“La ley fue una inyección de autoestima para nosotros”
María Teresa Fernández de la Vega / SANTI BURGOS
María Teresa Fernández de la Vega (Valencia, 1949) era vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) cuando las Cortes aprobaron, el 30 de junio de 2005, la ley de matrimonio igualitario. “Hubo una inyección de autoestima para nosotros. La ley fue muy bien acogida por el partido. ¡Estábamos eliminando una discriminación de siglos!”. En el despacho de la Fundación Mujeres por África, que preside, De la Vega recuerda con precisión los últimos pasos del proyecto: “El Congreso la aprobó el 30 de junio, el Rey la sancionó el 1 de julio, el 2 se publicó en el BOE, y el 3 entró en vigor”, recita casi de carrerilla. “Para estas cosas tengo mucha memoria”, presume.
De la Vega inscribe esta ley dentro de la apuesta general del PSOE tras las elecciones de 2004 por el “reconocimiento y ampliación de los derechos de la ciudadanía”. “A lo mejor el matrimonio homosexual no estaba en el programa con esas palabras, pero estaba en esta idea”, defiende. Con esa ley y otras aprobadas en la misma legislatura (la de violencia de género, de igualdad, de dependencia, tabaco,reproducción humana asistida, cotitularidad de la tierra), España “se situó en el grupo de países pioneros”.
En lo que respecta al matrimonio homosexual, no solo se situó en el grupo: se puso en cabeza. “Había países muy avanzados, como Holanda y Bélgica, que ya permitían el matrimonio homosexual, pero no la adopción. Nosotros lo teníamos claro. La igualdad significaba que se tuvieran todos los derechos, incluso a acceder a la adopción”, afirma la actual miembro del Consejo de Estado.
En su recuerdo, la ley fue un hito, pero no un problema especial. “Nunca tuvimos ninguna duda al respecto, sino la constancia, en términos democráticos, de que la ley tenía un apoyo mayoritario. Lógicamente, nos hubiera gustado que se aprobara con mucho más consenso, pero teníamos el apoyo de quienes nos habían votado para emprender esos cambios. Era un ejercicio de la acción del Estado que demostraba un blindaje de la libertad y la autonomía. Fue la defensa del interés general confirmada democráticamente”.
Sabe De la Vega que aquella ley tuvo una especial carga en la imagen de España. “¡La de entrevistas que di! Nadie se lo esperaba de un país como España!”, comenta. Y resalta un aspecto “bonito” de esta y otras leyes sociales de aquella legislatura anterior a la crisis. “Eran una ampliación de la libertad sin menoscabo de nadie. Se eliminaba una discriminación secular que había impedido a unos conciudadanos vivir en plenitud de derechos en libertad e igualdad. Y, más allá de los aspectos legales, se les daba el derecho de expresar sus emociones sin ser señalados”, afirma. Pero el beneficio de la ley no fue solo para gais y lesbianas. “Con ella se fortalecía el Estado de derecho y se reforzaba la convivencia democrática”.
Desde su puesto de presidenta de la Fundación Mujeres por África, la exvicepresidenta valora aún más aquel logro. “África es probablemente el continente más homófobo, pero la discriminación más onerosa sigue siendo la de género”, dice. “Es la desigualdad más difícil de erradicar. Aquí mismo acabó, legalmente al menos, hace relativamente poco. En la militancia por la igualdad hemos recorrido un largo camino. Yo misma adquirí la mayoría de edad y acabé de estudiar Derecho sin tener derechos. Y, aún ahora, en la configuración normativa estamos en la vanguardia, pero falta por adquirir la igualdad real”. Esto mismo podría decirse sobre los derechos de la población LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales). De la Vega coincide con el recientemente fallecido Pedro Zerolo en que esa lucha debe ir de la mano del feminismo.
De la Vega, que también es juez, afirma que “nunca hubo en el Gobierno dudas acerca de la constitucionalidad de la ley, como luego demostró el fallo del propio Constitucional”. También admite que “hubo oposición de los sectores más conservadores de la sociedad y de la Iglesia católica”, pero dice que nunca les hicieron dudar. “Estaban en su derecho de manifestar su opinión, incluso convocaron manifestaciones, pero nosotros teníamos la convicción democrática de que había que hacerlo”, declara. Con algo más de intensidad recuerda que entre quienes más se opusieron estaba el sector de jueces más conservador. “Hubo quien se negó a aplicarla, quien dijo que iba contra su conciencia, pero el poder Judicial y el Supremo les quitaron la razón. Cuando uno es juez lo es para defender la ley, no para imponer sus ideas”, concluye tajante.
Hay satisfacción en el balance de aquella época. “Zapatero dijo que con esta ley el país se volvía más decente. Yo añadiría que también más digno”.