Toma posesión la primera senadora transexual en la historia de Uruguay

Michelle Suárez, senadora de la coalición de izquierdas que gobierna en en país, el Frente Amplio, considera que con su llegada a la cámara se hace justicia frente a una “vulneración histórica”.

Michelle Suárez, primera senadora trans de la historia uruguaya. /elpais.com.uy

Michelle Suárez tomará hoy posesión como senadora de la coalición de izquierdas que gobierna en Uruguay, el Frente Amplio (FA), y se convertirá en la primera legisladora transexual en ocupar una bancada en el Parlamento uruguayo. La abogada Suárez sustituirá al senador del FA Marcos Carámbula para tratar el Proyecto de Ley Integral para Personas Trans, que actualmente está a estudio de la Comisión de Población de la Cámara alta.

La legisladora comentó a Efe sentir una sensación similar a la que experimentó en 2010 cuando se convirtió en la primera mujer trans en recibir un título universitario, ya que Suárez es abogada y ejerce esa profesión en la actualidad. Expresó sentir “una dualidad”, ya que por un lado se encuentra “muy honrada de poder pertenecer al Parlamento como el órgano más representativo de la democracia uruguaya” y, por el otro, afirmó que “también es un elemento que delata una situación de vulneración histórica”.

De esta manera, criticó que las mujeres sean minoría en cargos de decisión, pese a que representan “más del 50 % de la población” y añadió que, en el caso de las mujeres transexuales, “la situación de marginación es sumamente extrema”. “Cualquier ciudadano uruguayo tiene una esperanza de vida mayor a los 70 años”, mientras que “las mujeres trans tienen una expectativa de vida de 35”, manifestó.

Suárez cuenta con una larga trayectoria como activista en el colectivo Ovejas Negras y trabajó en la elaboración de la ley de matrimonio igualitario, que Uruguay aprobó en agosto de 2013 bajo el mandato del expresidente José Mujica (2010-2015). La abogada pretende generar un cambio para las personas transexuales, cuya población en Uruguay asciende a las 937 personas, según el censo que realizó a ese colectivo el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

El proyecto de la Ley Integral para Personas Trans busca mejorar el acceso a becas, la atención médica, medios laborales y educativos, así como la instauración de un “régimen reparatorio” que provea prestaciones a quienes cumplan con determinados requisitos. Esta normativa es tratada por el Parlamento uruguayo desde el pasado mayo y actualmente “está en la Comisión de Población de la Cámara de Senadores para ser analizada probablemente en noviembre” por el pleno, sostuvo Suárez.

Decenas de detenidos en Egipto tras ondear una bandera LGTB

Con Al Sisi, la comunidad gay se ha convertido en el chivo expiatorio de la grave crisis social

Imagen de un tribunal en Egipto. © GETTY IMAGES

El Gobierno de Egipto ha dado un paso más en su campaña de represión a la comunidad gay. En las últimas dos semanas, decenas de personas que apoyan las reivindicaciones homosexuales han sido arrestadas en varias ciudades del país después de que el pasado 22 de septiembre se ondearan varias banderas arcoíris en un concierto del popular grupo libanés Mashrou’ Leila.

Según la ONG Iniciaitva Egipcia por los Derechos de las Personas (EIPR en sus siglas en inglés), la cifra de detenidos asciende a 57 e incluye residentes en ciudades del país que nada tuvieron que ver con el incidente del concierto. De estos, al menos una treintena han sido ya procesados. A los cargos habituales contra la comunidad gay, como lujuria o incitación al vicio, se ha añadido esta vez el de pertenencia a una organización ilegal. Sin embargo, el Código Penal egipcio no prohíbe de forma expresa la homosexualidad.

La polémica ha crecido tras la denuncia de que varios de los arrestados habrían sido sometidos a pruebas anales, lo que ha suscitado la condena de varias organizaciones de derechos humanos, tanto egipcias como internacionales. “Los tests anales forzados son equiparables a la tortura. No hay ninguna base científica para esas pruebas y no pueden estar justificadas bajo ninguna circunstancia”, denuncia Najia Bounaim, directora de la campaña de Amnistía Internacional para el norte de África. “Es completamente absurdo que investiguen el incidente de la bandera como un acto criminal. Nadie debería ser castigado por expresar su solidaridad con las personas LGTB”, añadió.

Por su parte, el grupo Mashrou’ Leila, popular y a la vez controvertido en el mundo árabe por su defensa de los derechos de los homosexuales, emitió un comunicado en el que expresaba su tristeza por una nueva campaña represiva. Desde la llegada al poder del mariscal Al Sisi se ha intensificado el acoso judicial y mediático contra la comunidad gay, convertida en chivo expiatorio de la grave crisis social, política y económica que padece el país.

El Gobierno vasco registra 141 delitos de odio contra inmigrantes, gitanos y colectivos gais

Constata un descenso de los casos, aunque llama a los ciudadanos a sacarlos a la luz

Varias personas participan en una manifestación en Berlín. / E. C.

En Euskadi se registraron 141 incidentes considerados como delito de odio el año pasado. El ejercicio anterior fueron 201, lo que supone 60 menos. Es una buena noticia que, sin embargo, no debe hacer olvidar que muchos actos de discriminación y conductas hostiles no trascienden, no son denunciados y a menudo son silenciados por las propias víctimas. Así lo afirmó ayer Beatriz Artolazabal, consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, que animó a sacar a la luz este tipo de casos durante la presentación del último informe anual de la red Eraberean.

Esta entidad, explicó Artolazabal, es una red impulsada por el Ejecutivo autónomo y que está formada por organizaciones que «trabajan en el ámbito de la inmigración, la promoción del pueblo gitano y de los colectivos LGTBI -lesbianas, gais, transexuales…-, y constituyen una herramienta para luchar contra la discriminación por origen racial, étnico, orientación e identidad sexual o de género». Comenzó a actuar hace dos años, por lo que la memoria presentada ayer es la segunda.

Eraberean tiene una labor doble: «Por una parte, trabaja en la prevención, formación y sensibilización; y por otra asesora y asiste» a las víctimas, «con atención especial a aquellos casos que incluyen discriminación múltiple». Según recoge el informe, la mayor parte de los 141 delitos de odio registrados en Euskadi durante el año pasado fueron incidentes de racismo y xenofobia (63 casos), seguidos por los de ideología (39), los de orientación e identidad sexual (30), y el resto discriminación por discapacidad, creencias religiosas y aporofobia u odio al pobre. Más de las dos terceras partes (105) tuvieron lugar en Bizkaia, mientras que en Álava hubo 20 y en Gipuzkoa 16.

«No debemos olvidar que algunos de estos delitos no se comentan y no se llegan a denunciar» en los tribunales, subrayó la consejera. Y fue este mismo aspecto el que destacaron los representantes de las tres organizaciones que forman parte de Eraberean y cuyas ‘miradas’ recoge el informe. Así, Ramón Motos, de la entidad Kale dor Kayiko, explicó que «en la comunidad gitana prevalecen prejuicios hacia las instituciones o se llega a asumir como normal, como parte de ser gitano, el sufrir discriminación».

Desde la agrupación Errespetuz, Xabier Lozano alertó de que muchas agresiones que sufre el colectivo LGTBI no son denunciadas y en algunos casos «son incluso las propias víctimas las que solicitan a la asociación que no emprenda ningún tipo de acción por miedo a las represalias». En cuanto a la xenofobia, Rosabel Argote, de CEAR Euskadi, destacó los casos de discriminación que padecen los extranjeros en el acceso a pisos de alquiler, «un problema que tampoco acaba plasmado en ninguna denuncia» y alertó sobre conductas islamófobas que se están dando en Euskadi, «como impedir el acceso de una mujer a un comercio por llevar niqab».

Los derechos de la derecha. El PP y la ley LGTBI

Beatriz Gimeno
Diputada en la asamblea autonómica de la Comunidad de Madrid, grupo parlamentario de Podemos

Si alguien no ha entendido que el Partido Popular miente siempre, por principio, es que no ha entendido de qué va esto. La política no es el reino de la pureza, ya lo sabemos, pero ciertamente la política que se resuelve con los votos que se depositan en las urnas tiene unas características particulares que hacen que la derecha se vea obligada a mentir todo el tiempo; que la mentira sea, tenga que ser en realidad, la base de su imagen pública. La derecha gobierna contra el interés general. La derecha hace políticas que harán más ricos a los ricos y más pobres a los pobres; más ricos a los pocos y más pobres a los muchos. Con estas intenciones, ganar las elecciones dependen de mentir, de lo bien que se mienta y de que la gente se lo crea más o menos. Todo el sistema, con la mayoría de los medios de comunicación como punta de lanza, se encarga de hacer que las mentiras sean creíbles el mayor tiempo posible.

El  PP lleva años empeñado en acudir a la manifestación del Orgullo que se celebra en Madrid, especialmente el pseudoprogresista PP de Cristina Cifuentes que con una mano dice que aprueba leyes de derechos LGTBI (que en realidad no aprueba) mientras que con la otra dice que no apoya, (pero en realidad sí apoya) a personajes como el machista y lgtbifóbico alcalde de Alcorcón David Pérez. El caso es que este año era el World Pride y el PP no quería perderse la visibilidad que da ir en pancarta en esa manifestación, una de las más grandes del año. La FELGTB quiso aprovechar la ocasión y obligó a los partidos políticos que querían participar en la misma a firmar un documento en el que se comprometían, a cambio de ir en la cabecera, a apoyar la ley cuando se presentase en el Congreso.

Mentira, claro. Mentira sin más, sin disimulos. No la apoyan. Pero allí que se pusieron en la pancarta el diputado Maroto, el gay del PP a cuya boda asistió Rajoy muy contento; Andrea Levy, moderna donde las haya, y Carlos Izquierdo, Consejero de Cristina Cifuentes, mucho menos moderno el hombre, aunque intentó disimularlo yendo de sport y sin corbata. Ellos y ella y varios cargos públicos de este partido, firmaron el documento y se pusieron en primera línea. La ley se ha presentado esta semana y de aquel documento no queda nada, excepto la voluntad expresa de vulnerarlo. Pero ¿a quién puede extrañarle que un partido que lleva mintiendo años y años con los casos de corrupción fuera a detenerse por un documento de nada firmado en una manifestación de maricones?

En realidad, a estas alturas es verdad que el PP no tienen problema con la homosexualidad. El PP no es como HazteOir, que de puro cutre que es no consiguen siquiera que les vuele esa avioneta que han alquilado y a los que no hace ya caso ni Mayor Oreja…bueno, Mayor Oreja, sí. La derecha no ha tenido nunca problema con los comportamientos privados de los ricos, sean los que sean. No han tenido nunca problemas con que las ricas aborten, o con que la gente sea homosexual si se lo puede pagar. Los derechos de todos y todas son otra cosa muy distinta. Rajoy va a la boda de Maroto encantado de la vida, mientras el mismo Maroto no tiene pudor alguno en declarar que no apoya esta ley que pretende extender los derechos de los que él sin duda disfruta, a todas las personas lgtbi. Una ley que pretende evitar el acoso a niños y niñas en los institutos o que pretende garantizar los derechos de las lesbianas a la reproducción asistida, aunque no se lo puedan pagar.  Maroto se casó porque nosotras luchamos por una ley que amparara su derecho de casarse tan horteramente como le diera la gana y Rajoy fue a su boda porque muchas luchamos porque la homosexualidad dejara de ser considerada  una enfermedad pero ahora  él, y su partido, se niega a apoyar una ley que pretende que las personas transexuales  dejen de ser consideradas enfermas o que se prohíban las terapias de reversión, que pretenden curar con mucho dolor lo que ni se puede ni se debe curar. Maroto nunca ha querido curarse, pero que haya adolescentes torturados con esas terapias es algo que a él ni a su partido le incumben.

Al fin y al cabo, a Maroto no le preocupa nada de esto. En el momento en que él pueda tener un hijo o hija por gestación subrogada, cuya legalización defiende encarecidamente como un derecho que a él mismo le falta (al fin y al cabo no es mujer ni pobre) ya se encargará de llevarle a un colegio muy caro donde nadie le acose. En fin, que no nos engañemos, el PP no tiene problema alguno, es verdad, con la homosexualidad. Con lo que sí tienen problemas es con que los derechos que pueden hacer más fáciles y más dignas las vidas de todas las personas LGTBI estén al alcance de todos y todas. Maroto lleva una buena vida como gay, no me cabe duda, gracias a otras personas; ahora se trata de que todas las personas LGTBI  puedan llevar vidas buenas o igual de buenas, al menos, que la que lleva Maroto. El PP tampoco tiene ningún problema con la mentira y por eso firmó un documento para poder colocarse en la pancarta de la manifestación del Orgullo; un documento que no le importa nada incumplir a las primeras de cambio.

Porque la derecha es partidaria de tener derechos, pero no de que los derechos se extiendan a todas y todos. La derecha es partidaria de tener derechos, sus derechos, y de tenerlo todo, y esto es así siempre, y es parte consustancial de lo que significa ser de derechas. Y a ver si lo vamos aprendiendo.

El bus de HazteOir, en Bilbao

Cerca de 200 personas se concentraron en Bilbao ante la presencia del autobús HazteOir (Borja Guerrero)

 

PROTESTAS. Cerca de 200 personas de asociaciones LGTBI, diversas organizaciones y simpatizantes, se concentraron en Bilbao ante la presencia del autobús HazteOir. El vehículo llegó a la plaza Euskadi donde Policía Local y Ertzaintza acordonaron una zona para que descendieran los pasajeros del autobús. Los manifestantes les recibieron entre gritos de protesta, pitidos y lemas a favor de decidir sobre su propio cuerpo e identidad sexual. Durante la protesta se registraron algunos altercados.

El autobús de HazteOír llega a Bilbao entre gritos y silbidos

Centenares de personas se manifiestan contra el vehículo ultracatólico, que hace campaña contra la nueva ley de derechos LGTBI

El autobús de HazteOír, estacionado en la plaza Euskadi de Bilbao. / IÑAKI ANDRÉS

El autobús de HazteOír ha llegado esta mañana a la plaza Euskadi y ha sido recibido con silbidos, gritos y lemas de rechazo por varios centenares de personas. El vehículo ultracatólico circula desde el martes por todo el país con el objetivo de «luchar» contra la ley de derechos LGTBI -que el Congreso ya ha admitido a trámite-, tal y como reflejan en el lema rotulado sobre el bus: «Podemos y su Ley Mordaza LGTBI: ¡Van a por tus hijos!»

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento, Tomás del Hierro, ha aclarado que el vehículo había pedido permiso a la Ertzaintza para estacionar de doce a una del mediodía. «Podía hacerlo porque una sentencia en Madrid ya ha dictaminado que sus mensajes no son delito de odio. El autobús se ha convocado de la misma manera que la manifestación que lo rechaza».

Al grito de «¡qué viene!» centenares de personas se han concentrado en la plaza, entre los que se encontraban varios representantes municipales como la concejala de Udalberri Amaia Arenal o el concejal de EH Bildu Bruno Zubizarreta. Durante la media hora que ha estado estacionado el autobús, no ha habido ni un solo momento en el que se hayan dejado de escuchar los silbidos y gritos de protesta. «Yo soy hetero y respeto los derechos de todo el mundo. Es lamentable que se les permita entrar con estos mensajes. Que nos dejen vivir en paz», reivindicaba Igone, una manifestante de 66 años. Aunque la mayoría de los asistentes era público joven. «Se quejan de que la ley es adoctrinadora, pero ellos son los que generan ideología. Los que les conceden el permiso de estar aquí los están apoyando indirectamente», criticaban otro joven de veinte años.

Después de que el autobús de HazteOír se haya marchado, se han vivido momentos de tensión cuando un agente de la Ertzaintza ha reducido a uno de los manifestantes. Según la versión oficial de la policía autonómica, el individuo en cuestión trató de golpear a uno de sus agentes, «por lo que se ha identificado y abierto un expediente por hechos contra la ley de Seguridad Ciudadana, que acabará en una multa». Los asistentes han criticado y vituperado duramente la actuación policial hasta que el multado se ha ido por su propio pie y los manifestantes se han disuelto.

Colectivos LGTBI y simpatizantes protestan por presencia del autobús de HazteOir en Bilbao

Los concentrados ante el autobús de HazteOir EFE

Asociaciones LGTBI, acompañados de diversas organizaciones y de simpatizantes, se han concentrado en Bilbao ante la presencia del autobús HazteOir, que recorre diferentes ciudades en el marco de su campaña contra la ley que promueve Podemos en contra de la discriminación de este colectivo.

Cerca de 200 personas, entre las que se encontraban representantes de los sindicatos ELA, LAB y Steilas, así como de EH Bildu, esperaban al autobús, que tenía anunciada su llegada al mediodía a la plaza Moyua.

El vehículo, sin embargo, ha cambiado de recorrido y ha llegado a la plaza Euskadi donde dotaciones de la Policía Municipal y de la Ertzaintza han acordonado una zona para que descendieran los pasajeros del autobús.

Los manifestantes se han trasladado hasta allí y desde detrás del cordón han recibido al vehículo entre gritos de protesta, pitidos y lemas a favor de decidir sobre su propio cuerpo e identidad sexual.

El portavoz de HazteOir, Miguel Vidal, ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación que la ley LGTBI, que ha iniciado el proceso de tramitación en el Congreso de los Diputados, “adoctrina a los niños e introduce elementos en el sistema educativo sin la intervención de sus padres”.

También ha criticado que dicha ley, en su opinión, “quita la patria potestad a los padres al permitir que a partir de los 16 años puedan someterse a una operación de cambio de sexo sin autorización de sus progenitores”.

Por parte de Gehitu (asociación de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales del País Vasco), Izaro Antxia, ha indicado que “hoy, al menos, las personas que quieren decirnos cómo tenemos que ser, han visto nuestro rechazo, porque una sociedad democrática no puede tolerar esas actitudes”.

Los manifestantes han permanecido en la plaza hasta que se ha marchado el autobús, de color naranja y con un texto escrito en el exterior, que rezaba: “Podemos y su Ley Mordaza: van a por tus hijos. Los niños tienen pene,las niñas tienen vulva, que no te engañen”.

Al pasar cerca de los concentrados, algunos de ellos han lanzado huevos contra el vehículo.

GRITO INEQUÍVOCO DE LIBERTAD

La proposición de ley sobre los derechos de las personas LGTBI supone un avance en el quehacer cotidiano de estos colectivos y una mayor protección legal

AITZOLE ARANETA, MIEMBRO DEL CCE DE PODEMOS; DAVID BRAVO; PABLO IGLESIAS, SECRETARIO GENERAL DE PODEMOS; Y SOFÍA CASTAÑÓN, SECRETARIA DE FEMINISMOS INTERSECCIONAL Y LGTBI

 

Unidas Podemos defendió ayer en el Pleno del Congreso la ley de derechos de las personas LGTBI propuesta por los colectivos expertos en la materia. Los escalofriantes datos no hacen sino confirmar la pertinencia de esta ley, valiente y pionera a nivel internacional: son 236 las agresiones registradas en una única comunidad, Madrid, en un único año, 2016, los que demuestran que el ser percibido como LGTBI es aún, en 2017, motivo de burla, estigma, discriminación y agresión. Que, aún hoy, las mujeres lesbianas reciben una atención desigual en la sanidad pública. Que hasta un 90% de las mujeres trans está en paro, que las personas trans en su conjunto son negadas y patologizadas por parte de la sociedad o en su contacto con los servicios de salud, que tener pluma puede ser peligroso si tienes intención de salir a la calle, o que ser LGTBI es el motivo citado como más frecuente en los llamados «crímenes de odio»; son motivos más que suficientes para registrar esta propuesta de ley. Ojalá no hubiera necesidad de esos diecinueve capítulos que la componen y que van acompañados de un repaso histórico y geopolítico de la lucha LGTBI en su preámbulo, junto con las disposiciones transitorias, adicionales, derogatorias y finales correspondientes.

Como estamos orgullosas de la proposición de ley que esta semana defendemos en Pleno, mentamos al elefante dentro de la habitación justo para decir que ya no hay elefante tal. Hablamos de la ley de derechos de las personas LGTBI y del polémico artículo que abría la puerta a la sanción administrativa en casos de expresiones ofensivas o vejatorias, que hace unos meses acaparó la atención y que hoy nuestro grupo parlamentario enmienda sin detrimento del espíritu y valentía de la ley propuesta por los colectivos.

Radica la polémica en dos cuestiones: primero, en la posibilidad de que un órgano administrativo –y no un juez– pueda destruir, borrar o inutilizar libros, archivos, documentos o artículos que considere que contienen expresiones que infringen esa ley. Segundo, que un órgano administrativo –y no un juez– pueda imponer multas por expresiones que considere no amparadas por la libertad de expresión y que entienda que son ofensivas contra las personas LGTBI.

Sobre la primera cuestión hay poco debate: es sencillamente inconstitucional. El artículo 20.5 de la Constitución Española establece claramente que «sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones» en virtud de orden judicial. Teniendo en cuenta que esa cuestión se dio por muerta el mismo día de su nacimiento, es a la segunda a la que se ha prestado mayor atención y la que ha causado revuelo. Algo comprensible, teniendo en cuenta que pretende que la Administración pueda decidir qué es libertad de expresión y qué es ofensa. El riesgo de que sea este órgano quien pueda tener la facultad de trazar la línea que separa la libertad de expresión de la ofensa y de imponer multas según sus propios criterios es evidente. Se trata de una herramienta que rompe el equilibrio de fuerzas entre los distintos poderes hasta el punto de ser intrínsecamente peligrosa, incluso para las personas a las que dice proteger y que hoy se sitúan detrás de la línea de tiro.

No está en debate la necesidad de una ley que proteja los derechos de las personas que forman parte del colectivo LGTBI. Tampoco está en duda que no existe el derecho al mero insulto, menos aún cuando éste tiene su base en la orientación sexual, la identidad sexual/de género, la expresión de género o las características sexuales de una persona. La única cuestión que se señala es el error de creer que ahora es aceptable este atajo de sustraer a los jueces competencias en materia de libertad de expresión –que deben ser exclusivamente suyas– porque, esta vez, es fácil caer en el error de creer que el fin sí justifica los medios.

Es un error porque entonces se abrirían órganos administrativos para la protección de otros colectivos con los que ya no simpatizaremos tanto y será incoherente adoptar otra postura. Es un error porque mañana las compañeras de la procesión del coño insumiso estarán discutiendo ante un órgano administrativo para la protección de las convicciones de las personas religiosas si lo suyo es un insulto o no lo es. Es un error porque mañana Zapata no estará en la Audiencia Nacional sino ante el órgano administrativo creado por el PP para la protección del honor de las víctimas del terrorismo. Es un error porque, en democracia, no se debe ser juez y parte.

Una vez manifestada la convicción de Unidas Podemos de retirar las sanciones administrativas en relación a la expresión de este proyecto de ley, no cabe sino alegrarse por el avance que puede suponer esta iniciativa en el cotidiano de muchas personas, en cosas tan sencillas como el ir con más tranquilidad por la calle o tener una mayor protección legal si lo que te toca es ser la parte excluida de ese conjunto de reglas no escritas que aún rigen nuestro mundo. No cabe sino alegrarse de que todo el tejido asociativo LGTBI abrace ya ese grito de despatologización conjunto que hace diez años exigían los colectivos más alternativos y menos oficialistas del activismo LGTBI y trans. Porque el grito unívoco de libertad que expresa este proyecto de ley es ya una batalla ganada, antes incluso de iniciar su tramitación parlamentaria.

El Congreso aprueba tramitar la ley de igualdad LGTBI con la abstención del PP

El texto suprime el examen médico para que los transexuales cambien de nombre y permite a los mayores de 16 años cambiar de sexo sin permiso paterno

 

ALFONSO TORICES Madrid

La toma en consideración de la norma, elaborada por la federación nacional de estos colectivos y presentada en la cámara por Podemos, fue respaldada por todos los grupos de la oposición, pero la unanimidad fue imposible, pues el PP, que en junio dijo que daría su sí a la tramitación parlamentaria, hoy se abstuvo.

Los populares, pese a evitar el voto negativo, mostraron su «rotunda oposición» al texto presentado, también duramente descalificado por organizaciones educativas y ciudadanas conservadoras. El PP calificó el documento de «torpe», «chapucero», «peligroso» y «delirante» y anunció una enmienda a la totalidad con texto alternativo, «con otra ley antidiscriminación LGTBI».

El partido del Gobierno enumeró una larga lista de desacuerdos, pero lo que calificó de «inadmisible» es que el proyecto autorice a los transexuales mayores de 16 años a operarse para el cambio de sexo sin precisar permiso paterno y a los jóvenes en la misma situación a hormonarse desde la pubertad también sin necesitar autorización de los padres.

Podemos y PSOE aferon al PP que anunciase su sí para poder participar por primera vez en la manifestación del Orgullo LGTBI, en junio pasado, pero que hoy rompiese la unanimidad en el Congreso. Socialistas y Ciudadanos, no obstante, ya avisaron de que no están de acuerdo con algunos puntos del texto, en unos casos por razones técnicas y en otros por cuestiones de fondo, y que tratarán de modificarlos en la fase de enmiendas parciales.

Uno de los puntos más polémicos del texto es la creación de una agencia estatal independiente que, además de evaluar el grado de cumplimiento de los mandatos de la ley por las administraciones, también impondrá sanciones, de hasta 45.000 euros, a las personas u organismos que infrinjan las disposiciones de la ley o vejen o discriminen a los miembros de estos colectivos.

El texto, a lo largo de 58 páginas, adopta medidas en pos de la igualdad de las personas LGTBI en todos los ámbitos: familia, sanidad, educación, cultura, ocio, justicia y seguridad, laboral o administrativo.

Cambios en la escuela

La proposición de ley pregona la autodeterminación a la hora de la elección de género, por lo que permite que cualquier transexual pueda cambiar su sexo y nombre en el registro sin el examen psiquiático y el tratamiento que ahora se les exige y también autoriza a las parejas de lesbianas a inscribirse como madres del hijo de una de ellas aunque no estén casadas.

El documento garantiza el derecho de todas las mujeres a someterse a las técnicas de reprodución asistida en centros públicos con independencia de su orientación sexual -algunas comunidades excluyen a lesbianas y solteras-y asegura una atención sanitaria sin discriminaciones ni trabas a los transexuales y a los transgénero.

El texto también prevé cambiar los libros de texto de Primaria y de Secundaria para que recojan con normalidad la diversidad sexual, de género y familiar y autoriza a los transexuales y transgénero a utilizar en los colegios y centros públicos los aseos correspondientes al género con el que se identifican.

Se recoge una formación específica a policías, jueces, maestros y sanitarios para lograr un cambio cultural respetuoso con la diversidad sexual y para potenciar la persecución de los delitos de odio y se prohíben de forma expresa las terapias para revertir la homosexualidad, con sanciones muy graves en caso de incumplimiento.

Una comisión interministerial coordinaría la ejecución de políticas públicas respetuosas con la ley y se crearía un Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI.

 

Más información

Podemos impulsa que los menores puedan cambiar de sexo sin el consentimiento de los padres

Pese al apoyo de la mayoría de grupos, se abren ahora a debate medidas polémicas, como que los menores puedan hormonarse desde “la pubertad”

Concentración de Hazte Oír frente al Congreso de los Diputados contra la Ley LGTBI. BERNARDO DIAZ

El Congreso ha aprobado por amplia mayoría iniciar la tramitación parlamentaria de la Ley de Igualdad LGTBI presentada por Unidos Podemos, que pretende atajar la discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en todos los ámbitos sociales; entre ellos, el educativo, el sanitario o el laboral.

El texto cuenta con la oposición de grupos como Hazte Oír, cuyos miembros han escenificado su rechazo en las puertas de la Cámara Baja, y suscita algunas dudas en el PSOE o Ciudadanos, que, aunque expresaron su respaldo al proyecto de ley, anunciaron ayer la necesidad de incluir importantes modificaciones en los próximos meses para «mejorar» la parte «jurídica» ante algunos artículos que podrían caer en la «vulneración de derechos fundamentales», como el de la libertad de expresión, o en la «discriminación» de otros sectores de la población.

Más crítico fue el PP, que, aunque aceptó la necesidad de una ley de este tipo, anunció una enmienda a la totalidad para presentar un proyecto alternativo porque el actual texto es «torpe», «chapucero» y produce un «menoscabo a los derechos de otras personas». Además de permitir -como criticó duramente su portavoz Marta González– que los menores de edad puedan operarse para cambiarse de sexo sin el consentimiento de sus padres.

El PP expresó su «rotunda oposición» a ésta y otras medidas controvertidas contempladas en el proyecto de ley, aunque ayer optó por abstenerse para dar ese debate durante la tramitación en comisión.

Por su parte, Unidos Podemos mostró su entusiasmo por una ley hecha por los colectivos LGTBI que calificó de «pionera» y que dijo que se convertirá en un ejemplo para el resto de países, comparando su calado al de otras leyes como la del matrimonio homosexual.

Éstas son las medidas más destacadas del actual proyecto de ley:

Cambio de sexo de menores

Es el punto más controvertido. Los menores de edad podrán operarse para cambiar de sexo sin el consentimiento de sus padres a partir de los 16 años. Se rebaja en dos años esa posibilidad que hasta ahora se fijaba en los 18. Para la cirugía transexual de los 16 a los 18 hacía falta la autorización de un juez.

Además, el mismo artículo afirma que, «a partir de la pubertad» -un concepto vago y genérico que no determina una edad concreta-, los menores de edad podrán acceder «a los bloqueadores hormonales y al tratamiento hormonal cruzado».

Fuentes del PSOE explican que aún no tienen posición en este artículo y que deben estudiarlo, mientras que desde Cs anunciaron que presentarán una enmienda para «aclarar, mejorar o corregir» estas medidas, igual que otros aspectos.

Educación de género

El artículo 40 dice que «deberá» recogerse «en todas las asignaturas y cursos la implantación de ejercicios y ejemplos que contemplen la diversidad sexual y de género, así como la diversidad familiar», una cuestión que también impone expresamente en la Educación Infantil.

Vestuarios y baños escolares

En los centros educativos, los alumnos podrán utilizar las instalaciones, como los baños o los vestuarios, conforme a su «género sentido». Ya se aplica en la Comunidad Valenciana.

El nombre elegido

En función del «género sentido», los alumnos pueden reclamar que el centro se refiera a ellos con otro nombre, elegido por el menor, y que se refleje en los listados o las calificaciones académicas, como ocurre con la ley de la Comunidad de Madrid.

Sin examen psicológico

La transexualidad dejaría de considerarse una enfermedad o un trastorno y se establece la libre autodeterminación del género. Con ello, este colectivo ya no necesitará un examen psicológico que diga que sufre disforia de género (trastorno de identidad) para acceder a los tratamientos de reasignación de sexo.

Reproducción asistida para lesbianas

Se garantiza el acceso a las técnicas de reproducción asistida a mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales.

Equiparación a violencia machista

La violencia en parejas del mismo sexo se equipara a la violencia machista y, por tanto, se reconoce a las víctimas los mismos derechos y las mismas prestaciones sociales.

Beneficios laborales

Los transexuales serán considerados en su conjunto como un colectivo en «riesgo de exclusión social», no caso por caso. Eso le dará acceso a beneficios laborales. Habrá incentivos para su contratación y bonificaciones fiscales, ayudas y subvenciones en todos los contratos.

Medios de comunicación

Se pretende obligar a los medios -principalmente las televisiones- para que incluyan en su programación, «para todas las franjas de edad», la promoción del colectivo LGTBI.

Una agencia que controla todo

Otra de las cuestiones más polémicas es la creación de una agencia estatal contra la discriminación con competencia para «incoar, instruir y resolver» el régimen sancionador, por encima de los jueces o los policías. El artículo 90, que regula todo lo relacionado con las infracciones, establece un duro régimen de medidas cautelares. Los críticos sostienen que la ley «suprime la presunción de inocencia».