Ultracatólicos apadrinados por Mayor Oreja lanzan un manifiesto contra las “leyes totalitarias” de género y LGTB
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El documento, apadrinado por Mayor Oreja, asegura que estas legislaciones vulneran casi una decena de artículos de la Constitución
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“La homosexualidad no puede convertirse en un dogma de Estado”, aseguran
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La Universidad Católica de Murcia o grupos vinculados a El Yunque y HazteOir, entre los firmante
“Plataforma por las Libertades vulneradas por las leyes LGTB”. Así se autodenominan las asociaciones ultraconservadoras que esta mañana han presentado un manifiesto (apadrinado, entre otros, por el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja) en el que denuncian cómo buena parte de las autoridades españolas “están aprobando leyes totalitarias” que, “bajo el pretexto de perseguir la discriminación por razones de orientación sexual, o de combatir la LGTBIfobia”, tratan de “imponer una ideología implacable y anticientífica, atentando a su vez contra la libertad de padres, educadores, periodistas, profesionales de la sanidad, y en fin, contra las libertades de todos los españoles que están reconocidas como derechos fundamentales en la Constitución”.
El escrito, de cinco páginas, está firmado por una veintena de organizaciones, muchas de las cuales giran en torno a la sociedad secreta ultracatólica El Yunque y HazteOir. Entre las más conocidas, One of Us, la Asociación Familia y Dignidad Humana, distintas asociaciones de “derechos y víctimas de la ideología de género”, la Asociación Europea de Abogados de Familia o la Universidad Católica San Antonio de Murcia (cuyo dueño, José Luis Mendoza, pertenece a los kikos).
En el mismo, se sostiene que las leyes que propugnan la igualdad de los ciudadanos sin tener en cuenta su género o condición sexual “v ulneran diversos derechos reconocidos en la Constitución Española, como el derecho a la igualdad (art. 14 CE), el derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE), el derecho a la protección de la salud (art. 43.1 CE), el deber de prestar asistencia de todo tipo a los hijos (art. 39.3 CE), el derecho a la libertad de expresión (art. 20 CE), el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), el de seguridad jurídica (art.9.3 CE), el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), el derecho a la educación (art. 27 CE) o el derecho a la libertad ideológica y religiosa (art. 16.1CE), entre otros muchos”.
No a los “distintos modelos de familia”
Sobre esta base, desgranan un decálogo de agravios en distintas disciplinas profesionales, desde la educación a la sanidad, pasando por la Abogacía o los medios de comunicación, para exigir “a los legisladores que deroguen estas leyes totalitarias, que restringen y atentan contra la Libertad”. “Mientras esto no suceda–-advierten–, emplearemos todos los recursos que nos da el Estado de Derecho en defensa de las libertades y de los principios constitucionales, para lo cual nos acogeremos a la objeción de conciencia cuando ello sea preciso y recurriremos a las acciones democráticas a las que, como ciudadanos tenemos derecho”.
“Vemos coartada la investigación y la verdad científica pudiendo ser sancionados si el resultado de las mismas y su difusión contradice lo que afirma la ideología de género. Junto a la sanción se instaura la censura, prohibiendo la presencia de tales investigaciones y publicaciones científicas en las bibliotecas públicas”, denuncian los firmantes, que también subrayan que, en el ámbito educativo, se habla de “distintos modelos de familia”, lo que en su opinión, “ en realidad, encubre la opción ideológica por una concepción relativista que estima que la familia no se apoya necesariamente en la complementariedad de los sexos y la procreación natural de hijos, y que, por tanto, no hay un solo modelo de familia, sino muchos”.
Objeción de conciencia
El escrito también hace hincapié en el derecho a la objeción de conciencia de profesores, juristas y científicos para avalar la igualdad de género, y afirman que “e stas leyes impiden que se pueda opinar en libertad, bajo pena de sanción. Obligan asimismo a los medios de comunicación a incluir en sus programaciones contenidos que difundan esta ideología”.
“ La homosexualidad no puede convertirse en un dogma de Estado, un tabú sobre el que no quepa la discusión pública, una excepción a la prohibición de la censura establecida por el art. 20.2 de la Constitución. Sobre la sexualidad se puede y se debe opinar, con respeto y sin imposición, en libertad. Algo elemental que rechazan estas Leyes”, apuntala el manifiesto ultra.