de presentarse. Es el primer escaño libre en el Senado por California desde 1992.
Organizaciones de derechos humanos y algunos opinadores se han sumado al debate pidiendo que se bloquee de alguna manera el proceso, algo inaudito en un Estado que valora su democracia como un tesoro, pero al mismo tiempo reconoce que el sistema necesita mejoras, según las encuestas. El consenso de los expertos legales es que Harris no tiene ninguna capacidad para frenar la iniciativa. Dos legisladores demócratas han presentado una propuesta para subir la tasa de 200 dólares a 8.000 dólares y así disuadir las locuras, pero no es una solución muy popular. No será la primera vez que California aprueba en votación una ley inconstitucional, pero eso lo deciden los tribunales. Para 2016 hay ya varias iniciativas curiosas, como una que declara ilegal la destrucción de la “vida humana inocente”, otra que prohíbe las deportaciones y otra que quiere cambiar el título de gobernador de California por el de “presidente”.
Hasta el momento, la reacción más interesante contra la “Ley de Eliminación de la Sodomía” (Sodomite Suppression Act) es, cómo no, otra iniciativa legislativa. El miercoles, una conocida activista llamada Charlotte Laws presentó una proposición llamada “Ley del Gilipollas Intolerante” (Intolerant Jackass Act), que dice: “El abominable crimen conocido como prejuicio contra la orientación sexual (…) es una visión destructiva que la sociedad nos obliga a eliminar”. Por tanto, propone que cualquier persona “que presente una propuesta a votación que anime a matar gays y lesbianas” sea obligada a hacer cursos de sensibilización y a donar 5.000 dólares a una organización de defensa de los homosexuales.
El pasado septiembre, el gobernador de California, Jerry Brown,aprobó una ley que por primera vez introduce novedades en el proceso de iniciativa popular. Las nuevas reglas amplían el plazo de recogida de firmas, establecen 30 días durante los cuales los autores pueden enmendar sus iniciativas (ese plazo ya ha pasado en el caso de la “Ley de Sodomía”) y obligan a dar a conocer a los diez mayores donantes de la campaña de una iniciativa.
