“¿Sois maricones?”, preguntaron antes de pegarles. Venían abrazados desde Chueca, el barrio gay de Madrid, y sufrieron una agresión homófoba nada más poner un pie en la Gran Vía. Su experiencia engrosará las estadísticas de 2015, porque la pareja decidió presentar una denuncia, pero buena parte de los casos motivados por la identidad sexual de las víctimas permanecerá estancada en el limbo de la impunidad. Del silencio.
Sólo dos de cada diez víctimas denuncian las agresiones, según el último informe del Observatorio de Redes contra el Odio, elaborado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). “Hacerlo supone visibilizar una orientación sexual que mucha gente oculta”, justifica Charo Alises, miembro del grupo de trabajo que ha arrojado luz sobre esta lacra invisible. “Una persona de raza negra, por ejemplo, cuenta con el apoyo de su familia, pero en nuestro caso hay familiares que no saben que el agredido es gay”.
Hay otras razones, como apunta Inmaculada García de la Fuente, directiva de la asociaciónDeFrente de Sevilla. “Temor a que tus vecinos descubran tus inclinaciones, sentir que es una pérdida de tiempo porque no vale para nada y miedo a las represalias de los atacantes”. Alises, que también preside la asociación malagueña Ojalá, insiste en la necesidad de acudir a la policía. “Soy abogada y mi experiencia me dice que cuando se denuncia, el agresor deja de actuar, por lo que nuestra misión es poner los medios para que se atrevan a hacerlo. La única forma de visibilizar el problema es ponerle freno”.
Pero las cifras son magras. El Informe sobre incidentes relacionados con los delitos de odio en España, difundido por el Ministerio del Interior, señala 188 casos en Andalucía el año pasado, muy por encima de los 43 de Catalunya y Galicia. Los colectivos LGBT creen que son muchos más, por lo que Alises no duda en recordar que sólo el 10% de los gais españoles ha denunciado el último incidente sufrido, pese a que un 38% se sintió perseguido o discriminado en el último año, según un estudio de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. “Como estos delitos no son visibles, también sufrimos la falta de atención de la sociedad”, se queja la presidenta de Ojalá. “Estamos en pañales”.
Es necesario, según Yago Blando, ponerlo en conocimiento de las autoridades para que las instituciones sean conscientes de la magnitud del problema. “Más allá de hacer justicia, si no se denuncia la agresión, las administraciones desconocen su existencia y, en consecuencia, no lucharán contra ellas”, afirma el coordinador de Arcópoli, una asociación estudiantil que trabaja en las universidades Autónoma y Complutense. “Si nos atenemos a los datos de Interior, en 2014 hubo en Madrid 26 agresiones, cuando sólo nosotros tenemos constancia de una cifra similar, que finalmente se tradujo en apenas dos denuncias”. Es la punta del iceberg, asegura Blando, que advierte de que el número real podría ser alarmante.
El informe del Observatorio de Redes contra el Odio indica que la mayoría de las víctimas son hombres (tres de cada cuatro), jóvenes (el 60% tiene entre 18 y 35 años) y que desconocen al agresor (64,3%). Sólo un 17% presentó denuncias, cuyo número se redujo respecto a 2013. Frente a ellos, según los datos de Interior, la mayoría de los detenidos o imputados por delitos de odio tenían entre 18 y 40 años. En 273 ocasiones, el motivo de la agresión fue la orientación o identidad sexual de la víctima, frente a las 84 por racismo o xenofobia.
Aunque los últimos casos registrados en Alcalá de Henares y en Madrid refuerzan el estudio de la FELGTB, que refleja que la mayoría se produjeron en núcleos urbanos y grandes ciudades, ambas activistas subrayan que la homofobia es mayor en las zonas rurales. “Asistimos a un chico que tuvo que irse de su pueblo por el acoso que estaba sufriendo él y su familia”. Primero, los insultos. Luego, el coche rayado. “Llegó un momento en que no podía salir a la calle”, recuerda García. Tampoco saldrá en las estadísticas.