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Iñigo Lamarca ya cuenta con los dedos de una mano los días que le faltan para abandonar la Defensoría del Pueblo Vasco. El próximo jueves, el ararteko dejará la que ha sido su casa durante diez intensos años en manos de su adjunta, Julia Hernández, que se hará cargo de su cuidado hasta la llegada de su nuevo propietario, Manu Lezertua. Desde su cargo, Lamarca ha sido testigo en primera fila de una década de evolución en Euskadi. En todo este tiempo ha conocido avances en muchas áreas gracias a cambios de políticas públicas (impulsados en algunos casos desde su oficina) que han ido en «la buena dirección», pero que todavía están pendientes de pasos importantes. Con la mirada puesta en el pasado y en el futuro, el ararteko desglosa a EL MUNDO los diez principales ámbitos que han presentado avances en diferente grado durante su mandato (uno por cada año) y que por su proyección de futuro van a ser fundamentales abordar en la próxima década, marcando la intervención de su sucesor.

El fin de ETA y las víctimas de terrorismo

El cese de la violencia de ETA ha sido la noticia con mayúsculas de la década, si bien hay que exigir a ETA su disolución «desde la perspectiva de los derechos humanos» y para la consolidación de «los derechos humanos y los valores democráticos». En este ámbito, Lamarca estima que «aún queda un amplio recorrido» para que «los derechos que a todas las víctimas del terrorismo les reconoce el ordenamiento jurídico, y en especial la ley vasca 4/2008, sean reales y efectivas».

La diversidad afectivo-sexual en las escuelas

El informe del ararteko sobre valores de los menores de edad, publicado en 2009, destapó la existencia de ideas y actitudes homófobas en un 15% de niños y adolescentes. Desde el punto de vista de los derechos humanos, Lamarca ve necesario trabajar en la escuela vasca en valores de respeto a la diversidad afectivo-sexual, así como a la diversidad de tipos de familias. A este respecto, celebra que la Administración vasca «ha sido sensible a esta realidad y ha puesto en marcha iniciativas», en el marco del servicio público Berdindu, para abordar estos temas en las aulas.

Gestión de RGI. Lucha contra la exclusión social

El estallido de la crisis, con el consiguiente aumento de las solicitudes de las diferentes ayuda sociales, y el no óptimo cambio del modelo de gestión a comienzos de 2012 a manos de Lanbide produjo un periodo de cierto caos en la gestión de la RGI y un aumento espectacular de las quejas al ararteko. El escenario «no es aún óptimo», ya que «se siguen arrastrando problemas del pasado y todavía existen disfunciones en el trabajo de Lanbide», pero la situación de «mala administración» se «ha ido corrigiendo» y «se puede afirmar que se va mejorando progresivamente la gestión de la RGI», un dispositivo «absolutamente necesario para luchar contra la exclusión social y que es referente en toda España».

La enfermedad mental. Ingresos involuntarios

Las enfermedades y trastornos asociados a la salud mental están cobrando una importancia cada vez mayor. Si bien las enfermedades más agudas (esquizofrenia, psicosis o trastorno bipolar) no han experimentado «incrementos notables», los trastornos más leves como depresiones, comportamientos disruptivos o trastornos de personalidad «han aumentado o, al menos, son realidades más visibles y conocidas que en el pasado». Para el ararteko es importante «reforzar la atención comunitaria» y «garantizar debidamente los derechos de estas personas, sobre todo en los procesos de internamiento involuntario. Asimismo, es preciso prestar «la ayuda necesaria» a sus familiares. En este ámbito, se han producido «avances y mejoras» pero «aún hay que seguir trabajando con ahínco».

Las mejoras para las personas con discapacidad

.Un informe del ararteko puso de manifiesto la existencia de numerosas barreras arquitectónicas para las personas que tienen discapacidad, en especial, en relación al uso del transporte ferroviario. No obstante, resalta que las actuaciones de las administraciones «van en la buena dirección» y «han hecho muchos progresos». Lamarca alerta de que no hay que relajarse en este ámbito ya que el número de personas con discapacidad o con dependencia «tiende a aumentar en paralelo al aumento de la esperanza de vida».

El derecho a la vivienda

El ararteko elaboró un informe extraordinario que incluía una serie de medidas y modificaciones en las políticas de vivienda en el País Vasco para incorporar «prácticas exitosas en algunos países europeos». Entre ellas, se pedía «un cambio radical» en la dación de vivienda a las personas necesitadas: «habría que potenciar el alquiler en lugar de la transmisión de la propiedad de la vivienda». Lamarca aprecia que «en las políticas públicas se está produciendo un giro en esa dirección».

La atención a las personas mayores

.Los recursos para atender a las personas mayores (residencias, centros de día, asistencia domiciliaria o ayudas de la ley de dependencia) han ido aumentando y mejorando en los últimos años, pero en todo caso esta cuestión constituye «uno de los mayores retos de las administraciones públicas competentes». Así, Lamarca alerta de que «es de vital importancia que se potencie el espacio sociosanitario». Según apunta, los sistemas de salud y de servicios sociales «han de interactuar de manera más eficaz para facilitar la atención sociosanitaria». Con franqueza, admite que «se está avanzando de manera excesivamente lenta en lo relativo a los recursos de carácter sociosanitario», siendo el principal obstáculo la «inexistencia de un verdadero sistema de servicios sociales, armónico, cohesionado y coordinado».

La participación en procesos medioambientales

La sensibilidad social ha aumentado considerablemente en la última década en todo lo relativo a la preservación del medio ambiente y al cuidado de la salud, lo que ha «evitado la aparición de elementos contaminantes o nocivos para la salud». El paso del tiempo ha derivado en la existencia de grupos y organizaciones sociales y vecinales «cada vez más numerosos y mejor formados e informados», por lo que la Administración «no puede dar la espalda a esta nueva realidad». De este modo, Lamarca considera que «es necesario habilitar vías de participación ciudadana e incrementar la transparencia de los procesos de decisión», como se refleja en las numeras recomendaciones que ha formulado en relación al acceso a la información y el derecho de participación.

La igualdad en la educación

Según numerosos indicadores, el sistema educativo vasco está en niveles «razonablemente buenos» en la calidad de la enseñanza y la garantía de la igualdad en el acceso a la educación y a sus recursos. Pero, como constata Lamarca, «hay ámbitos de mejora», como «un reparto más equitativo y homogéneo» de los niños de familias de personas inmigrantes o gitanas para facilitar la inclusión social y la igualdad de oportunidades, garantizar una misma calidad en todas las escuelas y evitar el riesgo de guetización. A este respecto, hay diferencias entre la red pública y la concertada, y hay centros escolares con un índice «excesivamente elevado» de población inmigrante. También cita el acceso a la educación no obligatoria para menores de seis años, ya que se «aprecia la existencia de déficits en el tramo de 0 a 2 años», así como «la educación especial», que «es muy importante para dar asistencia y garantizar la educación y la igualdad de oportunidades a quienes tienen alguna discapacidad física o intelectual.

La igualdad en el ejercicio del derecho al trabajo

. Lamarca es muy contundente en esta cuestión. «Es cada vez más evidente que son necesarias políticas públicas eficaces para garantizar ese derecho», señala. La preocupación se orienta tanto al «elevado índice de desempleo», que «afecta de manera dramática a las generaciones más jóvenes», y al «aumento espectacular de la precariedad y de los salarios por debajo de los 1.000 euros». En este escenario de creciente desigualdad, el ararteko sostiene que las políticas públicas deben «fijar como prioridad, en concertación con las organizaciones empresariales y sindicales, la creación de empleo y el aseguramiento de que ese empleo ha de cumplir unas condiciones mínimas en lo relativo a las condiciones laborales y al salario».