El catecismo de la iglesia católica, en el apartado para la homosexualidad y castidad, reconoce la existencia de personas homosexuales y les invita a practicar la castidad, al tener una vida “intrínsecamente desordenada”. A Luis Alberto González, profesor de Religión en la isla de Lanzarote, le llegó un mensaje en el que le dicen que “ya no es idóneo” para seguir en las aulas.

González, que antes fue sacerdote, se casó hace dos años con un hombre. Entonces, remitió una misiva al Obispado informando de su situación. 24 meses de silencio después, tras enviar una Carta al director de EL PAÍS titulada Buenas noticias, ha recibido la notificación que lo encamina al desempleo. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias lo había ratificado en su puesto de profesor para el curso que comienza en menos de un mes.

Un breve comunicado enviado por fax define el despido de Luis Alberto González: “Por motivos de doctrina y moral y al amparo del derecho canónico se retira la idoneidad como profesor de religión”. El remitente es el Obispado de Canarias. González lo asume con naturalidad, asegura que “sabía que podía pasar” y asume que “si es así es así”. Dice que considera que se sale del perfil que busca la Iglesia católica y que no tiene problemas en reconocer que no es idóneo, “claro que lo reconozco y por ello pido que me rescindan de manera justificada y tener derecho a la prestación por desempleo. Ya me buscaré las castañas”.

Después de 15 años con un expediente inmaculado, el profesor dice que “las personas maduran” y que, en su caso, se ha “distanciado de determinados postulados católicos”. Uno de los alejamientos fue cuando siendo fiel a su conciencia contrajo matrimonio con su pareja en 2012. Siempre pensó que “en un asunto de la vida privada no había que dar explicaciones”, pero dice conocer la Iglesia y “dado que la institución matrimonial tiene una repercusión pública”, avisó y puso a disposición del Obispado su puesto de trabajo.

González también cuestiona la “manipulación de las creencias por parte de los que tienen poder en las religiones”. No le parece adecuado seguir “a una religión que se considera portavoz de Dios hasta el punto de meterse en todas las áreas de la vida de lo que debe hacer una persona”. El profesor sostiene que “hay capas de la ciudadanía, como las personas que conforman la comunidad educativa, que no ven mal el hecho de que alguien homosexual y casado imparta religión, pero a medida que se sube en la pirámide de la jerarquía católica, se advierte que están en otra onda, defendiendo algunos temas, incluso, que se pueden considerar medievales”.

Desde el Obispado de Canarias se han remitido a la notificación que enviaron al profesor, escueta y sin hacer referencia al prolongado silencio que han mantenido. Su situación laboral ahora se ha llenado de incertidumbre. Por un lado, a finales del pasado mes, la Consejería de Educación hizo pública la lista del profesorado que lo incluía para el próximo curso. Posteriormente, le comunicaron que no reúne los valores necesarios para impartir la asignatura que imparte. Desde el Gobierno de Canarias, la viceconsejera de Educación, Manuela Armas declaró: “A final de mes se sabrá que pasa con este profesor, porque el Obispado no nos ha informado aún”. Armas sostiene que “es el Obispado el que ordena los profesores que deben impartir religión y el que considera si son idóneos o no. Ahora, Educación se va a encargar de ratificar que no lo es”.

“Siempre estarán los que dirán que la Iglesia es como un club, si no quieres estar, te vas. Yo, sin embargo, defiendo, y he sido sacerdote, que desde dentro se puede ayudar a transformarla”, dice el aún profesor de religión y concluye: “La propia iglesia tiene que revisarse, asumir con normalidad estos debates y enfrentarlos”.

El Tribunal Constitucional de Uganda ha anulado la ley aprobada el pasado febrero que endurecía la persecución de gais, lesbianas y transexuales. La causa es que la norma se aprobó en el Congreso sin el suficiente quórum, como denunció un grupo de activistas. David Bahati, el diputado que había promovido la norma, se apresuró a afirmar que el Gobierno de Yoweri Museveni iba a recurrir la decisión del tribunal. “La decisión del tribunal no es una victoria [de los demandantes] en absoluto. La moralidad de la gente de Uganda prevalecerá”, declaró en rueda de prensa.

Pese a ello, la decisión ha sido acogida con gran alegría por los colectivos gais de todo el mundo. La directora de la Comisión Internacional para los Derechos Humanos de Gais y Lesbianas de Uganda, Jessica Stern, ha dicho: “El Tribunal Constitucional de Uganda ha revocado una ley terrorífica que ha elevado el nivel de violencia contra la población LGTB [siglas de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales] y prácticamente había criminalizado el activismo a favor de los derechos humanos”.

Se refería Stern a que las relaciones homosexuales ya estaban prohibidas en Uganda, pero en la práctica se toleraban en privado. La nueva ley perseguía cualquier actividad pública que pudieran ver niños, aunque fuera dar una charla, y prohibía, por tanto, las asociaciones de activistas. También castigaba hasta con cadena perpetua las relaciones homosexuales en público, en las que intervinieran menores o que involucraran a una persona con VIH. Museveni aprobó la ley argumentando que, según sus expertos, la homosexualidad se adquiría, y que quería proteger a los niños de “ese pecado”.

“Ahora es el momento de que el Gobierno haga una agresiva campaña para que todos sus agentes estén informados de que la ley no está en vigor y se asegure de que todos los servicios, especialmente aquellos que se refieren a la salud y la integridad física, se ofrecen a la población LGTB”, añadió. “Espero que la decisión lleve a los gobernantes en una dirección más tolerante y orientada hacia los derechos humanos”, concluyó.

De hecho, Uganda y Rusia fueron, como símbolo de los más de 80 países en el mundo que persiguen a gais, lesbianas y transexuales, especialmente criticados en la reciente conferencia de sida de Melbourne, ya que la criminalización de ciertas poblaciones causa que no puedan acceder ni a la prueba ni a los tratamientos contra el VIH.