Hazte Oír denuncia que “se ha impuesto la inquisición gay”, pero seguirán con su campaña
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Un juzgado prohíbe de forma cautelar la circulación del autobús transfobo de Hazte Oír
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El colectivo cambiará el eslogan y añadirá al autobús un segundo vehículo más para recorrer varias ciudades españolas
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“La ideología parece que se quiere imponer ante la ciencia”, señala el presidente de Hazte Oír, que recurrirá la decisión judicial y demandará a Carmena por paralizar el vehículo sin autorización judicial
“La inquisición gay ha impuesto su dictadura. En España el establishment de lo políticamente correcto dice que vivimos en una democracia, pero pisotean los derechos de las personas que cuestionan el discurso único”. Ante decenas de periodistas, en su sede de Madrid, con una fotografía del polémico autobús presidiendo la sala de prensa, el presidente de la asociación ultracatólica Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, ha defendido que la campaña de su autobús contra los transexuales “objetivamente no pretende ofender a nadie”, ha defendido la “libertad de expresión”, sobre la que asegura que algunos “ciudadanos de segunda” no pueden tenerla, y ha denunciado que la “ideología parece que se va a imponer ante la ciencia” en nuestro país.
Esta misma mañana, el Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid ha acordado como medida cautelar la prohibición de circulación del autobús, que circuló con este mensaje por las calles de Madrid el lunes y parte del martes antes de que fuera inmovilizado por la Policía Municipal: “Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo”.
Arsuaga ha asegurado que “personalmente” lo está pasando “muy mal” tras recibir numerosas amenazas “tanto en Twitter como en la calle”. Aun así, ha advertido que van a continuar con la campaña del autobús por otras ciudades de España, aunque cambiarán el eslogan actual colocando un vinilo y escribiendo otro. Además, añadirán otro vehículo. “No nos vamos a amedrentar, vamos a seguir con la campaña. Queremos que los padres tomen conciencia de que la dictadura LGTB está imponiendo su dictadura”.
En su comparecencia, Arsuaga ha pedido que se respete “la ciencia y la libertad de expresión” y ha denunciado que la Justicia avaló la libertad de expresión de los tuits del edil del Ayuntamiento de Madrid, Guillermo Zapata, contra los judíos, permitió que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, “vinculara a Ada Colau con ETA” y que los titiriteros fueron “amparados por una decisión judicial cuando dijeron en una pancarta Gora Alka-ETA”.
“La visión de George Orwell de ‘1984’ se ha cumplido. Hoy decir que uno más uno son dos está prohibido. Decir que los niños tienen pene está prohibido“. “En España a Rita Maestre se le permite decir ‘arderéis como en el 36’ y a nosotros, los disidentes, que cuestionamos los dogmas de lo políticamente correcto no se nos permite”, ha afirmado. “¿Estamos en democracia o estamos en apartheid?”, se ha preguntado el presidente del colectivo, que tiene más de 7.000 socios.
Arsuaga ha pedido disculpas si el colectivo transexual se ha sentido ofendido, y ha pedido que “no se les discrimine y que los poderes públicos velen por sus derechos”. “Este mensaje habla de la biología. Con independencia de que un señor se sienta mujer u hombre, los niños nacemos con unos cromosomas determinados, y esos cromosomas determinan que esos niños tengan órganos genitales masculinos o femeninos, pero resulta que hay una ley de Cifuentes que dice que no, que el genero y el sexo se impone por voluntad, eso me parece una injusticia”.
Precisamente Cifuentes ha sido objeto de la mayor parte de las críticas de Arsuaga por su ley contra la LGTBIfobia, aprobada recientemente en la Asamblea de Madrid. “La Ley prevé la obligación de los colegios de invitar a asociaciones LGTB a que den charlas a los niños sobre los dogmas del lobby gay, se obliga a celebrar el Orgullo gay y obliga a los colegios a que incluyan en sus bibliotecas libros editados por los LGTB”. “Antes de aprobar esta ley no se consultó a ninguna asociación de padres o familias”, subrayó Arsuaga, que exigió su derecho a educar a sus hijos con libertad y recordó que este tipo de leyes se han aprobado en otras nueve comunidades.
Arsuaga ha insistido en que su autobús “sigue secuestrado”, pero ha destacado que el juez no ha considerado en su auto que haya una incitación al odio en su campaña como si consideraba el fiscal. Aun así, señaló que están preparando un “recurso de apelación para que se reconozca la libertad de expresión”.
El presidente de Hazte Oír también ha denunciado que Carmena “secuestró el autobús sin autorización judicial” y por eso van a denunciar al Ayuntamiento de la capital. “Desde luego vamos a denunciar al Ayuntamiento por haber retenido el autobús de forma ilegal”, ha precisado el líder de Hazte Oír, que también anunció querellas contra “los políticos y personas en las redes sociales” que les han amenazado “en una campaña de descrédito totalmente desproporcionada”.
Sobre la nueva campaña, que se iniciará mañana, aseguró que van a “colocar un vinilo para tapar la parte” que obliga el juez, “y el autobús va a seguir circulando”. Además, anunció que van a convocar una manifestación a favor de la libertad de expresión y una recogida de firmas de apoyo a la campaña.
El Ayuntamiento, “satisfecho” con el auto
Por su parte, el delegado madrileño de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, ha expresado la satisfacción del equipo de Gobierno deCarmena por el auto que impide de forma cautelar circular al autobús tránsfobo y también su alegría por la importante “reacción social” contra la campaña.
El auto, ha dicho el concejal de Ahora Madrid, “utiliza palabras muy claras” sobre la campaña de esa organización y recoge que “ha habido menosprecio a las personas” y que la “dignidad de las personas transexuales” está siendo vulnerada.
“Nosotros lo que hacemos es cumplir los autos judiciales”, ha remarcado el delegado, que ha puesto además de manifiesto que el Ayuntamiento “ha tenido muy claro desde el primer momento” que tenía que actuar “ante esa duda legítima de que estaban siendo vulnerados los derechos de los niños”, informa Efe.