Activistas pro-derechos del colectivo LGTB protestan contra la reforma del código penal que penalizaría el sexo entre homosexuales y otras medidas contra la libertad sexual a las puertas del Parlamento en Yakarta (Indonesia) el 20 de febrero de 2018. EFE/ Mast Irham EFE
“Las personas que no estén unidas por un matrimonio legal y que mantengan relaciones sexuales podrán ser condenadas a una pena de hasta cinco años de prisión”.
– “Quienes convivan como marido y mujer sin haber contraído matrimonio legalmente podrán ser castigados hasta con un año de cárcel”.
Esas son las polémicas frases que el parlamento de Indonesia quiere incluir en la reforma de los artículos 484 y 488 del código penal, que hacen referencia al sexo extramatrimonial y a la cohabitación. Como el matrimonio entre personas del mismo sexo está prohibido en Indonesia, esta reforma supone, de facto, la criminalización de la homosexualidad. Es la fórmula que los políticos han encontrado después de que, el año pasado, el Tribunal Constitucional rechazase una petición para ilegalizar las relaciones homosexuales.
Es también reflejo del gran paso atrás que el archipiélago está dando en materia de derechos y de libertades. Es lo que piensa Amir, que se enfrenta a diario a la discriminación por ser homosexual en la capital, donde vive. “Es el resultado del explosivo binomio que crean la política conservadora y el auge del islamismo integrista”, opina.
Una persecución creciente
La ley indonesia ya recoge el adulterio como delito. Pero, para que una relación sea tipificada como tal es necesario que uno de los protagonistas esté casado. La nueva formulación, con el mero cambio de unas pocas palabras, es la que provoca un vuelco en la situación.
La reforma, que aún está siendo debatida en el Parlamento, se suma a la creciente persecución que sufre el colectivo LGTBI en el país: el Gobierno ha prohibido aplicaciones de móvil para citas populares entre homosexuales y la Policía ha incrementado las redadas contra bares gais y la detención de sus clientes.
Además, el Ministerio de Salud ha incluido la homosexualidad en la lista de ‘desórdenes mentales’. En la provincia de Aceh –regida por la ‘sharia’–, dos hombres fueron fustigados 83 veces por mantener relaciones homosexuales y 12 mujeres transexuales fueron forzadas a cortarse el pelo y vestir ropa de hombre en público.
“Ser homosexual en Indonesia supone vivir atemorizado de por vida. Antes ya era suficiente castigo el estigma social que acarrea, pero ahora va a ser todavía peor. Va a ser un crimen”, se lamenta Amir. El Gobierno, sin embargo, afirma que la ilegalización servirá para aplacar a los colectivos más conservadores y evitar ataques violentos contra la comunidad LGBTI. Es más, asegura que la reforma supondrá una mayor protección para los homosexuales, algo que la organización Human Rights Watch ya ha tachado de “sinsentido”.
Los promotores de las enmiendas también esgrimen que los indonesios están a favor de la reforma legal, y algunas encuestas así lo corroboran: en diciembre, un 87,6% de quienes respondieron a las preguntas de la consultoría Saiful Mujani afirmaron que el colectivo LGBTI “representa una amenaza social”.
Activistas proceden a quemar un muñeco durante una concentración en contra del colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB) en Banda Aceh, Indonesia, el pasado febrero. EFE
La aprobación de las enmiendas estaba prevista para San Valentín –no se sabe si como muestra de humor negro – pero fue retrasada un par de meses. En cualquier caso, como la iniciativa cuenta con el visto bueno de los diez partidos políticos más relevantes, pocos dudan que se terminará llevando a cabo.
El 81,5% justificó su opinión argumentando que “la religión prohíbe ese tipo de sexualidad”, y solo el 57,7% consideró que los no heterosexuales “tienen derecho a la vida”. Un diputado islamista, Muslin Ayub, fue más allá y propuso castigar a los gais con la pena de muerte.
Dita Reninda, una periodista de Yakarta, es una de las voces que apoyan la nueva redacción propuesta. Sus argumentos evidencian su normalizada homofobia. “La homosexualidad puede ser dañina para la sociedad, porque la mayoría de los gais se camuflan detrás de una apariencia normal y no son honestos. Tampoco con sus esposas, lo cual provoca que muchas mujeres se vean infectadas con el VIH porque sus maridos mantienen relaciones homosexuales sin protección y a escondidas”, comenta.
Otros colectivos afectados
Naciones Unidas ha pedido que Indonesia no apruebe la reforma del código penal. “La retórica de odio contra la comunidad LGTB se está cultivando con objetivos políticos muy cínicos y solo provocará sufrimiento y una mayor división innecesaria. La discriminación en base a la orientación sexual, o por cualquier otra razón, es intolerable”, afirmó en febrero Zeid Ra’ad Al Hussein, comisario de la ONU para los Derechos Humanos.
Otros colectivos también han denunciado que los cambios propuestos en el código penal van a tener un impacto muy negativo en las mujeres, homosexuales o no, porque afectará también a las parejas más pobres, que, sobre todo en las zonas rurales, no contraen matrimonio de forma legal.
También sufrirán sus efectos las minorías étnicas que profesan el animismo y que se casan con una ceremonia religiosa sin validez en el registro civil, porque no está amparada por los seis cultos reconocidos. La reforma dejará en situación de vulnerabilidad a las víctimas de violaciones: bastará que el violador asegure que fue una relación consentida para que la mujer pueda ser acusada de mantener relaciones extramaritales.
“Si la mujer no prueba que hubo violencia o amenazas durante la relación, podría convertirse en imputada”, explicó el representante del Instituto para la Reforma de la Justicia Criminal, Erasmus Napitupulu. Las trabajadoras del sexo también podrían ser perseguidas por este delito, que, como han apuntado algunos juristas, incluso se podría utilizar contra turistas y residentes extranjeros que no hayan contraído matrimonio y mantengan una relación sentimental.
Finalmente, la reforma del código penal tiene un cariz autoritario. Afecta también a los artículos 238 y 239 sobre la difamación del presidente y del vicepresidente. Aunque el Tribunal Constitucional se ha mostrado contrario a la redacción propuesta, la nueva ley recogerá penas de hasta cinco años de prisión para quienes insulten o difamen a los mandatarios en público o de forma visible.
“Poco a poco, un país que se enorgullecía de ser moderado en su visión del islam se está radicalizando hasta niveles difíciles de creer. Pensábamos que, con el desarrollo económico, poco a poco Aceh se iría abriendo como el resto del país; pero es el resto del país el que se está cerrando como Aceh”, critica Amir.
