Una década de Orgullo y juzgados

Corren tiempos de conmemoración en estos días. Se ha cumplido una década de la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo que coincide, como en el momento de su aprobación, con la semana en que se celebra el día del Orgullo, con una histórica sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos y con los emotivos homenajes por la reciente pérdida de uno de los activistas más importantes que hemos tenido en España en relación con las libertades civiles y de la lucha contra la discriminación por opción e identidad sexual: Pedro Zerolo, a quien tristemente despedimos hace unos pocos días.

Pero además, el aniversario de la modificación del Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo presenta un balance positivo en lo cuantitativo, ya que ha habido más de 31.600 parejas, 19.410 de hombres y 12.200 de mujeres, desde julio de 2005, como en lo cualitativo, ya que, a pesar de que sin duda quedan retos pendientes, se ha contribuido de manera significativa a la normalización de las relaciones afectivas entre personas del mismo sexo.

Además el reciente cambio político en el ámbito municipal ha permitido una celebración simbólica, aunque no por ello de menor importancia, que ha sido la colocación de las banderas en una buena parte de los ayuntamientos de toda España. En definitiva, un balance positivo de una década de aplicación de la Ley que en estos días ha reafirmado.

Pero también en estos días se cumplen otras conmemoraciones legislativas. El pasado 29 de junio se han cumplido 10 años de la puesta en funcionamiento de los Juzgados de Violencia de género. Pero lejos de contar con grandes referencias informativas y actos conmemorativos, apenas una tímida nota de prensa del Consejo General del Poder Judicialy otras discretas valoraciones institucionales, han sido todas las menciones de esta tan señalada fecha.

También esta Ley presenta un notable balance cualitativo; se han pasado de los 17 juzgados creados inicialmente a los 106 actuales, además de más de 350 compatibles, que han instruido más de un millón cuatrocientos mil delitos y han dictado más de 200.000 sentencias con un porcentaje de condenas que ronda el 80%. Se han solicitado en este tiempo más de 300.000 órdenes de protección de las que se han concedido sobre un 60%.

Datos del propio Consejo General del Poder Judicial que pueden impresionar en términos absolutos pero que revelan que tan sólo se obtienen sentencias condenatorias en un porcentaje muy bajo de las instrucciones y que se deniegan cada vez más órdenes de protección en un escenario social en el que los casos de violencia de género no solo no bajan, sino que suben especialmente en ciertos grupos de edad si hacemos casos a la última macroencuesta publicada, aunque el número de denuncias no deja de bajar.

Puede, además, haber contribuido a esta ausencia de valoraciones el escenario incierto que para los delitos de violencia de género va a suponer la entrada en vigor de la reciente reforma del Código Penal, que a pesar de un aparente mayor compromiso con determinadas formas de violencia contra las mujeres, con nuevos delitos sobre acoso o matrimonios forzados, complica algunos aspectos procesales y en relación con la nueva calificación de delitos leves.

Pero además no dejamos de conocer resoluciones judiciales que siguen sin aplicar recomendaciones de la ley en materia de protección a menores, conmocionados con asesinatos de mujeres y menores en los que resulta inexplicable los fallos de los mecanismos de protección o datos sobre cumplimiento de condenas o reincidencia de los agresores sobre los que se informó en este mismo diario hace unos días que no son un buen balance.

Desde luego no pretendo oponer ni comparar estos dos escenarios que sólo tienen en común la coincidencia temporal de su conmemoración de una década de su entrada en vigor, pero que entre sus muchas diferencias se encuentran las de un balance de unos logros bien distintos que permite expectativas de futuro también muy diferentes.

Si 20 años son nada, como nos dice la canción, una década es exactamente la mitad. Pero parece evidente que incluso la mitad de nada, en términos históricos, sirve para evaluar el avance y la aplicación de la legislación y los avances de los derechos de las personas, o no tanto.

Marisa Soleto

Directora de la Fundación Mujeres.