El Constitucional aparca el debate sobre el derecho de menores transexuales a registrar su cambio de sexo por el 28A

El TC estudia la constitucionalidad de la ley que prohíbe a los menores registrar su cambio de sexo

El Tribunal Constitucional  ha dado este miércoles una muestra más de sus reticencias a abordar cualquier cuestión que pueda estar en la agenda política en tiempo de elecciones. El Pleno del Alto Tribunal ha decidido aplazar el debate sobre la constitucionalidad de la ley que impide a los menores de edad registrar su cambio de sexo y hacerse con un DNI acorde con su identidad sexual.

El asunto estaba en la agenda de cuestiones a abordar en el Pleno convocado para este miércoles y, por acuerdo de los magistrados, se ha guardado en el cajón ante el temor a que su decisión pueda tener incidencia en la campaña electoral, según reconocen a eldiario.es fuentes del Constitucional.

El debate ha llegado al tribunal después de que el Supremo se preguntase si es constitucional impedir a un menor cambiar sus registros para hacerlos acordes con su identidad sexual. En 2016, el Supremo decidió plantear la posible inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley que regula el cambio registral relativo al sexo, en el que se obliga a ser mayor de edad para acometer cualquier cambio de sexo en un registro público.

Ese artículo de la ley señala que “toda persona de nacionalidad española, mayor de edad y con capacidad suficiente para ello, podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”.

La duda del Supremo surgió en 2016 tras las reclamación recibida por la familia de un menor que en ese momento tenía 14 años y que “al nacer fue inscrito con sexo y nombre de mujer pero que desde muy pequeño se sintió varón y prefirió usar un nombre masculino”. En la demanda, presentada por los padres del menor, se relatan episodios que le provocan sufrimiento y humillación. La Sala que abordó la demanda valoró en su momento que se trataba de un joven con suficiente madurez y que realizaba una petición seria por encontrarse en una situación estable de transexualidad.

La cuestión planteada por el Supremo ha llegado a la agenda del Constitucional a pocas horas del inicio de una campaña electoral en la que la que Vox ha hecho bandera de sus posturas contra los derechos del colectivo LGTBI denunciando la existencia de un “yihadismo de género“.

Fuentes del Constitucional reconocen que la presencia de Vox en el escenario electoral y su empeño por incluir las cuestiones de género en la agenda ha motivado su decisión de aparcar el debate para no inmiscuirse en el cruce de mensajes que se podría producir en caso de abordar una decisión firme.

Mientras tanto, la resolución ha quedado aparcada en un cajón sin que se produzca ningún movimiento sobre el derecho de un menor transexual a dotarse de una identidad y un nuevo nombre. La familia del joven que llegó hasta el Tribunal Supremo en su demanda tendrá que seguir esperando. El principal implicado tiene ya 17 años.

“El precio de una paja”: los cursos homófobos de Valencia sancionan con aislamiento las “caídas” de sus miembros

“Panteón” donde se depositan tocones de madera con el nombre de las personas que han “superado” un ejercicio especial de Verdad y Libertad.

El colectivo Verdad y Libertad, fundado y dirigido por el médico granadino M.Á.S.C., lleva desde 2013 organizando cursos homófobos para “sanar” la “herida” que considera que es la homosexualidad. El colectivo se ha reunido en, al menos, tres centros religiosos de Valencia y ha acogido “itinerantes” de toda España y del extranjero en sus diferentes convivencias, según su propia nomenclatura. Las directrices que marca el líder de esta comunidad clandestina son tan estrictas que quienes incumplen sus premisas son aislados del grupo. La reincidencia significa la expulsión.

Según la documentación de estos cursos de V y L en poder de eldiario.es, los incumplimientos de las directrices, que consideran “caídas”, pueden suponer aislamientos temporales o definitivos del grupo -muchas veces el único sostén emocional de las víctimas- y se bareman según la supuesta gravedad. Según han explicado y confirmado varios de los participantes en estos cursos que los abandonaron, M.Á.S.C. obliga a superar un mínimo de 270 días de “sobriedad sexual” para considerarse “sanado”. La documentación acredita estos retos impuestos.

En el propio domicilio del médico en Granada, según la imagen que reproduce este periódico y los testimonios de víctimas, las personas que teóricamente superan un programa especial con M.Á ponen su nombre en un trozo de tronco considerado “cuarto oscuro” en el “panteón donde yacen los cuartos oscuros”. Se trata de un ejercicio en el que los itinerantes muestran sus mayores intimidades. Esta casa también es un lugar para celebrar convivencias entre los miembros del grupo, según el relato de las víctimas.

“El aislamiento se conoce en V y L como el periodo en el desierto. Pretende  evidenciar a aquellos que están en ese lugar que, por haber errado, han perdido mucho. Es muy doloroso, pero M. Á. piensa que los itinerantes se deben sentir así”, asegura J. Q., una de las víctimas que han conseguido salir de esta comunidad y que ha necesitado tratamiento médico. “Hay personas que se van y no las vuelves a ver. Hay otras situaciones en las que un hermano mayor o mentor te tutela y solo puedes hablar con él”, añade este testimonio, que apunta que las temporadas “en el desierto varían”. “Estuve meses sin contacto con los otros miembros del colectivo, que además eran mis amigos”, sostiene.

En los documentos que se reproducen en esta información, la falta menos grave en estos cursos homófobos es el “buceo o fantaseo consciente”. Así, en el primer trimestre de proceso puede suponer la salida cinco días del grupo, que suben a 15 días si se produce en el tercer trimestre.

Tras el fantaseo consciente le siguen en gravedad la “paja consciente”, la búsqueda de porno y el sexo con otros. “El engaño de cualquier tipo” significa la expulsión que solo se puede evitar con “un sincero arrepentimiento” y necesita de la decisión del “terapeuta”. Otras situaciones como el “chateo”, cibersexo o el tonteo con otras personas del mismo sexo se deben hablar con el terapeuta.

Las sanciones se agravan si hay una segunda “caída” y la tercera se sanciona con la expulsión, sea por “una paja consciente” o un engaño. En este caso, plantean los documentos que se debe hablar con el “terapeuta” y puede haber “una probable necesidad de apoyo psicológico o psiquiátrico externo”. Es aquí donde entra la figura de algunos psicólogos ultra que colaboran en esta terapia como la valenciana L.I., que se ha negado a contestar las preguntas formuladas por eldiario.es.

El documento recuerda a los “itinerantes” que los cursos son gratuitos -los asistentes se pagan el desplazamiento y el alojamiento-, pero que se incurre en un error cuando no “se pide ayuda”. “El precio de una paja”, se titula el documento.

El Gobierno valenciano ha abierto diligencias para un expediente que podría suponer multas de entre 60.000 y 120.000 euros y todo tipo de sanciones administrativas. En la Comunitat Valenciana, este tipo de cursos homófobos son ilegales, según relata el secretario autonómico de Igualdad del Gobierno valenciano, Alberto Ibáñez, quien asegura que la reciente ley autonómica LGTBI los “prohíbe” y él mismo los considera “aberraciones”.

Una web española ofrece “un método de sanación integral” para la homosexualidad

La asociación Arcópoli va a denunciar ante la Comunidad de Madrid esta página porque considera que se “una aberración impropia del siglo XXI en nuestro país” y que, además, es dañina para los jóvenes. 

Esta web ofrece “terapias reparativas” de la homosexualidad y recomiendan la lectura de libros sobre este asunto

La asociación Arcópoli va a denunciar ante la Comunidad de Madrid una página web que ofrece “itinerarios de maduración integral” que persiguen, entre otras cosas, “terapias reparativas” de la homosexualidad y recomiendan la lectura de libros sobre este asunto. “Hemos sido creados para amar y ser amados. Como varones y mujeres, para poder vivir este misterio de amor desde un amor de comunión y de donación, de esponsalidad”, se lee en la página www.esposiblelaesperanza.com.

“El lunes presentamos una denuncia contra el Arzobispado de Alcalá de Henares y ahora presentamos otra contra esta web porque nos han llegado testimonios de que a través de esa página se apuntan a terapias” para curar la homosexualidad, ha explicado el portavoz de Arcópoli, Rubén López. Con la denuncia, avanzada por la Cadena Ser, la asociación pretende que la Comunidad de Madrid actúe y haga cumplir la ley porque estos cursos son “una aberración impropia del siglo XXI en nuestro país”.

Según López, se deriva a personas del colectivo LGTB a “presuntas terapias de curación de la homosexualidad”. “Confiamos en que la Comunidad de Madrid actúe sobre estos focos, los elimine y dé un mensaje contundente a la sociedad porque es dañino para los más jóvenes“, ha añadido el portavoz de la asociación. Arcópoli ha insistido en Twitter en que estas supuestas terapias deben ser sancionadas por “el daño que causan al libre desarrollo de la personalidad”.

En la página web denunciada se indica que se trata de una comunidad de “varones con masculinidad y mujeres con feminidad” y que “solo desde ahí” se puede “amar de verdad”: “Esta es la entusiasmante y hermosa tarea que tenemos entre manos y que queremos vivir en esta página”. La web ofrece talleres de “maduración integral” en los que se recomienda la lectura de libros como “Terapia reparativa de la homosexualidad masculina”, “Homosexualidad y esperanza” o “El proceso de auto-identificación homosexual” de Aquilino Polaino.

Además, se redirecciona a los jóvenes a otra página en la que se sostiene que se puede curar la homosexualidad y que “las personas que se sienten atraídas por personas del mismo sexo sufren de un desorden emocional condicionado por distintas razones“, entre ellas un padre violento o ausente, una madre sobreprotectora o con trastornos emocionales o abuso sexual o violación.

Arcópoli también denunció esta semana al Arzobispado de Alcalá de Henares, por unos supuestos cursos de curación de la homosexualidad, y hace dos años y medio otra página web que también ofrecía recursos para esto mismo.

HazteOir presiona al PP para que derogue la ley que prohíbe las terapias para ‘curar’ la homosexualidad

Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír, delante del bus tránsfobo de la organización. EFE

La asociación ultracatólica y homófoba HazteOir ha lanzado este jueves una campaña con la que pretende presionar al PP para que retire la ley de la Comunidad de Madrid que prohíbe las supuestas terapias para ‘curar’ la homosexualidad como los cursos que celebra el obispado de Alcalá de Henares que esta semana sacó a la luz eldiario.es.

Estas informaciones han provocado, a juicio de HazteOir, que “la izquierda y los lobbies LGTBI” vuelvan “a la cacería mediática, política e ideológica contra monseñor Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares, a quien están tratando como un delincuente”.

La organización ultracatólica asegura que es “falso” que el obispado imparta cursos “para revertir la homosexualidad”. Pero acusa a este diario de ampararse “en las leyes LGTBI regionales promovidas por el Partido Popular” para pedir que se castigue a Pla “con una multa y se le humille públicamente”.

“Pídele a los responsables del PP en la Comunidad de Madrid que han causado con sus leyes este lamentable linchamiento contra un prelado (sea Ángel Garrido, o Pedro Rollán, que le sucederá en el cargo en los próximos días), que paralicen esta nueva ‘caza de brujas’ contra monseñor Reig Pla”, apunta HazteOir en su página web, en la que incluso ha habilitado un formulario para firmar una carta dirigida a Garrido en ese sentido.

A juicio de la organización ultracatólica “el obispado no ofrece ningún curso, ni taller, ni charla pública para revertir la homosexualidad. Sencillamente, siguiendo su pastoral, acoge y acompaña a las personas que libremente llaman a su puerta”, señala.

“Mientras tanto, la misma ley que le persigue (promovida por el PP) consiente y permite, sin el expreso consentimiento de los padres, que los niños reciban ‘talleres de visibilidad lésbica’ como en el IES Anselmo Lorenzo de San Martín de la Vega o de ‘formación en la diversidad’ en el IES Virgen de la Paz de Alcobendas”, lamenta.

Advierte, además, de que “la Comunidad de Madrid subvenciona el cambio de sexo de cualquier persona que lo solicite y sus respectivos y carísimos tratamientos hormonales”. “Sin embargo si un ciudadano, libremente, decide que quiere recibir ayuda o consejo sobre su homosexualidad, la multa para quien escucha las inquietudes de esa persona, puede llegar a los 45.000 euros si se interpreta que se quiere “tratar de modificar la orientación sexual del individuo”.

La edil de Cs en Hellín acusa al partido de apartarla por ser transexual y los afiliados se marchan en bloque

  • El ‘dedazo’ ha provocado también la dimisión del 90 por ciento de los militantes de la agrupación que el partido tiene en esta localidad albaceteña, así como de su Junta Directiva.

La ya exconcejal de Ciudadanos en la localidad albaceteña de Hellín, María Jesús López. ARCHIVO

ALBACETE.- “Transfobia” es la única razón que encuentra la ya exconcejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Hellín, María Jesús López, para que la formación naranja haya decidido no presentarla como candidata a la Alcaldía de esta ciudad albaceteña en las elecciones del próximo 26 de mayo, donde la dirección provincial del partido ha impuesto a la agrupación local al actor Mario Artesano como cabeza de lista.

La ahora edil no adscrita en el Consistorio hellinero ha hecho pública esta denuncia a través de un comunicado difundido en sus redes sociales el sábado, tras haber presentado su solicitud de baja en el partido.

Acusación que llegaba justo después de que el pasado jueves se confirmara lo que había venido siendo un rumor en la localidad: Ciudadanos había decidido “prescindir de Hellín, de las personas de Hellín, de las mujeres que hemos trabajado día a día por un Hellín más grande”, señalaba López. “De las mujeres que transmitíamos la ilusión de que un Hellín distinto es posible, matando con ello la ilusión del cambio, al imponer con criterios partidistas y claramente misóginos un candidato y una lista desde fuera“, y criticando que “desde la organización no se ha contado con el equipo propuesto por la mayoría de afiliados de esta agrupación local de Hellín”.

Un comunicado en el que López recordaba cómo en abril de 2015 presentó la candidatura de Ciudadanos para el Ayuntamiento de Hellín, “las personas y el proyecto” para cambiar la localidad, “ponerla en el mapa” y para “revertir la espiral destructiva” en la que estaba inmersa.

Desde entonces asegura haber aprendido muchas cosas y haber visto el “sufrimiento” de muchas personas “que no entendía por qué Hellín está como está”.

Se cumplía así lo que ya le habían vaticinado que ocurriría cuatro años antes, que el partido le pediría que hiciera cosas contra Hellín, a lo que ella habría respondido que antes dejaría el partido. “Hellín y su gente es mucho más importante que un partido”, asegura la concejala, y por ello desde hace una semana dejaba la formación naranja.

López está convencida de que “Ciudadanos no quiere que Hellín tenga una alcaldesa”, al “despreciar” una candidatura “liderada por mujeres y que representa la normalización de la diversidad”.

Asimismo, considera que la formación liderada por Albert Rivera “desprecia el esfuerzo, el mérito y la capacidad”; no cree en el municipalismo, en la cercanía y el trabajo con los problemas de las personas, como tampoco cree “en los proyectos compartidos”.

En este sentido, subrayaba cómo ese desprecio hacia las mujeres y a la diversidad no solo ha sido contra su persona, sino también a todas aquellas que creen en el proyecto que representan, “mujeres diversas, mujeres con el único propósito de cambiar un poco el mundo empezando por Hellín”. En definitiva, “mujeres libres a las que hay que parar”.

Junto a ellas hombres, “feministas convencidos”, apunta López, que “creen con igual firmeza en los valores de igualdad que representa el proyecto en el que nos hemos embarcado durante estos cuatro años”.

Un proyecto que no están dispuestas a parar hasta conseguir “transformar Hellín”, de modo que sea “un referente para el mundo”. Un proyecto que “sigue intacto”, apostillaba. De esta manera, ha desvelado que a partir de ahora empieza a reunir firmas para que sea la ciudadanía, y no un partido, “la que decida si tenemos derechos a presentarnos para llevar a delante nuestro proyecto”, por lo que intentará constituir una agrupación de electores para concurrir a los comicios locales.

Para la edil hellinera Ciudadanos “solo busca la sumisión”, que ha de pasar “por encima de las personas y sus principios”, y “solo cree en la diversidad como eslogan político, sin ningún compromiso real”.

De lo sucedido responsabiliza a la secretaria de Organización de Cs en Albacete, Francis Rubio, así como a la ahora candidata a la Presidencia de la Junta, Carmen Picazo, puesto que ya en las pasadas elecciones habrían intentado evitar que encabezase la candidatura hellinera, intentando una revocación de afiliación de cara a las primarias.

Desde el partido de Rivera niegan que la condición de transexual de María Jesús López haya tenido algo que ver en la configuración de la lista a la Alcaldía de Hellín, atribuyen su dimisión a “una pataleta” y consideran que esto demuestra que “no estaba con Ciudadanos” sino que únicamente le mueven “intereses personales”.

Argumentan que también en otras localidades se han producido estos cambios en las candidaturas, enmarcados en la estrategia nacional del partido. Así sucedía por ejemplo en Talavera de la Reina, donde también se optaba por una candidata de fuera para competir por la Alcaldía, causando la dimisión de nueve miembros de la junta directiva.

Pero la de María Jesús López no fue la única dimisión que se produjo el pasado viernes en Hellín, puesto que junto a ellla lo hizo el 90 por ciento de la agrupación local de Ciudadanos, entre ellos quien hasta entonces había sido su coordinadora, Laura Tomás.

Una dimisión en bloque que han secundado no solo los miembros de la Junta Directiva, sino también este mismo porcentaje de afiliados que, según ha asegurado la ya exconcejala de Cs, le han adelantado que se van a marchar del partido.

El obispo Reig Pla ha amparado las terapias homófobas en las diócesis por las que ha pasado

El itinerario del obispo Juan Antonio Reig Plapor diferentes sedes españolas corre paralelo a las terapias homófobas impartidas por algunos de sus colaboradores y amparadas en los obispados presididos por el prelado alicantino. Una de las principales pseudoterapeutas, B. V. (iniciales que corresponden a Belén Vendrell como han publicado algunos medios), ha seguido el destino de arzobispo por Castellón, la Región de Murcia y Alcalá de Henares en un peregrinaje junto a su marido y secretario del eclesiástico. Así, las actividades del grupo Es Posible la Esperanza han dejado rastro en Valencia, Murcia, Alcalá de Henares y, en un último tentáculo, Cantabria.

Vendrell y Reig Pla se ha movido juntos, al menos, desde que el obispo fue designado por el papa Juan Pablo II para la Diócesis de Segorbe-Castellón en 1996. Allí se trasladaron Vendrell y su esposo José María Gea para colaborar con el obispo. En 2006, ambos son “destinados en misión” por Benedicto XVI a la diócesis de Cartagena (Región de Murcia) donde el Papa había enviado a Reig Pla. Luego llega Alcalá.

En 2006, unos meses después de que Reig Pla tomase las riendas del obispado de Cartagena, Belén Vendrell, que no ha respondido a las cuestiones de eldiario.es, fue nombrada directora del Centro de Orientación Familiar Domus Familiae de Murcia. Allí empezó a asesorar a Fernando (nombre ficticio porque prefiere que no se publique su nombre real), un chico de apenas 13 años al que sus padres quisieron tratar por su homosexualidad. Fernando relata a eldiario.es que, en Murcia, las sesiones de psicoterapia se celebraban principalmente en dos lugares, en el COF que Belén Vendrell dirigía y en el mismo Palacio Episcopal de Murcia, situado en la plaza de la Catedral. En la Región de Murcia la ley solo proscribe terapias aversivas (contra la homosexualidad) en el Sistema Murciano de Salud. Reig Pla ha sido contactado por este medio, a través de sus portavoces, pero tampoco ha respondido a las preguntas.

“Les dijo a mis padres que no me dejaran salir de fiesta ni estar con otros chicos. Decía que dejarme salir y conocer gente era como darle droga a un adicto”, relata. La terapeuta fue mostrando una actitud más agresiva en las terapias, según cuenta este testigo, que terminó por provocar una separación entre paciente y profesional. “Me obligaba a ir a misa y a escucharla recitar la biblia”. Según cuenta a eldiario.es, en una ocasión la terapeuta se echó a llorar tras realizar una lectura. “Decía que había mucha gente como yo y que la curación era posible, pero que éramos nosotros los que no queríamos cambiar”. Esta era una preocupación habitual de Belén, explica, que creía que Fernando no hacía lo posible por hacer “desaparecer sus sentimientos”. A distancia y ya desde Alcalá de Henares, cuando Benedicto XVI trasladó allí al obispo, siguió enviándole correos electrónicos y material homofóbico.

Más de 13 años después de la marcha de Vendrell y de Reig Pla, en la Región de Murcia se siguen haciendo terapias reparativas. El actual coordinador de las terapias es un abogado murciano que responde al nombre A. C. Un secretario del propio Centro de Orientación Familiar (COF) de Murcia confirmaba hace semanas a eldiario.es (antes de que se publicara el escándalo y cuando este periodista se hacía pasar por un joven confuso) que A. C. es quien está orientando a los chicos en esa Comunidad Autónoma, así como sus vínculos con el grupo Es Posible La Esperanza (EPE) y con el obispado de Alcalá. “Es una persona que conoce el tema ese que dice usted de EPE y de Alcalá. Esto tiene su núcleo en Alcalá de Henares, que es donde llevan este tema más intensamente”, aclaraba el secretario. A. C. confirmó en una llamada telefónica posterior al periodista que en el COF de Murcia “ayudamos a que los muchachos puedan identificar sus heridas de masculinidad” y que lo hacían “con los mismos materiales de EPE”.

El convento carmelita

Belén Vendrell es el hilo conductor, junto al arzobispo Reig Pla, en el periplo de los cursos homófobos que se iban impartiendo en las diócesis donde aterrizaban ambos. Hay otra conexión, la cántabra, que se establece mediante un sacerdote de la diócesis de Santander. Presentado como P. Santiago, coordina el grupo Es Posible la Esperanza (EPE) para el que Belén Vendrell actúa como “orientadora”, según el propio Santiago especificaba en una carta en la que animaba a una campaña de protesta contra eldiario.es tras desvelarse las prácticas de Alcalá de Henares. En Cantabria, EPE y el padre Santiago organizan cursos, encuentros y talleres en un convento Carmelita en Ruiloba, según los folletos que se distribuyen de manera selectiva entre simpatizantes de la agrupación a los que ha accedido eldiario.es.

En esos anuncios se especifica que los talleres están destinados a “padres de personas con PMS” [proyección hacia el mismo sexo], la denominación que manejan para designar la homosexualidad. También a “orientadores de COF [Centro de Orientación Familiar]” como en los que Vendrell aplica sus técnicas en Alcalá de Henares. Culmina la lista con “educadores, profesionales, sacerdotes, miembros de EPE…”.

No se trata de sesiones abiertas. El mismo documento indica una serie de requisitos para poder asistir: realizar el curso completo, tener formación previa a cargo de Es Posible la Esperanza y “ser invitado personalmente por algún orientador de EPE”. Las monjas que viven habitualmente en esas instalaciones se han limitado a decir a eldiario.es que “nosotras no tenemos mucha información. Nosotras no somos las organizadoras de esos encuentros. No estamos seguras. No sabemos”, aunque los eventos están previstos para sendas semanas de julio y agosto próximos. El padre Santiago Olmeda se ha negado a hablar sobre la celebración de cursos en el convento cántabro, su participación en el grupo EPE o su relación con la orientadora Vendrell. Contactado el obispado de Santander, no ha contestado sobre si está al tanto de estas actividades en un convento en la diócesis y la implicación del sacerdote que está al cargo de varias parroquias cántabras.

Centro de Valencia

Vendrell, que aparece como doctora en Biología y no está colegiada para dar terapias psicológicas, parte desde la ciudad de Valencia. Diversas fuentes describen que allí estableció amistad con el actual encargado en el Centro de Orientación Familiar de la capital levantina, Federico Mulet y que, allí, ambos han compartido charlas, al menos, hasta abril de 2018. Al habla con eldiario.es, Mulet ha contestado sobre si conoce a Vendrell “no sé. No recuerdo”. Y acerca de si en su centro se reproducen las técnicas detectadas en Alcalá de Henares dice que “no sé nada. En cualquier caso, en cualquier COF no son terapias sino acompañamientos”. Al autopresentarse como orientador, el mismo título que se aplica a Vendrell, este medio le ha cuestionado sobre si acudió a algunos de los encuentros para orientadores en el convento carmelita de Cantabria con Santiago Olmeda: “Pues no sé. Nosotros recibimos muchos cursillos para poder acompañar porque hay mucho sufrimiento de muchas cosas. Podría ser”. ¿Conoce al padre Santiago? “No sé. Lo podría mirar”.

La ley que multa las ‘curas’ a homosexuales, una norma que el PP aprobó con la nariz tapada por orden de Cifuentes

Bancada del grupo popular con Cifuentes aún como presidenta del Gobierno. / Flickr PP Asamblea de Madrid.

La ley que va a permitir sancionar las terapias ilegales para ‘curar’ la homosexualidad en el obispado de Alcalá de Henares abrió muchas grietas en el PP. La norma autonómica se aprobó por unanimidad en la Asamblea de Madrid el 14 de julio de 2016, cuando la capital aún tenía resaca de la última celebración del Orgullo LGTBI. Pero tras el aparente consenso parlamentario hubo una batalla de posturas dentro del grupo parlamentario popular que se resolvió con el mandato de la expresidenta Cristina Cifuentes de respaldar la ley.

“Hubo mucho debate en el grupo. Nadie quería la ley porque, tras las enmiendas, no se parecía nada a lo que había propuesto el Ejecutivo”, explican tres años después fuentes del PP de Madrid. La norma incorporó 86 enmiendas de la oposición que los conservadores no pudieron tumbar en solitario. Entre ellas estaban la ilegalización de las terapias reversivas y su castigo con hasta 45.000 euros de multas. El texto inicial del PP no recogía esta medida aunque sí mencionaba que “no podían ser aplicadas en ningún caso”. Durante la tramitación parlamentaria, PSOE, Podemos y Ciudadanos fueron acordando todas las modificaciones que cambiaron sustancialmente el redactado original.

Las disensiones en el núcleo del grupo popular fueron tan grandes que la ley, al final, tuvo que ser defendida en la tribuna por el portavoz parlamentario, Enrique Ossorio. Además, dos diputados se ausentaron de la votación para evitar apoyar la norma. Entre ellos David Pérez, elegido número dos por la candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Fuentes del PP cuentan que hasta hubo partidarios de retirar la ley antes de votarla. Los conservadores ya se habían abstenido en la votación en comisión (el paso previo al pleno) y se debatían sobre si seguir adelante con un texto que no les gustaba o votar en contra de su propia ley. “Intentaron dejarla morir tras la comisión y el PSOE tuvo que activar con su cupo llevarla al pleno”, recuerda la diputada socialista Carla Antonelli, que asegura que la norma puso frente a Cifuentes al sector más conservador del PP.

Antonelli estuvo en el epicentro de la negociación de la norma. En la ponencia también participaron Ana Camins y Regina Plañiol (PP), Beatriz Gimeno (Podemos) y Tomás Marco (Ciudadanos). En el PP recuerdan la negociación como un “tres a uno todo el rato”. “Se produjeron resistencias. Primero, querían supeditar la ley contra la LGTBifobia al marco nacional. También les costó aceptar las sanciones y la prohibición de las llamadas ‘terapias de retroacción’ o de ‘curación’ de la homosexualidad, que son un auténtico desatino”, cuenta Tomás Marco.

Gimeno recuerda la misma polémica con las sanciones. “Éramos mayoría y recuerdo al PP a la defensiva. Las diputadas no veían lógico introducir algunas sanciones porque se acababa de aprobar una ley trans autonómica. Tampoco querían modificaciones relacionadas con el currículo educativo”, relata.

Aún hoy en la bancada popular de la Asamblea algunos tildan como “barbaridad” la norma en vigor. El argumento más repetido dentro y fuera de la ponencia, vigente hoy, es que limita las “libertades individuales”. Especialmente por la introducción de contenidos sobre diversidad sexual en los colegios.

Un texto inicial “deficiente”, según los colectivos

La aprobación de la ley contra la LGTBIfobia atrapó la atención mediática de ese verano de 2016. Los colectivos llenaron los palcos de invitados de la Asamblea de Madrid de banderas arcoiris. Arcópoli, Cogam, Fundación Triángulo, 26 de diciembre, Chrysallis o Daniela se habían reunido periódicamente con los grupos parlamentarios de la oposición para vertebrar con los diputados una ley pionera.

Antes, el PP los había reunido también una vez con una propuesta de texto abierta a aportaciones aunque la mayoría se queja de que el Gobierno regional incorporó solo “una pequeña parte” de sus demandas. “El borrador era muy deficiente. No recogía muchísimas cosas, y algunas eran opcionales”, señala el presidente de Arcópoli, Yago Blando.

La norma, aprobada el 15 de octubre de 2015 en Consejo de Gobierno, tenía 41 artículos y era profusa en condenar conductas discriminatorias, dar formación y prestar un servicio de información y apoyo a las personas LGTBI. El articulado inicial incluía el “carácter de ilegalidad” de las terapias pero luego no las contemplaba en el decálogo de infracciones. Este entrecomillado fue eliminado del proyecto que se registró en la Asamblea siguiendo el criterio de la Abogacía, que señalaba que no era coherente tachar algo de ilegal sin sancionarlo.

Casi tres años después de su aprobación, la aplicación de la ley aún no es completa, según PSOE y Podemos. “Tanto esta norma contra la ley trans son normas que no se han desarrollado. Había un consejo LGTBI que no se ha creado, por ejemplo”, se queja Gimeno. Los socialistas también han manifestado en el pleno de la Asamblea de Madrid estos vacíos y han pedido explicaciones a la consejera de Políticas Sociales con solicitudes de comparecencia sobre el asunto. En las filas conservadoras admiten la laxitud: “La Consejería no ha transigido en algunas cosas. Menos mal que se ha puesto en marcha con un gobierno del PP que ha evitado que se invada la autonomía de los centros educativos”.

Bajo el amparo de esta ley, la Comunidad de Madrid multó con 1.000 euros al director del colegio Juan Pablo II –de la fundación ultracatólica Educatio Servanda– por enviar una carta homófoba al alumnado en 2016 que comparaba precisamente la norma contra la LGTBIfobia con el “fanatismo terrorista”. El centro recurrió y la justicia le dio la razón aludiendo a la libertad de expresión, por lo que no tuvo que asumir finalmente la sanción. Este martes, el mismo día que eldiario.es destapaba las terapias de “conversión” organizadas en instalaciones del obispado de Alcalá de Henares, el Gobierno aprobaba sancionar con 20.000 euros a una ‘coach‘ que ofrecía por internet estas terapias.

De los ‘electroshock’ de Franco a las terapias del obispo Reig Pla: décadas de homofobia para ‘curar’ la homosexualidad

Asistentes a la primera manifestación del Orgullo permitida en España, en las Ramblas de Barcelona el 27 de junio de 1977 EFE

El obispado de Alcalá, en manos de Juan Antonio Reig Plá, organiza talleres para ‘curar’ la homosexualidad dirigidos a adultos y a menores. Son pseudoterapias clandestinas prohibidas por la ley contra la LGTBIfobia de la Comunidad de Madrid y herederas de la concepción médica patologizante de la homosexualidad que empezó a divulgarse a finales del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. Entre sus aplicaciones prácticas, descargas eléctricas, lobotomías, electroshock, tratamientos psiquiátricos… Muchas de estas técnicas fueron frecuentemente usadas en la dictadura franquista en España y en la Alemania nazi. La lista es larga y se une a la trayectoria de represión sufrida por gays, lesbianas y bisexuales históricamente.

El origen del tipo de cursos que organiza el obispado se sitúa en la década de los 80 del siglo XIX, cuando la palabra “homosexualidad” surge en el contexto científico de la época. La clave la aporta el psiquiatra alemán Richard von Krafft-Ebing, que en su obra Psicopatía Sexual incluyó la orientación sexual no heterosexual en su lista de “perversiones” y “enfermedades” sexuales. La homosexualidad “se construyó entonces como una enfermedad, un comportamiento desviado que requería cura, que se podía (y debía) reconducir a la normalidad”, apunta la profesora de Sociología de la Universidad de Castilla- La Mancha y activista Gracia Trujillo.

En el ámbito europeo comenzaron entonces a sucederse las investigaciones sobre el tema, en principio de tono teórico, pero sujetas a la evolución de la medicina, que pronto comenzó a desarrollar aplicaciones prácticas, explica Ramón Martínez, historiador especializado en el colectivo LGTBI y escritor. Estas ideas culminaron en la inclusión de la homosexualidad en los principales manuales de enfermedades. El objetivo subyacente de las técnicas era modificar la orientación sexual de la persona para seguir la norma heterosexual y bajo el prisma de que se debía a algún tipo de trauma. La actualización de estas ideas no parecen estar muy lejos de las tesis divulgadas por el obispado de Alcalá, que aunque rechaza denominarlas como terapias “reversivas”, emplea el mismo modus operandi.

La represión franquista

Estas prácticas tuvieron un gran apogeo en la época franquista en España. El régimen de Franco no incluyó la homosexualidad en la legislación hasta mediados de los años 50, cuando concretamente en 1954 reformó la Ley de Vagos y Maleantes para incluir a los homosexuales, que podían ser condenados a ser internados “en instituciones especiales” y “en absoluta separación de los demás”. La Segunda República había despenalizado la homosexualidad, anteriormente perseguida por la dictadura de Primo de Rivera, pero no quiere decir que en la práctica hubiera aperturismo a la diversidad afectivo sexual.

Posteriormente, en 1970, entró en vigor la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que inauguró en la normativa española el enfoque de la reparación, conversión y curación de la homosexualidad.

“La aplicación en forma sistemática de la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra homosexuales y transexuales constituyó una pauta de la represión homofóbica” de la época, resume Amnistía Internacional en su informe España: poner fin al silencio y la injusticia, publicado en 2005 para hacer frente a la deuda pendiente con las víctimas del franquismo. Con la ley de 1970, que sobrevivió al franquismo y no fue derogada completamente hasta 1995 –en el 79 se eliminó lo referente a la homosexualidad– se crearon los penales de Badajoz y Huelva para “rehabilitar” a los homosexuales, donde permanecían entre tres meses y cuatro años. También fueron confinados en Carabanchel (Madrid) y en Barcelona.

“Bajo la idea de ‘curar’ la homosexualidad eran sometidos a ‘tratamientos’ mediante terapias aversivas como la aplicación de descargas eléctricas ante estímulos homosexuales, cesando ante estímulos heterosexuales”, explica Amnistía Internacional en su estudio, que también asume que posteriormente eran desterrados de sus lugares de origen “a fin de quebrar los lazos con sus familias y amistades”. En esta época, fueron famosos dos psiquiatras, Juan José López Ibor y Antonio Vallejo-Nájera que, amparados por las leyes franquistas, “investigaron y aplicaron técnicas terribles para ‘curar’ la homosexualidad dejando a la gente echa polvo”, nombra Martínez.

A las lesbianas no se las incluyó en la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social explícitamente, pero eso no significa que no fueran reprimidas. Trujillo apunta a que “los legisladores ni siquiera las consideraron porque la idea de que dos mujeres (o más) pudieran tener una sexualidad autónoma y placentera era, literalmente, impensable”, pero también sufrieron persecución. “A las lesbianas las denunciaban las familias o gente conocida, las repudiaban, y muchas acabaron en hospitales psiquiátricos, donde se les aplicaron los sistemas de supuesta ‘curación’ como electroshocks. Internarlas en manicomios era otra forma de encarcelarlas, de privarles de libertad”, señala la socióloga.

Entre tanta represión, el activismo y la defensa de los derechos LGTBI se fue haciendo cada vez más fuerte y presente. En España, tras la muerte del dictador y a pocos días de las elecciones democráticas, el colectivo salía por primera vez a la calle en una manifestación histórica en las Ramblas de Barcelona. Ocho años antes, una revuelta contra las redadas homófobas que la Policía neoyorkina solía hacer en el bar Stonewall Innde la ciudad inauguraba el activismo LGTBI tal y como lo conocemos. La pelea por la visibilidad y contra la homofobia y el paso de los años acabaron por desterrar de los manuales de psiquiatría la homosexualidad.

Prácticas ‘contra naturam’

Ahora el consenso científico se opone al tipo de técnicas que celebra el obispado de Alcalá y la Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por sus siglas en inglés) declaró en 2009 su oposición a que profesionales de la psicología o psiquiatría hagan creer a sus pacientes que pueden cambiar su orientación sexual. Es más, asumió que hacerlo no era inocuo para ellos y podía derivar en problemas de ansiedad, depresión y suicidio. Junto a ello, unos años antes, en 1990, la Organización Mundial de la Salud excluyó la homosexualidad de su lista de enfermedades y en 1973 hizo lo propio con su manual de trastornos mentales la Asociación Americana de Psiquiatría.

No quiere decir que antes del estudio de la homosexualidad en el contexto científico no existiera represión, pero su existencia estaba muy marcada por el contexto judeocristiano, que lo consideraba “un pecado”. Martínez explica que “entonces eran prácticas que se consideraban válidas o inválidas y no había identidades”. “Lo único permitido era la práctica heterosexual encaminada a la reproducción y sin placer. El resto era considerado sodomía”.

La principal diferencia era que la homosexualidad no se consideraba algo que pudiera corregirse ni “repararse” porque ni siquiera estaba categorizada de tal manera, sino que eran consideradas prácticas anti natura y contrarias a lo divino. “En la época de la Inquisición, por ejemplo, los principales castigos eran la condena a la hoguera o a las galeras a remar”, prosigue el historiador, que hace hincapié en que “el argumento” no era pseudocientífico sino religioso: el Levítico (libro del Antiguo Testamento) condena explícitamente la homosexualidad masculina en sus capítulos 18 y 20, calificándola de “acto infame”.

 

 

La Comunidad de Madrid investigará las terapias para ‘curar’ la homosexualidad en el Obispado de Alcalá

La Comunidad de Madrid abre una investigación sobre las terapias para curar la homosexualidad en el Obispado de Alcalá.

La Comunidad de Madrid ha abierto una investigación sobre las terapias clandestinas celebradas en el Obispado de Alcalá de Henares que ha destapado eldiario.es. La Consejería de Políticas Sociales será la encargada de determinar, a través de la Inspección, si “ha habido algún tipo de incumplimiento”, según ha informado el vicepresidente del Gobierno, Pedro Rollán, tras el Consejo de Gobierno. “Se verificará por parte de los instructores si se ha cometido algún tipo de actividad al margen de la ley” y, en el caso que así fuera, “se aplicará la sanción correspondiente, como no podía ser de otra manera”.

La investigación se ha iniciado a raíz de la denuncia presentada por Eduardo Rubiño, diputado y miembro de Más Madrid en el Registro General de la Comunidad de Madrid. Otras organizaciones, como el Observatorio de la LGTBIfobia preparan también denuncias para exigir la actuación del Gobierno regional contra unas terapias que están recogidas como infracciones graves en la ley autonómica aprobada por el Ejecutivo de Cristina Cifuentes (artículo 70) y son susceptibles de multas de hasta 45.000 euros, según la normativa.

Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales precisan que la actuación del Gobierno se limitará a “sanciones administrativas” contempladas en la ley, y no al “cese de la actividad”, si tuviera lugar. “Eso lo tendrá que decidir un juez”, apuntan las mismas fuentes.

“Según la información que hemos conocido parece que en el entorno del obispado se está realizando un seminario, una charla o un tratamiento”, ha dicho el vicepresidente ante las preguntas de los periodistas. Rollán no ha entrado a valorar estas terapias ilegales y ha contemplado la posibilidad, a la espera de la investigación de que de ellas sea responsable “una clínica particular”.

Por su parte, Ciudadanos ha tildado de “despropósito” que el Obispado de Alcalá imparta estos cursos ha señalado que la Iglesia “debería evolucionar”. “Me parece que es un absoluto despropósito y confío en que la Diócesis rectifique y que elimine ese tipo de cursos que no ayudan a nada, más bien a todo lo contrario, nos hacen involucionar en lugar de evolucionar”, ha dicho el candidato de la formación a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado.

La diputada del PSOE autonómica Carla Antonelli ha asegurado que “llueve sobre mojado” con el obispo de Alcalá porque es una “continuación reiterada en la LGTBifobia en su pretensión absurda de curar la homosexualidad y la transexualidad”. “Esto es un delito y una falta muy grave de la ley contra la LGTBifobia de la Comunidad de Madrid del artículo 70 con más de 45.000 euros de multa más otras sanciones administrativas que se le pueden interponer”, ha indicado diputada.

El Gobierno madrileño investiga si la diócesis de Alcalá ofrece sesiones para “curar” la homosexualidad

La comunidad ha recibido varias denuncias tras la información publicada por eldiario.es. El obispado niega que realice este tipo de terapia

El obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, en 2014. ALBERTO MARTÍN EFE

La Comunidad de Madrid investigará si el obispado de Alcalá de Henares ha incumplido la ley contra la homofobia al impartir unas sesiones que, según una investigación publicada este martes en eldiario.es, suponen “terapias para curar la homosexualidad”. La diócesis oferta estos cursos en su Centro de Orientación Familiar Regina Familiae (COF), una institución episcopal que ofrece ayuda psicológica personal, familiar y de acompañamiento espiritual a las personas que lo soliciten. En una grabación oculta, un periodista se hizo pasar el 21 de marzo por “un joven confuso con su orientación sexual”, y asistió a una primera consulta. “La atracción no hace justicia a lo que significa cuando os fijáis en alguien del mismo sexo” y “al final el cerebro responde a lo que le estás acostumbrado”, son algunas de las afirmaciones de B. V., una doctora en biología que trabaja en la diócesis, que pueden escucharse en el audio. El COF de Alcalá ha negado que en sus instalaciones se den estas terapias.

El Gobierno regional ha anunciado que, tras haber recibido varias denuncias en el Registro General, abrirá una investigación para conocer si se ha incumplido la ley. Entre los denunciantes se encuentran las organizaciones Facua, la asociación LGTBI Arcópoli y el diputado y miembro de Más Madrid Eduardo Rubiño. La Consejería de Políticas Sociales, encargada de realizar la inspección, ha añadido que se trata de un proceso administrativo, no penal, y que de ser cierta la información que se ha publicado, la multa puede oscilar entre los 20.000 y los 45.000 euros. De momento, desconocen quién es el responsable directo de que estas supuestas actividades terapéuticas.

El obispado ha subrayado este martes en un comunicado que se trata de una “noticia falsa” con “acusaciones antiguas” y “un montaje teatral construido ad hoc, en el que un periodista haciéndose pasar por un joven que quiere cambiar su orientación pide ayuda en primera instancia, para provocar después una conversación manipulada referida a la ideología de género”. En dichos centros, de los que disponen todas las diócesis de España, ofrecen sus servicios gratuitamente. Sobre estas “ayudas de acogida y orientación”, la diócesis de Alcalá se ha defendido diciendo que no son terapias reparativas ni psicológicas.

El obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig Pla, es conocido por sus discursos en contra de la homosexualidad. En 2012, Reig Pla defendió en una entrevista en Religión y Libertad que muchos “casos” de homosexualidad podían curarse “con una terapia apropiada” y con la “castidad”. El obispo ha reiterado en varias ocasiones que no es homófobo.

Además de una sesión de “terapia”, el periodista infiltrado añade que recibió material de lectura para trabajar en casa. Entre ellas se incluía el libro Terapias Reparativas, de Joseph Nicolosi, polémico psiquiatra estadounidense y fundador de la Asociación Nacional de Estados Unidos para la Investigación y Terapia de la Homosexualidad. “La mentira gay y la desinformación sobre este tema están llevando a muchos adolescentes y jóvenes a pensar que han de aceptarse y por lo tanto, se les está condenando a una vida de sufrimiento, de mentira, de degradación y de muerte. En lugar de ayudarles a descubrir y madurar su verdadera identidad, la masculinidad, se les condena a vivir una falsa identidad”, es uno de los contenidos de los folletos que, según el reportero, le hicieron llegar por una cuenta oficial de correo electrónico de la diócesis.

Los cursos y terapias de carácter homófobas son ilegales y están penadas con multas de hasta 45.000 euros, según la Ley de Protección Integral contra la LGTBfobia de la Comunidad de Madrid. En 2016, los obispos de Alcalá y de Getafe calificaron la aprobación de dicha ley como “un ataque a la libertad de expresión y religiosa” y “un atropello a los idearios que inspiran la libertad de enseñanza”.

B. V., la terapeuta del COF de la diócesis de Alcalá, que no figura en el Colegio de Psicólogos de la Comunidad de Madrid, es consciente de ello. En las grabaciones le explica al periodista que con “su ayuda” está corriendo un riesgo que puede pagar incluso con la cárcel. “En estos momentos estamos viviendo en España una dictadura con la ideología de género. Hay una ley en la Comunidad de Madrid que es precisamente en contra de la LGTBfobia. Yo te estoy intentando ayudar, pero sé que esto me puede traer consecuencias”, asevera la trabajadora del centro. El reportero explica en el texto que acordó una siguiente cita en el Palacio Arzobispal el próximo día 23 de abril. Este periódico ha intentado sin éxito contactar con B. V.