El asesino de Pasolini se lleva los secretos del caso a la tumba

Pino Pelosi, homicida del cineasta e intelectual en 1975, muere a los 59 años de edad sin esclarecer todas las incógnitas que rodean el suceso de aquella noche

Pino Pelosi, en el lugar del crimen acompañado por la policía.

La tarde del 17 de noviembre de 1975, Pier Paolo Pasolinirecogió en la estación Termini (Roma) a un joven de 17 años. Le propuso comer algo e ir a Ostia a “magrearse” a cambio de 20.000 liras. Condujo hasta la playa y apagó el motor de su coche en un descampado. Una vez ahí, el joven cambió de opinión y rechazó tener relaciones sexuales. Salió del automóvil, Pasolini le persiguió, le golpeó con un bastón -algo que nadie que le conociese pudo creer- y este se defendió dándole una paliza brutal. A continuación se subió en el Alfa Romeo, y en la huida atropelló al cineasta, escritor e intelectual, reventándole el tórax y abandonándole muerto en el suelo. Esta fue la primera versión que contó Giuseppe Pino Pelosi, también conocido como la Rana, el único testigo presencialde uno de los grandes misterios en la historia del crimen italiano, que ayer, a los 59 años, se llevó a la tumba todos sus secretos cuando falleció a causa de un cáncer.

Aquella noche, una patrulla de los carabinieri dio el alto a Pelosi cuando conducía a toda velocidad y en contradirección por la carretera de Ostia. Primero admitió haber robado el Alfa Romeo GT 2000 del cineasta. Poco más tarde, encontraron el cadáver de Pasolini y no tuvo más remedio que confesar el crimen. Sin embargo, como relató la sentencia de 1976, siempre estuvo claro que lo había cometido “en compañía de desconocidos”. En el coche había aparecido un jersey de una tercera persona, Pelosi apenas tenía manchas de sangre y era difícil pensar que hubiera podido propinarle una paliza de aquel calibre sin la ayuda de nadie. Pero, al fin y al cabo, aquello era un asunto entre homosexuales, como vino a justificar la democracia cristiana, que reinaba en Italia en aquel periodo, en boca de Giulio Andreotti: “Se lo ha buscado”. El presunto asesino cumplió solo cinco años de cárcel, pero en 2005 decidió cambiar su versión.

El nuevo relato, construido ya por un Pelosi enganchado a las drogas y que entraba y salía de los centros penitenciarios por robos y asaltos, señaló que aquella noche habían practicado sexo oral en el interior del coche. Luego, Pelosi se bajó “para orinar” y aparecieron tres desconocidos, “de 45 o 46 años, con acento del sur, calabrés o siciliano”. “Uno de ellos, con barba, me golpeó y me amenazó a mí y a mi familia si hablaba; los otros dos sacaron al señor Pasolini del coche y empezaron a golpearle con una violencia inaudita”. Según su versión, le insultaban gritándole “fetillo”, “cerdo comunista” y “maricón”. “El pobre gritaba mientras le masacraban”, dijo Pelosi. Luego desaparecieron en la noche y Pelosi, asustado, arrancó el coche y atropelló sin querer a Pasolini. Pero la versión nunca convenció ni a la familia ni a sus allegados.

¿Por qué cambió su historia? Pelosi adujo que había mentido inicialmente por miedo a las represalias. Su familia también confirmó que vivía aterrado por lo que poría sucederles si hablaba. Pero al cabo de poco las sospechas apuntaron también a un conocido criminal apodado Johny el Gitano y a los hermanos Borsellino, dos militantes sicilianos de extrema derecha a quienes un infiltrado de la policía oyó jactarse de aquel crimen. Ambos murieron en los años 90 enfermos de Sida.

Servicios secretos, una brigada fascista o un crimen común. Hay distintas teorías. Una historia de crimen que se precie en Italia no sería tal si no aparecen la Democracia Critiana, la Banda della Magliana o Marcello Dell’Utri, amigo íntimo de Berlusconi encarcelado por asociación mafiosa. Pero la única persona que conocía la verdad de lo que sucedió aquella noche de hace 42 años ya no podrá hablar . El abogado de la familia Pasolini, Nino Marazzita, lo ha querido recordar hoy. “Pino Pelosi nunca quiso contribuir para que se llegara a la verdad sobre la muerte de Pier Paolo Pasolini. Se llevó desgraciadamente el secreto a la tumba”.

El asesinato de Pasolini: el secreto que atormenta a Italia

Pino Pelosi con la policía en el sitio exacto de la muerte del cineasta y poeta Pier Paolo Pasolini ANSA

Se llamaba Giuseppe Pino Pelosi y, probablemente, su nombre no le suene de nada. El mundo entero le conocía por otra cuestión: por ser el único condenado por el salvaje asesinato del cineasta Pier Paolo Pasolini el 2 de noviembre de 1975. Pelosi era entonces un chaval de 17 años del lumpen romano. Hoy, con 59 años, también a él le ha llegado su hora: enfermo de cáncer, ha fallecido esta noche en el hospital Gemelli de Roma después de caer en coma.

Con su muerte El Rana, como se le conocía en los bajos fondos romanos, se lleva a la tumba un secreto que desde hace casi 42 años atormenta a Italia y al mundo entero: la verdad sobre el asesinato de PPP. Porque la única certeza que rodea a ese crimen es que aquella noche, en un descampado en Ostia a pocos kilómetros de Roma, el cineasta fue brutalmente masacrado.

La autopsia reveló que recibió una paliza inmisericorde, que incluyó una violentísima patada en los testículos que le provocó una gigantesca hemorragia interna y tantos golpes en la cabeza como para generarle también una hemorragia externa necesariamente mortal. “No es que saliera simplemente sangre, hubo auténticos chorros”, escribieron los forenses en su informe. Después, fue arrollado bajo los neumáticos de su propio coche, un Alfa Romeo plateado, lo que le reventó varios órganos internos y dejó su cuerpo reducido a un amasijo. Hasta tal punto que Maria Teresa Lollobrigida, la señora que descubrió su cadáver, pensó en un primer momento que se trataba de un montón de basura.

Aquella fatídica noche, las vidas de Pino Pelosi y de Pasolini se cruzaron en un bar cercano a la estación Termini de Roma frecuentado por chaperos. El cineasta iba a bordo de su flamante coche e invitó al joven a dar una vuelta. Pelosi accedió y, juntos, acudieron a cenar a una trattoria próxima a la Basílica de San Pablo. Posteriormente, pusieron rumbo a Ostia, a 30 kilómetros de la capital italiana. En concreto, hacia una base de hidroaviones que allí había.

Al llegar al lugar, siempre según la versión de Pelosi, Pasolini habría intentado mantener relaciones sexuales con él. Él se habría opuesto y habrían forcejeado, emprendiéndola a patadas y bastonazos contra el intelectual y, posteriormente, arrollándolo con su propio coche. Sin embargo, a lo largo de los años Pelosi cambió varias veces su versión sobre lo sucedido.

Siempre existió la sospecha de que el de Pasolini había sido en realidad un asesinato político y Pelosi, un chivo expiatorio. El intelectual se había convertido en un personaje profundamente incómodo para el poder, al señalar constantemente sus tropelías y abusos. Y qué mejor para silenciarle que tratar de desacreditarle con un crimen de trasfondo sexual y convencer a Pelosi de que cargara él solo con toda culpa ya que, al ser menor de edad en la época del asesinato, le caería una condena suave, como efectivamente ocurrió: 9 años y 7 meses de cárcel. El 18 de julio de 1983, con 25 años, obtuvo la libertad condicional.

A partir de ahí se dedicó a ir de vez en cuando a platós de televisión, a escribir su autobiografía y a conceder entrevistas en las que a veces dejaba caer que él no había sido el único responsable de la muerte del cineasta y, a veces, incluso insinuaba que él ni siquiera había participado en la misma. Pero nunca nada concreto. Sólo veladas alusiones, turbias menciones. Como cuando afirmó que en el asesinato de Pasolini habían participado tres personas, dos de ellas con acento siciliano.

Volvió varias veces a la cárcel por otros delitos e, incluso, regresó al lugar del crimen en una de las salidas de prisión en régimen de libertad condicional. Fue en 2008 de la mano de una cooperativa dedicada a la reinserción de ex presidiarios. Junto con un puñado de éstos, limpió el jardín que fue creado en el lugar donde PPP fue asesinado. “Estar aquí hace que se encoja el estómago”, aseguró entonces.

En los últimos años gestionaba junto a un socio un bar en el barrio romano de Testaccio. El bar se llama Zi Elena.

Violencia extrema en Centroamérica contra personas LGTBI

El mundo tiene que abrir todas las ventanas posibles para ver lo que pasa en las casas LGTBI de Centroamérica

Un manifestante en una marcha por los derechos LGTBI en Honduras. EFE

No es habitual que alguien que modera una mesa de debate rompa a llorar ante los testimonios de los ponentes. Pero es lo que estuvo a punto de sucederme. Tuve el honor de ser invitada a moderar la mesa ‘Conversatorio Centroamericano’, dentro de la programación de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos ‘Summit World Pride 2017’. Y cuando Donny Reyes, activista gay de Honduras, contó su experiencia personal, se hizo un nudo en el estómago colectivo de aquella sala de la Universidad Autónoma de Madrid, y quedó patente de nuevo la razón última de la lucha LGTBI: una cuestión de derechos humanos que compromete la existencia, desde la relación con la familia hasta la propia integridad física, hasta la vida misma. En su caso, como en el de todas las personas que por su orientación sexual o por su identidad de género difieren de la norma, una vida vulnerada desde la infancia.

Donny Reyes, procedente de una zona rural hondureña, contó el rechazo que siempre sufrió en el que debía ser su hogar, cómo sus numerosos hermanos le reprochaban que los pusiera en evidencia ante los demás, cómo se sintió culpable por no querer salir a jugar al fútbol y a levantarle las faldas a las niñas, cómo se fue aislando de todos hasta huir de allí, muy joven, sin dejar rastro. “Solo quería vivir. Mejor que mi familia creyera que me morí”.

Ahora Reyes es coordinador general de la Asociación Arcoiris de Honduras, miembro del Consejo Nacional de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, miembro de la plataforma Regional Centroamericana Orgullo Centroamérica y miembro activista del comité de la Diversidad Sexual de Honduras. Ha recibido numerosos premios internacionales por su activismo, aunque el camino tras verse obligado a abandonar su casa y su pueblo ha sido duro: “Ser migrante es un delito, y el 30% de los migrantes en Honduras son personas LGTBI”.

Su relato de terror coincide con el del resto de las personas LGTBI que componían la mesa del Summit: un camino hecho de exclusión, violencia física, asesinatos, abusos sexuales, prisión. Galilea Bracho, fundadora y directora Ejecutiva de la Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala (REDMMUTRANS), se refirió a los crímenes sistematizados en su país contra las personas LGTBI, que se llevan a cabo en un contexto de racismo y de un fundamentalismo religioso que, a pesar de ser el guatemalteco un Estado laico, impulsa los influyentes lobbies católico y evangelista en Guatemala.

“Yo soy portavoz de aquellos que han perdido su vida”. De manera tan escalofriante comenzó Bianka Rodríguez, de El Salvador, a relatar la situación de violencia y discriminación que sufren en su país las personas transgénero, como ella, los gais y las lesbianas. Torturas, amenazas y persecución son el pan nuestro de cada día en un Estado podrido por la corrupción y organizado en torno a la extorsión, donde la discriminación a las personas LGTBI las condena aún más a una pobreza sistémica.

Construir desde ahí políticas públicas inclusivas no es tarea fácil, pero Bianka Rodríguez, alentada por todas aquellas vidas que fueron cercenadas y pondrían haber sido la suya propia, decidió entregarse a visibilizar la realidad de las personas LGBTI en su país y a defender sus derechos, siendo en la actualidad responsable del área de comunicación de la Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS), asociación que también reclama al Estado salvadoreño el cumplimiento del respeto a los derechos humanos de las personas con VIH y privadas de libertad por su orientación sexual o su identidad o expresión de género. “Trabajo en pos de la democracia, los derechos humanos y la paz”.

A pesar de que en Nicaragua la ley ya no penaliza a las personas LGTBI, los cambios legislativos han sido tan recientes que la sociedad nicaragüense sigue discriminándolas. Las estadísticas que Chester Cortez aportó al respecto resultaron desoladoras: alrededor del 80% de los jóvenes de aquella “república cristiana, socialista y solidaria” (como Cortez contó que la definía el Gobierno de la nación) sigue considerando la homosexualidad y la transexualidad como una enfermedad. Desde la Red Juvenil del MRS (Movimiento Renovador Sandinista), la sub-coordinación nacional de la Red PREVIOS (Red de Prevención de Violencias Sociales) y el Club Metamorfosis, Chester Cortez trabaja por la incidencia política y la no violencia desde un enfoque de nuevas masculinidades, derechos sexuales y reproductivos y diversidad sexual.

Caso aparte es el de Costa Rica. Tres personas vinieron al Summit Wold Pride desde aquel país. Una de ellas era Ana Helena Chacón, vicepresidenta de la República. Casi un milagro político en una región, Centroamérica, donde la situación es de violencia extrema. Si bien se trata de un país que no tiene ejército y cuyas universidades se han declarado por decreto libres de discriminación (es decir, un sistema que apuesta de raíz por la paz social), se da la circunstancia de que mantiene como oficial una religión católica que, unida a la cada vez más vigente iglesia evangelista, colapsa y bloquea en el Congreso los avances legislativos relativos a la población LGTBI.

La vicepresidenta Chacón, no obstante, vino en representación de un Gobierno desde el que ha firmado y defendido la Consulta que el Estado de Costa Rica realizó a la Corte Internacional de Derechos Humanos sobre los derechos de las parejas del mismo sexo y las personas trans, con la intención de crear mayor seguridad jurídica en la región. Ha impulsado políticas públicas para la inclusión y la no discriminación hacia las personas LGBTI, declarando también al Poder Ejecutivo libre de toda discriminación hacia las personas LGBTI y permitiendo que el Ministerio de Educación Pública y el Instituto Nacional de Aprendizaje reconociese su identidad de género a estudiantes trans. La vicepresidenta de la República de Costa Rica contó que tomó conciencia de lo que supone la discriminación cuando tuvo un hijo con diversidad funcional.

Con ella, desde Costa Rica, estuvo Javier Umaña Rivera, presidente del Pride Costa Rica, que trabaja por una alianza de organizaciones de los distintos países de la región para la organización de un Pride Centroamericano, y la activista e investigadora Emma Chacón, coordinadora de la construcción de la Memoria Histórica del Movimiento Lésbico en Costa Rica, sobre la que ha escrito un libro que se publicó en 2015, que denunció la invisibilidad de las lesbianas en su país.

Cuando desde el público tomó la palabra la activista española Desirée Chacón, abogada que durante años ha coordinado la celebración del Orgullo en Madrid como secretaria general de la FELGTB, recordó el enorme instrumento político que esas citas suponen, al hacer las veces de una gran ventana desde la que mostrar al mundo la realidad de la comunidad LGTBI. Desde luego, el mundo tiene que abrir todas las ventanas posibles para ver lo que pasa en las casas LGTBI de Centroamérica. Al otro lado, el mundo verá violencia extrema, fundamentalismo religioso, pobreza y desigualdad sistémicas, patriarcado y misoginia que se transforman en la más brutal de las homofobias. De llorar. De luchar.

Nicol Jecoman, refugiada trans: “Todavía no he superado el miedo a salir de día”

Ella y Carolina Murcia huyeron de Honduras por violencia y los abusos que sufrieron por su indentidad de género y ahora intentan reconstruir su vida en España, donde han pedido asilo

Nicol Jecoman en la sede de Acathi en Barcelona. MIRIAM LÀZARO

Nicol Jecoman trabajaba de prostituta en Honduras de siete de la tarde a seis de la mañana. De noche le dieron palizas, abusaron de ella, le obligaron a traficar con drogas, le apuñalaron y se libró de morir solo porque el azar eligió que la muerta fuese su compañera de al lado. Con 23 años ha logrado alejarse de esas noches pero los días aún la persiguen. “En mi país las mujeres trans no somos nadie, no valemos nada: nos golpean, nos tiran pedradas, se ríen, nos insultan; por eso vivía encerrada sin ver la luz del sol”, cuenta. “Todavía no he superado el miedo a salir de día a la calle”.

“El nivel de violencia que sufren es impresionante”, dice el psicólogo Rodrigo Araneda sobre las mujeres trans refugiadas. Como presidente de Acathi -una asociación que ayuda a migrantes y refugiados LGTBI (Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales)- ha escuchado de todo pero aún se conmueve con la dureza de sus relatos. Ellas se acostumbran tanto la violencia que lo viven como si fuese natural. Cuando llegan a España como refugiadas lo que más les cuesta es sentir que se encuentran en un lugar seguro, aunque como apunta Araneda, “no es del todo verdad porque en la práctica no hay inclusión real”.

Carol Murcia, de 25 años, viajó con Jecoman desde Honduras a Madrid el 24 de mayo de 2016, y de ahí fueron trasladadas a Barcelona. Siempre supo que era diferente a los demás chicos pero nunca lo compartió por miedo, ese que tienen tallado a puñetazos e insultos. No solo en la calle; el enemigo también estaba en casa. Ella era la tercera de seis hijos de una madre soltera pero católica, que pensaba que a base de guantazos volvería el varón que parió. Sus hermanas aún la siguen rechazando.

Con nueve años Murcia se puso a limpiar casas, como su madre, para poder estudiar en primaria. Prosperó y empezó a trabajar en una tienda mientras se sacaba la secundaria los fines de semana. Hasta que su jefe la despidió porque su amaneramiento molestaba. Recuerda muy bien ese día pero no se le olvidarán nunca las Navidades de 2014. El 24 de diciembre, cuando las familias se reúnen y se dan un banquete, en la suya solo había una madre enferma que necesitaba medicamentos y nada para comer. “Cogí un falda de mi hermana, maquillaje, salí por la puerta de atrás para que nadie me viese y fui a prostituirme”. Esa noche no lo logró. Solo podía llorar y repertirse: “No vales nada”. Después llegaron las drogas, el maltrato y tres violaciones. “Si denunciaba la policía no me hacía caso, para ellos era el típico travesti, se reían”.

Empujadas a prostituirse

En muchos países a las personas trans las ven como enfermas, trastornadas mentalmente o con defectos morales. “Desde pequeñas son castigadas por lo que van haciendo y mostrando”, explica el psicólogo en una oficina modesta de un antiguo piso señorial barcelonés. El rechazo y la agresión constante les empuja a llevar una doble vida, porque de alguna forma la mujer que son tiene que salir fuera. Y se exponen a situaciones muy difíciles: “Espacios en los que sí son valoradas como mujeres, como puede ser la prostitución”. “Es muy duro lo que estoy diciendo”, señala consciente del peso de esas palabras.

El primo de Nicol Jecoman abusó de ella entre los 10 y los 15 años. Le amenazaba con contarle a su madre “lo que era en realidad”. A la misma madre que le pegaba y que, atosigada por las vecinas -”arréglalo, ahora que está pequeño y hay solución”-, le llevó al psicólogo. Con 13 años empezó a trabajar fregando platos y a los 17 era jefa de cocina. A esa edad, no pudo más: “Me declaré trans. No aguantaba más como chico, quería ser mujer”. Su jefe le despidió el primer día que llegó maquillada y con vestido.

Jecoman tiene una voz y una mirada dulces. La entrevista le ha pillado de sorpresa y apenas le ha dado tiempo a recogerse el pelo rizado en un moño y empolvarse un poco la cara limpia. Buscó trabajo durante un año pero solo encontró rechazo. “A los 18 años, tuve que tomar la calle. Era la única opción”, relata sin detenerse, sin una pausa. (En Athai consiguen que repitan su historia quitándole gradualmente el peso emocional, para que el relato se integre en su futuro, aunque sea doloroso).

Durante su primer año en la calle un hombre intentó atacarle con un machete. Nadie le ayudó y en el hospital público se negaron a atenderle. “Les daba asco y eso que llevaban guantes”. De aquel episodio guarda una cicatriz ancha de 20 centímetros de largo en el brazo derecho. En el izquierdo quedan las huellas de navajazos. “Son recuerdos de la calle, de todo lo que he sufrido”, dice con esa normalidad de la que hablaba el psicólogo. Con la misma naturalidad con la que cuenta que fue testigo de asesinatos de compañeras trans.

Un sábado de Semana Santa, a las cuatro de la mañana, cuando desde una furgoneta que no les gustaba les pidieron un servicio de sexo oral. Aceptaron ella y otra chica. De rodillas notó el casquillo de una bala en el suelo. “Se lo hice sin condón para acabar antes”. Salió pitando del coche y su amiga estaba haciendo lo mismo cuando le dispararon en el cuello. Se desangró sin que nadie le auxiliase. Los asesinos estuvieron buscándola. No la encontraron pero sí dió con ella un proxeneta traficante de drogas que le obligó a trabajar para él. Cuando intentó dejarlo las maras le amenazaron. Como aviso, torturaron y mataron a su hermano.

La muerte de cerca

De las “muchas” muertes de las que ha sido testigo, Murcia cuenta la de una noche en que estaba con tres compañeras en la calle. Llegó un cliente y subió a su coche. Cuando arrancó, apareció otro del que salió el asesino que disparó a bocajarro a las tres mujeres. “Me bajé del coche y las encontré agonizando”. El domingo 24 de julio de 2016 es otra fecha que no olvida. Estaba con una amiga de 48 años. Un coche paró junto a ellas y le disparó a la mujer en la cabeza. Murió al instante. Murcia denunció y detuvieron al asesino. Dos meses después viajaba a España y su demanda de asilo, como la de Jecoman, fue aceptada. Cruz Roja, que se ocupó de ellas en la primera fase de acogida, las envió a Barcelona.

ACNUR, la agencia de la ONU para refugiados, señala que las personas transgénero están “altamente marginadas” y sufren “grave violencia física, psicológica y sexual”. Según recoge, hay un aumento en las demandas de asilo por estas persecuciones. El Ministerio de Interior no ofrece datos de qué porcentaje representan de las 10.250 solicitudes de asilo resueltas el pasado año por el Gobierno, de las que solo al 3,4% concedió el estatuto de refugiado. Acathi atendió a 45 refugiados del colectivo LGTBI en 2016 y en el primer trimestre de este año lleva más de 70. Por su experiencia, hay países de los que llegan pocos casos pero flagrantes, como los de Oriente Medio y Marruecos. Brasil encabeza el ranking por el número de asesinadas, seguido de Estados Unidos y México. Pero por la gravedad de las historias y la relación de crímenes con el número de habitantes, Centroamérica es un agujero negro.

Cruz Roja en Cataluña pone en contacto a los recién llegados con Acathi, donde encuentran un lugar seguro y pueden establecer vínculos que, según su presidente, “son los que curan” y logran la inclusión. Todos los meses se une alguien nuevo, como Joana, una mexicana trans de 25 años que lleva apenas un mes en Barcelona. En su país es posible cambiar de género en el Distrito Federal, pero, como cuenta, “allí no es como en España, que te pueden golpear; en México la agresión es que te matan”. Antes de acabar 2016 habían asesinado a 50 mujeres trans, 10 de ellas en un espacio de 13 días.

El proceso de integración no es sencillo. Durante los primeros seis meses de acogida, el sistema les proporciona alojamiento y les cubre sus necesidades básicas, pero a veces no les da cosas fundamentales para ellas, como el maquillaje. O les mandan a pueblos pequeños, donde su integración puede ser más complicada. Falta sensibilización y formación. Pero lo más difícil llega, como cuenta Beatriz Losa, trabajadora social de Acathi, cuando tienen que buscar trabajo y piso. Su identidad y su nombre no cuadra y cargan también con el estigma de la prostitución.

Murcia, ojos pintados, cabello rubio recogido y grandes pendientes de aros, sonríe cuando habla de su nueva vida en España, aunque ya se ha vivido episodios de discriminación. Intenta mostrarse fuerte, dice que para protegerse, pero una lágrima le recorre la mejilla cuando recuerda la dureza de las cosas que lleva escuchadas. “Son las palabras que duelen las que me ayudan a crecer”, asegura. Nicol se siente libre, capaz de cumplir sus metas, “pero todavía con un poco de miedo, un poco de trauma”. Sobre todo, le sigue costando salir a la calle. Losa lo ha visto: “Yo me muevo mucho con ellas en metro y la gente les mira. Pero son la resiliencia en persona: siguen ahí, se visten cada día para volver a salir a la calle a que que las vuelvan a maltratar. Y no se victimizan”.

Las transexuales en Colombia no celebran el día del orgullo LGTBI

En el último año, 27 mujeres trans fueron asesinadas. La policía es uno de sus principales agresores

Laura Weins, en una entrevista de 2016 en Bogotá. JUAN CARLOS ZAPATA

Laura Weins lleva más de 30 años luchando para vivir como quiere. No ha sido fácil. Ser transexual en Colombiaes estar condenado al maltrato y la exclusión. Dice que no celebra la conmemoración del día orgullo LGBTI, ella sale a las calles para gritar que existe y exigir igualdad. “No podemos hablar de orgullo ni victorias hasta que nos vean como las ciudadanas que somos”, asegura. Weins es líder del Grupo de acción y apoyo a personas trans (GAAT). Aunque reconoce que el país ha avanzado en materia de derechos, nada será suficiente si las siguen matando.

En el último año, 27 mujeres y siete hombres transexuales fueron asesinados. Entre el miedo y la resistencia, un informe que se presentará este jueves documenta la violencia contra la población LGBTI en Colombia. La investigación, realizada por Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación, evidencia que los trans y los hombres gais, con 43 casos, son las principales víctimas de homicidios dentro de este colectivo.

La justicia tampoco parece estar de su lado. En agosto de 2016, Nicoll Oriana, una mujer trans y trabajadora sexual fue degollada, torturada y abusada. El presunto responsable fue capturado en noviembre, pero el proceso penal continúa en etapa de investigación, a pesar de que días antes de su muerte había denunciado amenazas. Oriana además de ser trans y trabajadora sexual, ayudaba a organizar encuentros de víctimas del conflicto en Sucre. Reunía las condiciones de vulnerabilidad propias de quien vive en un país como Colombia.

Gustavo Pérez, investigador de Colombia Diversa, asegura que una de las grandes preocupaciones es que a pesar de los avances en el reconocimiento y en la protección a los derechos de las personas LGBTI, las agresiones no han disminuido. “Los prejuicios siguen siendo muy fuertes y lo que dice la ley no ha logrado cambiar el problema de fondo”. La normativa, que en el papel muestra un cambio en el país hacia la igualdad, no se evidencia en la realidad. Mientras en el año 2012, 95 personas fueron asesinadas por su orientación, identidad y expresión sexual, en 2016 la cifra llegó a los 108. La violencia policial que hace cuatro años registró 33 casos, hoy alcanza los 77. Los transexuales son las principales víctimas de los uniformados.

Pérez destaca con preocupación que las investigaciones contra la policía por sus abusos sean asumidas por la misma institución. “Mientras sean ellos los que investiguen esos casos, habrá impunidad. No hay garantías de imparcialidad”. A las mujeres trans las autoridades las persiguen en las zonas en donde muchas ejercen la prostitución. A pesar de que en Colombia es legal, cualquier argumento es suficiente para acosarlas. “A estos lugares llega la policía a intimidarlas, a que se desplacen hacia otras partes, amenazándolas con las armas de dotación y agrediéndolas físicamente”, dice el informe, elaborado con el apoyo de la Unión Europea.

La única investigación disciplinaria que en 2016 concluyó con la destitución de agentes policiales fue la de una ejecución extrajudicial de una mujer trans en Cali. “Existe una violencia constante por parte de ellos. Hay mucho prejuicio, no sé por qué les cuesta entendernos. Parece que les atormentara nuestra existencia”, afirma Weins. El documento, que todos los años muestra cómo está el país en materia de respeto a derechos, destaca que se “continúa observando la naturalización de la violencia policial por parte de las víctimas, ya que es algo normal que la Policía intimide, amenace y violente, por lo que en la mayoría de los casos no hay denuncia formal y si se denuncia persiste el miedo a las retaliaciones, la deslegitimación de la denuncia y la impunidad”. Weins trabaja para que las mujeres como ella sean reconocidas como lo que son, como ciudadanas. “Tenemos que estar presentes en las marchas sobre todo para mostrarnos, para pedir que nos respeten la vida”.

El caso de Santiago, un hombre trans de 22 años, fue el primero registrado en 2016. Desplazado, huérfano y víctima de violencia sexual, fue asesinado el 31 de enero de 2016 a balazos en el Valle. Hasta ahora, nadie sabe quién lo hizo. Las autoridades tampoco se han interesado en averiguarlo. “En su caso faltó la debida diligencia, como en la mayoría de crímenes contra esta población”, dice el informe.

Pero la impunidad no solo ronda las investigaciones por las muertes de transexuales. De los 108 homicidios ocurridos en 2016, 42 de las investigaciones continúan en indagación preliminar. En cinco casos se abrió una investigación formal y ocho avanzaron a etapa de juicio. Solo en cuatro procesos penales hubo condenas. En ninguno se conoció con claridad el móvil del crimen.

EN LLEIDA Agreden a una pareja de lesbianas por besarse a las puertas de un bar

Los testigos intervinieron y consiguieron ahuyentar a los 6 atacantes que golpeaban a la pareja

Imagen de archivo del World Pride en Madrid. (EFE)

Los Mossos d’Esquadra buscan a seis personas acusadas de golpear e insultar a una pareja de lesbianas que se besaba en el exterior de un bar la noche del 24 de junio en Arbeca (Lleida).

LLEIDA. Según los Mossos d’Esquadra, las víctimas denunciaron que un grupo de seis personas, al parecer de nacionalidad rumana, les propinó golpes e insultos y se burló de ellas cuando las sorprendieron besándose en la calle, a las puertas de un bar.

Fue una mujer la que inició la agresión física, a la que enseguida se sumaron el resto de integrantes del grupo.

Gracias a la ayuda de testigos presenciales, pudieron detener la agresión, que causó heridas leves a las dos mujeres, que son vecinas de Lleida.

Los Mossos confían en identificar en breve a los agresores de este ataque homófobo, ya que se trata de un pequeño municipio de poco más de 2.200 habitantes.

Detenido por publicar tuits homófobos: “Hay que eliminar a los gais”

El arrestado, vecino de Palma, lanzó cientos de mensajes de odio por las redes sociales

Una calle del madrileño barrio de Chueca. EFE

La asociación Arcópoli dio la voz de alarma. “Hay que construir barracones, poner duchas con gas ciclón y eliminar a los homosexuales como si fuesen cucarachas”, había escrito un usuario en su cuenta de Twitter. “Hay que crear centros de reeducación moral para que los homosexuales se puedan curar su enfermedadad. Y, si no se curan, se cuelgan de grúas”, añadía en su perfil. Y, así, cientos de mensajes contra el coletivo LGTB y contra minorías religiosas y étnicas, a los que la policía ha puesto fin con la detención del vecino de Palma (Mallorca) que se escondía tras esta cuenta anónima. El arrestado, acusado de un delito de odio, había llegado a publicar más de 4.000 comentarios en esta red social; según han informado los investigadores.

“Este usuario tenía una intensa actividad en Twitter”, ha apuntado la Policía Nacional este martes, tras anunciar su arresto: “Muchos de los comentarios publicados tenían un caracter vejatorio contra las minorías”. Según el último informe del Ministerio del Interior, el pasado año se registraron en España un total de 1.272 casos de delitos de odio. De ellos, 230 incidentes (18%) se encontraban relacionados con la identidad u orientación sexual. Un número que experimentó un alza del 36% respecto a 2015.

Arcópoli denunció a finales de 2016 que se ha convertido, “tanto colectiva como individualmente”, en el objetivo de una campaña de acoso a través de las redes sociales. “Tenemos que ir a matarlos” y “esta bomba casera la usaremos contra ustedes”, son varios de los mensajes que han recibido sus miembros. El colectivo señaló entonces su preocupación por la “indefensión que se sufre en Twitter por los delitos de odio que se cometen”.

LOS MENSAJES DE ODIO ESCRITOS POR EL ARRESTADO

Entre los mensajes de odio lanzados por el detenido se encuentran los siguientes: “Por cierto, la expresión maricón no es un insulto, sino una palabra castellana muy castiza”; “El orgullo homosexual es una aberración moral. Debe estar prohibido. No se puede tolerar que las calles de España se llenen de maricones”; “El matrimonio homosexual es una aberración moral que atenta contra la ley de dios”; “Si yo fuera presidente, en España no habría maricones porque los iba a purgar como hizo Stalin con sus críticos”; “Me gustaría ver a estos maricones en Arabia Saudí o Irán, donde les cuelgan de grúas en campos de fútbol”; “Si yo fuese presidente, el colectivo LGTB estaría ilegalizado”; y “El proyecto de Adolfo Hitler era bueno para Europa. El problema es que Hitler fue demasiado impulsivo y no supo calcular los tiempos”.

Los casos de discriminación por racismo, género e identidad sexual se duplican en Euskadi

El Gobierno vasco constata “dificultades” policiales y judiciales para el reconocimiento de los delitos de odio

Inmigrantes en las calles de Bilbao. (Oskar Martínez)

Los casos de discriminación por razón de origen, etnia, género e identidad sexual atendidos por la red Eraberean se han duplicado en el último año en Euskadi, al pasar de los 25 de 2015 a los 49 del pasado ejercicio, de los que el 53 por ciento estuvieron relacionados con el racismo y la xenofobia. Además, el Gobierno vasco ha constatado la existencia de “dificultades” policiales y judiciales para el reconocimiento de estos delitos de odio.

GASTEIZ. Estos datos han sido dados a conocer este lunes por la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, en una comparecencia en el Parlamento Vasco en la que informado sobre la actividad de la red Eraberean en 2016.

Esta red, impulsada por el Gobierno vasco, integra a numerosas entidades que trabajan en el ámbito de la atención a colectivos minoritarios, como Cruz Roja, CEAR, SOS Racismo y EHGAM, entre otros. El objetivo de la plataforma es luchar contra la discriminación por origen racial, étnico o nacional, y por orientación e identidad sexual e identidad de género.

El número de casos de discriminación por razón de origen, etnia, nacionalidad, orientación e identidad sexual y de género atendidos en el marco de la Red Eraberean en 2016 ascendió a 49, casi el doble de los 25 atendidos en 2015.

Del total de casos de discriminación atendidos y registrados por las entidades de la red, el 53% estuvieron relacionados con el racismo y la xenofobia. El 27% de los casos atendidos estuvieron motivados por actos de LGTBIfobia, es decir, de discriminación por razón de orientación o identidad sexual y de género. El 20 por ciento restante estaban vinculados a discriminación hacia el colectivo gitano.

“DIFICULTADES” JUDICIALES

La consejera ha alertado de que se han detectado “dificultades” para que en los procesos judiciales por estas formas de discriminación se apliquen los tipos delictivos de odio, aunque ha señalado que se están logrando “avances” en este ámbito.

Artolazabal ha explicado que, en ocasiones, este problema se debe a que la Policía carece de la formación necesaria sobre esta materia, por lo que “no instruye adecuadamente” sus diligencias sobre denuncias relacionadas con estos comportamientos. Con el fin de resolver estas deficiencias, ha anunciado que se está trabajando para mejorar la formación de los agentes.

La consejera ha reconocido que existe cierta escasez de datos estadísticos sobre casos de discriminación o delitos de odio que permitan conocer la dimensión cuantitativa y cualitativa de esta realidad.

“MIEDO”

A pesar de ello, ha alertado de que diversos indicadores, basados en encuestas de población, “constatan que la discriminación aumenta”, aunque en muchos casos no se denuncia “por miedo, desconocimiento o desconfianza”. Además, ha explicado que en la mayoría de las ocasiones, las víctimas de hechos discriminatorios y delitos de odio no se sienten “resarcidas” tras el proceso judicial.

La consejera ha anunciado algunas de las acciones que la Red Eraberean desarrollará este año. Con el objetivo de contribuir a una mayor sensibilización en materia de igualdad de trato y no discriminación, la red desarrollará acuerdos de colaboración con distintos medios de comunicación. Los acuerdos están destinados a la no proyección de estereotipos y prejuicios, especialmente por razón de origen, etnia, nacionalidad, orientación e identidad sexual y de género.

Para afrontar los casos de discriminación múltiple, Eraberean profundiza en el trabajo en red con otros agentes que desarrollan su actividad en relación a otros motivos de discriminación.

FORMACIÓN EN LA ERTZAINTZA

Además, la red trabaja para elaborar en un marco de colaboración con la Academia vasca de la Ertzaintza, con el fin de formar a las nuevas promociones de agentes en materia de igualdad de trato y no discriminación. Esta formación se podrá ampliar posteriormente a organizaciones policiales y de operadores jurídicos.

Eraberean también potenciará el uso de mecanismos de resolución de conflictos basados en el diálogo colaborativo buscando la reparación a las víctimas. Asimismo, la red colabora en un proyecto de sensibilización sobre igualdad de trato y no discriminación en las aulas, impulsado por las viceconsejerías de Políticas Sociales y Educación del Gobierno vasco.

Por otra parte, la red estudia fórmulas de colaboración institucional para avanzar en el consenso de indicadores compartidos en la recogida de datos sobre discriminación.

Los objetivos de Eraberean son la promoción y orientación en políticas específicas en materia de Igualdad de trato y no discriminación, así como integrar el principio de igualdad de trato en las políticas sectoriales. Además, la red pone al servicio de la ciudadanía mecanismos y herramientas de información, asesoría y orientación cuando hayan podido ser víctimas de un trato discriminatorio o de un delito de odio.

La falta de formación policial lastra el proceso judicial de los delitos de odio

Artolazabal señala que hay más casos de discriminación y que a veces la instrucción que se realiza es inadecuada

Casi un tercio de los casos atendidos por la Red Eraberean en 2016 han sido casos de LGTBIfobia. (AFP)

BILBAO – Los casos de discriminación por origen, etnia, nacionalidad, orientación e identidad sexual y de género, así como los delitos de odio están aumentando en Euskadi. Y, al parecer, ni la Policía ni la Justicia están totalmente preparadas para dar una respuesta adecuada a quienes sufren estas conductas.

“Diversos indicadores, basados en encuestas de población, constatan que la discriminación aumenta. En muchos casos no se denuncia por miedo, desconocimiento o desconfianza y en la mayoría de las ocasiones las víctimas de hechos discriminatorios y delitos de odio no se sienten resarcidas tras el proceso judicial. Detectamos dificultades para que en los procesos judiciales se apliquen los tipos delictivos relativos a los delitos de odio pero se está avanzando positivamente en ello” dijo ayer en el Parlamento Vasco la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal.

Artolazabal compareció en una comisión parlamentaria, a petición de Elkarrekin Podemos, para explicar la labor de la Red Eraberean, que trabaja junto con su Departamento en la detección y asesoramiento de situaciones de discriminación por razones de etnia, nacionalidad, orientación e identidad sexual y de género. La consejera subrayó que gracias a esta red “afloran situaciones discriminatorias que de otra forma permanecerían ocultas y que la sociedad podrá corregir y erradicar”. El trabajo de la Red Eraberean -creada a finales de 2014 e integrada por varias organizaciones sociales y servicios técnicos del Gobierno vasco- ha permitido conocer 15 casos de discriminación en lo que va de año y 49 durante 2016, que son prácticamente el doble que los 25 casos detectados en 2015.

MÁS RACISMO Del total de casos de discriminación atendidos y registrados por las entidades el año pasado, el 53% fueron de racismo y xenofobia; el 27% fueron casos de LGTBIfobia y el 20% del total estaban vinculados al colectivo gitano. “Existe una carencia de datos estadísticos sobre casos de discriminación o delitos de odio, que permitan conocer la dimensión cuantitativa y cualitativa de esta realidad. La discriminación múltiple es un fenómeno todavía invisibilizado, en gran medida debido al desconocimiento que hay sobre la misma, pero también debido a la imposibilidad de contar con bases de datos que empleen indicadores compartidos que permitan cruzar las denuncias recogidas con distintos motivos de discriminación”, explicó Artolazabal.

La consejera añadió que “trabajamos para contribuir a una mayor sensibilización en materia de igualdad de trato y no discriminación, desde la Red Eraberean desarrollamos acuerdos de colaboración con distintos medios de comunicación, con especial atención a aquellos de titularidad pública, sobre la no proyección de estereotipos y prejuicios, especialmente por razón de origen, etnia, nacionalidad, orientación e identidad sexual y de género”. Eraberean también colabora en un proyecto de sensibilización sobre igualdad de trato y no discriminación en las aulas que está impulsado por las viceconsejerías de Políticas Sociales y Educación del Gobierno vasco.

Artolazabal reconoció que se han detectado “dificultades” para que en los procesos judiciales por los delitos asociados a estas formas de discriminación se apliquen los tipos delictivos de odio, aunque añadió que se están logrando algunos “avances”. Explicó que, en ocasiones, este problema se debe a que la Policía carece de la formación necesaria sobre esta materia, por lo que “no instruye adecuadamente” sus diligencias sobre denuncias relacionadas con estos comportamientos y anunció que con el fin de resolver estas deficiencias se está trabajando para mejorar la formación de los agentes.

FORMACIÓN POLICIAL En estos momentos la Red Eraberean trabaja para elaborar un marco de colaboración con la Academia vasca de la Ertzaintza con el objetivo de que sirva para formar a las nuevas promociones de agentes en materia de igualdad de trato y no discriminación, una formación específica que en el futuro podría ampliarse a organizaciones policiales y de operadores jurídicos.

En cuanto a la recogida de datos, la red estudia fórmulas de colaboración institucional para avanzar en el consenso de indicadores compartidos en la recogida de datos sobre discriminación, según explicó la consejera. Y para afrontar los casos de discriminación múltiple, desde Eraberean se profundiza en el trabajo en red con otros agentes que desarrollen su actividad en relación a otros motivos de discriminación.

La labor desarrollada por la Red Eraberean durante su trayectoria se ha llevado a cabo en torno a los ejes de prevención, formación y sensibilización. El objetivo de este eje de trabajo es impulsar procesos de transformación social, combinando con este propósito programas y actuaciones de formación, creación de materiales de divulgación y asesoramiento a instituciones, organizaciones sociales y la sociedad civil y de atención, asistencia y asesoramiento.

El Gobierno vasco critica que la Policía «no tiene formación» para perseguir delitos de odio

La consejera de Empleo y Políticas Sociales anuncia cursos para la Ertzaintza mientras el PP pedirá explicaciones al lehendakari por la descoor. El PP pedirá explicaciones al lehendakari por «la falta de coordinación»

La consejera Beatriz Artolazabal, en el Parlamento vasco. / BLANCA SAENZ DE CASTILLO

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha dibujado hoy un panorama oscuro de la lucha contra los delitos de odio en el País Vasco. Según su diagnóstico, este tipo de discriminaciones -en ocasiones delictivas- se han duplicado en Euskadi al pasar de 25 en 2015 a 49 en 2016. Este aumento, además, se produce en un contexto en el que la Policía vasca «no instruye adecuadamente o no tiene la suficiente formación» para trasladar estos casos a los tribunales. «Se tramitan como agresiones y delitos leves y no como posibles delitos de odio», lamentó Artolazabal, quien anunció que la Academia de Arkaute comenzará en breve a mejorar la preparación de los agentes.

Los datos han sido facilitados hoy por la responsable del departamento de Políticas Sociales, que ha comparecido en el Parlamento vasco a petición de Elkarrekin-Podemos para explicar el balance de Eraberean, la red de asociaciones que trabaja en la detección de situaciones de discriminación por razones de etnia, nacionalidad, orientación e identidad sexual y de género. Las cifras proporcionadas por estos colectivos ponen de relieve el incremento de los delitos de odio pero también que, en su mayoría, se trata de situaciones de racismo o xenofobia. Según el balance de Eraberean, el 53% de los casos detectados está vinculado con personas procedentes de otros países a los que se ataca por su condición de extranjeros. El 26% surge de situaciones de odio por razones de género y el 20% está vinculado con el colectivo gitano.

Cambio de atestado

Una de las quejas que la consejera ha puesto sobre la mesa es la dificultad para que estos temas lleguen a los tribunales, algo que relacionó de forma directa con la preparación de los policías. Ha relatado, por ejemplo, el caso de una mujer musulmana que fue agredida e insultada en el metro de Bilbao. El atestado realizado por la policía concluyó que se trataba de un delito leve pero la intermediación de Eraberean permitió cambiar la calificación y que se instruyese como un delito de odio. Tras dos años de procedimiento, la sentencia de conformidad ha dado la razón a la víctima y sus agresores han tenido que reconocer que les movieron razones xenófobas y pidieron perdón a la mujer. Ella renunció a la indemnización económica.

Artolazabal ha expuesto este caso para ilustrar como en ocasiones «no se denuncia por miedo, desconocimiento o desconfianza». La consejera, en base a los estudios de Eraberean, ha indicado que se dan «dificultades» para que en las situaciones detectadas «se apliquen los tipos delictivos relativos a los delitos de odio, por lo que las víctimas no se sienten resarcidas por la justicia».

A raíz de las declaraciones de la consejera, la parlamentaria del PP Nerea Llanos ha presentado una iniciativa en el Parlamento vasco en la que pide a lehendakari Íñigo Urkullu que explique su valoración sobre la crítica realizada por el departamento de Políticas Sociales. La representante popular en la Cámara vasca ha asegurado que, por un lado, la consejería de Seguridad debe explicar las críticas a la Ertzaintza vertidas por Beatriz Artolazabal, que considera un ejemplo de «descoordinación» del Ejecutivo. Asimismo, considera que «en última instancia es el Lehendakari el responsable del correcto funcionamiento de la Ertzaintza y de la coordinación entre las dos consejerías».