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Acusan al delegado de Vivienda con Madrazo de repartir pisos por amiguismo

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El juicio contra Txema Gonzalo y Jon Alonso por su gestión en la Cámara de la Propiedad descubre una supuesta red de complicidades políticas, personales y económicas

Txema Gonzalo y Jon Alonso, ayer, en la sala de vistas

Txema Gonzalo y Jon Alonso, ayer, en la sala de vistas. / I. PÉREZ

El exportavoz de Ezker Batua (EB), Serafín Llamas, vivió durante una larga temporada de manera presuntamente irregular en uno de los pisos de la extinta Cámara de la Propiedad en Bilbao, que fue rehabilitado y amueblado con fondos del organismo a pesar de que en ese momento se encontraba ya en proceso de liquidación. ¿Por qué vivía en un edificio que había pasado a ser de titularidad pública? «Porque se había separado recientemente» de su pareja, el hermano de Txema Gonzalo, que era el exdelegado territorial de Vivienda en Bizkaia en la época en la que Javier Madrazo dirigía ese departamento, su compañero de filas en EB y, en último término, la persona que había recibido el encargo de liquidar la Cámara de la Propiedad Urbana de Bizkaia como corporación de derecho público -proceso iniciado en febrero de 2006- para integrar sus bienes en la Administración.

Esta fue una de las principales revelaciones que dejó ayer el inicio del juicio que se sigue en la Sección Segunda de la Audiencia de Bizkaia contra el propio Txema Gonzalo y contra Jon Alonso -un trabajador contratado por el primero- a raíz de las numerosas irregularidades de gestión detectadas por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP). Los testimonios recabados en la vista pública de ayer dejaron al descubierto una supuesta red de complicidades de carácter personal, político y económico que se tejieron al calor del proceso de liquidación de la Cámara y que fue la base de las supuestas irregularidades que se juzgan ahora.

La Fiscalía pide para Gonzalo 5 años y 9 meses de prisión -además de una inhabilitación absoluta por 9,5 años- por unos supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. En el caso de Alonso, que fue contratado como contable, el Ministerio Público pide 4 años y 9 meses de prisión -y 8 años de inhabilitación absoluta- por cooperación en la malversación.

Gonzalo: “Gastar 1,5 millones para remodelar la Cámara fue totalmente necesario”

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El exdelegado de Vivienda en Bizkaia cuando Javier Madrazo (EB-IU) dirigía ese departamento, José María Gonzalo, ha defendido hoy que fue “totalmente necesario” el gasto de 1,5 millones de euros en remodelar la Cámara de la Propiedad en Bilbao en el marco del proceso de liquidación de dicha entidad iniciado en 2006. La Fiscalía, en su escrito, eleva los gastos totales de remodelación a 1.815.584 euros.

La Sección Segunda de la Audiencia de Bizkaia ha comenzado este martes el juicio contra Gonzalo por los delitos de malversación y prevaricación por los que  la Fiscalía pide una pena de 5 años y 9 meses de prisión, además de inhabilitación absoluta por 9 años y medio.

En este mismo juicio también está acusado de cooperación en la malversación Jon Alonso, contratado por Gonzalo, para quien la Fiscalía solicita cuatro años y 9 meses de prisión, y 8 años de inhabilitación absoluta.

Según ha justificado hoy Gonzalo en su declaración, las obras fueron “necesarias” porque en el edificio “había cables por el suelo, no disponía de medidas de seguridad ni de accesibilidad, ni casi de instalación para Internet, a lo que había que añadir que el inmueble está considerado patrimonio cultural y hubo que restaurar algunos elementos”.

El fiscal y la acusación particular, en representación del Gobierno Vasco, consideran que dichas obras eran “ajenas al proceso de liquidación”, aunque Gonzalo ha argumentado que parte de su departamento se ubicó en dicho inmueble por falta de espacio en otros edificios públicos y que desde allí se ofrecía un servicio público al ciudadano.

La Fiscalía mantiene que Gonzalo “transfirió 106.653 euros desde la cuenta de la Cámara de la Propiedad a la cuenta de Jon Alonso” en ingresos sucesivos desde el 23 de junio de 2008 hasta el 8 de julio de 2009. Asegura que con el mismo ánimo lucrativo, “transfirió desde la misma cuenta a la de una asociación de la que era administrador 420.000 euros” también entre 2008 y 2009 y pagó con cargo a la Cámara de la Propiedad gastos por importe de 34.681 euros, además de compras destinadas a la rehabilitación del edificio, adquisición del mobiliario y enseres incurriendo “en unos gastos totales de 1.815.584 euros “ajenos a su proceso de liquidación y actuando el acusado al margen de los órganos competentes para estas contrataciones y de cualquier procedimiento administrativo”.

Gonzalo ha resaltado también que se envió un informe sobre la remodelación al Departamento de Hacienda del Gobierno Vasco, en aquel momento dirigido por Idoia Zenarruzabeitia (PNV) y que “en ningún momento se notificó que se hubiera detectado algo incorrecto”.

También le acusan de contratar a seis personas, entre ellas a Alonso como contable, “de forma directa y sin publicidad”, aunque Gonzalo ha afirmado que la Cámara era una entidad privada y que, por tanto, no estaba sometida a un régimen de contratación pública.

Dinero por adelantado

Sobre otra acusación referida a la transferencia de fondos de la Cámara de la Propiedad para financiar la película de temática gay “Ander”, ha explicado que dicho filme era una encargo del Gobierno Vasco y que únicamente “se adelantó una cantidad” hasta que se cobraran las aportaciones de las distintas administraciones.

Ha rechazado también que autorizara el pago de un total de más de 104.000 euros al otro acusado, Jon Alonso, y ha afirmado que se le pagaba su nómina “sin ningún abono particular”.

El contable, sin embargo, ha relatado en su declaración que Gonzalo le abonó diversos ingresos, aparte de la nómina, al considerar que realiza “trabajo extra sin remunerar” ya que también le encargaron la contabilidad de otras entidades.

“Se lo comenté a una amiga y me dijo que no era normal -ha relatado Alonso-, me pareció que la cosa se estaba desmadrando y devolví la mitad del dinero que me habían pagado de más, porque el resto ya me lo había gastado”.

Durante la primera sesión del juicio también ha comparecido como testigo Javier Madrazo, quien ha asegurado que conocía las obras de remodelación del edificio, pero que en lo relacionado a fondos, patrimonio y personal, Gonzalo no rendía cuentas a su departamento sino a Hacienda, área que, según ha dicho, “me consta que estaba informada”. “Sí puedo decir que había problemas de falta de personal”, ha precisado.

Respecto a la película “Ander”, Madrazo ha mantenido que su consejería aportó 60.000 euros para su financiación y que desconocía que la Cámara hubiera adelantado fondos.

Juzgan por malversación a ex delegado de Vivienda en Bizkaia el próximo martes

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La Sección Segunda de la Audiencia de Bizkaia juzga el próximo martes por dos delitos continuados de prevaricación y malversación al ex delegado de Vivienda en Bizkaia, José María Gonzalo, nombrado cuando Javier Madrazo (IU) dirigía el departamento vasco de Vivienda en 2006.

Por estos delitos, la Fiscalía pide para Gonzalo una pena de 5 años y 9 meses de prisión, además de la inhabilitación absoluta por 9 años y medio, según el escrito fiscal redactado en 2014.

Acusa también por un delito continuado de malversación a Jon Alonso, contratado por Gonzalo, y solicita para él 4 años y 9 meses de prisión, y 8 años y medio de inhabilitación absoluta.

Este caso se investigó a raíz de un informe interno remitido en 2011 por el Gobierno vasco a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el que se describían presuntas irregularidades en la liquidación del patrimonio de la Cámara de la Propiedad Urbana de Bizkaia.

Los hechos narrados se remontan a 2006, cuando Madrazo designó a “Txema” Gonzalo como delegado en Bizkaia durante la liquidación de la Cámara.

La Fiscalía considera que Gonzalo “actuó al margen de las competencias” que le habían atribuido cuando contrató a seis personas, una de ellas Jon Alonso.

Estima, además, que se llevaron a cabo “de forma directa, sin publicidad y sin proceso selectivo, abocando al Gobierno vasco a asumir las consecuencias” de esas “innecesarias contrataciones”.

El Ministerio Fiscal mantiene también que Gonzalo acometió la rehabilitación del edificio de la Cámara, que supuso un gasto de más de 1.800.000 euros, que era “ajeno al proceso de liquidación” y sin que el Gobierno vasco hubiera acordado el destino que le iba a dar a esa sede.

El informe señala que Gonzalo, “aprovechándose de su posición en la Cámara y su disponibilidad sobre los fondos dinerarios de la misma”, transfirió 106.653 euros a una cuenta a nombre de Jon Alonso, sin “justificación alguna salvo el propósito lucrativo con el que actuaron los acusados de común acuerdo”.

Añade que, “con idéntico ánimo lucrativo”, Gonzalo hizo transferencias de más de 420.000 euros a una asociación de la que él era administrador y “pagó con cargo a la Cámara de la propiedad” gastos ajenos a esa institución de unos 35.000 euros.

El fiscal concluye exigiendo responsabilidades a los acusados y considera a Gonzalo como autor de los delitos continuados de prevaricación y malversación y a Alonso como cooperador necesario del segundo de los delitos.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita una indemnización por unos 471.000 euros, e interesa la apertura de juicio oral del caso en la Audiencia de Bizkaia.

Sobre estas actuaciones también figura un informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de mayo de 2012 en el que se denuncia que la liquidación de la Cámara de la Propiedad Urbana de Bizkaia se había cerrado con un exceso de gasto de 2,6 millones de euros y que Gonzalo, como responsable en este territorio del departamento de Vivienda había realizado contrataciones “irregulares”, “sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

Aseguró también que el ex delegado “se excedió de las funciones de su nombramiento realizando gastos para los que no tenía competencia” y que “las obras y compras de mobiliario” en el edificio de la Cámara por importe de 2,1 millones de euros, “fueron contratadas al margen de los procedimientos legales previstos”.

También constató otras cuestiones como que Gonzalo “no era competente para autorizar” una partida de 330.000 euros que conllevaba la producción de la película “Ander”, un largometraje de temática gay rodado en euskera, por parte del colectivo Aukeratu.

El TVCP detalló, asimismo, la existencia de facturas por un total de 34.681 euros que produjeron “un perjuicio económico para la Administración de la Comunidad autónoma”.

En ese lote de gastos, situó varias facturas de agua y gas del suministro al domicilio del presidente del colectivo Aukeratu, gastos de viajes a Uruguay y una factura de una agencia de detectives, entre otros.

La Fiscalía pide prisión para dos cargos de EB por desvío de fondos

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La Fiscalía pide penas de prisión para dos excargos de Ezker Batua (EB), José María Gonzalo y Jon Alonso, colaboradores del consejero de Juan José Ibarretxe Javier Madrazo en el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales que el PNV cedió al socio menor del tripartito. Gonzalo y Alonso fueron denunciados por el anterior Gobierno del PSE-EEpor desviar para disfrute personal y para financiar la primera película gay en euskara (‘Ander’) unos 450.000 euros, parte del dinero resultante del proceso de liquidación de la Cámara de la Propiedad de Bizkaia iniciado en 2006 y que debía haber sido transferido a las arcas públicas.

Los dos miembros de EB serán juzgados en los próximos meses porprevaricación y malversación de caudales, según informó la Cadena Ser. En concreto, la Fiscalía solicita una pena de prisión de 5 años y 9 meses para Gonzalo, además de la accesoria de inhabilitación. En el caso de Alonso, al que se le acusa de cooperador necesario, la pena solicitada asciende a 4 años y 9 meses más la inhabilitación.

Este caso de corrupción se destapó en marzo de 2011 a raíz de una denuncia del Gobierno socialista, que halló claros indicios de irregularidades en la gestión del patrimonio resultante de la liquidación de la Cámara de la Propiedad de Bizkaia, a cuyo frente Madrazo colocó a su delegado de Vivienda en Bizkaia, José María Gonzalo, de su círculo de confianza. Gonzalo fue candidato de EBen Lekeitio y Lezama y concurrió a unas elecciones forales.

Fue en enero de 2006 cuando se acordó disolver las Cámaras de laPropiedad provinciales. En el caso de la de Bizkaia, en junio ya se había dado por extinguida. Sin embargo, posteriormente a esa fecha Gonzalo formalizó un contrato laboral con Jon Alonso, encargado del servicio de apoyo a gais Berdindu!. Desoyó cuatro órdenes del Departamento de Hacienda para que cancelase todas las cuentas corrientes.

Una auditoría interna mostró que el tándem desvió 444.345 euros que tenían que haber pasado a las cuentas de la Administración. En concreto, buena parte de ese dinero, 106.653 euros, acabó en una cuenta de la BBK(ahora Kutxabank) a nombre de Alonso. Otros 5.000 se emplearon para gastos menores como un viaje a un festival de cine de temática homosexual celebrado en Chile, al que los imputados invitaron al dirigente de EBSerafín Llamas.

¿Y el resto? Los más de 300.000 euros que faltaban se destinaron a financiar la película en euskara ‘Ander’, la primera en ese idioma de temática gay. Gonzalo consta como el productor de la cinta, promovida por Berdindu!, la entidad en la que trabajaba su compañero Alonso. Sólo 602 espectadores vieron en el cine ‘Ander’, que narraba la historia de amor entre un vasco y un inmigrante que llegaba a un baserri.

El Tribunal de Cuentas ya dictaminó que aquélla fue una subvención ilegal, entre otras cosas porque la Cámara de la Propiedad no tenía como objeto social el mecenazgo cultural y porque ya no existía al haber sido liquidada. Gonzalo alegó en su momento que en realidad era Berdindu! quien había financiado la cinta y que «es un activo patrimonial de primer orden» para el Gobierno vasco porque la película recibió 23 premios «por todo el mundo».

El Tribunal de Cuentas también criticó que Gonzalo y Alonso gastaran unos 1,8 millones en una serie de obras de rehabilitación del emblemático edificio de la Cámara de la Propiedad en el centro de Bilbao cuando, tras la liquidación, el objetivo era cerrarlo y sacarlo a subasta para obtener ingresos para la Administración. Según las alegaciones que formuló en su momento Gonzalo, el edificio se reformó porque «trabajaban diariamente más de 20 personas». En efecto, el servicio Berdindu!se había instalado allí. «El gasto en este apartado, por consiguiente, está absolutamente justificado», señaló el excargo de EB.

La Fiscalía pide prisión para dos cargos designados por Madrazo cuando era consejero

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La Fiscalía de Bizkaia pide más de cinco y cuatro años de prisión respectivamente para dos cargos del Departamento de Vivienda en el territorio en 2006, cuando Javier Madrazo era consejero de Vivienda del Gobierno vasco. Según ha informado la Cadena SER el auto de calificación concluye que Txema Gonzalo, delegado del Departamento de Vivienda en Bizkaia en 2006, actuó al margen de las competencias asumidas en lo referente a esta liquidación y uno de las seis personas que contrató, Jon Alonso, actuó como colaborador necesario en una serie de delitos.

El documento de la Fiscalía mantiene que Gonzalo “transfirió 106.653 euros desde la cuenta de la Cámara de la Propiedad a la cuenta de Jon Alonso” en ingresos sucesivos desde el 23 de junio de 2008 hasta el 8 de julio de 2009. Asegura que con el mismo ánimo lucrativo, “transfirió desde la misma cuenta a la de una asociación de la que era administrador 420.000 euros” también entre 2008 y 2009 y pagó con cargo a la Cámara de la Propiedad gastos por importe de 34.681 euros, además de compras destinadas a la rehabilitación del edificio, adquisición del mobiliario y enseres incurriendo “en unos gastos totales de 1.815.584 euros “ajenos a su proceso de liquidación y actuando el acusado al margen de los órganos competentes para estas contrataciones y de cualquier procedimiento admnistrativo”.

La Fiscalia de Bizkaia sostiene que estos hechos son constitutivos de un delito continuado de prevaricación y un delito de malversación sobre el que Txema Gonzalo responde en calidad de autor de ambos y Jon Alonso como cooperador necesario del delito continuado de malversación. Por ello la Fiscalía pide para Gonzalo una pena de 5 años y 9 meses, además de inhabilitación absoluta por 9 años y 6 meses por malversación. Además considera que por el delito continuado de prevaricación procede la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 9 años. Para Jon Alonso, por malversación, solicita 4 años y 9 meses de prisión, además de inhabilitación absoluta por 8 años y 6 meses. En concepto de responsabilidad civil solicita la indemnización por una cantidad de 471.645 euros. Además solicita la apertura de jucio oral.

El Tribunal de Cuentas acusa a dos cargos de Madrazo de malversar 2,6 millones

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BILBAO(27-6-2003)EL CONSEJRO DE VIVIEDA Y ASUNTOS SOCIALES,JAVIER MADARZO ACOMAÑADO POR TXEMA GONZALO,DURANTE LA PRESENTACION DEL ANUNCIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL ORGULLO GAY .//TELEPRESS// //TELEPRESS//TELEPRESS//TELEPRESS//TELEPRESS//

BILBAO(27-6-2003)EL CONSEJRO DE VIVIEDA Y ASUNTOS
SOCIALES,JAVIER MADARZO ACOMAÑADO POR TXEMA
GONZALO,DURANTE LA PRESENTACION DEL ANUNCIO PARA
LA CELEBRACION DEL DIA DEL ORGULLO GAY

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha detectado numerosas irregularidades en la gestión que dos cargos designados por Javier Madrazo cuando era consejero de Vivienda del Gobierno Vasco realizaron durante la liquidación del patrimonio de la extinta Cámara de la Propiedad Urbana de Bizkaia. El informe desvela, entre un amplio abanico de anomalías, actuaciones que podrían ser constitutivas de un delito de malversación de caudales públicos por 2,6 millones de euros.
Las presuntas irregularidades recogidas en el documento al que ha tenido acceso este diario implican directamente a Txema Gonzalo, el delegado territorial vizcaíno del anterior Departamento de Vivienda, y a Jon Alonso, contratado por Gonzalo cuando recibió el encargo de liquidar la Cámara como corporación de derecho público para integrarse en la Administración autonómica. Ambos eran destacados militantes de Ezker Batua, el partido que entonces presidía Javier Madrazo.
Las Juntas Generales de Bizkaia solicitaron al Tribunal de Cuentas a mediados de 2011 que examinase el proceso de extinción de la Cámara. El encargo, propuesto por el PP, se realizó poco después de que el actual Gobierno Vasco anunciase su intención de llevar a la Fiscalía un informe interno que revelaba que parte de los fondos del organismo habían sido desviados para financiar la película ‘Ander’, que a su vez recibió fondos de Berdindu, el servicio de atención a gays, lesbianas y transexuales dependiente de Asuntos Sociales. También se desveló que cerca de 106.000 euros terminaron en una cuenta bancaria de Alonso y que existía un ‘agujero’ que en ese momento rondaba los 440.000 euros. El Ministerio Público abrió entonces una investigación y, meses después, decidió denunciar al propio Gonzalo y a Alonso por un delito de malversación de caudales públicos.
De forma paralela, el Tribunal de Cuentas comenzó a examinar por su cuenta el polémico proceso de extinción de la Cámara, que está envuelto en diversas demandas judiciales. Entre ellas, las formuladas por la Asociación de Propietarios y Usuarios de Fincas Urbanas de Bizkaia. El documento provisional del TVCP, que está pendiente de recibir las alegaciones de los distintos implicados, detalla los acontecimientos relevantes después de que el exconsejero Javier Madrazo nombrase en febrero de 2006 a Txema Gonzalo para dirigir la disolución. Su función, en teoría, se limitaba a liquidar el patrimonio del organismo, que debería haber pasado automáticamente a engrosar las arcas de la Hacienda vasca. El Tribunal considera que la «estricta liquidación» de la Cámara debería haber supuesto un desembolso de 1,7 millones de euros. Sin embargo, durante el proceso se gastaron 4,3 millones de euros, 2,6 millones más.
El TVCP, además de subrayar los problemas generados por la ausencia de contabilidad de los ejercicios 2008, 2009 y 2010, detalla los gastos e inversiones que no deberían ser atribuibles a la liquidación. Cuestiona abiertamente la contratación de 6 trabajadores sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad y sin que existiese insuficiencia de medios en el organismo. El coste de estas contrataciones ascendió a 365.000 euros. Varios de ellos trabajan ahora en el Gobierno Vasco como laborales indefinidos después de que recurriesen judicialmente sus despidos a pesar de que sus fichajes fueron calificados de «fraudulentos».
Multitud de gastos
El Tribunal de Cuentas censura también la «multitud de gastos e inversiones» encargadas por el delegado de Madrazo para «rehabilitar y amueblar» el histórico edificio de la Cámara en Bilbao. Los delegados de Madrazo justificaron las obras porque «el aspecto de las oficinas» era de «un notable mal gusto, con profusión de gotelés, de flores y plantas de plástico y de símbolos religiosos y monárquicos». El informe del TVCP señala que Gonzalo se «excedió en sus funciones» con estas inversiones, que ascendieron a 2,1 millones de euros y que deberían haberle supuesto un «expediente disciplinario». Se encargaron de forma directa.
Según el informe, particularmente graves son los pagos superiores a los 332.000 euros cuyo «destinatario se desconoce» y los pagos de 106.000 euros a un trabajador de la Cámara -en referencia a Jon Alonso- que «carecen de justificación». Además, también se desembolsaron 34.000 euros en gastos «no atribuibles» al organismo y se gastaron casi 29.000 euros en comprar muebles para un piso. Cuando los auditores examinaron el piso, el pasado octubre, ninguno de estos muebles estaban ya en la vivienda.
El convenio suscrito con Aukeratu, una asociación de apoyo a gays, transexuales y lesbianas, para financiar la película ‘Ander’ es también «un acto no acorde» a los fines del decreto de liquidación de la Cámara. Gonzalo debería haberse abstenido de firmar por ser el administrador de esa organización, que asesoraba al organismo oficial Berdindul. Gonzalo y Alonso figuraban en el filme como productor ejecutivo y ayudante de producción. El convenio supuso 330.000 euros.
Entre el resto de gastos irregulares figuran un «proyecto de una zanja» realizado por Aukeratu (15.000 euros), los gastos de una agencia de detectives (3.700 euros), diversas facturas de gas y agua de un piso propiedad del responsable de Aukeratu y los gastos de desplazamiento y estancia de Gonzalo y otra persona (2.500 euros) a un festival de cine en Montevideo (Uruguay) patrocinado con 5.000 euros.

El Tribunal de Cuentas acusa a dos cargos de Madrazo de malversar 2,6 millones

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Detecta serias irregularidades durante el proceso de liquidación de la Cámara de la Propiedad de Bizkaia

BILBAO(27-6-2003)EL CONSEJRO DE VIVIEDA Y ASUNTOS SOCIALES,JAVIER MADARZO ACOMAÑADO POR TXEMA GONZALO,DURANTE LA PRESENTACION DEL ANUNCIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL ORGULLO GAY .//TELEPRESS// //TELEPRESS//TELEPRESS//TELEPRESS//TELEPRESS//

Javier Madrazo y Txema Gonzalo

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha detectado numerosas irregularidades en la gestión que dos cargos designados por Javier Madrazo cuando era consejero de Vivienda del Gobierno Vasco realizaron durante la liquidación del patrimonio de la extinta Cámara de la Propiedad Urbana de Bizkaia. El informe desvela, entre un amplio abanico de anomalías, actuaciones que podrían ser constitutivas de un delito de malversación de caudales públicos por 2,6 millones de euros.
Las presuntas irregularidades recogidas en el documento al que ha tenido acceso este diario implican directamente a Txema Gonzalo, el delegado territorial vizcaíno del anterior Departamento de Vivienda, y a Jon Alonso, contratado por Gonzalo cuando recibió el encargo de liquidar la Cámara como corporación de derecho público para integrarse en la Administración autonómica. Ambos eran destacados militantes de Ezker Batua, el partido que entonces presidía Javier Madrazo.
Las Juntas Generales de Bizkaia solicitaron al Tribunal de Cuentas a mediados de 2011 que examinase el proceso de extinción de la Cámara. El encargo, propuesto por el PP, se realizó poco después de que el actual Gobierno Vasco anunciase su intención de llevar a la Fiscalía un informe interno que revelaba que parte de los fondos del organismo habían sido desviados para financiar la película ‘Ander’, que a su vez recibió fondos de Berdindu, el servicio de atención a gays, lesbianas y transexuales dependiente de Asuntos Sociales. También se desveló que cerca de 106.000 euros terminaron en una cuenta bancaria de Alonso y que existía un ‘agujero’ que en ese momento rondaba los 440.000 euros. El Ministerio Público abrió entonces una investigación y, meses después, decidió denunciar al propio Gonzalo y a Alonso por un delito de malversación de caudales públicos.
De forma paralela, el Tribunal de Cuentas comenzó a examinar por su cuenta el polémico proceso de extinción de la Cámara, que está envuelto en diversas demandas judiciales. Entre ellas, las formuladas por la Asociación de Propietarios y Usuarios de Fincas Urbanas de Bizkaia. El documento provisional del TVCP, que está pendiente de recibir las alegaciones de los distintos implicados, detalla los acontecimientos relevantes después de que el exconsejero Javier Madrazo nombrase en febrero de 2006 a Txema Gonzalo para dirigir la disolución. Su función, en teoría, se limitaba a liquidar el patrimonio del organismo, que debería haber pasado automáticamente a engrosar las arcas de la Hacienda vasca. El Tribunal considera que la «estricta liquidación» de la Cámara debería haber supuesto un desembolso de 1,7 millones de euros. Sin embargo, durante el proceso se gastaron 4,3 millones de euros, 2,6 millones más.
El TVCP, además de subrayar los problemas generados por la ausencia de contabilidad de los ejercicios 2008, 2009 y 2010, detalla los gastos e inversiones que no deberían ser atribuibles a la liquidación. Cuestiona abiertamente la contratación de 6 trabajadores sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad y sin que existiese insuficiencia de medios en el organismo. El coste de estas contrataciones ascendió a 365.000 euros. Varios de ellos trabajan ahora en el Gobierno Vasco como laborales indefinidos después de que recurriesen judicialmente sus despidos a pesar de que sus fichajes fueron calificados de «fraudulentos».
Multitud de gastos
El Tribunal de Cuentas censura también la «multitud de gastos e inversiones» encargadas por el delegado de Madrazo para «rehabilitar y amueblar» el histórico edificio de la Cámara en Bilbao. Los delegados de Madrazo justificaron las obras porque «el aspecto de las oficinas» era de «un notable mal gusto, con profusión de gotelés, de flores y plantas de plástico y de símbolos religiosos y monárquicos». El informe del TVCP señala que Gonzalo se «excedió en sus funciones» con estas inversiones, que ascendieron a 2,1 millones de euros y que deberían haberle supuesto un «expediente disciplinario». Se encargaron de forma directa.
Según el informe, particularmente graves son los pagos superiores a los 332.000 euros cuyo «destinatario se desconoce» y los pagos de 106.000 euros a un trabajador de la Cámara -en referencia a Jon Alonso- que «carecen de justificación». Además, también se desembolsaron 34.000 euros en gastos «no atribuibles» al organismo y se gastaron casi 29.000 euros en comprar muebles para un piso. Cuando los auditores examinaron el piso, el pasado octubre, ninguno de estos muebles estaban ya en la vivienda.
El convenio suscrito con Aukeratu, una asociación de apoyo a gays, transexuales y lesbianas, para financiar la película ‘Ander’ es también «un acto no acorde» a los fines del decreto de liquidación de la Cámara. Gonzalo debería haberse abstenido de firmar por ser el administrador de esa organización, que asesoraba al organismo oficial Berdindul. Gonzalo y Alonso figuraban en el filme como productor ejecutivo y ayudante de producción. El convenio supuso 330.000 euros.
Entre el resto de gastos irregulares figuran un «proyecto de una zanja» realizado por Aukeratu (15.000 euros), los gastos de una agencia de detectives (3.700 euros), diversas facturas de gas y agua de un piso propiedad del responsable de Aukeratu y los gastos de desplazamiento y estancia de Gonzalo y otra persona (2.500 euros) a un festival de cine en Montevideo (Uruguay) patrocinado con 5.000 euros.

El Supremo investiga la gestión de EB por un «agujero patrimonial» de 14 millones

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Exdirigentes de la Cámara de la Propiedad de Bizkaia denuncian la actuación del anterior Gobierno Vasco

Dirigentes de la extinta Cámara de la Propiedad Urbana de Bizkaia denuncian que las irregularidades del proceso de disolución del organismo superan «con creces» las anomalías desveladas hasta ahora. En concreto, subrayan que el proceso de liquidación que ejecutó el Departamento de Vivienda del anterior Gobierno Vasco -que se desarrolló durante tres años- coincidió con una «brutal descapitalización» de la entidad, que pasó de disponer de un «patrimonio propio de unos 13,8 millones de euros» en 2006 -momento en el que fue intervenida por la consejería que dirigía Javier Madrazo junto a las cámaras guipuzcoana y alavesa- a contar con unas pérdidas que rondaban el medio millón de euros. Es decir, un «desfase contable» que ronda los 14 millones de euros. Los antiguos gestores del organismo han llevado el caso a los tribunales y están a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo.
La Cámara vizcaína contaba en 2005, a efectos contables, con un patrimonio superior a los 7 millones de euros, según un informe pericial al que ha tenido acceso este periódico. Dentro del apartado de activos figuraban cuentas financieras de unos 6 millones de euros y los edificios que formaban parte de los bienes de la sociedad. Entre estos últimos, figura la histórica sede del organismo, de casi 2.500 metros cuadrados. Situado en pleno centro de Bilbao, la Cámara valoró el inmueble en términos de contabilidad en unos 500.000 euros, pero su valor de mercado puede rondar los 10 millones de euros.
En marzo de 2007, una nueva auditoria elevó el patrimonio conjunto de la sociedad hasta los 8 millones, que se convertían en 17 millones en función de los valores de mercado. El conflicto se desató a la hora de delimitar los bienes propios de la Cámara -que «deberían corresponder al conjunto de los vizcaínos» aunque fuesen gestionados por el Gobierno Vasco una vez liquidada la institución- y los activos que debían pasar automáticamente a engrosar las arcas de la Hacienda general vasca.
Historia centenaria
El anterior Ejecutivo autonómico estableció que la entidad arrastraba pérdidas en sus fondos propios de 500.000 euros y, en este sentido, decretó que todos los activos -valorados en 15 millones- debían ser transmitidos directamente al Ejecutivo, ya que entendía que habían sido generados a cargo de las cuotas obligatorias que abonaron los ciudadanos. Absolutamente «perplejos» por aquella decisión, los exdirigentes de la Cámara decidieron recurrir a los tribunales. Consideran que 13,8 de esos 17 millones forman parte de los fondos propios generados por el organismo durante su centenaria historia.
A la hora de denunciar la «descapitalización de la entidad», los antiguos gestores protestaron por una serie de gastos realizados entre 2006 y 2007 -cuando el exdelegado de Vivienda Txema Gonzalo estaba al frente de la liquidación- que «no se deberían haber imputado» a las arcas de la Cámara. Entre los mismos citaron pérdidas de 1,5 millones de euros que se produjeron por nuevas contrataciones de personal como la de Jon Alonso, que fue fichado por Gonzalo para ocuparse de la «gestión administrativa» de una entidad teóricamente extinta y en cuya cuenta han aparecido más de 100.000 euros.
También denuncian pagos «injustificados», como los complementos salariales realizados al fondo de pensiones Biharko cuando «ya habían sido abonados antes de la intervención». Y censuran que el informe encargado por Vivienda incluye la sede de la asociación dentro de las propiedades adquiridas con cargo a las aportaciones obligatorias, cuando «fue donado en 1903 por los López de Letona». «Es absolutamente injusto que el resultado de una actuación pública repercuta en el patrimonio de la Cámara», concluyen.

Gonzalo excusó el cierre de la Cámara de Vizcaya en vacaciones y deudas domiciliadas

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La existencia de “débitos domiciliados” en la cuenta de la Cámara de la Propiedad Urbana de Vizcaya fue una de las razones o excusas aducidas por José María Gonzalo para mantener operativa esa entidad más de tres años después de que un decreto del Gobierno al que representaba estableciera su extinción. Gonzalo era delegado territorial del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales en Vizcaya y en su condición de tal fue comisionado por el consejero Javier Madrazo para finiquitar la Cámara.

Lejos de ello, se embarcó en una operación que nadie entiende, ni quienes le conocen y le atribuyen una honestidad fuera de duda, ni quienes, conociéndole o no, consideran que su condición de jurista -es letrado del Gobierno- le hacía conocedor de lo que estaba haciendo y de sus eventuales consecuencias. Todos dan por hecho que no se ha lucrado personalmente, y fuentes vinculadas entonces a EB dan por hecho que los responsables de la organización y del departamento debieron extrañarse del modo en que se estaba financiando una película producida por un servicio del Gobierno, Berdindu. Por ejemplo, de que no hubiera recurrido a las ayudas que ofrece el Departamento vasco de Cultura y más tratándose de un rodaje en euskera.

Según consta en la documentación que obra en el Gobierno, Gonzalo envió a finales de abril de 2009 -el decreto de extinción data de enero de 2006- un escrito al director de Finanzas del Ejecutivo, dependiente del Departamento de Hacienda, que dirigía la también vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia. En él expresaba la “imposibilidad” de cerrar la cuenta corriente y prometía enviar “en breve” una información “más detallada y precisa (…) con vistas al cierre definitivo (…)lamentando habernos retrasado en su elaboración da causa del paréntesis vacacional”. Gonzalo respondía a un requerimiento de principios de ese mismo mes, uno después de celebradas las elecciones autonómicas que originaron el relevo del Gobierno tripartito de Juan José Ibarretxe. En él se le pidió el cierre de las cuentas y el traspaso de los saldos a la Tesorería General del País Vasco. Con anterioridad, el delegado de Vivienda en Vizcaya había sido ya emplazado desde la Oficina de Control Económico (OCE) en dos comunicaciones distintas para que liquidara la Cámara y enviara a la OCE relaciones de cobros y pagos, extractos bancarios y otra documentación.

A la llegada del nuevo Gobierno de Patxi López, en mayo de 2009. y con la exploración de los departamentos para su reorganización el responsable de Vivienda se encontró con la Cámara sin liquidar y la de Empleo y Asuntos Sociales con una nómina que se pagaba a un empleado en ella. El 10 de noviembre el Ejecutivo destituyó a Gonzalo y encargó la auditoría.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Viernes, 1 de abril de 2011

Txema Gonzalo evitó cerrar la cuenta en la que operaba aunque se lo exigió el Gobierno

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Txema Gonzalo, el ex alto cargo del departamento de Vivienda encabezado por Javier Madrazo implicado en un presunto desvío de fondos públicos procedentes de la liquidación de la extinta Cámara de la Propiedad Urbana de Vizcaya, mantuvo abierta la cuenta bancaria de la entidad de derecho público a pesar de haber recibido hasta tres requerimientos por escrito del director del la Oficina de Control Económico (OCE) del Gobierno vasco y del responsable de Finanzas del Ejecutivo para que procediera a su cierre y al traspaso de los fondos a la Tesorería General del País Vasco.
En una auditoría posterior, la OCEdescubrió un ‘agujero’ de casi 450.000 euros en ese depósito, de los cuales más de 100.000 aparecieron en poder de Jon Alonso –un trabajador contratado por Gonzalo para la gestión del organismo que debía liquidar– y otros 330.000 se destinaron a pagos sin destinatario conocido. Gonzalo, actual asesor jurídico del Ejecutivo aunque con un expediente disciplinario en curso, aseguró a la OCEque las cantidades ‘extraviadas’ se destinaron a financiar la película ‘Ander’, que también contaba con la subvención de Berdindu, el servicio público de apoyo a gays y lesbianas que él mismo dirigía desde la adjudicataria Aukeratu. No obstante, la OCEha acreditado la realización de obras en la sede bilbaína de la Cámara, ubicada en la esquina de Colón de Larreátegui con Ercilla, y, según desveló ayer ELCORREO, Gonzalo cargó a esa cuenta el coste de un viaje para dos personas al Festival de Cine de Diversidad Sexual que se celebró en Montevideo (Uruguay) en 2006.
Los apremios del director de la OCEa Gonzalo para que consumase la liquidación del patrimonio de la Cámara y cerrase sus cuentas se remitieron el 29 de enero y el 19 de febrero de 2009, sin obtener respuesta, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. El 8 de abril del mismo año el responsable de Finanzas insistió en la petición. El 22 de abril el delegado de Madrazo asegura que le ha sido imposible cerrar la libreta de la BBK «por la existencia de débitos domiciliados» y se excusa por no haber enviado «una información más detallada y precisa del estado de situación (…) con vistas al cierre definitivo del proceso de liquidación» debido «al paréntesis vacacional» de Semana Santa.