Un lobby cristiano proporciona ayuda legal a los negocios que rechacen a parejas gays en Australia

La organización Human Rights Law Alliance, fundada por el Lobby Cristiano Australiano, busca contribuciones privadas para un ‘fondo de lucha’ que costee los casos judiciales de quienes discriminen a los matrimonios homosexuales

Una organización fundada por el Lobby Cristiano Australiano planea financiar la defensa en demandas contra de dueños de negocios que se nieguen a proporcionar servicios a parejas homosexuales si se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La organización Human Rights Law Alliance, creada el mes pasado en Canberra con la financiación inicial del Lobby Cristiano Australiano, está buscando contribuciones privadas para un “fondo de lucha” con el objetivo de llevar los casos judiciales que puedan surgir si se aprueba la ley de matrimonio en Australia.

El director de la organización, Martyn Iles, ha asegurado que “solo se apoyarán casos en los que la gente tenga objeción de conciencia a la hora de participar en una boda del mismo sexo”.

“ No apoyaríamos a nadie que discrimine a otra persona por su forma de ser, es decir, por ser gay”, cuenta Iles a the Guardian.

“ Tiene que ser una creencia religiosa o de conciencia sincera y tiene que ser expresada de buena fe. Hay algunos requisitos, por lo que uno tiene que demostrar que esto es efectivamente lo que uno cree”, señala Iles. “ No sería una situación arbitraria o en la que uno reivindica las creencias religiosas porque no le gusta un cliente”, apunta.

El comisario antidiscriminación del Estado de Queensland, Kevin Cocks, supone que la mayoría de los dueños de negocios que rechacen a parejas del mismo sexo como clientes no serán explícitos con sus razones, por lo que será difícil obtener las pruebas por una denuncia de discriminación.

Iles reconoce que en el caso de quienes rechacen a clientes de boda por razones religiosas será más fácil sostener una denuncia por discriminación, ya que el dueño del negocio tendría que dar razones para ese rechazo.

El grupo Human Rights Law Alliance está llevando a cabo un crowdfunding de 107.000 euros para lanzar, junto a contribuciones “por encima” de esta cifra, una red de abogados voluntarios que ayuden en el trabajo de los casos legales que puedan surgir.

“La justicia en este país es cara y si tienes varios casos en marcha te puedes gastar mucho dinero muy rápido. Todo depende de lo que la gente esté dispuesta a dar y el éxito que tengamos al establecernos”, señala Iles.

Registro como organización benéfica

Human Rights Law Alliance, que de momento es una rama del Lobby Cristiano Australiano, buscará registrarse de forma independiente como una organización benéfica.

Iles indica que no está claro si las futuras donaciones serán deducibles a nivel de impuestos, dado que está por determinar si la organización obtendrá el estatus de receptor de donaciones deducibles.

“Esta es una cuestión de futuro. Una vez que tengamos en marcha el trabajo, entonces buscaremos constituirnos de forma separada y obtener el estatus de ente benéfico y el de receptor de donaciones deducibles”, indica.

En una declaración pública pidiendo donaciones, el director del Lobby Cristiano Australiano, Lyle Shelton, afirmó: “Este equipo de abogados cristianos luchará para proteger vuestra libertad religiosa y derechos fundamentales en los juzgados de Australia”.

“Como sabéis, se está haciendo cada vez más duro para los cristianos vivir con nuestras convicciones más fundamentales en la vida pública y social. Hay un plan para silenciar nuestra voz”, añadió Shelton.

Shelton afirmó el mes pasado que había “una larga lista de gente en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá que han sido multados, arrastrados a los tribunales y demonizados en sus puestos de trabajos por su creencia de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer”.

“Pasteleros, floristas, propietarios de capillas de bodas y fotógrafos están entre las muchas personas contra las que se han llevado a cabo acciones legales”, señaló.

Probar la discriminación

El comisario Cocks apunta que la dificultad de probar la discriminación de los dueños de negocios con motivo de la orientación sexual es similar a probar la discriminación por edad contra los candidatos en puestos de trabajo, donde casi siempre se dan otras razones del rechazo de los candidatos.

“Puede que haya algunos negocios que rechacen a parejas del mismo sexo buscando servicios matrimoniales, pero no creo que dejen que se sepa por qué los rechazaron”, sostiene Cocks.

“Dirán que están completos, que no trabajan ese fin de semana o ‘simplemente no podemos serviros porque ya tenemos unos pedidos en marcha’”, apunta el comisario.

Una denuncia por discriminación suele requerir una declaración explícita del propietario del negocio en la que se afirme que la orientación sexual del cliente es la razón por la que fue rechazado, explica el comisario.

Los propietarios de negocios que oculten sus razones “tendrán que ser un poco cuidadosos, por supuesto”, ya que podrían ser cazados dando el mismo servicio a parejas heterosexuales tras rechazar a parejas del mismo sexo, añade.

“Eso podría pasar pero las parejas del mismo sexo querrán que su boda sea un momento feliz y los hombres de negocio inteligentes buscarán hacer negocio. Personalmente no creo que quieran demostrar sus convicciones”.

Para Cocks, está en manos del gobierno –”de tendencia conservadora”– aprobar una ley que permita este tipo de rechazos con el argumento de una oposición personal a la igualdad matrimonial.

En defensa de la libertad religiosa

Entre los 12 o más casos actualmente financiados por Human Rights Law Alliance está la defensa de una activista antiabortista de Melbourne y madre de 13 hijos, Kathy Clubb, que fue acusada en agosto bajo las nuevas leyes australianas que prohíben las protestas en las inmediaciones de clínicas abortistas.

La organización está también involucrada en casos de “objeción de conciencia de doctores” ante la Junta Médica de Australia, así como en negociaciones extrajudiciales sobre supuestos casos de discriminación religiosa en lugares de trabajo y en la universidad.

Iles se negó a comentar si la organización había obtenido la asistencia de los alrededor de cinco abogados que trabajan en sus casos de forma gratuita o a un precio reducido. “Quedará claro exactamente a quién ayudamos porque esos casos saldrán a la luz”, apunta.

Iles asegura que la organización llena un vacío dejado por la Comisión de Derechos Humanos de Australia y los centros legales de derechos humanos, y sostiene que Australia ha fracasado a la hora de defender la libertad religiosa, de expresión, de conciencia y de asociación.

La agenda de la organización ha generado escepticismo de otros defensores de derechos humanos, con el abogado Duncan Fine acusando a la organización de creer “que la peor discriminación imaginable es restringir su derecho a discriminar”.

Iles dice que el grupo “no está aquí para promover la discriminación o promover en exceso la libertad religiosa, sino para encontrar un balance”.

“Creemos en el derecho a la no discriminación, creemos en el derecho a la igualdad pero creemos que el derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y religión o creencia no está apropiadamente balanceado respecto a los derechos a la igualdad y a la no discriminación”, añade Iles. Y concluye: “Lo interesante es que tiene que ser demostrado en el juzgado. Finalmente [un juez] tiene que decidir donde está ese balance”.

Traducción de  Javier Biosca Azcoiti