El juicio contra Txema Gonzalo y Jon Alonso por su gestión en la Cámara de la Propiedad descubre una supuesta red de complicidades políticas, personales y económicas

El exportavoz de Ezker Batua (EB), Serafín Llamas, vivió durante una larga temporada de manera presuntamente irregular en uno de los pisos de la extinta Cámara de la Propiedad en Bilbao, que fue rehabilitado y amueblado con fondos del organismo a pesar de que en ese momento se encontraba ya en proceso de liquidación. ¿Por qué vivía en un edificio que había pasado a ser de titularidad pública? «Porque se había separado recientemente» de su pareja, el hermano de Txema Gonzalo, que era el exdelegado territorial de Vivienda en Bizkaia en la época en la que Javier Madrazo dirigía ese departamento, su compañero de filas en EB y, en último término, la persona que había recibido el encargo de liquidar la Cámara de la Propiedad Urbana de Bizkaia como corporación de derecho público -proceso iniciado en febrero de 2006- para integrar sus bienes en la Administración.

Esta fue una de las principales revelaciones que dejó ayer el inicio del juicio que se sigue en la Sección Segunda de la Audiencia de Bizkaia contra el propio Txema Gonzalo y contra Jon Alonso -un trabajador contratado por el primero- a raíz de las numerosas irregularidades de gestión detectadas por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP). Los testimonios recabados en la vista pública de ayer dejaron al descubierto una supuesta red de complicidades de carácter personal, político y económico que se tejieron al calor del proceso de liquidación de la Cámara y que fue la base de las supuestas irregularidades que se juzgan ahora.

La Fiscalía pide para Gonzalo 5 años y 9 meses de prisión -además de una inhabilitación absoluta por 9,5 años- por unos supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. En el caso de Alonso, que fue contratado como contable, el Ministerio Público pide 4 años y 9 meses de prisión -y 8 años de inhabilitación absoluta- por cooperación en la malversación.

Según la auditoría del Tribunal de Cuentas -adelantada por EL CORREO-, durante el proceso de liquidación se gastaron 4,3 millones de euros. Según sus cálculos, no deberían haberse desembolsado más de 1,7 millones ya que, sobre el papel, su función debía limitarse a realizar la gestiones oportunas para que el patrimonio de la entidad pasase directamente a engrosar las arcas de la Hacienda vasca. Sin embargo, durante su gestión se realizaron contrataciones sin respetar las normas de la función pública y se aprobaron «multitud de gastos e inversiones» que ahora, diez años después, han llevado a Gonzalo y Alonso al banquillo de los acusados. Entre los numerosos gastos que la acusación considera «ajenos al proceso de liquidación» se encuentran los 1,7 millones desembolsados para «rehabilitar» y «amueblar» un edificio de la calle Henao de Bilbao, el convenio suscrito con la asociación Aukeratu para financiar la película de temática gay ‘Ander’, un viaje a un festival de cine a Montevideo y la contratación de una agencia de detectives.

En este contexto, la declaración de Jon Alonso supuso un auténtico vuelco en el proceso. El extrabajador, que conocía de «vista» a Gonzalo, confesó haber cometido diversas irregularidades. Admitió que percibió en su cuenta corriente 106.000 euros de los fondos de la Cámara al margen de su nómina, que rondaba los 1.500 euros netos. Según dijo, estos pagos fueron autorizados por Gonzalo por los trabajos contables que realizó para Hegoak -una organización sin ánimo de lucro que trabaja por los gays y lesbianas-, para Aukeratu -la entidad que recibió el encargo de gestionar Berdindu, el servicio del Departamento vasco de Asuntos Sociales de apoyo a los homosexuales- y para la película ‘Ander’. El imputado aseguró que, «cuando las cosas empezaron a desmadrarse», pidió consejo a una amiga, que le dijo que aquellos pagos eran una «bomba», que eran «ilegales». Y decidió reintegrar a la Cámara «lo que tenía» en ese momento: unos 53.000 euros.

Desde Uruguay a Miribilla

El declarante aseguró que Gonzalo era quien «decidía todo» y el único que tenía «firma» para autorizar los pagos. También le responsabilizó de las contrataciones de personal de «amigos del partido» (EB) para trabajar en la Cámara. A preguntas de las acusaciones, Alonso confesó que Serafín Llamas residía en una de las viviendas y aseguró que Gonzalo invitó a venir a Bilbao a un ciudadano uruguayo con doble nacionalidad -J. A. García Casal- para trabajar en Berdindu y vivir en un piso del Gobierno vasco en el barrio de Miribilla. Las facturas de esta vivienda pública -dijo- también se abonaban con cargo a los fondos de la extinta Cámara de la Propiedad. Y afirmó que Madrazo «estaba al tanto» de lo que ocurría en la entidad.

Las confesiones de Alonso fueron de tal calibre que el letrado de Gonzalo preguntó si había llegado a algún pacto con las acusaciones para rebajar la pena. Txema Gonzalo, por su parte, aseguró que las obras en el inmueble fueron «totalmente necesarias» por las carencias que sufría y por la necesidad de trasladar allí parte de los servicios públicos que ofrecía su departamento. También dijo que envió un informe sobre la remodelación al Departamento de Hacienda -entonces dirigido por Idoia Zenarruzabeitia (PNV)- y que «en ningún momento se le notificó» que hubiera irregularidades. Sobre el hecho de que se fichase a seis personas «de forma directa y sin publicidad», el imputado aseguró que la Cámara era una entidad privada y, por tanto, no estaba sometida a las leyes de contratación pública. Además, aseguró desconocer cómo llegaron los 106.000 euros a la cuenta bancaria de Alonso y deslizó la responsabilidad sobre el otro imputado. Las declaraciones se retomarán el viernes.

Madrazo asegura que su exdelegado no debía informarle sobre las obras en la Cámara

El exconsejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco, Javier Madrazo, insistió ayer en que Txema Gonzalo no le tenía que dar cuenta sobre los temas relacionados con los «fondos, patrimonio y personal» del proceso de liquidación, aunque sí conocía las obras de remodelación del edificio. Eso era -dijo- responsabilidad del Departamento de Hacienda. Madrazo explicó que sufrían «problemas por falta de personal» y dijo desconocer que se habían repartido pisos de forma irregular.