Archive for year: 2014

• Las agresiones homófobas aumentan, pero solo las denuncia el 18%
• Las víctimas callan para no revelar su identidad sexual o por desconfianza en la policía
• Agresiones y acoso a homosexuales o transexuales en la UE 

Adolfo Infante, tras la agresión sufrida en octubre de 2013.

 “Acabábamos de salir de la discoteca. Eran las cuatro menos diez de la mañana. Dos hombres bien vestidos, con camisa blanca, de 25 o 30 años, nos preguntaron: ‘¿Qué tal chicos?’ Dijimos que nos íbamos a casa y uno de ellos dijo: ‘¡No te vas a ningún sitio, maricón!’ y empezó a pegarnos. Fue una locura. Gritaba: ‘¡Fuera de aquí, maricones! A mi pareja le rompió la nariz. Yo tengo contusiones por todo el cuerpo”. Miguel y su novio han denunciado esta semana en los juzgados de Madrid la agresión homófoba. “Otros dos chicos que creen que fueron agredidos por la misma persona se han puesto en contacto con nosotros, pero ellos no denunciaron”, relata a EL PAÍS. Miguel prefiere aparecer sin apellidos. Tiene miedo.

A Adolfo Infante y su marido les atacaron el 12 de octubre de 2013, cuando salían de cenar de un restaurante céntrico de Palencia. “Dos hombres nos pegaron puñetazos y patadas mientras gritaban ‘¡Arriba España, maricones!’”, explica. “Estábamos tan asustados que dijimos que no eramos gais para que dejaran de pegarnos, pero siguieron haciéndolo. Los golpes se curan, pero quedan secuelas de otro tipo. Los dos estuvimos en tratamiento psicológico. Lo que más daño hace es la humillación, la impotencia”. Adolfo y su marido lo denunciaron —el caso sigue abierto—, pero no fue fácil. “La primera reacción es callarte, pero son los agresores los que deberían esconderse, no las víctimas”.

Ellos denunciaron, pero son la excepción. Las agresiones homófobas, según los colectivos gais, van a más, pero solo una minoría las denuncia. La Comisión Europea pidió en 2010 a la Agencia Europea de Derechos Fundamentales que recabara datos sobre discriminación y delitos motivados por prejuicios contra gais, lesbianas y transexuales. El informe, una macroencuesta entre 93.079 personas de toda la UE más Croacia, se presentó en mayo de 2013. Un 46% de los encuestados en España dijo haber sido atacado o amenazado con violencia en el último año (un punto por encima de la media del estudio); solo el 18% lo había denunciado (un punto menos que la media) y a la pregunta de por qué no lo habían hecho, los gais, lesbianas y transexuales agredidos en España dieron varias razones: ni se le había ocurrido (48%), porque pensó que no serviría de nada (32%); por miedo a una reacción homófoba de la policía (19%); por temor a represalias (16%); por vergüenza, porque no quería que nadie lo supiera (15%)…

Agresiones y acoso a homosexuales o transexuales en la UE.

 “En esto está pasando como hace años con las mujeres maltratadas”, explica Raúl García, del Colectivo de gais, lesbianas y transexuales de Madrid (Cogam). Nosotros les aconsejamos que denuncien, pero no podemos obligarles”.

Cuanto más baja es la edad, más posibilidades de que la víctima no haya revelado aún su orientación sexual en su entorno. Amanda Rodríguez, coordinadora de Arcópoli, asociación de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales de las Universidades Politécnica y Complutense de Madrid, asegura que la mayoría de víctimas que no denuncian pero consultan a la asociación “no han salido del armario”. Las agresiones, añade, suelen concentrarse en “zonas de ambiente”, y el agresor suele ser múltiple: “Va en pareja o grupo”. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha lanzado la campaña No te calles, ¡denuncia! en la que anima tanto a víctimas como a testigos a no ocultar estas agresiones.

Tanto Miguel como Adolfo se quejan del trato policial que recibieron tras ser víctimas de la paliza. “Fueron desagradables”, explica Miguel. “Por eso decidimos denunciar directamente en el juzgado”. “Tienden a quitarle importancia, a tratarlo como una pelea, pero es un delito de odio”, añade Adolfo. “Y si hacen mal el atestado hay muy pocas posibilidades de que la denuncia prospere. Es fundamental que los policías reciban una formación específica y que se cree un protocolo de actuación para estos casos. Como se hizo con las mujeres maltratadas”.

El pasado abril, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE, el Gobierno publicó por primera vez un balance de los llamados “delitos de odio”, que no están tipificados como tales en el código penal, sino que se consideran una agravante cuando el que delinque lo hace por racismo, discriminación por orientación sexual, creencias religiosas, discapacidad, antisemitismo o aporofobia (rechazo al pobre).

Para hacer ese estudio se modificó el sistema estadístico de criminalidad. El resultado: de los 1.172 delitos de odio registrados en 2013, la mayoría (452) habían sido motivados por la orientación sexual de la víctima, seguidos por racismo (381) y discriminación al discapacitado (290).

Según la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, más de 14.500 agentes de policía y guardia civil han recibido cursos específicos. Pero Miguel y Adolfo aún no han notado ese cambio de sensibilidad policial. El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Jesús Fermosel, pide a la policía que “actúe de manera rotunda contra estos pequeños grupos de intolerantes” que atacan a vecinos como Miguel por su orientación sexual.

En Madrid se produjeron el año pasado 38 agresiones de este tipo, según el programa de atención a homosexuales y transexuales de la comunidad. El fiscal jefe dictó en octubre del año pasado una instrucción para todos los fiscales madrileños sobre los “criterios a seguir en la investigación y persecución de los delitos de odio y discriminación” para “facilitar la máxima protección a las víctimas”. La memoria de la fiscalía de Madrid, presentada este mes, habla de un “auge” de estas agresiones y coincide con la crítica de Miguel y Adolfo: “La praxis diaria evidencia que muchos de estos asuntos pueden llegar a ser considerados como hechos de trascendencia menor por fuerzas de seguridad, jueces y fiscales, siendo relativamente frecuente que se reputen como meras faltas sin que la investigación policial ni la instrucción judicial profundicen, en no pocos casos, en todo el reproche que merece la conducta”.

También la última memoria de la Fiscalía General del Estado advierte que con frecuencia este tipo de agresiones no son “debidamente catalogadas”, lo que atribuye tanto a la investigación policial o judicial como al hecho de que muchas víctimas no denuncian “por circunstancias personales, temor a represalias, sensación de vulnerabilidad, desconfianza en las fuerzas de seguridad o situación de irregularidad en España”.

Colectivos gais, víctimas y fiscales comparten, a grandes rasgos, el mismo diagnóstico: los delitos de odio aumentan y no se identifican ni castigan adecuadamente. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales pide al Gobierno una ley integral de igualdad de trato —estuvo en proyecto en la legislatura anterior—. “Necesitamos una ley específica, como la que lucha contra el maltrato a las mujeres”, insiste Adolfo, a punto de cumplir un año de su brutal agresión

Las autoridades locales han aprobado una ley para castigar a aquellos que mantengan relaciones sexuales con personas del mismo género. La norma también prevé penas de prisión

Mezquita de Banda Aceh / AFP

EL PAIS: Frenar una pubertad de pesadilla

• El uso de inhibidores hormonales evita que los transexuales se desarrollen en la adolescencia
• La falta de una normativa nacional causa desigualdades entre las comunidades autónomas

Lola y su familia en el salón de su casa, en Gran Canaria. / Quique Curbelo

Maisie estaba bañando a su hijo de cuatro años cuando este le dijo por primera vez que era una niña y quería comportarse como tal. El psicólogo recomendó a sus padres que no se preocuparan y que dejaran que jugara y se vistiera como quisiese. Cuando creciera, ya verían. En casa, era feliz. Se ponía la ropa de su madre y siempre había muñecas por reyes. Pero en la calle seguía actuando y vistiendo como un chico. “Por miedo”, asegura ahora, con 15 años. “Miedo a no entender lo que me pasaba, miedo al rechazo… Pero fingiendo ser lo que no era me sentía mal, como si me disfrazara para salir a la calle”.

Años después, a través de una amiga, conoció a gente a la que le había pasado algo similar. “Comprendí que era transexual”, recuerda. Tenía 11 años y mucho miedo. Pero decidió empezar a ser Lola públicamente. Sus padres aceptaron su decisión; la habían visto vestirse y comportarse como una chica durante siete años y habían sido partícipes de todo el proceso. Su padre, además, es trabajador social, lo que facilitó las cosas. Para otras familias resulta más difícil aceptar la situación y los menores tienen problemas de aceptación tanto dentro como fuera de casa.

Lola asegura que lo vivió como una “liberación”, aunque fue también un camino difícil. Las burlas de sus compañeros no le hicieron la vida fácil en el instituto, y su autoestima cayó. “Sentía que nadie me iba a querer así”, relata.

A la desazón de sentirse incomprendida se sumó la preocupación por la adolescencia. Ansiedad, insomnio, pérdida del apetito… Pensar en la pubertad la agobiaba.No podía imaginarse con barba o una nuez pronunciada. “Cuando me salía algo de vello, iba corriendo a por la cera. Yo no quería eso”.

Su familia pidió entonces ayuda médica. No sabían cómo enfrentarse a lo que le estaba pasando a Lola. Su pediatra, de un centro de salud público, le recomendó que usara bloqueadores hormonales: un fármaco que inhibe la orden que el cerebro manda al cuerpo para que produzca hormonas sexuales. La idea es que se paralice el desarrollo hasta que el menor tenga edad para decidir si quiere comenzar un tratamiento hormonal más definitivo —16 o 18 años según la comunidad autónoma—. Hace unos cinco años que los inhibidores empezaron a utilizarse en España con este fin. Su efecto es reversible. Si en algún momento Lola dejara de tomarlos, su cuerpo desarrollaría caracteres sexuales masculinos. “Cuando el tratamiento se retira, la naturaleza sigue su curso”, afirma Javier Martínez, su endocrinólogo.

Para empezar a ponerse estas inyecciones, la joven necesitó un informe psiquiátrico que garantizase su transexualidad. Este es, para muchas familias, un aspecto esencial. ¿Cómo saber si tu hijo o hija, que apenas está empezando a vivir, es realmente transexual? Los psiquiatras explican los parámetros que estudian en sus valoraciones: la aversión que estos niños suelen presentar hacia sus genitales; el malestar que les provoca que se refieran a ellos en el sexo contrario al que sienten; y, sobre todo, la persistencia en el tiempo de estos comportamientos.

En el caso de Lola, un psiquiatra de la sanidad pública acreditó la transexualidad. Antes, ya habían redactado sus valoraciones un psicólogo y un pediatra. Tras un último examen del endocrino, pudo comenzar a los 13 años el tratamiento con inhibidores hormonales, que ha pagado íntegramente la sanidad pública. Durante los dos últimos años, Lola ha recogido las inyecciones en el hospital y su madre, enfermera, se las ha puesto en casa. En este tiempo, la adolescente ha continuado creciendo, pero sin desarrollarse sexualmente. Su vida ha cambiado a mejor, asegura. “Soy muy feliz, y, en gran medida, gracias a los inhibidores”, relata.

Lola vive en Canarias, una comunidad autónoma que permite y sufraga el uso de bloqueadores hormonales para adolescentes transexuales, que se dispensan solo si existe autorización de los padres. Pero la situación es totalmente distinta en otras regiones. No existe en España una política ni directriz común al respecto. La normativa estatal solo prevé este tratamiento para niños con pubertad precoz —que se desarrollan sexualmente demasiado pronto—, pero no para adolescentes transexuales. El Ministerio de Sanidad afirma que es competencia de las autonomías y cada una de ellas lo ha organizado de una manera. Algunas lo autorizan y otras no. Y las condiciones son distintas en cada uno de los casos.

Canarias, Andalucía, Asturias, Navarra, Castilla y León y la Comunidad Valenciana permiten que estos jóvenes puedan acceder al fármaco en cuanto su cuerpo comienza a cambiar. En Extremadura solo se recetan a partir de los 14 años, y en Murcia, Cantabria y Baleares a partir de los 16. Los protocolos suelen ser parecidos. El pediatra hace de primer filtro. Si cree que el niño puede ser transexual, lo remite a un psicólogo y a un psiquiatra. Este último es el que confirma la transexualidad del menor. Y, finalmente, un endocrino certifica que no hay ningún motivo médico por el que se desaconseje el bloqueador hormonal.

Por otro lado hay autonomías en las que ni se regula ni se sufraga. País Vasco y La Rioja no tienen un protocolo de actuación. Afirman que nunca se les ha presentado un caso así. Galicia no autoriza su uso para adolescentes transexuales: exige que sean mayores de edad para poder tomarlos. Aragón no tiene ninguna normativa. Deja el tema a criterio de cada médico y los facultativos, por si acaso y, ante la falta de seguridad jurídica, no los recetan. Castilla-La Mancha y Cataluña no han ofrecido datos.

Madrid está preparando un protocolo con la Fiscalía de Menores de asistencia a estos jóvenes. Incluir o no la dispensación del fármaco es uno de los temas que se están estudiando. Por ahora, esta terapia no se aplica. El PP rechazó el pasado mayo una proposición de ley que los partidos de la oposición (UPyD, IU y PSM) llevaron a la Asamblea de Madrid y que establecía, entre otras cosas, el tratamiento con bloqueadores y una documentación administrativa donde figurase el nuevo nombre y el sexo sentido por el menor. Otra dificultad con la que se encuentran estos jóvenes: Lola no quiere sacarse el bono del autobús porque figuraría el nombre que le dieron al nacer y tendría que dar explicaciones.

No hay un registro de menores transexuales en España. La asociación de padres y madres de niños transexuales Chrysallis ayuda a más de 150 familias y afirma que la cifra aumenta cada semana. Ana Belén Gómez, psicóloga del Programa de Información y Atención a Homosexuales y Transexuales (PIAHT) de la Comunidad de Madrid, opina que probablemente haya muchos más casos de los que se conocen: “Hay niños que aprenden a esconder cómo se sienten por temor al rechazo”.

Patrick tiene 12 años y es de Benasque, un municipio de Huesca de unos 2.000 habitantes. Su madre, Natalia, cuenta que la primera vez que acudió al sistema sanitario aragonés para pedir información sobre la transexualidad, no había especialización: “Nosotros investigábamos a la par que ellos y nos informábamos mutuamente”.

Todos los que rodean a Patrick aseguran que, a pesar de tener genitales femeninos, es un chico. Una percepción familiar que le ha permitido vivir una infancia feliz. Pero cuando la pubertad llamó a su puerta, comenzaron los terrores nocturnos. A pesar de tener un informe que confirmaba la transexualidad de su hijo, Natalia no consiguió que ningún endocrino, ni público ni privado, le recetara bloqueadores en Aragón, una de las autonomías sin protocolo de actuación.

La familia se desplazó hasta una clínica privada de Barcelona para acceder al fármaco. El joven recibió su primera dosis en julio y los terrores nocturnos desaparecieron. “Estoy pagando por que mi hijo reciba un tratamiento que otros niños tienen gratis”, critica Natalia, quien lleva gastados casi 2.500 euros entre gastos médicos y viajes. Las familias piden igualdad de condiciones para todos y comprensión para estos menores. “Que les dejen crecer tranquilos, como a todos los niños”, dice una de las madres.

Crecimiento y fertilidad

La relación entre los bloqueadores hormonales y el crecimiento está sujeta a debate. Los endocrinos tienen una vasta experiencia en el uso de estos tratamientos en niños con pubertad precoz y no han observado que afecte a la estatura final, según Itxaso Rica, jefa de sección de Endocrinología Pediátrica en el Hospital de Cruces de Barakaldo (Bizkaia). Pero la situación con adolescentes transexuales podría ser diferente: la edad de los pacientes y la duración del tratamiento son distintas y, al parar el desarrollo hormonal, el estirón de la adolescencia podría no producirse.

Rica opina que aunque no pueden estar seguros de si los bloqueadores influyen en la talla final, ella no lo considera un problema; “realizar revisiones al adolescente y tratar cada caso de manera individualizada es necesario para aplicar un medicamento que tiene mayores beneficios emocionales y psicológicos que posibles desventajas”, señala la endocrina. Rica añade que en caso de detectar algún problema, habría tratamientos para combatirlo.

Javier Martínez, el endocrino de Lola, una chica transexual de Canarias, defiende sin embargo que al retrasar la pubertad se prolonga el crecimiento. De este modo, se sigue ganando altura hasta el posterior proceso de hormonación y el estirón.

Otro efecto secundario que se alega es que podría causar esterilidad. Martínez explica que esto no es completamente cierto: “Al frenar la producción de hormonas sexuales, causamos una infertilidad temporal, pero desaparece al retirar el fármaco”.

Pero es un tema polémico porque muchos adolescentes pasarán directamente de los bloqueadores a tomar un tratamiento hormonal más definitivo —que podría provocar una esterilidad permanente— en cuanto cumplan los 16 o los 18 años, dependiendo de la comunidad autónoma.

La ley de 2009, que incluye la persecución por “orientación sexual”, no se ha aplicado nunca

La Comisión de Exteriores del Congreso acordó este miércoles, por unanimidad, instar al Gobierno a facilitar la concesión de asilo a lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (LGTB) perseguidos en sus países de origen por razón de su orientación sexual y que se encuentren en España. En más de 75 países la homosexualidad es delito y en siete se castiga con la muerte.

La ley de Asilo y Refugio de 2009 ya permite que puedan acogerse a ella quienes sean perseguidos por su “orientación sexual”, pero esta previsión no se ha aplicado en ningún caso, a pesar de que se han presentado casi 300 solicitudes, según la diputada socialista Delia Blanco.

El acuerdo del Congreso fue fruto de una ardua negociación a partir de dos iniciativas: una del PSOE, que denunciaba la persecución de los homosexuales en Rusia; y otra de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), que condenaba las leyes homófobas en países como Uganda.

El Grupo Popular, en contacto con Exteriores e Interior, acabó aceptándolas, tras limar sus aspectos más conflictivos, como la mención a países africanos concretos —en un momento en que España pelea cada voto en la ONU para entrar en el Consejo de Seguridad— o la exigencia de UPyD de que se estudie suspender la cooperación con países que mantengan legislaciones discriminatorias u homófobas. Irene Lozano recordó que Suecia han suspendido su ayuda financiera a Uganda después de que dicho país aprobara una ley —anulada por defecto de forma por el Tribunal Constitucional local— que criminaliza la homosexualidad y Dinamarca, Noruega y Holanda han amenazado con hacerlo.

No obstante, el PP sí aceptó “recordar al Gobierno ruso su responsabilidad” de investigar y perseguir las agresiones contra miembros del colectivo LGTB por parte de grupos neonazis y solicitar al Consejo de Europa que analice si la llamada ley contra la propaganda homosexual de Putin fomenta la discriminación. En el trasforndo de la iniciativa sobre Rusia está el malestar de los colectivos LGTB por la decisión del Congreso de aceptar que el nuevo convenio de adopción con Moscú excluya a las parejas no tradicionales. Fuentes del PSOE alegaron que era necesario desbloquear la situación de 160 parejas españolas pendientes de adopción.

La resolución, impulsada por ERC, ICV-EUiA, PSC y CUP, se aprobará el 2 de octubre con el respaldo de CDC

Eugeni Rodríguez, presidente del Observatori contra l’Homofòbia y portavoz del FAGC (Front d’Alliberament Gai de Catalunya). GUILLEM SANS

El Parlament aprobará el jueves 2 de octubre la Ley de los Derechos de las Personas Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales y para la erradicación de la Transfobia y la Homofobia. Así lo ha resuelto esta misma mañana la mesa de la cámara catalana y su vicepresidenta primera, Anna Simó. La norma, pionera en todo el Estado -en Galicia ya existe una pero no es punitiva- es fruto de una lucha de siete años y quiere proteger el colectivo LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales), que en Catalunya representa casi un millón de personas.

La resolución ha sido impulsada conjuntamente por el PSC, ERC, ICV-EUiA y la CUP, contará con el respaldo de CDC y el rechazo frontal del PP y Unió. En este sentido, según Eugeni Rodríguez, presidente del Observatori contra l’Homofòbia y portavoz del FAGC (Front d’Alliberament Gai de Catalunya), los diputados del PP y de UDC han recibido fuertes presiones del Bisbat de Barcelona. “Es terrible la campaña de intoxicación que han hecho las jerarquías católicas para evitar que se aprobara. Me ha decepcionado mucho que haya gente que se considere cristiana y esté en contra de la existencia de derechos para el colectivo LGTB, es lamentable. Han llegado a coger el teléfono y llamar a diputados del PP y de Unió para que voten en contra de la ley y les han enviado cartas diciendo que la ley va en contra de la moral”.

Rodríguez remarca que la ley ha pasado todos los filtros legales posibles, incluido el Consell de Garanties Estatutàries, que dictaminó que ninguno de sus artículos va en contra de la Carta Magna. Pese a eso, vaticina que la iglesia pedirá a Rajoy que presente recurso de inconstitucionalidad. “Puede hacerlo pero no la paralizarán, seguro que saldrá adelante”. El camino ha sido espinoso, lleno de obstáculos y reticencias: “Ha habido momentos de todo: hemos tenido que dar puñetazos encima de la mesa de algunos diputados, enfados, lloros… ha sido muy duro llegar hasta aquí, hemos hecho casi un trabajo de vigilancia”.

Todos los ámbitos

Formada por 34 capítulos, es una especie de hoja de ruta exhaustiva que incluye el ciclo vital de una persona del colectivo LGTB desde todos los ámbitos: educación, universidad, sanidad, medios de comunicación, prisión, la identidad de género o la inseminación/reproducción asistida de las lesbianas. “Es la ley más completa del mundo y es muy valiente”, proclama el portavoz del FAGC. En virtud de la normativa y de las competencias de la Generalitat, la persona, institución o funcionario que la vulnere se enfrentará a un castigo administrativo, que puede ir desde multas a inhabilitaciones. Más que convertirse en una solución, la ley “apunta a la existencia de un problema” y Rodríguez espera que provoque un efecto dominó en otros parlamentos autonómicos.

Hasta ahora, los diferentes códigos penales españoles limitaban las agresiones a los ataques físicos y establecían las penas en función de los puntos de sutura o los días de permanencia en el hospital. “Las palabras pueden herir más que un puñetazo porque psíquicamente te pueden dejar fatal”. Rodríguez también se queja de otras discriminaciones más sutiles, como por ejemplo “que la comunidad de vecinos te prohíba poner una bandera y dejen poner otras, o que llegues a un hotel, pidas una cama doble de matrimonio y te digan que no te la dan porque sólo es para un hombre y una mujer”.

El portavoz de la FAGC advierte del riesgo de convertir la homofobia “en un problema pequeño” y acusa los políticos y a la sociedad de falta de valentía para atajar un tema “que siempre ha estado encima de la mesa: la libertad sexual, un valor universal y un bien de todos que está en retroceso, y el derecho al propio cuerpo”. En este sentido, elogia el feminismo por su lucha para situar este derecho en el centro del debate. “Las personas tenemos dos caminos: el del placer, visto como una opción buena y saludable, y el de la reproducción, que ya no es el clásico, porque hay muchas fórmulas y variadas, empezando por la adopción. El problema es la frivolización y que estamos construyendo una sociedad más conservadora”.

Una media de una agresión diaria

Después de la aprobación de la ley, el Parc de la Ciutadella, concretamente la glorieta de la transexual Sonia, será el escenario de una fiesta con música y discursos. “Ya tenemos ganas de celebrar cosas después de un 2013 terrible en el que han sucedido cosas muy graves”.

Y es que l’Observatori contra l’Homofòbia presentó recientemente la Memoria Antidiscriminatoria 2013. El informe detalla las 384 denuncias recibidas el año pasado en Catalunya contra agresiones y discriminaciones por opción sexual y identidad género. El perfil del agresor es el de un hombre joven (de entre 18 y 30 años), de clase obrera. Entre ellas la más grave, la del empresario Juan Andrés Benítez, socio de una entidad de LGTB que murió en la calle después de una intervención de los Mossos. El próximo 5 de octubre, coincidiendo con el primer aniversario de su muerte, el colectivo organizará una manifestación en Ciutat Vella.

De casos extremos hay muchos, desde la paliza que dos chicos recibieron el pasado sábado cuando salían de una discoteca del barrio madrileño de la Moncloa a los episodios escalofriantes de otros países. Por ejemplo en Irán, donde las personas del colectivo LGTB son colgadas y decapitadas o en Sudamérica donde, a pesar de no existir “homofobia de Estado”, existen escuadrones de la muerte contra este sector en Honduras o México (llevan 24 muertos en el 2014) o en Brasil, donde los padres llegan a asesinar a sus propios hijos si se enteran que son gays, en palabras de Rodríguez.

Rodríguez ayudó a construir el movimiento LGTB en Chile, en el primer año de la transición, donde los códigos penales se inspiraban en los españoles. “Allí se castigaba la sodomía pero se penalizaba sólo quién recibía la penetración anal, todavía hoy no se ha aprobado el matrimonio gay. Ha heredado lo peor de España: la moral”. También dio su respaldo a los procesos de Colombia y Portugal, que  actualmente tiene uno de los movimientos más fuertes a nivel de Europa en la lucha a favor del colectivo.

Zapatero, “un héroe”

El paradigma en la lucha por la igualdad, el respeto y la tolerancia es Islandia, donde la presidenta acude a los actos oficiales acompañada por su mujer. Este país nórdico, junto a Portugal, Bélgica, Dinamarca, Canadá, Argentina, Sudáfrica y España, son los únicos del mundo que han reconocido por ley los matrimonios homosexuales. En algunos casos, como en México DF, sí se pueden casar pero no adoptar.

En el caso de España, Eugeni Rodríguez no tiene reparos en loar el trabajo de Zapatero. “A pesar de que estuvo muy desafortunado en otras cuestiones, siempre lo consideraré el presidente del Estado español más valiente que ha habido por su extraordinario compromiso con los derechos humanos. Para el colectivo LGTB es un héroe”. El presidente de l’Observatori contra l’Homofòbia explica que en el Congreso algunos le llamaban “maricón de mierda” y que los informes de la asociación internacional gay llegaron a situar España en el primer país en la defensa de los derechos del colectivo. “Aunque no se correspondían del todo con la realidad, él hizo el tejado. Su casa no tenía cimientos ni paredes”, una obra que ha terminado esta ley catalana.